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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00573-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00573-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de tutela de primera instancia objeto de impugnación, pero por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 20001-23-33-000-2025-00573-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

12 de febrero de 2026

Radicado: 20001-23-33-000-2025-00573-01
Demandante: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C, doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00573-01
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Demandado: Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar

Tema: Tutela contra providencia judicial, proceso ejecutivo. Requisitos
generales de procedencia. No cumplimiento de requisitos de
inmediatez y subsidiariedad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
de tutela del 19 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cesar que resolvió:

«Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP en contra del JUZGADO
CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia (…)».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 5 de noviembre de 2025, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por intermedio de
apoderado, interpuso acción de tutela contra las providencias del 3 de mayo de 2018,
8 de noviembre de 2018, 21 de abril de 2025 y 3 de junio de 2025, proferidas por el
Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar, por estimar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
seguridad social y a la salud. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«Primero. Sean amparados los derechos fundamentales deprecados por la UGPP,
vulnerados por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar dentro del
proceso ejecutivo No. 20001333300320150022800.

Segundo. Que como consecuencia de lo anterior solicito respetuosamente:

a. Dejar sin efectos las providencias del 03 de mayo de 2018, 08 de noviembre de
2018, 21 de abril de 2025 y 03 de junio de 2025 dictadas por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Valledupar que decretaron medida de embargo sobre
todas las cuentas que la UGPP tiene, entre otros, en el Banco Popular y del Banco
Agrario sin importar su denominación o naturaleza, dictados dentro del proceso
ejecutivo rad. 20001333300320150022800 y, en consecuencia, declarar la
improcedencia de la medida de embargo sobre los recursos incorporados en el
Presupuesto General de la Nación destinados para el funcionamiento interno de la
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Demandante: UGPP

UGPP (gastos personales, gastos generales y caja menor), así como de aquellos
que se recaudan por la UGPP por concepto de contribuciones parafiscales de la
protección social, que se administran en todas las cuentas de titularidad de la UGPP
en el Banco Agrario y en el Banco Popular.

b. Librar los oficios mediante los cuales se comunique al Banco Popular y al Banco
Agrario el desembargo de todas las cuentas de titularidad de la UGPP.

(…)».

2. Hechos

De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:

Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho - 20110035400

La señora Ruth Mercedes Castro Zuleta ejerció medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Caja de Previsión Social – CAJANAL EICE, con
el fin de obtener la nulidad de los actos administrativos que negaron la reliquidación
de su pensión de jubilación con el 75 % del salario más alto devengado en el último
año de servicio, con la inclusión de todos los factores salariales, a partir del 19 de abril
de 2002.

Por reparto, el proceso fue asignado en primera instancia al Juzgado Cuarto
Administrativo de Valledupar, bajo el radicado número 20001333100420110035400,
despacho que, por medio de la sentencia del 5 de marzo de 2012, accedió a las
pretensiones de la demanda. Dicha decisión que fue confirmada por el Tribunal
Administrativo del Cesar, por medio de la sentencia del 21 de febrero de 2013.

Proceso ejecutivo

La señora Castro Zuleta adelantó proceso ejecutivo contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
• UGPP (sucesor procesal de la Caja de Previsión Social – CAJANAL EICE), con el
fin de que se le pagara la totalidad de lo adeudado en virtud de las sentencias
proferidas en su favor por la jurisdicción contencioso-administrativa.

Con ocasión del proceso ejecutivo, el cual fue tramitado también por el Juzgado
Cuarto Administrativo de Valledupar (radicado 20001333300320150022800), en
providencia del 3 de mayo de 2018, se decretó como medida cautelar el embargo de
los dineros que tenga o llegara a tener la UGPP en las entidades bancarias y
recaudadoras de dineros de esa entidad, limitándose la medida hasta la suma de
$ 4.481.284.633.

Entre los productos afectados por la medida cautelar se encuentran las cuentas
corrientes números ***-***-001685 del Banco Popular y *-***-**-**446-2 del Banco
Agrario de Colombia, los cuales, en criterio de la tutelante, son de carácter
inembargable. Contra el auto que decretó la medida cautelar, la parte ejecutada no
interpuso recurso alguno.

Por medio de la providencia del 8 de noviembre de 2018, ese despacho ordenó reiterar
los oficios librados a las entidades bancarias correspondientes, con el fin de que se
diera cumplimiento a las medidas cautelares de embargo.
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Demandante: UGPP

El 15 de marzo de 2025, la UGPP presentó ante ese juzgado solicitud de
levantamiento de medida cautelar de embargo, por cuanto consideró que en las
cuentas embargadas se encontraban recursos de naturaleza inembargable, pues una
parte de estos hacen parte del Presupuesto General de la Nación y otra son de
carácter parafiscal por lo cual pertenecen al Sistema General de Seguridad Social.
Dicha solicitud fue denegada por medio del auto de 21 de abril de 2025.

Contra dicha providencia, la UGPP presentó recurso de reposición, el cual fue resuelto
mediante providencia del 3 de junio de 2025, en el sentido de no reponer el auto
recurrido. Como fundamento de lo decidido, el juzgado estimó que el embargo
decretado en el proceso ejecutivo se encuentra entre las excepciones al principio de
inembargabilidad de los recursos públicos, por tratarse de la ejecución de una
sentencia judicial en la que se reconocieron derechos pensionales. Lo anterior, de
conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la actora, el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar vulneró los
derechos invocados al proferir las providencias del 3 de mayo de 2018, 8 de noviembre
de 2018, 21 de abril de 2025 y 3 de junio de 2025, mediante las cuales se decretó y
se mantuvo una medida cautelar de embargo sobre todas las cuentas bancarias de la
UGPP, en particular, sobre las cuentas corrientes números ***-***-**1685 del Banco
Popular y *-***-**-**446-2 del Banco Agrario de Colombia; sin que se accediera
posteriormente al levantamiento de dicha medida, a pesar de las solicitudes
presentadas en el año 2025 por la UGPP en tal sentido.

Tales actuaciones, a juicio de la tutelante, incurren en:

• Defecto sustantivo, por cuanto omiten considerar que en esas cuentas se
depositan recursos de naturaleza inembargable, debido a que hacen parte del
Presupuesto General de la Nación y están destinados específicamente a garantizar el
funcionamiento de la entidad y a cubrir otras obligaciones legales. Igualmente,
manifiesta que en esas cuentas también se encuentran depositados recursos de
naturaleza parafiscal y, por lo tanto, hacen parte del Sistema General de la Seguridad
Social, sin que en su constitución se hubieran denominado «pagos de acreencias
laborales o temas pensionales o pagos de sentencias judiciales». Lo anterior, con
fundamento en el artículo 63 de la Constitución Política, el artículo 594 del Código
General del Proceso, el artículo 19 del Decreto ley 111 de 1996 – Estatuto Orgánico
del Presupuesto, reglamentado por el Decreto 1101 de 2007; los artículos 134 de la
Ley 100 de 1993, 594 del CGP (numeral 1) y 2.2.8.9.1. del Decreto 1833 de 2016.

• Defecto fáctico, porque desconocieron la Resolución 25 del 14 de enero de 2015
y el certificado de inembargabilidad, pruebas que demostraban que dichas cuentas no
eran susceptibles de embargabilidad.

• Desconocimiento del precedente jurisprudencial, en tanto pasa por alto
decisiones que han sostenido que no es posible decretar embargos sobre: (i) recursos
que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, pues se puede ocasionar una
parálisis en la gestión de la entidad, (ii) recursos de carácter parafiscal que no ingresan
al patrimonio de la ejecutada, sino que pertenecen a terceros, por hacer parte del
Sistema General de Seguridad Social

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Demandante: UGPP

4. Trámite procesal de la acción de tutela

El 6 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar admitió la acción de
tutela, ordenó notificar al Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar como
demandado y a los bancos Popular y Agrario como terceros interesados. Igualmente,
mediante la providencia en mención, se negó la solicitud de medida provisional.

5. La respuesta del tutelado

El Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar explicó que tanto el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por la señora Ruth Mercedes
Castro Zuleta como el proceso ejecutivo se tramitaron en ese despacho judicial bajo
el radicado 200013333003201500022800.

Adujo que en atención a la solicitud de medidas cautelares realizada por la parte
actora en el proceso ejecutivo, por auto del 3 de mayo de 2018, ese despacho judicial
«(…) decretó el embargo de los dineros de la UGPP provenientes del Presupuesto General de la Nación,
depositados en las entidades bancarias indicadas por la accionante, así como los dineros de libre
disposición y/o pertinentes que tenga o llegare a tener la entidad en el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, al tratarse de una obligación derivada de una sentencia judicial de carácter pensional»,
medida que fue reiterada por medio del auto de 8 de noviembre de 2018.

Resaltó que, por medio de las providencias del 21 de abril de 2025 y 3 de junio de
2025, el juzgado denegó la solicitud de levantamiento del embargo presentada por la
UGPP y resolvió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto por la
entidad contra esa decisión.

Explicó que ese despacho judicial no ha vulnerado derecho fundamental alguno de la
UGPP, en tanto sus decisiones se han basado en el artículo 594 del Código General
del Proceso, el cual consagra las excepciones al principio de inembargabilidad y en la
jurisprudencia del Consejo de Estado, la cual «(…) ha admitido la posibilidad de embargar
recursos públicos cuando se trate del cumplimiento de sentencias judiciales que reconocen derechos
pensionales, dada su naturaleza alimentaria y prevalente (…)».

6. Intervenciones de los terceros vinculados

La señora Ruth Mercedes Castro Zuleta manifestó que desde el año 2018 el
Juzgado Cuatro Administrativo de Valledupar libró los oficios con destino a las
entidades bancarias, con el fin de que se hiciera efectiva la medida cautelar de
embargo y durante más de 7 años la UGPP no había planteado la vulneración de sus
derechos fundamentales como consecuencia de esa medida. Expuso que, pese al
transcurso de ese período de tiempo, la UGPP no ha pagado la totalidad de la deuda
en cumplimiento de la sentencia judicial de carácter pensional proferida en su favor.

Señaló que la regla de inembargabilidad prevista en el parágrafo del artículo 594 del
Código General del Proceso no es de carácter absoluto. En ese sentido, precisó que
la medida de embargo decretada por ese despacho judicial se encuentra comprendida
dentro de una de las excepciones al principio de inembargabilidad de los recursos
públicos. En efecto, el embargo resulta procedente, toda vez que se trata de la
ejecución y pago de una condena impuesta mediante sentencia judicial que reconoce
derechos laborales, específicamente acreencias pensionales, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 2.8.1.6.1.1 del Decreto 1068 de 2015.

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Demandante: UGPP

Argumentó que, en el caso concreto, no se cumplen los requisitos de subsidiariedad
e inmediatez, exigidos para la procedencia de la acción de tutela. En cuanto al primero,
sostuvo que la UGPP no hizo uso de los mecanismos de los cuales disponía en el
marco del proceso ejecutivo y que, a través de esta vía constitucional, pretende reabrir
términos procesales que ya fenecieron. Asimismo, respecto del requisito de
inmediatez, señaló que han transcurrido varios años desde que la decisión objeto de
reproche fue proferida, sin que la entidad hubiera acudido a la acción constitucional
dentro de un término razonable.

Por las anteriores razones, solicitó que la presente tutela fuera declarada
improcedente.

El Banco Popular S.A. informó que, por medio del oficio de embargo número 0412
del 18 de mayo de 2018, remitido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de
Valledupar, se comunicó a esa entidad financiera la orden de embargo de las cuentas
de la UGPP, por un valor límite de $4.481.284.633,78 a favor de la señora Ruth
Mercedes Castro Zuleta dentro del proceso con radicado 20001333300420150022800.

Indicó que, en atención a lo anterior, esa entidad bancaria remitió a ese despacho
judicial la comunicación No. 33EE-02990-2018 del 23 de mayo de 2018, junto con la
respectiva certificación, mediante la cual puso de presente la condición de
inembargabilidad de los recursos de titularidad de la entidad demandada y solicitó la
ratificación de la medida decretada. Sin embargo, a la fecha, no se ha emitido
pronunciamiento alguno al respecto.

Por lo anterior, explicó que la medida de embargo no se encuentra actualmente
aplicada sobre las cuentas de la UGPP. En consecuencia, solicitó su desvinculación
de la presente acción de tutela, al considerar que carece de legitimación en la causa
por pasiva, en la medida en que no es la entidad llamada a pronunciarse ni a adoptar
decisión alguna frente a la solicitud elevada por la parte accionante.

El Banco Agrario de Colombia advirtió que la UGPP es la titular de la cuenta
corriente que termina en ***4466, la cual registra un congelamiento por el valor de
$4.481.284.633,785, en cumplimiento de la orden impartida por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Valledupar en el proceso ejecutivo con radicado número
20001333300320150022800, promovido por Ruth Mercedes Castro Zuleta.

De igual forma, la entidad bancaria manifestó que carece de legitimación en la causa
por activa, en tanto no es la autoridad competente para disponer el levantamiento de
la medida cautelar decretada, pues dicha actuación únicamente puede ser ordenada
por el despacho judicial que la impuso. Por consiguiente, solicitó su desvinculación del
presente trámite constitucional y que se declarara la improcedencia de la acción
respecto de esa entidad.

7. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cesar, en sentencia del 19 de noviembre de 2025,
declaró improcedente el amparo solicitado, al considerar que no se cumplía el requisito
general de subsidiariedad, en la medida en que la UGPP dispuso del recurso de
apelación contra el auto del 3 de mayo de 2018, por medio del cual decretó la medida
cautelar de embargo, conforme con el numeral 5 del artículo 243 del CPACA, recurso
que no fue interpuesto por esa entidad.

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Advirtió que dicha medida fue reiterada por medio del auto del 8 de noviembre de
2018, mediante el cual ordenó insistir en los oficios emitidos a las entidades bancarias
mencionadas en la solicitud de medidas cautelares. Igualmente, por medio de la
providencia del 3 de noviembre de 2020, el juzgado nuevamente requirió a las
entidades financieras para que hicieran efectivo el embargo, so pena de hacer uso de
las facultades correccionales del juez.

Señaló que no fue, sino hasta el 15 de marzo de 2025, es decir casi 7 años después
de impuesta la medida, cuando la UGPP presentó una solicitud de levantamiento del
embargo. Dicha petición fue negada por medio del auto del 21 de abril de 2025. Contra
esa decisión, la entidad ejecutada presentó recurso de reposición, resuelto mediante
providencia del 3 de junio de 2025, en el sentido de no reponer la decisión de negar
el levantamiento.

Sostuvo que, pese a las actuaciones judiciales surtidas por la UGPP en el año 2025,
en el fondo, estas tenían como finalidad cuestionar la providencia del 3 de mayo de
2018 contra la cual no se interpuso recurso de apelación, razón por la cual consideró
que no se satisfizo el requisito de subsidiariedad en la presente acción de tutela.

Argumentó que la medida cautelar objeto de la tutela fue decretada en un proceso
ejecutivo, en el que se pretende ejecutar una sentencia que reconoció derechos
pensionales, circunstancia que constituye una excepción al principio de
inembargabilidad, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y
del Consejo de Estado.

8. Impugnación

La accionante impugnó el fallo de tutela de primera instancia, con fundamento en que
el requisito de subsidiariedad sí se acreditó en el caso particular, por cuanto la UGPP
presentó una solicitud de levantamiento de la medida cautelar de embargo, que es el
mecanismo idóneo del cual dispuso en el proceso ejecutivo con radicado
20001333300320150022800, a fin de que se liberaran los recursos depositados en
las cuentas bancarias del Banco Agrario de Colombia y del Banco Popular S.A.
Adicionalmente, manifestó que frente a la providencia que denegó la solicitud de
levantamiento, la UGPP presentó recurso de reposición.

Indicó que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar incurrió en
defecto sustantivo, al desconocer el principio de inembargabilidad de los recursos
públicos. En su criterio, en dichas cuentas se encontraban depositados recursos de
naturaleza inembargable, en la medida en que una parte de estos proviene del
Presupuesto General de la Nación y cuenta con destinación específica para atender
gastos de funcionamiento de la entidad, mientras que otra parte corresponde a
recursos de carácter parafiscal, los cuales no ingresan al patrimonio de la UGPP, sino
que pertenecen a terceros, al integrar el Sistema General de Seguridad Social.

Argumentó que, de conformidad con el artículo 63 de la Constitución Política, «Los
bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos,
las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes
que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables» (subrayado
fuera del texto constitucional).

Expuso que, conforme con el artículo 19 del Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico
del Presupuesto), son inembargables las rentas incorporadas en el Presupuesto
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General de la Nación y según el numeral 1 del artículo 594 del Código General del
Proceso, son inembargables «los bienes, las rentas y recursos incorporados en el
Presupuesto General de la Nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de
participación, regalías y recursos de la seguridad social». Asimismo, de conformidad con la Ley
2381 de 2024, «los recursos del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y
Muerte son de naturaleza pública y de carácter parafiscal, no pertenecen a la Nación, ni a las entidades
que los administran y no se podrán destinar ni utilizar para fines distintos a los propios del Sistema».

Por último, la UGPP sostuvo que el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar
incurrió en defecto fáctico y desconocimiento del precedente jurisprudencial, por las
mismas razones expuestas en el escrito de tutela.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares
en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción de tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.

1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
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Radicado: 20001-23-33-000-2025-00573-01
Demandante: UGPP

Problema jurídico

En los términos del escrito de impugnación, a la Sala le corresponde determinar si se
debe confirmar o no la decisión de primera instancia, que declaró improcedente la
acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito general de subsidiariedad.

Al respecto, la Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada, respecto a las
providencias del 3 de mayo de 2018 y del 8 de noviembre de 2018 proferidas por el
Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar porque la tutela no es procedente por
no cumplir con el requisito general de subsidiariedad, tal como se pasa a explicar.
Entre tanto, en relación con las providencias del 21 de abril de 2025 y del 3 de junio
de 2025, aunque también se declarará improcedente la tutela, se hará por la falta de
relevancia constitucional.

En ese sentido, la Sala pasa a estudiar de manera separada la procedencia de la
acción de tutela frente a esas providencias judiciales.

(i) Análisis frente a los autos del 3 de mayo de 2018 y 8 de noviembre de 2018 – decreto
de medida cautelar y orden de reiteración de oficios dirigidos a entidades bancarias

La UGGP presenta la acción de tutela, con el fin de cuestionar las providencias
proferidas los días 3 de mayo de 2018, 8 de noviembre de 2018, 21 de abril de 2025
y 3 de junio de 2025, por el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar, en el
proceso ejecutivo con radicado 20001333300320150022800, en el que la señora Ruth
Mercedes Castro Zuleta funge como demandante.

Aunque la accionante en el escrito de tutela afirma que cuestiona las providencias
proferidas el 3 de mayo de 2018 y el 8 de noviembre de 2018, lo cierto es que se
evidencia que su inconformidad está relacionada con lo resuelto en la primera decisión
mencionada, mediante la cual se decretó la medida cautelar de embargo. Tanto es así
que, por medio de la providencia del 8 de noviembre de 2018, el Juzgado no adoptó
una decisión de fondo, sino que ordenó la reiteración de los oficios para se hiciera
efectivo el embargo decretado. Por lo anterior, la Sala tomará la providencia del 3 de
mayo de 2018 como punto de partida para estudiar los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela.

De este modo, al consultar el proceso ejecutivo 20001333300320150022800, se
advierte que el 12 de marzo de 2018, el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar
profirió sentencia en la que se resolvió seguir adelante con la ejecución.
Posteriormente, mediante auto del 3 de mayo de 2018, ese juzgado decretó como
medida cautelar el embargo de las cuentas bancarias de titularidad de la UGPP y limitó
la medida hasta la suma de $4.481.284.633,785. Luego, por medio de la providencia
del 8 de noviembre de 2018, se ordenó reiterar los oficios dirigidos a las entidades
bancarias para que hicieran efectivo el embargo. Sin embargo, la entidad ejecutada
no interpuso recurso alguno contra la providencia del 3 de mayo de 2018.

La Sala encuentra que los argumentos que presenta la tutelante en la presente acción
de tutela son propios del recurso de apelación del cual no hizo uso en su momento
contra el auto que decretó la medida de embargo, del cual disponía, de conformidad
con el numeral 5 del artículo 243 del CPACA:

ARTÍCULO 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia y los
siguientes autos proferidos en la misma instancia:
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Radicado: 20001-23-33-000-2025-00573-01
Demandante: UGPP

(…)

5. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar.

(…)

En ese sentido, si la parte demandante estimaba que la medida cautelar impuesta en
la providencia del 3 de mayo de 2018 vulneraba sus derechos fundamentales, lo
propio era que presentara la acción de tutela tan pronto como tuviera conocimiento de
esta y no varios años después, como se advirtió que la entidad aquí accionante lo
hizo.

De igual forma, las pruebas que obran en el proceso confirman que la UGPP omitió el
ejercicio de su defensa técnica al no interponer el recurso de apelación previsto en el
numeral 5 del artículo 243 del CPACA contra el auto que decretó el embargo. Dicha
omisión es la que la accionante intenta ahora sortear, buscando reabrir mediante la
tutela un debate que el juez natural ya resolvió y frente al cual la entidad guardó
silencio en la oportunidad legal pertinente.

En suma, la Sala concluye que, en el presente caso, no se satisface uno de los
requisitos de procedencia de la tutela, esto es, el requisito de subsidiariedad, pues la
accionante no agotó en debida forma el medio de defensa para que se le protegieran
los derechos fundamentales que considera le fueron vulnerados.

Por las anteriores razones, se declarará improcedente la acción de tutela promovida
por la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP en relación con la providencia del 3 de mayo de 2018.

(ii) Autos del 21 de abril de 2025 y del 3 de junio de 2025 - niega levantamiento de medida
cautelar y no repone esa decisión

El 15 de marzo de 2025 la UGPP solicitó ante el juzgado accionado el levantamiento
de la medida cautelar decretada en el proceso ejecutivo adelantado por la señora
Castro Zuleta. Como fundamentos de su solicitud, sostuvo:

• Las cuentas bancarias afectadas por la medida no son susceptibles de embargo, por
cuanto corresponden a recursos incorporados al Presupuesto General de la Nación o
que deben ser destinados específicamente al Sistema General de Seguridad Social.

• La UGPP no administra directamente recursos del Sistema General de Pensiones y
no cuenta con apropiaciones presupuestales para el pago de mesadas pensionales.
Aunque la UGPP tiene como función el reconocimiento de pensiones, es al Fondo de
Pensiones Públicas del Nivel Nacional – FOPEP la entidad que realiza el pago de las
mesadas pensionales.

• En sentencia C-546 de 1992, la Corte Constitucional estableció la excepción al
principio de inembargabilidad de los recursos públicos cuando se trate de hacer
efectiva una obligación de carácter laboral, siempre y cuando exista correspondencia
entre la destinación del recurso y la obligación objeto de ejecución, lo cual no se
cumple en el caso objeto de tutela.

• De conformidad con el artículo 63 de la Constitución Política, el artículo 19 del Estatuto
Orgánico de Presupuesto, Ley 179 de 1994, el artículo 34 de la Ley 2008 de 2019 y el
artículo 594 del Código General del Proceso, establecen que son inembargables las
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Radicado: 20001-23-33-000-2025-00573-01
Demandante: UGPP

rentas y recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, así como los
recursos del Sistema General de Seguridad Social.

• Los recursos que provienen de procesos de seguimientos y cobranzas adelantados
por la UGPP son de naturaleza parafiscal y tienen destinación específica, pues hacen
parte del Sistema General de Seguridad Social.

El despacho judicial accionado, mediante las providencias de 21 de abril y 3 de junio
de 2025, negó la solicitud de levantamiento de esa medida cautelar y, además,
resolvió no reponer esas decisiones. Dichas providencias se sustentaron en las
sentencias C-1154 de 2008 y C-103 de 1994, proferidas por la Corte Constitucional,
así como en la sentencia del 25 de marzo de 20214 dictada por el Consejo de Estado,
a partir de cuyo análisis concluyó:

De la línea jurisprudencial transcrita se desprende sin mayor dificultad que, si bien
los recursos incorporados al Presupuesto General de la Nación están amparados
por el principio de inembargabilidad, lo cierto es que tanto la Corte Constitucional
como el Consejo de Estado han sostenido de manera reiterada que dicho privilegio
cede ante principios y garantías de mayor jerarquía dentro del ordenamiento
jurídico. En ese sentido, la jurisprudencia ha decantado tres excepciones a la regla
general de inembargabilidad: (i) la satisfacción de créditos u obligaciones de
origen laboral; (ii) el pago de sentencias judiciales y conciliaciones; y (iii) el
cumplimiento de otros títulos ejecutivos emanados del Estado.

La Sala advierte que en la solicitud de levantamiento de la medida cautelar y en el
recurso de reposición incoado contra el auto que negó esa solicitud, la UGPP no se
fundamentó en la existencia de hechos sobrevinientes ni en una alteración de las
circunstancias fácticas, sino en una mera inconformidad con lo ordenado desde el 3
de mayo de 2018.

Igualmente, de la lectura del escrito de tutela, se observa que el argumento principal
de inconformidad sobre las providencias que resolvieron desfavorablemente la
solicitud de levantamiento y el recurso respectivo está relacionado con la naturaleza
de los recursos que se encuentran depositados en las cuentas bancarias objeto del
embargo, es decir, que es una alegación propia del recurso de apelación que se debió
interponer contra un auto que decretó la medida cautelar.

En ese sentido, la Sala anticipa que la acción de tutela tampoco cumple con el
requisito general de relevancia constitucional respecto de las providencias del 21 de
abril de 2025 y del 3 de junio de 2025, porque no cumple con la carga mínima
argumentativa necesaria para cuestionar las referidas providencias.

El requisito general de relevancia constitucional, como lo ha reiterado esta Sección,
tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez
de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones,
por lo cual, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Sala
Plena del Consejo de Estado, para que un asunto goce de relevancia constitucional
deben verificarse algunos presupuestos5.

4
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia, C.P. Rocío Araújo Oñate, Rad.: 20001- 23-33-000-2020-00484-01 (AC).
5
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la
acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o
de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

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Demandante: UGPP

En el anterior contexto, resulta evidente que del argumento propuesto por la parte
actora no es suficiente para lograr establecer las razones por las que considera que
la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales y, en ese
sentido, la Sala no tiene parámetros para proceder con un estudio de incidencia de
vulneración o afectación de derechos a partir de las providencias judiciales
cuestionadas.

Conforme con la jurisprudencia constitucional, la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales es excepcional en aras de garantizar el respeto por los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que resguardan las decisiones
judiciales. De acuerdo con ello, se han fijado presupuestos generales y específicos
que habilitan el mecanismo de amparo constitucional contra una providencia judicial.

Dentro de tales requisitos, se encuentran incluidas las exigencias argumentativas y
explicativas que debe cumplir quien acude al medio excepcional de la tutela para
controvertir una decisión judicial. Con base en ello, le corresponde a la parte actora
identificar de manera razonable la situación por la que, a su juicio, la autoridad judicial
accionada vulneró sus derechos fundamentales, lo que supone la exigencia de una
carga mínima de la argumentación.

Esa carga argumentativa mínima materializa el carácter excepcional de la acción de
tutela y resulta necesaria para que el juez constitucional pueda comprender con
suficiente claridad y de manera precisa, el debate constitucional que pone de presente
el accionante en torno a la vulneración de las garantías fundamentales invocadas.

Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia SU-585 de 2017 6, consolidó los
presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales establecidos en la sentencia C-590 de 20057, dentro de los cuales incluyó
la carga argumentativa que corresponde cumplir al accionante y estableció que el
mismo se materializa a partir del desarrollo de las causales específicas, entre otros.
En tal sentido señaló lo siguiente:
«El accionante cumpla con unas cargas argumentativas y explicativas mínimas, al identificar los
derechos fundamentales afectados y precisar los hechos que generan la vulneración. No se trata
de convertir la acción de tutela, de por sí informal, en un mecanismo ritualista, sino de exigir unas
cargas procesales razonables para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales,
con los principios y valores en juego, al controvertir una providencia judicial. En esto, resulta
fundamental que el juez interprete adecuadamente la demanda, con el fin de evitar que
imprecisiones intrascendentes sean utilizadas como argumento para declarar la improcedencia del
amparo, lo que contrariaría la esencia misma y rol constitucional de la acción de tutela. Cuando se

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el
interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos
fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión
propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación
con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra
providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los
argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no
se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por
eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
6
M.P. Alejandro Linares Cantillo.
7
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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trate de un defecto procedimental, el actor deberá además argumentar por qué, a su juicio, el vicio
es sustancial, es decir, con incidencia en la resolución del asunto y/o afectación de los derechos
fundamentales invocados. A pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias
argumentativas pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos fundamentales,
con suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine realizando un indebido control
oficioso de las providencias judiciales de otros jueces. En este aspecto, resulta de vital
importancia identificar la causal, o las causales de procedibilidad especial, la que de
verificarse determinaría la prosperidad de la tutela contra la providencia judicial».
(negrilla fuera del texto original)

Esta Corporación también se ha referido al deber de la parte actora de desarrollar los
cargos de tutela, en el sentido de expresar de manera suficiente las razones por las
que, en su criterio, la autoridad judicial alegada incurrió en una actuación que
constituya una violación o amenaza de los derechos fundamentales respecto de los
cuales invoca la protección constitucional.

Requisito que no se cumple en este caso, porque, la accionante se limitó a enunciar
la vulneración de derechos fundamentales, sin argumentar la forma en que las
providencias objeto de debate incurrieron en un yerro procesal y sin que de dichos
argumentos se pueda extraer de qué manera se configuró la vulneración alegada, lo
cual resulta insuficiente para acreditar el cumplimiento de este presupuesto.

En este sentido, resulta claro que la parte actora no identificó de manera razonable
los fundamentos en que sustenta la vulneración invocada, que permitan al juez
constitucional habilitar el estudio de fondo de la tutela contra la providencia judicial,
pues, de lo alegado en el escrito de tutela no se puede determinar qué irregularidad
se presentó en las actuaciones judiciales cuestionadas.

En este punto, es importante recordar que no basta con alegar la posible amenaza o
vulneración de un derecho fundamental para que se habilite la acción de tutela contra
una providencia judicial, debe además demostrarse que existió una irregularidad
abiertamente contraria a la Constitución que haga necesaria la intervención del juez
constitucional, de manera que, la solicitud de amparo no cumple con el requisito de
relevancia constitucional por incumplimiento de la carga mínima argumentativa.

En suma, la parte actora solo expuso su descontento frente a la decisión, pero, pasó
por alto, expresar razones que puedan equipararse a la argumentación necesaria para
proceder con un estudio de fondo.

Como se anticipó, por más informal que sea la tutela y, aunque sus objetivos sean la
salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de
interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones
de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad.

Se reitera, la accionante utilizó la solicitud de levantamiento de la medida cautelar y el
recurso de reposición contra el auto que la negó para reiterar un debate judicial ya
superado, sin que a la fecha hayan variado las condiciones del caso que ameriten un
nuevo pronunciamiento. De ahí que la presente acción de tutela se formula como un
intento de extender en el tiempo una controversia que el Juzgado Cuarto
Administrativo de Valledupar ya definió con pleno acatamiento de las formas propias
del proceso ejecutivo.

Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento
de fondo sobre la vulneración alegada la accionante, dado que, la acción de tutela no
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cumple los requisitos de procedencia que habiliten el estudio de los cargos por parte
del juez constitucional y, en esa medida, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia de tutela de primera instancia objeto de impugnación, pero
por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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