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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 20001-23-33-000-2026-00181-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2026-00181-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2026-00181-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR el fallo impugnado y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado respecto del derecho de petición alegado y DENEGAR las pretensiones de la demanda referente a la presunta mora judicial alegada, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 17 Número único de radicación: 20001-23-33-000-2026-00181-01 Actora: LUZ AIDA MARTÍNEZ

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 20001-23-33-000-2026-00181-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2026-00181-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: AIDA LUZ MARTÍNEZ

TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA IMPUGNADA Y, EN SU LUGAR, SE
DECLARA IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO EN LO
CONCERNIENTE A LA SUPUESTA AFECTACIÓN DEL DERECHO DE
PETICIÓN ALEGADO Y SE DENIEGA FRENTE A LA PRESUNTA MORA
JUDICIAL INJUSTIFICADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: PETICIÓN, DEBIDO PROCESO Y
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la

sentencia de 22 de junio de 2026, proferida por el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL CESAR1 que declaró la carencia actual de

objeto por hecho superado.

1
En adelante TRIBUNAL.

2

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2026-00181-01
Actora: LUZ AIDA MARTÍNEZ

I.– ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora AIDA LUZ MARTÍNEZ, actuando en nombre propio, en

ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales de petición, al debido proceso y al acceso a la

administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados

por el JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

VALLEDUPAR2 al no haber dado respuesta a las solicitudes de

impulso procesal que presentó y haber incurrido en una presunta

mora judicial en proferir sentencia de primera instancia dentro del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 2023-00148-00.

I.2.- Hechos

Indicó que promovió demanda en ejercicio del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho contra la NACIÓN -

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL3 - FONDO NACIONAL

2
En Adelante JUZGADO.
3
En adelante MINISTERIO.

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3

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Actora: LUZ AIDA MARTÍNEZ

DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO4 y el

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR5 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN,

con el fin de obtener la reliquidación de su pensión e inclusión de

factores salariales que no fueron tenidos en cuenta.

Adujo que al proceso le fue asignado el número de radicación 2023-

00148-00 y fue redistribuido para su resolución al JUZGADO.

Aseveró que desde el mes de abril de 2023 el proceso ha

permanecido inactivo y las solicitudes de impulso procesal

presentadas por su apoderado han sido desatendidas, lo cual afecta

su derecho al debido proceso, considerando además que es una

persona de 71 años con problemas de salud.

I.3.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:

“[…] Se tutelen mis derechos de petición, debido proceso y
acceso a la administración de justicia ordenando al Juzgado 4
Administrativo del Circuito de Valledupar (sic) tomar la decisión
que en derecho corresponda dentro del proceso
20001333300420230014800 de tal manera que cese la
inactividad judicial al interior de esta demanda desde 2024.
[…]”.

4
En adelante FOMAG.
5
En adelante MUNICIPIO.

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4

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I.4.- Defensa

I.4.1.- El JUZGADO solicitó que se deniegue el amparo y, en su

lugar, se declare la carencia actual de objeto por hecho superado,

comoquiera que, mediante auto de 12 de junio de 2026, admitió la

reforma de la demanda y, además, corrió traslado de esta a las

entidades allí demandadas, por lo que una vez ingrese el proceso al

despacho se pronunciará sobre el trámite procesal correspondiente.

Adujo que en la actualidad cuenta con aproximadamente 533

procesos activos correspondientes a distintos medios de control, y

que en el presente año, se han radicado y tramitado 73 sobre los

cuales se ha pronunciado dentro del término, así como 7 incidentes

de desacato y una acción de habeas corpus, sumado al desarrollo de

audiencias que se han programado.

I.5.- Interviniente

I.5.1.- El MINISTERIO solicitó ser desvinculado del presente

trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera

que no es el llamado a responder por la presunta vulneración

alegada.

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5

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I.5.2.- El FOMAG y el MUNICIPIO, guardaron silencio.

II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

El TRIBUNAL, mediante sentencia de 22 de junio de 2026, declaró

la carencia actual de objeto por hecho superado y denegó la solicitud

de desvinculación formulada por el MINISTERIO.

Para el efecto, precisó que, la autoridad judicial accionada dio trámite

a la solicitud de reforma de la demanda a través de auto de 12 de

junio de 2026, por lo que la situación que dio origen a la acción de

tutela, esto es, la falta de pronunciamiento frente a la petición de la

reforma de la demanda fue efectivamente resuelta durante el

presente trámite constitucional.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora impugnó la providencia de primera instancia,

argumentando que, contrario a lo afirmado por el a quo, aún persiste

la vulneración de sus derechos fundamentales invocados, pues

después de 4 años el proceso sigue en el mismo punto sin que se

adopte una decisión de fondo.

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Alegó que ha presentado varias solicitudes ante el JUZGADO, con el

objeto de que se imprima celeridad al proceso ordinario cuestionado,

no obstante, han sido desatendidas.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Caso concreto

A través de la presente acción de tutela la actora pretende la

protección de sus derechos fundamentales de petición, al debido

proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales estima

vulnerados por el JUZGADO al no haber dado respuesta a las

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solicitudes de impulso procesal que presentó y haber incurrido en

una presunta mora judicial en proferir sentencia de primera instancia

dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

identificado con el número único de radicación 2023-00148-00.

En el curso de la primera instancia el TRIBUNAL declaró la carencia

actual de objeto por hecho superado, toda vez que el JUZGADO

admitió la reforma de la demanda a través de auto de 12 de junio de

2026, por lo que, a su juicio, la situación que dio origen a la presente

acción de tutela fue resuelta durante el presente trámite

constitucional.

En la impugnación la actora insistió en que la vulneración de sus

derechos fundamentales invocados persiste, pues al parecer después

de 4 años el proceso sigue en el mismo punto sin que se adopte una

decisión de fondo; sumado a ello, que las solicitudes de impulso

procesal presentadas han sido desatendidas.

En ese orden de ideas, la Sala procederá a determinar si la autoridad

judicial accionada vulneró los derechos fundamentales de la actora,

pero, antes de abordar el estudio del caso concreto, resulta

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pertinente hacer algunas precisiones respecto del derecho de petición

ejercido ante autoridades judiciales.

Frente al derecho de petición que se ejerce ante autoridades

judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no

resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se

pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante

el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites

para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador

constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el

contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o

administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el

amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.

La Sección así lo precisó en sentencia de 17 de noviembre de 20176,

en la que se reiteró lo expuesto en providencia de 18 de junio de

2015, proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el número

único de radicación 11001-03-15-000-2015-01196-00:

“[…] En relación con el derecho de petición presentado ante
autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar
que su amparo no resulta procedente por vía de acción de

6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de
diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 11001-03-15-000-
2017-02583-00.

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tutela, cuando lo que se pretende es obtener
pronunciamientos por parte de un juez durante el curso
de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites
para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador
constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el
contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente
judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo
evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.
Así lo apreció la Sala en sentencia de 17 de julio de 2008, con
ponencia del Magistrado doctor Marco Antonio Velilla Moreno,
proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el nro. 2008-
00517, en la que se indicó lo siguiente:

En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar
que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es
procedente el ejercicio del derecho de petición como tal frente a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, por cuanto para
ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes
mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes
en los procesos; y que acceder al reconocimiento de derechos de
petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos a la
administración de justicia, pues implicaría destinar gran parte del
tiempo a responder solicitudes como la de la actora en
detrimento de la actividad judicial.

En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente
núm. AC-2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya,
Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), la Sala
sostuvo:

“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata
precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado en
el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho de
petición en el caso de un proceso judicial.
Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte
Constitucional ha expresado:

“El derecho de petición no procede para poner en marcha el
aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla
sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación

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reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso
de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y
del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho
de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden
distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y,
de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos
se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el
Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las
peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser
resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones
administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten
las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en
asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que
prevalecen las reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)

Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de
asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra
muy distinta es el juez como autoridad judicial dentro del trámite
de un proceso a su cargo.

En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de
petición como tal, pues para ello el legislador ha establecido los
procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los
requerimientos de las partes en los procesos. Acceder al
reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces
procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues
implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes
como la del accionante en detrimento de la actividad judicial.

Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:

“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es
aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los procesos,
ya que éstos se rigen por las normas legales propias de cada uno,
sin que sea lo adecuado impulsarlos mediante la formulación de
peticiones en cada uno de los momentos procesales.” (Sentencia
T-178-00. MP JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO) […]”
(Negrillas y subrayas fuera del texto).

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Asimismo, en reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha

explicado que la jurisdicción en general ha sido entendida como la

potestad del Estado para administrar justicia en ejercicio de su

soberanía, mediante el conocimiento y decisión de diferentes

asuntos; por ello, es que todos los jueces ejercen jurisdicción en

nombre del Estado, pero en el marco de su competencia, la cual hace

referencia a la porción asignada a cada juez o Tribunal para su conocimiento.

Así lo consideró la Corte en sentencia C-154 de 2004:

“[…] Al respecto debe señalarse que la competencia de una
autoridad judicial ha sido entendida como la porción, la cantidad,
la medida o el grado de la jurisdicción que corresponde a cada
juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos que le
corresponde conocer, atendidos determinados factores (materia,
cuantía, lugar, etc)7.

La Corte ha explicado, así mismo que la jurisdicción en general
consiste en la potestad que tiene el Estado para administrar
justicia en ejercicio de la soberanía de que es titular, mediante
el conocimiento y decisión de las diferentes causas (civiles,
criminales, administrativas, etc.) y, en tal virtud, es única e
indivisible. Es por ello que todos los jueces ejercen jurisdicción
en nombre del Estado, pero circunscrita al ámbito propio de la
competencia8 que le asigna la ley9 […]”.

7
Sentencia C-040/97, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.
8
Los factores y las condiciones especiales que debe reunir la asignación de una competencia en
particular, según lo anotado en la sentencia C-655 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz, presentan las
siguientes características:
“La competencia se fija de acuerdo con distintos factores, a saber: la naturaleza o materia del proceso
y la cuantía (factor objetivo), la calidad de las partes que intervienen en el proceso (factor subjetivo),
la naturaleza de la función que desempeña el funcionario que debe resolver el proceso (factor
funcional), el lugar donde debe tramitarse el proceso (factor territorial), el factor de conexidad.
La competencia debe tener las siguientes calidades: legalidad, pues debe ser fijada por la ley;
imperatividad, lo que significa que no es derogable por la voluntad de las partes; inmodificabilidad
por que no se puede variar en el curso de un proceso (perpetuatio jurisdictionis); la indelegabilidad,
ya que no puede ser delegada por quien la detenta; y es de orden público puesto que se funda en
principios de interés general”.
9
Sentencia C-392/00 M.P. Antonio Barrera Carbonell.

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En ese entendido, la Sala observa que lo pretendido por la parte

actora en sus solicitudes, es que el JUZGADO de impulso procesal al

proceso ordinario cuestionado y profiera una decisión de fondo y

definitiva, asunto que corresponde al proceso judicial, por lo que tal

reclamación resuelta abiertamente improcedente.

Consecuente con lo anterior, la Sala revocará la decisión del a quo y,

en su lugar, declarará improcedente el amparo solicitado respecto

del derecho de petición alegado por la parte actora y así se dispondrá

en la parte resolutiva de esta providencia.

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala determinará si el JUZGADO

incurrió en una mora judicial injustificada al no haberse emitido

pronunciamiento definitivo dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el numero único de

radicación 2023-00148-00, promovido por la actora contra el

MINISTERIO - FOMAG y el MUNICIPIO.

Lo anterior, por cuanto de acuerdo con el criterio adoptado por esta

Sección en sentencia de 17 de noviembre de 201710 -según el cual

10
Consejo de Estado, Sección Primera; M.P.: María Elizabeth García González; Núm. único de
radicación: 11001-03-15-000-2017-02583-00; Actor: María Eugenia Hernández Valenzuela;
Demandado: Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo del Huila.

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en estos eventos el juez deberá abordar el estudio de la acción de

tutela bajo la égida de una posible afectación al derecho fundamental

al debido proceso como consecuencia de haberse incurrido en una

mora judicial- procede la Sala a analizar si en el sub examine se

acreditó la mora judicial injustificada.

En virtud de lo anterior, se procede a examinar las actuaciones

procesales desarrolladas dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el numero único de

radicación 2023-00148-00, en aras de determinar si en el presente

asunto se reúnen los presupuestos que configuran la mora judicial

injustificada al no haberse proferido sentencia de primera instancia.

Según información relacionada en consulta de procesos nacional

unificada de la Rama Judicial y SAMAI, así como del informe rendido

por la autoridad judicial accionada, se tiene lo siguiente:

 El proceso fue radicado el 11 de abril de 2023, correspondiendo

el asunto por reparto al JUZGADO CUARTO

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE VALLEDUPAR que,

mediante auto de 9 de junio de 2023, admitió la demanda.

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 Mediante proveído de 29 de abril de 2024, dicho despacho

judicial ordenó remitir el expediente al JUZGADO, con el fin de

que asumiera el conocimiento del asunto, de conformidad con

las reglas de redistribución previstas por el Consejo Seccional

de la Judicatura del Cesar mediante el Acuerdo núm. CSJCE24-

30 de 11 de abril de 2024.

 En auto de 7 de junio de 2024 el JUZGADO avocó

conocimiento del asunto y corrió traslado de la demanda a la

parte allí demandada.

 Mediante memorial de 5 de septiembre de 2024 el apoderado

de la actora presentó reforma de la demanda.

 Finalmente, en proveído de 12 de junio de 2026, el JUZGADO

admitió la reforma de la demanda y corrió traslado de esta por

el término de 15 días.

En virtud de lo anterior y conforme a las circunstancias fácticas

mencionadas, la Sala observa que, si bien no se ha dictado sentencia

de primera instancia, lo cierto es que se ha surtido el trámite

correspondiente en el asunto, además, la tardanza en la resolución

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del mismo obedece al volumen de procesos que se encuentran para

estudio en el despacho judicial, los cuales a la fecha suman 533 en

trámite, así como al cambio de la autoridad judicial a cargo del

expediente ordinario.

Sumado a lo anterior, es del caso destacar que de conformidad con

lo informado por el JUZGADO, este le imprimió celeridad al proceso,

tan es así que mediante providencia de 12 de junio de 2026, admitió

la reforma de la demanda y ordenó correr traslado de esta a la parte

allí demandada, lo que evidencia que se están realizando las

actuaciones correspondientes sobre el particular.

En ese orden de ideas, la Sala concluye que, contrario a lo afirmado

por el a quo, no es posible declarar la carencia actual de objeto por

hecho superado, en la medida en que, aun cuando la autoridad

judicial accionada ha dado el trámite correspondiente al asunto, no

ha proferido sentencia de primera instancia, tal como lo pretende la

actora en la presente solicitud de amparo.

Ahora, comoquiera que en el presente asunto no se vulneraron los

derechos fundamentales invocados por la parte actora, toda vez que

la autoridad judicial accionada no ha incurrido en mora judicial

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alguna, además, no se advierte la ocurrencia de un perjuicio

irremediable en el asunto, la Sala revocará la decisión del a quo que

declaró la carencia actual de objeto por hecho superado para, en su

lugar, denegar el amparo solicitado, como en efecto se dispondrá en

la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR el fallo impugnado y, en su lugar, DECLARAR

IMPROCEDENTE el amparo solicitado respecto del derecho de

petición alegado y DENEGAR las pretensiones de la demanda

referente a la presunta mora judicial alegada, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de julio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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