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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2011-00138-01

Fecha
27 de enero de 2022
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Velez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2011-00138-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 6 de febrero de 2018, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Cesar ordenó seguir adelante con la ejecución en contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. REF: EXPEDIENTE No. 20001-23-39-000-2011-00138-01 No. INTERNO: 1460-2018 DEMANDANTES: Germán Hernando Duarte Zabala y otros DEMANDADO: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de pago formulada por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL y la terminación del proceso, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: Sin costas en esta instancia. CUARTO: Por la Secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el proceso al Tribunal Administrativo de Cesar y déjense las constancias de rigor en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-39-000-2011-00138-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez

27 de enero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D.C., 27 de enero de 2022.

Radicado No. 20001-23-39-000-2011-00138-01
No. Interno: 1460-2018
Demandante: Germán Hernando Duarte Zabala, Gloria del Socorro
Restrepo de Cáceres y Luís Enrique Galeano Arias.
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL
Asunto: Apelación de la sentencia que ordenó seguir adelante con
la ejecución.
Decisión: Revoca decisión.

I. ASUNTO

La Sala decide el recurso de apelación que interpuso la entidad ejecutada contra
la sentencia de 6 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del
Cesar, por medio de la cual declaró no probadas las excepciones de mérito y
ordenó seguir adelante con la ejecución, conforme a lo dispuesto en el
mandamiento de pago.1

II. ANTECEDENTES

1. Los señores Germán Hernando Duarte Zabala, Gloria del Socorro Restrepo de
Cáceres y Luís Enrique Galeano Arias, a través de apoderada, presentaron
demanda contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares,2 en ejercicio de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho para obtener la nulidad de los
Oficios 77034 de 18 de diciembre de 2008, 57482 de 31 de julio y 57470 de 4 de
agosto de 2009, por medio de los cuales esa entidad les negó el reconocimiento y
pago del reajuste de sus asignaciones de retiro, con fundamento en el Índice de
Precios al Consumidor - I.P.C, respectivamente.

1
El expediente ingresó al Despacho el 15 de marzo de 2019, según informe de folio 244.
2
En adelante CREMIL

REF: EXPEDIENTE No. 20001-23-39-000-2011-00138-01
No. INTERNO: 1460-2018
DEMANDANTES: Germán Hernando Duarte Zabala y otros
DEMANDADO: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL

2. Mediante sentencia de 4 de octubre de 2012, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, se condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar
el reajuste de las asignaciones de retiro que tienen reconocidas los demandantes,
teniendo en cuenta el I.P.C para los años 1999 y 2000 a 2004, a partir del 18 de
diciembre de 2004 para el demandante Duarte Zabala y desde 27 de julio de 2005
para Restrepo de Cáceres y Galeano Arias. Lo anterior, en la forma y dentro de
los términos establecidos por los artículos 176 y 177 del C.C.A.3

3. La sentencia quedó ejecutoriada el 29 de octubre de 2012.4

4. La apoderada de los accionantes presentó petición de cumplimiento del fallo el
20 de noviembre de 2013.5

5. Para acatar la sentencia de 4 de octubre de 2012, CREMIL expidió actos
separados para cada uno de los demandantes, como sigue:

6. La Resolución 8305 de 2 de diciembre de 2013, por medio de la cual reconoció
a favor de Germán Hernando Duarte Zabala $22.747.862, correspondiente al
reajuste conforme al IPC, a partir del 1° de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre
de 2004.6 El pago se dispuso desde el 18 de diciembre de 2004 por prescripción y
hasta el 29 de octubre de 2012, según liquidación anexa7 y fue pagada el 19 de
diciembre de 2013.8 El referido valor incluye los siguientes ítems:

VALOR CAPITAL INDEXADO $17.290.801
INTERESES DE MORA $ 2.577.151
REAJUSTE $ 2.879.9109

7. La Resolución 8286 de 2 de diciembre de 2013, mediante la cual reconoció a
favor de Luís Enrique Galeano Arias $12.017.513 por concepto de reajuste
conforme al IPC, a partir del 1° de enero de 1999 y hasta el 31 de diciembre de
2004.10 El pago se dispuso desde el 27 de julio de 2005 por prescripción y hasta el

3
Folios 15 a 33
4
Según constancia de folio 146.
5
Folio 134 vuelto
6
Folio 156
7
Folios 157 y 158
8
Folio 175
9
Desde el 30 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2013
10
Folios 167 vuelto y 168

REF: EXPEDIENTE No. 20001-23-39-000-2011-00138-01
No. INTERNO: 1460-2018
DEMANDANTES: Germán Hernando Duarte Zabala y otros
DEMANDADO: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL

29 de octubre de 2012, según liquidación anexa,11 cancelada el 19 de diciembre
de 2013.12 El valor indicado corresponde a lo siguiente:

VALOR CAPITAL INDEXADO $9.039.179
INTERESES DE MORA $1.347.266
REAJUSTE $1.631.08613

8. La Resolución 8333 de 3 de diciembre de 2013, a través de la cual reconoció a
favor de Gloria del Socorro Restrepo de Cáceres $26.448.129 por concepto de
reajuste conforme al IPC, a partir del 1° de enero de 1999 hasta el 31 de diciembre
de 2004.14 El pago se dispuso desde el 27 de julio de 2005 por prescripción y
hasta el 29 de octubre de 2012, según liquidación anexa,15 cancelada el 20 de
diciembre de 2013.16 El referido valor comprende los siguientes conceptos:

VALOR CAPITAL INDEXADO $19.976.941
INTERESES DE MORA $ 2.862.987
REAJUSTE $ 3.608.20117

9. El 16 de febrero de 2017, los accionantes, a través de apoderada, presentaron
demanda ejecutiva y pidieron que se librara mandamiento de pago por las
diferencias dejadas de cancelar, a favor de: i) Germán Hernando Duarte Zabala
por $86.795.405, ii) Luís Enrique Galeano Arias por $93.737.446 y, iii) Gloria del
Socorro Restrepo de Cáceres por $ 60.409.397. Los valores incluyen la indexación
y los intereses por el pago tardío de la obligación.18

10. Mediante auto de 25 de mayo de 2017, con fundamento en las liquidaciones
efectuadas por los contadores adscritos a esa corporación,19 el a quo libró
mandamiento de pago a favor de los ejecutantes, por los siguientes valores: i)
Germán Hernando Duarte Zabala por $156.178.789,37, ii) Luís Enrique Galeano
Arias por $156.178.789,37 y, iii) Gloria Socorro Restrepo de Cáceres por
$110.787.369,17.20

11 Folios 165 a 168
12
Folio 176
13
Desde el 30 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2013
14
Folios 149 a 150
15
Folios 147 vuelto y 148
16
Folio 177
17
Desde el 30 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2013
18
Folios 1 a 9
19
Folios 77 a 88
20
Folios 91 a 94

REF: EXPEDIENTE No. 20001-23-39-000-2011-00138-01
No. INTERNO: 1460-2018
DEMANDANTES: Germán Hernando Duarte Zabala y otros
DEMANDADO: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL

III. LA SENTENCIA DE EXCEPCIONES APELADA.

11. Después de surtidas las correspondientes etapas procesales, mediante
sentencia proferida en la audiencia inicial de que trata el artículo 372 del Código
General del Proceso, celebrada el 6 de febrero de 2018,21 el Tribunal
Administrativo del Cesar resolvió declarar no probadas las excepciones de mérito
propuestas por la entidad demandada y ordenó seguir adelante con la ejecución,
de acuerdo con lo dispuesto en el auto de mandamiento de pago.

12. Para sustentar la anterior decisión, el a quo anotó que la entidad propuso las
excepciones de pago total y cobro de lo no debido y alegó que canceló la
obligación, a través de los siguientes actos administrativos: i) Resolución 8305 de
2 de diciembre de 2013, mediante la cual reconoció a favor de Germán Hernando
Duarte Zabala $22.747.862, ii) Resolución 8286 de 2 de diciembre de 2013, por
medio de la cual le pagó a Luís Enrique Galeano Arias $12.017.513 y, iii)
Resolución 8333 de 3 de diciembre de 2013, a través de la cual le canceló a Gloria
Socorro Restrepo de Cáceres la suma de $26.448.129.

13. El tribunal afirmó que según la liquidación del fallo que sirve de título ejecutivo,
visible en los folios 77 a 89 y realizada por los contadores adscritos a esa
corporación, la entidad debía pagar las siguientes cantidades: i) a Germán
Hernando Duarte Zabala $156.178.789,37, ii) a Luís Enrique Galeano Arias
$156.178.789,37 y, iii) a Gloria Socorro Restrepo de Cáceres $110.787.369,17.

14. Concluyó que existe una diferencia considerable entre las sumas que
reconoció la entidad y las que efectivamente debió pagar en los términos de la
sentencia de 4 de octubre de 2012. En consecuencia, ordenó seguir adelante con
la ejecución por la sumas indicadas en el auto que libró mandamiento ejecutivo.

15. Destacó que al momento de la liquidación del crédito se debían descontar los
valores que fueron cancelados a los ejecutantes en cumplimiento de las
«Resoluciones 77034 de 29 de diciembre de 2008, 57470 de 4 de agosto de 2009
y 57428 de 31 de julio de 2009» (sic). Finalmente, condenó en costas y agencias
en derecho a la demandada.

IV. EL RECURSO DE APELACIÓN

16. La apoderada de la parte ejecutada interpuso recurso contra la sentencia de 6
de febrero de 2018 por medio de la que se ordenó seguir adelante con la

21
Folios 211 a 221

REF: EXPEDIENTE No. 20001-23-39-000-2011-00138-01
No. INTERNO: 1460-2018
DEMANDANTES: Germán Hernando Duarte Zabala y otros
DEMANDADO: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL

ejecución para que se revoque y en su lugar, solicitó que se declarara probado el
pago de la obligación y se diera por terminado el proceso.22

17. Manifestó su desacuerdo con la decisión y alegó que la entidad actuó de
buena fe y pagó lo ordenado en la sentencia de instancia. Recalcó que en el título
ejecutivo se determinó prescribir las mesadas de los demandantes.

18. Afirmó que no está conforme con la condena en costas y la decisión de no
declarar probadas las excepciones propuestas.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

19. El proceso fue asignado por reparto a la Ponente el 22 de marzo de 201823 y
mediante providencia del día 27 de agosto del mismo año se admitió el recurso de
apelación objeto de pronunciamiento.24

20. A través de auto de 13 de noviembre de 2018, el Despacho concedió el
término para que las partes allegaran sus alegatos de conclusión25.

21. La parte ejecutante presentó alegatos de conclusión en los que reiteró que la
entidad dio cumplimiento al fallo de forma defectuosa, pues al momento de liquidar
el reajuste no aplicó la fórmula establecida por la ley, descrita y explicada en el
fallo. Alegó que si bien CREMIL contestó y propuso excepciones no objetó la
liquidación que sustentó el fallo ni presentó alguna que demostrara el
cumplimiento cabal de la sentencia.26

22. Agotada como se encuentra la instancia, sin observar causales de nulidad que
invaliden lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto, para lo cual se tiene en
cuenta las siguientes,

VI. CONSIDERACIONES

6.1 Competencia.

23. El artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012,27 en cuanto
a la competencia del Consejo de Estado, establecía:

22
C.D Folio 223, minutos 16:23 a 17:04.
23
Folio 225
24
Folio 227
25
Folios 233 y 233 vuelto.
26
Folios 241 a 243
27
Modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021

REF: EXPEDIENTE No. 20001-23-39-000-2011-00138-01
No. INTERNO: 1460-2018
DEMANDANTES: Germán Hernando Duarte Zabala y otros
DEMANDADO: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL

«ARTÍCULO 615. Modifíquese el artículo 150 de la Ley 1437 de 2011, el cual
quedará así:

«Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y
cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los
recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los
tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se
concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia […]»

[Se destaca].

24. De acuerdo con la norma transcrita, el Consejo de Estado tiene competencia
para resolver el recurso de apelación que presentó la parte ejecutada contra la
sentencia que resolvió las excepciones formuladas, toda vez que en segunda
instancia conoce de las apelaciones contra las sentencias proferidas por los
Tribunales Administrativos.

6.2 Procedencia

25. En relación con la procedencia del recurso de apelación para el caso de la
referencia, el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011,28 disponía lo siguiente:

«Artículo 243. Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los
Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos
proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos […]».

26. Se trata en este caso del recurso de apelación que la parte ejecutada presentó
contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de la cual se
declaró no probadas las excepción de pago total de la obligación y dispuso seguir
adelante con la ejecución. En consecuencia, al estar comprendida dentro del
inciso 1º del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, procede el recurso impetrado.

6.3 El problema jurídico

27. De acuerdo a lo señalado en la providencia de primera instancia y atendiendo
el motivo de oposición aducido por la parte ejecutada, el problema jurídico a
resolver por la Sala se circunscribe a determinar si procede seguir adelante con la
ejecución por los valores determinados en la sentencia de instancia. Esto es, por
las diferencias en el reajuste de las asignaciones de retiro de los demandantes

28
Modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021

REF: EXPEDIENTE No. 20001-23-39-000-2011-00138-01
No. INTERNO: 1460-2018
DEMANDANTES: Germán Hernando Duarte Zabala y otros
DEMANDADO: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL

con fundamento en el Índice de Precios al Consumidor I.P.C., así como los
intereses moratorios causados, en razón a que los ejecutantes consideran que la
liquidación de la condena efectuada por la entidad demandada no se ajusta a
derecho.

28. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará, de manera
breve, el estudio de los siguientes temas: i) la normatividad que regula el proceso
ejecutivo, ii) el título ejecutivo cuando se persigue el cumplimiento de una
sentencia; iii) la orden de seguir adelante la ejecución; y, iv) al final, se analizará el
caso concreto.

6.4 La normatividad que regula el proceso ejecutivo

29. La Ley 1437 de 2011 no estableció procedimiento para el proceso ejecutivo;
sin embargo, la norma en el artículo 306 señaló que en aquellos aspectos no
contemplados en el código, se seguiría el Código de Procedimiento Civil29 en el
que de manera expresa se encuentra el trámite del proceso ejecutivo. La norma
mencionada es del siguiente tenor:

«Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en
este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».

30. La disposición hace alusión y remite al Código de Procedimiento Civil,
normatividad que fue subrogada por el Código General del Proceso, vigente desde
el 1° de enero de 2014.

6.5 El Título Ejecutivo cuando se persigue el cumplimiento de una
sentencia

31. En este punto, la Sala hace referencia al contenido de los artículos 422 del
Código General del Proceso y 297 de la Ley 1437 de 2011, normas que definen el
título ejecutivo y señalan las providencias que tienen tal característica,
respectivamente.

32. El artículo 422 del Código General del Proceso al referirse al título ejecutivo,
dice:

«Art. 422. Títulos Ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivamente las
obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante y que constituyan plena prueba contra él, o

29
Hoy Código General del Proceso

REF: EXPEDIENTE No. 20001-23-39-000-2011-00138-01
No. INTERNO: 1460-2018
DEMANDANTES: Germán Hernando Duarte Zabala y otros
DEMANDADO: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL

las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de
cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial o de las providencias que en
procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de
auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley
La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí
la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184».
(Subrayado fuera de texto)

33. Y el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, señala en su numeral 1° que las
sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo en las que se condene a una entidad pública al pago
de sumas dinerarias constituyen un título ejecutivo30.

34. La definición contenida en el artículo 422 del Código General del Proceso
permite inferir que hay requisitos de forma y de fondo, siendo los primeros «que se
trate de documentos que (…) tengan autenticidad, que emanen de autoridad
judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio ejecutado o causante
cuando aquel sea heredero de este»31 y los segundos, «que de esos documentos
aparezca a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o de su
causante, una obligación clara expresa, exigible y además líquida o liquidable por
simple operación aritmética si se trata de pagar una suma de dinero»32.

35. Conforme a las normas anteriores, se pueden demandar las obligaciones que
reúnan las siguientes condiciones o requisitos de fondo: i) que las obligaciones
sean expresas, claras y exigibles, ii) que emanen del deudor o de su causante, o
que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de
cualquier jurisdicción y iii) que constituyan plena prueba contra él33.

36. Así, pues, quien pretenda que se libre mandamiento de pago, debe aportar el
correspondiente título ejecutivo, el que debe ser suficiente para acreditar los
requisitos de forma y de fondo referidos en precedencia34.

37. Esta Sección ha considerado que la sentencia puede ser un título ejecutivo
autónomo, por lo cual consigue ser objeto de ejecución sin tener que encontrarse

30
“Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:
1.- Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.
[…]”.
31
El Proceso Civil, parte especial, 7ª edición 1991, Págs. 822 a 824
32
ib.
33
Devis Echandía, Hernando, Editorial Temis, 1961.
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
Consejera Ponente Doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez, de 12 de julio de 2018, expediente
250002342000 2014-01475 01 (3531 – 2017).

REF: EXPEDIENTE No. 20001-23-39-000-2011-00138-01
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DEMANDANTES: Germán Hernando Duarte Zabala y otros
DEMANDADO: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL

ligado a un acto administrativo de reconocimiento; sin embargo, para ser exigida
por la vía ejecutiva, si es necesario que haya sido presentada para su pago ante la
entidad condenada. Al respecto, la Sub Sección «B» de esta Sección en
providencia de 18 de mayo de 201835 retomó lo expuesto por la Subsección «A»
en la sentencia de tutela del 18 de febrero de 201636, oportunidad en la que se
estableció, lo siguiente:

«No obstante, esta Subsección considera que para efectos de librar mandamiento
de pago de las sentencias emitidas por los funcionarios pertenecientes a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no es requisito la copia de los actos
administrativos que dieron cumplimiento a las órdenes judiciales para conformar el
título ejecutivo. Veamos:
c) Regulación del proceso ejecutivo en la Ley 1437 de 2011 y el Código de
Procedimiento Civil.
El CPACA reguló de manera parcial e incompleta lo concerniente a los documentos
que se pretendan hacer valer como título en la ejecución de las sentencias, en el
artículo 297 del CPACA, el cual regula lo siguiente:
“[…] Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código,
constituyen título ejecutivo:
1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se
condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.
2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos
alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas
queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y
exigible.

3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los
organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los
documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a
través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del
contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en
los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las
partes intervinientes en tales actuaciones.

4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de
ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la
existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la
respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto
administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica
corresponde al primer ejemplar.” (Subrayado y negrilla fuera de texto).

De la norma anterior, claramente se deduce que constituyen títulos ejecutivos,
además de los enunciados en los numerales 2 y 3, (i) la sentencia debidamente
ejecutoriada proferida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y; (ii) las
copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los
cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación
clara, expresa y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa.

35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B;
Consejera Ponente Doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez, Sentencia de 18 de mayo de 2018,
Radicación número: 76001-23-33-000-2015-00265-01(1286-16).
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de tutela del 18 de febrero de 2016, radicación 11001-03-15-000-2016-00153-00(AC)
Consejero Ponente Doctor William Hernández Gómez

REF: EXPEDIENTE No. 20001-23-39-000-2011-00138-01
No. INTERNO: 1460-2018
DEMANDANTES: Germán Hernando Duarte Zabala y otros
DEMANDADO: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL

Ahora bien, según el CPC y el CPACA37la sentencia es la providencia que decide
sobre las pretensiones de la demanda y las excepciones de mérito. Por tanto, es
una integralidad jurídica autónoma y suficiente con fuerza de cosa juzgada, provista
de ejecutividad y ejecutoriedad para que sea debida y oportunamente cumplida.
Por ello, la sentencia proferida por los jueces administrativos38, una vez
ejecutoriada, constituye por sí sola el título ejecutivo idóneo para solicitar la
ejecución de la sentencia, sin que sea necesario que se acompañe o anexe el acto
administrativo que dio cumplimiento parcial a la sentencia.
Es cierto que la norma citada39 indica que los actos administrativos expedidos por
las entidades de derecho público también constituyen títulos ejecutivos. Pero ello
implica, según la interpretación de la Subsección A, que es predicable en cuando
que los mismos sean los que crean, modifican o extinguen un derecho. Situación
diferente se presenta cuando se trate de actos administrativos de ejecución o
expedidos en cumplimiento de la sentencia judicial, porque es ésta última la que
declara, constituye el derecho u ordena la condena.
En resumen: El juez no puede exigir al ejecutante de la sentencia judicial, que
anexe los actos administrativos de cumplimiento expedido por la entidad de derecho
público, puesto que la sentencia judicial es completa, autónoma y suficiente.»

38. La doctrina ha coincidido con la posición adoptada en la sentencia transcrita,
en el sentido de aceptar que la sentencia constituye un título ejecutivo por sí sola;
sin embargo, ha considerado que para ser ejecutada debe haber sido presentada
para su pago ante la entidad condenada. En este sentir, Juan Pablo Estrada
Sánchez,40 indicó:

«[…] sí parece que es necesario que el ejecutante, en forma previa a la formulación
de la demanda ejecutiva, haya procurado su atención en sede administrativa. Dicho
de otra manera, no es posible acudir en forma directa a la jurisdicción en procura del
pago de sumas ordenadas en sentencias en firme, sino que se hace necesario
agotar el trámite previsto en el artículo 192 CCA brindando a la administración la
posibilidad de cumplir con lo ordenado por el juez»

39. De lo expuesto, es posible deducir que el título es simple cuando la
administración no ha cumplido la decisión judicial, en cuyo caso, aquel está
conformado solamente con la sentencia ejecutoriada. Por el contrario, cuando el
fundamento del proceso ejecutivo sea una sentencia judicial acatada de manera
imperfecta, el título ejecutivo es complejo, pues está conformado por el fallo, su
constancia de ejecutoria y el acto que expide la administración para cumplirlo.

37
Ver artículo 278 del CGP.
38
Concepto general que incluye los jueces, tribunales y el Consejo de Estado.
39
Artículo 297 del CPACA.
12. Con criterio finalista las sentencias se pueden subclasificar de la siguiente manera: (i) Sentencia
declarativa que se limita a reconocer una relación o situación jurídica ya existente. (ii) Sentencia constitutiva
que crea, modifica o extingue una situación o relación jurídica. (iii) Sentencia de condena que ordena una
determinada conducta o el pago de suma dineraria.
40
Comentarios al título IX “Proceso Ejecutivo” de la Ley 1437 de 2011; Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo comentado y concordado; Universidad Externado de
Colombia, 2ª Edición; 2016; pág. 698

REF: EXPEDIENTE No. 20001-23-39-000-2011-00138-01
No. INTERNO: 1460-2018
DEMANDANTES: Germán Hernando Duarte Zabala y otros
DEMANDADO: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL

6.6 El proceso ejecutivo en vigencia de la Ley 1437 de 2011.

40. En este punto, la Sala hace referencia al contenido de los artículos 422 del
Código General del Proceso y 297 de la Ley 1437 de 2011, en donde se define el
título ejecutivo y se señalan las providencias que tienen tal característica,
respectivamente.

41. El artículo 422 del Código General del Proceso al referirse al título ejecutivo,
dice:

«Art. 422. Títulos Ejecutivos. Pueden demandarse ejecutivamente las
obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante y que constituyan plena prueba contra él, o
las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de
cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial o de las providencias que en
procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de
auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley
La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí
la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184».
(Subrayado fuera de texto)

42. Y el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, señala en su numeral 1° que las
sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo en las que se condene a una entidad pública al pago
de sumas dinerarias constituyen un título ejecutivo41.

43. La definición contenida en el artículo 422 del Código General del Proceso
permite inferir que hay requisitos de forma y de fondo, siendo los primeros «que se
trate de documentos que (…) tengan autenticidad, que emanen de autoridad
judicial, o de otra clase si la ley lo autoriza, o del propio ejecutado o causante
cuando aquel sea heredero de este»42 y los segundos, «que de esos documentos
aparezca a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o de su
causante, una obligación clara expresa, exigible y además líquida o liquidable por
simple operación aritmética si se trata de pagar una suma de dinero»43.

44. Conforme a las normas anteriores, se pueden demandar las obligaciones que
reúnan las siguientes condiciones o requisitos de fondo: i) que las obligaciones
sean expresas, claras y exigibles, ii) que emanen del deudor o de su causante, o

41
“Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:
1.- Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.
[…]”.
42
El Proceso Civil, parte especial, 7ª edición 1991, Págs. 822 a 824
43
ib.

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No. INTERNO: 1460-2018
DEMANDANTES: Germán Hernando Duarte Zabala y otros
DEMANDADO: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL

que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de
cualquier jurisdicción y iii) que constituyan plena prueba contra él44.

45. Así, pues, quien pretenda que se libre mandamiento de pago, debe aportar el
correspondiente título ejecutivo, el que debe ser suficiente para acreditar los
requisitos de forma y de fondo referidos en precedencia45.

46. Esta Sección ha considerado que la sentencia puede ser un título ejecutivo
autónomo, por lo cual consigue ser objeto de ejecución sin tener que encontrarse
ligado a un acto administrativo de reconocimiento; sin embargo, para ser exigida
por la vía ejecutiva, si es necesario que haya sido presentada para su pago ante la
entidad condenada. Al respecto, esta Sala46 hizo referencia a lo expuesto en
sentencia de tutela del 18 de febrero de 2016 proferida dentro del retomó proceso
de radicación 11001-03-15-000-2016-00153-00(AC), la Sección Segunda,
Subsección “A”, donde se indicó:

«No obstante, esta Subsección considera que para efectos de librar mandamiento
de pago de las sentencias emitidas por los funcionarios pertenecientes a la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no es requisito la copia de los actos
administrativos que dieron cumplimiento a las órdenes judiciales para conformar el
título ejecutivo. Veamos:

c) Regulación del proceso ejecutivo en la Ley 1437 de 2011 y el Código de
Procedimiento Civil.

El CPACA reguló de manera parcial e incompleta lo concerniente a los documentos
que se pretendan hacer valer como título en la ejecución de las sentencias, en el
artículo 297 del CPACA, el cual regula lo siguiente:

“[…] Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código,
constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se
condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.

2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos
alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas
queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y
exigible.

3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los
organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los

44
Devis Echandía, Hernando, Editorial Temis, 1961.
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
Consejera Ponente Doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez, de 12 de julio de 2018, expediente
250002342000 2014-01475 01 (3531 – 2017)
46
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B;
Consejera Ponente Doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez, Sentencia de 18 de mayo de 2018,
Radicación número: 76001-23-33-000-2015-00265-01(1286-16) Demandante: Holger Peña
Córdoba. Demandado: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

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DEMANDADO: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL

documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a
través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del
contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en
los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las
partes intervinientes en tales actuaciones.

4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de
ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la
existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la
respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto
administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica
corresponde al primer ejemplar.” (Subrayado y negrilla fuera de texto).

De la norma anterior, claramente se deduce que constituyen títulos ejecutivos,
además de los enunciados en los numerales 2 y 3, (i) la sentencia debidamente
ejecutoriada proferida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y; (ii) las
copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los
cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación
clara, expresa y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa.

Ahora bien, según el CPC y el CPACA47la sentencia es la providencia que decide
sobre las pretensiones de la demanda y las excepciones de mérito. Por tanto, es
una integralidad jurídica autónoma y suficiente con fuerza de cosa juzgada, provista
de ejecutividad y ejecutoriedad para que sea debida y oportunamente cumplida.

Por ello, la sentencia proferida por los jueces administrativos48, una vez
ejecutoriada, constituye por sí sola el título ejecutivo idóneo para solicitar la
ejecución de la sentencia, sin que sea necesario que se acompañe o anexe el acto
administrativo que dio cumplimiento parcial a la sentencia.

Es cierto que la norma citada49 indica que los actos administrativos expedidos por
las entidades de derecho público también constituyen títulos ejecutivos. Pero ello
implica, según la interpretación de la Subsección A, que es predicable en cuando
que los mismos sean los que crean, modifican o extinguen un derecho. Situación
diferente se presenta cuando se trate de actos administrativos de ejecución o
expedidos en cumplimiento de la sentencia judicial, porque es ésta última la que
declara, constituye el derecho u ordena la condena.

En resumen: El juez no puede exigir al ejecutante de la sentencia judicial, que
anexe los actos administrativos de cumplimiento expedido por la entidad de derecho
público, puesto que la sentencia judicial es completa, autónoma y suficiente.»

47. La doctrina ha coincidido con la posición adoptada en la sentencia transcrita,
en el sentido de aceptar que la sentencia constituye un título ejecutivo por sí sola;
sin embargo, ha considerado que para ser ejecutada debe haber sido presentada

47
Ver artículo 278 del CGP.
48
Concepto general que incluye los jueces, tribunales y el Consejo de Estado.
49
Artículo 297 del CPACA.
12. Con criterio finalista las sentencias se pueden subclasificar de la siguiente manera: (i) Sentencia
declarativa que se limita a reconocer una relación o situación jurídica ya existente. (ii) Sentencia
constitutiva que crea, modifica o extingue una situación o relación jurídica. (iii) Sentencia de
condena que ordena una determinada conducta o el pago de suma dineraria.

REF: EXPEDIENTE No. 20001-23-39-000-2011-00138-01
No. INTERNO: 1460-2018
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para su pago ante la entidad condenada. En este sentir, Juan Pablo Estrada
Sánchez,50 indicó:

«(…) sí parece que es necesario que el ejecutante, en forma previa a la formulación
de la demanda ejecutiva, haya procurado su atención en sede administrativa. Dicho
de otra manera, no es posible acudir en forma directa a la jurisdicción en procura del
pago de sumas ordenadas en sentencias en firme, sino que se hace necesario
agotar el trámite previsto en el artículo 192 CCA brindando a la administración la
posibilidad de cumplir con lo ordenado por el juez»

48. De lo expuesto, se deduce que el título es simple cuando la administración no
ha cumplido la decisión judicial, en cuyo caso, aquel está conformado solamente
con la sentencia ejecutoriada. Por el contrario, cuando el fundamento del proceso
ejecutivo sea una sentencia judicial acatada de manera imperfecta, el título
ejecutivo es complejo, pues está conformado por el fallo, su constancia de
ejecutoria y el acto que expide la administración para cumplirlo.

6.7 El mandamiento de pago.

49. La Sala destaca que la estructura del proceso ejecutivo resulta sencilla. Se
inicia con el mandamiento ejecutivo, decisión que tiene el carácter de provisional y
consiste en la orden judicial de cumplir perentoriamente con una obligación que
reúna las condiciones de un título ejecutivo, esto es, que sea expresa, clara,
actualmente exigible y que provenga del deudor51.

50. Por su parte, el artículo 430 del CGP establece que el juez debe librar el
mandamiento de pago en la forma pedida por el actor, si es procedente, o en la
que el operador judicial lo considere legal, de la siguiente manera:

« […] ARTÍCULO 430. MANDAMIENTO EJECUTIVO. Presentada la demanda
acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento
ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere
procedente, o en la que aquel considere legal.

[…]»

51. Conforme a la norma, el juez debe librar el mandamiento de pago en la forma
pedida por el actor, si es procedente, o en la que el operador judicial lo considere
legal. Para esto, en criterio de la Sala, debe sustentar su decisión en argumentos
50
Comentarios al título IX “Proceso Ejecutivo” de la Ley 1437 de 2011; Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo comentado y concordado; Universidad Externado de
Colombia, 2ª Edición; 2016; pág. 698
51 Artículo 422 C.G.P.

REF: EXPEDIENTE No. 20001-23-39-000-2011-00138-01
No. INTERNO: 1460-2018
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razonables para lo cual puede apoyarse en cálculos y operaciones matemáticas,
efectuadas por el profesional contable asignado a los despachos judiciales, al
igual que al momento de proferir sentencia.

6.7 La orden de seguir adelante con la ejecución.

52. La orden de seguir adelante con la ejecución, ya sea que se adopte por auto o
por sentencia, según se propongan o no mecanismos de defensa por el ejecutado,
se constituye en una orden judicial definitiva.

53. La Sala destaca que al juez administrativo le asiste una mayor carga de
responsabilidad cuando le llega la oportunidad de adoptar la determinación de
seguir adelante con la ejecución, pues en ese momento le corresponde efectuar
un verdadero análisis para confirmar la legalidad del título ejecutivo, a diferencia
de las que le atañen cuando debe resolver sobre si librar o no el mandamiento
ejecutivo. En este último caso, como se indicó, sólo debe verificar que se reúnen
las condiciones formales de existencia de un título ejecutivo a la luz de lo
dispuesto en el artículo 422 del C.G.P.

54. La orden de seguir adelante, denota que el juez encontró que el título ejecutivo
se ajusta por completo a la legalidad y en consecuencia, dispone que el deudor
debe proceder a honrar la obligación insatisfecha. De ahí que las acciones que se
adelantan en el proceso ejecutivo a partir de la ejecutoria de la orden de seguir
adelante con la ejecución, tienen el propósito de obtener el pago a favor del
acreedor y una vez ese hecho se produzca, se deberá disponer la terminación del
proceso ejecutivo.

55. Expuesto todo lo anterior, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración, de la siguiente manera:

7. El caso en concreto.

56. En el presente caso, la Sala observa que mediante sentencia de 6 de febrero
de 2018, el a quo declaró no probadas las excepciones de mérito que presentó la
parte ejecutada y dispuso seguir adelante con la ejecución, de acuerdo con lo
dispuesto en el mandamiento de pago a favor de los ejecutantes. Además,
condenó en costas a la parte vencida.

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57. La entidad ejecutada en el recurso de apelación se opuso a la condena porque
considera que el pago que efectuó estuvo ajustado a lo ordenado en la sentencia
de instancia para cada uno de los ejecutantes, en cuyos cálculos aplicó la
prescripción de las mesadas como se dispuso en el título base de ejecución, de
manera que no adeuda suma alguna.

58. Con el propósito de precisar la obligación contenida en el titulo ejecutivo
constituido con la sentencia del 4 de octubre de 2012, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, por medio de la cual se condenó a CREMIL a reconocer
y pagar el reajuste de las asignaciones de retiro de los demandantes con
aplicación del I.P.C, la Sala trascribe textualmente la orden de restablecimiento, de
la siguiente manera:52

«[…] CONDENAR a la CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES, a
reajustar las asignaciones de retiro de las cuales son titulares los señores Sargento
Primero ® GERMÁN HERNANDO DUARTE ZABALA, identificado con la cédula de
ciudadanía N. 13.359.327 expedida en Ocaña; Sargento Viceprimero ® LUÍS
ENRIQUE GALEANO ARIAS, identificado con la cédula de ciudadanía No.
14.872.216 expedida en Buga, y a la señora GLORIA SOCORRO RESTREPO DE
CÁCERES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 41.415.904 expedida en
Bogotá, en calidad de beneficiaria del señor Sargento Primero (f) SAUL CÁCERES
CÁCERES, teniendo en cuenta para tal efecto las variaciones del Índice de Precios
al Consumidor del año inmediatamente anterior que certifique el DANE, para los
años 1999 y 2000 a 2004 y siguientes a estos, por cuanto a partir de 1997 cambia la
base de liquidación de forma cíclica.

Igualmente, DECLÁRENSE prescritas las diferencias causadas así: (i) para el señor
GERMÁN HERNANDO DUARTE ZABALA, con anterioridad al 18 de diciembre de
2004; (ii) para la señora GLORIA SOCORRO RESTREPO DE CÁCERES, con
anterioridad al 27 de julio de 2005; y (iii) para el señor LUÍS ENRIQUE GALEANO
ARIAS, con anterioridad al 27 de julio de 2005, de acuerdo a lo dispuesto en la parte
motiva de este fallo.53»

59. En el presente caso, la Sala establece que en la sentencia transcrita se
condenó a CREMIL a que reajustara la asignación de retiro de los demandantes, a
partir del 1º de enero de 1997, teniendo en cuenta las variaciones del Índice de
Precios al Consumidor del año inmediatamente anterior que certificó el DANE,
para los años 1999 y 2000 a 2004. Los efectos de los aumentos se dispusieron a
partir del 18 de diciembre de 2004 para Germán Hernando Duarte Zabala y desde
el 27 de julio de 2005 para Gloria Socorro Restrepo de Cáceres, beneficiaria del

52
Folios 15 a 33
53
Folios 32 a 34

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fallecido Saul Cáceres Cáceres y para Luís Enrique Galeano Arias, por
prescripción.

60. En la demanda, los ejecutantes pidieron que se librara mandamiento de pago
por las siguientes sumas, a favor de: i) Germán Hernando Duarte Zabala
$86.795.405, ii) Luís Enrique Galeano Arias $93.737.446 y iii) Gloria del Socorro
Restrepo de Cáceres $ 60.409.397. Los valores incluyen la indexación y los
intereses por el pago tardío de la obligación.54

61. El Tribunal a quo, resolvió seguir adelante con la ejecución por los montos que
arrojaron las liquidaciones que realizó el contador de esa corporación, a favor de
los ejecutantes, así: i) Germán Hernando Duarte Zabala por $156.178.789,37, ii)
Luís Enrique Galeano Arias por $156.178.789,37 y, iii) Gloria Socorro Restrepo de
Cáceres por $110.787.369,17.55

62. La Sala al analizar de manera detallada las referidas liquidaciones, observa
que no corresponden a lo ordenado en la sentencia que fue aportada como título
base de recaudo, como pasa a explicarse:

63. La del señor German Eduardo Duarte Zabala se realizó desde el 18 de
diciembre de 2004 hasta el 29 de octubre de 2012, fecha de la ejecutoria de la
sentencia base de recaudo. Se trascribe el resumen, así:

TOTAL INTERESES HASTA EL 31-05-2017 $77.544.216,32

TOTAL DIFERENCIAS MAS INTERESES HASTA EL 31-05-2017 $156.178.789,37

64. Analizado el acervo probatorio, la Sala establece que el valor de las
diferencias, esto es $78.634.573,0556, corresponde al resultado de la comparación
que efectuó el tribunal entre lo que en criterio del demandante estaba causado por
concepto de reajuste con aplicación del IPC y el valor que efectivamente recibió en
cada mes dentro del referido periodo. Los valores obtenidos fueron indexados mes
a mes con aplicación de la fórmula: IPC final / IPC inicial.

65. En efecto, al analizar las operaciones que realizó el tribunal, la Sala establece
que para determinar las diferencias que ordenó, esa corporación partió de los

54
Folios 1 a 9
55
Folios 77 a 88
56
156.178.789,37 - 77.544.216,32 = $78.634.573,05

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valores que indicaron los ejecutantes en las liquidaciones aportadas con la
demanda. En efecto, en el caso del señor Duarte Zabala, se observa que el
tribunal tomó $674.647,13 por la fracción que corresponde a los 13 días de
diciembre de 2004 y a partir de allí halló las diferencias. En ese año la asignación
mensual correspondía, según el demandante a $1.642.50657. Idéntica operación
efectuó en todos los años posteriores, esto es desde el 2005 hasta el 2016, tal
como se establece de la comparación del cálculo que aportó el ejecutante a folio
34 con la liquidación que elaboró el tribunal.

66. La Sala no puede avalar tal operación porque comprueba que los valores que
obtuvo el ejecutante corresponden a las diferencias que halló entre el valor que
venía reconociendo la entidad aumentada conforme al principio de oscilación y el
que le correspondía de la aplicación del Índice de Precios al Consumidor IPC por
todos los años comprendidos entre 1997 y 2016; sin embargo, en la sentencia
base de recaudo el incremento que se ordenó conforme al referido índice se
dispuso únicamente para los años «1999 y 2000 a 2004». Lo anterior implicó que
todas las operaciones en que se sustentó la demanda excedieran en gran medida
lo que ordenó la sentencia base de recaudo.

67. También se establece que el tribunal a quo calculó los intereses sobre el valor
que arrojó la anterior operación, aplicando por todo el periodo la tasa moratoria,
cuyo resultado fue $77.544.216,52, esto es desde el 30 de octubre de 2012 hasta
el 31 de mayo de 2016.

68. Por otra parte, llama la atención de la Sala el hecho de que la liquidación de
las diferencias a favor del ejecutante German Eduardo Duarte Zabala que efectuó
el tribunal aparece incorporada dos (2) veces al expediente, en los folios 77 a 80 y
81 a 84. También observa que no obra la liquidación de las diferencias que le
correspondían al señor Luís Enrique Galeano Arias; sin embargo, el a quo dispuso
seguir adelante con la ejecución a su favor por el mismo valor que el del primero
de los ejecutantes, esto es, por $156.178.789,37. De lo anterior, es posible inferir
que el tribunal tomó la misma liquidación para establecer el valor por el cual
ordenó seguir adelante con la ejecución a favor de los demandantes German
Eduardo Duarte Zabala y Luís Enrique Galeano Arias. Ello, pese a que los
ejecutantes no tenían el mismo grado a la fecha en que se les reconoció de sus

57
Folio 34

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asignaciones de retiro58 y percibían diferentes sumas por concepto de esas
prestaciones59. Entonces, la suma por la cual se ordenó seguir adelante con la
ejecución a favor del ejecutante Galeano Arias tampoco encuentra algún respaldo
fáctico ni legal.

69. Del análisis de la liquidación que obra a folios 85 a 88 del expediente, la Sala
establece similar situación a la antes expuesta en lo que tiene que ver con la
ejecutante Gloria Socorro Restrepo de Cáceres, beneficiaria del fallecido Sargento
Primero Saul Cáceres, tal como se expone a continuación:

70. El tribunal efectuó la operación aritmética para hallar las diferencias que
reconoció a la referida ejecutante desde el 27 de julio de 2005 hasta el 29 de
octubre de 2012, fecha de la ejecutoria de la sentencia base de recaudo. La Sala
trascribe el resumen, así:

TOTAL INTERESES HASTA EL 31-05-2017 $55.687.384,28

TOTAL DIFERENCIAS MAS INTERESES HASTA EL 31-05-2017 $110.787.369,17

71. La Sala observa que el valor de tales diferencias, esto es $55.099.984,8960,
resultó de la comparación que efectuó el tribunal entre lo causado, es decir, el
reajuste que, en criterio de la demandante, procedía con aplicación del IPC y el
valor efectivamente recibido en cada mes dentro del referido periodo. Los valores
obtenidos fueron indexados mes a mes con aplicación de la fórmula: IPC final /
IPC inicial.

72. Analizada la operación que realizó el a quo, la Sala establece que el valor que
tomó para determinar las diferencias que halló, es el mismo que indicó la
ejecutante en la liquidación que sustentó su pretensión de pago. En efecto, se
observa que el tribunal partió de $257.778,67, fracción por los 4 días de julio de
2005. En ese año la asignación mensual correspondía según la demandante a
$1.933.340.61 Lo mismo ocurrió en los demás meses de esa anualidad y en los

58
Al demandante Duarte Zabala se le reconoció asignación de retiro en condición de Sargento Primero ®;
mientras que el accionante Galeano Arias se retiró cuando ostentaba el grado de Sargento Viceprimero, tal
como se establece de las certificaciones de folios 59 a 64.
59
En el año 1997 el demandante Duarte Zabala percibía por concepto de asignación mensual de retiro la
suma de $666.146. Por su parte, en ese mismo año el accionante Galeano Arias percibía $595.260
mensuales por su prestación. Ibídem.
60
110.787.369,17 – 55.687.384,28 = $55.099.984,89
61
Folio 38

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DEMANDADO: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL

años posteriores, esto es, desde el 2006 hasta el 2017, tal como se establece de
la comparación del cálculo que aportó la ejecutante a folio 38 con la liquidación
que elaboró el tribunal.

73. La Sala tampoco puede avalar tal operación porque comprueba que los
valores que obtuvo la ejecutante corresponden a la diferencia entre el valor que
venía reconociendo la entidad (conforme al principio de oscilación) y el que le
correspondía de la aplicación del Índice de Precios al Consumidor IPC desde el
año 1997 y hasta el 2016; sin embargo, se reitera que en la sentencia base de
recaudo el incremento que se ordenó conforme al referido índice se dispuso
únicamente para los años «1999 y 2000 a 2004».

74. También se establece que el tribunal a quo calculó los intereses sobre el valor
que arrojó la anterior operación, aplicando la tasa moratoria, cuyo resultado fue
$55.687.384,28, a partir del 30 de octubre de 2012 y hasta el 31 de mayo de
2017.65, es decir, que reconoció intereses sobre unas diferencias que no se
consolidaron.

75. Además de lo anotado, la Sala también observa que el Tribunal no efectuó los
descuentos por concepto de salud a cada una de las mesadas de asignación de
retiro. Sobre este aspecto, se precisa que en el régimen de los servidores de las
fuerzas militares y de policía estas deducciones corresponden al cuatro por ciento
(4%) por concepto de servicios médicos asistenciales y al uno por ciento (1%)
para el sostenimiento de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares o Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, según el caso, conforme al numeral
primero (1°) del artículo 38 del Decreto 4433 de 2004.

76. Desvirtuadas las liquidaciones que sustentaron las órdenes dispuestas por el
tribunal a quo, la Sala procede a analizar el pago que efectuó CREMIL, con el
propósito de establecer si existe algún saldo a favor de los ejecutantes, por el que
se deba continuar con la ejecución, de la siguiente manera:

77. La entidad ejecutada allegó la liquidación de las diferencias ordenadas en la
sentencia base de recaudo a favor del Sargento Primero ® German Eduardo
Duarte Zabala, en la que sustentó el pago que efectuó.62 De su revisión, se
establece que CREMIL partió del valor de la asignación de retiro que tenía
reconocido el ejecutante en el año 1999 y modificó su cuantía, aumentándola

62
Folios 157 a 158

REF: EXPEDIENTE No. 20001-23-39-000-2011-00138-01
No. INTERNO: 1460-2018
DEMANDANTES: Germán Hernando Duarte Zabala y otros
DEMANDADO: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL

conforme al IPC. Seguidamente, la ejecutada estableció las diferencias mes a mes
e indexó tales valores. Posteriormente, aplicó los descuentos por servicios
médicos y aportes. Además, incluyó la incidencia del aumento en las primas
semestral y navidad e indexó los valores finales. La Sala también observa que la
entidad prescribió los valores anteriores al 18 de diciembre de 2004 y que efectuó
la liquidación hasta el mes de noviembre de 2012. Todo lo anterior, conforme se
dispuso en la sentencia base de ejecución.

78. Los valores obtenidos fueron reconocidos por la entidad mediante la
Resolución 8305 de 2 de diciembre de 2013.63 En ese acto de cumplimiento
CREMIL reconoció $22.747.862, monto que incluye los conceptos y las sumas que
arrojó la referida operación y que coinciden con la liquidación de intereses sobre el
capital indexado, anexa a folio 159 vuelto, así:

VALOR CAPITAL INDEXADO $17.290.801

INTERESES DE MORA $2.577.151

REAJUSTE $2.879.910

TOTAL A PAGAR $22.747.862

79. La entidad acreditó el pago de $22.747.862, efectuado el 19 de diciembre de
2013.64

80. En lo que tiene que ver con el ejecutante Sargento Viceprimero ® Luís Enrique
Galeano Arias, la Sala procede a analizar la liquidación de las diferencias
ordenadas a su favor en la sentencia base de recaudo que elaboró CREMIL.65 De
su revisión, la Sala establece que la entidad partió del valor de la asignación de
retiro que tenía reconocida el demandante en el año 1999 y aumentó su cuantía,
sumándole el reajuste que le correspondía conforme al IPC. Seguidamente,
estableció las diferencias mes a mes e indexó tales valores. Posteriormente, aplicó
los descuentos por servicios médicos y aportes. Además, incluyó la incidencia del
aumento en las primas semestral y navidad e indexó los valores finales. También
se observa que la liquidación se efectuó hasta el mes de octubre de 2012 y que se
prescribieron los montos anteriores al 27 de julio de 2005, conforme se dispuso en
la sentencia base de ejecución.

63
Folios 156 y vuelto
64
Folio 175
65
Folios 166 a 167

REF: EXPEDIENTE No. 20001-23-39-000-2011-00138-01
No. INTERNO: 1460-2018
DEMANDANTES: Germán Hernando Duarte Zabala y otros
DEMANDADO: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL

81. Los referidos valores fueron reconocidos por la entidad mediante la Resolución
8286 de 2 de diciembre de 2013.66 En ese acto de cumplimiento CREMIL
reconoció $12.017.531, monto que coincide con los conceptos y sumas que arrojó
la referida operación, además concuerda con la liquidación de intereses sobre el
capital indexado, anexa a folio 165 vuelto, así:

VALOR CAPITAL INDEXADO $9.039.179

INTERESES DE MORA $1.347.266

REAJUSTE $1.631.086

TOTAL A PAGAR $12.017.531

82. La entidad acreditó el pago de $12.017.531, efectuado el 19 de diciembre de
2013.67

83. CREMIL también aportó la liquidación de las diferencias ordenadas en la
sentencia base de recaudo a favor de la señora Gloria Socorro Restrepo de
Cáceres, beneficiaria del Sargento Primero (F) Saúl Cáceres Cáceres.68 De su
revisión, la Sala establece que la entidad partió del valor de la sustitución de la
asignación de retiro que tenía reconocida la demandante en el año 1999 y
aumentó su cuantía, sumándole el reajuste que le correspondía conforme al IPC.
Además, estableció las diferencias mes a mes e indexó tales valores.
Posteriormente, aplicó los descuentos por servicios médico y aportes. También
incluyó la incidencia del aumento en las primas semestral y navidad e indexó los
valores finales. Finalmente, se observa que la liquidación se efectuó hasta el mes
de octubre de 2012 y que se prescribieron los valores anteriores al 27 de julio de
2005, conforme se dispuso en la sentencia base de recaudo.

84. Los valores obtenidos fueron reconocidos por la entidad mediante la
Resolución 8333 de 3 de diciembre de 2013.69 En ese acto de cumplimiento
CREMIL reconoció $26.448.129, monto que corresponde a los conceptos y sumas
que arrojó la referida operación, también se incluyó la liquidación de intereses
sobre el capital indexado, anexa a folio 147, así:

VALOR CAPITAL INDEXADO $19.976.941

66
Folios 167 vuelto y 168
67
Folio 176
68
Folios 147 vuelto a 148 vuelto
69
Folios 149 a 150

REF: EXPEDIENTE No. 20001-23-39-000-2011-00138-01
No. INTERNO: 1460-2018
DEMANDANTES: Germán Hernando Duarte Zabala y otros
DEMANDADO: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL

INTERESES DE MORA $2.862.987

REAJUSTE $3.608.201

TOTAL A PAGAR $26.448.129

85. La entidad acreditó el pago de $26.448.129, efectuado el 20 de diciembre de
2013.70

86. En resumen, la Sala estableció que las liquidaciones que efectuó la entidad
ejecutada partieron de las cuantías en que los ejecutantes venían percibiendo sus
asignaciones de retiro en el año 1999, tal como se estableció para todos ellos en
la sentencia base de recaudo. Posteriormente, CREMIL aplicó el aumento que
correspondía a la diferencia entre lo que venía reconociendo de acuerdo con el
principio de oscilación y lo ordenado conforme al I.PC, con esto estableció las
diferencias mes a mes. Inmediatamente después, la ejecutada efectuó los
descuentos de seguridad social correspondientes. Seguidamente, actualizó las
diferencias, conforme a la fórmula dispuesta para el efecto en la sentencia base de
recaudo.

87. La Sala destaca que la entidad reconoció y pagó a los ejecutantes los
intereses sobre el capital aplicando la tasa comercial más beneficiosa a todo el
periodo de mora, esto es, desde el 30 de octubre de 2012 hasta el 13 de
diciembre de 2013. Esto sin tener en cuenta que se interrumpió la causación de
intereses, debido a que la sentencia base de recaudo quedó ejecutoriada el 29 de
octubre de 201271 y la apoderada de los accionantes presentó petición de
cumplimiento del fallo el 20 de noviembre de 201372, es decir, por fuera de los tres
(3) meses de que trata el artículo 192 del CPACA.

88. La Sala también comprobó que CREMIL reconoció la incidencia del aumento
resultado de la aplicación de IPC en las primas semestral y navidad, derecho que
no fue reconocido de forma expresa en sede judicial.

89. Por todo lo expuesto, la Sala considera que en este caso, no hay lugar al
reconocimiento de alguna diferencia a favor de los ejecutantes y mucho menos de

70
Folio 177
71
Según constancia de folio 146.
72
Folio 134 vuelto

REF: EXPEDIENTE No. 20001-23-39-000-2011-00138-01
No. INTERNO: 1460-2018
DEMANDANTES: Germán Hernando Duarte Zabala y otros
DEMANDADO: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL

indexación o intereses moratorios sobre sumas que no fueron reconocidas en la
sentencia que se aduce como título base de recaudo.

90. Con fundamento en todo lo indicado, la Sala concluye que las pretensiones
expuestas en la demanda ejecutiva no tienen vocación de prosperidad, pues
fueron satisfechas a través de la expedición y pago de las Resoluciones 8286,
8305 y 8333 de 2 y 3 de diciembre de 2013, por medio de las cuales CREMIL
reconoció y canceló las diferencias, surgidas del aumento de las asignaciones de
retiro conforme al principio de oscilación y del que fue ordenado en la sentencia
base de recaudo de acuerdo con el IPC. Esos valores fueron debidamente
indexados y sobre ellos la entidad ejecutada pagó intereses moratorios en un
monto superior al que le correspondía.

91. En consecuencia, la Sala encuentra que no existen saldos insolutos de la
obligación sino que los pagos que efectuó la entidad estuvieron ajustados.
Entonces, se impone revocar la sentencia de 6 de febrero de 2018, mediante la
cual se declaró no probada la excepción de pago de la obligación y se ordenó
continuar con la ejecución, pues quedó probado con suficiencia el cabal
cumplimiento de la providencia base de recaudo.

92. La Sala no impondrá condena en costas en atención a que no aparecen
demostradas en ninguna de las instancias. Lo anterior, de conformidad con el
numeral 8° del artículo 365 del C.G.P que establece que la cuantificación de las
mismas solo podrá hacerse siempre y cuando se encuentren causadas y probadas
al interior del expediente. Por su parte, el artículo 366 ibídem consagra las reglas
para su liquidación, estableciendo en su numeral 3º, que serán incluidos los
gastos, siempre que aparezcan comprobados.

Por lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo – Sección Segunda - Subsección “B”,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 6 de febrero de 2018, por medio del cual el
Tribunal Administrativo de Cesar ordenó seguir adelante con la ejecución en
contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

REF: EXPEDIENTE No. 20001-23-39-000-2011-00138-01
No. INTERNO: 1460-2018
DEMANDANTES: Germán Hernando Duarte Zabala y otros
DEMANDADO: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de pago formulada por la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL y la terminación del proceso, por las
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

CUARTO: Por la Secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el proceso al
Tribunal Administrativo de Cesar y déjense las constancias de rigor en el Sistema
de Gestión Judicial SAMAI.

Notifíquese y cúmplase.

Firma electrónica
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Magistrada

Firma electrónica Firma electrónica
CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Magistrado Magistrado

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

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