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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2026-00192-01

Fecha
28 de agosto de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2026-00192-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de julio de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que negó la solicitud de tutela de Adela Helena Romero y otros, contra el Juzgado Ochocientos Uno Administrativo Transitorio del Circuito de Valledupar, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 20001-23-33-000-2026-00192-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

28 de agosto de 2026

Radicado: 20001-23-33-000-2026-00192-01
Accionante: Adela Helena Romero Borja y
Otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 20001-23-33-000-2026-00192-01
Accionante: Adela Helena Romero Borja y Otros
Accionado: Juzgado Ochocientos Uno Administrativo Transitorio del
Circuito de Valledupar
Referencia: Acción de tutela

Tema: Acción de tutela. Mora judicial. Niega el amparo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que presentó la parte actora contra la sentencia del 6 de
julio de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar que negó el amparo
solicitado.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Adela Helena Romero y otros, por conducto de apoderado judicial, promovieron acción
de tutela contra el Juzgado Ochocientos Uno Administrativo Transitorio del Circuito de
Valledupar, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, los cuales consideraron vulnerados
por la presunta mora en el trámite del proceso ejecutivo identificado con el radicado
núm. 47001-33-33-005-2024-00160-00.

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica 1:

2.1. Adela Helena Romero Borja y otros promovieron proceso ejecutivo contra la
Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de
obtener el cumplimiento de la sentencia del 22 de enero de 2020, proferida por el
Juzgado Tercero Administrativo de Santa Marta, y modificada en segunda instancia por
la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo del Magdalena mediante providencia
de 8 de mayo de 2023, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado núm. 47001-33-33-003-2017-00018-00/01.

1
Actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=470013333005202400160004700133

Radicado: 20001-23-33-000-2026-00192-01
Accionante: Adela Helena Romero Borja y
Otros

2.2. La demanda ejecutiva fue presentada el 2 de julio de 2024 y radicada con el núm.
47001-33-33-005-2024-00160-00. El asunto fue remitido al Juzgado Quinto
Administrativo de Santa Marta, Despacho que, mediante auto del 26 de julio de 2024,
ordenó remitirlo al Juzgado Cuatrocientos Cuatro Administrativo Transitorio de
Valledupar, al considerar que correspondía a un proceso originado en reclamaciones
salariales y prestacionales contra la Rama Judicial.

2.3. Mediante auto del 18 de octubre de 2024, el Juzgado Cuatrocientos Cuatro
Administrativo Transitorio de Valledupar declaró su falta de competencia. Estimó que el
proceso ejecutivo debía ser conocido por el juzgado de origen del proceso ordinario,
por tratarse de la ejecución de una sentencia proferida en un asunto de nulidad y
restablecimiento del derecho. Por ello, ordenó remitir el expediente al Juzgado Tercero
Administrativo de Santa Marta.

2.4. Por auto del 29 de octubre de 2024, el Juzgado Tercero Administrativo de Santa
Marta no asumió el conocimiento del proceso y ordenó remitirlo al Juzgado Primero
Administrativo de Santa Marta. Para ello, consideró que este último despacho había
actuado como sustanciador del proceso en el que se profirió la sentencia cuya
ejecución se pretende.

2.5. Mediante auto de 2 de diciembre de 2024, el Juzgado Primero Administrativo de
Santa Marta también declaró su falta de competencia y ordenó remitir el expediente al
Juzgado Cuatrocientos Cuatro Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de
Valledupar. Señaló que, conforme a las precisiones efectuadas por la Unidad de
Desarrollo y Análisis Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura, la competencia
de los despachos transitorios comprendía la ejecución de las sentencias derivadas de
reclamaciones salariales y prestacionales contra la Rama Judicial.

2.6. Mediante auto del 14 de marzo de 2025, el Juzgado Seiscientos Uno Administrativo
Transitorio del Circuito Judicial de Valledupar avocó conocimiento del proceso ejecutivo
y, antes de resolver sobre el mandamiento de pago, ordenó remitir el expediente a la
Profesional Universitaria Grado 12 del Tribunal Administrativo del Cesar, con el fin de
revisar la liquidación presentada y, de ser necesario, elaborar una nueva conforme al
título ejecutivo.

2.7. Mediante oficio del 7 de mayo de 2025, el Juzgado Seiscientos Uno Administrativo
Transitorio del Circuito Judicial de Valledupar comunicó a la Profesional Universitaria
Grado 12 del Tribunal Administrativo del Cesar la remisión del expediente para la
revisión de la liquidación ordenada en el auto de 14 de marzo de 2025.

2.8. Según informe de 1.º de junio de 2026, la Profesional Universitaria Grado 12 del
Tribunal Administrativo del Cesar indicó que el proceso identificado con el radicado
núm. 47001-33-33-005-2024-00160-00 fue recibido el 8 de mayo de 2025 para
liquidación y se encontraba en el turno núm. 1. También precisó que, al 29 de mayo de
2026, se habían adelantado 20 liquidaciones dentro del asunto.

2

Radicado: 20001-23-33-000-2026-00192-01
Accionante: Adela Helena Romero Borja y
Otros

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, pidió ordenar al
Juzgado Ochocientos Uno Administrativo Transitorio del Circuito de Valledupar que
profiera mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo promovido por Adela
Romero Borja y otros contra la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

Señaló que el proceso ejecutivo tiene por objeto obtener el cumplimiento de la
sentencia del 22 de enero de 2020, proferida por el juez administrativo ad hoc,
confirmada mediante sentencia del 8 de mayo de 2023 por la Sala de Conjueces del
Tribunal Administrativo del Magdalena, en la que se ordenó incluir la bonificación
judicial en la base de liquidación de las prestaciones sociales de los demandantes.

3.2. Como fundamento de la solicitud, sostuvo que desde la presentación de la
demanda ejecutiva habían transcurrido 23 meses y 14 días sin que se librara
mandamiento de pago. Indicó que ni el Código General del Proceso ni el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevén la liquidación
anticipada del crédito como requisito previo para proferir esa decisión.

Adujo que el Juzgado accionado creó una etapa procesal no prevista en la ley, al
supeditar el mandamiento de pago a la liquidación previa del crédito. En su criterio,
dicha actuación configuró un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
postergó injustificadamente la ejecución de la sentencia y afectó sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso efectivo a la administración de justicia.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 22 de junio de 20262, el Tribunal Administrativo del Cesar
admitió la acción de tutela, y reconoció personería al abogado Rosember Rivadeneira
Bermúdez para actuar como apoderado de los accionantes.

4.2. El Juzgado Ochocientos Uno Administrativo Transitorio del Circuito Judicial
de Valledupar3 remitió el enlace de acceso al expediente digital del proceso ejecutivo.
Informó que recibió el expediente por las medidas de redistribución adoptadas por la
Rama Judicial, cuando ya estaba pendiente la actuación técnica ordenada por el
Juzgado Seiscientos Uno Administrativo Transitorio del Circuito de Valledupar. Precisó
que dicho despacho había remitido el proceso a la Profesional Universitaria Grado 12
del Tribunal Administrativo del Cesar.

Señaló que, conforme al informe del 1.º de junio de 2026 rendido por la Profesional
Universitaria Grado 12 del Tribunal Administrativo del Cesar, el expediente fue recibido

2
Índice 00005 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia, con certificado núm.
EFCB0FCBB532BD18 869016696D65E4E4 7061DD58B0304977 5AD4833487DE9FF4.
3
Índice 00009 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia con certificado núm.
A04095A6FC4E4FF2 14218264F8CE39C1 41AB4C77CD621258 39974C841A201CCD.

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Accionante: Adela Helena Romero Borja y
Otros

para liquidación el 8 de mayo de 2025 y se encontraba en turno. Agregó que, al 29 de
mayo de 2026, se adelantaban veinte liquidaciones dentro del asunto, lo que
evidenciaba que la actuación técnica se encontraba en curso. Por lo anterior, sostuvo
que no existía mora judicial atribuible a ese despacho, pues la continuación del trámite
dependía de la devolución del expediente con las liquidaciones requeridas y el informe
técnico correspondiente. En consecuencia, solicitó declarar que no se configuró
vulneración de derecho fundamental alguna por parte del Juzgado Ochocientos Uno
Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Valledupar.

5. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 6 de julio de 20264, negó
el amparo solicitado. En su análisis, la Sala concluyó que no se acreditó mora judicial
injustificada atribuible al Juzgado Ochocientos Uno Administrativo Transitorio del
Circuito Judicial de Valledupar.

Señaló que el proceso ejecutivo fue asumido inicialmente por el Juzgado Seiscientos
Uno Administrativo Transitorio del Circuito de Valledupar, autoridad que mediante auto
del 14 de marzo de 2025, ordenó remitir el expediente a la Profesional Universitaria
Grado 12 del Tribunal Administrativo del Cesar, con el fin de revisar la liquidación
presentada por la parte ejecutante y, de ser necesario, elaborar una nueva conforme al
título ejecutivo.

Indicó que, por la finalización de funciones del Juzgado Seiscientos Uno Administrativo
Transitorio y las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura, el
proceso fue asumido por el Juzgado Ochocientos Uno Administrativo Transitorio del
Circuito de Valledupar, que recibió el expediente cuando ya estaba pendiente la
actuación técnica previamente ordenada. Por ello, consideró que no era posible
resolver sobre el mandamiento de pago hasta que culminara la revisión de las
liquidaciones.

La Sala precisó que, según informe del 1.º de junio de 2026, el expediente fue recibido
para liquidación el 8 de mayo de 2025 y se encontraba en turno. Además, advirtió que,
al 29 de mayo de 2026, se adelantaban veinte liquidaciones y que el 1.º de julio
siguiente se remitió la correspondiente a uno de los ejecutantes. En ese contexto,
concluyó que la demora obedecía a la complejidad del proceso, integrado por 141
ejecutantes, y a la necesidad de elaborar liquidaciones individuales, graduales y
conforme al orden de recepción.

Frente al presunto defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, el Tribunal
sostuvo que la revisión previa de la liquidación no constituía una actuación arbitraria.
Aunque el Código General del Proceso no prevé expresamente esa actuación como
requisito para librar mandamiento de pago, explicó que, en procesos ejecutivos
fundados en sentencias de contenido económico complejo, dicha verificación permite

4
Índice 00012 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia, con certificado núm.
D6BE2CD3252804A4 0E4F00086FF4EFA2 009413B554091804 60A0DB7D02395938.

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Accionante: Adela Helena Romero Borja y
Otros

determinar si el crédito reclamado corresponde al título ejecutivo y evitar órdenes de
pago sustentadas en liquidaciones erróneas o superiores a lo reconocido judicialmente.
Concluyó que la actuación cuestionada tenía una finalidad legítima, orientada a
garantizar la correcta ejecución de la sentencia y proteger los derechos de los
ejecutantes y el patrimonio de la entidad obligada.

6. Impugnación

La parte actora presentó escrito de impugnación5 en el que sostuvo que el a quo
confundió una actuación interna de revisión de liquidaciones con un avance procesal
efectivo, pues desde la presentación de la demanda ejecutiva, han transcurrido 23
meses y 14 días sin que se profiera mandamiento de pago, auto que lo niegue o
decisión que resuelva la procedencia inicial de la ejecución.

Adujo que la revisión previa de las liquidaciones no puede convertirse en una condición
indefinida para decidir sobre el mandamiento de pago. Indicó que el Código General del
Proceso no prevé esa actuación como requisito previo y que, en el proceso ejecutivo, el
juez debe verificar si el título presta mérito ejecutivo y adoptar la decisión
correspondiente, sin supeditar indefinidamente el trámite a una liquidación técnica
anticipada.

También señaló que los informes técnicos elaborados por la Profesional Universitaria
del Tribunal Administrativo del Cesar no reflejan el estado actual de la obligación, pues
estarían proyectados hasta el 30 de junio de 2024, pese a que han transcurrido cerca
de dos años desde la presentación de la demanda ejecutiva.

La parte actora agregó que la complejidad del asunto y la existencia de 141 ejecutantes
no justifican una espera indefinida. Señaló que el despacho podía adoptar medidas de
dirección procesal, como resolver por grupos, requerir aclaraciones, pronunciarse
sobre los créditos claros o fijar un término máximo para culminar la revisión técnica.

Finalmente, sostuvo que las cargas derivadas de la redistribución de procesos, la
finalización de funciones del Juzgado Seiscientos Uno Administrativo Transitorio del
Circuito de Valledupar, la asignación posterior al Juzgado Ochocientos Uno
Administrativo Transitorio y la intervención de una dependencia técnica del Tribuna, no
pueden trasladarse a los ejecutantes.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación que presentó la parte actora, de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo
32 del Decreto 2591 de 1991.

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Índice 00015 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia, con certificado núm.
455EFC7FC228EC1A 7BCEC2CF17B056AB 463F74027371592D B307640306EFA7C4.

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Accionante: Adela Helena Romero Borja y
Otros

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Adela
Helena Romero y Otros, al ser los titulares de los derechos que afirman fueron
vulnerados, dado que actúan como demandantes en el trámite del proceso ejecutivo
adelantado bajo el radicado núm. 47001-33-33-005-2024-00160-00.

2.2. Por otro lado, está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Ochocientos Uno Administrativo Transitorio del Circuito de Valledupar, pues tiene a su
cargo el proceso mencionado y fue su omisión en el impulso de este a la que la parte
accionante le atribuyó la vulneración de su garantía constitucional.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la
impugnación tienen el alcance para revocar el fallo de primera instancia que negó la
solicitud de tutela.

4. Mora judicial

El artículo 29 de la Constitución establece el derecho al debido proceso “sin dilaciones
injustificadas” que tiene toda persona. De igual forma, el artículo 228 ibídem dispone
que “[l]os términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado (…)”. Asimismo, según el artículo 4 de la Ley 270 de 1996, “[l]a
administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos procesales serán
perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su
violación constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a
que haya lugar”.

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha dispuesto que “un elemento
fundamental del derecho al debido proceso es la garantía de obtener una decisión de
fondo sin dilaciones injustificadas y dentro de plazos razonables” 6 y que cuando los
jueces no cumplen los términos establecidos en la ley para resolver los requerimientos
de las partes, incurren en mora judicial, conducta que puede comportar una eventual
vulneración del derecho al debido proceso ante la omisión de proferir una determinada
providencia.

No obstante, el alto Tribunal Constitucional también ha indicado que “no todo retardo en
la adopción de una decisión judicial genera per se una infracción a la Constitución,
[p]ara que esto ocurra debe probarse que la dilación injustificada tuvo origen en la falta
de diligencia del funcionario judicial en el cumplimiento de sus deberes o que el plazo
del proceso sea irrazonable”7. Por esta razón, la jurisprudencia constitucional ha
reconocido que la mora judicial puede darse por negligencia o arbitrariedad de los
funcionarios judiciales encargados de proferir las providencias —caso en el cual la
6
Corte Constitucional, sentencia SU-333 de 2020.
7
Ibidem.

6

Radicado: 20001-23-33-000-2026-00192-01
Accionante: Adela Helena Romero Borja y
Otros

mora es injustificada—; o por la sobrecarga y el represamiento de trabajo que impide el
cumplimiento de los términos procesales, caso en el que la mora es justificada y no
vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia8.

Adicional, la jurisprudencia constitucional9 ha identificado eventos en los que se genera
mora judicial a pesar de la diligencia del funcionario, dentro de los que se encuentra i) la
complejidad del asunto impide sujetarse estrictamente al término previsto por el
legislador; ii) existen problemas estructurales que generan congestión y excesiva carga
laboral; o iii) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden
adelantar las actuaciones judiciales con sujeción a los términos.

En ese sentido, resulta necesario examinar, en cada caso concreto, las condiciones
particulares del asunto sometido estudio, con el fin de evaluar y determinar si existe una
justificación debidamente acreditada que explique la mora 10. Lo anterior implica que,
aun cuando se superen los términos procesales para que el juez adopte una
determinación, dicha circunstancia no constituye, por sí sola, una vulneración del
derecho a obtener una decisión de fondo sin dilaciones injustificadas y dentro de un
plazo razonable, cuando se advierte la existencia de un motivo válido que justifique el
retraso, conforme al concepto jurisprudencial de “mora judicial justificada” 11.

5. Caso concreto

La Sala advierte que, en el trámite del proceso ejecutivo, no se acreditó mora judicial
injustificada atribuible al Juzgado Ochocientos Uno Administrativo Transitorio del
Circuito Judicial de Valledupar. En consecuencia, confirmará la sentencia de primera
instancia, con fundamento en las razones que se exponen a continuación.

5.1. En el escrito de tutela y en el de impugnación, la parte actora afirmó que sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso efectivo a la administración de
justicia fueron vulnerados por la mora en el trámite del proceso ejecutivo.

Sostuvo que, desde la presentación de la demanda ejecutiva, han transcurrido 23
meses y 14 días sin que se haya librado mandamiento de pago. Agregó que la revisión
previa de liquidaciones no constituye un avance procesal efectivo ni puede convertirse
en una condición indefinida para resolver sobre la procedencia inicial de la ejecución.

8
Ibidem.
9
Sentencias T-565 de 2016, T-441 de 2015, T-1227 de 2001, T-1226 de 2001 y T 286 de 2020.
10
SU-179 de 2021.
11
Las sentencias SU-333 y SU 453 de 2020, señalaron que “el estudio del derecho al debido proceso sin dilaciones
injustificadas y de la prestación del servicio público a la administración de justicia con la observancia diligente de los
términos procesales, so pena de sancionar su incumplimiento, ha determinado la construcción de una línea
jurisprudencial sobre la mora judicial producida, en últimas, por la necesidad de establecer si el incumplimiento
objetivo de los plazos o términos previstos por el legislador para adelantar una actuación es razonable o no, y para
ello ha acudido a varios criterios. Indicó que no toda mora judicial implica la vulneración de los derechos
fundamentales de una persona, pues el juez de tutela debe verificar si se incurre en un desconocimiento de plazo
razonable y la inexistencia de un motivo válido que lo justifique. Este análisis se adelanta teniendo en cuenta (i) la
complejidad del caso, (ii) la conducta procesal de las partes, (iii) la valoración global del procedimiento y (iv) los
intereses que se debaten en el trámite.”

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Accionante: Adela Helena Romero Borja y
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5.2. Del análisis del expediente se observa que la demanda ejecutiva fue presentada el
2 de julio de 2024. Mediante auto del 26 de julio siguiente, el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Santa Marta ordenó remitir el asunto al Juzgado
Cuatrocientos Cuatro Administrativo Transitorio de Valledupar, al considerar que
correspondía a un proceso originado en reclamaciones salariales y prestacionales
contra la Rama Judicial.

Posteriormente, mediante auto del 18 de octubre de 2024, el Juzgado Cuatrocientos
Cuatro Administrativo Transitorio de Valledupar declaró su falta de competencia y
ordenó remitir el expediente al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de
Santa Marta, por estimar que la ejecución debía ser conocida por el juzgado de origen
del proceso ordinario.

Mediante auto del 29 de octubre de 2024, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del
Circuito de Santa Marta no asumió el conocimiento y remitió el expediente al Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Santa Marta, al considerar que este despacho
había actuado como sustanciador del proceso en el que se profirió la sentencia cuya
ejecución se pretende.

A su vez, mediante auto del 2 de diciembre de 2024, el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Santa Marta declaró su falta de competencia y remitió el expediente al
Juzgado Cuatrocientos Cuatro Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de
Valledupar, con fundamento en las precisiones de la Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico del Consejo Superior de la Judicatura sobre la competencia de los
despachos transitorios para conocer la ejecución de sentencias derivadas de
reclamaciones salariales y prestacionales contra la Rama Judicial.

5.3. Mediante auto del 14 de marzo de 2025, el Juzgado Seiscientos Uno Administrativo
Transitorio del Circuito Judicial de Valledupar avocó conocimiento del proceso ejecutivo
y, antes de resolver sobre el mandamiento de pago, ordenó remitir el expediente a la
Profesional Universitaria Grado Doce del Tribunal Administrativo del Cesar, con el fin
de revisar la liquidación presentada por la parte ejecutante y, de ser necesario, elaborar
una nueva conforme al título ejecutivo.

Por oficio del 7 de mayo de 2025, el Juzgado Seiscientos Uno Administrativo Transitorio
comunicó la remisión del expediente para el cumplimiento de la actuación técnica
ordenada. Según informe del 1.º de junio de 2026, la Profesional Universitaria Grado
Doce indicó que el proceso fue recibido el 8 de mayo de 2025 para liquidación, se
encontraba en turno núm. 1 y, al 29 de mayo de 2026, se habían adelantado 20
liquidaciones dentro del asunto.

5.4. Al revisar el expediente del proceso ejecutivo y la contestación del Juzgado
Ochocientos Uno Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Valledupar, la Sala
identificó que ese despacho recibió el expediente el 6 de febrero de 2026, según consta
en el índice núm. 36, con ocasión de las medidas de redistribución adoptadas por la
Rama Judicial.

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Accionante: Adela Helena Romero Borja y
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Para ese momento, ya estaba pendiente la actuación técnica ordenada por el Juzgado
Seiscientos Uno Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Valledupar,
consistente en remitir el proceso a la Profesional Universitaria Grado Doce del Tribunal
Administrativo del Cesar para revisar la liquidación presentada y, de ser necesario,
elaborar una nueva que permitiera continuar el trámite ejecutivo.

El Juzgado Ochocientos Uno Administrativo Transitorio señaló que, conforme al
informe del 1.º de junio de 2026 rendido por la Profesional Universitaria Grado Doce, el
expediente fue recibido para liquidación el 8 de mayo de 2025 y se encontraba en turno.
Agregó que, al 29 de mayo de 2026, se adelantaban 20 liquidaciones dentro del asunto,
lo que evidenciaba que la actuación técnica estaba en curso.

5.5. Frente al reproche según el cual el Juzgado accionado creó una etapa procesal no
prevista en la ley al supeditar el mandamiento de pago a la liquidación previa del
crédito, la Sala advierte que la censura no está llamada a prosperar.

Aunque el Código General del Proceso no prevé expresamente esa actuación como
requisito para librar mandamiento de pago, en este caso la medida no obedeció a un
formalismo injustificado, sino a la necesidad de verificar la correspondencia entre las
sumas reclamadas y el título ejecutivo.

En efecto, tal como lo sostuvo el Tribunal Administrativo del Cesar, en procesos
ejecutivos fundados en sentencias de contenido económico complejo, dicha
verificación permite determinar si el crédito reclamado se ajusta a lo reconocido
judicialmente y evita que se profieran órdenes de pago sustentadas en liquidaciones
erróneas o superiores al alcance del título.

Así, la actuación cuestionada no comportó la creación arbitraria de una etapa procesal
ni una restricción injustificada del acceso a la administración de justicia. Por el contrario,
tuvo una finalidad legítima, orientada a garantizar la correcta ejecución de la sentencia,
proteger los derechos de los ejecutantes y salvaguardar el patrimonio de la entidad
obligada. En consecuencia, no se acredita el defecto procedimental alegado.

5.6. La Sala considera que no se acreditó mora judicial injustificada. El trámite evidencia
que el expediente fue objeto de varias remisiones por razones de competencia y que,
una vez asumido por los despachos transitorios de Valledupar, se ordenó una revisión
técnica orientada a establecer la correspondencia entre las liquidaciones y el título
ejecutivo.

Además, en el expediente no se observa que la parte actora haya presentado
solicitudes de prelación o priorización del trámite sustentadas en la edad, estado de
salud de alguno de los ejecutantes u otra circunstancia que justificara alterar el orden de
turnos. Por ello, no se ha emitido pronunciamiento sobre una eventual priorización.

Al respecto, cabe precisar que la Corte Constitucional ha reconocido que la congestión
judicial y el volumen de trabajo son motivos razonables que explican el fenómeno de la

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Accionante: Adela Helena Romero Borja y
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mora judicial, “que se presenta como resultado de acumulaciones procesales
estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se
encuentra la solución de los procesos”12.

En este contexto, la demora advertida se explica por la complejidad del asunto, la
pluralidad de ejecutantes y la actuación técnica en curso, sin que se advierta desidia,
abandono o falta de diligencia atribuible al Juzgado Ochocientos Uno Administrativo
Transitorio del Circuito Judicial de Valledupar.

5.7. Así las cosas, la Sala considera que no está acreditada la actuación expuesta por la
parte actora como constitutiva de mora judicial y lesiva de sus derechos fundamentales.
En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia, que negó el amparo
solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de julio de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, que negó la solicitud de tutela de Adela Helena Romero y
otros, contra el Juzgado Ochocientos Uno Administrativo Transitorio del Circuito de
Valledupar, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y Cúmplase,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
ECG

12
Corte Constitucional, sentencia T-052 de 2018.

10

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