Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-39-000-2009-00072-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-39-000-2009-00072-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 20001-23-39-000-2009-00072-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
18 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 20001-23-39-000-2009-00072-01 (68679)
Demandante: RODRIGO QUINTERO VERA Y OTRO
Demandado: NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: PROCESO EJECUTIVO – Ley 1437 de 2011
Ante la inexistencia de pruebas para practicar en segunda instancia, procede la Sala
a resolver, por escrito, el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante
en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, en
audiencia celebrada el 24 de mayo de 2022, mediante la cual se declaró probada la
excepción de pago total de la obligación, se terminó el proceso y se condenó en
costas al demandante.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 12 de octubre de 20161, el señor Rodrigo Quintero Vera, actuando en nombre
propio y en representación de su hijo menor de edad Rodrigo Quintero Trigos, por
conducto de apoderado judicial (fls.16-17, archivo:
3ED_01EXPEDIENTERAD20090), radicó demanda ejecutiva en contra de la
Nación - Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se librara mandamiento de
pago por las siguientes sumas de dinero:
Primero: Por la suma de cinco millones novecientos setenta mil ochenta pesos
($5.970.080), por concepto de capital, referido al saldo pendiente de cancelar
de la condena que ordenó la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar
del 14 de junio de 2012, y que se concilió el día 18 de septiembre de 2012.
1 La fecha se toma del documento emitido por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar
(fl.90. archivo3ED_01EXPEDIENTERAD20090), ya que el sello de radicación en la demanda es
ilegible.
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Radicación: 20001-23-39-000-2009-00072-01 (68679)
Demandante: Rodrigo Quintero Vera y otro
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Proceso ejecutivo-Ley 1437 de 2011
Segundo: Por los intereses moratorios causados desde el 28 de marzo de 2015
(fecha en la que la entidad demandada dio cumplimiento parcial a la
conciliación), hasta cuando se verifique el pago total de la obligación.
Los intereses moratorios serán tasados al doble de los intereses corrientes
establecidos por la ley.
Tercero: Disponer que sobre los valores liquidados, se reconozcan y paguen a
favor de mi poderdante, los reajustes a los cuales tiene derecho conforme a la
ley y se ordene el pago de intereses moratorios.
Además, solicitó darle cumplimiento a la sentencia en los términos del CPACA, así
como la indexación de los valores reconocidos e intereses moratorios desde la fecha
de exigibilidad, y resolver simultáneamente lo atinente a las medidas cautelares con
la respectiva condena en costas a la entidad ejecutada.
Como fundamento fáctico narró, en síntesis, que mediante sentencia del 14 de junio
de 2012, el Tribunal Administrativo del Cesar condenó a la Nación-Fiscalía General
de la Nación a pagar a los demandantes la indemnización de perjuicios, consistente
en 105 SMLMV por daño moral y, aproximadamente, $11.000.000 por daño
material.
El 18 de septiembre de 2012 se celebró audiencia de conciliación, previo a conceder
el recurso de apelación, en la cual se acordó que la entidad les cancelaría el 65%
del valor total de la condena impuesta. Ese acuerdo fue aprobado mediante
providencia dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar el 4 de octubre de 2012.
El 24 de enero de 2013 se radicó ante la Fiscalía General de la Nación la petición
para el cumplimiento del acuerdo conciliatorio referido; posteriormente, la entidad
demandada expidió la Resolución n.° 377 del 12 de marzo de 2015, a través de la
cual liquidó la condena impuesta y ordenó el pago de $73.972.623, pero omitió
liquidar el valor real de los intereses moratorios.
Para el 27 de marzo de 2015, el valor total de la condena ascendía a $79.942.703,
por lo que el pago realizado por valor de $73.972.623 fue solo parcial y, por tanto,
les quedó debiendo un saldo de $5.970.080, que a partir del 28 de marzo de 2015
constituye el nuevo capital para liquidar los intereses moratorios, hasta el pago total
de la condena.
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Radicación: 20001-23-39-000-2009-00072-01 (68679)
Demandante: Rodrigo Quintero Vera y otro
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Proceso ejecutivo-Ley 1437 de 2011
Señaló que las providencias emitidas por el Tribunal Administrativo del Cesar
quedaron ejecutoriadas el 16 de octubre de 2012, por tanto, a partir del 17 de
octubre de 2012 se causaron intereses moratorios, hasta la fecha que se dio
cumplimiento parcial, esto es, el día 27 de marzo de 2015, y desde esa fecha se
siguen causando intereses moratorios hasta que se cumpla totalmente la condena.
1.2. Título ejecutivo
Con fundamento en lo anterior, la parte ejecutante adujo que el título ejecutivo lo
constituía el acuerdo conciliatorio celebrado el 18 de septiembre de 2012, aprobado
por el Tribunal Administrativo del Cesar el 4 de octubre de 2012, el cual versó sobre
la condena impuesta en la sentencia de reparación directa proferida por esa misma
corporación el 14 de junio de ese mismo año. Como anexos de la demanda allegó
(fls.18-86 archivo:3ED_01EXPEDIENTERAD20090):
a. Primera copia auténtica que presta mérito ejecutivo de la sentencia judicial
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, el 14 de junio de 2012.
b. Primera copia auténtica que presta mérito ejecutivo de la conciliación
realizada el día 18 de septiembre de 2012, ante el mismo Tribunal y del auto
que la aprobó, del 4 de octubre de 2012.
c. Fotocopia simple de la petición de cumplimiento, de 24 de enero de 2013.
d. Fotocopia simple de la Resolución n.° 377 del 12 de marzo de 2015 expedida
por la Fiscalía General de la Nación.
e. Liquidación de las condenas.
2. Trámite en primera instancia
2.1. El 26 de agosto de 2021, el Tribunal Administrativo del Cesar libró mandamiento
de pago en los siguientes términos (Archivo:4ED_02AUTOLIBRAMANDAMIEN):
PRIMERO: Librar mandamiento de pago en contra de la Fiscalía General de
la Nación y a favor de Rodrigo Quintero Vega-Rodrigo Quintero Trigos, por
la suma de cinco millones novecientos setenta mil ochenta pesos
($5’970.080) m/cte, correspondiente al capital dejado de cancelar en virtud
de la sentencia adiada 14 de junio de 2012 proferida por este Tribunal, y el
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Radicación: 20001-23-39-000-2009-00072-01 (68679)
Demandante: Rodrigo Quintero Vera y otro
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Proceso ejecutivo-Ley 1437 de 2011
acuerdo de conciliación celebrado entre las partes el 18 de septiembre de
2012, aprobado mediante auto del 4 de octubre del mismo año; más los
intereses moratorios que correspondan desde la fecha en que se hizo
exigible la obligación hasta la fecha en que se cumpla con la misma.
SEGUNDO: Ordénese a la entidad demandada que cumpla la obligación de
pagar a la parte ejecutante dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación de este proveído, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
430 del Código General del Proceso (…).
Así mismo, se decretó la medida cautelar de embargo por la suma de ocho millones
novecientos cincuenta y cinco mil setecientos veinte pesos ($8.955.720),
correspondiente al valor del mandamiento de pago incrementado en un 50%, la cual
recayó sobre los dineros de la Fiscalía General de la Nación en las cuentas de
ahorro, corrientes y CDTS en diferentes entidades bancarias (Carpeta:
01MedidasCautelares).
2.2. Luego de la notificación personal del auto que libró mandamiento de pago
(Archivo: 5ED_03ACUSENOTIFICACIONP), la Fiscalía General de la Nación
propuso como medio exceptivo el pago total de la obligación. La entidad mediante
la Resolución No. 0000377 del 12 de marzo de 2015 reconoció y canceló a los
demandantes la suma de setenta y tres millones novecientos setenta y dos mil
seiscientos veintitrés pesos ($73’972.623), por concepto de capital e intereses
generados desde el día siguiente a la fecha de la ejecutoria de la sentencia (17 de
octubre de 2012), y los seis meses siguientes a su vencimiento: 16 de abril de 2013,
así como los intereses generados desde la fecha en que el demandante entregó los
documentos para cumplir con la totalidad de los requisitos previstos por el Decreto
768 de 1993, esto es, desde el 21 de junio de 2013 hasta el 27 de marzo de 2015,
ello significó que la causación de intereses cesó entre el 17 de abril de 2013 y el
20 de junio de 2013, cuando el demandante cumplió con los requerimientos para
proceder con el pago (Archivo: 7ED_05CONTESTACIONDEMAND).
2.3. El 24 de mayo de 2022 se llevó a cabo la audiencia en la cual se fijó el litigio,
se decretaron las pruebas y las partes presentaron sus alegatos de conclusión
(archivos: 23ED_21LINKGRABACIONAUDIE y 24ED_22ACTAAUDIENCIA).
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Radicación: 20001-23-39-000-2009-00072-01 (68679)
Demandante: Rodrigo Quintero Vera y otro
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Proceso ejecutivo-Ley 1437 de 2011
3. Sentencia de primera instancia
En la misma audiencia celebrada el 24 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo
del Cesar profirió sentencia de primera instancia en el sentido de declarar la
excepción de pago de la obligación, bajo la siguiente argumentación:
En efecto, en los anexos de la contestación de la demanda obra copia del oficio
No. OJ20131500040731 del 18 de julio de 2013, por medio del cual la entidad
demandada le comunica al apoderado de la parte actora que, debido a que fue
recibida la documentación completa para asignar turno de pago de la
conciliación aludida el día 20 de junio de 2013, los intereses de mora debieron
causarse a partir del día siguiente, esto es, el 21 de junio de 2013, y no a partir
del 24 de enero de 2013 como lo pretendió el actor en su demanda ejecutiva.
Por lo tanto, la diferencia de $5.970.080 que estimó adeudada el actor por
concepto de intereses causados en dicho periodo de tiempo no se causaron en
razón de que así fue pactado en la conciliación judicial celebrada, y por ende,
la liquidación realizada por la entidad en la Resolución No. 00377 del 12 de
marzo de 2015 se ajusta a derecho y cubrió la totalidad del pago de la condena
impuesta a ella que posteriormente fue conciliada, pues se ajustó además a los
términos del acuerdo conciliatorio celebrado.
(…)
Así las cosas, al tornarse procedente la excepción de mérito presentada por la
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, este Despacho se abstendrá de seguir
adelante con la ejecución de acuerdo con lo dispuesto en el auto de
mandamiento ejecutivo, declarará terminado el proceso por pago total de la
obligación, y condenará en costas y agencias en derecho a la parte
demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 443 del Código
General del Proceso.
Adicionalmente, decretó el levantamiento de las medidas cautelares de embargo
dictadas en el proceso.
4. Recurso de apelación
La parte ejecutante no se encontró conforme con la decisión, pues en el acuerdo
conciliatorio se pactó que cuando se entregaran los documentos en debida forma,
la entidad empezaría a pagar intereses, ello ocurrió desde el 24 de enero de 2013,
además, si se analizan los documentos requeridos por la entidad, los mismos ya se
habían enviado, lo que se buscó fue dilatar la acción judicial.
Aun así, esos nuevos documentos fueron enviados en el año 2013, pero la entidad
solo realizó el pago el 28 de marzo de 2015, es decir, que transcurrieron más de
dos años para cumplir el acuerdo conciliatorio.
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Radicación: 20001-23-39-000-2009-00072-01 (68679)
Demandante: Rodrigo Quintero Vera y otro
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Proceso ejecutivo-Ley 1437 de 2011
Indicó que no estaba de acuerdo con los valores no entregados a los demandantes
por retención en la fuente, dado que según el artículo 401-2 del Estatuto Tributario,
se exonera este concepto cuando se cancelan valores por condenas en contra del
Estado, aunado al hecho que los montos reconocidos no acrecentaron el patrimonio
de los accionantes, por el contrario, buscó resarcir una situación anómala a raíz de
las fallas en el servicio cometidas por la Fiscalía General de la Nación (min 31:00 -
33:50, archivo: 23ED_21LINKGRABACIONAUDIE).
El recurso de apelación fue concedido en la misma audiencia.
5. Trámite en segunda instancia
5.1. Esta Corporación admitió el recurso de apelación por auto proferido el 18 de
abril de 2023 (Archivo: 29_AUTOQUEADMITERECURSOAPELACION).
5.2. La parte ejecutante presentó escrito refiriéndose a la improcedencia de la
retención en la fuente, los aportes a la seguridad social y la excepción de
compensación (Archivo No. 34).
5.3. La parte ejecutada y el Ministerio Público guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
1.Competencia
De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del
CGP, la Sala es competente para conocer del presente asunto por tratarse de un
recurso de apelación interpuesto en contra de una sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, competente en primera instancia, según lo
previsto en el numeral 9 del artículo 156 de la Ley 1437 de 2011.
2. Ejercicio oportuno de la acción
A la luz de lo previsto en el literal k) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, el
término para presentar la demanda ejecutiva es de cinco años contados desde la
fecha en que se hizo exigible la obligación.
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Radicación: 20001-23-39-000-2009-00072-01 (68679)
Demandante: Rodrigo Quintero Vera y otro
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Proceso ejecutivo-Ley 1437 de 2011
Ahora, para determinar el momento en que se hizo exigible la obligación debe
destacarse que el proceso dentro del cual se celebró el acuerdo conciliatorio estuvo
gobernado por el Decreto 01 de 1984, estatuto procesal que en su artículo 177
establecía un término de dieciocho meses contados a partir de su ejecutoria, para
que las condenas fueran ejecutables2.
En consecuencia, como el auto que aprobó el acuerdo conciliatorio cobró ejecutoria
el 16 de octubre de 2012, los dieciocho meses transcurrieron hasta el 17 de abril de
2014, por tal motivo, el término de caducidad de 5 años se extendía hasta el 18 de
abril de 2019; como la demanda fue radicada el 12 de octubre de 2016, se concluye
que el proceso ejecutivo fue presentado oportunamente.
3. Alcance del recurso de apelación
La Sala observa que, en el recurso de apelación, el apoderado de los actores incluyó
reproches sobre una supuesta deducción por retención en la fuente realizada por la
entidad ejecutada al momento de liquidar el valor a pagar.
En el escrito presentado en segunda instancia, el ejecutante insistió en la
improcedencia de la retención en la fuente, añadió argumentos concernientes a los
aportes a la seguridad social y planteó reproches frente a una supuesta excepción
de compensación.
Al margen que los argumentos mencionados puedan referirse a otro proceso, se
trata de hechos nuevos que no fueron narrados en la demanda y discutidos ante el
a quo, razón suficiente para excluirlos del análisis de la presente decisión.
El estudio se concentrará en determinar el momento a partir del cual se presentó la
solicitud de pago en debida forma y la consecuente generación de intereses sobre
el capital adeudado.
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
providencia del 10 de octubre de 2022, radicación No. 20001233100020040191703 (65260), C.P.
María Adriana Marín.
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Radicación: 20001-23-39-000-2009-00072-01 (68679)
Demandante: Rodrigo Quintero Vera y otro
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Proceso ejecutivo-Ley 1437 de 2011
4. Caso concreto
Conforme a lo previsto por el numeral 2° del artículo 297 del CPACA, constituyen
títulos ejecutivos las decisiones adoptadas en el desarrollo de mecanismos
alternativos de solución de conflictos, dentro de los que se encuentran los acuerdos
conciliatorios que cuentan con la capacidad de comprometer a las entidades
públicas a cancelar sumas de dinero.
En el plenario se comprobó que el 14 de junio de 2012, el Tribunal Administrativo
del Cesar profirió sentencia en el proceso de reparación directa No. 20-001-23-31-
001-2009-00072-00, en la cual declaró administrativamente responsable a la Nación
-Fiscalía General de la Nación- por la privación injusta de la libertad del señor
Rodrigo Quintero Vera y se accedió a indemnizar el perjuicio moral con la suma de
70 SMLMV en favor de la víctima directa (Rodrigo Quintero Vera) y 35 SMLMV en
favor del hijo: Rodrigo Quintero Trigos. En lo relacionado con el perjuicio material,
les concedió $1.986.390, y por lucro cesante $9.192.569 (fls. 18-50, archivo:
3ED_01EXPEDIENTERAD20090).
El 18 de septiembre de 2012 se celebró audiencia de conciliación ante el Tribunal
Administrativo del Cesar, en la que se acordó:
La Fiscalía manifiesta que, de acuerdo a las instrucciones de la abogada
principal impartidas por el comité de conciliación de la Fiscalía General de la
Nación, una última propuesta conciliatoria corresponde al sesenta y cinco por
ciento (65%) del valor total de la condena en los términos del pago ya señalado,
(…) los intereses se reconocerán desde el momento en que se radica la
solicitud de pago en la entidad de forma completa es decir con el lleno de los
requisitos exigidos por la entidad. Frente a lo anterior el apoderado de la parte
demandante manifiesta que, de acuerdo a lo discutido con el abogado principal
de la parte demandante se acepta la propuesta del sesenta y cinco por ciento
(65%) del valor total de la condena con sus respectivos intereses a partir del
momento que se radica la solicitud de pago en la Fiscalía General de la Nación
(fls. 53-54, archivo: 3ED_01EXPEDIENTERAD20090).
El acuerdo conciliatorio fue aprobado mediante providencia proferida el 4 de
octubre de 2012 por el Tribunal Administrativo del Cesar, y quedó ejecutoriada el
día 16 de octubre de la misma anualidad (fls 56-65, archivo:
3ED_01EXPEDIENTERAD20090).
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Radicación: 20001-23-39-000-2009-00072-01 (68679)
Demandante: Rodrigo Quintero Vera y otro
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Proceso ejecutivo-Ley 1437 de 2011
El 24 de enero de 2013, el apoderado de los actores solicitó el cumplimiento del
acuerdo conciliatorio ante la Fiscalía General de la Nación (fls. 66-73 archivo:
3ED_01EXPEDIENTERAD20090).
Mediante comunicación OJ20131500040731 del 18 de julio de 2013, la
coordinadora del grupo contencioso de la oficina jurídica de la Fiscalía General de
la Nación comunicó al apoderado de los demandantes:
(…) me refiero a su comunicación allegada a la entidad, el 21 de junio de 2013,
radicada con el No. 20136110974872, al respecto me permito informarle que
previa revisión de los antecedentes administrativos respectivos, se verifica el
cumplimiento de los requisitos previstos en el Decreto 768 del 23 de abril de
1993, modificado por el Decreto 818 de abril 22 de 1994, y demás normas
complementarias.
En consideración a lo anterior, y con el fin de dar aplicación al artículo 15 de la
Ley 962 de 2005, se procedió a asignar turno de pago el 21 de junio de 2013,
dentro del listado de conciliaciones (fls.11-12, archivo:
7ED_05CONTESTACIONDEMAND).
El 12 de marzo de 2015, la directora de apoyo a la gestión de la Fiscalía General
de la Nación expidió la Resolución No. 0000377, dando cumplimiento al acuerdo
conciliatorio logrado por la entidad con el señor Rodrigo Quintero Vera y su hijo;
para tal efecto, informó que el apoderado de los actores había cumplido con la
totalidad de los requisitos exigidos, el 21 de junio de 2013; por tanto, aplicó la
cesación de causación de intereses moratorios por el periodo comprendido entre el
vencimiento de los 6 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia hasta el día
anterior a la fecha de presentación de la solicitud en legal forma, esto es, entre el
17 de abril y el 20 de junio de 2013.
Se concluyó que la entidad adeudaba un monto de setenta y tres millones
novecientos setenta y dos mil seiscientos veintitrés pesos ($73.972.623) por
concepto de capital e intereses, desde el día siguiente a la fecha de ejecutoria de
la conciliación, esto es, 17 de octubre de 2012 hasta el 16 de abril de 2013; y desde
el 21 de junio de 2013 a la fecha efectiva del pago (fls. 75- 83, archivo:
3ED_01EXPEDIENTERAD20090).
Ahora bien, para dilucidar el problema jurídico planteado, debe resaltarse que el
proceso y la sentencia de reparación directa objeto de conciliación fueron
gobernados por el Código Contencioso Administrativo; de hecho, en el numeral
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Radicación: 20001-23-39-000-2009-00072-01 (68679)
Demandante: Rodrigo Quintero Vera y otro
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Proceso ejecutivo-Ley 1437 de 2011
sexto de la parte resolutiva de la sentencia se ordenó que el cumplimiento se
acogería a los artículos 176 y 177 del CCA, de ahí que la parte ejecutante haya
actuado conforme a tales normas para proceder con la solicitud de pago.
Pese a que la audiencia de conciliación fue celebrada el 18 de septiembre de 2012
y el acuerdo aprobado el 4 de octubre del mismo año -momento para el que se
encontraba vigente la Ley 1437 de 2011-, no puede ignorarse que el acuerdo
conciliatorio recae sobre una sentencia proferida en un proceso de reparación
directa cuya radicación ocurrió en vigencia del CCA, el cual será empleado para
resolver el presente asunto, siguiendo el régimen de transición previsto en el
artículo 308 del CPACA.3
En vista de lo anterior, se tiene que el artículo 177 del CCA señalaba:
ARTÍCULO 177. EFECTIVIDAD DE CONDENAS CONTRA ENTIDADES
PÚBLICAS
(…)
<Apartes tachados INEXEQUIBLES> Las cantidades líquidas reconocidas en
tales sentencias devengarán intereses comerciales durante los seis (6) meses
siguientes a su ejecutoria y moratorias después de este término.
(…)
Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o
liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los
beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva,
acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de
intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud
en legal forma.
De la disposición en comento se desprende que, a efectos de evitar la cesación de
causación de intereses, la solicitud de pago debe: I) ser presentada dentro del
término previsto y II) estar acompañada de la documentación requerida.
Este último requisito no puede convertirse en un obstáculo para que los
beneficiarios logren la cancelación de los valores adeudados por las entidades
condenadas, en la medida en que se exija documentación no señalada por la norma
aplicable.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
providencia del 10 de octubre de 2022, radicación No. 20001-23-31-000-2004-01917-03 (65260),
C.P. María Adriana Marín.
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Radicación: 20001-23-39-000-2009-00072-01 (68679)
Demandante: Rodrigo Quintero Vera y otro
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Proceso ejecutivo-Ley 1437 de 2011
Asimismo, con el fin de evitar que las consecuencias sobre cesación de causación
de intereses queden supeditadas a los tiempos de respuesta de la entidad, se debe
informar al interesado, en el menor tiempo posible, que la solicitud de pago no reúne
los requisitos legales o que carece de algún anexo.
En definitiva, los requerimientos de las entidades para complementar la solicitud de
pagó únicamente pueden realizarse dentro del término legal dispuesto para ello y
con fundamento en la ausencia de algún requisito o anexo exigido expresamente
por la norma aplicable; por consiguiente, a efectos de impedir la cesación de
causación de intereses, la solicitud se entiende presentada desde el momento en
que sea radicada con el cumplimiento de dichos condicionamientos, sin que pueda
tener efecto alguno sobre la causación de intereses, los requerimientos que con
posterioridad pueda realizar la entidad en relación con documentación no prevista
en la ley o aportada desde la petición inicial.
Al descender al caso concreto, se evidencia que en el acuerdo conciliatorio
celebrado por las partes y aprobado por el Tribunal Administrativo del Cesar se
acordó claramente que los intereses comenzarían a causarse a partir del momento
en que se radicara la solicitud de pago en la entidad de forma completa.
Con todo, al momento de establecer los extremos temporales de causación de
intereses, la Fiscalía General de la Nación dividió el tiempo transcurrido en dos
periodos: el primero entre el 17 de octubre de 2012 (un día después de la ejecutoria
de la aprobación del acuerdo conciliatorio) y el 16 de abril de 2013 (vencimiento del
término de 6 meses desde la ejecutoria del acuerdo); el segundo comprendido entre
el 21 de junio de 2013 (fecha de presentación de la cuenta de cobro con los
documentos requeridos) y el 27 de marzo de 2015 (fecha del pago), es decir,
reconoció intereses por un periodo anterior a la presentación de la cuenta de cobro,
y aplicó la cesación de intereses entre el 17 de abril de 2013 y el 20 de junio de
2013.
En desacuerdo con lo anterior, en el recurso de apelación se adujo que la solicitud
de pago con los documentos exigidos para ello fue radicada el 24 de enero de 2013,
momento en el que se empezarían a causar los intereses.
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Demandante: Rodrigo Quintero Vera y otro
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Proceso ejecutivo-Ley 1437 de 2011
En efecto, se comprobó que en esa fecha el apoderado de los actores presentó una
solicitud de cobro, al parecer, sin la documentación completa exigida por la entidad,
puesto que según la comunicación OJ20131500040731 del 18 de julio de 2013 de
la Fiscalía General de la Nación, el apoderado de la parte ejecutante radicó una
nueva comunicación el 21 de junio de 2013, la cual sí reunía los requisitos para la
asignación de turno para el pago.
De lo anterior no es posible concluir que, con la primera cuenta de cobro presentada
el 24 de enero de 2013, se cumplieron los requisitos exigidos para proceder con el
pago, si bien en el acápite de anexos se relacionan una serie de documentos, no es
posible afirmar que efectivamente fueron presentados, dado que al proceso
ejecutivo únicamente se aportó la solicitud.
Tampoco se conocen cuáles fueron los documentos solicitados por la Fiscalía
General de la Nación para cumplir con los requisitos exigidos, con el fin de
determinar si los mismos obraban desde la primera solicitud, tal como se adujo en
el recurso de apelación, hecho que no quedó verificado con esa sola afirmación,
siendo indispensable allegar los medios probatorios que dieran cuenta de esa
circunstancia.
En síntesis, únicamente quedó probado que el 24 de enero de 2013, el apoderado
de la parte ejecutante presentó una solicitud de cobro; no obstante, se deduce que
fue requerido por la Fiscalía General de la Nación para aportar documentación
faltante, requerimiento que fue acatado el 21 de junio de 2013, con lo cual la entidad
ejecutada inició el procedimiento para efectuar el pago.
La parte ejecutante no logró acreditar que la cuenta de cobro presentada el 24 de
enero de 2013 cumplía con los requisitos exigidos para el pago y tampoco se aportó
algún medio de prueba para desvirtuar la comunicación OJ20131500040731 del 18
de julio de 2013 de la Fiscalía General de la Nación, que indica como fecha de
presentación de la documentación completa el 21 de junio de 2013.
Así las cosas, tomando en consideración lo probado en el proceso, esto es, que la
cuenta de cobro con todos los documentos exigidos para el pago solo fue radicada
el 21 de junio de 2013, se concluye que los intereses empezaron a causarse desde
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Radicación: 20001-23-39-000-2009-00072-01 (68679)
Demandante: Rodrigo Quintero Vera y otro
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Proceso ejecutivo-Ley 1437 de 2011
el día siguiente, y no a partir del 24 de enero de 2013, como lo pretendía el
recurrente, por tal motivo, la sentencia de primera instancia será confirmada.
5. Condena en costas en segunda instancia
De conformidad con el artículo 365 del Código General del Proceso, se condenará
en costas a la parte ejecutante, a quien se le resolvió desfavorablemente el recurso
de apelación. En cuanto a su liquidación se hará de manera concentrada por el a
quo, según lo previsto por el artículo 366 del estatuto procesal general.
Respecto a las agencias en derecho correspondientes a esta instancia, en
aplicación del acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura, aplicable al presente asunto 4, se fija como
agencias en derecho la suma de 1 SMLMV para el momento de ejecutoria de la
sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar el 24 de mayo de 2022, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte ejecutante, las
cuales serán liquidadas de manera concretada por el a quo. Se fijan como agencias
en derecho el equivalente a un (1) SMLM vigente al momento de ejecutoria de esta
providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría se dispondrá DEVOLVER
el expediente a su Tribunal de origen.
4 La demanda ejecutiva fue presentada el 12 de octubre de 2016.
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Radicación: 20001-23-39-000-2009-00072-01 (68679)
Demandante: Rodrigo Quintero Vera y otro
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación
Referencia: Proceso ejecutivo-Ley 1437 de 2011
Se deja constancia que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace:
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Firmado electrónicamente
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
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