Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00747-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00747-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 20001-23-33-000-2025-00747-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
26 de febrero de 2026
Demandante: Dina Leonor Ramos Cure
Demandados: Superintendencia de Transporte y otros
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00747-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00747-01
Demandante: DINA LEONOR RAMOS CURE
Demandados: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE Y OTROS1
Tema: Revoca sentencia de primera instancia. Declara la existencia
de cosa juzgada.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora Dina Leonor Ramos Cure
contra la sentencia del 11 de diciembre de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo
del Cesar en el medio de control de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de cumplimiento
La señora Dina Leonor Ramos Cure, actuando en nombre propio, ejerció acción de
cumplimiento contra el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte,
el municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y Transporte y Concejo de
Valledupar. Lo anterior, con el fin de obtener el acatamiento de las siguientes normas:
Norma Artículos
Resolución 20203040011245 de 2020, 6
compilada en la Resolución 20223040045295
de 20222
Código Nacional de Tránsito -Ley 769 de 2002 1. (incisos 4 y5), 2 (numeral 7), 129 (parágrafos
1 y 2) y 135 (inciso 1), 158 A (adicionado por el
artículo 18 de la Ley 2251 de 2022)
Ley 1437 de 2011 10
En consecuencia, el accionante elevó las pretensiones que se sintetizan a
continuación pese a la falta de claridad que guarda el escrito:
1 Superintendencia de Transporte, Secretaría De Tránsito de Valledupar y Concejo Municipal de
Valledupar.
2 Artículos 7.8.1.2,numeral D),
1
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Demandante: Dina Leonor Ramos Cure
Demandados: Superintendencia de Transporte y otros
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00747-01
Que se ordene la anulación de todas las multas aplicadas mediante los mal
denominados vehículos «caza infractores», incluyendo las que a él se le habían
impuesto, durante el período en el cual no se contaba con la autorización del Ministerio
de Transporte para el uso de sistemas automáticos, semiautomáticos u otros medios
tecnológicos (en adelante, SAST) de detección de infracciones de tránsito.
Asimismo, requirió que se disponga el retiro de los tres vehículos utilizados para la
imposición de comparendos, al considerar que su uso contraviene la normativa
vigente.
También solicitó que se ordene a la Secretaría de Tránsito que la imposición de
comparendos se realice de manera presencial, garantizando la individualización del
presunto infractor, de modo que, en caso de estacionamiento en sitios prohibidos, se
le otorgue un tiempo prudencial para retirar el vehículo antes de proceder con la
sanción correspondiente.
1.2. Hechos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
La Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar opera varios vehículos
institucionales en los cuales se movilizan sus funcionarios, los cuales están revestidos
de competencia para imponer sanciones por contravenciones viales. Igualmente, en
el municipio se han instalado múltiples señales de tránsito que indican «prohibido
parquear detención electrónica».
El 26 de septiembre de 2025, la parte actora solicitó a las entidades accionadas3 el
cumplimiento de las siguientes disposiciones:
Norma Artículos
Ley 1843 de 2017 1, 2, 3, 13 y 14
Decreto Ley 2106 de 2019 109
Código Nacional de Transito-Ley 769 de 2002 127,129,134,135 (numeral
1),136,137, y 158A
Ley 2251 de 2022 18
Resolución 20203040011245 de 2020, compilada en la 6 (literales A y D)
Resolución 20223040045295 de 20224
Ley 1437 de 2011 10
Lo expuesto, en el sentido de (i) retirar los vehículos de foto multa dispuestos en
Valledupar; (ii) abstenerse de seguir imponiendo multas haciendo uso de los
anteriores; (iii) anular todos los comparendos interpuestos durante su operación; y (iv)
3 Por medio de escrito enviado a los correos electrónicos atencionusuariotransito@valledupar-
cesar.gov.co, notificajuridica@supertransporte.gov.co y Concejodevalledupar@gmail.com
4 Artículos 7.8.1.2,numeral D),
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agotar el debido procedimiento administrativo al momento de retirar vehículos mal
estacionados o abandonados en espacio público.
1.3. Fundamentos de la solicitud de cumplimiento
La accionante sostuvo que:
En el municipio Valledupar, la imposición de multas a través de vehículos
denominados «caza infractores» se realiza de forma irregular y sin contar con las
autorizaciones para tal fin, al no cumplirse los procedimientos establecidos para la
detección y sanción de infracciones de tránsito.
Estos vehículos operan en movimiento, sin la presencia directa y visible de un agente
de tránsito que intervenga en el acto, lo que impide la correcta individualización del
infractor y la aplicación de la notificación de forma oportuna y personal. En este
sentido, cuestionó que los comparendos son emitidos de manera electrónica o
mediante foto multas sin intervención presencial de la autoridad de tránsito.
La utilización de medios tecnológicos automatizados para la detección de infracciones
se ha hecho sin contar con la debida autorización y sin garantizar el cumplimiento de
los criterios técnicos de seguridad vial. Además, señaló que esta modalidad de control
ha derivado en la imposición de comparendos de forma indiscriminada, afectando no
solo a individuos aislados sino a una parte considerable de la comunidad.
En ciertos casos, se han impuesto multas a conductores y propietarios de vehículos
sin que exista evidencia clara y verificable de la comisión de la infracción, lo cual se
traduce en un proceder que parece orientado al recaudo económico en detrimento de
una labor preventiva y educativa. En concreto, señaló el comparendo que a él se le
interpuso a través de medio tecnológico sin que su levantamiento se surtiera de forma
personal.
1.4. Actuaciones procesales relevantes
1.4.1. Auto admisorio
El magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Cesar, mediante auto del 24 de
noviembre de 2025, admitió la acción de cumplimiento y dispuso notificar
personalmente el proveído a la Superintendencia de Transporte y al municipio de
Valledupar – Secretaría de Tránsito y Transporte; entidades a las que les requirió
rendir un informe sobre las circunstancias que motivaron la demanda.
Asimismo, se rechazó la demanda frente al Ministerio de Transporte por no haber
acreditado el requisito de procedibilidad de que trata el inciso segundo del artículo 8
de la Ley 393 de 1997.
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1.4.2. Contestaciones de la demanda e intervenciones
La Secretaría General del Tribunal Administrativo del Cesar, en cumplimiento a lo
ordenado en el auto admisorio, el 20 de noviembre de 2025 surtió las notificaciones
dirigidas a los sujetos procesales5.
La Superintendencia de Transporte, dentro del término legal pertinente, concurrió al
trámite solicitando la declaratoria de improcedencia de la acción. Para lo cual, preciso
que la imposición de comparendos es un procedimiento reglado, en el que la anulación
de estos es una decisión que compete únicamente a las autoridades judiciales.
1.4.3. Fallo de primera instancia
El Tribunal Administrativo de del Cesar, mediante sentencia del 11 de diciembre de
2025 resolvió declarar la improcedencia de la acción de cumplimiento contra la
Superintendencia de Transporte y la Secretaría de Tránsito de Valledupar.
Dicha decisión fue adoptada tras estimar que las pretensiones del actor no se dirigen
a la ejecución de un deber jurídico claro, expreso e inobjetable, sino a controvertir la
legalidad de los comparendos impuestos en el municipio de Valledupar, con el fin de
obtener su anulación. Señaló que dicha discusión involucra derechos de carácter
subjetivo y debe ventilarse a través de los mecanismos ordinarios previstos por el
ordenamiento jurídico.
Adicionalmente, las normas cuyo cumplimiento se invocó no contienen mandatos
imperativos e inobjetables que permitan, por esta vía, ordenar la revocatoria masiva
de comparendos, máxime cuando no se acreditó probatoriamente la utilización
irregular de dispositivos SAST ni el incumplimiento de una obligación consolidada por
parte de las entidades accionadas.
Finalmente, determinó que las disposiciones invocadas no le atribuyen a la
Superintendencia accionada competencia para imponer, revocar o anular
comparendos; funciones que corresponden a las autoridades de tránsito. Precisó que
dicha entidad ejerce labores de inspección, vigilancia y control, las cuales se
encontraban en curso, sin que se demostrara renuencia alguna, por lo que no era
destinataria de los mandatos cuyo cumplimiento se reclamaba.
5 Índice 9 del expediente digital de primera instancia.
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1.4.4. Impugnación6
La parte actora, el 18 de diciembre de 2025, presentó escrito de impugnación contra
la sentencia de primera instancia. En este, reiteró la totalidad de los argumentos
expuestos en la demanda inicial.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para resolver la impugnación contra la sentencia del 11 de
diciembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, según lo
establecido en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997, 125, 150 y 152 de la Ley 1437
de 20117, y el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado, que establece la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para
conocer de las «apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que
se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia del 11
de diciembre de 2025, dictada por Tribunal Administrativo del Cesar, para lo cual
deberá resolver los siguientes problemas jurídicos:
(i) ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia frente a las siguientes
disposiciones artículos 1. (inciso 4 y.5), 2 (numeral 7), del Código de Tránsito- Ley
769 de 2002?
De ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, deberá determinarse:
(ii) ¿Hay lugar a ordenar al extremo accionado el cumplimiento de la Resolución
20203040011245 de 2020, (artículo 6) compilada en la Resolución
20223040045295 de 20228, artículos 129 (parágrafo 1 y 2) y 135 (inciso 1), 158
A (adicionado por el artículo 18 de la Ley 2251 de 2022) del Código Nacional
de Tránsito -Ley 769 de 2002 y el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011?
Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
naturaleza de la acción constitucional; (ii) requisito de procedibilidad; y, (iii) análisis
del caso concreto.
6 Índice 17 del expediente digital de primera instancia.
7 Modificado por la Ley 2080 de 2021.
8 Artículos 7.8.1.2,numeral D),
5
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2.3. Naturaleza de la acción de cumplimiento
Esta acción está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un
mecanismo para que toda persona pueda "acudir ante la autoridad judicial para hacer
efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción,
la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual
sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de 1997 precisa que "Toda persona podrá acudir
ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas
aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos".
Colombia es un Estado Social de Derecho y dentro de sus fines esenciales está el de
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el acatamiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la eficacia material
de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en
cumplimiento de sus funciones públicas.
De este modo, este mecanismo constituye el instrumento adecuado para demandar
de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, y ante el
inminente incumplimiento la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de
los actos administrativos.
Como lo señaló la Corte Constitucional “el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a
toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir
ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la
ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume
este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción
de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de
un orden jurídico, social y económico justo” 9.
Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes requisitos mínimos:
a) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art.
1.º)10.
9 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y
Hernando Herrera Vergara.
10 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
6
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b) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento
del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del
exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente
incumplimiento (Art. 8.º).
c) El artículo 8º señala que excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
un perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda.
d) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo
el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente
para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción.
Por tanto, es improcedente la acción que persigue la protección de derechos
que puedan ser garantizados a través de la acción de tutela o se pretenda el
cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración (Art. 9.º).
Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la existencia
de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza de aquella
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir
y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último corresponde a un análisis
del fondo del asunto del cual depende la prosperidad de las pretensiones expuestas
en la demanda.
2.4. De la renuencia
El inciso segundo del artículo 8° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5° del artículo 10 ibídem, estableció como requisito de procedibilidad de esta
acción constitucional que con la demanda el accionante aporte la prueba de haber
pedido a la entidad accionada en forma directa y con anterioridad al ejercicio de la
acción, el acatamiento del deber legal o administrativo presuntamente desatendido
por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde
silencio frente a la solicitud. De esta manera quedará acreditada la renuencia de la
respectiva autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento.
Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar
que constituyó en renuencia a la Superintendencia de Transporte, el Municipio de
Valledupar – Secretaría de Tránsito y Transporte y el Concejo de Valledupar antes de
instaurar la demanda.
En el requisito de procedibilidad es importante tener en cuenta, como lo ha señalado
la Sala, que “el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud
expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de
7
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la acción de cumplimiento”11.
La señora Ramos Cure adjuntó copia del escrito radicado el 26 de septiembre de
2025, en el cual solicitó a las entidades accionadas el cumplimiento de:
Norma Artículos
Ley 1843 de 2017 1,2, 3, 13 y 14
Decreto Ley 2106 de 2019 109
Código Nacional de Transito-Ley 769 de 2002 127,129,134,135 (numeral 1),136,137, y 158A
Ley 2251 de 2022 18
Resolución 20203040011245 de 2020, compilada 6 (literales A y D)
en la Resolución 20223040045295 de 202212
Ley 1437 de 2011 10
Este requerimiento fue enviado a los canales de atención al ciudadano dispuestos por
la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar, la Superintendencia de Puertos
y Trasporte y el Concejo de Valledupar. Lo referido, se aprecia en la siguiente
constancia:
Conforme con lo anterior, la Sala entiende agotado el requisito de constitución en
renuencia, según lo dispuesto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997, respecto de la
Resolución 20203040011245 de 2020 (artículo 6), compilada en la Resolución
20223040045295 de 202213, artículos 129 (parágrafos 1 y 2) y 135 (inciso 1), 158 A
(adicionado por el artículo 18 de la Ley 2251 de 2022) del Código Nacional de Tránsito
-Ley 769 de 2002 y el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011.
En ese orden, se concluye que la parte actora agotó en debida forma el requisito de
renuencia respecto de los apartados normativos ya identificados frente a los cuales
se limitará el análisis subsiguiente.
11 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, C.P. Mauricio Torres
Cuervo
12 Artículos 7.8.1.2,numeral D),
13 Artículos 7.8.1.2,numeral D),
8
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Demandados: Superintendencia de Transporte y otros
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00747-01
No ocurre lo mismo frente al artículo 1. (incisos 4 y5), 2 (numeral 7) de la Ley 769 de
2002, Código Nacional de Tránsito, por cuanto no es clara la exigencia de
cumplimiento en el requerimiento enviado a las accionadas, por lo que frente a ellas
se rechazará la presente acción constitucional.
2.5. Caso concreto, de la procedencia de la acción de cumplimiento
En este caso, las pretensiones de la señora Ramos Cure se dividen en tres: (i) que
se ordene a la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar la anulación de
todas las multas aplicadas mediante los denominados «vehículos caza infractores»;
(ii) que se disponga el retiro de los tres vehículos utilizados para la imposición de
comparendos, al considerar que su uso contraviene la normativa vigente en punto de
la implementación de los SAST y (iii) que se ordene a la autoridad de tránsito del
municipio que la imposición de los comparendos se realice de manera presencial,
individualizando al infractor y otorgándole un tiempo prudencial para el retiro del
vehículo en caso de estacionamiento en sitios prohibidos.
A continuación, la sala analizará cada uno de los mencionados planteamientos y las
normas en que se sustentaron.
2.5.1 De la anulación de las multas de tránsito y la presencialidad en el trámite
de imposición de aquellas.
Se advierte que la controversia escapa del ámbito de acción del juez de cumplimiento,
toda vez que encierra un debate jurídico sobre la validez de los comparendos que han
sido interpuestos por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar. Al
respecto, se recuerda que esta acción no es de carácter declarativo sino de ejecución
de deberes imperativos e inobjetables, es decir, que no admitan ningún tipo de
discusión.
Lo anterior da cuenta de que, aun cuando en este escenario se solicita el cumplimiento
de las normas descritas, lo cierto es que el fondo de la controversia plantea una
discusión de carácter subjetivo que debe ser conocida por el juez de lo contencioso
administrativo a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista
en el artículo 138 del CPACA contra los actos administrativos sancionatorios.
Lo dicho, puesto que, en el aludido medio de control, quienes han visto afectados sus
intereses con la interposición de las multas tienen la posibilidad de cuestionar los
comparendos impartidos por las autoridades de tránsito, lo que coincide con lo aquí
pretendido por la parte actora.
Así las cosas, las presuntas irregularidades en que incurre la autoridad de tránsito de
Valledupar en el trámite de imposición de comparendos bajo una modalidad no
9
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presencial, deben ser analizadas en el estudio de legalidad que se haga del acto
administrativo sancionatorio. Por tanto, no corresponde al fallador constitucional
sustituir el control del juez ordinario frente al procedimiento sancionatorio adelantado
por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar.
En suma, la improcedencia de esta acción en lo que atañe a esta pretensión se
justifica en que no se satisface el requisito de la subsidiariedad, ya que este
mecanismo constitucional es residual y no principal, lo que presupone que no se
cuente o haya contado con un medio ordinario de defensa judicial.
Idénticas consideraciones sustentan la declaración de improcedencia frente a la
pretensión plasmada en el numeral tercero del escrito de demanda, la cual, en
síntesis, busca plantear la anulación de los comparendos impuestos, aduciendo
posibles irregularidades en su trámite. Nuevamente, se tiene que dicha finalidad
escapa a la órbita del juez de cumplimiento, pues se reprocharía la legalidad de la
actuación de la administración, lo cual impone acudir al medio de control
correspondiente.
Finalmente, se debe indicar que, con base en los hechos y medios de prueba que
fueron aportados al trámite, no se hace evidente la existencia de un perjuicio
irremediable que permita flexibilizar el citado presupuesto.
2.5.2. Retiro de los vehículos utilizados para la imposición de comparendos
Frente a las pretensiones restantes que tienen que ver con el retiro de los vehículos
«caza infractores», la Sala no advierte que la parte actora cuente con otro medio de
defensa judicial para procurar por el acatamiento de los preceptos que pide atender.
Tampoco se evidencia que lo pretendido involucre la protección de derechos
fundamentales que puedan ser invocados vía acción de tutela, o que implique un
gasto. Frente a esto último, no se observa que el retiro de circulación de los vehículos
institucionales le genere a las entidades accionadas una erogación de partidas
presupuestales.
Además, las disposiciones solicitadas en cumplimiento son actualmente exigibles
porque no están derogadas ni suspendidas y ostentan el rango de ley o acto
administrativo.
Así las cosas, la acción de cumplimiento se estima procedente en punto de estas
pretensiones, sobre las cuales se proseguirá el estudio del asunto, previo el análisis
de si sobre ellos opera el fenómeno de cosa juzgada.
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2.6. De la cosa juzgada
Esta Sección ha manifestado que el objeto de la cosa juzgada es que los hechos y
conductas que se han resuelto judicialmente no puedan ser debatidos nuevamente en
un proceso posterior. Lo anterior, por cuanto lo decidido por el juez adquiere las
características de vinculante, obligatorio y, por tanto, de inmutable14
En palabras de la Corte Constitucional:
La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las
decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter
de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por
disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de
controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica15.
De acuerdo con lo anterior, según lo prevé el artículo 303 del Código General del
Proceso, los elementos constitutivos de la cosa juzgada son: (i) identidad de objeto;
(ii) identidad de causa y, (iii) identidad jurídica de partes.
Ahora bien, la Sala ha establecido que, para estar en presencia del fenómeno de la
cosa juzgada en las acciones de cumplimiento, en principio, no es necesaria la
identidad de partes; en específico, del extremo accionante, dado el carácter público
de la acción, lo cual implica que puede instaurarse por cualquier persona. Tratándose
de la identidad de objeto, se verifica la identidad del bien jurídico que se encuentra en
disputa. Finalmente, en relación con la identidad de causa se determina la razón por
la cual se acude a esta instancia16.
Descendiendo al asunto que nos ocupa, la Sala observa que en el expediente 20001-
33-33-009-2024-00283-01, el Tribunal Administrativo del Cesar resolvió en segunda
instancia una demanda presentada en contra de la Alcaldía de Valledupar, para que
se le ordenara acatar lo dispuesto en el artículo 6 de la Resolución 20203040011245
de 2020 y el artículo 2.º, numeral 1, de la ley 1843 del 2017 y, en consecuencia, se
dispusiera el retiro de los vehículos «caza infractores» por las calles de Valledupar.
Al resolver la controversia, la autoridad judicial advirtió que la acción de cumplimiento
es el mecanismo jurídico adecuado para exigir el acatamiento de las regulaciones
normativas señaladas por el actor como incumplidas por el ente territorial, por cuanto
contienen un mandato legal que al ser de orden público resulta obligatorio.
Luego, al abordar el análisis de fondo, encontró que en la Resolución
20203040011245 de 2020 se indicaron los criterios técnicos para la instalación y
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 30 de
enero de 2025. Radicado: 54001 23 33 000 2024 00229 01. C.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.
15 Corte Constitucional, sentencia C-100 de 2019.
16 Ibidem.
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operación de los SAST. No obstante, no se comprobó que el vehículo «caza
infractores» constituyera uno de ellos, ni que la cámara para detectar las presuntas
infracciones de tránsito estuviere en funcionamiento. Bajo tales consideraciones, negó
las pretensiones de la demanda.
Adicionalmente, en aras de reforzar el argumento adverso a las pretensiones de la
demanda, frente a la norma en cuestión, basta precisar que dicho artículo se contrae
en establecer donde es posible su ubicación, indicando una serie de excepciones al
respecto. Lo anterior, en criterio de la Sala, no apareja un mandato imperativo e
inobjetable.
Lo anterior permite corroborar la triple identidad a la que hace referencia el fenómeno
de la cosa juzgada en torno a la petitoria de cumplimiento del artículo 6 de la
Resolución 20203040011245 de 2020 por parte de la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Valledupar, con las precisiones ya realizadas a propósito de la identidad
de partes. Esto es, ya existe una decisión de fondo y ejecutoriada en la que se resolvió
si la Alcaldía de Valledupar está incumplimiento o no, lo dispuesto en esta norma y si
por ello, se le debía ordenar que retire sus patrullas institucionales.
En otras palabras, para la Sala es claro que hay una decisión inmutable, vinculante y
definitiva que resolvió una de las pretensiones alegadas en el mecanismo
constitucional de la referencia. Así las cosas, en relación con la solicitud de
acatamiento dirigida al municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y Transporte
del artículo 6 de la Resolución 20203040011245 de 2020, corresponde la declaratoria
de la cosa juzgada.
Por otro lado, en lo que tiene que ver con las disposiciones normativas restantes y
demás entidades accionadas, esta Sección profirió sentencia el 10 de abril de 2025 17
en la cual resolvió una acción de cumplimiento al interior de la que se solicitó el
acatamiento de los artículos 18 de la Ley 2251 de 2022, 3, y 13 de la Ley 1843 de
2017, 127, 129 y 135 al 137 de la Ley 769 de 2002, y los literales a, d, g, i, m del
artículo 3 y 5 al 8 de la Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por el
Ministerio de Transporte.
En esta oportunidad, la demanda se dirigió contra el Ministerio de Transporte, la
Superintendencia de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el municipio
de Valledupar, Secretaría de Tránsito y Transporte, y tenía por objeto el retiro de
circulación de los vehículos institucionales de la autoridad de tránsito de Valledupar
así como que se ordenara a esta el seguimiento de los procedimientos legales para la
interposición de sanciones.
La Sala concluyó que el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad
Vial y la Superintendencia de Transporte carecían de legitimación en la causa por
17 En el marco de la acción de cumplimiento 20001-23-33-000-2025-00029-01.
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pasiva puesto que no eran las entidades llamadas a cumplir con las normas
consignadas en el libelo introductorio, dando lugar a la negación de las pretensiones.
Asimismo, estimó que no existía un mandato exigible a la Secretaría de Tránsito de
Valledupar debido a que esta autoridad no ha implementado SAST en el ejercicio de
sus funciones sancionatorias, lo que, igualmente condujo a la negativa de las
petitorias.
En vista de esta segunda decisión judicial, es posible establecer la configuración de
la cosa juzgada sobre la pretensión de cumplimiento dirigida a la Secretaría de
Tránsito y Transporte de Valledupar y la Superintendencia accionada, del artículo 18
de la Ley 2251 de 2022, artículos 3, y 13 de la Ley 1843 de 2017, artículos 127, 129
y 135 de la Ley 769 de 2002, y los literales a, d, g, i, m del artículo 3 y los artículos 5
al 8 de la Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de
Transporte.
Lo expuesto, ya que, en la sentencia del 10 de abril de 2025, esta Sala estudió de
fondo, si había lugar a exigir a dichas entidades el cumplimiento de estas normas y,
en consecuencia, ordenar a la Secretaría de Tránsito de Valledupar el retiro de las
patrullas «caza infractores» y la observancia de los procedimientos legales en la
interposición de sanciones.
En suma, la identificación de la cosa juzgada se sintetiza en la siguiente tabla:
Expediente 20001-23-33-000- 20001-23-33-000- 20001-33-33-009-
2025-00596-01 2025-00029-01 2024-00283-01
Objeto Se solicitó el Se solicitó el Se solicitó el
cumplimiento del cumplimiento del cumplimiento del
artículo 18 de la Ley artículo 18 de la Ley artículo 6 de la
2251 de 202218, 2251 de 2022, Resolución
artículos 3, 4 y 13 de la artículos 3, y 13 de la 20203040011245 de
Ley 1843 de 2017, Ley 1843 de 2017, 2020 y el del artículo
artículos 127, 129 y 135 artículos 127, 129 y 2.º, numeral 1, de la ley
de la Ley 769 de 2002, 135 al 137 de la Ley 1843 del 2017.
y los literales a, d, g, i, 769 de 2002, y los
m del artículo 3 y los literales a, d, g, i, m del
artículos 5 al 8 de la artículo 3 y los
Resolución artículos 5 al 8 de la
20203040011245 de Resolución
2020 expedida por el 20203040011245 de
Ministerio de 2020 expedida por el
Transporte. Ministerio de
Transporte.
Causa La demanda se motivó La demanda se motivó La demanda se motivó
en la Implementación en la Implementación en la Implementación
de vehículos de vehículos de vehículos
18 Que modificó 158 A de la Ley 769 de 2002.
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institucionales por parte institucionales por institucionales por parte
de la autoridad de parte de la autoridad de la autoridad de
Tránsito de Valledupar de Tránsito de Tránsito de Valledupar
que, presuntamente, Valledupar que, que, presuntamente,
hacían uso de SAST presuntamente, hacían uso de SAST
para la interposición de hacían uso de SAST para la interposición de
multas sin la debida para la interposición multas sin la debida
autorización. de multas sin la debida autorización.
autorización.
Entidades Superintendencia de Ministerio de Municipio de
accionadas Transporte y municipio Transporte, Valledupar.
de Valledupar – Superintendencia de
Secretaría de Tránsito y Transporte, Agencia
Transporte. Nacional de Seguridad
Vial y municipio de
Valledupar –
Secretaría de Tránsito
y Transporte.
2.7. Del cumplimiento del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011
Del análisis previamente desplegado, se concluye que la única disposición normativa
que superó el requisito de constitución en renuencia y frente a la cual no se configura
el fenómeno de la cosa juzgada, es el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, el cual
estipula:
ARTÍCULO 10. Deber de aplicación uniforme de las normas y la
jurisprudencia. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán
las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a
situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito,
al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias
de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y
apliquen dichas normas
Al respecto, se tiene que la finalidad de la acción de cumplimiento es que toda
persona pueda acudir ante la autoridad judicial competente para hacer efectivo el
acatamiento de una ley o de un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo
87 constitucional.
Así las cosas, el referido artículo 10 de la Ley 1437, del cual pretende el actor la
aplicación vía cumplimiento de las decisiones proferidas al interior de procesos, no
satisface el requisito de procedencia de que trata el artículo 1.° de la Ley 393 de 1997,
pues el mecanismo constitucional solo fue consagrado para lograr el obedecimiento
de la ley o de actos administrativos, más no de decisiones judiciales.
2.8. Conclusión
En atención a las anteriores consideraciones, esta Sala concluye la existencia de cosa
juzgada en lo que atañe a las pretensiones del retiro de las patrullas «caza infractores»
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y la observancia de los procedimientos legales en la interposición de sanciones. Lo
anterior, con fundamento en el cumplimiento de la Resolución 20203040011245 de
2020 (artículo 6), compilada en la Resolución 20223040045295 de 2022 19, artículos
129 (parágrafo 1 y 2) y 135 (inciso 1), 158 A (adicionado por el artículo 18 de la Ley
2251 de 2022) del Código Nacional de Tránsito -Ley 769 de 2002.
Por otro lado, el medio de control se torna improcedente frente a la pretensión del
levantamiento de multas impuestas por las autoridades de tránsito del municipio de
Valledupar, ya que no se supera el requisito de subsidiariedad.
Finalmente, la pretensión de cumplimiento del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 no
está llamada a prosperar en la medida en que la acción resulta improcedente, por
pretenderse el acatamiento de providencias judiciales, lo cual contraviene el artículo
1.° de la Ley 393 de 1997.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia del 11 de diciembre de 2025
del Tribunal Administrativo Cesar y, en su lugar:
1. RECHAZAR la acción de cumplimiento respecto del artículo 1. (inciso 4 y.5), 2
(numeral 7), de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito, por cuanto
no se acreditó la exigencia de cumplimiento en el requerimiento enviado a las
accionadas.
2. DECLARAR la improcedencia de la acción de cumplimiento de la referencia
respecto de la pretensión de anular las multas interpuestas por la Secretaría de
Tránsito y Transporte de Valledupar haciendo uso de las patrullas
institucionales.
3. DECLARAR la cosa juzgada en relación con el cumplimiento de la Resolución
20203040011245 de 2020 (artículo 6), compilada en la Resolución
20223040045295 de 2022, artículos 129 (parágrafo 1 y 2) y 135 (inciso 1), 158
A (adicionado por el artículo 18 de la Ley 2251 de 2022) del Código Nacional
de Tránsito -Ley 769 de 2002., por parte del municipio de Valledupar -
Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar y la Superintendencia de
Transporte.
19 Artículos 7.8.1.2,numeral D),
15
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Demandados: Superintendencia de Transporte y otros
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00747-01
4. DECLARAR la improcedencia de la acción de cumplimiento de la referencia
respecto el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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