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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2026-00100-01

Fecha
25 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2026-00100-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. MODIFICAR el ordinal segundo de la providencia impugnada para disponer que el amparo del derecho fundamental de petición del accionante frente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena –Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras comprende la solicitud de expedición de copias. SEGUNDO. CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de primera instancia. TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y en los términos previstos en el Decreto 2591 de 1991. CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 20001-23-33-000-2026-00100-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

25 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 20001-23-33-000-2026-00100-011
Accionante : Carlos Alberto Rodríguez Filizzola
Accionado : Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena – Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras y otros2
Acción : Tutela
Tema : Derecho de petición de información
Decisión : Sentencia de segunda instancia

1. Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el actor, la Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cartagena, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación
contra el fallo de 17 de abril de 2026, emitido por el Tribunal Administrativo del Cesar, que
concedió parcialmente algunas de las pretensiones de la demanda y declaró la carencia
actual de objeto de las restantes.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda de tutela

2. El señor Carlos Alberto Rodríguez Filizzola interpone el presente recurso de amparo,

con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental de petición, presuntamente
vulnerado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena – Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras y otros.

3. Por consiguiente, solicita ordenar a las entidades accionadas que, «[…] que respondan de

fondo y que sus respuestas estén acorde[s] con lo solicitado porque si sus respuestas no están acorde[s]
con lo solicitado se persiste en la vulneración del amparo constitucional invocado».

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – Unidad Administrativa de Restitución de
Tierras – Contraloría General de la República (Dirección de Vigilancia Fiscal del Sector Agropecuario) – Fiscalía General de la Nación
– Procuraduría General de la Nación.

Acción de tutela: 20001-23-33-000-2026-00100-01
Accionante: Carlos Alberto Rodríguez Filizzola
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura

1.2. Hechos3

4. El accionante, actuando en nombre propio, radicó una petición el 19 de enero de 2026
ante la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, la Unidad Administrativa de Restitución de Tierras, la Contraloría General de la
República (Dirección de Vigilancia Fiscal del Sector Agropecuario), la Fiscalía General
de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena – Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, en la cual,
solicitó información relacionada con: i) las funciones y actuaciones de las entidades; y ii)
el estado actual de la investigación adelantada por la Contraloría General de la República
con ocasión de los hallazgos encontrados en la Unidad Administrativa de Restitución de
Tierras en el marco del proceso de reparación administrativa adelantado a su favor como
víctima del conflicto armado interno.

5. Manifiesta que, a la fecha de radicación de su acción de tutela, no había obtenido

respuesta a su petición, lo cual, vulnera el derecho fundamental previsto en el artículo 13
de la Constitución.

II. TRÁMITE PROCESAL

6. Por satisfacer los requisitos formales, el Tribunal Administrativo del Cesar mediante
auto del 6 de abril de 2026, admitió la acción de tutela. En dicha decisión, ordenó notificar
a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
a la Unidad Administrativa de Restitución de Tierras, a la Contraloría General de la
República (Dirección de Vigilancia Fiscal del Sector Agropecuario), a la Fiscalía General
de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena – Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, como
accionados.

2.1. Contestaciones de la acción

2.1.1 El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena - Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras4 explicó que, la presente acción de tutela se
inscribe en el marco del proceso especial de restitución y formalización de tierras
despojadas identificado con el radicado 47001-31-21-002-2015-00084-01. Dentro de
dicho trámite jurisdiccional, el señor Carlos Alberto Rodríguez Felizzola actúa en calidad

3
Expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 2.
4
Expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 8.
2

Acción de tutela: 20001-23-33-000-2026-00100-01
Accionante: Carlos Alberto Rodríguez Filizzola
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura

de solicitante y víctima reconocida del conflicto armado. Surtidas las etapas procesales
de rigor, el 29 de octubre de 2018, la Sala Civil en Descongestión Especializada en
Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena profirió
sentencia de fondo, providencia en la que, se resolvió amparar el derecho fundamental a
la restitución de tierras a favor del accionante y su núcleo familiar respecto de los predios
denominados “La Esperanza” y “Un Paso Más”, y se ordenó inicialmente su restitución
material, así como medidas complementarias.

7. Posteriormente, mediante auto del 25 de enero de 2021, esa colegiatura dispuso
modular la sentencia, y ordenó, en su lugar, la compensación en dinero por los bienes
inmuebles restituidos a favor del señor Rodríguez Felizzola.

8. En ese sentido, precisó que, lejos de existir una parálisis, el proceso ha contado con el

impulso oficioso y permanente de esa Sala a través de múltiples providencias orientadas
a materializar la reparación integral del actor y de los demás intervinientes. Así, después
de referirse a las actuaciones surtidas entre los años 2019 y 2024, explicó que, a través
de autos del 6 de junio, 17 de junio y 12 de diciembre de 2025, se redireccionaron
medidas para materializar los subsidios y, el 13 de enero de 2026, se dictaron órdenes
de actualización de avalúos para otros beneficiarios.

9. Sin embargo, frente a las recientes peticiones formuladas por el accionante
(relacionadas con su insistencia sobre el descuento de dineros del proyecto productivo y
otras inconformidades posteriores), indicó que, esa Sala se vio en la imperiosa obligación
legal de declarar la interrupción del proceso mediante auto del 7 de abril de 2026 debido
al fallecimiento del abogado Elcinio Oliveros Mancilla (apoderado judicial de varios
intervinientes) y la imposibilidad material de ubicar a una curadora ad litem.

10. Ante esta vicisitud, y en estricto apego a lo dispuesto en los artículos 159 (numeral 2)

y 160 del Código General del Proceso, el Despacho decretó la interrupción del trámite
para salvaguardar el debido proceso y el derecho de defensa de las partes que quedaron
sin representación judicial. Esta secuencia procesal evidencia, que la actuación de esa
especialidad ha sido diligente, garantista e ininterrumpida, por lo que, mal podría haber
procedido a proferir decisiones de fondo o ejecutar actos procesales frente a las
peticiones recientes del actor, pues, al encontrarse el proceso legalmente interrumpido
para propiciar su saneamiento procesal, la ley prohíbe taxativamente que corran términos
o se dicten decisiones que afecten el curso de la Litis.

3

Acción de tutela: 20001-23-33-000-2026-00100-01
Accionante: Carlos Alberto Rodríguez Filizzola
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura

2.1.2 La Fiscalía General de la Nación - Dirección Seccional de Fiscalías Cesar5
señaló que, luego de verificar en el sistema misional SPOA de la Fiscalía General de la
Nación, encontró que la investigación penal con noticia criminal
110016000050202647979, por la presunta comisión del delito de prevaricato por omisión
ART. 414 C.P., la cual, se encuentra en estado ACTIVO y en etapa de INDAGACIÓN,
está asignada a la FISCALIA 379 SECCIONAL- UNIDAD ADMON PUBLICA-
DIRECCIÓN SECCIONAL DE BOGOTÁ.

11. Por tanto, la petición formulada por el accionante con el fin de obtener información

relacionada con el estado de la investigación penal no fue radicada ante la Dirección
Seccional de Fiscalías del Cesar por lo que, dicha entidad no ha vulnerado derecho
alguno.

2.1.3 Procuraduría General de la Nación6 señaló que, una vez verificados los
aplicativos misionales de la entidad, evidenció que, el señor Carlos Alberto Rodríguez
Filizzola presentó una solicitud el día 29 de diciembre de 2025, la cual, fue radicada bajo
el No. E-2025-676888, relacionada con presuntas irregularidades en actuaciones de
funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras y de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, así como, de la Magistrada del Tribunal de Tierras de
Cartagena. En atención a dicha solicitud, la Procuraduría Delegada Preventiva y de
Control de Gestión para el Seguimiento del Acuerdo de Paz, en el marco de sus
funciones, requirió al peticionario para que aclarara el objeto de su solicitud, precisándose
posteriormente que se trataba de una queja disciplinaria por presuntas extralimitaciones
de funciones y otras conductas atribuibles a servidores públicos.

12. Con fundamento en lo anterior, mediante oficio de fecha 26 de enero de 2026, la

Procuraduría Delegada dispuso el traslado por competencia de la actuación a las
Procuradurías Distritales de Instrucción, de conformidad con lo previsto en el artículo 21
de la Ley 1755 de 2015, al evidenciarse que, el asunto correspondía a una queja de
carácter disciplinario y no a una actuación de su competencia funcional directa.

13. Posteriormente, la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción de Bogotá asumió el

conocimiento inicial de las diligencias bajo el radicado IUS E-2025-676888 / IUC D-2025-
4228565, en donde se estableció que los hechos denunciados se relacionaban con

5
Expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 9, 15 y 16.
6
Expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 10.
4

Acción de tutela: 20001-23-33-000-2026-00100-01
Accionante: Carlos Alberto Rodríguez Filizzola
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura

presuntas irregularidades en el ejercicio de funciones por parte de servidores de la Unidad
de Restitución de Tierras y otros. No obstante, tras el análisis correspondiente, determinó
que, la competencia para conocer de las conductas disciplinarias recaía en las oficinas
de control interno disciplinario de las entidades involucradas y, en lo pertinente a
funcionarios judiciales, en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por lo cual, ordenó
la remisión de las diligencias a dichas autoridades, así como, la compulsa de copias para
lo de su competencia. En consecuencia, la Procuraduría General de la Nación ha actuado
dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales, adelantando las
actuaciones correspondientes de orientación, verificación y traslado por competencia, sin
que, le corresponda resolver de fondo las solicitudes elevadas por el accionante
relacionadas con la implementación de medidas de reparación o cumplimiento de
órdenes judiciales.

2.1.4 La Contraloría General de la República7 pidió desestimar la tutela y no acceder a
las pretensiones, dado que el 26 de enero de 2026, la Dirección de Vigilancia Fiscal emitió
respuestas de fondo a las inconformidades del actor.

2.1.5 La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
Despojadas - URT8 solicitó negar el amparo por improcedente, dado que, el 19 de
febrero de 2026, la entidad emitió el Oficio Número 202616000123811 para responder
de fondo la petición de enero de 2026. Además, en su concepto, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena conserva la competencia para vigilar el cumplimiento de la
sentencia del 29 de octubre de 2018 y del auto de modulación del 25 de enero de 2021.

2.1.6 La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas - UARIV9 pidió negar las pretensiones y declarar la carencia actual de objeto
por hecho superado puesto que, la entidad respondió la petición el 8 de abril de 2026.

2.2 Providencia impugnada10

14. Mediante sentencia del 17 de abril de 2026, el Tribunal Administrativo del Cesar
amparó el derecho fundamental de petición del actor frente al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena, la Contraloría General de la República y la Procuraduría

7
Expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 11.
8
Expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 12.
9
Expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 13.
10
Índice 23 en el expediente judicial de primera instancia en SAMAI.
5

Acción de tutela: 20001-23-33-000-2026-00100-01
Accionante: Carlos Alberto Rodríguez Filizzola
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura

General de la Nación y les ordenó contestar de fondo la solicitud del 19 de enero de 2026.
Al efecto, dispuso:

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor CARLOS ALBERTO
RODRÍGUEZ FILIZZOLA, vulnerado por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CARTAGENA –SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS (MAGISTRADA
LAURA ELENA CANTILLO ARAÚJO), la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
(DIRECCIÓN DE VIGILANCIA FISCAL DEL SECTOR AGROPECUARIO) y la PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, de conformidad con las razones expresadas en esta decisión.

SEGUNDO: ORDENAR al TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA –
SALA CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS (MAGISTRADA LAURA ELENA
CANTILLO ARAÚJO), la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (DIRECCIÓN DE
VIGILANCIA FISCAL DEL SECTOR AGROPECUARIO) y la PROCURADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN que dentro del término de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS, contados a partir de la
notificación de esta decisión, resuelva de fondo la solicitud presentada por el señor CARLOS
ALBERTO RODRÍGUEZ FILIZZOLA el día 19 de enero de 2026.

TERCERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado dentro de la acción de
tutela presentada por el señor CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ FILIZZOLA contra la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS, UNIDAD ADMINISTRATIVA DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS y FISCALÍA GENERAL
DE LA NACIÓN, de conformidad con las razones expresadas en la parte considerativa de esta
decisión.

15. Al efecto, estableció que, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala

Civil Especializada en Restitución de Tierras no dio respuesta a la petición formulada por
el demandante con fundamento en la interrupción decretada en el proceso judicial,
planteamiento que consideró inválido, toda vez que, la interrupción procesal se
circunscribe a la paralización de los términos judiciales y las decisiones de fondo al
interior del proceso, pero, dicha figura no lo exime de atender las peticiones ciudadanas,
cuya respuesta no tiene que ser favorable a lo pedido sino que, debe ser resuelta de
forma positiva o negativa o, bien sea, orientando al ciudadano para encontrar pronta
solución a lo pedido.

16. Similar consideración efectuó respecto de la Procuraduría General de la Nación,
entidad que, en el escrito de contestación informó carecer de competencia para resolver
la solicitud formulada por el señor Rodríguez Filizzola debido a que corresponde a una
queja disciplinaria por presunta extralimitación de funcionarios públicos y, en ese sentido,
los días 26 de enero y 26 de marzo de 2026 ordenó remitir la mencionada queja
disciplinaria a las autoridades competentes; sin embargo, no demostró haber informado
al interesado las referidas decisiones.

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Acción de tutela: 20001-23-33-000-2026-00100-01
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17. De igual forma, la Contraloría General de la República aseguró haber atendido la
petición presentada por el demandante, pero no aportó evidencia que demuestre que la
puso en conocimiento del interesado lo resuelto por dicha entidad.

18. Por otra parte, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado frente a la

Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas y la Fiscalía General de la Nación, toda vez que, estas dependencias acreditaron
la entrega efectiva de las contestaciones al peticionario.

2.3 Las impugnaciones11

2.3.1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena impugnó el fallo de
primera instancia, para lo que argumentó que, el memorial radicado el 19 de enero de
2026 por el señor Carlos Alberto RodrÌguez Felizzola requería información,
pronunciamientos y entrega de documentos que obran y se debaten directamente al
interior del proceso jurisdiccional especial de restitución de tierras núm. 47001-31-21-
002-2015-00084-01, en el cual, el peticionario funge como parte material. Dicha solicitud
es inescindible del desarrollo de la etapa de seguimiento posfallo y constituye una
actuación estrictamente procesal, sujeta a los tiempos y ritos del estatuto
correspondiente.

19. Por consiguiente, al ordenar a esa Sala emitir una respuesta de fondo en el perentorio

término de cuarenta y ocho (48) horas bajo la óptica del derecho de petición
administrativo, el a quo constitucional incurrió en defecto material o sustantivo. Pretender
exigir resoluciones u órdenes jurisdiccionales a través del derecho de petición general
subvierte las etapas del procedimiento, vaciando la autonomía e independencia de esta
Magistratura, cuya actuación no responde al capricho, sino a los imperativos de orden
público establecidos en la ley 1448 de 2011 y en el Código General del Proceso.

20. De otro lado, precisó que, la ausencia de un pronunciamiento de fondo frente a la

solicitud del accionante no obedece a una omisión caprichosa, arbitraria o negligente por
parte de esa Magistratura, sino a la estricta configuración de una imposibilidad jurídica
transitoria derivada de un mandato legal imperativo de suspender el proceso, debido al
fallecimiento del apoderado de múltiples intervinientes, figura cuya aplicación no es

11
Índices 26, 27, 29 y 35 en el expediente judicial de primera instancia en SAMAI.
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potestativa del juez, sino que, obedece a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 159 del
Código General del Proceso.

21. La consecuencia procesal ineludible de dicha interrupción, por mandato expreso y

taxativo del articulo precitado, es que, durante dicho lapso «no correrán los términos y no podrá
ejecutarse ningún acto procesal». Al encontrarnos en la etapa de seguimiento posfallo, resulta

indudable que la emisión de un previsto, oficio o comunicación institucional tendiente a
resolver de fondo y pronunciarse sobre las reclamaciones del señor Rodríguez Felizzola
constituye material y jurídicamente la ejecución de un acto procesal. Por tal razón,
obrando como juez director del proceso, en el citado auto del 7 de abril se impartió la
orden expresa y profiláctica de abstenerse de resolver las peticiones radicadas por el
actor hasta tanto, se logre sanear la actuación procesal.

22. Así las cosas, pretender que esa Sala emita una respuesta de fondo en el término

perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, implica constreñir a ese Despacho a incurrir en
un inminente defecto procedimental. Esto obligaría a la Magistratura a actuar en abierta
contravía del estatuto procesal y a quebrantar la interrupción legalmente decretada. El
silencio temporal de la Sala frente al accionante no configura una “vía de hecho”, sino
que representa una estricta medida garantista indispensable para salvaguardar la
igualdad de armas, el debido proceso y el derecho a la defensa técnica de los demás
sujetos procesales que perdieron intempestivamente a su representante judicial.

23. Por tanto, solicitó revocar los numerales primero y segundo de la decisión recurrida,

en los que se le ordenó a ese Tribunal resolver de fondo la petición formulada por el señor
Rodríguez Filizzola.

2.3.2. La Procuraduría General de la Nación recurrió el fallo de primera instancia, para
lo que explicó que la petición del accionante fue recibida por esa entidad el 29 de
diciembre de 2025 y, al analizarla, evidenció que se orienta a formular queja disciplinaria
por presuntas irregularidades en el ejercicio de funciones públicas por parte de servidores
de la Unidad de Restitución de Tierras y otros actores institucionales.

24. Por tanto, mediante oficio del 26 de enero de 2026, dispuso el traslado por competencia

de la solicitud a las procuradurías distritales de Instrucción para lo de su cargo, conforme
a las competencias legales asignadas.

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25. Finalmente, en aras de dar cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela, remitió los

documentos que acreditan la trazabilidad de las actuaciones adelantadas.

2.3.3. El señor Carlos Alberto Rodríguez Filizzola impugnó el fallo de primera
instancia, en escrito en el que indicó, de manera general, que la vulneración del derecho
de información persiste, toda vez que, «no basta que respondan cualquier cosa para de ahí predicar
que ya le están dando respuesta a lo solicitado». Sin embargo, no controvirtió, de manera

concreta, la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

26. En virtud de los artículos 3212 del Decreto Ley 2591 de 199113 y 2514 del Acuerdo 80

del 12 de marzo de 201915 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta
Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

3.2. Problema jurídico

27. Se contrae a determinar si debe revocarse el fallo de primera instancia que: (i) declaró

el hecho superado frente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad Administrativa de Restitución de Tierras y
la Fiscalía General de la Nación; y (ii) concedió el amparo del derecho fundamental de
petición del accionante y le ordenó al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena
– Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras y a la Procuraduría General de la
Nación dar respuesta a la petición formulada por el señor Carlos Alberto Rodríguez
Felizzola.

3.3 Derecho fundamental de petición

28. El artículo 23 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental de petición

en los siguientes términos:

12
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes
al superior jerárquico correspondiente».
13
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
14
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la
cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
15
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
9

Acción de tutela: 20001-23-33-000-2026-00100-01
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Accionado: Consejo Superior de la Judicatura

«Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por
motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales».

29. Por su parte, la Corte Constitucional, respecto del derecho de petición, ha sostenido:

«Frente a las características esenciales del derecho de petición, ha sido abundante y
reiterativa la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al considerar que el núcleo esencial
de este derecho reside en la resolución pronta y oportuna de la solicitud.

En este sentido, esta Corporación ha manifestado:

(i) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa, garantizando a su vez otros derechos
constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad
de expresión; (ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión; (iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara,
oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; (iv) la respuesta debe producirse dentro
de un plazo razonable, el cual debe ser lo más corto posible; (v) la respuesta no implica
aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; (vi)
este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los
particulares; (vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para
agotar la vía gubernativa y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de
petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el silencio administrativo es la prueba
incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición; (viii) el derecho de petición
también es aplicable en la vía gubernativa; (ix) la falta de competencia de la entidad ante
quien se plantea, no la exonera del deber de responder; y (x) ante la presentación de una
petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado.

De los anteriores componentes jurisprudenciales cabe destacar que el derecho de petición
exige, por parte de las autoridades competentes, una decisión de fondo a lo requerido por
el ciudadano, lo cual implica la prohibición de respuestas evasivas o abstractas, sin querer
decir con ello que la respuesta deba ser favorable. La respuesta de fondo implica un estudio
sustentado del requerimiento del peticionario, acorde con las competencias de la autoridad
frente a la que ha sido presentada la petición7».

30. Asimismo, la aludida Corporación ha expresado que «una respuesta es suficiente cuando

resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que […] sea
negativa a sus pretensiones; es efectiva si […] soluciona el caso que se plantea (artículos 2, 86 y 209
constitucionales); y es congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que
la respuesta a lo solicitado verse acerca de lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto
principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se
encuentre relacionada con la solicitud formulada»8.

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Acción de tutela: 20001-23-33-000-2026-00100-01
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31. De acuerdo con el anterior derrotero jurisprudencial, el derecho de petición es
vulnerado cuando la autoridad (i) no resuelve de fondo lo pedido o (ii) no emite una pronta
respuesta, conforme a los términos que directamente fija el Legislador.

32. Ahora bien, la Corte Constitucional, en sentencia T-172 de 2016 recordó que todas las

personas tienen derecho a presentar peticiones ante los jueces de la República y que
éstas sean resueltas, siempre y cuando el objeto de su solicitud no recaiga sobre
los procesos que un funcionario judicial adelanta16 e hizo una distinción entre los
actos de carácter estrictamente judicial y los actos administrativos que pueden tener a
cargo los jueces, puesto que, respecto de los actos administrativos son aplicables las
normas que rigen la actividad de la administración pública, mientras que, respecto de los
actos de carácter judicial, estos se encuentran gobernados por la normatividad
correspondiente a la Litis17.

33. En este orden de ideas, recordó, en la citada sentencia T-172 de 2016 que, no es dado

a las personas afirmar que los jueces vulneran el derecho de petición cuando presentan
una solicitud orientada a obtener la definición de aspectos del proceso. En tales casos,
se puede invocar el derecho al debido proceso, y demostrar que el operador judicial se
ha salido de los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico al respecto,
desconociendo las reglas correspondientes al trámite de un determinado proceso judicial.

34. De esta manera, cuando los operadores judiciales incurren en mora o no responden

apropiadamente asuntos correspondientes al proceso judicial, se genera una vulneración
del debido proceso y un obstáculo para el acceso de la persona a la administración de
justicia18.

3.4 Caso concreto

35. En el caso bajo estudio, el señor Carlos Alberto Rodríguez Filizzola acude al
mecanismo de amparo para solicitar la protección de su derecho fundamental, puesto
que, afirma que no se le ha comunicado respuesta a la petición formulada el 19 de enero
de 2026 ante la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas, la Unidad Administrativa de Restitución de Tierras, la Contraloría General
de la República (Dirección de Vigilancia Fiscal del Sector Agropecuario), la Fiscalía

16
Ver sentencia C-951 de 2014
17
Ver sentencias T-1124 de 2005, T-215A de 2011, T-920 de 2012, T-311 de 2013 y C-951 de 2014
18
Ver sentencias T-334 de 1995 y T-007 de 1999
11

Acción de tutela: 20001-23-33-000-2026-00100-01
Accionante: Carlos Alberto Rodríguez Filizzola
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura

General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena – Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, en el
que solicitó, entre otras cosas, información relacionada con los descuentos aplicados al
proyecto productivo del que fue beneficiario19.

36. El Tribunal Administrativo del Cesar declaró la carencia de objeto por hecho superado

frente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, la Unidad Administrativa de Restitución de Tierras y la Fiscalía General de la
Nación y concedió el amparo del derecho fundamental de petición frente al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena –Sala Civil Especializada en Restitución de
Tierras (magistrada Laura Elena Cantillo Araújo), la Contraloría General de la República
(Dirección de Vigilancia Fiscal del Sector Agropecuario) y la Procuraduría General de la
Nación.

37. Ahora bien, una vez verificados los anexos de esta acción de tutela, en particular, los

que reposan en los índices 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 26, 29, 32 y 35 del expediente
judicial de primera instancia en SAMAI y los índices 4 y 5 del expediente judicial de
segunda instancia en SAMAI, se tiene que, en efecto, para el momento en que se profirió
la sentencia de primera instancia, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad Administrativa de Restitución de Tierras y
Fiscalía General de la Nación emitieron y comunicaron al accionante respuesta de
fondo20, es decir, clara21 precisa22, congruente23 y consecuente24 y fue notificada25 al
actor para que aquel conociera de su contenido, mediante memoriales del 8 de abril de
202626, 19 de febrero de 202627 y del 10 de abril de 202628.

38. Por tanto, frente a estas entidades, se observa que la decisión de primera instancia se

ajustó a la realidad procesal, toda vez que, en el curso del proceso y antes de dictar fallo
de primer grado, respondieron la petición formulada por el accionante.

19
La petición consta aproximadamente de 100 páginas, sin hilo conductor entre entidades o solicitudes concretas, por lo que el análisis
a desarrollar en las consideraciones se hará con el contenido de la petición visible en el índice 3 del expediente judicial en SAMAI,
archivo «3Demandayanexo_OneDrive_1_642026zip(.zip) NroActua 3», documento «02.EscritoTutelar», folios 40 a 187.
20
De conformidad con la sentencia T-370 de 2025.
21
“inteligible y de fácil comprensión”
22
De forma tal que “atienda, de manera concreta, lo solicitado, sin información impertinente” y “sin incurrir en fórmulas evasivas o
elusivas”.
23
Es decir, que “abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado”.
24
lo cual implica “que no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada (…) sino que, si resulta relevante,
debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente”
25
La respuesta debe ser notificada, por cuanto la notificación es el mecanismo procesal adecuado “para que la persona conozca la
resolución de las autoridades, acto que debe sujetarse a lo normado en el capítulo de notificaciones de la Ley 1437 de 2011”. Esta
obligación genera para la administración la responsabilidad de actuar con diligencia en aras de que su respuesta sea conocida
26
La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas le notificó por correo electrónico del 9 de
abril de 2026.
27
La Unidad Administrativa de Restitución de Tierras notificó la respuesta por correo electrónico el 9 de abril de 2026.
28
La Fiscalía General de la Nación notificó la respuesta por correo electrónico el 13 de abril de 2026.
12

Acción de tutela: 20001-23-33-000-2026-00100-01
Accionante: Carlos Alberto Rodríguez Filizzola
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura

39. Respecto de la Procuraduría General de la Nación, esta entidad, en el escrito de

impugnación, manifestó que, la petición que formulara el accionante el 29 de diciembre
de 2025 fue remitida por competencia el 26 de marzo de 2026 y que dicha actuación fue
comunicada al peticionario el 20 de abril de 2026, es decir, después de proferido el fallo
de primera instancia y como una actuación dirigida a dar cumplimiento al mismo, por lo
que, frente a dicha entidad, no hay lugar a revocar el fallo impugnado, en tanto, para el
momento en que se expidió la sentencia de primer grado, la vulneración del derecho
fundamental de petición era actual y vigente.

40. Frente a la Contraloría General de la República, se observa que dicha entidad
manifestó que sí emitió respuesta de fondo a la solicitud elevada por el señor Carlos
Alberto Rodríguez Filizzola, mediante el oficio No. 2026EE0013601, en el cual, se analizó
integralmente el contenido de la petición, se reiteraron pronunciamientos previos frente a
solicitudes sustancialmente idénticas y se explicó de manera suficiente el alcance de la
competencia institucional. No obstante, no aportó al expediente evidencia que demuestre
que remitió dicha respuesta al interesado antes que se profiriera la sentencia de primera
instancia, razón por la cual, se confirmará el fallo frente a dicha entidad.

41. En relación con el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena –Sala Civil

Especializada en Restitución de Tierras, la magistrada que conduce el proceso
especial de restitución y formalización de tierras despojadas identificado con el radicado
47001-31-21-002-2015-00084-01 señaló que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, la petición formulada por el accionante se enmarca dentro de un proceso
judicial que no puede ser tramitada en virtud del artículo 23 de la Constitución sino que,
debe observar las formas propias del mismo, a la luz de las reglas del Código General
del Proceso.

42. Al respecto, se observa que, el accionante, en la petición formulada ante el Tribunal

Superior, solicitó: «copia del Acuerdo 54 del 2023 emitido por la Unidad de Tierras; copia de la solicitud
elevada por él mismo en la que, supuestamente, le pidió al Despacho que se le pagara en dinero la suma
destinada al proyecto productivo; que reconozca si en los autos proferidos el 25 de enero de 2021 y el 9
de febrero de 2022 dio la orden a la Unidad de Tierras para que le descontaran los incentivos no
reembolsables del proyecto productivo; explicar «por qué llevan casi 4 años “durmiendo el sueño de los
justos” (sin resolver) los oficios radicados por funcionarios de la Unidad de Tierras (como Claudia Juliana
Melo en mayo de 2021 y Juan Pablo Parra en mayo de 2022), en los que le solicitaban autorización para
descontar la suma de $33.734.140 y declarar cumplida la orden de compensación; que reconozca que, en
el Auto del 25 de enero de 2021, su orden estricta fue realizar la compensación en dinero de conformidad
con el avalúo del IGAC, sin ordenar en ningún momento que se hiciera un descuento; que reconozca que,
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Acción de tutela: 20001-23-33-000-2026-00100-01
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Accionado: Consejo Superior de la Judicatura

en sus peticiones previas (como la del 22 de mayo de 2020), él solicitó que se le pagaran los predios "Un
Paso Más" y "La Esperanza", pero que en ningún lado solicitó que le aplicaran el artículo 20 de la Ley 1448
(descuentos) ni el pago en dinero de otro proyecto productivo; que reconozca que, mediante el Auto del 16
de diciembre de 2024, moduló la orden para obligarlo a transferir los predios "La Esperanza" y "Un Paso
Más" al Fondo de la Unidad de Tierras, orden que el ciudadano tilda de ilegal y de estar “huérfana de
cumplimiento” tras 4 años».

43. Al respecto, la Sala observa, como bien lo señala el Tribunal Superior del Distrito

Judicial de Cartagena –Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, que, a
excepción de la solicitud de copias, la petición del accionante involucra pronunciamientos
en el marco del proceso especial de restitución y formalización de tierras despojadas, por
lo cual, en palabras de la Corte Constitucional, no es dado a las personas afirmar que los
jueces vulneran el derecho de petición cuando presentan una solicitud orientada a
obtener la definición de aspectos del proceso, pues, estos se encuentran gobernados por
la normatividad correspondiente a la litis.

44. De esta manera, no se comparte el análisis efectuado en la primera instancia en cuanto

señaló, de manera general, que, la interrupción procesal no exime a la autoridad judicial
de atender las peticiones ciudadanas, puesto que, es claro que lo pedido por el
accionante, en todo caso, involucra pronunciamientos relativos a la controversia que
tramita el Tribunal Superior.

45. Por tanto, se modificará la sentencia de primera instancia que concedió el amparo del

derecho fundamental de petición del accionante frente al Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cartagena –Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, para disponer
que, el amparo del derecho únicamente corresponde a la solicitud de expedición de
copias, pero no, frente a la petición encaminada a obtener pronunciamientos relativos al
proceso especial de restitución y formalización de tierras despojadas.

46. En suma, la Sala concluye que, es procedente el amparo del derecho fundamental de

petición respecto de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de
la Nación y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena –Sala Civil
Especializada en Restitución de Tierras, este último, frente a la solicitud de copias
formulada. Por tanto, se modificará el ordinal segundo de la providencia impugnada para
disponer que, el amparo sobre del Tribunal Superior únicamente comprende la solicitud
de copias, pero no implica un pronunciamiento en relación con la litis que allí se tramita.

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Accionante: Carlos Alberto Rodríguez Filizzola
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal segundo de la providencia impugnada para disponer
que el amparo del derecho fundamental de petición del accionante frente al Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cartagena –Sala Civil Especializada en Restitución de
Tierras comprende la solicitud de expedición de copias.

SEGUNDO. CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia de primera instancia.

TERCERO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
en los términos previstos en el Decreto 2591 de 1991.

CUARTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto Ley 2591
de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

15

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