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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2026-00079-01

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2026-00079-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar la desvinculación del Consejo Superior de la Judicatura, por las razones expuestas. 2. Revocar la sentencia del 19 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar. 3. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Ezequiel Eduardo Serpa Padilla contra el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Aguachica, por las razones expuestas. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 20001-23-33-000-2026-00079-01

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

14 de mayo de 2026

Radicado: 20001-23-33-000-2026-00079-01
Demandante: Ezequiel Eduardo Serpa Padilla

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 20001-23-33-000-2026-00079-01
Demandante: Ezequiel Eduardo Serpa Padilla
Demandado: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Aguachica
Temas: Tutela contra actos administrativos – otro medio de defensa
judicial– improcedencia de la tutela como mecanismo transitorio.

Sentencia segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la providencia de
19 de marzo de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar, que resolvió:

«PRIMERO: NEGAR el amparo a los derechos fundamentales al mérito, debido proceso y acceso a
cargos públicos de la Rama Judicial, invocados por el accionante contra el Juzgado Tercero Penal
del Circuito de Aguachica, Cesar, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.»

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 6 de marzo de 2026, el señor Ezequiel Eduardo Serpa Padilla, en nombre propio, interpuso
acción de tutela contra el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Aguachica, por considerar
vulnerados los derechos fundamentales al mérito, al debido proceso y al acceso a cargos
públicos. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«Tutelar mis derechos fundamentales al mérito, al debido proceso y al acceso a cargos públicos de
la Rama Judicial.

En consecuencia, se ordene al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Aguachica, Cesar, le de
aplicación al inciso segundo del artículo 2 del Acuerdo PCSJA24-12238 del nueve (09) de diciembre
de 2024, del H. Consejo Superior de la Judicatura, la Sentencia C-134 de 2023 de la

H. Corte Constitucional, M.P. NATALIA ÁNGEL CABO y la Sentencia C-288 de 2014 de la H. Corte
Constitucional, M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB; nombrando en la vacante temporal de
Oficial Mayor que se encuentra en su despacho, a un aspirante de la convocatoria realizada el día
nueve (09) de febrero de 2026, el cual ostente derechos de carrera en la Rama Judicial, sea mi
persona u otro que haya allegado la hoja de vida dentro del término de la convocatoria.

Solicito amablemente la vinculación al presente tramite de tutela del H. Consejo Superior de la
Judicatura y a la Sección Segunda, Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del H.
Consejo de Estado, con el fin que estos cuerpos colegiados se pronuncien sobre la vigencia de los
incisos segundos de los artículos 1 y 2 del Acuerdo PCSJA24-12238 del nueve (09) de diciembre de
2024, del H. Consejo Superior de la Judicatura.

Se sirva ordenar al H. Consejo Superior de la Judicatura, se sirva emitir circular en la que informe a
los despachos judiciales, el trámite de las convocatorias para la provisión de las vacantes temporales
que se presentan en la Rama Judicial, como quiera que en estos momentos los despachos judiciales
y hasta los tribunales, no realizan la convocatoria, y mucho menos, como es este el caso, aplican el
principio de mérito.

Finalmente me permito solicitar al H. Tribunal Superior de Valledupar, se sirva tener en cuenta al
momento de estudiar el requisito de subsidiariedad, del presente tramite de tutela, que si bien existe
una vía judicial, como lo es la nulidad y el restablecimiento de derechos en contra de la Resolución
No. 005 de fecha nueve (09) de noviembre de 2026, esta no permite proteger en debida forma los
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Demandante: Ezequiel Eduardo Serpa Padilla

derechos fundamentales invocados, como quiera que teniendo en cuenta los términos normales para
resolver la misma, se encuentra que una vez se quiera emitir un fallo en esta acción contenciosa,
pudo ya haber terminado la vacancia temporal del cargo de Oficial Mayor del Juzgado Tercero Penal
del Circuito de Aguachica, Cesar, configurándose así un perjuicio irremediable en mi contra.»

2. Hechos:

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El señor Ezequiel Eduardo Serpa Padilla, desempeñó el cargo de Oficial Mayor o
Sustanciador, en provisionalidad, en el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Aguachica,
desde el 3 de octubre del 2025 hasta el 6 de febrero de 2026, en virtud de la licencia concedida
a la señora Sandra Milena Lara Herrera, quien ostenta el cargo en propiedad, lo que generó
una vacante temporal en el citado cargo.

El mencionado despacho judicial, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley
2430 de 2024 y el Acuerdo PCSJA24-12238 del 9 de diciembre de (2024 dictado por el
Consejo Superior de la Judicatura), realizó convocatoria pública para proveer la vacante, la
cual fue publicada en el micrositio de la Rama Judicial, en obedecimiento a la Circular
PCSJC25-5 del 10 de febrero de 2025.

Adujo el actor, que, dentro del término establecido en la convocatoria, envió su curriculum, con
el objeto de que se le nombrara nuevamente para cubrir la referida vacante, esto, de
conformidad con lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 2. ° del Acuerdo PCSJA24-
12238 del 9 de diciembre de 2024, toda vez, que, afirmó que ostenta derechos de carrera
judicial en el cargo de escribiente en el Juzgado Promiscuo Municipal El Roble, Sucre.

Agotado el proceso de convocatoria, el 9 de febrero de 2026, el juez Tercero Penal del Circuito
de Aguachica, mediante la Resolución 005, decidió nombrar en provisionalidad a Ana María
Márquez Muñoz.

El 18 de febrero de 2026, el aquí demandante interpuso recurso de reposición en contra dicho
acto administrativo, que cubrió la vacante en el Juzgado Tercero Penal del Circuito de
Aguachica, y solicitó que se diera aplicación al inciso segundo del artículo 2. ° del Acuerdo
PCSJA24-12238.

El 23 de febrero de 2026, se profirió el acto 001, por medio del cual, el citado Despacho judicial
negó el recurso con fundamento en que el Consejo de Estado1, mediante providencia del 5 de
septiembre de 2025, suspendió los efectos del Acuerdo PCSJA24-12238 del 9 de diciembre
de 20242.

3. Argumentos de la tutela

El actor manifestó que el artículo 68 de la Ley 2430 de 2024, modificó el artículo 132 de la Ley
270 de 1996, norma que establece la forma de provisión de las vacantes temporales en cargos
de carrera judicial. Dicha disposición prevé que, ante una vacancia temporal, el nombramiento
debe recaer en primer lugar sobre un empleado de carrera del despacho que cumpla los
requisitos del cargo, y en segundo lugar, en una persona que haga parte del registro de
elegibles. Dicha regla desarrolla directamente el principio constitucional del mérito previsto en
el artículo 125 de la Constitución Política.

Por su parte, el Acuerdo PCSJA24-12238 del 9 de diciembre de 2024 reglamentó esta
disposición legal y precisó que, cuando no sea posible proveer la vacante temporal con
personal del despacho ni con integrantes del registro de elegibles, el nominador debe
garantizar los principios de igualdad, imparcialidad, publicidad, moralidad y celeridad, dando

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Auto del 5 de septiembre de 2025, Expediente 11001 03 25 000 2025 00056 00, M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
2
La suspensión recayó solo sobre los incisos primeros de los artículos 1.° y 2.° del Acuerdo PCSJA24-12238. Los incisos
segundos (que son los que invoca el actor) no fueron suspendidos.
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Demandante: Ezequiel Eduardo Serpa Padilla

prioridad a personas que se encuentren en carrera judicial y cumplan los requisitos del cargo.
Dijo que ese desarrollo normativo no crea un procedimiento nuevo, sino que refuerza la
aplicación del principio de mérito, conforme a la interpretación realizada por la Corte
Constitucional en las sentencias C-134 de 2023 y C-288 de 2014.

Resaltó que el Consejo de Estado3, dentro del proceso de nulidad contra dicho acuerdo, negó
la suspensión provisional de los incisos segundos de los artículos 1. ° y 2. °, al concluir que
estos se limitan a reiterar la obligación de procurar el cumplimiento del principio de mérito, sin
exceder la facultad reglamentaria del Consejo Superior de la Judicatura, por lo que dichas
disposiciones se encontraban vigentes al momento de los hechos. De modo que, el
nombramiento efectuado en provisionalidad desconoció la prelación a favor de empleados de
carrera judicial, lo que se constituye, según el accionante, en una vulneración de los derechos
fundamentales al mérito, al debido proceso y al acceso a cargos públicos.

Adujo que el juez Tercero Penal del Circuito de Aguachica vulneró sus derechos
fundamentales con el nombramiento de una persona que no ostenta derechos de carrera
judicial; sin realizar un análisis comparativo entre los aspirantes y sus respectivas hojas de
vida, y sin dar aplicación al inciso segundo del artículo 2. ° del Acuerdo PCSJA24-12238 del 9
de diciembre de 2024.

Finalmente, sostuvo que la manifestación del citado juez, relativa a que el Acuerdo PCSJA24-
12238 se encuentra suspendido es falsa, dado que la suspensión se dio sobre los incisos
primeros de los artículos 1 y 2 del Acuerdo PCSJA12238, y los incisos segundos no fueron
objeto de suspensión y son aquellos cuya aplicación solicita.

4. Trámite previo

En providencia del 9 de marzo de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela
y ordenó notificar al demandante y al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Aguachica en
calidad de demandado, y a Ana María Márquez Muñoz y al Consejo Superior de la Judicatura,
en calidad de terceros con interés.

5. Oposición

El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Aguachica explicó que la acción de tutela se
origina a partir de la renuncia del anterior Oficial Mayor o Sustanciador, lo que generó una
vacante temporal en el cargo. Ante esa situación, y al no existir un empleado en propiedad que
pudiera asumirla, se procedió a realizar una convocatoria pública, en aplicación del artículo
132 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 68 de la Ley 2430 de 2024, con el fin de
garantizar el debido proceso y permitir la postulación de personas que cumplieran los
requisitos.

En el marco de dicha convocatoria, Ana María Márquez Muñoz se postuló oportunamente y,
tras analizar su perfil académico y experiencia profesional, fue nombrada mediante la
Resolución 005 de 9 de febrero de 2026. Resaltó que la seleccionada contaba con experiencia
previa en el mismo juzgado y en otros despachos penales, así como con una formación
académica pertinente, factores que resultaban relevantes ante la alta congestión judicial
existente.

Indicó que el aquí tutelante interpuso recurso de reposición alegando que la persona nombrada
no ostentaba derechos de carrera judicial, pero que el juzgado decidió no reponer el acto
administrativo, destacando que la evaluación se realizó con base en criterios de idoneidad,
experiencia, desempeño previo y necesidad del servicio, y que la normativa vigente no imponía
la obligación de nombrar exclusivamente a empleados de carrera cuando no existían
candidatos en propiedad ni registros de elegibles activos.

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Auto del 5 de septiember de 2025, Expediente 11001 03 25 000 2025 00056 00, M.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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Demandante: Ezequiel Eduardo Serpa Padilla

El despacho sustentó su actuación en el artículo 68 de la Ley 2430 de 2024 y señaló que el
Acuerdo PCSJA12238 de 9 de diciembre de 2024, que incluía criterios adicionales de
provisión, había sido suspendido por el Consejo de Estado mediante auto del 5 de septiembre
de 2025, lo que devolvió un margen de discrecionalidad al nominador. En ese contexto,
consideró ajustado a derecho realizar la convocatoria y elegir a la candidata que mejor se
adecuaba a las necesidades del despacho.

Adicionalmente, el juzgado informó que la vacante inicialmente temporal se tornó definitiva
debido al traslado de la titular del cargo a otro despacho judicial. En consecuencia, mediante
resolución posterior, se nombró nuevamente a la señora Márquez Muñoz en provisionalidad,
atendiendo a que ya venía desempeñando el cargo y en aplicación de la normativa que regula
la provisión de vacantes definitivas mientras se adelanta el concurso de méritos
correspondiente.

Concluyó que no se configuró ninguna vulneración de derechos fundamentales, pues la
actuación se ajustó a las normas vigentes y a la jurisprudencia constitucional sobre estabilidad
laboral relativa en provisionalidad. Asimismo, indicó que el accionante cuenta con otros medios
de defensa judicial, como el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, razón
por la cual solicitó que la acción de tutela sea declarada improcedente.

6. Intervinientes

La Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura manifestó la falta de competencia funcional del Tribunal Administrativo del Cesar
para conocer la acción de tutela en lo que respecta al Consejo Superior de la Judicatura. Con
fundamento en el Decreto 333 de 2021, se argumenta que las tutelas dirigidas contra dicha
corporación deben ser repartidas para su conocimiento en primera instancia a la Corte
Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, según las reglas de reparto vigentes.

Por otra parte, planteó la falta de legitimación en la causa por pasiva del Consejo Superior de
la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial. Explicó que, conforme a los
artículos 131, 132, 167 y 175 de la Ley 270 de 1996, la competencia para efectuar
nombramientos en cargos judiciales recae exclusivamente en la autoridad nominadora, esto
es, el juez del respectivo despacho. En consecuencia, la Unidad de Administración de la
Carrera Judicial no intervino ni tiene competencia en la decisión de nombrar al oficial mayor o
sustanciador del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Aguachica, por lo que no puede
atribuírsele responsabilidad alguna en los hechos alegados por el accionante.

Finalmente, afirmó la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales atribuible al
Consejo Superior de la Judicatura, dado que sus funciones se limitan a roles técnicos y de
apoyo en materia de carrera judicial, como concursos de méritos y escalafón, sin intervenir en
decisiones administrativas propias del nominador. Asimismo, se aclara que, si bien el Acuerdo
PCSJA24-12238 de 2024 fue objeto de una suspensión provisional parcial, los incisos
segundos de los artículos 1. ° y 2. ° permanecen vigentes, circunstancia que fue informada al
despacho judicial en cumplimiento de una orden expresa. Por todo lo anterior, solicitó su
desvinculación o, en su defecto, se nieguen las pretensiones de la demanda.

Por su parte, Ana María Márquez Muñoz expuso que participó en dos convocatorias públicas
realizadas por el despacho judicial (diciembre de 2025 y febrero de 2026), en las cuales se
postuló en igualdad de condiciones con otros aspirantes y fue seleccionada por cumplir los
requisitos académicos, profesionales y de experiencia exigidos.

Señaló que su primer nombramiento obedeció a una vacante temporal generada por
incapacidades prolongadas del titular del cargo, y que el segundo se produjo tras la renuncia
del servidor que ocupaba provisionalmente la vacante, en un contexto de inexistencia de lista
de elegibles y ausencia de funcionarios de carrera del despacho interesados en asumir el
cargo.

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Detalló que la vacante inicialmente temporal se transformó en definitiva como consecuencia
del traslado de la funcionaria titular del cargo a otro juzgado, situación que dio lugar a un nuevo
nombramiento en provisionalidad en continuidad, con el fin de garantizar la prestación eficiente
del servicio judicial. Destacó su trayectoria laboral dentro de la Rama Judicial, su experiencia
en despachos penales, su adecuado desempeño previo en el mismo juzgado y la necesidad
institucional derivada de la alta congestión judicial. Con base en lo anterior, sostuvo que los
actos administrativos de nombramiento y posesión se ajustaron al marco legal vigente, al
artículo 132 de la Ley 270 de 1996 modificado por la Ley 2430 de 2024 y a la jurisprudencia
constitucional sobre provisionalidad, razón por la cual solicitó negar las pretensiones de la
acción de tutela al no configurarse vulneración de los derechos fundamentales invocados por
el accionante.

7. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Cesar verificó el material probatorio y constató que el
accionante acreditó plenamente su condición de empleado de carrera judicial en propiedad
como escribiente del Juzgado Promiscuo Municipal de El Roble, Sucre, así como su
participación oportuna en la convocatoria pública adelantada el 9 de febrero de 2026 para
proveer la vacante de Oficial Mayor o Sustanciador en el Juzgado Tercero Penal del Circuito
de Aguachica. Del mismo modo, encontró acreditado que Ana María Márquez Muñoz también
se postuló y que, ese mismo día, el citado Juzgado Tercero expidió la Resolución 005 de 2026,
mediante la cual la nombró en provisionalidad, argumentando la inexistencia de registro de
elegibles y la ausencia de empleados en propiedad del despacho interesados en ocupar el
cargo.

Concluyó que la acción de tutela resulta improcedente por incumplir el requisito de
subsidiariedad, dado que los actos demandados —la Resolución 005 de 2026 y el Auto 001
de 2026— son actos administrativos definitivos susceptibles de control ante la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
donde cuenta con la posibilidad de solicitar medidas cautelares como la suspensión
provisional. A juicio del Tribunal, el accionante no acreditó siquiera de manera sumaria la
existencia de un perjuicio irremediable que hiciera ineficaz ese medio judicial ordinario, máxime
cuando conserva su empleo de carrera judicial.

En gracia de discusión, analizó el fondo del asunto y concluyó que no se configuró vulneración
de los derechos fundamentales invocados. Explicó que el artículo 132 de la Ley 270 de 1996,
modificado por la Ley 2430 de 2024, permite la provisión en provisionalidad tanto en vacancias
temporales como definitivas, siempre como mecanismo transitorio hasta que opere el sistema
legalmente previsto (concurso de méritos o traslado). Precisó que, cuando no existe registro
de elegibles ni funcionario de carrera del despacho disponible, el nominador puede acudir a
convocatoria pública y seleccionar con base en los principios de igualdad, publicidad,
imparcialidad y necesidad del servicio.

Destacó que el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Aguachica garantizó el acceso en
igualdad de condiciones a la convocatoria, por cuanto evaluó las hojas de vida que se
presentaron para la vacante y escogió a la candidata que acreditó experiencia relevante y
conocimiento previo del despacho, en un contexto de alta congestión judicial. Además, tras el
traslado en propiedad de la titular del cargo, la vacante pasó de temporal a definitiva, lo que
habilitó al nominador a mantener el nombramiento en provisionalidad hasta que se surta el
mecanismo de carrera. En consecuencia, el Tribunal concluyó que el Juzgado accionado actuó
dentro del marco legal y constitucional, razón por la cual negó el amparo solicitado.

8. Impugnación

El accionante impugnó el fallo de tutela, al considerar que la decisión desconoció la
configuración de un perjuicio irremediable derivado de la naturaleza breve y transitoria de las
vacantes temporales en la Rama Judicial. Sostuvo que exigirle acudir a la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, por su duración prolongada, constituye una nueva afectación de
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sus derechos, pues para cuando se adopte una decisión definitiva, la vacante temporal ya
habría concluido, como efectivamente ocurrió en el caso concreto, en el que dicha vacancia
se transformó en definitiva en un lapso inferior a quince días. En ese contexto, afirmó que la
decisión de improcedencia desconoció la efectividad de los derechos fundamentales al mérito
y al debido proceso.

Así mismo, el impugnante cuestionó la valoración jurídica efectuada por el juez de primera
instancia, al estimar que este concluyó erradamente que no existió vulneración de derechos,
pese a que el juzgado accionado omitió aplicar el artículo 68 de la Ley 2430 de 2024,
modificatorio del artículo 132 de la Ley 270 de 1996, así como el inciso segundo del artículo
2. ° del Acuerdo PCSJA24-12238 de 2024, norma que estableció la obligación de priorizar a
los servidores de carrera judicial cuando no fuera posible suplir una vacante temporal por las
alternativas ordinarias. Destacó que dicho acuerdo se encontraba vigente, circunstancia
incluso reconocida por la Unidad de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura,
y señaló que el fallo impugnado no expuso las razones jurídicas que justificaran su
inaplicación.

Finalmente, sostuvo que tanto la Ley 2430 de 2024 como el Acuerdo PCSJA24-12238 tenían
como finalidad fortalecer el principio constitucional del mérito, otorgando prelación a quienes
ya habían superado un concurso público y contaban con experiencia acreditada en la Rama
Judicial. Indicó que tal marco normativo no excluía a las personas sin derechos de carrera,
pero sí establecía un orden objetivo de priorización que debía respetarse y que fue
desconocido en su caso. Con base en ello, concluyó que permitir el acceso directo de personas
sin carrera a cargos relevantes, sin promover previamente a servidores de carrera judicial,
vulneró el derecho al mérito y desnaturalizó el sistema de carrera, razón por la cual solicitó la
revocatoria del fallo de primera instancia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado
por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados
o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares
en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Problema Jurídico

A la Sala le corresponde determinar si, en los términos de la impugnación presentada por la
parte actora, resulta procedente revocar o modificar la sentencia de primera instancia que negó
la solicitud de amparo.

La Sala anticipa que revocará la decisión impugnada, y en su lugar, declarará la improcedencia
del amparo por cuanto la acción de tutela no supera el requisito de subsidiariedad. En efecto,
el accionante utiliza este mecanismo para cuestionar los actos administrativos por medio de
los cuales el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Aguachica ocupó la vacante definitiva del
cargo de Oficial Mayor del Despacho judicial; sin embargo, la Sala advierte que existe otro
medio de defensa judicial para evaluar dichas actuaciones, como lo es el medio de control de
nulidad y restablecimiento de derecho, sin que este mecanismo pueda emplearse para
desplazar las competencias propias del juez contencioso administrativo.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a i) el requisito general de subsidiariedad;
y ii) el análisis del caso concreto.

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De la legitimación en la causa por pasiva

La Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura solicitó su desvinculación por falta de legitimación por pasiva, pues ninguna de las
actuaciones cuestionadas por el demandante fue realizada por la entidad.

Sin embargo, la desvinculación se negará por cuanto esta autoridad actúa dentro del marco
de sus competencias constitucionales y legales como órgano de gobierno y administración de
la Rama Judicial, y su participación en el trámite no deriva de una actuación facultativa sino
de su condición de entidad vinculada a los hechos objeto de análisis. No se puede excluir del
trámite constitucional a una autoridad que ejerce funciones propias y necesarias para la
valoración integral del caso, ni para impedir que un órgano con competencia legal sea parte
del proceso cuando sus decisiones o actuaciones guardan relación directa con la presunta
vulneración alegada. En tal medida, la desvinculación resulta jurídicamente improcedente,
pues el juez constitucional no puede limitar el ejercicio legítimo de competencias institucionales
ni alterar la conformación necesaria del contradictorio.

Del requisito general de la subsidiariedad4 y la procedencia excepcional de la acción de
tutela como mecanismo transitorio

Para el caso concreto, es preciso hacer referencia al requisito general de la subsidiariedad
como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra actos administrativos, porque
existen medios ordinarios de defensa judicial para controvertir las decisiones de la
administración5.

Para la Corte Constitucional, el principio de subsidiariedad, conforme al artículo 86 de la
Constitución, implica que la acción de tutela solo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable. Sobre el carácter subsidiario de la acción, la Corte ha señalado que
“permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección
judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos” 6. Es
ese reconocimiento el que obliga a los asociados a incoar los recursos jurisdiccionales con los
que cuenten para conjurar la situación que estimen lesiva de sus derechos.

En otras palabras, las personas deben hacer uso de todos los recursos ordinarios y
extraordinarios que el sistema judicial ha dispuesto para conjurar la situación que amenaza o
lesiona sus derechos, de tal manera que se impida el uso indebido de este mecanismo
constitucional como vía preferente o instancia judicial adicional de protección.

No obstante, como ha sido reiterado por la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de
subsidiariedad que rige la acción de tutela debe analizarse en cada caso concreto. Por ende,
en aquellos eventos en que existan otros medios de defensa judicial, la Corporación ha
determinado que existen dos excepciones que justifican su procedibilidad7:

(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias
del caso estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y,

(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela
procede como mecanismo transitorio.

En cuanto a la primera hipótesis, que se refiere a la idoneidad del medio de defensa judicial
al alcance del afectado, se tiene que ésta no puede determinarse en abstracto, sino que, por
4
Sentencia T-375 de 2018, Corte Constitucional.
5
Sentencia SU-062 de 2022.
6
Sentencia T-603 de 2015; Sentencia T-580 de 2006, Corte Constitucional.
7
Sentencia T-662 de 2016 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
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el contrario, la aptitud para la efectiva protección del derecho debe evaluarse en el contexto
concreto8. El análisis particular resulta necesario, pues en éste podría advertirse que la acción
ordinaria no permite resolver la cuestión en una dimensión constitucional o no permite tomar
las medidas necesarias para la protección o restablecimiento de los derechos fundamentales
afectados.

En cuanto a la segunda hipótesis, cabe anotar que su propósito no es otro que el de conjurar
o evitar una afectación inminente y grave a un derecho fundamental. De este modo, la
protección que puede ordenarse en este evento es temporal, tal y como lo dispone el artículo
10 del Decreto 2591 de 1991. Así mismo, dicha excepción al requisito de subsidiariedad exige
que se verifique: (i) una afectación inminente del derecho -elemento temporal respecto del
daño-; (ii) la urgencia de las medidas para remediar o prevenir el perjuicio irremediable; (iii) la
gravedad del perjuicio -grado o impacto de la afectación del derecho-; y (iv) el carácter
impostergable de las medidas para la efectiva protección de las garantías fundamentales en
riesgo9.

Las anteriores reglas implican que, de verificarse la existencia de otros medios judiciales,
siempre se debe realizar una evaluación de la idoneidad de los mismos en el caso concreto,
para determinar si aquellos tienen la capacidad de restablecer de forma efectiva e integral los
derechos invocados. Este análisis debe ser sustancial y no simplemente formal y reconocer
que el juez de tutela no puede suplantar al juez ordinario. Por tanto, en caso de evidenciar la
falta de idoneidad del otro mecanismo, la acción puede proceder de forma definitiva.

De este modo, cuando el amparo es promovido por personas que requieren especial
protección constitucional, como niños, niñas y adolescentes, personas cabeza de familia, en
situación de discapacidad, de la tercera edad o población desplazada, entre otros, el examen
de procedencia de la tutela se hace menos estricto, a partir de criterios de análisis más amplios,
pero no menos rigurosos10.

La acción de tutela como mecanismo transitorio en el presente caso

Mediante el ejercicio de la presente acción el actor pretende que se dé aplicación al inciso
segundo del artículo 2 del Acuerdo PCSJA24-12238 del 9 de diciembre de 2024, lo que tendría
como consecuencia, dejar sin efectos la Resolución 005 del 9 de febrero de 2026 por medio
de la cual se nombró a Ana María Márquez Muñoz en el cargo de Oficial Mayor en el Juzgado
Tercero Penal del Circuito de Aguachica.

En el presente caso, el actor invoca la protección constitucional, porque a su juicio los derechos
fundamentales invocados están en inminente riesgo, en tanto manifiesta que el citado
despacho judicial desconoció que el inciso segundo del artículo 2. ° del Acuerdo PCSJA24-
12238 del 9 de diciembre de 2024 no se encontraba suspendido por el Consejo de Estado, por
lo que al momento de hacer la convocatoria para elegir a la persona que ocuparía el cargo de
Oficial Mayor debió darle prevalencia a los empleados que se encontraban en carrera dentro
de la Rama Judicial.

Por lo anterior, dadas las circunstancias particulares que aduce el tutelante, en el caso objeto
de estudio, la Sala pasa a verificar si la acción de tutela de la referencia procede como
mecanismo transitorio, o si, por el contrario, no se cumple con el requisito general de
subsidiariedad.

La Sala advierte que frente a esta pretensión la acción de tutela es improcedente por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, toda vez que el ordenamiento jurídico prevé

8
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha establecido que “el medio debe ser idóneo, lo que significa que debe ser
materialmente apto para producir el efecto protector de los derechos fundamentales. Además, debe ser un medio eficaz, esto es,
que debe estar diseñado de forma tal que brinde oportunamente una protección al derecho”. Sentencia T – 040 de 2016.
9
Sentencias: T – 225 de 1993, T – 789 de 2003, entre otras, Corte Constitucional.
10
Sentencias T-401 de 2017; T-163 de 2017; T-328 de 2011; T-456 de 2004; T-789 de 2003, T-136 de 2001, entre otras, Corte
Constitucional.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 20001-23-33-000-2026-00079-01
Demandante: Ezequiel Eduardo Serpa Padilla

otro medio de defensa idóneo y eficaz para controvertir la legalidad de los actos administrativos
de nombramiento, pues el accionante puede acudir ante la jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo a través de los medios de control previstos en el CPACA.

Dichos mecanismos no solo permiten cuestionar de fondo la validez de las resoluciones
cuestionadas, tanto las proferidas por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Aguachica,
sino que habilita al actor para solicitar, desde el momento de presentación de la demanda,
medidas cautelares que ordenen la suspensión provisional de los actos administrativos
mientras se resuelve el fondo del asunto, conforme a los artículos 229 y siguientes del mismo
estatuto. Con ello, el actor cuenta con una protección judicial oportuna y efectiva que hace
innecesaria la intervención del juez constitucional.

En estos escenarios, el juez constitucional no puede desplazar los procedimientos ordinarios
ni convertir la tutela en una vía paralela para resolver controversias que requieren debate de
aplicación de normativa sobre la provisión de cargos de carrera judicial.

Al respecto, recuérdese que de acuerdo con el artículo 1.° del Decreto 2591 de 1991, la acción
de tutela procede para la protección inmediata de los derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados, sin que, en el
presente caso se acredite la vulneración cierta o amenaza de los derechos invocados por la
parte actora, si se tiene en cuenta que, justamente, se cuenta con otro mecanismo de defensa
previsto por el legislador para cuestionar la legalidad de actos administrativos.

En suma, en el presente caso la acción de tutela no es procedente por falta de cumplimiento
del requisito general de subsidiariedad en relación con la pretensión de que se aplique el inciso
segundo del artículo 2 del Acuerdo PCSJA24-12238 del 9 de diciembre de 2024, lo que tendría
como consecuencia, dejar sin efectos la Resolución 005 del 9 de febrero de 2026 por medio
de la cual se nombró a Ana María Márquez Muñoz en el cargo de Oficial Mayor en el Juzgado
Tercero Penal del Circuito de Aguachica y, en todo caso, no se advierte una actuación
vulneradora de derechos fundamentales por parte de la parte demandada, que haga
procedente el amparo solicitado de manera excepcional y, en esa medida, se declara la
improcedencia de la acción de tutela frente a este punto.

Aunado a lo anterior, tampoco se acredita la existencia de un perjuicio irremediable que habilite
la procedencia excepcional del amparo constitucional, en tanto el señor Serpa Padilla ostenta
un cargo de carrera en el Juzgado Promiscuo Municipal de El Roble, Sucre, del cual no ha
sido desvinculado ni suspendido. Esta circunstancia demuestra la ausencia de afectación
grave, actual e inminente de sus derechos fundamentales, pues mantiene estabilidad laboral
y la plenitud de sus ingresos, de modo que cualquier inconformidad relacionada con
situaciones administrativas distintas puede ser debatida y eventualmente resuelta a través de
los medios judiciales ordinarios, sin que se configure un daño irreversible que haga necesaria
la intervención del juez constitucional.

Finalmente, en relación con los argumentos expuestos por el impugnante sobre la presunta
inaplicación del artículo 68 de la Ley 2430 de 2024 y del Acuerdo PCSJA24-12238 de 2024,
la Sala considera que tales cuestionamientos involucran un análisis de legalidad y de
interpretación normativa que excede el ámbito propio de la acción de tutela.

En consecuencia, dichas controversias deberán ser examinadas por el juez natural, en el
escenario judicial ordinario correspondiente, quien es el competente para determinar, con
plenitud de debate probatorio y argumentativo, el alcance, vigencia y correcta aplicación de
las disposiciones invocadas, así como las eventuales consecuencias jurídicas derivadas de su
presunto desconocimiento.

Por lo anterior, se revocará la sentencia impugnada, y en su lugar se declarará improcedente
el amparo solicitado.

9
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Radicado: 20001-23-33-000-2026-00079-01
Demandante: Ezequiel Eduardo Serpa Padilla

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar la desvinculación del Consejo Superior de la Judicatura, por las razones
expuestas.
2. Revocar la sentencia del 19 de marzo de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo
del Cesar.
3. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Ezequiel Eduardo
Serpa Padilla contra el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Aguachica, por las razones
expuestas.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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