RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 20001-23-33-000-2026-00059-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2026-00059-01

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2026-00059-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 4 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. 15 Radicación: 20001-23-33-000-2026-00059-01 Accionante: Enrique Arango Gómez

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 20001-23-33-000-2026-00059-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 20001-23-33-000-2026-00059-01
Accionante: ENRIQUE ARANGO GÓMEZ
Accionado: JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
VALLEDUPAR
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo
impugnado. El amparo es improcedente porque no cumple con el requisito
general de procedencia de relevancia constitucional y subsidiariedad.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
4 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Enrique Arango Gómez solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, buen
nombre, a la honra y presunción de inocencia, cuya vulneración le atribuyó a las
providencias de 11 de diciembre de 2025 y 18 de febrero de 2026, proferidas por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar dentro del incidente de
regulación de honorarios adelantado dentro del medio de control de reparación
directa con radicado número 20001-33-33-001-2017-00367-00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que la señora Adriana Lucía Serrato Valle y otros promovieron, mediante el
apoderado judicial Octavio Fidel Vides Pallares, el medio de control de reparación
directa núm. 20001-33-33-001-2017-00367-00, contra la Fiscalía General de la
Nación y a la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el
fin de que fueran declarados administrativa y solidariamente responsables por los

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 20001-23-33-000-2026-00059-01
Accionante: Enrique Arango Gómez

daños causados con ocasión al error jurisdiccional y la privación de la libertad del
señor Luís Fernando Machado Quiroz.

2.2. Señalóque el conocimiento de la demanda le fue asignado al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar, autoridad judicial que, mediante
sentencia de 20 de febrero de 2019, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

2.3. Adujo que la parte demandada presentó recurso de apelación contra la anterior
decisión y el Tribunal Administrativo del Cesar a través de providencia de 19 de mayo
de 2022 revocó la decisión de primera instancia para en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda.

2.4. Comentó que el señor Luis Fernando Machado Quiroz (demandante dentro del
medio de control citado supra) presentó la acción de tutela núm. 20001-03-15-000-
2022-06040-00-01 contra el Tribunal Administrativo del Cesar, con el fin de que se
dejara sin efectos la providencia de 19 de mayo de 2022.

2.5. Indicó que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
providencia de 3 de febrero de 2023, amparó los derechos fundamentales solicitados
y ordenó al Tribunal Administrativo del Cesar proferir una sentencia de reemplazo
dentro del proceso núm. 20001-33-33-001-2017-00367-00, decisión fue confirmada
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

2.6. Adujo que los demandantes del medio de control de reparación directa le
confirieron poder, por lo que se produjo una sustitución del mandato anterior “[…] la
sustitución se realizó bajo el entendimiento de que el mandato previo había finalizado
por la terminación del objeto contratado, por lo que, se expidió el respectivo paz y
salvo […]”.

2.7. Manifestó que el abogado Octavio Fidel Vides Pallares promovió el incidente de
regulación de honorarios dentro del proceso de reparación directa y argumentó que
la sustitución del poder se realizó sin que se hubiera expedido el respectivo paz y
salvo.

2.8. Refirió que, mediante auto de 11 de diciembre de 2025, el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Valledupar, fijó fecha para llevar a cabo la audiencia
del artículo 129 del C.G.P. dentro del incidente de regulación de honorarios.

2.9. Indicó que interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión, sin embargo,
mediante providencia de 18 de febrero de 2026, el juzgado accionado decidió no
reponer la decisión y ordenó continuar el trámite incidental.

2.10. Expuso que a su vez el citado abogado inició el proceso disciplinario núm. 2024-
00589-00 en su contra, el cual tiene por objeto “[…] establecer si existió o no
infracción disciplinaria, siendo esa autoridad la competente para definir, con

3

Radicación: 20001-23-33-000-2026-00059-01
Accionante: Enrique Arango Gómez

carácter definitivo, la existencia o inexistencia de irregularidad en la sustitución del
mandato […]”, proceso que actualmente se encuentra en trámite.

2.11. Señaló que “[…] al mantener la audiencia y permitir el avance del incidente bajo
el supuesto fáctico de una actuación presuntamente irregular, el despacho judicial
consolida procesalmente una imputación que aún no ha sido definida por la
jurisdicción disciplinaria. […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Que se amparen los derechos fundamentales al buen nombre y a la
honra (artículos 15 y 21 de la Constitución Política) y a la presunción de
inocencia (artículo 29 ibídem) del accionante, vulnerados por la decisión del
Juzgado Segundo Administrativo Oral de Valledupar al mantener la realización
de la audiencia del incidente de regulación de honorarios bajo el presupuesto
implícito de que el suscrito habría actuado sin paz y salvo o causal de
terminación de mandato, del anterior apoderado, circunstancia que
actualmente se encuentra sub judice en proceso disciplinario, de manera que
al adelantarse el trámite incidental como si dicha irregularidad estuviera
acreditada, se proyecta anticipadamente una imputación que compromete su
reputación profesional y desconoce la garantía constitucional de presunción de
inocencia mientras no exista decisión definitiva de la autoridad disciplinaria
competente; y en consecuencia, se adopten las órdenes necesarias para evitar
que en el trámite incidental se consoliden valoraciones o determinaciones que
impliquen un juicio anticipado sobre su conducta ética y profesional.

2. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y
acceso a la administración de justicia del accionante, vulnerados por el Juzgado
Segundo Administrativo Oral de Valledupar mediante auto del 18 de febrero de
2026 que negó el recurso de reposición interpuesto contra el auto que fijó
audiencia dentro del incidente de regulación de honorarios.

3. Que, como consecuencia del amparo, se deje sin efectos el auto del 18 de
febrero de 2026 y, por conexidad, el auto del 11 de diciembre de 2025 que fijó
fecha de audiencia, hasta tanto se resuelva de fondo el proceso disciplinario
adelantado en contra del suscrito.

4. Que se ordene la suspensión del trámite incidental de regulación de
honorarios hasta tanto exista decisión definitiva en el proceso disciplinario que
cursa ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar sobre la
existencia o no de paz y salvo y la regularidad de la sustitución del mandato.
[…]”. [Negrilla del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 23 de febrero de 2026, el magistrado a cargo de la sustanciación
del proceso del Tribunal Administrativo del Cesar admitió la acción de tutela y negó
la medida cautelar.

4

Radicación: 20001-23-33-000-2026-00059-01
Accionante: Enrique Arango Gómez

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuada la notificación a la autoridad accionada, se allegó el siguiente
informe:

5.1. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar solicitó negar
las pretensiones de la acción de tutela por cuanto de las actuaciones surtidas dentro
del incidente de regulación de honorarios han sido impulsadas con absoluta
diligencia, oportunidad y sujeción a la ley, sin que se evidencie conducta alguna
que vulnere los derechos fundamentales invocados.

5.2. Señaló que, por el contrario, lo que se advierte es que el accionante pretende
convertir el mecanismo constitucional como una instancia adicional, con el fin de
reabrir discusiones propias de la instancia procesal ordinaria.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 4 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo del
Cesar declaró improcedente la acción de amparo por incumplimiento del requisito
general de relevancia, al concluir que “[…] la solicitud de amparo fue utilizada como
una instancia adicional ya que tiene como propósito reabrir el debate concluido en
el trámite incidental respecto a la decisión que programó una diligencia, sin que se
advierta una actuación arbitraria o ilegítima por parte del JUZGADO SEGUNDO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR al momento de resolver en
forma negativa el recurso de reposición presentado en contra de esa decisión, por
el contrario, se advierte que para tal decisión realizó una correcta aplicación de la
normatividad que rige la materia. […]”.

7. A su vez, señaló frente a la presunta vulneración del derecho al buen nombre y
la presunción de inocencia que, “[…] la decisión de programar la audiencia del 25
de febrero de 2026 no lleva implícita una decisión de fondo de la cuestión incidental
planteada, por el contrario, en la diligencia únicamente se abrirá el periodo
probatorio del mencionado incidente; por otra parte, porque darle el trámite normal
a la cuestión incidental no afecta en nada el proceso disciplinario que asegura se
tramita en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial Cesar […]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. El accionante impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual argumentó que
“[…] el debate no gira simplemente alrededor de la programación de una audiencia
procesal, sino alrededor de un presupuesto fáctico que subyace al incidente de
regulación de honorarios, consistente en la afirmación según la cual el suscrito
habría actuado como apoderado sin contar con el correspondiente paz y salvo del
anterior abogado […]”.

9. Refirió que la anterior afirmación “[…] no constituye un simple aspecto patrimonial
del litigio, sino que implica una imputación directa sobre la conducta ética y

5

Radicación: 20001-23-33-000-2026-00059-01
Accionante: Enrique Arango Gómez

profesional del abogado […]”, circunstancia que compromete sus derechos
fundamentales al buen nombre, la honra y la presunción de inocencia.

10. Adujo que “[…] permitir que el trámite incidental avance bajo la premisa implícita
de una actuación profesional irregular, sin que exista una decisión disciplinaria que
así lo establezca, genera una afectación constitucional evidente […]”.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

11. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.

VIII.2. Problemas jurídicos

12. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Y, si ello es
así, se deberá:

b) Determinar si las providencias aquí enjuiciadas vulneraron los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.

13. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

6

Radicación: 20001-23-33-000-2026-00059-01
Accionante: Enrique Arango Gómez

14. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

15. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

16. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

17. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.

18. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.

7

Radicación: 20001-23-33-000-2026-00059-01
Accionante: Enrique Arango Gómez

esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.

19. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

20. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

21. Elseñor Enrique Arango Gómez solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, buen
nombre, a la honra y presunción de inocencia, cuya vulneración le atribuyó a las
providencias de 11 de diciembre de 2025 y 18 de febrero de 2026, proferidas por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar dentro del incidente de
regulación de honorarios adelantado dentro del medio de control de reparación
directa con radicado número 20001-33-33-001-2017-00367-00.

22. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de i) relevancia constitucional frente a la presunta vulneración del
derecho al debido proceso y acceso a la administración de justicia y, ii) de
subsidiariedad frente a la presunta vulneración de los derechos al buen nombre, la
honra y la presunción de inocencia.

VIII.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

23. El
requisito de relevancia constitucional se cumple cuando se acredita que el
asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental12 y
no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido
económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones13.

24. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales14, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos

11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
12 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr.
Jaime Córdoba Triviño.
13 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
14 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.

8

Radicación: 20001-23-33-000-2026-00059-01
Accionante: Enrique Arango Gómez

fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces15.

25. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación16, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

26. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202217 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.

[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

[…]

15 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
16
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
17
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

9

Radicación: 20001-23-33-000-2026-00059-01
Accionante: Enrique Arango Gómez

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.

[…]
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

27. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202318.

28. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales19.

29. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte accionante invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o varios

18
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

10

Radicación: 20001-23-33-000-2026-00059-01
Accionante: Enrique Arango Gómez

derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; sino que dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.

30. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que la autoridad accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso “[…] al mantener la audiencia y permitir el avance
del incidente bajo el supuesto fáctico de una actuación presuntamente irregular, el
despacho judicial consolida procesalmente una imputación que aún no ha sido
definida por la jurisdicción disciplinaria. […]”.

31. Precisados los argumentos que sustentan la acción de amparo, la Sala estima
que no se cumple con el requisito general de relevancia constitucional porque el
escrito de tutela carece de la carga mínima argumentativa, en tanto que no se
indicaron ni desarrollaron los defectos en los que presuntamente incurrió la
autoridad judicial.

32. Sobre la base de lo anterior, la Sala concluye que las circunstancias de hecho y
de derecho que el accionante indica para sustentar la violación a sus derechos
fundamentales resultan ser insuficientes para tener por acreditada la carga
argumentativa mínima en el caso objeto de estudio.

33. Eneste punto, resulta necesario resaltar que la simple enunciación de una
inconformidad respecto de la decisión adoptada no conduce a que el juez de tutela
pueda abordar el fondo del asunto, ya que esta autoridad no actúa como instancia
adicional o de revisión del proceso.

34. La falencia argumentativa advertida no puede ser subsanada por el juez de
tutela, dado que la presente acción constitucional se dirige contra una providencia
judicial que ha hecho tránsito a cosa juzgada; por lo cual es exigible el cumplimiento
de una carga mínima argumentativa que habilite un examen de fondo del caso. En
armonía con lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022
señaló lo siguiente:

“[…] [D]ado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, “el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”20. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, además de
verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de
procedencia […]”. [Negrilla fuera del texto]

VIII.4.2. Del incumplimiento del requisito de procedencia de subsidiariedad

35. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y

20
Sentencia SU-074 de 2022.

11

Radicación: 20001-23-33-000-2026-00059-01
Accionante: Enrique Arango Gómez

residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.

36. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:

“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.

[…]”.

37. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal [acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza21], lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.

38. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:

“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”

“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.

Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”22.

21
Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 16 de abril de 2015.
22
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván
Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.

12

Radicación: 20001-23-33-000-2026-00059-01
Accionante: Enrique Arango Gómez

39. En ese sentido, “[…] la jurisprudencia constitucional ha identificado tres causales
que conllevan a la improcedencia de la acción de tutela contra una providencia
judicial, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad. Estas son: “(i) el asunto
está en trámite23; (ii) no se han agotado los medios de defensa judicial
ordinarios y extraordinarios24; y (iii) se usa para revivir etapas procesales en
donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
jurídico25”26[…]”27. [Negrilla fuera del texto].

40. Esta Sala de Decisión, en sentencia de 25 de abril de 2019, al respecto expuso
lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser utilizada como acción judicial sustitutiva de
los mecanismos judiciales ordinarios, salvo que estos medios ordinarios no sean
idóneos o eficaces para proteger los derechos fundamentales controvertidos o
cuando la acción de tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable […]”28.

41. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.

42. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.

43. En relación con tales criterios interpretativos se ha definido lo siguiente:

23
La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de 2006, T-113 de
2013, T-103 de 2014, entre otras.
24
Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción
de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las
distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a
ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última”. Corte
Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. La subregla jurisprudencial expuesta previamente fue
aplicada en la sentencia SU-858 de 2001, SU-1299 de 2001, entre otras.
25
“En atención al carácter exceptivo de la acción de tutela, la misma resulta improcedente cuando se pretende emplear para
reabrir un asunto litigioso que por negligencia, descuido o distracción de las partes, se encuentra debidamente resuelto
(…)Entonces, por vía de tutela, no es viable revivir términos de caducidad agotados, en la medida que se convertiría en un
mecanismo que atentaría contra el principio de seguridad jurídica y se desnaturalizaría el propósito mismo de la acción
constitucional de protección de los derechos fundamentales.”. Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio. En la sentencia T-396 de 2014 se declaró la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto no se
cumplió el requisito de subsidiariedad, en el análisis del caso concreto se afirmó: “Bajo esas condiciones, esta Sala de
Revisión confirmará el fallo mencionado teniendo en cuenta que la acción presentada por el señor Emen Quinayas incumple
el requisito de subsidiariedad en la medida en que no fue presentado el recurso de apelación contra la sentencia que resolvió
la acción popular, lo que es suficiente para declarar la improcedencia de la tutela contra providencia judicial” Corte
Constitucional, Sentencia T-396 de 2014, M.P. Esta subregla también fue aplicada en la sentencia T-006 de 2015, en la que
la se afirmó: “la acción de tutela es improcedente, ya que por negligencia o descuido del actor no puede pretender que a
través de este medio se reabran etapas procesales que se encuentran debidamente resueltas por no haber presentado a
tiempo los respectivos recursos en el desarrollo del proceso ordinario laboral. Así, al no cumplir la tutela con uno de los
requisitos generales de procedibilidad, relativo al agotamiento de los medios ordinarios de defensa judicial, la Sala se
abstendrá de emitir pronunciamiento alguno respecto de los demás criterios generales y específicos de procedibilidad”.
26
Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
27
Corte Constitucional. Sentencia T-001 de 16 de enero de 2017, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente
número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

13

Radicación: 20001-23-33-000-2026-00059-01
Accionante: Enrique Arango Gómez

“[…] la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto
de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que
hace evidente la impostergabilidad de la tutela como un mecanismo necesario
para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La
concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de
considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo
transitorio y como medidas precautelativas para garantizar la protección de los
derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados
[…]”.29

44. Además de lo anterior, esta Sección30 ha indicado que el requisito de
subsidiariedad tampoco se cumple cuando se encuentra en trámite el proceso
donde se profirió la decisión objeto de tutela. Al respecto, señaló que:

“[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el proceso se
encuentra en curso, la acción de tutela no es procedente para cuestionar
cualquier decisión adversa a las partes, aún luego de agotados los recursos
que contra ellas proceden dentro del proceso, si el desarrollo del medio de
control no ha finalizado y, por tanto, no se puede tener certeza de la
trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la decisión que pone
fin al proceso.

Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de acudir a la acción de tutela
como una tercera instancia ante decisiones que no convienen a las partes en
el trámite de los procesos, cuyos efectos en la decisión definitiva son inciertos,
y que, además, no generan ningún perjuicio ius fundamental irremediable.

En este sentido, solo en el evento en que las presuntas irregularidades en el
curso del proceso impidan el acceso a la administración de justicia y el derecho
a la tutela judicial efectiva de la parte accionante, y ésta carezca de medios
judiciales de defensa al interior del proceso, resultaría procedente asumir su
estudio en sede de tutela, situación que no se presenta en el caso sub judice
por cuanto, el medio de control aún está en trámite […]”. [Subrayado fuera del
texto].

45. Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala procede a analizar si la
presente solicitud de amparo cumple o no el requisito general de procedibilidad
atinente a la subsidiariedad.

46. Descendiendo al caso objeto de estudio, se tiene que la parte accionante le
atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales a las providencias de 11 de
diciembre de 2025 y 18 de febrero de 2026, proferidas por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Valledupar dentro del incidente de regulación de
honorarios número 20001-33-33-001-2017-00367-00, por medio de las cuales se
fijó fecha de audiencia del artículo 129 del C.G.P. y se negó el recurso de reposición
contra el auto que fijó dicha fecha.

47. De lo anterior, la Sala observa que las providencias a las cuales la parte actora
le atribuyó la afectación de sus garantías fundamentales no pusieron fin al incidente

29
Sentencia T-225 de1993, reiterado en la sentencia SU-617 de 2013.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017, C.P.
doctor Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-03006-00.

14

Radicación: 20001-23-33-000-2026-00059-01
Accionante: Enrique Arango Gómez

de regulación de honorarios, asimismo se advierte que dicho mecanismo judicial
aún se encuentra en trámite, y, por ende, la intervención del juez constitucional se
encuentra vedada. Ello en tanto que, como se mencionó con anterioridad, es el
mismo proceso ordinario el escenario adecuado para hacer valer los derechos que
las partes estiman vulnerados.

48. Así las cosas, y teniendo en cuenta que, el hecho consistente en que el proceso
dentro del cual se alega la supuesta afectación a las garantías fundamentales de la
parte actora aún se encuentra en trámite, la presente solicitud de amparo deviene
en improcedente por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, máxime cuando
de la revisión del escrito de tutela no se evidencia la ocurrencia de un perjuicio
irremediable, con el fin de que se habilitara la intervención del juez constitucional
como mecanismo transitorio.

49. Por lo expuesto, se confirmará el fallo impugnado que declaró la improcedencia
de la solicitud de tutela, en razón a que el incidente de regulación de honorarios
adelantado al interior del proceso de reparación directa núm. 20001-33-33-001-
2017-00367-00, aún se encuentra en trámite.

50. De conformidad con lo anterior, se confirmará el fallo impugnado que declaró la
improcedencia de la solicitud de tutela, tal como se dispondrá en la parte resolutiva
de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 4 de marzo de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

15

Radicación: 20001-23-33-000-2026-00059-01
Accionante: Enrique Arango Gómez

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.