Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00687-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00687-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 20001-23-33-000-2025-00687-01
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
26 de febrero de 2026
Demandante: Carlos Arturo Russo Alfaro
Demandados: Superintendencia de Transporte y otros
Rad: 20001-23-33-000-2025-0687-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
CONSEJERO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00687-01
Demandante: CARLOS ARTURO RUSSO ALFARO
Demandados: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE Y OTROS
Tema: Improcedencia de la acción – incumplimiento del requisito
de subsidiariedad – rechaza por falta de constitución en
renuencia y declara cosa juzgada.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la
sentencia de 15 de enero de 2026, mediante la cual el Tribunal Administrativo
del Cesar rechazó la demanda respecto al Ministerio de Transporte y declaró
la improcedencia de la acción de cumplimiento respecto a la Superintendencia
de Transporte, la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de
Valledupar y el Concejo de Valledupar.
1. La solicitud
1. En nombre propio y en ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de
1997, Carlos Arturo Russo Alfaro presentó acción de cumplimiento contra la
Superintendencia de Transporte, el Ministerio de Transporte, la Secretaría de
Tránsito y Transporte del municipio de Valledupar y el Concejo de Valledupar.
2. Lo anterior, con el fin de obtener el acatamiento de los artículos 1, 2, 129,
135 (inciso 1) y 158A de la Ley 769 de 2002 adicionado por el artículo 18 de
la Ley 2251 de 2022, el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 6 de la
Resolución 20203040011245 de 2020 (compilada en el artículo 7.8.1.2. de la
Resolución 20223040045295 de 2022) y cuyas pretensiones, en esencia,
buscan lo siguiente:
3. Ordenar a la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar la anulación
de los más de 71.000 comparendos aplicados mediante los mal denominados
vehículos «caza infractores», durante el período en el cual no se contaba con
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Demandante: Carlos Arturo Russo Alfaro
Demandados: Superintendencia de Transporte y otros
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la autorización del Ministerio de Transporte para el uso de sistemas
automáticos, semiautomáticos u otros medios tecnológicos (en adelante,
SAST) de detección de infracciones de tránsito.
4. Asimismo, requirió que se disponga el retiro de los tres vehículos utilizados
para la imposición de comparendos, al considerar que su uso contraviene la
normativa vigente.
5. También solicitó que se ordene a la Secretaría de Tránsito que la imposición
de comparendos se realice de manera presencial, garantizando la
individualización del presunto infractor, de modo que, en caso de
estacionamiento en sitios prohibidos, se le otorgue un tiempo prudencial para
retirar el vehículo antes de proceder con la sanción correspondiente.
2. Hechos
6. En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente1:
7. Precisó que la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de
Valledupar disponía de la utilización de medios tecnológicos para la imposición
de comparendos sin tener autorización para ello, habida cuenta del
incumplimiento de los criterios de seguridad vial y sin el permiso o autorización
de la Superintendencia de Transporte y de la Agencia Nacional Vial.
3. Razones del posible incumplimiento
8. El accionante sostiene que, en el municipio Valledupar, la imposición de
multas a través de vehículos denominados «caza infractores» se realiza de
forma irregular y sin contar con las autorizaciones para tal fin, al no cumplirse
los procedimientos establecidos para la detección y sanción de infracciones
de tránsito. Asimismo, afirmó que en el municipio existen más de 1.000 señales
de tránsito que establecen «prohibido parquear detención electrónica».
9. Argumentó que estos vehículos operan en movimiento, sin la presencia
directa y visible de un agente de tránsito que intervenga en el acto, lo que
impide la correcta individualización del infractor y la aplicación de la
notificación de forma oportuna y personal. En este sentido, cuestionó que los
comparendos son emitidos de manera electrónica o mediante foto multas sin
intervención presencial de la autoridad de tránsito.
10. Insistió en que la utilización de medios tecnológicos automatizados para la
detección de infracciones se ha hecho sin contar con la debida autorización y
sin garantizar el cumplimiento de los criterios técnicos de seguridad vial.
Además, señaló que esta modalidad de control ha derivado en la imposición
1 En este acápite no serán incluidas las consideraciones subjetivas, citas de sentencias, apreciaciones
sobre el alcance de las decisiones adoptadas, ni otros comentarios formulados reiteradamente como
parte de los hechos, que no corresponden estrictamente al marco fáctico de la acción.
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de comparendos de forma indiscriminada, afectando no solo a individuos
aislados sino a una parte considerable de la comunidad.
11. Refirió que, en ciertos casos, se han impuesto multas a conductores y
propietarios de vehículos sin que exista evidencia clara y verificable de la
comisión de la infracción, lo cual se traduce en un proceder que parece
orientado al recaudo económico en detrimento de una labor preventiva y
educativa.
4. Trámite de la solicitud en primera instancia
12. Mediante providencia de 9 de diciembre de 20252, el magistrado
sustanciador del Tribunal Administrativo del Cesar admitió la demanda y
ordenó la notificación a la Superintendencia de Transporte, al Ministerio de
Transporte, a la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de
Valledupar y al Concejo de Valledupar.
5. Contestación de la demanda
13. La Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de Valledupar,
notificada en debida forma, no contestó la demanda.
14. La Superintendencia de Transporte3 afirmó que ninguna de las
pretensiones formuladas exige el cumplimiento de una norma por su parte.
Sostuvo que la parte accionante no acreditó incumplimientos de la Secretaría
de Tránsito y Transporte de Valledupar, por lo que no procede iniciar acciones
sancionatorias.
15. Además, precisó que las actuaciones cuestionadas en el escrito inicial son
responsabilidad de la Secretaría de Tránsito de Valledupar, que actúa bajo los
principios de autonomía y descentralización. Insistió en que la
Superintendencia no ejerce control sobre las decisiones de esa autoridad y
que no es competente para lo solicitado.
16. Precisó que, en razón el objeto del litigo ya ha sido zanjado, puesto que
desde el año 2024 se han radicado cerca de 70 acciones que comparten
fundamentos fácticos y jurídicos, así como pretensiones.
17. El Ministerio de Transporte4 argumentó que no ha incurrido en ninguna
acción u omisión que lo haga responsable del supuesto incumplimiento
alegado en el escrito inicial. Sostuvo que las multas relatadas por la parte
actora fueron impuestas por la Secretaría de Tránsito de Valledupar y la Policía
2 Índice 00014 de Samai. Expediente del tribunal. Se advierte que el tribunal, mediante auto
de 20 de noviembre de 2025, avocó el conocimiento del proceso de la referencia, el cual fue
remitido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar por falta de
competencia.
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Índice 00011 de Samai. Expediente del tribunal.
4 Índice 00012 de Samai. Expediente del tribunal.
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Demandados: Superintendencia de Transporte y otros
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Nacional de Carreteras, entidades autónomas en el ejercicio de sus funciones;
además, alegó que no fue constituida en renuencia.
18. Asimismo, argumentó que no se configura su legitimación en la causa por
pasiva, dado que no participó en los hechos que dieron origen a la demanda
ni es titular de la relación jurídica sustancial en cuestión. Enfatizó que su
competencia se limita a la formulación de políticas y regulación en materia de
tránsito y transporte, sin facultades de inspección, vigilancia y control sobre los
organismos de tránsito locales.
19. Por tanto, advirtió que no tiene competencia para materializar lo solicitado
en la acción de cumplimiento ni para cumplir una eventual orden judicial en
ese sentido, dado que no ejerce autoridad sobre la Secretaría de Tránsito
mencionada ni tiene funciones jurisdiccionales que le permitan anular
comparendos.
20. Razonó que no se ha cumplido con el requisito de renuencia respecto de
la entidad puesto que, según la Ley 393 de 1997, solo puede exigirse el
cumplimiento a quien tiene el deber de actuar y no lo hace, lo que no es el
caso del ministerio dado que carece de competencia para resolver el asunto
en discusión.
21. El Concejo de Valledupar5 indicó que las normas invocadas como
incumplidas no contienen un mandato claro, expreso y exigible que le sea
atribuible, en la medida que la pretensión del demandante es que se ordene la
revocatoria de los comparendos que han sido impuestos a los habitantes de
Valledupar y se retiren los vehículos «caza infractores». Por lo anterior, solicitó
que se declare la improcedencia de la acción.
6. Sentencia de primera instancia6
22. El Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de sentencia de 15 de
enero de 2026, resolvió:
PRIMERO: RECHAZAR la demanda respecto del MINISTERIO DE
TRANSPORTE, conforme lo expuesto en la parte considerativa de esta
decisión.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de cumplimiento
instaurada por CARLOS ARTURO RUSSO ALFARO, en causa propia, contra
SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE, SECRETARÍA DE TRÁNSITO DE
VALLEDUPAR y CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
(…).
5 Índice 00019 de Samai. Expediente del tribunal.
6 Índice 00021 de Samai. Expediente del tribunal.
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23. Para el efecto, consideró que no era posible admitir la constitución en
renuencia frente al Ministerio de Transporte, comoquiera que no obraba
prueba en el expediente que la parte demandante hubiera remitido a esa
entidad el requerimiento previo.
24. Por último, indicó que la acción era improcedente respecto a la Secretaría
de Tránsito y Transporte del municipio de Valledupar, la Superintendencia de
Transporte y el Concejo de Valledupar toda vez que, lo que se persigue es la
anulación de los comparendos impuestos y no obtener la declaración de
cumplimiento de las disposiciones invocadas como incumplidas. Por tanto,
señaló que la demanda presentada lleva consigo la discusión de un asunto de
carácter subjetivo que no es propio de esta acción constitucional, atendiendo
a que su característica esencial es hacer efectivo un deber jurídico claro,
expreso e inobjetable.
7. La impugnación7
25. El accionante señaló que la demanda sí es procedente, toda vez que lo
pretendido no es la anulación de un comparendo individual sino el acatamiento
de normas superiores que regulan la legalidad de sistema de foto detección
en el municipio de Valledupar y, con ello, la anulación de las órdenes de
comparendo generados por vehículos de foto multa que presuntamente
operan sin cumplir los requisitos legales establecidos por la ley y la
jurisprudencia constitucional.
26. Asimismo, solicitó se ordene a la Secretaría de Tránsito de Valledupar dar
cumplimiento inmediato a las normas superiores que regulan la legalidad de
los sistemas de foto detección, garantizando el debido proceso y la
identificación plena del presunto infractor.
27. Por último, señaló que el Tribunal incurrió en error: i) al exigir la
acreditación de un perjuicio irremediable para superar la subsidiariedad; y ii)
al rechazar la demanda respecto al Ministerio de Transporte sin aplicar el
principio pro actione ni valorar que es el rector de la política de transporte y
tienes funciones de reglamentación, vigilancia y coordinación.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
28. La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la
sentencia dictada el 15 de enero de 2026 por el Tribunal Administrativo de
7 La sentencia de 15 de enero de 2026 fue notificada el 16 de enero de 2026 (envío de correo)
y el escrito de impugnación fue radicado mediante correo electrónico el 20 de enero de 2026,
término que se encuentra oportuno.
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Cesar, según lo dispuesto en los artículos 1508 y 1529 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y
en el artículo trece del Acuerdo 080 de 2019, expedido por la Sala Plena del
Consejo de Estado10.
3. Problema jurídico
29. Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión
adoptada por la citada Corporación judicial en la sentencia de 15 de enero de
2026, que rechazó la demanda respecto al Ministerio de Transporte y declaró
la improcedencia de la acción de cumplimiento respecto a la Superintendencia
de Transporte, la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio de
Valledupar y el Concejo de Valledupar.
30. Por tanto, la Sala deberá verificar si se cumplen con los presupuestos de
precedencia y procedibilidad de la acción de cumplimiento y, como
consecuencia, establecer si es viable exigir a las entidades demandadas el
cumplimiento de los artículos 1, 2, 129, 135 (inciso 1) y 158A de la Ley 769 de
2002 adicionado por el artículo 18 de la Ley 2251 de 2022, el artículo 10 de la
Ley 1437 de 2011 y el artículo 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020
(compilada en el artículo 7.8.1.2. de la Resolución 20223040045295 de 2022)
expedida por el Ministerio de Transporte, en el sentido solicitado por la parte
actora.
4. Generalidades de la acción de cumplimiento
31. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.
32. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos
mínimos. Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los
siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
8 Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de
radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los
tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.
9 Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de
cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro
de ese mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.
10 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los
tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.
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imperioso incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la
solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el
rechazo de la acción de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º].
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.
(iv) Que no se pretende la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan
gastos a la Administración [artículo 9.º].
33. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii
o iv], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.
34. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la
Sala precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar
si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a
los cuales se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s,
[artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad
o no de la/s pretensión/es formulada/s.
5. La constitución de la renuencia
35. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de
constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo
y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro
de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud […]».
36. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado
según el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de
petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el
requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»11.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de octubre 20
de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
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37. Esta Corporación también ha considerado que no puede tenerse por
demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en
que la solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»12.
38. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como
la negativa del accionado frente al requerimiento, bien porque no brinde
respuesta oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria
al querer del ciudadano13.
39. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo
pretendido por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o
administrativo, cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de
la parte demandada.
40. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de
1997, el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de
la parte accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser
rechazada de plano.
41. La parte accionante, para acreditar el requisito de procedibilidad, aportó
copia del correo electrónico enviado a las entidades el 29 de octubre de 2025,
en el cual solicitó el cumplimiento de lo dispuesto en los «artículos 1,2, 3, 13 y
14 de la ley 1843 de 2017 y artículo 109 del Decreto Ley 2106 de 2019,
ARTICULO 127,129,134,135,136,137, Y 158ª DE LA LEY 769/02 14, Y 158A
articulo 14 parágrafo 1, ARTICULO 18 de la ley 2251/ 22, artículo 6 de la
resolución NO 20203040011245 de 2020» y 10 de la Ley 1437 de 201114.
42. Sin embargo, de las pruebas aportadas no se advierte que se haya
constituido en renuencia al Ministerio de Transporte, debido a que no se dirigió
la solicitud al correo electrónico de la entidad; por tanto, conforme a lo
establecido por el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de 1997 se
confirmará la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda respecto
al Ministerio de Transporte por este aspecto al no probarse la ocurrencia de
un perjuicio irremediable.
43. De conformidad con lo anterior, la Sala entiende agotado el requisito de
constitución en renuencia frente a la Secretaría de Transito de Valledupar y la
Superintendencia de Transporte y el Concejo de Valledupar, según lo
dispuesto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997, respecto de los artículos
129, 135 (inciso 1) y 158A de la Ley 769 de 2002, el artículo 10 de la Ley 1437
12 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del expediente
ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
13 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación 25000-23-41-000-
2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación
15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre de
2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
14 Índice 0003 de Samai. Expediente del tribunal.
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de 2011 y artículo 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020 (compilada
en el artículo 7.8.1.2. de la Resolución 20223040045295 de 2022) expedida
por el Ministerio de Transporte, en el sentido solicitado por la parte actora.
44. En el expediente no hay obra prueba que acredite que las autoridades
accionadas hubieran dado contestación al requerimiento.
45. En ese orden, no hay duda de que previo a acudir al ejercicio de la presente
acción de cumplimiento, la parte demandante agotó en debida forma el
requisito de renuencia respecto de los apartados normativos ya identificados.
46. Sin embargo, esta Sala precisa que, en torno de los artículos 1 y 2 de la
Ley 769 de 2002, el accionante no constituyó en renuencia a la parte pasiva,
por cuanto no mencionó estas disposiciones en el escrito radicado el 29 de
octubre de 2025.
47. En virtud de lo expuesto, se revocará la sentencia de primera instancia que
declaró improcedente la acción frente a las citadas disposiciones, por cuanto,
lo procedente en ese caso, es rechazar la acción constitucional por no
acreditarse el requisito de procedibilidad de que trata la Ley 393 de 1997.
6. De la procedencia de la acción de cumplimiento
48. Según quedó expuesto en los antecedentes, las pretensiones de Carlos
Arturo Russo Alfaro se dividen en tres:
(i) que se ordene a la Secretaría de Tránsito del municipio de
Valledupar la anulación de todas las multas aplicadas mediante los
denominados «vehículos caza infractores»;
(ii) que se disponga el retiro de los tres vehículos utilizados para la
imposición de comparendos, al considerar que su uso contraviene
la normativa vigente en punto de la implementación de los SAST y
(iii) que se ordene a la autoridad de tránsito del municipio que la
imposición de los comparendos se realice de manera presencial,
individualizando al infractor y otorgándole un tiempo prudencial para
el retiro del vehículo en caso de estacionamiento en sitios
prohibidos.
49. En cuanto a la primera de las pretensiones, se advierte que la controversia
escapa del ámbito de acción del juez de cumplimiento, toda vez que encierra
un debate jurídico sobre la validez de los comparendos que han sido
interpuestos por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar. Al
respecto, se recuerda que esta acción no es de carácter declarativo sino de
ejecución de deberes imperativos e inobjetables, es decir, que no admitan
ningún tipo de discusión.
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50. Aun cuando en este escenario se solicita el cumplimiento de las normas
descritas, lo cierto es que el fondo de la controversia plantea una discusión de
carácter subjetivo que debe ser conocida por el juez de lo contencioso
administrativo a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
prevista en el artículo 138 del CPACA contra los actos administrativos
sancionatorios.
51. Lo anterior, por cuanto en dicho medio de control, quienes han visto
afectados sus intereses con la interposición de las multas tienen la posibilidad
de cuestionar los actos administrativos que imponen la sanción, lo que
coincide con lo aquí pretendido por Carlos Arturo Russo Alfaro.
52. Idénticas consideraciones sustentan la declaración de improcedencia
frente a la tercera pretensión, la cual, en síntesis, busca plantear la anulación
de los comparendos impuestos, aduciendo posibles irregularidades en su
trámite. Nuevamente, se tiene que dicha finalidad escapa a la órbita del juez
de cumplimiento, pues se reprocharía la legalidad de la actuación de la
administración, lo cual impone acudir al medio de control correspondiente.
53. Ahora bien, en cuanto al obedecimiento del artículo 10 de la Ley 1437 de
2011, en la demanda se plantea que su finalidad es que el extremo pasivo de
aplicabilidad al precedente judicial. Al respecto, si bien se invocó una
disposición legal, lo cierto es que se busca el obedecimiento de decisiones
judiciales, asunto que escapa al objeto de este medio de control y por ende en
relación con dicho precepto la acción se torna improcedente.
54. En suma, la improcedencia de esta acción en lo que atañe a esta
pretensión se justifica en que no se satisface el requisito de la subsidiariedad,
dado que este medio es residual y no principal, lo que presupone que no se
cuente o haya contado con un medio ordinario de defensa judicial.
55. Finalmente, se debe indicar que, con base en los hechos y medios de
prueba que fueron aportados al trámite, no se hace evidente la existencia de
un perjuicio irremediable que permita flexibilizar el citado presupuesto.
56. En efecto, contrario a lo afirmado por la parte demandante en la
impugnación, la existencia de un perjuicio irremediable es una excepción del
requisito de constitución de renuencia, como requisito de procedibilidad en las
acciones de cumplimiento, la cual busca «[…] la efectividad del mecanismo de
protección – la acción de cumplimiento – en situaciones urgentes,
debidamente probadas, que hacen necesaria la rápida intervención del juez
contencioso administrativo y cuya demora o prolongación tendría efectos
nefastos para los afectados por la inactividad de la administración […]»15, lo
cual, se reitera, no ocurrió en el presente asunto.
15
Corte Constitucional, sentencia C-1194 de 2001.
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Rad: 20001-23-33-000-2025-0687-01
57. Ahora bien, frente a la segunda pretensión que tienen que ver con el retiro
de los vehículos «caza infractores», la Sala no advierte que la parte actora
cuente con otro medio de defensa judicial para procurar por el acatamiento de
los preceptos que pide atender.
58. Tampoco se evidencia que lo pretendido por la accionante involucre la
protección de derechos fundamentales que puedan ser invocados vía acción
de tutela, o que implique un gasto. Frente a esto último, no se observa que el
retiro de circulación de los vehículos institucionales le genere a las entidades
accionadas una erogación de partidas presupuestales.
59. Además, las disposiciones solicitadas en cumplimiento son actualmente
exigibles porque no están derogadas ni suspendidas y ostentan el rango de
ley o acto administrativo.
60. Sin embargo, la Sala observa que, en relación con las mismas normas y
entidades demandadas en esta oportunidad, ya existen diversos
pronunciamientos, tal y como pasa a explicarse.
7. De la cosa juzgada
61. Esta Sección ha manifestado que el objeto de la cosa juzgada es que los
hechos y conductas que se han resuelto judicialmente no puedan ser
debatidos nuevamente en un proceso posterior. Lo anterior, por cuanto lo
decidido por el juez adquiere las características de vinculante, obligatorio y,
por tanto, de inmutable16.
62. En palabras de la Corte Constitucional:
«[…] La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se
otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras
providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados
efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr
la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad
jurídica […]»17.
63. De acuerdo con lo anterior, según lo prevé el artículo 303 del Código
General del Proceso, los elementos constitutivos de la cosa juzgada son: (i)
identidad de objeto; (ii) identidad de causa y, (iii) identidad jurídica de partes.
64. Ahora bien, la Sala ha establecido que, para estar en presencia del
fenómeno de la cosa juzgada en las acciones de cumplimiento, en principio,
no es necesaria la identidad de partes; en específico, del extremo accionante,
dado el carácter público de la acción, lo cual implica que puede instaurarse por
cualquier persona. Tratándose de la identidad de objeto, se verifica la identidad
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 30 de enero
de 2025. Radicado: 54001 23 33 000 2024 00229 01.
17 Corte Constitucional, sentencia C-100 de 2019.
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del bien jurídico que se encuentra en disputa. Finalmente, en relación con la
identidad de causa se determina la razón por la cual se acude a esta
instancia18.
65. Descendiendo al caso en concreto, se observa que, el 10 de abril de 2025,
esta Sala de decisión profirió un fallo de segunda instancia en el expediente
con radicado 20001-23-33-000-2024-00029-01, cuyo escrito inicial guarda
identidad con el de la presente acción constitucional, como pasa a exponerse
en el siguiente esquema.
66. Lo anterior, por cuanto en dicha acción de cumplimiento se solicitó el
acatamiento del artículo 18 de la Ley 2251 de 2022 (el cual adicionó el artículo
158A de la Ley 769 de 2002), artículos 3, y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos
127, 129 y 135 al 137 de la Ley 769 de 2002, y los literales a, d, g, i, m del
artículo 3 y los artículos 5 al 8 de la Resolución 20203040011245 de 2020
expedida por el Ministerio de Transporte.
67. En esta oportunidad, la demanda se dirigió contra el Ministerio de
Transporte, la Superintendencia de Transporte, la Agencia Nacional de
Seguridad Vial y el municipio de Valledupar, Secretaría de Tránsito y
Transporte, y tenía por objeto el retiro de circulación de los vehículos
institucionales de la autoridad de tránsito de Valledupar, así como que se
ordenara a esta el seguimiento de los procedimientos legales para la
interposición de sanciones.
68. La Sala concluyó que el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de
Seguridad Vial y la Superintendencia de Transporte carecían de legitimación
en la causa por pasiva puesto que no eran las entidades llamadas a cumplir
con las normas consignadas en el libelo introductorio, dando lugar a la
negación de las pretensiones.
69. Asimismo, estimó que no existía un mandato exigible a la Secretaría de
Tránsito de Valledupar debido a que esta autoridad no ha implementado SAST
en el ejercicio de sus funciones sancionatorias, lo que, igualmente condujo a
la negativa de las petitorias.
70. En vista de esta decisión judicial, es posible establecer la configuración de
la cosa juzgada sobre la pretensión de cumplimiento dirigida a la Secretaría
de Tránsito y Transporte de Valledupar y la Superintendencia accionada, de
los artículos 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002 y 6 de la Resolución No.
20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte.
71. Lo expuesto, dado que, en la sentencia de 10 de abril de 2025, esta Sala
estudió de fondo, si había lugar a exigir a dichas entidades el cumplimiento de
estas normas y, en consecuencia, ordenar a la Secretaría de Tránsito de
18 Ibidem
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Valledupar el retiro de las patrullas «caza infractores» y la observancia de los
procedimientos legales en la interposición de sanciones, como se evidencia a
continuación:
Proceso Objeto Causa Partes (sujeto
pasivo)
Sentencia Se alegó el Se formularon las
del 10 de incumplimiento de lo siguientes Ministerio de
abril de dispuesto en los pretensiones: (i) la Transporte,
2025 artículos pretende el anulación de los Superintendencia
acatamiento de lo comparendos que le de Transporte, la
Radicado dispuesto en los fueron impuestos Agencia Nacional
20001-23- artículos 4 y 5 del por los agentes de de Seguridad Vial
33-000- Decreto 2409 de tránsito del (en adelante
2025- 2018, artículo 18 de municipio de ANSV), el
00029-01 la Ley 2251 de 2022 Valledupar, (ii) el municipio de
(el cual adicionó el retiro de los Valledupar y su
artículo 158A de la vehículos de foto Secretaría de
Ley 769 de 2002) multa llamados Tránsito
artículos 3, 4 y 13 de comúnmente como
la Ley 1843 de 2017, «cazainfractores», y
artículos 127, 129 y (iii) que se ordene a
134 al 137 de la Ley la autoridad de
769 de 2002, y los tránsito del
literales a, d, g, i, m municipio que la
del artículo 3 y los imposición de los
artículos 5 al 8 de la comparendos se
Resolución realice de manera
20203040011245 de presencial,
2020 expedida por el individualizando al
Ministerio de infractor y
Transporte. otorgándole un
tiempo prudencial
para el retiro del
vehículo en caso de
estacionamiento en
sitios prohibidos.
Caso sub Se alegó el Se formularon las Superintendencia
examine incumplimiento de lo siguientes de Transporte,
dispuesto en los pretensiones: (i) la Secretaría de
Radicado artículos pretende el anulación de los Tránsito y
20-001- acatamiento de lo comparendos que le Transporte de
23-33- dispuesto en los fueron impuestos Valledupar y
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000-2025- artículos 1 numeral por los agentes de Concejo de
00687-01 5, 2, 129, 135 y 158A tránsito del Valledupar y
de la Ley 769 de municipio de Ministerio de
2002, adicionado por Valledupar, (ii) el Transporte.
el artículo 18 de la retiro de los
Ley 2251 de 2022; y vehículos de foto
el artículo 6 de la multa llamados
Resolución No. comúnmente como
20203040011245 de «cazainfractores», y
2020 y 10 de la Ley (iii) que se ordene a
1437 de 2011. la autoridad de
tránsito del
municipio que la
imposición de los
comparendos se
realice de manera
presencial,
individualizando al
infractor y
otorgándole un
tiempo prudencial
para el retiro del
vehículo en caso de
estacionamiento en
sitios prohibidos.
72. El esquema anterior nos permite concluir que existe una identidad de
objeto, causa y partes entre el asunto resuelto por esta Sala de decisión el 10
de abril de 2025, y el litigio estudiado en el presente caso.
73. Lo anterior permite corroborar la triple identidad a la que hace referencia
el fenómeno de la cosa juzgada. Esto es, ya existe una decisión de fondo y
ejecutoriada en la que se resolvió si la Secretaría de Tránsito y Transporte de
Valledupar y la Superintendencia está incumpliendo o no, lo dispuesto en los
artículos alegados como desatendidos en la presente acción.
74. En otras palabras, para la Sala es claro que hay una decisión inmutable,
vinculante y definitiva que resolvió el mismo objeto, en la medida que las
disposiciones cuyo acatamiento se solicitó fueron las mismas, al tiempo que,
la demanda se fundó en la misma causa, pues el sustento fáctico y jurídico es
similar. Por tanto, corresponde la declaratoria de la cosa juzgada.
75. Del anterior análisis, se concluye que esta Sección declarará la cosa
juzgada respecto de los artículos 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002 y 6
de la Resolución No. 20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de
Transporte.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley
F A L L A:
PRIMERO: Revocar parcialmente la sentencia de 15 de enero de 2026, del
Tribunal Administrativo del Cesar, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia y, en su lugar:
1. RECHAZAR la acción de cumplimiento respecto de los artículos 1 y 2
de la Ley 769 de 2002.
2. DECLARAR la cosa juzgada en relación con el cumplimiento de los
artículos 129, 135 y 158A de la Ley 769 de 2002 y 6 de la Resolución
No. 20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte.
3. DECLARAR la improcedencia de la acción frente a las demás
pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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