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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00644-01

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00644-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia del 11 de diciembre de 2025 del Tribunal Administrativo Cesar y, en su lugar: 1. RECHAZAR la acción de cumplimiento respecto del artículo 1. (inciso 4 y.5), 2 (numeral 7), de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito, por cuanto no se acreditó la exigencia de cumplimiento en el requerimiento enviado a las accionadas. 2. DECLARAR la improcedencia de la acción de cumplimiento de la referencia respecto de la pretensión de anular las multas interpuestas por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar haciendo uso de las patrullas institucionales. 3. DECLARAR la cosa juzgada en relación con el cumplimiento de la Resolución 20203040011245 de 2020 (artículo 6), compilada en la Resolución 20223040045295 de 2022, artículos 129 (parágrafo 1 y 2) y 135 (inciso 1), 158 A (adicionado por el artículo 18 de la Ley 2251 de 2022) del Código Nacional de Tránsito -Ley 769 de 2002., por parte del municipio de Valledupar - Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar y la Superintendencia de Puertos y Transporte. 4. DECLARAR la improcedencia de la acción de cumplimiento de la referencia respecto el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 20001-23-33-000-2025-00644-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

19 de febrero de 2026

Demandante: José Elías Guerra Nieves
Demandados: Superintendencia de Puertos y Transporte y otros
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00644-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00644-01
Demandante: JOSÉ ELÍAS GUERRA NIEVES
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE Y OTROS1

Tema: Revoca sentencia de primera instancia. Rechaza la acción por falta del
requisito de renuencia. Declara la existencia de cosa juzgada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor José Elías Guerra Nieves contra la
sentencia del 11 de diciembre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar en el
medio de control de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de cumplimiento

El señor José Elías Guerra Nieves, actuando en nombre propio, ejerció acción de cumplimiento
contra el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte, el municipio
de Valledupar – Secretaría de Tránsito y Transporte y Concejo de Valledupar. Lo anterior, con
el fin de obtener el acatamiento de las siguientes normas:

Norma Artículos
Resolución 20203040011245 de 2020, compilada en la 6
Resolución 20223040045295 de 20222
Código Nacional de Tránsito -Ley 769 de 2002 1. (incisos 4 y5), 2 (numeral 7), 129 (parágrafos 1 y
2) y 135 (inciso 1), 158 A (adicionado por el artículo
18 de la Ley 2251 de 2022)
Ley 1437 de 2011 10

En consecuencia, el accionante elevó las pretensiones que se sintetizan a continuación pese
a la falta de claridad que guarda el escrito:

Que se ordene la anulación de todas las multas aplicadas mediante los mal denominados
vehículos «caza infractores», incluyendo las que a él se le habían impuesto, durante el período
en el cual no se contaba con la autorización del Ministerio de Transporte para el uso de

1 Ministerio de Transporte, Secretaría De Tránsito de Valledupar y Concejo Municipal de Valledupar.
2 Artículos 7.8.1.2,numeral D),

1
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sistemas automáticos, semiautomáticos u otros medios tecnológicos (en adelante, SAST) de
detección de infracciones de tránsito.

Asimismo, requirió que se disponga el retiro de los tres vehículos utilizados para la imposición
de comparendos, al considerar que su uso contraviene la normativa vigente.

También solicitó que se ordene a la Secretaría de Tránsito que la imposición de comparendos
se realice de manera presencial, garantizando la individualización del presunto infractor, de
modo que, en caso de estacionamiento en sitios prohibidos, se le otorgue un tiempo prudencial
para retirar el vehículo antes de proceder con la sanción correspondiente.

1.2. Hechos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión
que se adoptará en la sentencia:

La Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar opera varios vehículos institucionales en
los cuales se movilizan sus funcionarios, los cuales están revestidos de competencia para
imponer sanciones por contravenciones viales. Igualmente, en el municipio se han instalado
múltiples señales de tránsito que indican «prohibido parquear detención electrónica».

El 25 de septiembre de 2025, la parte actora solicitó a las entidades accionadas3 el
cumplimiento de las siguientes disposiciones:

Norma Artículos
Ley 1843 de 2017 1, 2, 3, 13 y 14
Decreto Ley 2106 de 2019 109
Código Nacional de Transito-Ley 769 de 2002 127,129,134,135 (numeral 1),136,137, y 158A
Ley 2251 de 2022 18
Resolución 20203040011245 de 2020, compilada en la 6 (literales A y D)
Resolución 20223040045295 de 20224
Ley 1437 de 2011 10

Lo expuesto, en el sentido de (i) retirar los vehículos de foto multa dispuestos en Valledupar;
(ii) abstenerse de seguir imponiendo multas haciendo uso de los anteriores; (iii) anular todos
los comparendos interpuestos durante su operación; y (iv) agotar el debido procedimiento
administrativo al momento de retirar vehículos mal estacionados o abandonados en espacio
público.

1.3. Fundamentos de la solicitud de cumplimiento

El accionante sostuvo que:

En el municipio Valledupar, la imposición de multas a través de vehículos denominados «caza
infractores» se realiza de forma irregular y sin contar con las autorizaciones para tal fin, al no
cumplirse los procedimientos establecidos para la detección y sanción de infracciones de
tránsito.

3 Por medio de escrito enviado a los correos electrónicos atencionusuariotransito@valledupar-cesar.gov.co,
notificajuridica@supertransporte.gov.co y Concejodevalledupar@gmail.com
4 Artículos 7.8.1.2,numeral D),

2
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Estos vehículos operan en movimiento, sin la presencia directa y visible de un agente de
tránsito que intervenga en el acto, lo que impide la correcta individualización del infractor y la
aplicación de la notificación de forma oportuna y personal. En este sentido, cuestionó que los
comparendos son emitidos de manera electrónica o mediante foto multas sin intervención
presencial de la autoridad de tránsito.

La utilización de medios tecnológicos automatizados para la detección de infracciones se ha
hecho sin contar con la debida autorización y sin garantizar el cumplimiento de los criterios
técnicos de seguridad vial. Además, señaló que esta modalidad de control ha derivado en la
imposición de comparendos de forma indiscriminada, afectando no solo a individuos aislados
sino a una parte considerable de la comunidad.

En ciertos casos, se han impuesto multas a conductores y propietarios de vehículos sin que
exista evidencia clara y verificable de la comisión de la infracción, lo cual se traduce en un
proceder que parece orientado al recaudo económico en detrimento de una labor preventiva y
educativa. En concreto, señaló el comparendo que a él se le interpuso a través de medio
tecnológico sin que su levantamiento se surtiera de forma personal.

1.4. Actuaciones procesales relevantes

1.4.1. Auto admisorio

La magistrada ponente del Tribunal Administrativo del Cesar, mediante auto del 20 de
noviembre de 2025, admitió la acción de cumplimiento y dispuso notificar personalmente el
proveído al Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte, al municipio de
Valledupar – Secretaría de Tránsito y Transporte- y el Concejo Municipal de Valledupar;
entidades a las que les requirió rendir un informe sobre las circunstancias que motivaron la
demanda.

1.4.2. Contestaciones de la demanda e intervenciones

La Secretaría General del Tribunal Administrativo del Cesar, en cumplimiento a lo ordenado
en el auto admisorio, el 21 de noviembre de 2025 surtió las notificaciones dirigidas a los sujetos
procesales5, en virtud de las cuales se recibieron las siguientes intervenciones:

1.4.2.1. Superintendencia de Puertos y Transporte6

La Superintendencia de Puertos y Transporte afirmó que ninguna de las pretensiones
formuladas exige el cumplimiento de una norma a su cargo. Sostuvo que la parte accionante
no acreditó los incumplimientos alegados en cabeza de la Secretaría de Tránsito y Transporte
de Valledupar, por lo que no procede iniciar acciones sancionatorias.

Además, que las actuaciones cuestionadas en el escrito inicial son responsabilidad de la
Secretaría de Tránsito de Valledupar, que actúa bajo los principios de autonomía y

5 Índice 9 del expediente digital de primera instancia.
6 Índice 10 del expediente digital de primera instancia.

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descentralización. Insistió en que la Superintendencia no ejerce control sobre las decisiones
de esa autoridad y que no es competente para lo solicitado.

Que, en razón el objeto del litigo ya ha sido zanjado, puesto que desde el año 2024 se han
radicado cerca de 70 acciones que comparten fundamentos fácticos y jurídicos, así como
pretensiones.

1.4.2.2. Ministerio de Transporte7

Solicitó declarar improcedente la acción de cumplimiento toda vez que el actor pretende usar
este mecanismo para cuestionar la legalidad de comparendos y sanciones del sistema de
fotodetección materias que deben ventilarse por la vía administrativa y ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo y no como mecanismo residual.

Lo anterior, porque no se presentó el incumplimiento normativo pues los sistemas de detención
electrónica se encuentran expresamente autorizados por la ley y reglamentados por el
Ministerio de Transporte, además expone que el artículo 158A del Código Nacional de Tránsito
no proscribe las fotomultas, sino que establece reglas de imputación y garantías de debido
proceso. Agregó que no se configuró una renuencia válida ni un perjuicio irremediable, por lo
cual solicitó que se rechacen las pretensiones de la demanda y se mantenga la validez de las
actuaciones administrativas cuestionadas.

Propuso como excepciones las que denominó: falta de legitimación por pasiva respecto al
Ministerio de Transporte, inexistencia de responsabilidad del ente demandado e inexistencia
de la obligación.

1.4.3. Fallo de primera instancia

El Tribunal Administrativo de del Cesar, mediante sentencia del 11 de diciembre de 2025
resolvió declarar la improcedencia de la acción de cumplimiento contra la Superintendencia de
Transporte, Secretaría de Tránsito de Valledupar y Concejo Municipal de Valledupar y rechazó
la demanda respecto del Ministerio de Transporte, en tanto frente a esta última no acreditó el
requisito de renuencia que trata el numeral 5 del artículo 10 de la Ley 393 de 1997.

Dicha decisión fue adoptada tras estimar que las pretensiones del actor no se dirigen a la
ejecución de un deber jurídico claro, expreso e inobjetable, sino a controvertir la legalidad de
los comparendos impuestos en el municipio de Valledupar, con el fin de obtener su anulación.
Señaló que dicha discusión involucra derechos de carácter subjetivo y debe ventilarse a través
de los mecanismos ordinarios previstos por el ordenamiento jurídico.

Adicionalmente, las normas cuyo cumplimiento se invocó no contienen mandatos imperativos
e inobjetables que permitan, por esta vía, ordenar la revocatoria masiva de comparendos,
máxime cuando no se acreditó probatoriamente la utilización irregular de dispositivos SAST ni
el incumplimiento de una obligación consolidada por parte de las entidades accionadas.
Finalmente, determinó que las disposiciones invocadas no le atribuyen a la Superintendencia
accionada competencia para imponer, revocar o anular comparendos; funciones que

7 Índice 12 del expediente digital de primera instancia.

4
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corresponden a las autoridades de tránsito. Precisó que dicha entidad ejerce labores de
inspección, vigilancia y control, las cuales se encontraban en curso, sin que se demostrara
renuencia alguna, por lo que no era destinataria de los mandatos cuyo cumplimiento se
reclamaba.

1.4.4. Impugnación8

La parte actora, el 18 de diciembre de 2025, presentó escrito de impugnación contra la
sentencia de primera instancia. En este, reiteró la totalidad de los argumentos expuestos en la
demanda inicial.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación contra la sentencia del 11 de diciembre
de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, según lo establecido en los artículos
3.º de la Ley 393 de 1997, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011 9, y el Acuerdo 080 del 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la competencia de
la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las «apelaciones contra las providencias
susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera
instancia en las acciones de cumplimiento».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia del 11 de
diciembre de 2025, dictada por Tribunal Administrativo del Cesar, para lo cual deberá resolver
los siguientes problemas jurídicos:

(i) ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia de conformidad con lo previsto
en el artículo 8º de la Ley 393 de 1997, así como a renuencia frente a las siguientes
disposiciones artículos 1. (inciso 4 y.5), 2 (numeral 7), del Código de Tránsito- Ley 769
de 2002?

De ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, deberá determinarse:

(ii) ¿Hay lugar a ordenar al extremo accionado el cumplimiento de la Resolución
20203040011245 de 2020, (artículo 6) compilada en la Resolución 20223040045295 de
202210, artículos 129 (parágrafo 1 y 2) y 135 (inciso 1), 158 A (adicionado por el artículo
18 de la Ley 2251 de 2022) del Código Nacional de Tránsito -Ley 769 de 2002- y el
artículo 10 de la Ley 1437 de 2011?

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) naturaleza
de la acción constitucional; (ii) requisito de procedibilidad; y, (iii) análisis del caso concreto.

8 Índice 20 del expediente digital de primera instancia.
9 Modificado por la Ley 2080 de 2021.
10 Artículos 7.8.1.2,numeral D),

5
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2.3. Naturaleza de la acción de cumplimiento

Esta acción está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un mecanismo
para que toda persona pueda "acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento
de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo 1° de la Ley 393
de 1997 precisa que "Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para
hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos
administrativos".

Colombia es un Estado Social de Derecho y dentro de sus fines esenciales está el de garantizar
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, teniendo
en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República están instituidas, entre otras cosas,
para asegurar el acatamiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo
2° de la Constitución Política), la acción en estudio permite la realización de este postulado
logrando la eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, este mecanismo constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, y ante el inminente
incumplimiento la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos
administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional “el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda
persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad
judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo
y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la
referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos
administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho,
que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo” 11.

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley 393 de
1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes requisitos mínimos:

a) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art. 1.º)12.

b) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del
deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por la
ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento (Art.
8.º).

c) El artículo 8º señala que excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito
«cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio

11 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y Hernando

Herrera Vergara.
12 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran

principios y directrices.

6
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irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

d) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el
efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el caso que, de
no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto, es improcedente
la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser garantizados a través
de la acción de tutela o se pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos
a la administración (Art. 9.º).

Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la existencia de un
mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya
dirigido esta acción. Este último corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual
depende la prosperidad de las pretensiones expuestas en la demanda.

2.4. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el numeral 5° del
artículo 10 ibídem, estableció como requisito de procedibilidad de esta acción constitucional
que con la demanda el accionante aporte la prueba de haber pedido a la entidad accionada en
forma directa y con anterioridad al ejercicio de la acción, el acatamiento del deber legal o
administrativo presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique
en el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud. De esta manera quedará acreditada
la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de
cumplimiento.

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar que
constituyó en renuencia a la Superintendencia de Puertos y Transporte, el Municipio de
Valledupar – Secretaría de Tránsito y Transporte y el Concejo de Valledupar antes de instaurar
la demanda.

En el requisito de procedibilidad es importante tener en cuenta, como lo ha señalado la Sala,
que “el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento”13.

El señor José Elías Guerra Nieves adjuntó copia del escrito radicado el 25 de septiembre de
2025, en el cual solicitó a las entidades accionadas el cumplimiento de:

Norma Artículos
Ley 1843 de 2017 1,2, 3, 13 y 14
Decreto Ley 2106 de 2019 109
Código Nacional de Transito-Ley 769 de 2002 127,129,134,135 (numeral 1),136,137, y 158A
Ley 2251 de 2022 18
Resolución 20203040011245 de 2020, compilada en la 6 (numerales A y D)
Resolución 20223040045295 de 202214

Ley 1437 de 2011 10

13 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, C.P. Mauricio Torres Cuervo
14 Artículos 7.8.1.2,numeral D),

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Este requerimiento fue enviado a los canales de atención al ciudadano dispuestos por la
Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar, la Superintendencia de Puertos y Trasporte
y el Concejo de Valledupar. Lo referido, se aprecia en la siguiente constancia:

Conforme con lo anterior, la Sala entiende agotado el requisito de constitución en renuencia,
según lo dispuesto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997, respecto de la Resolución
20203040011245 de 2020 (artículo 6), compilada en la Resolución 20223040045295 de
202215, artículos 129 (parágrafos 1 y 2) y 135 (inciso 1), 158 A (adicionado por el artículo 18
de la Ley 2251 de 2022) del Código Nacional de Tránsito -Ley 769 de 2002 y el artículo 10 de
la Ley 1437 de 2011.

En ese orden, se concluye que la parte actora agotó en debida forma el requisito de renuencia
respecto de los apartados normativos ya identificados frente a los cuales se limitará el análisis
subsiguiente.

No ocurre lo mismo frente al artículo 1. (incisos 4 y5), 2 (numeral 7) de la Ley 769 de 2002,
Código Nacional de Tránsito, por cuanto no es clara la exigencia de cumplimiento en el
requerimiento enviado a las accionadas, por lo que frente a ellas se rechazará la presente
acción constitucional.

2.5. Caso concreto - de la procedencia de la acción de cumplimiento

En este caso, las pretensiones del señor Castro López se dividen en tres: (i) que se ordene a
la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar la anulación de todas las multas
aplicadas mediante los denominados «vehículos caza infractores»; (ii) que se disponga el retiro
de los tres vehículos utilizados para la imposición de comparendos, al considerar que su uso
contraviene la normativa vigente en punto de la implementación de los SAST y (iii) que se
ordene a la autoridad de tránsito del municipio que la imposición de los comparendos se realice
de manera presencial, individualizando al infractor y otorgándole un tiempo prudencial para el
retiro del vehículo en caso de estacionamiento en sitios prohibidos.

A continuación, la Sala analizará cada uno de los mencionados planteamientos y las normas
en que se sustentaron.

2.5.1. De la anulación de las multas de tránsito y la presencialidad en el trámite de imposición
de aquellas, se advierte que la controversia escapa del ámbito de acción del juez de
cumplimiento, toda vez que encierra un debate jurídico sobre la validez de los comparendos

15 Artículos 7.8.1.2,numeral D),

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que han sido interpuestos por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar. Al
respecto, se recuerda que esta acción no es de carácter declarativo sino de ejecución de
deberes imperativos e inobjetables, es decir, que no admitan ningún tipo de discusión.

Lo anterior da cuenta que, aun cuando en este escenario se solicita el cumplimiento de las
normas descritas, lo cierto es que el fondo de la controversia plantea una discusión de carácter
subjetivo que debe ser conocida por el juez de lo contencioso a través de la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 138 del CPACA contra los actos
administrativos sancionatorios.

Lo dicho, puesto que, en el aludido medio de control, quienes han visto afectados sus intereses
con la interposición de las multas tienen la posibilidad de cuestionar los comparendos
impartidos por las autoridades de tránsito, lo que coincide con lo aquí pretendido por la parte
actora.

Así las cosas, las presuntas irregularidades en que incurre la autoridad de tránsito de
Valledupar en el trámite de imposición de comparendos bajo una modalidad no presencial,
deben ser analizadas en el estudio de legalidad que se haga del acto administrativo
sancionatorio. Por tanto, no corresponde al fallador constitucional sustituir el control del juez
ordinario frente al procedimiento sancionatorio adelantado por la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Valledupar.

En suma, la improcedencia de esta acción en lo que atañe a esta pretensión se justifica en que
no se satisface el requisito de la subsidiariedad, ya que este mecanismo constitucional es
residual y no principal, lo que presupone que no se cuente o haya contado con un medio
ordinario de defensa judicial.

Idénticas consideraciones sustentan la declaración de improcedencia frente a la pretensión
plasmada en el numeral tercero del escrito de demanda, la cual, en síntesis, busca plantear la
anulación de los comparendos impuestos, aduciendo posibles irregularidades en su trámite.
Nuevamente, se tiene que dicha finalidad escapa a la órbita del juez de cumplimiento, pues se
reprocharía la legalidad de la actuación de la administración, lo cual impone acudir al medio
de control correspondiente.

Finalmente, se debe indicar que, con base en los hechos y medios de prueba que fueron
aportados al trámite, no se hace evidente la existencia de un perjuicio irremediable que permita
flexibilizar el citado presupuesto.

2.5.2 Retiro de los vehículos utilizados para la imposición de comparendos

Frente a las pretensiones restantes que tienen que ver con el retiro de los vehículos «caza
infractores», la Sala no advierte que la parte actora cuente con otro medio de defensa judicial
para procurar por el acatamiento de los preceptos que pide atender.

Tampoco se evidencia que lo pretendido involucre la protección de derechos fundamentales
que puedan ser invocados vía acción de tutela, o que implique un gasto. Frente a esto último,
no se observa que el retiro de circulación de los vehículos institucionales le genere a las
entidades accionadas una erogación de partidas presupuestales.
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Además, las disposiciones solicitadas en cumplimiento son actualmente exigibles porque no
están derogadas ni suspendidas y ostentan el rango de ley o acto administrativo.

Así las cosas, la acción de cumplimiento se estima procedente en punto de estas pretensiones,
sobre las cuales se proseguirá el estudio del asunto, previo el análisis de si sobre ellos opera
el fenómeno de cosa juzgada.

2.5.3 De la cosa juzgada

Esta Sección ha manifestado que el objeto de la cosa juzgada es que los hechos y conductas
que se han resuelto judicialmente no puedan ser debatidos nuevamente en un proceso
posterior. Lo anterior, por cuanto lo decidido por el juez adquiere las características de
vinculante, obligatorio y, por tanto, de inmutable16

En palabras de la Corte Constitucional:

La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones
plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables,
vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa del
ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado
de seguridad jurídica17.

De acuerdo con lo anterior, según lo prevé el artículo 303 del Código General del Proceso, los
elementos constitutivos de la cosa juzgada son: (i) identidad de objeto; (ii) identidad de causa
y, (iii) identidad jurídica de partes.

Ahora bien, la Sala ha establecido que, para estar en presencia del fenómeno de la cosa
juzgada en las acciones de cumplimiento, en principio, no es necesaria la identidad de partes;
en específico, del extremo accionante, dado el carácter público de la acción, lo cual implica
que puede instaurarse por cualquier persona. Tratándose de la identidad de objeto, se verifica
la identidad del bien jurídico que se encuentra en disputa. Finalmente, en relación con la
identidad de causa se determina la razón por la cual se acude a esta instancia18.

Descendiendo al asunto que nos ocupa, la Sala observa que en el expediente 20001-33-33-
009-2024-00283-01, el Tribunal Administrativo del Cesar resolvió en segunda instancia una
demanda presentada en contra de la Alcaldía de Valledupar, para que se le ordenara acatar lo
dispuesto en el artículo 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020 y el artículo 2.º, numeral
1, de la ley 1843 del 2017 y, en consecuencia, se dispusiera el retiro de los vehículos «caza
infractores» por las calles de Valledupar.

Al resolver la controversia, la autoridad judicial encontró que la acción de cumplimiento es el
mecanismo jurídico adecuado para exigir el acatamiento de las regulaciones normativas
señaladas por el actor como incumplidas por el ente territorial, por cuanto contienen un
mandato legal que al ser de orden público resulta obligatorio.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 30 de enero de 2025.

Radicado: 54001 23 33 000 2024 00229 01. C.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.
17 Corte Constitucional, sentencia C-100 de 2019.
18 Ibidem.

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Luego, al abordar el análisis de fondo, advirtió que en la Resolución 20203040011245 de 2020
se indicaron los criterios técnicos para la instalación y operación de los SAST. No obstante, no
se comprobó que el vehículo «caza infractores» constituyera uno de ellos, ni que la cámara
para detectar las presuntas infracciones de tránsito estuviere en funcionamiento. Bajo tales
consideraciones, negó las pretensiones de la demanda.

Adicionalmente, en aras de reforzar el argumento adverso a las pretensiones de la demanda,
frente a la norma en cuestión, basta precisar que dicho artículo se contrae en establecer donde
es posible su ubicación, indicando una serie de excepciones al respecto. Lo anterior, en criterio
de la Sala, no apareja un mandato imperativo e inobjetable.

Lo anterior permite corroborar la triple identidad a la que hace referencia el fenómeno de la
cosa juzgada en torno a la petitoria de cumplimiento del artículo 6 de la Resolución
20203040011245 de 2020 por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar,
con las precisiones ya realizadas a propósito de la identidad de partes. Esto es, ya existe una
decisión de fondo y ejecutoriada en la que se resolvió si la Alcaldía de Valledupar está
incumplimiento o no, lo dispuesto en esta norma y si por ello, se le debía ordenar que retire
sus patrullas institucionales.

En otras palabras, para la Sala es claro que hay una decisión inmutable, vinculante y definitiva
que resolvió una de las pretensiones alegadas en el mecanismo constitucional de la referencia.
Así las cosas, en relación con la solicitud de acatamiento dirigida al municipio de Valledupar –
Secretaría de Tránsito y Transporte del artículo 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020,
corresponde la declaratoria de la cosa juzgada.

Por otro lado, en lo que tiene que ver con las disposiciones normativas restantes y demás
entidades accionadas, esta Sección profirió sentencia el 10 de abril de 202519 en la cual
resolvió una acción de cumplimiento al interior de la que se solicitó el acatamiento de los
artículos 18 de la Ley 2251 de 2022, 3, y 13 de la Ley 1843 de 2017, 127, 129 y 135 al 137 de
la Ley 769 de 2002, y los literales a, d, g, i, m del artículo 3 y 5 al 8 de la Resolución
20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte.

En esta oportunidad, la demanda se dirigió contra el Ministerio de Transporte, la
Superintendencia de Puertos y Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el
municipio de Valledupar, Secretaría de Tránsito y Transporte, y tenía por objeto el retiro de
circulación de los vehículos institucionales de la autoridad de tránsito de Valledupar, así como
que se ordenara a esta el seguimiento de los procedimientos legales para la interposición de
sanciones.

La Sala concluyó que el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la
Superintendencia de Puertos y Transporte carecían de legitimación en la causa por pasiva
puesto que no eran las entidades llamadas a cumplir con las normas consignadas en el libelo
introductorio, dando lugar a la negación de las pretensiones.

Asimismo, estimó que no existía un mandato exigible a la Secretaría de Tránsito de Valledupar

19 En el marco de la acción de cumplimiento 20001-23-33-000-2025-00029-01.

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debido a que esta autoridad no ha implementado SAST en el ejercicio de sus funciones
sancionatorias, lo que, igualmente condujo a la negativa de las petitorias.

En vista de esta segunda decisión judicial, es posible establecer la configuración de la cosa
juzgada sobre la pretensión de cumplimiento dirigida a la Secretaría de Tránsito y Transporte
de Valledupar y la Superintendencia accionada, del artículo 18 de la Ley 2251 de 2022,
artículos 3, y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos 127, 129 y 135 de la Ley 769 de 2002, y los
literales a, d, g, i, m del artículo 3 y los artículos 5 al 8 de la Resolución 20203040011245 de
2020 expedida por el Ministerio de Transporte.

Lo expuesto, ya que, en la sentencia del 10 de abril de 2025, esta Sala estudió de fondo, si
había lugar a exigir a dichas entidades el cumplimiento de estas normas y, en consecuencia,
ordenar a la Secretaría de Tránsito de Valledupar el retiro de las patrullas «caza infractores» y
la observancia de los procedimientos legales en la interposición de sanciones.

En suma, la identificación de la cosa juzgada se sintetiza en la siguiente tabla:

Expediente 20001-23-33-000-2025- 20001-23-33-000-2025- 20001-33-33-009-2024-
00644-01 00029-01 00283-01
Objeto Se solicitó el cumplimiento Se solicitó el Se solicitó el cumplimiento
del artículo 18 de la Ley cumplimiento del artículo del artículo 6 de la
2251 de 202220, artículos 18 de la Ley 2251 de Resolución
3, 4 y 13 de la Ley 1843 de 2022, artículos 3, y 13 de 20203040011245 de 2020
2017, artículos 127, 129 y la Ley 1843 de 2017, y el del artículo 2.º,
135 de la Ley 769 de artículos 127, 129 y 135 numeral 1, de la ley 1843
2002, y los literales a, d, g, al 137 de la Ley 769 de del 2017.
i, m del artículo 3 y los 2002, y los literales a, d,
artículos 5 al 8 de la g, i, m del artículo 3 y los
Resolución artículos 5 al 8 de la
20203040011245 de 2020 Resolución
expedida por el Ministerio 20203040011245 de
de Transporte. 2020 expedida por el
Ministerio de Transporte.

Causa La demanda se motivó en La demanda se motivó La demanda se motivó en
la Implementación de en la Implementación de la Implementación de
vehículos institucionales vehículos institucionales vehículos institucionales
por parte de la autoridad por parte de la autoridad por parte de la autoridad
de Tránsito de Valledupar de Tránsito de de Tránsito de Valledupar
que, presuntamente, Valledupar que, que, presuntamente,
hacían uso de SAST para presuntamente, hacían hacían uso de SAST para
la interposición de multas uso de SAST para la la interposición de multas
sin la debida autorización. interposición de multas sin la debida autorización.
sin la debida
autorización.
Entidades Superintendencia de Ministerio de Transporte, Municipio de Valledupar.
accionadas Puertos y Transporte y Superintendencia de
municipio de Valledupar – Puertos y Transporte,
Secretaría de Tránsito y Agencia Nacional de
Transporte. Seguridad Vial y
municipio de Valledupar
– Secretaría de Tránsito
y Transporte.

20 Que modificó 158 A de la Ley 769 de 2002.

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2.6. Del cumplimiento del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011

Del análisis previamente desplegado, se concluye que la única disposición normativa que
superó el requisito de constitución en renuencia y frente a la cual no se configura el fenómeno
de la cosa juzgada, es el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, el cual estipula:

ARTÍCULO 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver
los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales,
legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos
fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán
tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que
se interpreten y apliquen dichas normas

Al respecto, se tiene que la finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda
acudir ante la autoridad judicial competente para hacer efectivo el acatamiento de una ley o
de un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional.

Así las cosas, el referido artículo 10 de la Ley 1437, del cual pretende el actor la aplicación vía
cumplimiento de las decisiones proferidas al interior de procesos, no satisface el requisito de
procedencia de que trata el artículo 1.° de la Ley 393 de 1997, pues el mecanismo
constitucional solo fue consagrado para lograr el obedecimiento de la ley o de actos
administrativos, más no de decisiones judiciales.

2.7. Conclusión

En atención a las anteriores consideraciones, esta Sala concluye la existencia de cosa juzgada
en lo que atañe a las pretensiones del retiro de las patrullas «caza infractores» y la observancia
de los procedimientos legales en la interposición de sanciones. Lo anterior, con fundamento
en el cumplimiento de la Resolución 20203040011245 de 2020 (artículo 6), compilada en la
Resolución 20223040045295 de 202221, artículos 129 (parágrafo 1 y 2) y 135 (inciso 1), 158 A
(adicionado por el artículo 18 de la Ley 2251 de 2022) del Código Nacional de Tránsito -Ley
769 de 2002.

Por otro lado, el medio de control se torna improcedente frente a la pretensión del
levantamiento de multas impuestas por las autoridades de tránsito del municipio de Valledupar,
ya que no se supera el requisito de subsidiariedad.

Finalmente, la pretensión de cumplimiento del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 no está
llamada a prosperar en la medida en que la acción resulta improcedente, por pretenderse el
acatamiento de providencias judiciales, lo cual contraviene el artículo 1.° de la Ley 393 de
1997.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

21 Artículos 7.8.1.2,numeral D),

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III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia del 11 de diciembre de 2025 del
Tribunal Administrativo Cesar y, en su lugar:

1. RECHAZAR la acción de cumplimiento respecto del artículo 1. (inciso 4 y.5), 2 (numeral
7), de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito, por cuanto no se acreditó la
exigencia de cumplimiento en el requerimiento enviado a las accionadas.

2. DECLARAR la improcedencia de la acción de cumplimiento de la referencia respecto
de la pretensión de anular las multas interpuestas por la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Valledupar haciendo uso de las patrullas institucionales.

3. DECLARAR la cosa juzgada en relación con el cumplimiento de la Resolución
20203040011245 de 2020 (artículo 6), compilada en la Resolución 20223040045295 de
2022, artículos 129 (parágrafo 1 y 2) y 135 (inciso 1), 158 A (adicionado por el artículo
18 de la Ley 2251 de 2022) del Código Nacional de Tránsito -Ley 769 de 2002., por
parte del municipio de Valledupar - Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar y
la Superintendencia de Puertos y Transporte.

4. DECLARAR la improcedencia de la acción de cumplimiento de la referencia respecto
el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de
1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en
la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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