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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2026-00078-01

Fecha
15 de mayo de 2026
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2026-00078-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 18 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo del Cesar, que amparó los derechos fundamentales de la accionante y, en su lugar, declarar la carencia actual de objeto por daño consumado. SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 20001-23-33-000-2026-00078-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

15 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación número: 20001-23-33-000-2026-00078-01

Accionante: KATTY VANESSA ESTRADA ZULETA

Autoridad: JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. DESACATO EN
ACCIÓN DE TUTELA. Tiene por objeto el cumplimiento de la sentencia.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales–DIAN contra el fallo proferido el 18 de marzo de 2026, por el Tribunal
Administrativo del Cesar, que amparó los derechos fundamentales de la accionante.

ANTECEDENTES

1. Acción de tutela

La señora Katty Vanessa Estrada Zuleta, actuando en nombre propio, formuló acción de
tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al acceso a
cargos públicos por mérito, debido proceso y tutela judicial efectiva; que consideró
vulnerados por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Valledupar, al haber
proferido el auto del 9 de febrero de 2026, dentro del trámite de incidente de desacato
derivado de la acción de tutela 1 promovida en el marco del proceso de selección DIAN
2022, mediante el cual se abstuvo de abrir incidente de desacato y declaró cumplida la
sentencia de tutela proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 15 de octubre de

1 Proceso identificado con radicado: 20001-33-33-007-2025-00228-00/01/02.

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Accionante: Katty Vanessa Estrada Zuleta
Acción de tutela–Segunda instancia

2025, pese a que, según la accionante, no se verificó el cumplimiento material de las
órdenes impartidas, particularmente en lo relacionado con el reporte total de vacantes y
el uso de la lista de elegibles vigente.

En virtud del amparo, la accionante solicitó textualmente:

«1. AMPARAR los derechos fundamentales invocados.

2. DEJAR SIN EFECTOS el auto del 9 de febrero de 2026.

3. ORDENAR reabrir el trámite de incidente de desacato.

4. ORDENAR a la DIAN reportar la totalidad de las vacantes del empleo Analista
II y abstenerse de mantener encargos mientras exista lista vigente.

5. ORDENAR a la CNSC verificar el uso adecuado de la lista de elegibles.»

2. Hechos relevantes

La señora Katty Vanessa Estrada Zuleta participó en el proceso de selección DIAN 2022
adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en el cual, mediante la Resolución
No. 7406 de 2024, se conformó la lista de elegibles para el empleo Analista II, código
202, grado 2, ocupando la posición 87, la cual quedó en firme el 13 de marzo de 2024 y
con vigencia hasta el 21 de marzo de 2026.

Indica que, pese a la existencia de múltiples vacantes definitivas del empleo, estas se
encontraban provistas mediante encargo o provisionalidad, y la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales–DIAN se negó a hacer uso de la lista de elegibles, razón por la
cual promovió acción de tutela.

Mediante sentencia del 15 de septiembre de 2025, el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito de Valledupar negó el amparo solicitado argumentando que la accionante no
ocupaba una posición meritoria dentro de la lista de elegibles frente al número de
vacantes ofertadas y autorizadas, que el uso de la lista de elegibles no es automático
sino que depende de las condiciones normativas y de las autorizaciones impartidas por
la Comisión Nacional del Servicio Civil, que no todas las vacantes del empleo «analista
II, código 202, grado 2» podían ser provistas con la lista en la que participó la accionante
por corresponder a fichas con funciones distintas, y que, en todo caso, la acción de tutela

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Accionante: Katty Vanessa Estrada Zuleta
Acción de tutela–Segunda instancia

no cumplía con el requisito de subsidiariedad, al existir otros mecanismos judiciales
idóneos para controvertir la situación planteada.

Posteriormente, la accionante impugnó dicha decisión y, el Tribunal Administrativo del
Cesar, mediante sentencia del 15 de octubre de 2025, la revocó y amparó sus derechos
fundamentales, al considerar que la decisión de primera instancia desconocía el principio
constitucional del mérito, al subordinarlo a criterios administrativos restrictivos, pese a la
existencia de vacantes y de una lista de elegibles vigente, así como la necesidad de
verificar integralmente la existencia de vacantes y la posible equivalencia funcional entre
los cargos. En consecuencia, ordenó:

«SEGUNDO: ORDENAR a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES – DIAN y COMISIÓN NACIONAL DE SERVICIO CIVIL – CNSC, que
en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de la presente
decisión, conforme a sus competencias, procedan a lo siguiente:

i) Reportar la totalidad de las vacantes definitivas existentes para el cargo de
Analista II, Código 202, Grado 2, incluyendo las creadas mediante el Decreto 419
de 2023 o posteriores, las que actualmente se encuentran en encargo o
provisionalidad, las que permanecen sin proveer y aquellas que, aun estando en
distintas fichas MERF, resulten equivalentes en funciones, requisitos y nivel
jerárquico.

ii) Realizar un análisis o estudio técnico integral de equivalencia funcional entre
todas las OPEC que corresponden al empleo de Analista II, código 202, grado 2.

iii) En el evento de resultar la equivalencia, realizar los trámites administrativos
pertinentes con el fin de que la señora KATTY VANESSA ESTRADA ZULETA sea
considerada en la provisión de las vacantes que cumplan funciones equivalentes,
con el mismo perfil y nivel jerárquico, atendiendo la posición meritocrática que
ostenta en la lista de elegibles (Resolución No. 7406 de 2024), y finalmente,

iv) Informar a la accionante el sentido en que sea resuelto lo aquí ordenado.»

Ante el incumplimiento de dichas órdenes, la accionante promovió incidente de desacato.

El 2 de diciembre de 2025, se sancionó a funcionarios de la DIAN, al considerar que
incumplieron la sentencia de tutela de segunda instancia del 15 de octubre de 2025, en
tanto no reportaron de manera completa la totalidad de las vacantes del empleo de
“Analista II, código 202, grado 2”, limitándose a informar únicamente aquellas asociadas
a una OPEC específica, omitiendo incluir las vacantes en otras fichas MERF que podían
resultar equivalentes, con lo cual impidieron que la Comisión Nacional del Servicio Civil

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Accionante: Katty Vanessa Estrada Zuleta
Acción de tutela–Segunda instancia

realizara el estudio integral de equivalencias ordenado por el Tribunal, configurándose
así un cumplimiento parcial e insuficiente de la orden judicial.

El 13 de enero de 2026, en grado de consulta, el Tribunal Administrativo del Cesar
confirmó la decisión considerando que se encontraba demostrado el incumplimiento de
la orden de tutela, en tanto la DIAN se limitó a reportar las vacantes correspondientes a
la OPEC 198461, pese a que el fallo ordenaba incluir la totalidad de las vacantes del
empleo, incluidas aquellas en encargo, provisionalidad y las pertenecientes a otras fichas
susceptibles de equivalencia, sin que se hubiera acreditado imposibilidad material o
jurídica para su cumplimiento, razón por la cual resultaba procedente mantener la sanción
impuesta al evidenciarse un acatamiento parcial de la orden judicial.

No obstante, en consecuencia de lo anterior, el 23 de enero de 2026, la entidad accionada
sostuvo haber informado la totalidad de vacantes definitivas del empleo Analista II, código
202, grado 2, limitándose en realidad a las correspondientes a la OPEC 198461,
indicando además que se autorizaron dos (2) empleos adicionales a los previamente
reportados, que se adoptó un cronograma para efectuar nombramientos por uso de lista
de elegibles y que se expidieron los actos administrativos de nombramiento, reiterando
que el análisis de equivalencias correspondía a la Comisión Nacional del Servicio Civil y
que, por tanto, la entidad había cumplido con las actuaciones a su cargo.

Posteriormente, la accionante presentó escrito mediante el cual solicitó que se declarara
el desacato por incumplimiento continuado, material y sustancial de la sentencia de tutela,
al considerar que la DIAN persistía en una conducta renuente y de cumplimiento
aparente, al limitarse a reportar únicamente las vacantes asociadas a la OPEC 198461 y
omitir las demás vacantes del empleo, incluidas aquellas en encargo y provisionalidad,
así como las correspondientes a otras fichas MERF, lo que, a su juicio, desnaturalizaba
el alcance de la orden judicial y perpetuaba la vulneración de sus derechos
fundamentales.

El 29 de enero de 2026, la DIAN contestó y solicitó que no se diera apertura a incidente
de desacato ni se impusiera sanción alguna, al sostener que había dado cumplimiento
integral al fallo de tutela, en tanto efectuó el reporte de las vacantes del empleo, adoptó
y ejecutó un cronograma para el nombramiento de los elegibles en posición de mérito,
expidió los actos administrativos correspondientes y solicitó ante la Comisión Nacional

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Accionante: Katty Vanessa Estrada Zuleta
Acción de tutela–Segunda instancia

del Servicio Civil el estudio de equivalencias, reiterando que dicha competencia no le
correspondía, por lo que no existía incumplimiento ni responsabilidad subjetiva de sus
funcionarios.

De acuerdo a lo anterior, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Valledupar,
mediante auto del 9 de febrero de 2026, se abstuvo de abrir incidente de desacato, al
considerar que no se encontraba demostrado el incumplimiento de la orden de tutela, en
tanto las entidades accionadas adelantaron las actuaciones administrativas dirigidas a
reportar las vacantes y a gestionar el estudio de equivalencias, sin que se evidenciara
negligencia o desidia en el cumplimiento, razón por la cual no era procedente iniciar el
trámite incidental ni imponer sanción alguna.

La accionante señala que, interpuso recurso de reposición contra dicha decisión, el cual
fue negado mediante auto del 2 de marzo de 2026.

Finalmente, el auto del 9 de febrero de 2026, que se abstuvo de abrir incidente de
desacato y declaró cumplida la sentencia de tutela, dio lugar a la interposición de la
presente acción de tutela por parte de la señora Estrada Zuleta.

3. Fundamentos de la acción

La parte accionante sostuvo que la providencia incurrió en defecto fáctico al omitir la
valoración integral del material probatorio aportado, en particular de la documentación
que evidenciaba la existencia de múltiples cargos del empleo Analista II, código 202,
grado 2, en situación de vacancia definitiva, actualmente provistos mediante encargo o
provisionalidad, lo que, a su juicio, implicó desconocer pruebas determinantes para
verificar el cumplimiento material de la sentencia de tutela y establecer la existencia de
plazas susceptibles de ser provistas mediante el uso de la lista de elegibles.

Asimismo, la accionante sostuvo que se incurrió en desconocimiento del precedente
constitucional y en violación directa del artículo 125 de la Constitución Política, al avalar
un cumplimiento meramente formal del fallo de tutela sin verificar su efectividad material,
así como al aceptar interpretaciones administrativas que limitan el uso de la lista de
elegibles vigente, desconociendo el principio de mérito y el deber de provisión de los

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cargos de carrera mediante concurso público, en contravía de lo reiterado por la Corte
Constitucional, particularmente en la Sentencia C-197 de 2025 y el Auto 112 de 2026.

4. Trámite de primera instancia

El 5 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo del Cesar admitió la acción de tutela 2
y ordenó su notificación al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de
Valledupar, a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales–DIAN, como entidades accionadas.
Igualmente, se requirió al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de
Valledupar para que remitiera el enlace de acceso al expediente digital del proceso de
tutela con radicación No. 20001-33-33-007-2025-00228-00. Finalmente, se negó la
medida provisional solicitada por la accionante.

En su escrito de contestación 3 , el Juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar
mencionó que la accionante pretendía reabrir un debate ya resuelto dentro del trámite
incidental de desacato, introduciendo elementos probatorios que no fueron aportados
oportunamente, y que la decisión adoptada mediante auto del 9 de febrero de 2026 se
sustentó en un análisis completo del acervo probatorio, sin que existiera vulneración de
derechos fundamentales ni irregularidad procesal determinante.

Asimismo, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales–DIAN contestó la acción de tutela 4 y sostuvo que carecía de legitimación en
la causa por pasiva, en tanto la presunta vulneración de derechos fundamentales se
derivaba exclusivamente de decisiones judiciales, y que, en todo caso, la entidad había
adelantado de manera oportuna y diligente todas las actuaciones necesarias para dar
cumplimiento a las órdenes impartidas en la sentencia de tutela de segunda instancia.

De igual forma, en su escrito de contestación 5, la Comisión Nacional del Servicio Civil–
CNSC mencionó que no estaba llamada a responder por las pretensiones formuladas en
la acción de tutela, por carecer de competencia para intervenir en decisiones judiciales o
en la administración de la planta de personal de la DIAN, razón por la cual solicitó su

2 SAMAI, índice 5 de primera instancia.
3 SAMAI, índice 10 de primera instancia.
4 SAMAI, índice 8 de primera instancia.
5 SAMAI, índice 9 y 12 de primera instancia.

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Accionante: Katty Vanessa Estrada Zuleta
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desvinculación del trámite y la declaratoria de improcedencia del amparo, al no existir
vulneración de derechos fundamentales atribuible a su actuación.

La señora Yahel Marissela Alarcón Pinto, en calidad de tercera interesada, contestó la
acción de tutela 6 y sostuvo que cualquier decisión dentro del proceso incide directamente
en sus derechos fundamentales, al encontrarse en la lista de elegibles vigente, y que
existe una sentencia de tutela previa que ordenó a la DIAN reportar la totalidad de
vacantes del empleo Analista II y adelantar los trámites para el uso de la lista en estricto
orden de mérito.

Asimismo, Vanessa Barceló Velaides, en calidad de tercera interesada, contestó la
acción de tutela 7 y sostuvo que existe una vulneración sistemática del principio de mérito,
en tanto la DIAN y la CNSC no han agotado la lista de elegibles vigente, han mantenido
nombramientos en provisionalidad y encargo, y no han suministrado información clara y
completa sobre las vacantes existentes.

Por su parte, Jeniffer Portela Ortiz, en calidad de tercera interesada y en coadyuvancia,
en su escrito de contestación 8 , sostuvo que la DIAN ha incurrido en conductas
contradictorias al reportar información inconsistente sobre las vacantes, manteniendo
cargos en provisionalidad pese a la existencia de lista vigente, lo que vulnera los derechos
al mérito, igualdad y acceso a cargos públicos.

Finalmente, Erika Liseth Angulo Riascos, en calidad de tercera interesada y en
coadyuvancia, contestó la acción de tutela 9 y sostuvo que, la DIAN ha vulnerado de
manera sistemática el derecho al mérito y a la igualdad al no proveer las vacantes
existentes con la lista de elegibles vigente, pese a la existencia de un número significativo
de vacantes definitivas para el cargo de Analista II.

El 18 de marzo de 2026 10, el Tribunal Administrativo del César profirió sentencia de
primera instancia, mediante la cual amparó los derechos fundamentales invocados por la
accionante y dejó sin efectos el auto del 9 de febrero de 2026 proferido por el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, al considerar que la respuesta

6 SAMAI, índice 17 de primera instancia.
7 SAMAI, índice 19 de primera instancia.
8 SAMAI, índice 20 de primera instancia.
9 SAMAI, índice 21 de primera instancia.
10 SAMAI, índice 24 de primera instancia.

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Accionante: Katty Vanessa Estrada Zuleta
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remitida por la DIAN solo permitía reconocer un cumplimiento parcial de la sentencia de
tutela del 15 de octubre de 2025, en tanto no acreditaba la culminación de los estudios
técnicos de equivalencias ni el reporte integral de las vacantes del empleo Analista II,
incluidas aquellas ocupadas en provisionalidad o encargo, razón por la cual resultaba
necesario continuar con el trámite incidental de desacato.

Posteriormente, la DIAN impugnó la decisión11 argumentando que el fallo de primera
instancia debía ser revocado por improcedente, en tanto no se cumplían los requisitos de
subsidiariedad, inmediatez ni relevancia constitucional para la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, y que, en todo caso, no se configuraba defecto
fáctico, pues el despacho judicial sí valoró integralmente el material probatorio allegado
en el trámite incidental, siendo que la prueba cuya omisión se alegaba no fue aportada
oportunamente. Asimismo, sostuvo que la providencia incurrió en error inducido, al partir
de una premisa fáctica equivocada sobre el supuesto incumplimiento de la DIAN, pese a
que esta reportó la totalidad de las vacantes creadas con posterioridad al concurso
durante la vigencia de la lista y adelantó las gestiones necesarias para su provisión
conforme al marco normativo aplicable.

Finalmente, el 6 de abril de 202612, se concedió el recurso de apelación.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
del 18 de marzo de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que amparó
los derechos fundamentales de la accionante.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-

11 SAMAI, índice 27 de primera instancia.
12 SAMAI, índice 30 de primera instancia.

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LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental 13. De conformidad con su jurisprudencia, la tutela
contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que el afectado haya agotado todos los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se
configure un perjuicio irremediable; iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que
la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela14.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.

Carencia actual de objeto por daño consumado

El artículo 6.4 del Decreto 2591 de 1991 prescribe que la acción de tutela no procederá
cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo
cuando continúe la acción u omisión violatoria.

En sentencia SU-522 de 2019, la Corte Constitucional definió el concepto de carencia
actual de objeto como aquella alteración o desaparecimiento de las circunstancias que
dieron origen a la presunta vulneración de derechos fundamentales y, por tanto, conlleva

13 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.

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a que la acción de amparo pierda su razón de ser. Esa sentencia estableció, además, las
tres categorías en las que se configura este evento: (i) hecho superado, (ii) daño
consumado y (iii) hecho sobreviniente. Sobre el daño consumado, la misma sentencia
definió que:

«(…) tiene lugar cuando se ha perfeccionado la afectación que con la tutela se pretendía
evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se
concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela dé una orden para retrotraer la
situación. De ahí que el daño consumado tenga un efecto simbólico más reprochable que
el hecho superado, en la medida en que en el primer caso la accionada “lleva la situación
a un límite extremo en que el restablecimiento del derecho es imposible”.

Esta figura amerita algunas precisiones adicionales: (i) si al interponer la acción de tutela
ya es claro que el daño se generó, el juez debe declarar improcedente el mecanismo de
amparo; pero si el daño se consuma durante el trámite judicial, bien sea en primera o en
segunda instancia o en sede de revisión, el juez puede proferir órdenes adicionales
tendientes a proteger la dimensión objetiva del derecho, evitar repeticiones o identificar
los responsables; (ii) el daño causado debe ser irreversible, pues respecto a los daños
que son susceptibles de ser interrumpidos, retrotraídos o mitigados por una orden judicial,
no es dable decretar la carencia de objeto. De ahí que uno de los escenarios más
comunes en los que se ha invocado esta categoría ha sido cuando el peticionario fallece
en el trascurso de la tutela»

Como subregla de unificación, la sentencia SU-522 de 2019 estableció que en los casos
de daño consumado “es perentorio un pronunciamiento de fondo del juez de tutela
(incluida la Corte Constitucional) cuando el daño ocurre durante el trámite de la tutela;
precisando si se presentó o no la vulneración que dio origen a la acción de amparo” 15.

Caso concreto

La señora Katty Vanessa Estrada Zuleta promovió acción de tutela contra el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito de Valledupar, al considerar que vulneró sus
derechos fundamentales al acceso a cargos públicos por mérito, debido proceso y tutela
judicial efectiva.

Como fundamento de la acción de tutela, la accionante mencionó que existió un defecto
fáctico al omitir la valoración integral del material probatorio aportado, en particular de la

15 Este criterio se reiteró en sentencia SU-109 de 2022, en la cual, si bien unas medidas sanitarias dirigidas a adultos
mayores de 70 años habían perdido vigencia, la Corte Constitucional estableció que resultaron lesivas de los derechos
a la igualdad, la libertad de locomoción y al libre desarrollo de la personalidad de los accionantes.

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Accionante: Katty Vanessa Estrada Zuleta
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documentación que evidenciaba la existencia de múltiples cargos del empleo Analista II,
código 202, grado 2, lo que, a su juicio, implicó desconocer pruebas determinantes para
establecer la existencia de plazas susceptibles de ser provistas mediante el uso de la lista
de elegibles. Asimismo, la accionante sostuvo que se incurrió en desconocimiento del
precedente constitucional y en violación directa del artículo 125 de la Constitución
Política, al avalar un cumplimiento meramente formal del fallo de tutela sin verificar su
efectividad material.

En el caso examinado, se tiene que, el 18 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo
del Cesar profirió sentencia de primera instancia, en la que analizó el caso y amparó los
derechos de la accionante al concluir que la respuesta emitida por la DIAN solo permitía
reconocer un cumplimiento parcial de la sentencia de tutela del 15 de octubre de 2025,
en tanto no acreditaba la culminación de los estudios técnicos de equivalencias ni el
reporte integral de las vacantes del empleo Analista II, incluidas aquellas ocupadas en
provisionalidad o encargo. En consecuencia, ordenó al Juzgado Sétimo Administrativo
del Circuito de Valledupar tramitar nuevo incidente de desacato.

No obstante, revisado el expediente, se observa que la lista de elegibles adoptada
mediante Resolución 7406 de 2024, que quedó en firme el 13 de marzo de 2024, tuvo
una vigencia de dos (2) años y expiró el 21 de marzo de 2026 16.

En ese contexto, la Sala advierte que, para el momento de adoptar la presente decisión,
el objeto material que daba sustento a las órdenes impartidas en el fallo de tutela, es
decir, la utilización de la lista de elegibles para la provisión de cargos y la verificación de
su uso a través del incidente de desacato, ha desaparecido; en tanto dicha lista ha
perdido vigencia y, por ende, ha cesado la posibilidad jurídica de su utilización.

En efecto, los derechos fundamentales cuya protección se invoca se encontraban
directamente vinculados a la vigencia de la lista de elegibles, en la media en que a través
de la misma se materializaba el principio de mérito en el acceso a la función pública. Sin
embargo, una vez vencida la lista, no resulta posible impartir órdenes orientadas a su
utilización, ni tampoco ordenar la apertura o continuación de un incidente de desacato

16 Proceso identificado con radicado: 20001-33-33-007-2025-00228-00. SAMAI, índice 1. Doc:
1Radicaciondel_ilove_merged(.pdf).NroActua1

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Accionante: Katty Vanessa Estrada Zuleta
Acción de tutela–Segunda instancia

cuyo objeto consistía, precisamente, en verificar el cumplimiento de órdenes relacionadas
con una lista que ya no produce efectos jurídicos.

Así las cosas, se configura una carencia actual de objeto por daño consumado, en la
medida en que la situación fáctica que daba lugar a la presunta vulneración ha
desaparecido, sin que sea posible adoptar medidas eficaces para restablecer el derecho
en los términos originalmente planteados por la accionante. En efecto, se trata de una
afectación que se consolidó durante el trámite de la presente acción, de manera tal que
no resulta posible impartir órdenes orientadas a hacer cesar la vulneración, al haber
desaparecido el presupuesto fáctico que la originaba, lo que torna inoperante la
intervención del juez constitucional y deja sin finalidad a la acción de tutela.

En consecuencia, por lo ya expuesto, la Sala considera que no hay lugar a predicar la
existencia de una vulneración actual de los derechos fundamentales invocados, dado que
el objeto del incidente de desacato ha perdido sustento jurídico.

En razón de lo anterior, la Sala revocará la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar del 18 de marzo de 2026 y, en su lugar, declarará la carencia
actual de objeto por daño consumado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 18 de marzo de 2026 por el Tribunal
Administrativo del Cesar, que amparó los derechos fundamentales de la accionante y, en
su lugar, declarar la carencia actual de objeto por daño consumado.

SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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Radicación:11001-03-15-000-2026-00078-01
Accionante: Katty Vanessa Estrada Zuleta
Acción de tutela–Segunda instancia

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO

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