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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-33-003-2014-00298-01

Fecha
2 de agosto de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-33-003-2014-00298-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase fundado el impedimiento manifestado por el señor consejero doctor Alberto Montaña Plata. 2º) Modifícase la sentencia del 26 de enero de 2017 del Tribunal Administrativo del Cesar que accedió a las pretensiones de la demanda, la cual queda así: “Primero: Declárase no probadas las excepciones de inexistencia de los hechos, propuesta por el Municipio de Valledupar, e inexistencia de los elementos: hecho, daño y nexo causal en el accionar, propuesta por el Departamento del Cesar. Segundo: Declárase extracontractual y patrimonialmente responsables en forma solidaria al municipio de Valledupar (Cesar) y al departamento del Cesar por el daño reclamado por José Francisco Guerra Vega consistente 50 Expediente: 20001-23-33-003-2014-00298-01 (59.351) Actor: José Francisco Guerra Vega Reparación directa Apelación de sentencia en la ocupación permanente por parte de terceros del inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria no 190-100437 ubicado en la ciudad de Valledupar (Cesar). Tercero: Como consecuencia de la declaración anterior, condénase en abstracto al municipio de Valledupar (Cesar) y al departamento del Cesar, a pagar en favor de José Francisco Guerra Vega, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, el valor comercial del bien inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria no 190-100437 ubicado en la ciudad de Valledupar (Cesar). La tasación concreta de ese perjuicio deberá realizarse a través de un trámite incidental dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, de conformidad con los parámetros relacionados en la parte considerativa. Cuarto: Niéganse las demás pretensiones de la demanda. Quinto: En aplicación de lo dispuesto en el artículo 191 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se transfiere la propiedad del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria no 190-100437 en favor del municipio de Valledupar (Cesar) y del departamento del Cesar. Por tal motivo, una vez efectuado el pago de la correspondiente condena, regístrese la sentencia en el folio de matrícula […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 20001-23-33-003-2014-00298-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

2 de agosto de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, dos (2) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 20001-23-33-003-2014-00298-01 (59.351)
Demandante: JOSÉ FRANCISCO GUERRA VEGA
Demandado: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y OTRO
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA – CCA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – INVASIÓN DE
INMUEBLE – INCUMPLIMIENTO DE ORDEN DE
DESALOJO.

Síntesis del caso: el demandante alega como daño la ocupación permanente por parte de
terceros invasores de un terreno de gran extensión de su propiedad ubicado en la zona urbana
del municipio de Valledupar (Cesar), desmedro patrimonial que imputa al comportamiento
omisivo del municipio de Valledupar (Cesar) y del departamento del Cesar porque, a pesar de
que se tramitaron procesos policivos de lanzamiento por ocupación de hecho, las
correspondientes diligencias de desalojo fueron suspendidas por orden del Juez Segundo
Administrativo del Circuito de Valledupar a través de fallos emitidos en sendos procesos de
tutela promovidos por dichos terceros mediante los cuales amparó sus derechos a una
vivienda digna, la salud y la vida, de manera que antes de continuar con el lanzamiento, la
autoridad judicial le ordenó a esos entes de derecho público que ejercieran en un término
específico e improrrogable actos encaminados a solucionar y garantizar el derecho de acceso
a una vivienda digna de los ocupantes quienes se hallaban en situación de vulnerabilidad,
condición esta última que los entes demandados nunca cumplieron con lo cual impidieron la
recuperación del bien.

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por el departamento del Cesar
y (fls. 391 a 400 cdno. apelación) el municipio de Valledupar (Cesar) (fls. 448 a 470)
en contra de la sentencia proferida el 26 de enero de 2017 por el Tribunal
Administrativo del Cesar (fls. 368 a 382 cdno. apelación) mediante la cual se dispuso
lo siguiente:

“Primero: Declarar no probadas las excepciones de inexistencia de los
hechos, propuesta por el Municipio de Valledupar, e inexistencia de los
elementos: hecho, daño y nexo causal en el accionar, propuesta por el
Departamento del Cesar.

Segundo: Declárase que el Municipio de Valledupar y el Departamento del
Cesar, son administrativamente responsables por la conducta omisiva de no
haber efectuado el lanzamiento de las personas que invadieron el lote de
terreno denominado Finca Villanueva, de propiedad de JOSÉ FRANCISCO
GUERRA VEGA.

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Expediente: 20001-23-33-003-2014-00298-01 (59.351)
Actor: José Francisco Guerra Vega
Reparación directa
Apelación de sentencia

Tercero: Como consecuencia de la declaración anterior, se condena al
Municipio de Valledupar y al Departamento del Cesar, a pagar a favor del
señor JOSÉ FRANCISCO GUERRA VEGA, por concepto de perjuicios
materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de cuarenta y cinco
mil setecientos ochenta y tres millones cuatrocientos veintinueve mil
setecientos diecinueve pesos (45.783.429.719,oo), de conformidad con lo
expuesto en las consideraciones de esta providencia.

Cuarto: Condénase al Municipio de Valledupar y al Departamento del
Cesar, a pagar a favor del señor JOSÉ FRANCISCO GUERRA VEGA, por
concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma
de diez mil novecientos ochenta y siete millones trescientos doce mil
setecientos pesos ($10.987.312.700,00), de conformidad con las
consideraciones de esta providencia.

Quinto: Dése aplicación a lo dispuesto en el artículo 191 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en relación
con la transferencia de la propiedad del terreno ocupado a favor del Municipio
de Valledupar y del Departamento del Cesar. Por tal motivo, una vez
efectuado el pago, regístrese la sentencia en el folio de matrícula inmobiliaria
número 190-100437 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Valledupar, para que obre como título traslaticio de dominio.

Sexto: Condénase en costas a la parte demandada. Por secretaría
liquídense (…).” (fls. 381 y 382 cdno. apelación – negrillas del original)1.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1) Mediante escrito radicado el 5 de septiembre de 2014, el señor José Francisco
Guerra Vega, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda en contra del
municipio de Valledupar (Cesar) y el departamento del Cesar a través del medio de
control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del CPACA (fls. 197 a 208
cdno. 1) con las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Declárese administrativa y patrimonialmente responsable al
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, y al DEPARTAMENTO DEL CESAR, a título
de falla del servicio por omisión al permitir la consolidación de una invasión,
en el predio del señor JOSÉ FRANCISCO GUERRA VEGA, ubicado en la
carrera 25 No 48-280 de Valledupar, con una extensión superficiaria de
196.553 m2 y comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: calle
(sic) en 327 metros, ORIENTE: carrera 25, en 617.9 metros, SUR: calle 56,

1
Frente a esta decisión el municipio de Valledupar (Cesar) presentó solicitud de aclaración mediante memorial del
12 de febrero de 2012 (fls. 388 y 389) para que se explicara por qué a título de lucro cesante se reconoció una
suma no solicitada en la demanda, concerniente a la rentabilidad del dinero correspondiente al valor comercial del
terreno invadido, petición que fue denegada mediante providencia del 23 de febrero de 2007 por el Tribunal
Administrativo del Cesar por considerar que la condena por ese rubro no ofrece motivos de duda (fls. 478 a 481
cdno. apelación).

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Expediente: 20001-23-33-003-2014-00298-01 (59.351)
Actor: José Francisco Guerra Vega
Reparación directa
Apelación de sentencia

en 325.6 metros y, OCCIDENTE: carrera 26 D, en 587 metros; número de
matrícula inmobiliaria 190-100437; al no ejecutar sus correspondientes
deberes.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración anterior, condénese
al MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, y el DEPARTAMENTO DEL CESAR, a
pagar al señor JOSÉ FRANCISCO GUERRA VEGA:

a) El valor de TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ MILLONES
SEISICIENTOS MIL PESOS ($39.310.600.000), suma que debe ser
indexada al momento del pago, por concepto del valor del inmueble ubicado
en la carrera 25 No 48-280 de Valledupar, con una extensión superficiaria de
196.553 m2 y comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: calle
(sic) en 327 metros, ORIENTE carrera 25, en 617.9 metros, SUR calle 56, en
325.6 metros y OCCIDENTE carrera 26 D, en 587 metros; número de
matrícula 190-100437; de acuerdo al avalúo del inmueble practicado por el
perito ANDRÉS VEGA GUTIÉRREZ.

b) La suma de NUEVE MIL DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS
CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
($9.200.914.387.oo), suma que debe ser indexada al momento del pago; que
corresponde a la pérdida ocasionada al demandante por la imposibilidad de
ejecución del proyecto MULTIFAMILIARES OSCAR GUERRA B; para el cual
ya se había obtenido la correspondiente licencia de urbanismo y construcción
No. 02001-11-2-0433, por parte de la Curaduría Urbana No 2 de Valledupar;
valor que comprende la utilidad sobre el valor de venta, de acuerdo con la
estructura de costos del proyecto presentado al Ministerio de Vivienda.” (fls.
202 y 203 cdno. 1 – negrillas y mayúsculas sostenidas del original)2.

2. Hechos

Como fundamento fáctico la parte actora invocó, en síntesis, lo siguiente:

1) El señor José Francisco Guerra Vega es propietario de un inmueble urbano ubicado
en la carrera 25 No. 48-280 de la ciudad de Valledupar (Cesar) denominado
“Villanueva”, de una extensión superficiaria de 196.553 m2, sin embargo, el 29 de
mayo de 2011, un número nutrido de personas ocupó ese predio quienes conformaron
lo que denominaron la invasión “Tierra Prometida”, razón por la cual el 20 de junio de
2011 el demandante presentó ante la alcaldía de Valledupar (Cesar) una querella
policiva con el objetivo de que se ordenara el correspondiente lanzamiento por
ocupación de hecho.

2
La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 18 de septiembre de 2014 (fl. 211 cdno. 1) y
posteriormente reformada el 7 de octubre de 2014 mediante escrito donde se solicitaron pruebas adicionales (fls.
212 a 213 cdno. apelación), la reforma de la demanda fue admitida el 30 de abril de 2015 (fl. 255 cdno. 1).

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Expediente: 20001-23-33-003-2014-00298-01 (59.351)
Actor: José Francisco Guerra Vega
Reparación directa
Apelación de sentencia

2) El 30 de agosto de 2011, la inspectora de policía Emilce Orozco Díaz practicó una
diligencia de inspección en la cual se percató de que el predio estaba ocupado
aproximadamente por 1.200 familias quienes, aparentemente, eran personas
desplazadas por la violencia y damnificadas por una ola invernal.

3) El 28 de septiembre de 2011, el alcalde de Valledupar (Cesar) expidió la Resolución
no. 002550 por medio de la cual decretó el lanzamiento por ocupación de hecho para
cuyo efecto comisionó a la Inspectora Primera Civil de Policía de Valledupar, diligencia
que fue programada para el “30 de agosto de 2011”3 a las 9:00 am (fl. 198 cdno. 1),
empero, no se pudo realizar porque no se hizo presente la Policía Nacional.

4) La diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho fue reprogramada para el 8
de mayo de 2012 a las 8:00 am, no obstante, previamente a que esta fuera practicada,
algunos ocupantes presentaron acción de tutela en contra del departamento del Cesar,
el municipio de Valledupar (Cesar), el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, el ICBF, Óscar Guerra Bonilla y el SENA, hecho en virtud del cual
a través de sentencia del 27 de abril de 2012 el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Valledupar amparó los derechos a la vivienda digna y a la salud en
conexidad con la vida de tales personas, donde se ordenó al Coordinador del Sistema
Nacional de Atención a la Población Desplazada y al alcalde de Valledupar que, en el
término de 45 días, brindara a los actores soluciones de vivienda de carácter temporal
y asesorías para el acceso al subsidio familiar ante el Fondo Nacional del Ahorro, y
también que se abstuvieran de realizar cualquier diligencia de lanzamiento hasta que
tales soluciones se materializaran.

5) De igual forma, en virtud de una acción de tutela presentada por otros ocupantes y
también conocida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar,
esta autoridad profirió un fallo el 6 de julio de 2012 en el cual le ordenó al Departamento
Administrativo Para la Prosperidad Social que, en el término de 20 días, realizara un
censo de las familias asentadas y le ordenó al alcalde de Valledupar (Cesar) levantar
la suspensión de la diligencia de desalojo fijada sobre los predios de propiedad “Oscar
Guerra Bonilla”, que una vez culminado el censo debía procederse a fijar una nueva
fecha para la diligencia de desalojo, sin embargo, no se dio cumplimiento a la orden

3
Así se refiere literalmente en los hechos de la demanda y posiblemente dicha referencia puede deberse a un error
de digitación.

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Expediente: 20001-23-33-003-2014-00298-01 (59.351)
Actor: José Francisco Guerra Vega
Reparación directa
Apelación de sentencia

de tutela y la diligencia de desalojo quedó suspendida indefinidamente, con lo cual se
ocasionó el daño reclamado.

6) El incumplimiento de las obligaciones del alcalde de Valledupar y del gobernador
del Cesar se evidencian con el resultado de un incidente de desacato tramitado en
dicho proceso de tutela, donde el 15 de noviembre de 2013 se les impuso a esas
autoridades una sanción consistente en multa y arresto por el hecho de incumplir la
decisión adoptada en el fallo del 6 de julio de 2012 del Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Valledupar, la cual fue confirmada por el Tribunal Administrativo del
Cesar.

7) El incumplimiento de las órdenes de los fallos de tutela impidieron que el
demandante ejecutara el proyecto de vivienda denominado “Multifamiliares Óscar
Guerra B”, para el cual se había obtenido previamente licencia de urbanismo y
construcción con la finalidad de erigir 3.008 viviendas de interés prioritario, proyecto
con el cual se postuló ante el Ministerio de Vivienda pero que no se pudo materializar
porque el predio se hallaba ocupado por terceros.

8) El inmueble está actualmente ocupado por familias desplazadas y víctimas de la ola
invernal a quienes las autoridades territoriales no les ha brindado soluciones de
vivienda, hecho que impide que el predio se pueda enajenar o edificar.

3. Contestación de la demanda

El 18 de septiembre de 2014, el Tribunal Administrativo del Cesar admitió la demanda
(fl. 211 cdno.1) y ordenó la notificación del departamento del Cesar y del municipio de
Valledupar (Cesar).

3.1 Municipio de Valledupar (Cesar)

El 17 de febrero de 2015, contestó la demanda (fls. 232 a 235 cdno. 1) con oposición
a las pretensiones con fundamento en los argumentos que a continuación se
relacionan:

1) No hay falla del servicio, fueron múltiples las circunstancias que confluyeron para
que la administración municipal no pudiera cumplir con la diligencia de lanzamiento,

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Expediente: 20001-23-33-003-2014-00298-01 (59.351)
Actor: José Francisco Guerra Vega
Reparación directa
Apelación de sentencia

especialmente porque era materialmente imposible acatar las exigencias del
propietario frente al predio ocupado.

2) Se configuran las siguientes excepciones: (i) “falta de legitimación en la causa por
pasiva”, porque debió demandarse a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional, ya que la primera diligencia de lanzamiento fue programada para el 30 de
agosto de 2011, pero no se pudo realizar porque el ESMAD no hizo presencia en el
lugar de los hechos y; (ii) “inexistencia de los hechos”, porque sí se tramitó la querella
instaurada por el afectado, sin embargo, concurrieron varios factores externos que
impidieron la materialización de las medidas policivas ordenadas, tales como la
ausencia de la fuerza policial y los mecanismos judiciales utilizados por los invasores
quienes acudieron a la acción de tutela para frenar la acción de la administración,
además, el demandante tenía la posibilidad de acudir a la justicia ordinaria y ejercer
las acciones posesorias pertinentes.

3.2 Departamento del Cesar

Contestó la demanda el 19 de marzo de 2015 (fls. 243 a 250 cdno. 1), se opuso a las
pretensiones con sustento en las siguientes excepciones:

1) “Inexistencia de los elementos: hecho, daño y nexo causal en el accionar del
Departamento del Cesar”, por cuanto, si bien es cierto que no ha dado cumplimiento a
todo lo ordenado en los fallos de tutela, sí ha emprendido acciones tendientes a
solucionar la problemática presentada, pues, ha reubicado a más de 59 familias,
además, mediante la Ordenanza no. 47 de 2012 se contemplaron 20.000 soluciones
de vivienda, de las cuales el 20% se destinaron a la población en situación de
desplazamiento y víctima del conflicto armado, igualmente se adoptaron ordenanzas
para la compra de terrenos y que le concedieron facultades extraordinarias al
gobernador para solucionar las carencias habitacionales de las personas beneficiadas
con las sentencias de tutela, de manera que no se encuentra debidamente acreditada
la correspondiente falla del servicio.

2) “Inepta demanda – improcedencia de la acción de reparación directa”, debido a que
el medio procesal que se debió impetrar es la acción reivindicatoria, consagrada para

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Reparación directa
Apelación de sentencia

que el dueño de una cosa pueda reclamar la posesión que está en poder de otro, en
ese sentido el medio de control jurisdiccional de reparación directa es improcedente.

4. Audiencia inicial

Se llevó a cabo el 25 de febrero de 2016, el Tribunal Administrativo del Cesar negó las
excepciones previas presentadas por las demandadas, por considerar lo siguiente: (i)
no prospera la excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva” propuesta
por el municipio de Valledupar (Cesar) en atención a que en los hechos de la demanda
se asegura que dicho ente territorial incurrió en falla del servicio en el proceso de
lanzamiento por ocupación de hecho, aspecto que se relaciona con las pretensiones
de la demanda, además, existe “legitimación de hecho” por cuanto ese ente fue
convocado como parte demandante y; (ii) no se configura la excepción de ”inepta
demanda – improcedencia de la acción de reparación directa”, dado que en las
súplicas no se solicita la restitución del inmueble afectado por la invasión, sino que, se
imputa una falla del servicio por omisión (fls. 292 y 293 cdno. 1).

5. La sentencia de primera instancia

El 26 de enero de 2017, el Tribunal Administrativo del Cesar accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda en el sentido de declarar la responsabilidad
patrimonial extracontractual del municipio de Valledupar (Cesar) y del departamento
del Cesar (fls. 368 a 382 cdno. apelación) con base en las siguientes consideraciones:

1) Está probado el daño antijurídico invocado, el señor José Francisco Guerra Vega
es el propietario inscrito del inmueble denominado “Finca Villanueva” según el folio de
matrícula inmobiliaria no. 190-100437, también se constató que el terreno de la
referencia fue ocupado en su totalidad por terceros en condición de vulnerabilidad.

2) Este último hecho motivó al demandante a presentar ante la alcaldía de Valledupar
(Cesar) una querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho que fue admitida
por el alcalde el 28 de septiembre de 2011, de manera que se programó diligencia de
desalojo para el 8 de mayo de 2012 la que no se pudo practicar porque los invasores
presentaron una acción de tutela decidida por el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Valledupar, autoridad que el 27 de abril de 2012 le ordenó a ese municipio

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Actor: José Francisco Guerra Vega
Reparación directa
Apelación de sentencia

y al departamento del Cesar abstenerse de realizar cualquier desalojo hasta tanto se
brindaran a los ocupantes soluciones de vivienda.

3) Aquellas órdenes fueron incumplidas, razón por la cual se inició un incidente de
desacato donde se sancionó con multa y arresto al gobernador del Cesar y al alcalde
de Valledupar, decisión que fue confirmada parcialmente por el Tribunal Administrativo
del Cesar quien revocó solamente la orden de arresto.

4) El municipio de Valledupar (Cesar) y el departamento del Cesar incurrieron en falla
del servicio porque no facilitaron las condiciones para que se pudiera llevar a cabo la
referida diligencia de desalojo, pues, para que esta tuviera lugar debieron brindar
soluciones de vivienda a los ocupantes y reubicarlos, incumplimiento que permitió que
el daño antijurídico se consolidara debido a que el predio del demandante fue invadido
de manera definitiva, configurándose así la responsabilidad patrimonial
extracontractual de esos entes territoriales, sin lugar a la excepción de “inexistencia de
los elementos: hecho, daño y nexo causal” propuesta por el departamento del Cesar.

5) Se accede al reconocimiento del daño emergente consistente en el precio
comercial del inmueble ocupado por terceros con sustento en el valor consignado en
el dictamen de parte aportado con la demanda donde tasó el valor del bien en
$39.310.600.000, lo cual surge de multiplicar el precio del metro cuadrado en la zona
para la fecha de su realización ($200.000) por la extensión del terreno (196.553 m2)
de acuerdo con el método de comparación de mercado, suma total que indexada arroja
la cantidad final de $45.783.429.719.

6) Se niega el lucro cesante correspondiente a la utilidad dejada de percibir por la
imposibilidad de ejecutar el proyecto denominado “Multifamiliar Óscar Guerra Bonilla”,
porque, se trata de un perjuicio eventual, toda vez que la licencia de urbanismo y
construcción fue obtenida luego de que el terreno fuera ocupado por los invasores, no
obstante, en estos casos donde se reconoce el valor comercial del terreno es posible
acceder, a modo de lucro cesante, a la rentabilidad del dinero, razón por la cual
procede el pago de los intereses que dejó de producir el valor del bien desde el
momento de la ocupación hasta la fecha de la sentencia a razón de un 6% anual, para
un total de $10.987.312.700 por este concepto.

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Actor: José Francisco Guerra Vega
Reparación directa
Apelación de sentencia

6. Los recursos de apelación

6.1 Departamento del Cesar

El 13 de febrero de 2017, el departamento del Cesar presentó recurso de alzada a
través del cual solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y que, en su
lugar, se nieguen a las pretensiones de la demanda (fls. 391 a 400 cdno. apelación),
con sustento en lo siguiente:

1) No hay falla del servicio, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Valledupar no le ordenó que brindara soluciones de vivienda a los invasores, aspecto
que es de fácil corroboración a partir de la lectura del ordinal segundo de la parte
resolutiva de la sentencia de tutela del 27 de abril de 2012, en la cual se observa que
esa obligación solo estaba en cabeza del coordinador del Sistema Nacional de
Atención a la Población Desplazada y del alcalde de Valledupar (Cesar).

2) El deber de adelantar el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho es una
función que se encuentra en cabeza del municipio de Valledupar (Cesar) y de sus
inspectores de policía, según las competencias específicas asignadas por la ley4,
además, la continuidad del proceso policivo de lanzamiento no estaba supeditado al
cumplimiento de lo ordenado al ente departamental consistente en “implementar las
alternativas para incentivar el desarrollo y ejecución de proyectos de vivienda para la
población de accionantes”, lo cual sí cumplió porque, desde que se profirió el
mencionado fallo de tutela, emprendió las siguientes acciones: (i) a través de la
Ordenanza no. 048 de 2012 se adoptó el programa de vivienda “Techo a Salvo”, (ii) se
realizaron varias reuniones con la comunidad invasora, una de ellas el 26 de junio de
2012 que permitió que el departamento subsidiara con $5.000.000.000 un proyecto de
vivienda de interés prioritario, frente a lo cual los ocupantes se comprometieron a
desocupar la mitad del terreno afectado para la construcción de viviendas; (iii) a través
de las Ordenanzas números 018 del 19 de mayo de 2012 y 068 del 25 de febrero de
2013 se facultó al gobernador del Cesar para que comprara predios destinados a la
construcción de vivienda para las familias vulnerables, con prioridad en las víctimas
del desplazamiento y; (iv) suscribió el convenio denominado “Marco Tripartito No. 075
de 2013” con el objeto de construir albergues temporales y que se desalojaran los

4
Artículo 125 del Decreto-ley 1355 de 1970 y el artículo 15 de la Ley 75 de 1905.

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Expediente: 20001-23-33-003-2014-00298-01 (59.351)
Actor: José Francisco Guerra Vega
Reparación directa
Apelación de sentencia

predios del “Mayor Alberto Pimienta Cotes” por valor de $5.285.000.000, obra que no
fue posible ejecutar porque la UARIV no expidió el correspondiente registro
presupuestal, razón por la cual se acordó modificar ese convenio con el fin de construir
1.134 albergues en dos fases y no solo incluir a las familias que vivían en los terrenos
de Alberto Pimienta Cotes, sino también en los de “Óscar Guerra”.

3) En cuanto a los perjuicios, el tribunal incurrió en un reconocimiento extra petita sobre
el lucro cesante, si bien negó la utilidad eventualmente percibida por la ejecución de
un proyecto de vivienda, no debió reconocer en su lugar los intereses sobre el valor
del inmueble porque tal ítem no fue pedido en la demanda.

4) El a quo no debió dar valor probatorio al avalúo aportado con la demanda porque
este no cumple con los requisitos del artículo 226 del Código General del Proceso ya
que, si bien en la experticia se alude a que para la tasación del valor del bien afectado
se utilizó el método de mercado, no se observan documentos o certificaciones que
corroboren el desarrollo de dicho estudio que permitan realizar un ejercicio
comparativo con el precio real de los terrenos aledaños según lo exige la Resolución
no. 620 del 23 de septiembre de 2008 del IGAC en desarrollo de la Ley 388 de 1997,
el perito también omitió realizar un inventario de las características de los suelos del
bien en cuestión y no acreditó que estuviera autorizado por la Lonja de Propiedad Raíz
para realizar el avalúo conforme lo exige el artículo 3 del Decreto 1420 de 1998.

5) El numeral 5 de la parte resolutiva del fallo de primera instancia, en aplicación del
artículo 191 del CPACA, ordenó la transferencia de la propiedad del predio invadido
en favor del municipio de Valledupar (Cesar) y del departamento del Cesar, lo cual
constituye una lesión enorme porque se está ordenando recibir un inmueble por un
valor superior a su precio real en el mercado.

6) Hay caducidad, la ocurrencia de la omisión que originó el daño debe contarse a
partir de la expiración del término de 45 días otorgados por el fallo de tutela del 27 de
abril de 2012 para brindar soluciones de vivienda temporal, plazo que se cumplía el 12
de junio de 2012 y, considerando la suspensión del término por virtud de la solicitud de
conciliación extrajudicial, la parte demandante tenía hasta el 22 de agosto de 2014
para presentar la demanda, pero, la radicó el 5 de septiembre de 2014.

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Actor: José Francisco Guerra Vega
Reparación directa
Apelación de sentencia

6.2 Municipio de Valledupar (Cesar)

El 17 de febrero de 2017, el municipio de Valledupar (Cesar) solicitó que la sentencia
de primera instancia sea revocada y se nieguen las pretensiones de la demanda con
apoyo de los argumentos a continuación se exponen:

1) Se configura la excepción de “caducidad” del medio de control de reparación directa,
habida cuenta que el daño consistente en la ocupación del terreno se produjo el 29 de
mayo de 2011, fecha a partir de la cual empezó a computarse el término para la
presentación de la demanda, empero, para cuando se presentó la petición de
conciliación extrajudicial, el 10 de junio de 2014, el lapso de 2 años para radicar la
demanda ya había precluido.

2) No hay falla del servicio por cuanto: (i) se adelantó el trámite policivo de lanzamiento
por ocupación de hecho, solo que las correspondientes diligencias de desalojo no se
pudieron materializar porque, en un primera oportunidad el ESMAD no hizo presencia,
posteriormente, los ocupantes lograron por medio de tutela que el desalojo se
suspendiera; (ii) implementó un proyecto para la sensibilización, capacitación,
convivencia y seguridad de las familias de los predios Sabanas 1, Villa Luz, Emanuel
y Tierra Prometida; (iii) suscribió un convenio denominado “Marco Tripartito
Interadministrativo no. 28” el 26 de abril de 2015 por valor de $5.285.000.000 con la
Gobernación del Cesar y la Unidad Para la Atención y Reparación Integral de las
Víctimas, con el objetivo de construir albergues para ofrecer soluciones habitacionales
temporales a familias en condición de vulnerabilidad en el municipio de Valledupar, no
obstante, estos albergues fueron objeto de actos vandálicos y; (iv) por razón de este
último hecho, suscribió el contrato de obra no. 599 de 2015 con el objeto de la
“construcción de albergues para ofrecer soluciones habitacionales temporales a
familias en condición de vulnerabilidad y desplazamiento en el municipio de
Valledupar”.

3) Debido a lo anterior, en el incidente de desacato tramitado en el proceso de acción
de tutela que culminó con el mencionado fallo del 6 de julio de 2012, el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Valledupar encontró probado que no hubo omisión
alguna del municipio y no le impuso sanción alguna.

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Expediente: 20001-23-33-003-2014-00298-01 (59.351)
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Reparación directa
Apelación de sentencia

4) Sobre la tasación de los perjuicios, el Tribunal Administrativo del Cesar no advirtió
que el avalúo aportado con la demanda incurrió en inconsistencias, tales como: (i) la
indebida identificación del inmueble, por cuanto en la demanda se aduce que el predio
está ubicado en la carrera 25 no. 48-280 de Valledupar, pero, el dictamen alude a la
“carrera 25 y 27 calles 48 y 52”, a su turno, en la escritura no. 136 del 1º de febrero de
2012 otorgada por la Notaría Tercera del Círculo de Valledupar, aparece la dirección
como “carrera 25 número 49-06”; (ii) la escritura mencionada por el perito, la no. 136
del 1º de febrero de 2012, no corresponde al acto jurídico de compraventa en favor del
demandante sino a una actualización de área, nomenclatura y linderos, lo cual
demuestra que para fecha de la invasión (29 de mayo de 2011) el demandante no era
propietario; (iii) el dictamen contiene errores, porque para el momento en que se
realizó, 16 de enero de 2014, el lote ya contaba con servicios públicos y vías
pavimentadas, condiciones que eran distintas a las presentes al momento de la
invasión, razón por la cual se debe decretar un nuevo avalúo; (iv) en lugar de valorarse
el dictamen aportado con la demanda, debió tenerse en cuenta el proferido por el IGAC
el 7 de diciembre de 2011 que fue rendido 6 meses después de la ocurrencia de los
hechos y que tasó el avalúo catastral en $1.251.139.000, valor que debió indexar la
primera instancia.

5) La sentencia atacada es incongruente frente al reconocimiento del lucro cesante,
pues, una vez negado lo concerniente a la posibilidad de ganancia por el hecho de que
el demandante no pudo ejecutar un proyecto de vivienda no era viable acceder al pago
de intereses, porque no fue una pretensión solicitada en la demanda, de manera que
se incurrió en una condena extra petita.

6) La tasación de los perjuicios es exorbitante, su pago podría causar una grave lesión
patrimonial al municipio de Valledupar (Cesar) y un enriquecimiento injustificado al
demandante, máxime cuando el ente territorial ha realizado inversiones significativas
en obedecimiento de las órdenes dadas mediante acción de tutela.

7. Actuación surtida en segunda instancia

Por auto del 16 de junio de 2017 se admitieron los recursos de apelación presentados
por el departamento del Cesar y el municipio de Valledupar (Cesar) (fl. 520 cdno.
apelación).

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Expediente: 20001-23-33-003-2014-00298-01 (59.351)
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Reparación directa
Apelación de sentencia

El 7 de mayo de 2019 (fl. 551 cdno. apelación) se negaron algunas pruebas solicitadas
por los apelantes en segunda instancia, incluida la práctica de un nuevo avalúo, no
obstante, se decretó el recaudo de algunos documentos que surgieron después de
agotada la etapa probatoria, tales como (i) el Convenio Tripartito no. 28 del 6 de abril
de 2015 suscrito entre el municipio de Valledupar (Cesar), el departamento del Cesar
y la UARIV, así como también el acta de inicio del mismo y, (ii) la providencia emitida
el 6 de febrero de 2017 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar que
resolvió un incidente de desacato (fls. 551 a 557 cdno. apelación).

El 6 de septiembre de 2021 se corrió traslado a las partes para para alegar de
conclusión (SAMAI, índice 83), por el término común de diez (10) días y, por el mismo
lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto, quienes expresaron lo
siguiente: (i) la parte actora reiteró los argumentos planteados en la demanda,
consideró que el medio de control fue presentado de manera oportuna, que existe
legitimación en la causa por activa porque la propiedad del bien fue debidamente
demostrada, que están acreditados los elementos de la responsabilidad patrimonial
extracontractual del Estado y los perjuicios reclamados fueron debidamente probados,
incluido el lucro cesante (SAMAI índice 87); (ii) el departamento del Cesar reiteró lo
expuesto en el recurso de apelación (SAMAI índice 88), (iii) el municipio de Valledupar
(Cesar) insistió en lo expresado en la alzada (SAMAI, índice 89) y, (iv) el Ministerio
Público guardó silencio.

II CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) cuestión preliminar, 2) objeto de la controversia y anuncio
de la decisión, 3) caducidad del medio de control judicial, 4) análisis de la
responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, 5) reconocimiento de
perjuicios, 6) conclusión y, 7) condena en costas.

1. Cuestión preliminar

El doctor Alberto Montaña Plata presentó escrito de fecha 16 de julio de 2024 (índice
112 SAMAI) en el cual manifestó estar incurso en la causal de impedimento prevista

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en el numeral 9 del artículo 141 del CGP5 por existir amistad íntima con el doctor
Enrique Gil Botero, apoderado de la parte actora en el proceso de la referencia (índice
87 SAMAI).

Frente a lo anterior, en la forma y términos en que fue formulado el impedimento,
estima la Sala que se encuentra configurada la causal prevista en el numeral 9 del
artículo 141 del CGP debido a que existe amistad íntima entre el señor consejero
Alberto Montaña Plata y el apoderado de la parte demandante, razón por la que dicho
impedimento debe ser aceptado.

2. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

El centro de la controversia consiste en establecer si se reúnen los elementos
requeridos para declarar la responsabilidad patrimonial extracontractual del municipio
de Valledupar (Cesar) y del departamento del Cesar como consecuencia de la
supuesta omisión en la que incurrieron al permitir que terceros invasores ocuparan el
inmueble de propiedad del señor José Francisco Guerra Vega, debido al
incumplimiento de las órdenes emitidas mediante sendas sentencias de procesos de
acción de tutela que, entre otras cosas, ordenaron que se brindara a la población
vulnerable facilidades para su reubicación temporal y así poder reanudar la diligencia
de lanzamiento por ocupación de hecho que había sido programada dentro de los
correspondientes procesos policivos, la cual nunca se pudo practicar.

La primera instancia accedió a las pretensiones de la demanda por encontrar
demostrado el daño y una falla del servicio imputable a los entes territoriales
demandados, debido a que incumplieron las obligaciones que les fueren impuestas
mediante decisiones adoptadas dentro de los procesos de acción de tutela iniciados
por los ocupantes del referido predio que, de haber sido acatadas en tiempo hubieran
permitido realizar el desalojo de los terceros invasores quienes se hallaban en
situación de vulnerabilidad, en consecuencia reconoció perjuicios por daño emergente
y lucro cesante; en el recurso de apelación, las personas jurídicas de derecho público
demandadas coincidieron en expresar que existe caducidad del medio de control de
reparación directa, manifestaron que no incurrieron en falla del servicio porque hicieron

5
El artículo 141 del Código General del Proceso, dispone lo siguiente “Causales De Recusación. Son causales
derecusación las siguientes: (…) 9. Existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna delas partes, su
representante o apoderado.”

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Apelación de sentencia

todo lo posible por cumplir las órdenes judiciales y enfatizaron en que hubo una
indebida valoración del dictamen con apoyo en cual se tasó el valor del bien inmueble
afectado porque contiene inconsistencias graves, finalmente, aseveraron que hubo un
reconocimiento extra petita, relativo al pago de intereses sobre el valor del terreno,
ítem que no fue solicitado en la demanda.

La Sala confirmará la sentencia apelada en el sentido de declarar la responsabilidad
patrimonial extracontractual de los entes demandados porque no se configura la
excepción de caducidad en la medida en que el medio de control de reparación directa
fue ejercido en tiempo, está debidamente demostrado el daño y este es imputable de
manera solidaria al municipio de Valledupar (Cesar) y al departamento del Cesar con
fundamento en el título de imputación de falla del servicio, empero, ante las falencias
del avalúo aportado con la demanda se modificará el reconocimiento del perjuicio de
daño emergente para en su lugar condenar en abstracto por este rubro, adicionalmente
se revocará la condena por lucro cesante, dado que el cómputo de intereses sobre el
precio comercial del inmueble afectado no obedece a una de las pretensiones de la
demanda.

3. Caducidad del medio de control judicial

1) Uno de los aspectos centrales de la apelación, en el cual coincidieron el municipio
de Valledupar (Cesar) y el departamento del Cesar, consiste en el hecho de considerar
que el medio de control judicial de reparación directa fue ejercido de manera
extemporánea por cuanto: (i) el primero estima que el término de dos (2) años debe
computarse desde el 29 de mayo de 2011, fecha en la cual se presentó la ocupación
del inmueble denominado “Finca Villaluz” y, (ii) el segundo, manifiesta que el plazo
para radicar la demanda inició desde la expiración del término de 45 días otorgado a
las autoridades públicas para que cumplieran lo ordenado en la parte resolutiva de la
sentencia del 27 de abril del 2012 emitida en el proceso de acción de tutela no. 20001-
33-31-002-2012-00083-00.

2) Al respecto es de vital importancia precisar que, si bien el daño que se alega
consiste en la ocupación material del bien inmueble denominado “Finca Villanueva”,
es claro que este hecho no fue ejecutado por los demandados sino por terceros, razón
por la cual la parte actora con el propósito de imputarle responsabilidad al

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departamento del Cesar y la municipio de Valledupar (Cesar) asegura que estos entes
territoriales incurrieron en una omisión administrativa por cuanto no materializaron las
correspondientes diligencias de desalojo ordenadas en los procesos policivos de
lanzamiento por ocupación de hecho, las cuales no se pudieron realizar porque,
previamente, debían cumplir sendas órdenes impartidas por el juez de tutela
encaminadas a brindarle soluciones de vivienda temporal a los ocupantes y finalmente
garantizar su desalojo en condiciones dignas.

3) En este orden de ideas, el término de caducidad no puede contabilizarse en este
caso desde el momento mismo de la ocupación sino a partir del instante en que la
administración debió cumplir sus funciones constitucionales y legales.

4) Para dilucidar lo anterior se aclara que, la “Finca Villanueva”, por su gran extensión,
fue sectorizada por los invasores6, pues, una parte la llamaron “Emmanuel o Villaluz”
y a otra “Tierra Prometida”, hecho que igualmente provocó el trámite de dos procesos
policivos diferentes, iniciados, de una parte, por el reputado constructor de un proyecto
de vivienda en ese bien, el señor Óscar Alex Guerra Bonilla y, otro, por el propietario
José Francisco Guerra Vega.

5) De este modo, los ocupantes del terreno se organizaron en dos grupos diferentes
y promovieron dos distintas acciones de tutela con el objeto de evitar ser desalojados
y que se protegieran sus derechos a una vivienda digna y a la salud en conexidad con
la vida, lo cual dio lugar a dos procesos diferentes e identificados con los números de
radicación 20001-33-31-002-2012-00083-00 y 20001-33-33-002-2012-00160-00,
ambos conocidos por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar
quien profirió las sentencias del 27 de abril de 2012 y 6 de julio de 20127,
respectivamente, las cuales accedieron a amparar los derechos fundamentales
invocados por los allí demandantes y se emitieron para el municipio de Valledupar
(Cesar) y el departamento del Cesar órdenes similares.

6) Aclarado este punto, se destaca que en los ordinales segundo y tercero de la parte
resolutiva del fallo del 27 de abril de 2012 del proceso de tutela no. 20001-33-31-002-
2012-00083-00 se ordenó al alcalde del municipio de Valledupar (Cesar) y al
gobernador del Cesar que en el “término improrrogable de cuarenta y cinco (45) días

6
Aspecto cuyos detalles serán precisados en el acápite de hechos probados.
7
Procesos que al parecer no se pudieron acumular porque, para cuando se presentó la demanda del segundo, el
15 de junio de 2012 ya se había fallado el primero el 27 de abril de 2012.

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contados a partir de las notificaciones del presente fallo” brindaran soluciones para
albergues temporales y alternativas que incentivaran el desarrollo y ejecución de
proyectos de vivienda para los allí accionantes (fl. 85 cdno. 1), en este fallo también se
impartió la orden al referido municipio de abstenerse de realizar cualquier diligencia de
lanzamiento hasta tanto no se materializaran las respectivas soluciones temporales de
vivienda8.

7) Así las cosas, la Sala tomará como punto de referencia para el correspondiente
cómputo del término de caducidad y la consecuente materialización de una omisión
administrativa, el vencimiento del plazo de 45 días otorgado en la sentencia del 27 de
abril de 2012 en el proceso de tutela no. 20001-33-31-002-2012-00083-00 (fl 85 cdno.
1) para la implementación de soluciones de vivienda temporales, ya que, si bien hubo
un segundo proceso de la misma naturaleza cuyo fallo se emitió de manera posterior,
en el proceso no. 20001-33-33-002-2012-00160-00 (fls. 64 y 65 cdno. 1), lo cierto es
que ambos procesos versaron sobre los mismos hechos, solo que con grupos de
demandantes distintos pero respecto de la ocupación del mismo predio9, en los cuales
se emitieron órdenes similares a las mismas autoridades y con igual finalidad, proteger
los derechos de la población vulnerable asentada en el inmueble del demandante.

8) Así las cosas, para verificar cuándo expiró ese plazo de 45 días, es necesario
constatar cuándo fue notificado el fallo del 27 de abril de 2012, frente a lo cual se
evidencia que a este proceso de reparación directa no se aportó la constancia de
notificación de esa sentencia, pero se asume que, por tratarse de un proceso de acción
de tutela, esta se agotó por el medio más expedito y eficaz, a más tardar al día
siguiente de haber sido proferido, según lo previsto en el artículo 30 del Decreto-ley
2591 de 199110, de manera que en aplicación de esa normativa es posible deducir que
el inicio del cómputo de aquel plazo de 45 días se dio a partir del día hábil siguiente a
la expedición de dicha providencia del 27 de abril de 2012 11, es decir, desde el 30 de
abril hasta el 6 de julio de 2012, y como en esta última fecha no se produjo ninguna

8
En efecto, en la sentencia del 27 de abril de 2012, expediente no. 20001-33-31-002-2012-00083-00, al final del
ordinal “Tercero” se expresó: “Del mismo modo ordénese al Municipio de Valledupar para que se abstenga de
realizar cualquier diligencia de lanzamiento hasta que no se materialicen soluciones de vivienda” (fl. 85 cdno. 1).
9
Este punto se precisará en el momento de estudiar el daño ya que, si bien pareciera que parte de la invasión tuvo
lugar en terrenos de propiedad del señor Óscar Álex Guerra Bonilla, existen elementos de prueba para corroborar
que se dio en el lote de propiedad del señor José Francisco Guerra Vega.
10
El artículo 30 del Decreto 2951 de 1991 reza lo siguiente: “El fallo se notificará por telegrama o por otro medio
expedito que asegure su cumplimiento, a más tardar al día siguiente de haber sido proferido”.
11
Día viernes.

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solución de vivienda para los ocupantes y tampoco el desalojo del bien12, este fue el
momento en el cual se configuró la omisión y desde entonces comenzó a correr el
término de caducidad.

9) En consecuencia, en principio, el plazo de dos (2) años para la presentación de la
demanda de reparación directa transcurrió desde el 7 de julio de 2012 hasta el 7 de
julio de 2014, sin embargo, se suspendió por el hecho del agotamiento del requisito de
conciliación extrajudicial ante la Procuraduría 75 Judicial I Para Asuntos
Administrativos desde el 10 de junio hasta el 19 de agosto de 2014 (fls. 193 a 195
cdno. 1), a falta de 27 días para que el referido término feneciera, y como la demanda
se radicó el 5 de septiembre de 2014 (fls. 191 y 209 cdno. 1), lo fue en el tiempo
establecido en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA.

4. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado

En este apartado de la sentencia, el estudio de la responsabilidad patrimonial
extracontractual de los entes públicos demandados se realizará en el siguiente orden:
(i) responsabilidad estatal en eventos de despojo definitivo de inmuebles por parte de
terceros, (ii) hechos probados, (iii) legitimación en la causa por activa y acreditación
del daño y, (iv) imputación.

4.1 La responsabilidad estatal en eventos de despojo definitivo de inmuebles por
parte de terceros

1) En el presente caso, la parte demandante discute que debido a la omisión, que le
atribuye al municipio de Valledupar (Cesar) y al departamento del Cesar, no fue posible
materializar una orden de desalojo emitida por el primero de los mencionados en el
trámite un proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho.

2) Según se evidenciará en el acápite de hechos probados, sobre el bien afectado se
iniciaron y tramitaron dos diferentes y separadas acciones posesorias de carácter

12
A pesar de que la sentencia del 27 de abril de 2012 no precisó si el plazo allí contemplado era en días hábiles o
calendario, lo cierto es que debe entenderse que lo fue en días hábiles en aplicación integral del artículo 121 del
Código de Procedimiento Civil, que preceptúa: “En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia
judicial, ni aquéllos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el despacho. Los términos de meses y
de años se contarán conforme al calendario”. Adicionalmente, si bien esa sentencia fue objeto de impugnación y
confirmada el 17 de noviembre de 2012 por el Tribunal Administrativo del Cesar, lo cierto es que tal recurso no
impedía el cumplimiento del fallo de primera instancia, según lo expresamente dispuesto en el artículo 30 del
Decreto-ley 2591 de 1991.

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policivo a partir de sendas querellas de lanzamiento por ocupación de hecho, en los
términos del Decreto 1355 de 1970, vigente para la época de los hechos 13.

3) Ahora bien, debido al carácter provisional de las medidas adoptadas en los
procedimientos de lanzamiento por ocupación de hecho, las cuales subsisten hasta
tanto el juez no decida algo diferente14, ya que no impiden que el mismo asunto pueda
adelantarse ante el juez civil mediante la acción posesoria15 o reivindicatoria16, la Corte
Constitucional en sentencia SU-157 de 2022 determinó los parámetros a considerar
para examinar la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado en los
eventos de ocupación de hecho por parte de terceros ajenos a la administración, entre
los cuales se destaca el deber de los afectados de promover mecanismos
administrativos y judiciales para la protección, ya sea de la posesión o del derecho de
dominio, de la siguiente forma:

“Es así que la regla de diligencia que se desprende de la jurisprudencia
contencioso administrativa, en relación con los casos de ocupación de
hecho por parte de terceros ajenos a la Administración, se refiere al
cumplimiento de una carga mínima en la presentación y promoción de
los mecanismos administrativos y judiciales al alcance del
demandante, esto con el fin de evaluar que el daño no haya sido
causado por un hecho atribuible a quién reclama la reparación, evento
en el cual se rompería el nexo causal respecto de la actuación del
Estado. Sin embargo, dicha carga no ha sido restringida a un medio de
defensa en específico, a pesar de que la mayoría de los casos, por
circunstancias fácticas que no constituyen condicionamientos, hayan
evaluado dicha diligencia en relación con el proceso policivo de lanzamiento,
pues fue el mecanismo interpuesto por los demandantes. Esta situación no
excluye el ejercicio de los demás mecanismos al alcance del propietario y la
consecuente valoración de esta conducta por parte del juez contencioso
administrativo, quién debe tener en cuenta, de acuerdo con un parámetro
amplio de diligencia, la promoción de diversos medios de defensa.” (resalta
la Sala).

13
En el caso de inmuebles urbanos, la querella de lanzamiento por ocupación de hecho se hallaba regulada por la
Ley 57 de 1905 y el Decreto 992 de 1930, sin embargo, mediante la sentencia C-241 de 2010, la Corte
Constitucional al conocer de una demanda de inconstitucionalidad sobre el artículo 15 de la Ley 57 de 1905, precisó
que esa disposición normativa fue subrogada por el Decreto-ley 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía), el cual
regía para el momento en el cual se dio la ocupación en el año 2011, fecha anterior a la expedición de la Ley 1081
de 2016 que derogó esta última disposición.
14
El artículo 127 del Decreto-ley 1355 de 1970, dispone que “las medidas de policía para proteger la posesión y
tenencia de bienes se mantendrán mientras el juez no decida otra cosa”.
Acerca de este tema la Corte Constitucional en sentencia SU-805 de 2003, expresó lo siguiente: “Se trata de una
instancia habilitada para restituir la tenencia de un inmueble, mas no para decidir las controversias suscitadas con
ocasión de los derechos de dominio o posesión pues éstas deben sortearse ante la jurisdicción ordinaria. De igual
manera, se trata de una institución que tampoco debe confundirse con otras similares, como el amparo contra actos
perturbadores de la posesión o mera tenencia, o el amparo contra la permanencia arbitraria en domicilio ajeno o la
restitución de bienes de uso público”.
15
De conformidad con el artículo 972 del Código Civil, las acciones posesorias tienen por objeto “conservar o
recuperar la posesión de bienes raíces, o de derechos reales constituidos en ellos”, que no solamente pueden ser
ejercidas para proteger al propietario sino cualquier otra persona que ejerza posesión.
16
Aparte de las acciones posesorias, el Código Civil contempla la reivindicatoria, que, según el artículo 946 de ese
compendio normativo es aquella “que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión, para que
el poseedor de ella sea condenado a restituirla”.

20
Expediente: 20001-23-33-003-2014-00298-01 (59.351)
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Apelación de sentencia

3) Sobre este punto, debe igualmente ponerse de presente que, si bien es cierto que
de conformidad con la normatividad pertinente el Consejo de Estado 17 ha expresado
que las medidas policivas tomadas en los procedimientos por ocupación de hecho no
suscitan controversia sobre la propiedad, sino solamente sobre la posesión, también
ha reconocido que existen situaciones en las cuales es posible considerar que se ha
perdido un inmueble en el transcurso de un procedimiento policivo de lanzamiento por
ocupación de hecho cuando se comprueba que no podía recuperarse a través de un
juicio posesorio o reivindicatorio, especialmente por razones de interés general que
impiden que un eventual desalojo sea de imposible materialización o impracticable a
pesar de la existencia de una orden de un juez civil, así:

“Ciertamente, cabe precisar y reiterar, que pueden ocurrir situaciones en
las que la inactividad de la Administración puede generar la afectación del
derecho de propiedad, en efecto, se trata de aquellos casos en que por
especiales razones de interés general, principalmente de tipo social, ya
sea en cumplimiento de órdenes judiciales –en particular órdenes
derivadas de un juicio de tutela- o administrativas, se opte por prohijar la
ocupación en la medida en que ordenar el desalojo y/o practicar la
diligencia que le dé cumplimiento, generen una situación tal que se
desprotejan los derechos de poblaciones catalogadas como sujetos de
especial protección, en cuyo caso puede ocurrir que: i) se torne nugatorio
e innecesario acudir al juez de la causa, puesto que aun cuando se
obtenga con éxito la reivindicación del bien o la protección de la posesión,
resultaría imposible ejecutar la decisión del juez por cuestiones de orden
social, en cuyo caso el juez de la acción de reparación directa podrá –
según los hechos del caso y la conducta del demandante- eximir de la
obligación de agotar los mecanismos administrativos y procesales de
protección de la propiedad, la posesión y/o el statu quo; frente a lo cual
es posible que, ii) se configure un daño especial en cabeza del propietario
del predio ocupado, en la medida en que por razones de interés general –
la protección de sujetos de especial protección como desplazados,
indígenas, madres cabeza de familia, etc.- se sacrifique el derecho de
propiedad del titular del predio; y en consecuencia, iii) se dará aplicación
al artículo 220 C.C.A., ahora 190 y 191 C.P.A.C.A, y se ordenará la
transferencia de la propiedad del bien a favor de la(s) entidad(es)
pública(s) demandada(s), para que ellas solucionen, en el marco de sus
competencias, la manera en que, de ser posible, se “legalizarán” esas
ocupaciones.

Lo anterior no implica, bajo ningún concepto ni interpretación posible, que la
Sala prohíje las ocupaciones ilegales de bienes privados o la “colonización” de
terrenos ajenos o que se consolide una postura que llevaría al Estado a asumir
una responsabilidad genérica y absoluta por los conflictos que se pudieran
generar por esa razón. Sin embargo, la Sala no puede desconocer las
dificultades que en la ejecución de medidas de desalojo encuentran algunas

17
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 3 de mayo de 2013, radicación no. 25000-23-
26-000-1998-03038-01 (27557) CP Danilo Rojas Betancourth; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 2 de mayo de 2013, radicación no. 44001-23-31-000-2000-00557-01 (28158), CP Mauricio Fajardo
Gómez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 23 de febrero de 2017, radicación no.
08001-23-31-000-1999-02289-01 (34121) CP Marta Nubia Velásquez Rico.

21
Expediente: 20001-23-33-003-2014-00298-01 (59.351)
Actor: José Francisco Guerra Vega
Reparación directa
Apelación de sentencia

autoridades administrativas por la propia situación social y de violencia que
atraviesa el país con el consecuente desamparo de los derechos de los
particulares que ello puede generar, razón por la cual se impone que las
autoridades de policía realicen un juicio de ponderación con el fin de determinar
la procedencia de continuar o no con la ejecución de la orden de desalojo, lo
que habrá de hacerse debidamente motivado y con la plena identificación de
los ocupantes y de la situación de especial protección en la que se puedan
encontrar.”18 (subrayado y negrillas adicionales).

4) En ese sentido, una vez se verifiquen los elementos de prueba pertinentes, deberá
tenerse en cuenta si existen supuestos de hecho suficientes para que al demandante
se le tornara nugatorio acudir ante el juez de la causa, con el fin analizar si debía agotar
el propietario, aparte de los mecanismos de los cuales disponía ante el ente municipal,
los judiciales para efectos de la protección de sus derechos de posesión y propiedad.

4.2 Hechos probados

Con el propósito de precisar el contexto en el cual se originó el daño y de conformidad
con las pruebas aportadas al proceso, se destacan las circunstancias de hecho más
relevantes para la resolución del litigio, a las cuales se aludirá en el siguiente orden
temático: (i) el derecho de propiedad del demandante y el proyecto urbanístico que se
pretendía desarrollar, (ii) tramites policivos iniciados para la recuperación de la “Finca
Villanueva”, (iii) acciones de tutela ejercidas por los invasores u ocupantes y, (iv)
gestiones de los entes territoriales demandantes.

4.2.1 El derecho de propiedad del demandante y el proyecto urbanístico que se
pretendía desarrollar

1) Acorde con la información consignada en el respectivo certificado de tradición y
libertad de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar expedido el
8 de mayo de 2014, el señor José Francisco Guerra Vega es el titular del derecho de
dominio sobre un bien denominado “Finca Villanueva” ubicado en la carrera 25 no. 48-
280 del municipio de Valledupar (Cesar), el cual adquirió por compra a la sociedad
Minerexpo SA mediante la escritura pública no. 1766 del 21 de diciembre de 2001 de
la Notaría Tercera del Círculo de Valledupar, acto registrado el 20 de febrero de 2002
(fl. 2 cdno. 1).

18
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2015, expediente no. 25000-
23-26-000-2001-02697-01 (33.977), CP Hernán Andrade Rincón.

22
Expediente: 20001-23-33-003-2014-00298-01 (59.351)
Actor: José Francisco Guerra Vega
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Apelación de sentencia

La matrícula inmobiliaria del terreno corresponde al no. 190-100437, fue abierta el 20
de febrero de 2002 luego de un englobe realizado en la misma escritura de
compraventa no. 1766 del 21 de diciembre de 2001, para esta última fecha el predio
contaba con una extensión de 27 hectáreas y 962 m2, no obstante, en el certificado de
tradición figura que posteriormente fue objeto de dos ventas parciales, así: (i) la
realizada en favor del municipio de Valledupar (Cesar) el 31 de diciembre de 2003
mediante la escritura pública no. 1348 de la Notaría Tercera de Valledupar en una
extensión de 107.458,52 m2 cuadrados y por un valor de $967.126.680, reflejada en
la anotación no. 2 del 14 de enero de 2004, con un remanente de 163.503,43 m2 y, (ii)
la celebrada el 13 de agosto de 2003, a través de la escritura pública no. 748 de la
Notaría Tercera de Valledupar en favor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia
en un área de 1800 metros cuadrados por valor de $50.000.000, lo cual se observa en
la anotación no. 3 del 12 de febrero de 2004, cuyo remanente no fue precisado “por
cuanto hay registrada una escritura posterior” (fl. 2 vlto, cdno. 1).

En este orden de ideas, si bien el predio debería contar con una extensión inferior a
163.503,43 m2, lo cierto es que en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria se
consigna que la extensión actual es de 196.553 m2 o 19 hectáreas con 6.553 m2,
diferencia que obedece a la protocolización de la escritura pública no. 0136 del 1 de
febrero de 2012 de la Notaría Tercera del Círculo de Valledupar por medio de la cual
se procedió a la actualización de linderos, nomenclatura y corrección de área 19.

2) El 30 de diciembre de 2011, la Curaduría Urbana no. 2 de Valledupar concedió en
favor del señor José Francisco Guerra Vega la licencia de urbanismo y construcción
no. 02001-11-2-0433, en la condición de propietario del lote de terreno de una

19
En la referida escritura pública no. 136 del 1 de febrero de 2012 de la Notaría Tercera del Valledupar que se
aportó con la demanda, se expresa que José Francisco Guerra Vega “adquirió inicialmente en mayor extensión y
por medio de la escritura pública NO. 1.766 del 21 de diciembre de 2001 de la NOTARÍA TERCERA DE
VALLEDUPAR y por la misma escritura englobó el predio que había adquirido, posteriormente de conformidad con
la escritura pública 1.348 de fecha 31/12/2003 de la misma NOTARÍA TERCERA DE VALLEDUPAR, hizo
compraventa parcial, quedándole un remanente de 163.503,43M2, dejando constancia que esta última escritura se
registró primero que la escritura pública No. 748 de fecha 13/08/2003 de esta misma Notaría (como está reflejado
en el certificado de tradición y libertad del folio No. 190-100437), en la cual también hizo compraventa parcial de
1.800M2, en consecuencia a estas compraventas parciales actualmente el remanente del predio de propiedad del
exponente es de 161.703,43 M2 (….). Que en su propio nombre, procede por medio de este instrumento público,
con fundamento en el certificado No 00736254 de fecha 7 de diciembre de 2011, expedido por el INSTITUTO
GEOGRÁFICO AGISTÍN CODAZZI, que se anexa a esta escritura pública, a ACTUALIZAR EL ÁREA,
NOMENCLATURA Y LINDEROS del predio de su propiedad y descrito en la cláusula segunda de este acto, el cual
hoy en adelante para todos los efectos legales a que haya lugar quedará con la siguiente descripción: UN LOTE
DE TERRENO con una extensión superficiaria de CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
TRES METROS CUADRADOS (196.553), es decir, DIECINUEVE HECTÁREAS (19 Has) con (6.553M2), situado
en el perímetro urbano de la ciudad de Valledupar en la carrera 25 NO. 49-06.” (fl. 177 cdno. 1). A este instrumento
público anexó la referida certificación del IGAC, donde se hace constar los linderos y la extensión de ese bien, con
un avalúo catastral de $1.251.139.000 (fl. 178 cdno. 1).

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Expediente: 20001-23-33-003-2014-00298-01 (59.351)
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Apelación de sentencia

extensión superficiaria de 19 hectáreas y 6.553 m2, con el propósito de desarrollar tres
(3) etapas del proyecto denominado “Multifamiliares Óscar Guerra B” en un plazo de
36 meses para la edificación de 3.008 viviendas y apartamentos de interés social (fls.
107 a 1116 cdno. 1); en el contenido de ese acto administrativo se expresa que el
constructor responsable es el señor Óscar Álex Guerra Bonilla.

4.2.2 Trámites policivos iniciados para la recuperación de la “Finca Villanueva”

1) Querella de lanzamiento por ocupación de hecho formulada por Óscar Álex Guerra
Bonilla:

El señor Óscar Álex Guerra Bonilla, en la condición de representante de la sociedad
OGB SCS inició ante la alcaldía de Valledupar una querella policiva de lanzamiento
por ocupación de hecho en contra de personas indeterminadas, a la cual accedió el
respectivo alcalde mediante la Resolución no. 002604 del 4 de octubre de 2011, cuya
respectiva diligencia fue programada para el 28 de noviembre de 2012, esta
información se extracta del aviso emitido el 2 de noviembre de 2012 por la Inspectora
Primera Civil Urbana de Valledupar20.

La correspondiente diligencia de lanzamiento, como se verá más adelante, no se pudo
realizar debido a que fue suspendida porque los ocupantes presentaron una acción
de tutela en la cual el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar
amparó los derechos a una vivienda digna a través del fallo del 6 de julio de 2012 en
el proceso con radicación no. 20001-33-33-002-2012-00160-00.

2) Querella de lanzamiento por ocupación de hecho solicitada por José Francisco
Guerra Vega:

20
El contenido de la parte resolutiva dicha decisión de la administración municipal fue el siguiente:
“PRIMERO: Que la inspección ha sido comisionada para llevar a cabo una DILIGENCIA DE LANZAMIENTO,
dentro de la QUERELLA POLICIVA DE LANZAMIENTO POR OCUPACIÓN DE HECHO, promovida por LA
SOCIEDAD O.G.B. representada legalmente por el señor OSCAR ALEX GUERRA BONILLA, contra PERSONAS
INDETERMINADAS, mediante apoderado doctor ÁLVARO VERGARA OYOLA.
SEGUNDO: Que la Inspección Primera Civil de policía dando cumplimiento a lo ordenado mediante RESOLUCIÓN
NO. 002604 DE FECHA 4 DE OCTUBRE DE 2011, ha fijado fecha para el día 28 NOVIEMBRE DE 2012 a partir
de las 8:00 de la mañana, para llevar a cabo LA DILIGENCIA DE LANZAMIENTO, del predio distinguido con el
No. 1 de la Urbanización O.G.B de esta ciudad”. (fl. 12 cdno. 6 – negrillas y mayúsculas sostenidas del original).

24
Expediente: 20001-23-33-003-2014-00298-01 (59.351)
Actor: José Francisco Guerra Vega
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Apelación de sentencia

a) El 20 de julio de 2011, José Francisco Guerra Vega presentó una querella de
lanzamiento por ocupación de hecho en contra de personas indeterminadas, por
cuanto el 29 de mayo de ese año un grupo numeroso de personas ingresaron al predio
“Finca Villanueva” y lo ocupó sin mediar consentimiento del propietario (fls. 9 y 10 cdno.
1).

b) El 30 de agosto de 2011, se llevó a cabo una diligencia de inspección al mencionado
inmueble por parte de la Inspectora Primera Civil Urbana de Policía de Valledupar,
donde se encontraron una serie de personas habitando en “cambuches, unidades
habitacionales construidas en bahareques, en madera cubiertas de zinc y materiales
de desecho las cuales ocupan casi la totalidad del inmueble descrito” (fl. 12 cdno. 1),
en esa oportunidad, uno de los abogados de los invasores expresó que sobre esos
predios se encontraban ubicadas aproximadamente 1.200 familias integradas por
niños, ancianos, discapacitados y desplazados por la violencia, quienes habían
obtenido un fallo de tutela favorable en primera instancia y que su propósito no era
apoderarse del terreno sino obligar al gobierno local para que fueran incluidos en
proyectos de vivienda (fls. 12 y 13 cdno. 1).

c) Mediante la Resolución no. 002550 del 28 de septiembre de 2011, el alcalde de
Valledupar admitió la querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho y
comisionó a la Inspectora Primera Civil Urbana de Policía de Valledupar para que
adelantara la correspondiente diligencia de lanzamiento, sobre el fallo de tutela
mencionado por los ocupantes consideró que versaba sobre un predio diferente (fls.
14 a 17 cdno. 1).

d) En cumplimiento de esa orden, a través del aviso del 26 de abril de 2012, la
Inspectora Primera Civil Urbana de Policía de Valledupar programó para el día 8 de
mayo de 2012 la correspondiente diligencia de desalojo (fl. 26 cdno. 1), pero, esta no
se pudo materializar debido al fallo de tutela proferido el 27 de abril de 2012 por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar dentro del proceso no.
20001-23-31-002-2012-00083-00, al cual se hará referencia con detalle más adelante.

e) Posteriormente, esa inspección de policía fijó otra fecha para concretar el
lanzamiento por ocupación de hecho el 28 de noviembre de 2012 (fl. 29 cdno. 6), pero

25
Expediente: 20001-23-33-003-2014-00298-01 (59.351)
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fue suspendida expresamente por la anotada autoridad judicial mediante auto del 27
de noviembre de 2012 en el proceso de tutela no. 20001-23-31-002-2012-00083-0021.

4.2.3 Acciones de tutela ejercidas por los invasores u ocupantes

1) Proceso con radicación no. 20001-33-31-002-2012-00083-00 ante el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar:

a) El 13 de abril de 2012, veinticuatro (24) personas pertenecientes a dieciocho (18)
familias diferentes, compuestas cada una por un promedio de cinco (5) integrantes,
quienes aseguraron ser desplazados y víctimas del conflicto armado interno,
expresaron haber ocupado los predios del señor “Óscar Guerra Bonilla conformados
por los barrios Villa Luz (Emmanuel) y Tierra Prometida” a los cuales habían ingresado
el 28 de mayo de 2011, solicitaron que les fueran amparados los derechos a una
vivienda digna, a la salud en conexión con la vida y los derecho de los niños (fls. 69
cdno. 1), pues, no se habían satisfecho sus necesidades de vivienda, no contaban con
servicios públicos y estaban expuestos a deplorables condiciones de salud.

b) El 27 de abril de 2012, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar
amparó los derechos fundamentales reclamados por los allí demandantes, de la
siguiente forma:

“PRIMERO: Tutelar parcialmente los derechos fundamentales a la vivienda
digna, derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida, el derecho
de los niños contemplados en los artículos 11, 49 y 51 de la Constitución
Política de la presente acción interpuesta a través de apoderado judicial por
NELLYS GUZMÁN TORRES NACOR y los demás accionantes contra el
DEPARTAMENTO DEL CESAR, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR,
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL,
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL
CESAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Ordénese al Coordinador del Sistema Nacional de Atención a
la Población Desplazada SNIPD, al Alcalde Municipal de Valledupar para
que en el término improrrogable de 45 días contados a partir de la
notificación del presente fallo brinde a los accionantes soluciones de

21
En el referido aviso del 28 de septiembre de 2011 se informó: “PRIMERO: Que la Inspección ha sido comisionada
para llevar a cabo DILIGENCIA DE LANZAMIENTO dentro de la QUERRELLA POLICIVA DE LANZAMIENTO
POR OCUPACIÓN DE HECHO, promovida por JOSÉ FRANCISCO GUERRA VEGA, mediante apoderado
doctor ÁLVARO VERGARA OYOA contra PERSONAS INDETERMINADAS.
SEGUNDO: Que la Inspección Primera Civil de Policía dando cumplimiento a lo ordenado mediante RESOLUCIÓN
No. 002550 del 28 de septiembre de 2011, ha fijado fecha para el día 28 DE NOVIEMBRE DE 2012, a partir de
las 8:00 de la mañana, para llevar a cabo UNA DILIGENCIA DE LANZAMIENTO, del predio denominado VILLA
NUEVA; UBICADO A LA ENTRADA DEL BARRIO MAREIGUA de esta ciudad (…).” (fl. 29 cdno. 6 – negrillas y
mayúsculas sostenidas del original).

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vivienda de carácter temporal y posteriormente, proporcionarles las
asesorías pertinentes sobre los procedimientos que deben seguir para
el acceso al subsidio familiar de vivienda de interés social ante el
Fondo Nacional de Vivienda y vincule a los proyectos productivos que
permitan la estabilización socioeconómica a cada uno de los
accionantes de acuerdo a la caracterización e identificación del perfil
laboral de cada uno, así mismo ordénese al Coordinador del Sistema
Nacional de Atención a la Población Desplazada SNIPD realizar un estudio
y censo de los accionantes que no figuran como desplazados en el Registro
Único de Población Desplazada a fin de que sean incluidos en el registro
una vez su situación de desplazamiento sea evaluada.

TERCERO: Ordénese al Gobernador del Departamento del Cesar y al
Alcalde Municipal de Valledupar para que en el término improrrogables
de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la notificación del
presente fallo implemente las alternativas que incentiven el desarrollo
y ejecución de proyectos de vivienda para la población a los
accionantes (…), gestionando programas de mejoramiento de vivienda
encaminada a dignificar las condiciones de vivienda de los accionantes una
vez adquieran el subsidio familiar de vivienda de interés social. Del mismo
modo ordénese al Municipio de Valledupar para que se abstenga de realizar
cualquier diligencia de lanzamiento hasta que no se materialicen las
soluciones de vivienda ordenadas en el presente proveído (…).”22 (fl. 85
cdno. 1 – destaca la Sala).

c) Inconformes con esa decisión, el señor Óscar Álex Guerra Bonilla y el municipio de
Valledupar (Cesar) radicaron sendos recursos de apelación, sin embargo, la sentencia
de tutela fue confirmada el 14 de junio de 2012 por el Tribunal Administrativo del Cesar
(fls. 87 a 106 cdno. 1).

d) El 27 de noviembre de 2012, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Valledupar, a solicitud de los demandantes, ordenó la suspensión provisional de unas
diligencias de lanzamiento fijadas por la Inspección Primera Civil de Policía de
Valledupar para el 28 de noviembre de 2012 y dio apertura a un incidente de desacato
(fls. 27 y 28 cdno. 6), cuyo resultado final no se conoce en este proceso.

2) Proceso con radicación no. 20001-33-33-002-2012-00160-00 seguido ante el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar:

22
Entre las consideraciones para llegar a tal determinación se expresó: “En el presente caso los accionantes a
través de apoderado judicial, exponen que han realizado ocupación de facto a predios de propiedad de Oscar
Guerra y siguen sin solucionar la necesidad de una vivienda digna. Pues bien, frente a esta situación no se evidencia
en el presente caso que los accionantes (sic) hayan realizado las gestiones pertinentes en aras de obtener el
subsidio familiar de vivienda de interés social para acceder a una vivienda digna el cual es entregado a la población
desplazada por el Fondo Nacional de Vivienda como lo establece el Decreto 4911 de 2009, razón suficiente que
permite establecer que por su condición de vulnerabilidad ostentan una protección especial y por consiguiente
tienen derecho a acceder a una vivienda digna como se establece en la presente acción, por lo que se ordenará al
Coordinador del Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada SNIPD y la Municipio de Valledupar que
implementen las medidas pertinentes para que puedan acceder a los subsidios de vivienda de interés social y así
superar las condiciones de vulnerabilidad” (fl. 79 cdno. 1).

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a) El 15 de junio de 2012, otras sesenta (60) personas pertenecientes a 59 familias,
conformadas cada una por un promedio de 5 integrantes, promovieron acción de tutela
a través de agente oficioso en contra del municipio de Valledupar (Cesar), el
departamento del Cesar y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
con la finalidad de obtener protección a sus derechos fundamentales a una vivienda
digna y derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida, quienes afirmaron
que se encontraban ocupando un inmueble de propiedad del señor “Óscar Guerra
Bonilla conformado por los barrios denominados Villa Luz (Emmanuel) y Tierra
Prometida” (fl. 3cdno. 8), frente a lo cual el “dueño” del inmueble había presentado una
querella para buscar el lanzamiento por ocupación de hecho decretada mediante la
Resolución no. 002604 del 4 de octubre de 2011, con dos intentos fallidos el 21 de
noviembre y 15 de diciembre de 2011, además, que estaba en trámite “otra querella
para los habitantes de Tierra Prometida para el día 8 de mayo de 2012” pero, que esas
diligencias fueron suspendidas en virtud del fallo del 27 de abril de 2012 del Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar emitido en ese otro proceso de
tutela (fls. 3 a 8 cdno. 8).

b) Durante los días 23 y 24 de abril de 2012, el juzgado practicó una inspección judicial
a las invasiones “Villa Luz (Emmanuel) y Tierra Prometida” de la ciudad de Valledupar,
ocasión en la cual constató que esos terrenos se encontraban habitados por personas
en condiciones de vulnerabilidad, sin acceso a servicio públicos, quienes expresaron
que habían arribado al lugar el 28 de mayo de 2011 (fls. 53 a 59 cdno. 8).

El 6 de julio de 2012, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar
consideró que había suficiente mérito para tutelar los derechos de los ocupantes y en
consecuencia dispuso lo siguiente:

“PRIMERO: Tutelar parcialmente los derechos fundamentales a la vivienda
digna, derecho a la salud en conexidad con el derecho a la vida, derechos
de los niños contemplados en los artículos 11, 49 y 51 de la Constitución
Política de la presente acción interpuesta a través de apoderado judicial por
VICTOR CASTRILLO MORALES y de los demás accionantes contra el
DEPARTAMENTO DEL CESAR, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR y
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL.

SEGUNDO: Ordenar al Departamento Administrativo Para la Prosperidad
Social, para que en un plazo no superior a veinte (20) días contados a partir
de la notificación de esta decisión, la realización de un censo de las familias
asentadas en el predio sabana 1 de que trata este proceso, con el fin de
identificar quienes reúnen la condición de personas desplazadas por la

28
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violencia, de acuerdo a los parámetros establecidos en la jurisprudencia
constitucional.

TERCERO: Ordenar al Alcalde municipal de Valledupar, levantar la
suspensión de la diligencia de desalojo fijada sobre los predios de
propiedad del señor OSCAR GUERRA BONILLA denominados Villa Luz
y Tierra Prometida. En consecuencia, una vez culminado el censo
ordenado en el numeral anterior, deberá proceder a fijar una nueva
fecha para efectuar la diligencia de desalojo que no podrá exceder de
veinte (20) días, notificando para ello a las personas que ocupan el
inmueble en mención con una antelación mínima a quince (15) días a
la prevista para el desalojo.

CUARTO: Ordénese al Gobernador del Departamento del Cesar y al
Alcalde Municipal de Valledupar, para que en el término improrrogable
de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la notificación del
presente fallo implemente las alternativas que incentiven el desarrollo
y ejecución de proyectos de vivienda para la población de los
accionantes (…) gestionando programas de mejoramiento de vivienda
encaminada a dignificar las condiciones de vivienda de los accionantes una
vez adquieran el subsidio familiar de vivienda de interés social (…)”23 (fls. 64
y 65 cdno. 1- negrillas adicionales)

c) El 20 de septiembre de 2012, el señor Óscar Álex Guerra Bonilla, quien dijo actuar
como tercero con interés legítimo y representante de la empresa “OGB SCS”, formuló
un incidente de desacato en contra del alcalde de Valledupar (Cesar) y el
Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social por el incumplimiento de las
órdenes dadas en el fallo del 6 de julio de 2012 (fls. 1 y 2 cdno. 3).

Adjunto a ese escrito aparece un poder otorgado por José Francisco Guerra Vega, en
condición de propietario del terreno denominado “Tierra Prometida”, en favor de Óscar
Álex Guerra Bonilla para que en su nombre formulara un incidente de desacato por el
incumplimiento de la sentencia del 6 de julio de 2012 (fl. 96 cdno. 3). La solicitud para

23
En la parte considerativa de ese fallo se expresó: “En ese orden de ideas, teniendo en cuenta como punto de
referencia el argumento jurisprudencial antes citado se establece que efectivamente los accionantes tienen derecho
a que se les garantice la protección y el goce de sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vivienda
digna el cual por las condiciones de vulnerabilidad se hace imperioso su amparo, no se debe dejar de lado que la
posesión ´por vías de hecho como ocurre en el caso concreto, no es el medio más eficaz para su materialización,
toda vez que esta tenencia va en contravía de los derechos que sobre el inmueble ostenta el propietario. Pues bien,
frente a esta situación no se evidencia en el presente caso que los accionantes hayan realizado las gestiones
pertinentes en aras de obtener el subsidio familiar de vivienda de interés social para acceder a una vivienda digna
el cual es entregado a la población desplazada por el Fondo Nacional de Vivienda como lo establece el Decreto
4911 de 2009, razón suficiente que permite establecer que por su condición de vulnerabilidad ostentan una
protección especial y por consiguiente tienen derecho a acceder a una vivienda digna como se establece en la
presente acción, por lo que se ordenará al Coordinador del Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada
SNIPD y la Municipio de Valledupar que implementen las medidas pertinentes para que puedan acceder a los
subsidios de vivienda de interés social y así superar las condiciones de vulnerabilidad.” (fl. 60 cdno 1)

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el inicio del correspondiente incidente de desacato también fue propuesta por los
demandantes de ese proceso (fls. 1 a 5 cdno. 6)24.

d) El 15 de noviembre de 2013, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Valledupar decidió dicho incidente, consideró que se habían incumplido las órdenes
dadas en el fallo del 6 de julio de 201225 a los entes administrativos territoriales (fls. 27
a 34 cdno. 1 y 614 a 621 cdno. 4), en el siguiente sentido: (i) frente al gobernador del
departamento del Cesar26, lo sancionó con multa de diez (10) smlmv y arresto por cinco
(5) días debido a que, si bien era cierto que el ente departamental había dispuesto
recursos importantes para cumplir con los planes de vivienda de personas en situación
de vulnerabilidad y adquirir lotes destinados a desarrollar planes habitacionales, hasta
esa fecha no se había emitido acto administrativo alguno para mitigar las calamidades
de los moradores de las invasiones y, (ii) al alcalde del municipio de Valledupar
(Cesar), lo sancionó con multa de cinco (5) smlmv27, porque si bien este informó que
el ente territorial estaba trabajando para implementar soluciones de vivienda en

24
De este escrito se destaca lo siguiente: “Desde que se profirió la sentencia el 6 de julio de 2012, la cual fue
confirmada por el tribunal, hasta la fecha han transcurrido más de cuatro meses y el señor alcalde de Valledupar
no le ha dado cumplimiento al fallo judicial de manera integral como debe hacerlo y por el contrario, fijó para el día
28 de noviembre del presente año un desalojo masivo a las comunidades de EMMANUEL y TIERRA PROMETIDA,
ocupantes del predio VILLA NUEVA de propiedad de JOSÉ FRANCISCO VEGA y el predio distinguido como Lote
No. 1de la Urbanización OGB de propiedad del señor OSCAR ALEX GUERRA BONILLA, que es el mismo predio
del señor OSCAR GUERRA BONILLA referido en este proceso” (fl. 2 cdno. 6).
25
En relación con el Departamento Para la Prosperidad Social expresó que sí había cumplido con lo ordenado por
cuanto envió un listado de las personas incluidas en el Sistema Único de la Población Desplazada y prorrogado las
ayudas humanitarias a los afectados.
26
Sobre este punto, en esa providencia se expresó lo siguiente: “Del material probatorio arrimado al proceso por
parte del Gobernador del Departamento del Cesar, se vislumbra que dicho ente ha venido contando desde los años
2012 y 2013 distintas sumas dinerarias de alta relevancia, para cumplir con los planes de vivienda de las personas
más vulneradas, es así como mediante las ordenanzas No. 048 del 10 de mayo de 2012, se le otorgó la facultad al
citado Gobernador para realizar inversión hasta por la suma de $19.175.310.361,42, para la adquisición de lotes
de terreno destinados a desarrollar programas de vivienda de interés social prioritario de conformidad con el artículo
1º de dicha ordenanza, igualmente en la Ordenanza No. 068 de febrero 25 de 2013, se le otorgó la facultad al
gobernador para adquirir predios que permitan solucionar las carencias habitacionales, hasta por valor de
$20.000.000.000 de conformidad con el Art. 5 de la Ordenanza citada (….) Encuentra el despacho que pese a la
cantidad dineraria ya mencionada para mitigar calamidades como las presentadas por las invasiones de las
invasiones “Emmanuel y Tierra Prometida”, a quienes se les amparó sus derechos fundamentales mediante fallo
de tutela proferido por este este despacho judicial el pasado 6 de julio de 2012, el Gobernador de este departamento
no ha realizado ni siquiera un solo acto administrativo tendiente a soslayar y en consecuencia a cesar la vulneración
de los derechos fundamentales reclamados por los tutelantes, y si bien el plenario reposa el acta de compromiso y
acta de reunión suscrita con líderes asentados en tierra prometida, dichos documentos son de calenda 16 de junio
de 2012, fecha antes de que se profiera las obligaciones impuestas por este Juzgado a las entidades demandadas”.
(fl. 32 cdno. 1).
27
Acerca de este aspecto, el juez de tutela consideró: “Si bien el representante del municipio (…) manifiesta que
están comprometidos con el derecho de vivienda que se encuentran trabajando en coordinación con el gobierno
nacional para darle solución de vivienda al población más necesitada, y que tienen aprobados dos mil quinientas
(2.500) viviendas que corresponden a la urbanización Lorenzo Morales, novecientas (900) soluciones
correspondientes a la Urbanización Nando Marín, mil seiscientas (1600) soluciones de vivienda para adjudicar a la
población de extrema pobreza, y presenta el proyecto para brindar Atención Humanitaria de las Víctimas del
conflicto armado en el Municipio de Valledupar, por valor total de $192.750.000 contemplados dentro del Plan de
Desarrollo Municipal 2012-20185 (…) lo cierto es que desde el pasado 6 de julio de 2013, que se profirió el fallo de
tutela se ha incumplido de manera palmaria lo ordenado en dicha providencia pese a haber trascurrido más de un
año pues hasta la fecha ninguno de los accionantes se ha hecho beneficiario de los proyectos de ejecución de
vivienda u alguna solución de vivienda de carácter temporal”. (fl. 33 cdno, 1).

30
Expediente: 20001-23-33-003-2014-00298-01 (59.351)
Actor: José Francisco Guerra Vega
Reparación directa
Apelación de sentencia

diferentes urbanizaciones, lo cierto era que ninguno de los actores del proceso de
acción de tutela habían sido beneficiarios de dichos auxilios.

La decisión sancionatoria fue conocida en grado de consulta por el Tribunal
Administrativo del Cesar quien el 29 de noviembre de 2013 confirmó la sanción, solo
revocó la orden de arresto (fls. 35 a 46 cdno. 1 y 674 a 685 cdno. 4).

e) El 18 de julio de 2014, el señor Óscar Álex Guerra Bonilla allegó un censo realizado
por FONVISOCIAL del municipio de Valledupar sobre las personas que se
encontraban en las invasiones “Emmanuel, Villa Luz y Terra Prometida”, con sustento
en el cual solicitó que se ordenara al municipio de Valledupar (Cesar) que procediera
al desalojo de dichos ocupantes (fls. 839 a cdno. 4).

f) En audiencia de rendición de cuentas practicada el 9 de abril de 2015, una vez
escuchados los representantes de las entidades públicas demandadas en ese proceso
de acción de tutela, el Juez Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar expresó:
“el Despacho manifiesta que felicita a las entidades demandadas por estar dando
cumplimiento al fallo dado por este despacho, manifiesta que una vez realizados los
albergues, con los agentes de la Policía se hará el desalojo de la propiedad de esta
persona de derecho privado con 14 de mayo de 2015 el despacho se pronunciará si
las partes demandadas están dando cumplimiento al fallo” (fl. 1196 cdno. 7).

g) A pesar de lo anterior, el 22 de mayo de 2015 el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Valledupar emitió un nuevo pronunciamiento en el cual consideró que
no se había dado cumplimiento al fallo de tutela y sancionó con arresto por el término
de diez (10) días y multa de veinte (20) smlmv al gobernador del Cesar y con cinco (5)
días de arresto y multa de diez (10) smlmv al alcalde de Valledupar (fls. 1201 a 1212
cdno. 9), debido a que hasta esa fecha no habían cesado los hechos que dieron origen
a la protección de los derechos fundamentales invocados en la correspondiente
demanda de acción de tutela28.

28
Las motivaciones del juez frente al gobernados del Cesar fueron las siguientes: “Con base a lo establecido en la
audiencia de rendición de cuentas y estudiado l expediente encuentra el despacho, que de acuerdo a las pruebas
aportada en proceso se puede establecer que la entidad accionada no ha realizado las actividades necesarias al
cumplimiento de lo requerido en el fallo de tutela, configurándose de esta forma la responsabilidad subjetiva
comprobada por parte de dicho ente, ya que muy a pesar de que el despacho les concedió un término prudencial
para que presentaran al plenario las pruebas de inicio de obra contenida en el convenio tripartito la cual debió ser
presentada ante esta judicatura el día 13 del año en curso, no fueron aportadas el proceso demostrándose la
renuencia del ente accionado al cumplimiento de ley (…).” (fl. 1208 cdno. 9).

31
Expediente: 20001-23-33-003-2014-00298-01 (59.351)
Actor: José Francisco Guerra Vega
Reparación directa
Apelación de sentencia

f) Frente a lo anterior, los servidores públicos sancionados aportaron el acta de inicio
del convenio tripartito no. 028 del 6 de abril de 2015 celebrado entre el municipio de
Valledupar (Cesar), el departamento del Cesar y la UARIV que tuvo por objeto la
construcción de albergues para ofrecer soluciones habitacionales temporales a
personas en condiciones de vulnerabilidad (fls. 1217 y 1218 cdno. 9).

g) El 16 de junio de 2016, el Tribunal Administrativo del Cesar revisó la referida sanción
en grado de consulta, estimó que tanto el departamento del Cesar como el municipio
de Valledupar (Cesar) sí habían cumplido el fallo de tutela proferido el 6 de julio de
2012, especialmente porque habían iniciado la construcción de albergues para ofrecer
soluciones habitacionales temporales a familias en condición de vulnerabilidad (fls.
1270 1282 cdno. 9)29.

h) Sin embargo, posteriormente, por solicitud de Óscar Álex Guerra Bonilla30 fue
decidido otro incidente de desacato presentado en contra del alcalde de Villavicencio
(Cesar) y el gobernador del Cesar, esta vez por el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito de Valledupar mediante providencia de 6 de febrero de 2017 31, quien se
abstuvo de sancionar a esas autoridades por encontrar que no habían sido renuentes
al cumplimiento de la sentencia que ordenó, entre otras acciones, la realización de
soluciones habitacionales temporales para los ocupantes del predio afectado (fls. 463
a 470 cdno. apelación).

En esa decisión se expresó que finalmente los enunciados albergues temporales
destinados a las personas en condición de vulnerabilidad habían sido construidos
conforme a un informe de supervisión aportado al proceso, pero que, posteriormente

29
Las consideraciones de ese tribunal fueron: “Lo anterior evidencia que el Departamento del Cesar y el Municipio
de Valledupar, le han dado cumplimiento al fallo de tutela proferido el 6 de julio de 2012, por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Valledupar, adelantando proyectos alternativos para dar solución temporal a la
problemática de vivienda por la que atraviesan los accionantes, quienes pertenecen a la población vulnerable, toda
vez que con las pruebas allegadas al proceso se demuestra que las entidades accionadas ya suscribieron el acta
de inicio para la ejecución del Convenio Tripartito N.º 28 de 2015, que tiene por objeto la construcción de albergues
para ofrecer soluciones habitacionales temporales a las familias en condición de vulnerabilidad y de desplazamiento
en el municipio de Valledupar, y giraron los recursos que estaban comprometidos para tal fin, además satisfaciendo
de esta forma lo pactado en la audiencia de gestión y cumplimiento celebrada el 9 de abril de 2015.” (fl. 1280 cdno.
9).
30
En el contenido de los antecedentes narrados en la providencia del 6 de febrero de 2017 del Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Valledupar se lee: “La parte incidentante OSCAR GUERRA BONILLA, señaló que
(…) las autoridades municipales y departamentales no han dado cumplimiento a lo ordenado en la tutela, toda vez
que no han construido los albergues ordenados para solucionar la vivienda temporal de los actores” (fl. 565 cdno.
apelación).
31
Según se advierte del mismo texto de la providencia del 6 de febrero de 2017, el proceso no. 002-2012-00160-
00 que se venía tramitando por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar pasó al conocimiento
del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar porque el titular del primer despacho se declaró
impedido y este fue aceptado (fl. 463 cdno. apelación).

32
Expediente: 20001-23-33-003-2014-00298-01 (59.351)
Actor: José Francisco Guerra Vega
Reparación directa
Apelación de sentencia

se hicieron inviables debido a que la infraestructura fue afectada por hechos vandálicos
realizados por terceros32.

i) Contra esa decisión del 6 de febrero de 2017, el señor Óscar Álex Guerra Bonilla
instauró una acción de tutela por el hecho de considerar que vulneraba el derecho al
debido proceso, de modo que solicitó que fuera dejada sin efectos (fl. 602 cdno.
apelación), lo cual dio lugar a otro proceso de tutela (radicación no. 20001-23-33-000-
2017-0211-00) que conoció en primera instancia del Tribunal Administrativo del Cesar
quien, el 1 de junio de 2017, concedió el amparo invocado dado que en el trámite
incidental no se verificaron de manera adecuada las gestiones administrativas
encaminadas al cumplimiento de la orden judicial (fls. 605 y 606 cdno. apelación), este
último fallo fue confirmado el 23 de agosto de 2017 por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B (fls. 601 a 618 cdno. apelación).

j) A raíz de lo anterior, el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar
emitió una decisión de reemplazo que resolvió el último incidente de desacato el 16 de
junio de 2017, esta vez en el sentido de sancionar al alcalde de Valledupar (Cesar), al
gobernador del Cesar y a la Directora del Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social a pagar una multa equivalente a 5 smlmv 33, por cuanto no habían
cumplido a cabalidad la orden dada en la sentencia del 6 de julio de 2012, lo cual
incluía la fijación de una nueva fecha para una diligencia de desalojo, esta
determinación fue confirmada en grado de consulta el 27 de junio de 2017 por el
Tribunal Administrativo del Cesar34.

32
Sobre este punto la providencia hace el siguiente relato: “Así mismo, se avizora a folio 194 del plenario, copia de
informe de supervisión del mes de julio, del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUES PARA
OFRECER SU CONDICIÓN VULNERABLE Y DE DESPLAZAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR,
DEPARTAMENTO DEL CESAR”, mediante el cual informa acerca de localización del proyecto, pólizas del contrato
de obra y su ejecución, así mismo se aportan registros fotográficos de la construcción realizada; sin embargo
también se puede observar las condiciones lúgubres en las que se encuentra esa infraestructura, a causa de los
hechos vandálicos denunciados por el Jefe de Planeación del Departamento del Cesar.” (fl. 468 cdno. apelación).
33
Las consideraciones más relevantes de esa determinación fueron: “si bien es cierto, las incidentadas en su escrito
de contestación manifestaron haber dado cumplimiento a la orden de tutela (…) no se acredita que hayan efectuado
las órdenes dadas por esa agencia judicial, concernientes a la realización del censo de familias asentadas en el
predio denominado Sabana 1, el cual consistía en identificar quienes reunían la condición de personas desplazadas
por la violencia, ordenando en el numeral segundo de la sentencia en mención ni de las alternativas eficaces y
eficientes que incentivaran el desarrollo y ejecución de proyectos de vivienda para los accionantes, pues no se
gestionaron programas concretos e idóneos para el mejoramiento de vivienda, encaminados a dignificar las
condiciones de vida de los habitantes. Por otra parte, no se avizora documento, acta o informe contentivo de la
fijación de nueva fecha para efectuar la diligencia de desalojo ordenada en el numeral tercero de la misma
sentencia.” (fl. 630 cdno. apelación).
34
En la parte considerativa de este auto el Tribunal Administrativo del Cesar expresó: “no existe prueba que acredite
que el Municipio de Valledupar (…) haya reanudado la diligencia de desalojo en los términos consignados en el
fallo de tutela datado del 6 de julio de 2012, siendo que desde su expedición hasta la presente fecha, ha transcurrido
en exceso el tiempo concedido por el Juez Constitucional para la realización de la orden judicial dentro de la querella
adelantada por el propietario de los inmuebles invadidos, pues lleva casi cinco años de haberse impartido esa orden
sin haber pruebas de que se haya cumplido.” (fl. 639 cdno. apelación).

33
Expediente: 20001-23-33-003-2014-00298-01 (59.351)
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Reparación directa
Apelación de sentencia

4.2.4 Gestiones de los entes territoriales demandados

1) A través de la Ordenanza no. 000048 del 19 de mayo de 2012, la Asamblea
Departamental del Cesar autorizó al gobernador, hasta el 31 de diciembre de 2012,
para realizar inversiones hasta por la suma de $19.175.310.361,42 para la adquisición
de terrenos destinados a desarrollar programas de vivienda de interés social prioritario
(fls. 233 y 234 cdno. 3).

2) Según certificación emitida por la Secretaría de Hacienda del Departamento del
Cesar el 16 de octubre de 2012, a esa fecha, en el presupuesto de rentas, gastos e
inversiones con vigencia fiscal del 2012 existían apropiaciones sin comprometer por
$11.418.774.350 (fl. 243 cdno. 3).

3) El 16 de junio de 2012, varios líderes del asentamiento denominados “Tierra
Prometida” se reunieron con el entonces gobernador del Cesar y el arquitecto Óscar
Álex Guerra Bonilla35 para encontrar soluciones al problema de la ocupación del
terreno denominado “Tierra Prometida” (fls. 229 y 230 cdno. 3), reunión al final de la
cual la comunidad se comprometió a que se trasladarían temporalmente cuando se
iniciaran las respectivas obras de construcción del proyecto de vivienda programado
para ese sitio (fl. 228 cdno. 3).

4) El 10 de diciembre de 2012, el entonces alcalde del municipio de Valledupar remitió
una serie de oficios a FONVIVIENDA (fls. 417 y 418 cdno. 10), al Departamento
Administrativo Para la Prosperidad Social (fls. 420 y 421 cdno. 10) a la Agencia
Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE) en los cuales les solicitó
que incluyeran un listado de personas de familias desplazadas asentadas en las
invasiones en los respectivos programas de vivienda gratuita.

5) El 25 de enero de 2013, la Secretaría de Planeación del Municipio de Valledupar
presentó ante el alcalde un proyecto para brindar atención humanitaria inmediata a las
víctimas del conflicto armado interno que incluía la contratación de albergues
temporales en cuantía de $192.750.000 (fls. 274 a 284 cdno. 3 y 422 a 425 cdno. 10).

35
Quien firma como “propietario constructor” del predio invadido (fl. 92 cdno. 8).

34
Expediente: 20001-23-33-003-2014-00298-01 (59.351)
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Reparación directa
Apelación de sentencia

6) Mediante Ordenanza no. 068 del 25 de febrero de 2013, la Asamblea Departamental
de Cesar, en el artículo 5, autorizó al gobernador hasta el 31 de diciembre de 2013
para realizar inversiones hasta por la suma de $20.000.000.000 para que adquiriera
predios destinados a programas de vivienda de interés social y soluciones
habitacionales en el departamento del Cesar (fls. 237 a 241 cdno. 1).

7) El 7 de noviembre de 2013, entre el municipio de Valledupar, el departamento del
Cesar y la UARIV se celebró el convenio interadministrativo tripartito no. 075 con el
objeto de “aunar esfuerzos para la construcción de albergues temporales para los
invasores a desalojar de los predios ubicados en el terreno ubicado en el terreno de
propiedad del mayor Alberto Pimienta Cotes - municipio de Valledupar – Departamento
del Cesar, cantidad de albergues 1.334” (fl. 726 a 733 cdno. 4), pero, no se pudo
ejecutar por la entrada en vigencia de las restricciones de la ley de garantías y no fue
posible realizar el correspondiente registro presupuestal, así que fue terminado de
manera anticipada de común acuerdo por las partes (fl. 1152, 1189 a 1192 cdno. 7).

Sin embargo, el 5 de abril de 2015, entre las mismas partes se celebró un nuevo
“Convenio Marco Tripartito no. 28” con un objetivo similar, pero, que esta vez incluiría
a los ocupantes de los predios de “Óscar Álex Guerra Bonilla”, por un valor total de
$5.285.000.000 (fls. 1184 a 1187 cdno. 7).

4.3 Legitimación en la causa por activa y acreditación del daño

1) Acerca de la legitimación para fungir como parte actora, es decir, en lo concerniente
a la propiedad que predica el señor José Francisco Guerra Vega sobre la “Finca
Villanueva” se destaca que, según lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 1579 de
2012, ningún título o instrumento sujeto a registro tendrá mérito probatorio si no ha
sido inscrito o registrado en la respectiva oficina conforme a la norma contenida en ese
cuerpo normativo y, por regla general, ningún título o instrumento sujeto a registro o
inscripción surte efectos respecto de terceros sino desde la fecha de aquel (art. 47
ibidem36), lo cual guarda relación con lo preceptuado en los artículos 437 sobre los

36
El artículo 47 de la Ley 1579 de 2012 dispone: “Por regla general ningún título sujeto a registro o inscripción
surtirá efectos respecto de terceros, sino desde la fecha del inscripción o registro”.
37
El artículo 4 de la Ley 1579 de 2012 expresa: “ Están sujetos a registro: a) Todo acto, contrato, decisión contenido
en escritura pública, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración,
adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho
real principal o accesorio sobre bienes inmuebles; b) Las escrituras públicas, providencias judiciales, arbitrales o
administrativas que dispongan la cancelación de las anteriores inscripciones y la caducidad administrativa en los
casos de ley; c) Los testamentos abiertos y cerrados, así como su revocatoria o reforma de conformidad con la ley”.

35
Expediente: 20001-23-33-003-2014-00298-01 (59.351)
Actor: José Francisco Guerra Vega
Reparación directa
Apelación de sentencia

actos sujetos a registro, 7 y 8 que definen la matrícula, folios inmobiliarios y describen
el contenido del folio de matrícula y, 67 atinente a la expedición y contenido de los
certificados sobre la situación jurídica de los bienes sujetos a registro.

2) Es por esa razón que la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de
unificación del 13 de mayo de 2014 (exp. no. 23.128) expresó que el derecho real de
dominio sobre un inmueble se demuestra válidamente con el respectivo certificado del
registro de instrumentos públicos en el cual conste que el bien objeto de discusión es
de propiedad de quien pretende hacerlo valer en el proceso judicial ante la jurisdicción
contenciosa administrativa “para efectos de tener por verificada la legitimación en la
causa por activa”38.

3) En el presente caso, está debidamente demostrado con el respectivo certificado
de tradición y libertad correspondiente al inmueble con folio de matrícula inmobiliaria
no. 190-100437 (fls. 2 a 5 cdno. 1) que para la fecha de la ocurrencia de los hechos el
señor José Francisco Guerra Vega era el titular del derecho de dominio sobre el bien
denominado “Finca Villanueva”, ubicado en la carrera 25 no. 49-06 de la ciudad de
Valledupar (Cesar), adquirido a través de la escritura pública no. 1766 del 21 de
diciembre de 2001 de la Notaría Tercera del Círculo de Valledupar y con una extensión
superficiaria aproximada de 196.553 m2, con los siguientes linderos: “NORTE: Calle
48, en 327 metros, ORIENTE: Carrera 25 en 617,90 metros, SUR: Calle 56, en 325.60
metros y OCCIDENTE: Carrera 26D en 587,40 metros”39.

4) Sobre el daño, revisado el contenido de los recursos de apelación se advierte que
ninguna de las entidades territoriales demandadas pone en duda o discute su
ocurrencia, el cual consiste en la ocupación actual, permanente y definitiva por parte
de terceros del citado inmueble conocido como “Finca Villanueva”, circunstancia que
impide el uso, goce y explotación económica del respectivo terreno.

5) Este hecho es susceptible de constatación a partir de lo consignado en la diligencia
realizada el 30 de agosto de 2011 por la inspectora primera civil urbana de policía de
Valledupar en el curso del trámite de la querella de lanzamiento por ocupación de

38
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 13 de mayo de 2014, radicación no. 76001-23-
31-000-1996-05208-01 (23.128), CP Mauricio Fajardo Gómez.
39
Linderos tomados de la escritura pública no. 0136 del 1º de febrero de 2012 de la Notaría Tercera del Círculo de
Valledupar, a través de la cual se procedió a la actualización de área, nomenclatura y linderos del inmueble en
mención (fl. 177 a 179 cdno. 1).

36
Expediente: 20001-23-33-003-2014-00298-01 (59.351)
Actor: José Francisco Guerra Vega
Reparación directa
Apelación de sentencia

hecho iniciada por José Francisco Guerra Vega, donde se expresó que las personas
que fueron halladas en el terreno afectado “ocupan casi la totalidad del inmueble
descrito” (fl. 12 cdno. 1).

6) De igual modo, de las pruebas contenidas en los dos referidos expedientes de
proceso de acción de tutela es posible corroborar que aquella ocupación tuvo
ocurrencia desde el 28 de mayo de 2011, así lo expresó el testigo Carlos Arturo
Pérez40, una de las personas que declaró ante el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Valledupar en diligencia de inspección judicial celebrada durante los días
23 y 24 de abril de 2012 en el lugar de los acontecimientos y en el trámite del proceso
no. 20001-33-33-002-2012-00160-00 (fls. 53 a 59 cdno. 8).

7) Sobre ese particular es revelador que en el proceso de acción de tutela con
radicación no. 20001-33-33-002-2012-00160-00 se hubieren tramitado a lo largo de
cinco (5) años múltiples incidentes de desacato orientados al cumplimiento de las
órdenes dadas en el fallo de 6 de julio de 2012, por cuanto, durante ese tiempo, no se
materializaron las soluciones de vivienda para las personas que ocupaban el bien de
la referencia, lo cual es indicativo de que la invasión que, en principio pudo parecer un
evento de orden temporal, se volviera una situación permanente, nótese que la última
decisión sobre la cual se tiene conocimiento acerca del cumplimiento de lo ordenado
por el juez de tutela data del 16 de junio de 2017, en esa decisión el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Valledupar sancionó al alcalde de Valledupar (Cesar) y
al gobernador del Cesar precisamente por el hecho no acatar lo dispuesto en aquella
sentencia, es decir, transcurrieron muchos años desde la ocupación sin que al menos
hasta el 2017 se hubieren dado las condiciones para que los ocupantes tuvieran
acceso a una vivienda, fuere posible su reubicación y, finalmente, se pudiera viabilizar
el desalojo y recuperación del terreno de propiedad de José Francisco Guerra Vega.

8) Ahora bien, del contenido de las demandas de los dos mencionados procesos de
acción de tutela se advierte que los ocupantes identifican el terreno invadido con los
nombres de “Villa Luz”, “Emmanuel” y “Tierra Prometida” (fls. 69 cdno. 1 y 3 cdno. 8),

40
En esa diligencia se recibieron algunos testimonios, entre ellos del de Carlos Arturo Pérez Tejada quien expresó:
“Ingresamos el 28 de mayo de 2011, tomamos la determinación de tomarnos o posesionarnos de estos terrenos a
primera medida porque necesitamos de una vivienda digna, ya que no veíamos las posibilidades de adquirir una
casa de interés social, lo veíamos tan lejos que nos cansamos de hacer tantas vueltas (…) veíamos tan lejos que
nos adjudicaran unos auxilios de vivienda ya que siempre desde hace muchos años esos subsidios de vivienda
llegan a las manos de las personas que no lo necesitan (…) estos terrenos están habitados por personas
desplazadas, discapacitadas, madres cabeza de hogar (…) la numeración que hay de la niñez es de 700 niños
aproximadamente, según los censos de los meses de octubre a diciembre.” (fl. 53 cdno. 8).

37
Expediente: 20001-23-33-003-2014-00298-01 (59.351)
Actor: José Francisco Guerra Vega
Reparación directa
Apelación de sentencia

es más, en aquellos documentos los allí demandantes coinciden en señalar que el bien
ocupado es de propiedad de “Óscar Guerra Bonilla”, circunstancia que puede inducir
a confusión acerca de si los predios sobre los cuales versaron las acciones de tutela y
los trámites policivos son los mismos del demandante.

9) No obstante, esa duda es posible superarla válidamente, a partir del mismo
contenido de los documentos pertenecientes a los procesos policivos referenciados en
el acápite de hechos probados, las dos acciones de tutela, las órdenes emitidas por la
autoridad judicial a los entes públicos demandados para facilitar el acceso a la vivienda
de los invasores y la correspondiente suspensión de las órdenes de lanzamiento, con
apoyo en lo siguiente:

(i) Si bien se iniciaron dos procesos policivos independientes de lanzamiento por
ocupación de hecho, uno por parte Óscar Álex Guerra Bonilla, representante de la
sociedad OGB SCS y, otro, por José Francisco Guerra Vega, es factible considerar
que el primero no actuó en calidad de propietario sino de constructor, pues, no hay que
olvidar que el 30 de diciembre de 2011 la Curaduría Urbana no. 2 de Valledupar
concedió licencia de urbanismo y construcción a José Francisco Guerra Vega para el
desarrollo del proyecto “Multifamiliares Óscar Guerra B” (fls. 107 a 117 cdno 1) a
ejecutarse en el predio “Finca Villanueva”, donde se consignó que el constructor
responsable sería, ciertamente, Óscar Álex Guerra Bonilla; muy seguramente este
hecho fue uno de los motivos por los cuales los demandantes de ambos procesos de
acción de tutela identificaran a “Óscar Guerra Bonilla” como el propietario del bien.

(ii) La interpretación integral de las pruebas allegadas a este proceso contencioso
administrativo permite destacar que fueron las dos órdenes de desalojo emitidas
mediante las resoluciones no. 002604 del 4 de octubre de 2011 en el proceso policivo
de lanzamiento por ocupación de hecho iniciado por Óscar Álex Guerra Bonilla (fl. 12
cdno. 6), y la no. 002558 del 28 de septiembre de 2011 proferida en el procedimiento
policivo propiciado por José Francisco Guerra Vega (fls. 14 a 17 cdno. 1), ambas
suscritas por el alcalde de Valledupar, el hecho principal que motivó el inicio de ambos
procesos de tutela, hecho que se desprende del contenido literal de los hechos de la
demanda del proceso con radicación no. 20001-33-33-002-2012-00160-00, así:

“El acalde de Valledupar, Dr. FREDYS SOCARRAS, tiene el deber de brindar
protección a todos los habitantes del municipio, pero de manera especial a la
población desplazada y vulnerable, sin embargo no lo ha hecho, y por el
contrario respecto de las familias que habitan en los asentamientos Emmanuel

38
Expediente: 20001-23-33-003-2014-00298-01 (59.351)
Actor: José Francisco Guerra Vega
Reparación directa
Apelación de sentencia

dentro del predio o inmueble de propiedad del señor Guerra Bonilla, en vez de
propugnar por resolver la necesidad de vivienda digna para estos desplazados,
lo único que hizo fue ordenar una acción de lanzamiento por ocupación de
hecho, con el fin de desalojarlos de ahí y agravar más la situación de esas
personas, al imponerles una amenaza más sobre los derechos fundamentales
(…) Dicha orden de lanzamiento fue concretada mediante la resolución
no. 002604 del día 4 de octubre de 2011, con dos intentos fallidos de
realizar dicho desalojo el 21 de noviembre de 2011 y el 15 de diciembre
del mismo año pasado, sobre el predio denominado por sus ocupantes
Villa Luz-Emmanuel, estando en trámite otra querella de lanzamiento para
los habitantes de Tierra Prometida, en la cual se fijó fecha de lanzamiento
para el día de 8 de mayo de 2012. Dichas ordenes fueron suspendidas por la
orden judicial que impartió el Juez Segundo Administrativo del Circuito de
Valledupar, a través de la sentencia del 27 de abril de 2012 (…)” (fl. 3 cdno. 8,
destaca la Sala).

Lo anterior permite entender que tanto “Villa Luz” o “Emmanuel” y “Tierra Prometida”,
son los nombres dados por los ocupantes a la invasión y también que hacen parte del
predio del demandante de mayor extensión conocido como “Villanueva”, porque
respecto de ellos se intentaron dos diligencias paralelas de desalojo en procesos
policivos iniciados, uno por su propietario, y otro, por el constructor. Nótese como en
aquella demanda se alude expresamente a la Resolución no. 002604 del 4 de octubre
de 2011 expedida en el proceso policivo iniciado por Óscar Álex Guerra Bonilla, pero,
igualmente refiere a “otra querella” cuya diligencia de lanzamiento se llevaría a cabo el
“8 de mayo de 2012”, fecha que coincide con una de las fijadas por la Inspección
Primera Civil Urbana de Policía de Valledupar para hacer cumplir lo ordenado en la
Resolución no. 002550 del 28 de septiembre de 2011 en el trámite de lanzamiento
iniciado por José Francisco Guerra Vega.

(iii) Otro de los aspectos que llevan a concluir que aquellas acciones policivas y los
referidos procesos de tutela versaron sobre el mismo predio, el del demandante, es el
hecho consistente en que en el auto del 27 de noviembre de 2012 que dio inicio al
incidente de desacato en el expediente con radicación no. 20001-33-31-002-2012-
00083-00 se procedió también a suspender la diligencia de desalojo fijada por el
municipio de Valledupar (Cesar) para el 28 de noviembre de 2012 (fl. 27 cdno. 6), fecha
que coincide precisamente con la última que fue programada en los dos procesos
policivos por parte de la Inspección Primera Civil Urbana de Policía de Valledupar en
cumplimiento de lo ordenado por el alcalde mediante las Resoluciones no. 002604 de
4 de octubre de 2011 y 002550 del 28 de septiembre de 201141(fl. 12 y 13 cdno. 6).

41
Así aparecen en los respectivos avisos suscritos por dicha inspectora el 2 de noviembre de 2012.

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Expediente: 20001-23-33-003-2014-00298-01 (59.351)
Actor: José Francisco Guerra Vega
Reparación directa
Apelación de sentencia

(iv) También es de suma relevancia señalar que a pesar de que a lo largo del proceso
de acción de tutela con radicación no. 20001-33-33-002-2012-00160-00 se observa
que varios documentos expresan que el dueño del bien afectado es Óscar Álex Guerra
Bonilla, hay otros que permiten aclarar que se trata de una confusión de los
accionantes (los ocupantes del predio), aspecto que se dilucida a partir del oficio del
20 de septiembre de 2012 en el cual esta última persona propuso un incidente de
desacato donde expresó que lo hacía “en calidad de tercero con interés legítimo” (fl. 1
cdno. 3), al tiempo que adjuntó un poder emitido por José Francisco Guerra Vega con
el siguiente tenor literal:

“Ref: PODER PARA PRESENTAR INCIDENTE DE DESACATO contra
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
Y MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

JOSÉ FRANCISO GUERRA VEGA, mayor de edad, domiciliado y
residente en el Municipio de Valledupar, departamento del Cesar,
identificado tal y como aparece al pie de mi correspondiente firma, en
mi calidad de propietario de lote de terreno llamado tierra prometida,
manifiesto al señor Juez, que por este escrito confiero poder especial,
amplio y suficiente al Dr. OSCAR ALEX GUERRA BONILLA, mayor de
edad, domiciliado y residente en el Municipio de Valledupar,
departamento del Cesas, identificado tal y como aparece al pie de mi
(sic) correspondiente firma, para que actúe en mi representación y
formule ante usted incidente de desacato por el incumplimiento de la
sentencia de fecha 6 de julio de 2012, emanada de su despacho.” (fl. 96
cdno. 3 – mayúsculas fijas del original - negrillas fuera de texto).

Por lo tanto, si alguna duda pudiera existir acerca de que la ocupación se materializó
en el inmueble de propiedad del demandante por el hecho de que uno de los procesos
policivos fue iniciado por Óscar Álex Guerra Bonilla y que este fue percibido como
dueño en los procesos de tutela por los ocupantes, lo cierto es que siempre actuó como
tercero con interés por su condición de constructor y a nombre del verdadero
propietario, el señor José Francisco Guerra Vega, con lo cual se ratifica la ocurrencia
del daño alegado con la demanda.

10) Asimismo, si bien es cierto que no se observa que el demandante José Francisco
Guerra Vega hubiere intentado las correspondientes acciones posesorias ante los
jueces civiles, no lo es menos que de las pruebas previamente relacionadas es claro
que su ejercicio no hubiera permitido que una orden de restitución de un juez civil fuera
de posible materialización por evidentes razones de interés general que impedirían un
eventual desalojo debido a la existencia de un nutrido número de ocupantes y de
familias en condiciones de vulnerabilidad.

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Expediente: 20001-23-33-003-2014-00298-01 (59.351)
Actor: José Francisco Guerra Vega
Reparación directa
Apelación de sentencia

4.4. Imputación

1) En lo concerniente al elemento de la imputación, debe advertirse que, a pesar de
que tanto el municipio de Valledupar (Cesar) como el departamento del Cesar
aseguran en el recurso de apelación que no incurrieron en falla del servicio porque
dicen haber adelantado una serie de gestiones tendientes a brindar soluciones de
vivienda a las personas en estado de vulnerabilidad, y en la condición de ocupantes
de hecho o invasores del terreno, consistentes en la expedición de ordenanzas que
autorizaron al gobernador para disponer de cuantiosos recursos para la compra de
predios y la suscripción de un convenio para la construcción de albergues, lo cierto es
que ninguna de estas medidas fueron efectivas para que se pudieran materializar las
condiciones idóneas para que los ocupantes pudieran tener acceso a unos albergues
temporales y menos aún a unas viviendas dignas y, en consecuencia, logar que el
Juez Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar, conocedor de ambos
procesos de tutela, considerara acceder al levantamiento de la ya mencionada
suspensión de las respectivas órdenes de lanzamiento por ocupación de hecho.

2) Aunque bien puede alegarse que se trató de una situación compleja por la gran
cantidad de personas afectadas, que la adquisición de predios y construcción de
albergues suficientes para trasladar a los ocupantes son acciones que requieren de
tiempo por las dificultades que comporta la consecución de recursos, los trámites
propios de los procedimientos de contratación estatal y el tiempo que lleva la
construcción de obras, no hay que olvidar que la demora en el cumplimiento de las
obligaciones impuestas por el juez de tutela a través de un mecanismo al cual
acudieron una cantidad importante de personas para poder salvaguardar sus derechos
fundamentales a un vivienda digna, a la salud y a la vida no cumplió con su objetivo,
prueba de ello es el hecho consistente en que aún después de cinco (5) años de
proferidos los fallos de tutela y de que en estos se hubieren tramitado múltiples
incidentes de desacato, los entes territoriales no hubieren cumplido con las
obligaciones impuestas en las correspondientes sentencias emitidas por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar.

3) En ese orden de compresión fáctica y normativa, esta instancia ratifica la existencia
de una falla del servicio imputable de manera solidaria tanto al municipio de Valledupar
(Cesar) como al departamento del Cesar y, aunque este último asevera que el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar no le ordenó que brindara

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Expediente: 20001-23-33-003-2014-00298-01 (59.351)
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Apelación de sentencia

soluciones de vivienda a los invasores, no hay duda que así fue con sustento en la
simple lectura de los ordinales tercero de la parte resolutiva de la sentencia del 27 de
abril de 2012 y cuarto del fallo del 5 de julio de 2012.

4) De otra parte, también asegura el departamento del Cesar que no incurrió en falla
porque la función policiva para ejecutar las órdenes de lanzamiento por ocupación de
hecho son de competencia exclusiva de los entes municipales a través de los
inspectores de policía según las normas pertinentes del Decreto-ley 1355 de 1970.

Frente a lo anterior se considera que lo relacionado con la competencia exclusiva para
ejecutar la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho es cierto, empero, esto
no desvirtúa la existencia de una falla del servicio porque, para que el desalojo se
pudiera llevar a cabo también era deber del departamento del Cesar implementar
alternativas que incentivaran el desarrollo y ejecución de proyectos de vivienda y de
desarrollo para las ocupantes, como se ordenó en los fallos de tutela ya pluricitados,
no obstante, este propósito no se logró.

5) En ese sentido, esta instancia ratificará la decisión de la primera instancia en el
sentido de declarar la responsabilidad patrimonial extracontractual del municipio de
Valledupar (Cesar) y del departamento del Cesar.

5. Reconocimiento de perjuicios

5.1. Daño emergente

1) Por razón de la imposibilidad de recuperación del bien invadido y según lo solicitado
en las pretensiones de la demanda, la primera instancia reconoció el valor del inmueble
en cuantía de $39.310.600.000 que, indexada, ascendió a $45.783.429.719, para el
efecto acogió el avaluó aportado por el demandante y suscrito por el arquitecto Andrés
Vega Gutiérrez.

2) En contraste, los entes públicos demandados cuestionaron el monto de dicho
reconocimiento por el hecho de considerar que se trata de un monto excesivo y que
no debió valorarse ese dictamen porque, a su juicio, contiene los siguientes defectos:
(i) el perito no acreditó en debida forma su idoneidad, no se constató que estuviera
autorizado por la Lonja de Propiedad Raíz para realizar el avalúo conforme lo exige el

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Apelación de sentencia

artículo 3 del Decreto 1420 de 1998, (ii) si bien el dictamen alude a un método
comparativo de mercado, este no se soporta en documentos que así lo corroboren, (iii)
omitió realizar un inventario de las características de los suelos del inmueble, (iv) no
identificó de manera debida el inmueble y, (v) tuvo en cuenta que el lote ya contaba
con vías pavimentadas y acceso a servicios públicos, condiciones que no existían en
el momento de ocurrencia de los hechos.

Como cuestión adicional, el municipio de Valledupar expresó que debía tenerse en
cuenta el avalúo catastral proferido por el IGAC el 7 de diciembre de 2011, unos pocos
meses después de sucedidos los hechos, en el cual se indicó que el valor del bien
ascendía solamente a $1.251.139.000.

3) Para resolver los anteriores cuestionamientos, es necesario referirse al contenido
del dictamen realizado por el señor Andrés Vega Gutiérrez, en el cual se expresa que
fue producto de una inspección realizada el 16 de enero de 2014, para lo cual tuvo en
cuenta el folio de matrícula inmobiliaria no. 190-100437 y la escritura pública no. 0136
del 1 de febrero de 2012 de la Notaría Tercera del Círculo de Valledupar donde se
procedió a la actualización de los linderos y extensión de dicho bien, el contenido es
el siguiente:

“DESCRIPCIÓN DE INMUEBLE

Características Generales
El inmueble en estudio está constituido por un lote de terreno con topografía
relativamente plana, se encuentra ubicado en la zona sur de la ciudad de
Valledupar, dentro del perímetro urbano, con disponibilidad de los servicios
públicos y con vías pavimentadas.

Servicios
El sector cuenta actualmente con el servicio de agua potables, alcantarillado,
energía eléctrica, teléfono, y con vías pavimentadas sobre el frente con
andenes y bordillos.

Tipo de construcción
En el sector se encuentran viviendas de una (1) y dos (2) plantas, de buena
y media calidad, con extracto socioeconómico bajo y medio de extracto tres
(3).

Localización
Bueno por estar localizado en una zona consolidada a nivel residencial de
extracto medio y bajo.

El Terreno
Las características físicas del predio en cuanto al área, linderos, topografía,
geometría, representa un buen nivel para el inmueble.

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Expediente: 20001-23-33-003-2014-00298-01 (59.351)
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Reparación directa
Apelación de sentencia

Metodologías
Para valorar el inmueble se tomó en cuenta el método de comparación de
mercado.

En la aplicación del método de comparación de mercado se analizaron los
indicadores de valor que se refieren a inmuebles similares al que se avalúa
tanto en lotes de terreo como en construcciones; en el análisis y
comparación se consideraron entre otros factores: ubicación, área y
construcciones.

Para efectos de la conformación del justiprecio comercial del bien avaluado,
entre otros criterios, se ha tenido en cuenta los avalúos recientes y las
transacciones en el sector, al que homogéneamente pertenece el inmueble.

A este respecto encontramos en lotes cercanos valores entres doscientos
cincuenta mil (250.000.oo) y quinientos mil pesos ($500.000.oo).

VALOR…………………….196.553 m2 x $200.000.oo = $39.310.600.000,oo
VALOR TOTAL………………………………………….. = $39.310.600.000,oo
TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ MILLONES SEISICIENTOS
MIL PESOS M/CTE”. (fls. 147 a 154 cdno. 1 – mayúsculas fijas del original).

4) La contradicción a ese dictamen se cumplió en audiencia de pruebas del 12 de
mayo de 2016 a la cual asistió Andrés Vega Gutiérrez, quien expresó que no estaba
incurso en ninguna de las causales de impedimento previstas en el artículo 219 del
CPACA, sobre su idoneidad para rendir el avalúo expresó que contaba con una
experiencia de 39 años en el sector de la construcción y que había servido como perito
avaluador en varios procesos judiciales42.

Acerca de las razones y conclusiones de su dictamen aludió a que con base en la
Resolución 620 de 2008 del IGAC y el Decreto 1420 de 1998 tuvo en cuenta el valor
del metro cuadrado, el área del terreno, su entorno urbano y su influencia con sectores
inmediatos, dijo que el método de comparación de mercado se cumplió a través de
fuentes directas (encuestas a personas que conocen el sector) e indirectas
(información escrita, prensa y otros avalúos), la topografía del terreno y el acceso a
servicios públicos domiciliarios, de educación y salud.

5) Frente a lo anterior, sobre el reparo respecto de la idoneidad del perito, se destaca
lo consagrado en el artículo 226 del Código General del Proceso, aplicable al presente

42
Sobre el punto manifestó lo siguiente: “tengo 39 años de ejercicios profesional como arquitecto, vinculado al
diseño y a la construcción de vivienda, edificios, apartamentos, restaurantes, locales comerciales, aulas escolares,
etc. (…) actualmente soy corredor de inmuebles en cuanto a viviendas, lotes y apartamentos, mi acreditación ante
la rama judicial he sido perito y avaluador del Juzgado Segundo Civil del Circuito en Descongestión de Valledupar
(...)” (CD. fl. 334 cdno. 1).

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Expediente: 20001-23-33-003-2014-00298-01 (59.351)
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Apelación de sentencia

asunto, según el cual “el dictamen debe acompañarse de los documentos que le sirven
de fundamento y de aquellos que acrediten la idoneidad y la experiencia del perito”.

Observado el dictamen, no se encuentra que a este se anexaran los documentos que
soporten la formación académica y experiencia en el campo de avalúo de inmuebles
del señor Andrés Vega Gutiérrez, circunstancia que bien se podría superar con el
hecho de que en la audiencia de pruebas del 12 de mayo de 2016 el arquitecto ratificó
bajo juramento que contaba con 39 años de experiencia en la construcción y que había
servido como perito avaluador en otros procesos judiciales, sin embargo, no dijo que
estuviera autorizado o registrado en alguna lonja de propiedad raíz, tal como lo
advierte el municipio de Valledupar (Cesar) en la apelación.

En efecto, el Decreto no. 1420 de 1998, que contiene las normas, procedimientos,
parámetros y criterios para la determinación comercial de los avalúos, exige de
manera puntual en el artículo 3 que quien lo realice debe estar autorizado o registrado
por una lonja de propiedad raíz del lugar donde se ubique el bien43, norma que se
complementa con el artículo 23 de la Ley 1673 de 2013, ya vigente para el momento
en el cual se rindió el dictamen, que igualmente determina que “quienes realicen la
actividad de avaluador están obligados a inscribirse en el Registro Abierto de
Avaluadores, lo que conlleva a la obligación de cumplir con las normas de
autoregulación de la actividad (…)”, condición que no demostró que reuniera el perito
Andrés Vega Gutiérrez, aspecto que es suficiente para no tener en cuenta el referido
dictamen.

6) De otra parte, en relación con los requisitos técnicos que debían observarse para
la aplicación del método de valoración de comparación de mercado, el dictamen
referido no contiene ningún respaldo al respecto, como por ejemplo, los folios de
matrícula de los inmuebles con los que supuestamente se hizo la comparación, área
y sector, redes de servicios públicos, encuestas a propietarios, propietarios o
poseedores, usos, etc., falencias todas estas que no hacen atendible dicha experticia

43
El artículo 3 del Decreto 1420 de 1998 dispone: “La determinación del valor comercial de los inmuebles la harán,
a través de un avalúo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que haga sus veces o las personas
naturales o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por las lonjas de propiedad raíz del lugar donde
se ubiquen los bienes objeto de la valoración.”

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Reparación directa
Apelación de sentencia

7) Ahora bien, al proceso se aportó con la demanda la certificación no. 00736254 del
7 de diciembre de 2011 emitida por el IGAC donde se expresa que para esa fecha el
avalúo catastral del predio identificado con matrícula inmobiliaria no. 190-100437 era
de $1.251.139.000 (fls. 178 y 189 cdno. 1), sin embargo, este no se puede tener en
cuenta en la forma en como lo solicita el municipio de Valledupar (Cesar) ya que, en
aplicación del principio de reparación integral, el precio debe ser fijado conforme al
avalúo comercial porque es el precio más probable por el cual un inmueble se
transaría en el mercado dadas las condiciones físicas y jurídicas del bien, esto sin
perjuicio de que el avalúo catastral pueda de servir como elemento de referencia para
la tasación del valor comercial, porque de conformidad con el artículo 2.2.2.1.1. del
Decreto 148 de 2020 un avalúo catastral en ningún caso puede ser inferior al 60% de
su valor en el comercio.

8) En ese sentido, ante la ausencia de elementos de prueba idóneos que permitan
conocer el valor comercial del inmueble de propiedad de José Francisco Guerra Vega,
en aplicación del artículo 193 del CPACA se impone condenar en abstracto para la
tasación del daño emergente consistente en el valor del terreno correspondiente al
predio identificado con la matrícula inmobiliaria no. 190-100437 ubicado en la ciudad
de Valledupar (Cesar), mediante trámite que se deberá promover dentro de los
sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de la presente sentencia.

Los parámetros a tener en cuenta para el avalúo del bien son los siguientes:

a) En atención a que con posterioridad a la adquisición del bien mediante escritura
pública no. 1766 del 21 de diciembre de 2001 de la Notaría Tercera de Valledupar se
procedió a realizar dos ventas parciales mediante la escritura pública no. 1348 del 31
de diciembre de 2003 de la Notaría Tercera de Valledupar al municipio de Valledupar
en una extensión de 107.458,52 m2 y, que a través de la escritura pública no. 748 del
13 de agosto de 2003 de la Notaría Tercera de Valledupar a la Iglesia Pentecostal
Unidad de Colombia en un área de 1.800 m2, es necesario constatar la extensión real
del terreno, a pesar de que al plenario se halla aportado una certificación del IGAC
que manifiesta que este cuenta con un área de 19 hectáreas y 6.553 m2.

Para efectos de la medición del bien se designará un perito topógrafo o ingeniero civil
quien calculará la extensión real sin tener en cuenta las áreas enajenadas mediante

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las anunciadas escrituras y los respectivos linderos de las franjas que fueron vendidas
por el actor antes de la ocupación, para ese propósito deberá allegarse al proceso la
copia de la escritura de adquisición y de aquellas que contienen las ventas parciales.

b) Una vez precisada la extensión real del terreno, se designará a un experto
avaluador que reúna la condición de estar autorizado o registrado en una lonja de
propiedad raíz de la ciudad de Valledupar (Cesar) e inscrito en el registro abierto de
avaluadores, quien determinará el precio comercial del bien con sustento en las
metodologías dispuestas en la Resolución no. 620 de 2008 del IGAC, los Decretos no.
1420 de 1998 y 1788 de 2004. Para la elaboración del avalúo el perito no podrá tener
en cuenta las mejoras y edificaciones que actualmente existan en predio en cuestión,
solamente el valor comercial del terreno.

c) En el auto a través del cual se precise el valor específico del daño emergente, se
procederá a la actualización del mismo desde el momento de la realización del peritaje
hasta la fecha de expedición de la respectiva decisión.

9) Por otra parte, se confirmará lo atinente a la transferencia de la propiedad del
terreno identificado con el folio de matrícula inmobiliaria no. 190-100437 en favor del
municipio de Valledupar y del departamento del Cesar, ya que obedece a la aplicación
de lo consagrado en el artículo 191 del CPACA para este tipo de eventos44.

5.2 Lucro cesante

1) En el literal b) del ordinal segundo de las pretensiones de la demanda se solicitó a
título de lucro cesante, única y exclusivamente, la suma de $9.200.914.387
correspondiente “a la pérdida ocasionada al demandante por la imposibilidad de
ejecución del proyecto MULTIFAMILIARES OSCAR GUERRA B (…) valor que
comprende la utilidad sobre el valor de la venta, de acuerdo con la estructura de costos
del proyecto (…).” (fl. 203 cdno. 1).

2) Aquella pretensión fue negada en el fallo del 26 de enero de 2017 por el hecho de
considerar que se trataba de un perjuicio eventual ya que, la licencia de construcción

44
El artículo 191 del CPACA, dispone: “Si se tratare de ocupación permanente de una propiedad inmueble, y se
condenare a una entidad pública, o a una entidad privada que cumpla funciones públicas al pago de lo que valga
la parte ocupada, la sentencia protocolizada y registrada obrará como título traslaticio de dominio”.

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Apelación de sentencia

se obtuvo luego de los actos de ocupación, no obstante, reconoció el pago de
intereses a una tasa del 6% anual que dejó de producir el valor histórico del bien
($39.310.600.000) desde el momento de la ocupación hasta la fecha de esa sentencia,
lo cual arrojó un valor de $10.987.312.700 (fl. 380 cdno. apelación).

3) Los apelantes cuestionaron este último reconocimiento por el hecho de estimarlo
extra petita, porque lo referente a los intereses no fue solicitado en la demanda.

4) Esta instancia revocará la condena por lucro cesante entendida como el pago de
intereses que dejó de producir el valor del terreno, pues, a pesar de que en la demanda
sí se solicitó el reconocimiento de lo dejado de percibir, este lo fue por una causa
diferente, la imposibilidad de ejecución de un proyecto urbanístico, ítem específico que
fue negado en la primera instancia y que no fue apelado por la parte interesada.

En ese sentido, el a quo no podía reemplazar el rubro solicitado por el demandante
por el reconocimiento de intereses, por el hecho de constituir un desconocimiento del
artículo 281 del CGP, según el cual la sentencia debe estar en consonancia con los
hechos y las pretensiones aludidas con la demanda y no podrá condenarse al
demandado “por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a
la invocada en esta”.

5) Como sustento de ese reconocimiento, el tribunal invocó una sentencia proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A del 12 de noviembre de
2014, expediente no. 28.85845, en el caso de una ocupación permanente de un bien

45
En aquel fallo del Consejo de Estado se expresó: “tratándose de supuestos de ocupación permanente de
inmuebles por parte de la Administración, la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que, [“] En el evento de la
ocupación de inmuebles por trabajos públicos, si se solicita el pago del daño emergente al momento de producirse
la ocupación debidamente indexado, la indemnización es compensatoria y comporta legalmente la transferencia de
la propiedad ocupada a la entidad condenada, luego el único lucro cesante susceptible de reconocerse será la
rentabilidad del dinero. No es posible entonces solicitar al mismo tiempo que la compensación indemnizatoria (daño
emergente) y su rentabilidad (lucro cesante), el pago de lo que el terreno hubiere dejado de producir [”]. (…) La
Sala se remite a la precisión jurisprudencial que se acaba de traer a colación, de acuerdo con la cual si en la
demanda se solicita el pago del daño emergente al momento de producirse la ocupación, debidamente indexado,
la indemnización es compensatoria y comporta legalmente la transferencia de la propiedad ocupada a la entidad
condenada, de manera tal que el único lucro cesante susceptible de reconocerse será la rentabilidad del dinero.
Por lo tanto, no es posible solicitar al mismo tiempo la compensación indemnizatoria (daño emergente) (con su
correspondiente rentabilidad (lucro cesante) (y el pago de lo que el terreno hubiere dejado de producir. (…) Así las
cosas, respecto del pago de intereses deprecados en la demanda, advierte la Sala que si bien el actor va a recibir
el valor equivalente al valor comercial del terreno (…) debidamente actualizado para la fecha de expedición de la
presente sentencia, con el propósito de que se le repare integralmente el daño sufrido, tiene derecho, también a
título de lucro cesante, a que se le reconozcan los intereses que pudo percibir sobre ese capital desde (…) [la]
fecha en la cual empezó el vertimiento de aguas negras sobre sus predios, hasta la fecha de la providencia que
liquide el incidente de liquidación de perjuicios. Con este reconocimiento se reitera la jurisprudencia de la Sala en
el sentido de que el interés puro legal se reconoce a título de lucro cesante, porque busca compensar el perjuicio

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donde se accedió por lucro cesante a los intereses sobre el valor del inmueble, sin
embargo, esta Sala considera que aquel rubro no es posible reconocerlo de oficio por
parte del juez si no fue solicitado expresamente en la demanda, actuar en contravía
de ello implicaría la vulneración de la citada regla del artículo 281 del CGP, pues,
aunque la pretensión de la demanda también refiera a lo dejado de percibir, el origen
del perjuicio reclamado en este caso obedece a una causa diferente, la frustración del
desarrollo de un proyecto urbanístico.

6. Conclusión

De conformidad con el análisis previamente realizado, le asistió razón al Tribunal
Administrativo del Cesar en el sentido de declarar la responsabilidad patrimonial
extracontractual del municipio de Valledupar (Cesar) y del departamento del Cesar por
el daño invocado por el demandante, si se tiene en cuenta que los medios probatorios
aportados al proceso corroboran que aquellas entidades incurrieron en falla del servicio
por el hecho de no ejecutar actos tendientes a garantizar un albergue temporal y/o el
derecho de acceso a una vivienda digna de las personas que ocuparon el inmueble de
propiedad de José Francisco Guerra Vega, circunstancia que provocó que las
diligencias de lanzamiento por ocupación de hecho programadas para el
correspondiente desalojo finalmente no pudieran materializarse, por ser aquel aspecto
una precisa y perentoria condición impuesta por un juez de tutela para proceder a
materializar el desalojo de los ocupantes de hecho del inmueble en cuestión.

No obstante, prosperan parcialmente los recursos de dichos entes administrativos de
derecho público, dado que para la tasación del daño emergente no se acreditó que la
persona que rindió el avalúo aportado con la demanda reuniera la condiciones idóneas
para elaborarlo, razón por la cual la sentencia de primera instancia será parcialmente
modificada para en su lugar condenar en abstracto por este perjuicio; finalmente, esta
Corporación revocará lo concedido a título de lucro cesante, en atención a que la causa
de este desmedro invocada expresamente en la demanda fue diferente a la cual
accedió el a quo, con lo cual el tribunal incurrió en un reconocimiento extra petita.

sufrido por la privación temporal del uso del capital y, en consecuencia, hace parte de la indemnización integral y
es compatible con la indexación”.

49
Expediente: 20001-23-33-003-2014-00298-01 (59.351)
Actor: José Francisco Guerra Vega
Reparación directa
Apelación de sentencia

7. Condena en costas

Según el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 salvo que se ventile un interés público
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

El artículo 365 del Código General del Proceso consagra que se condenará en costas
“a la parte vencida, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación”, de igual modo el numeral 5 de la citada norma prevé que “en caso de que
prospere parcialmente la demanda, le juez podrá abstenerse de condenar en costas o
pronunciar condena parcial (...)”.

En el presente caso, la Sala considera que por razón de que los recursos presentados
por el municipio de Valledupar (Cesar) y el departamento del Cesar prosperaron
parcialmente en relación con el reconocimiento de perjuicios, no hay lugar a condena
en costas para dichos apelantes en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

1º) Declárase fundado el impedimiento manifestado por el señor consejero doctor
Alberto Montaña Plata.

2º) Modifícase la sentencia del 26 de enero de 2017 del Tribunal Administrativo del
Cesar que accedió a las pretensiones de la demanda, la cual queda así:

“Primero: Declárase no probadas las excepciones de inexistencia de los
hechos, propuesta por el Municipio de Valledupar, e inexistencia de los
elementos: hecho, daño y nexo causal en el accionar, propuesta por el
Departamento del Cesar.

Segundo: Declárase extracontractual y patrimonialmente responsables en
forma solidaria al municipio de Valledupar (Cesar) y al departamento del
Cesar por el daño reclamado por José Francisco Guerra Vega consistente

50
Expediente: 20001-23-33-003-2014-00298-01 (59.351)
Actor: José Francisco Guerra Vega
Reparación directa
Apelación de sentencia

en la ocupación permanente por parte de terceros del inmueble identificado
con folio de matrícula inmobiliaria no 190-100437 ubicado en la ciudad de
Valledupar (Cesar).

Tercero: Como consecuencia de la declaración anterior, condénase en
abstracto al municipio de Valledupar (Cesar) y al departamento del Cesar,
a pagar en favor de José Francisco Guerra Vega, por concepto de perjuicios
materiales, en la modalidad de daño emergente, el valor comercial del bien
inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria no 190-100437
ubicado en la ciudad de Valledupar (Cesar).

La tasación concreta de ese perjuicio deberá realizarse a través de un trámite
incidental dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de la
presente providencia, de conformidad con los parámetros relacionados en la
parte considerativa.

Cuarto: Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

Quinto: En aplicación de lo dispuesto en el artículo 191 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se
transfiere la propiedad del inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria
no 190-100437 en favor del municipio de Valledupar (Cesar) y del
departamento del Cesar. Por tal motivo, una vez efectuado el pago de la
correspondiente condena, regístrese la sentencia en el folio de matrícula
inmobiliaria número 190-100437 de la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Valledupar, para que obre como título traslaticio de dominio.

3º) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia procesal a las entidades
demandadas.

4º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal
de origen, previas las correspondientes constancias secretariales.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
(Impedido)

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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