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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2014-00392-01

Fecha
20 de septiembre de 2018
Consejero ponente
Carmelo Darío Perdomo Cuéter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2014-00392-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1.º Confírmase parcialmente la sentencia de 3 de diciembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor Elkin Ricardo Coronado Rodríguez contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, conforme a la parte motiva. 2.º Revócase la condena en costas impuesta a la parte demandante, que incluye las agencias en derecho. 3.º Reconócese personería como nueva mandataria de la Policía Nacional a la profesional del derecho Geisel Rodgers Pomares, identificada con cédula de ciudadanía 1.128.051.125 y tarjeta profesional 176.340 del Consejo Superior de la Judicatura, conforme al poder que obra en el folio 501. 4.º Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-39-000-2014-00392-01

Consejero ponente: Carmelo Darío Perdomo Cuéter

20 de septiembre de 2018

PROCESO DISCIPLINARIO - Intendente de la policía nacional / CONDUCTA - permitir que se pierdan los bienes y equipos de la policía nacional que están bajo su custodia / FALSA MOTIVACION - Error en la apreciación y valoración de la prueba / VALORACION PROBATORIA - Suficiente material probatorio que evaluado y valorado concluyen la responsabilidad del demandante / DEBIDO PROCESO - Principios / DEBIDO PROCESO - No vulnerado, análisis en conjunto de la actuación disciplinaria / VALORACION PROBATORIA - Da plena credibilidad sobre las circunstancias que rodearon la pérdida del armamento / PRESUNCION DE LEGALIDAD DEL ACTO DEMANDADO - No desvirtuada

La responsabilidad endilgada al demandante, referente a la conducta consistente en recibir y entregar las llaves del armerillo de la subestación de policía La Loma al subintendente Jerónimo sin verificar el contenido del mismo, omisión que ocasionó la pérdida del armamento, actuar con el que desconoció los deberes previstos en el numeral 21 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006. Por lo expuesto, esta Sala considera que el cargo de falsa motivación por indebida valoración probatoria no está llamado a prosperar, en razón a que en la investigación disciplinaria se recaudó suficiente material probatorio que fue debidamente evaluado y valorado por la primera y segunda instancias disciplinarias, y del cual razonablemente debía concluirse la responsabilidad del demandante. Los principios que conforman el derecho al debido proceso se traducen, entre otras cosas, en la posibilidad de defenderse, de presentar y controvertir pruebas e impugnar las decisiones que los afecten, y cuando ello no ocurre el sancionado puede acudir ante el juez de lo contencioso-administrativo en demanda de nulidad de las decisiones adoptadas por los funcionarios administrativos, si se evidencia una violación del debido proceso. El principio de legalidad no puede analizarse de manera abstracta, sino que se manifiesta a su vez en tres principios: (i) reserva de ley, (ii) tipicidad y (iii) lex praevia. En lo referente al procedimiento disciplinario y el respeto de las ritualidades propias del debido proceso, se brindó la garantía y oportunidad para ejercer el derecho de audiencia y contradicción del disciplinado, se respetaron todas las etapas procesales de apertura, pliego de cargos y decisión, se concedieron los recursos de ley, se hizo una valoración sistemática del material probatorio y se respetó el principio de legalidad. La culpabilidad del demandante no se determinó con testigos de oídas, sino con pruebas documentales y testigos directos de los hechos, que dan plena credibilidad sobre las circunstancias que rodearon la pérdida del armamento.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION “B”

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUETER

Bogotá, D.C., veinte (20) de septiembre dos mil dieciocho (2018).

Radicación número: 20001-23-39-000-2014-00392-01(0745-16)

Actor: ELKIN RICARDO CORONADO RODRIGUEZ

Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA NACIONAL

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. TEMA: SANCIÓN DISCIPLINARIA DE SUSPENSIÓN. ACTUACION: SE DECIDE APELACIÓN DE SENTENCIA- LEY 1437 DE 2011.

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia de 3 de diciembre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 8 a 42). El señor Elkin Ricardo Coronado Rodríguez, mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de: i) la decisión administrativa de 12 de junio de 2012, proferida por el jefe de la oficina de control interno disciplinario de la policía del Cesar, a través de la cual se sancionó al demandante con suspensión e inhabilidad por seis meses; ii) del acto administrativo de 26 de febrero de 2013, con el que el inspector delegado región ocho de la misma institución confirmó la determinación anterior; y iii) la Resolución 1547 de 3 de mayo de 2013, por medio de la cual el director general de la Policía Nacional ejecutó la sanción.

A título de restablecimiento del derecho, solicita que se ordene a la Policía Nacional: i) levantar los registros en los que consta la sanción; ii) el reintegro del tiempo y el pago de los salarios, primas, subsidios, vacaciones y demás emolumentos dejados de percibir; iii) el pago de 150 salarios mínimos legales vigentes (smlmv) por concepto de perjuicios morales; iv) declarar para todos los efectos legales que no existió solución de continuidad; v) la cancelación de 150 smlmv por el daño material causado a su núcleo familiar y a su buen nombre.

1.3 Fundamentos fácticos. Acota que entre el 31 de abril y el 3 de mayo de 2012, momento de ocurrencia de los hechos, el señor intendente Marín de la Cruz Jeisen se encontraba en su turno de descanso de semana santa y dejó como jefe de armamento encargado al señor subintendente Jerónimo Osorio Luis, quien el 1 de abril de 2012, al estar en dicho encargo, solicitó del comandante de la subestación, teniente John Fredis González, permiso para desplazarse a la ciudad de Valledupar para atender una calamidad doméstica.

Ante la anterior situación, el teniente González le ordenó al demandante, señor Elkin Ricardo Cardona, que se encargara del armamento de la subestación.

El 4 de abril de 2009, el comandante de la subestación de la policía de La Loma, señor intendente Marín de la Cruz Jeisen, informó a sus superiores de la pérdida de un arma calibre nueve milímetros.

Frente a ello, el superior ordenó una revista física del armamento de la subestación de policía, que arrojó como resultado que hacía falta la mencionada pistola junto con 5 proveedores y 75 cartuchos.

Por este hecho el demandante fue sancionado por las instancias administrativas disciplinarias de la Policía Nacional, con suspensión e inhabilidad de seis meses.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por los actos administrativos demandados, los artículos 13, 21, 28 y 29 de la Constitución Política y 4, 6, 8, 9, 17 y 19 de la Ley 734 de 2002.

En el concepto de la violación señala los siguientes cargos en los que fundamenta la ilegalidad de los actos administrativos acusados: i) las decisiones desconocen el derecho fundamental al debido proceso, específicamente, los principios de la presunción de inocencia e inmediatez; ii) son una expresión de desviación de poder por haber dejado vencer los términos del artículo 150 de la Ley 734 de 2002 y iii) presentan falsa motivación por indebida valoración probatoria.

1.5 Contestación de la demanda (ff. 149 a 171). La entidad, mediante apoderado, solicita que sean negadas las súplicas de la demanda.

Manifiesta que la parte accionante solo se limitó a efectuar aseveraciones subjetivas carentes de sustento probatorio que demuestren la vulneración de la legalidad de los actos enjuiciados; asimismo, ni siquiera relata cuáles derechos le fueron violados; tampoco precisa las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitan inferir que existió transgresión de algún derecho fundamental.

Contrario a lo alegado por el accionante, las actuaciones administrativas atacadas fueron proferidas con apego al ordenamiento jurídico, en especial por respetar los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicción.

Que la sanción disciplinaria se aplicó al demandante en razón al estudio del material probatorio obrante en el proceso, el cual fue analizado y valorado en aplicación de las reglas del sistema de la sana crítica.

Considera que las apreciaciones del actor no encajarían en la esencia del medio de control utilizado, habida cuenta que lo que debía demostrar era la irregularidad de la expedición de los actos administrativos.

Además, propone como excepción la ineptitud sustantiva de la demanda.

1.6 La providencia apelada (ff. 392-420). El Tribunal Administrativo del Cesar, en sentencia de 3 de diciembre de 2015, negó las súplicas de la demanda y condenó en costas al actor.

Después de hacer una síntesis del procedimiento administrativo adelantado por la Policía Nacional, considera que conforme a las probanzas del procedimiento administrativo disciplinario los cargos por violación al debido proceso, desviación de poder y falsa motivación por indebida valoración probatoria, no están llamados a prosperar.

El problema jurídico fijado por el Tribunal consistió en «si el procedimiento disciplinario contenido en los actos administrativos sancionatorios de primera y segunda instancia, proferidos respectivamente por la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía Cesar, y la Inspección Delegada de la Región Ocho de la Policía Nacional, que concluyó con la sanción de suspensión del ejercicio del cargo por el término de seis (6) meses e inhabilidad especial por el mismo término a cargo del señor patrullero ELKIN RICARDO CORONADO RODRÍGUEZ, fue ajustado a derecho, o si por el contrario, existió falsa motivación y vulneración al debido proceso del demandante, lo cual conllevaría a la declaratoria de nulidad de los actos demandados».

En relación con el cargo de violación del debido proceso alegado por el demandante, sostiene que obran pruebas documentales suficientes que permiten inferir que al accionante se le respetaron sus derechos a la defensa y el debido proceso, cuenta de ello son las notificaciones personales surtidas en cada una de las etapas de la investigación disciplinaria seguida en su contra.

Respecto del cargo de falsa motivación, estima que las circunstancias de motivación, tiempo y lugar fueron debidamente acreditadas a través de las pruebas allegadas al procedimiento disciplinario y, contrario a lo afirmado por el demandante, se confirmó que fue designado como jefe de vigilancia del cuarto de armamento, por ende, su cuidado era su responsabilidad.

Concluye el Tribunal que las decisiones disciplinarias demandadas se encuentran revestidas de legalidad y que dicha presunción no fue derrumbada por el demandante, por cuanto se acreditó que la parte demandada expidió dichos actos administrativos con sujeción a las normas sustanciales y procedimentales propias del caso.

1.7 El recurso de apelación (ff. 427 a 457). En el escrito de impugnación, el apoderado del demandante transcribe los argumentos de la demanda, así como el contenido de la sentencia de 30 de julio de 2015 de esta Corporación (expediente 11001-03-25-000-2013-01217 -00).

Fundamenta su recurso en los siguientes argumentos:

No obra auto mediante el cual se haya realizado la remisión por integración normativa a la ley penal para así tipificar el cargo establecido en la ley 1015 como delito como quiera que no se cumplieron los protocolos establecidos en la norma sobre la remisión.

No existe la prueba elemental, conducente, pertinente y útil con la cual se haya demostrado la responsabilidad disciplinaria por parte de mi mandante, por cuanto el cargo endilgado fue soportado jurídicamente con testimonio de OIDAS.

3. No se le otorgaron las garantías judiciales a su derecho de defensa y al debido proceso, por cuanto jamás tuvo defensa técnica y el estado no le nombró abogado de oficio.

4. No se tuvo en cuenta la presunción de inocencia y además la duda razonable por cuanto se estableció que existió una duda que jamás fue eliminada por el despacho lo que se configuro (sic) una violación al debido proceso. Así mismo la presunción de inocencia como lo establece tanto la ley disciplinaria 1015 de 2006 y la Ley 734 de 2002.

5. No existe una responsabilidad penal que establezca que mi defendido cometió la falta y por ende el delito.

6. No se tuvo en cuenta ni se aplicó el principio razonable de la duda, por cuanto dicho bien jamás le fue entregado a mi poderdante y menos se estableció que este hubiese permitido la pérdida del mismo.

7. No existe la orden impartida por escrito del comandante directo inmediato el TE JHON (sic) FREDIS GONZÁLEZ ARIAS, impartida a mi poderdante para que asumiera el cargo y la función.

II. TRÁMITE PROCESAL

En cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA, el recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 21 de enero de 2016 y admitido por esta Corporación a través de auto de 24 de junio de 2016, en el que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio Público y de las partes por estado.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó el trámite regular del proceso, para cuyo efecto se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público, con auto de 25 de agosto de 2017, con el propósito de que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad que solo fue aprovechada por las primeras.

2.1.1. Parte demandante (ff.475-500). El apoderado del demandante trascribe el documento que presentó como recurso de apelación y reitera las súplicas de la demanda.

2.1.2 Entidad demandada (ff. 507 a 513). La Policía Nacional, a través de su apoderado, defiende la legalidad de los actos administrativos acusados; arguye que fueron expedidos con sujeción a las normas disciplinarias y con respeto de los derechos del investigado.

Afirma que la Policía Nacional está facultada para investigar disciplinariamente a los uniformados que pertenecen a esa institución del siguiente modo: en lo sustancial, de acuerdo con su régimen especial, contenido en la Ley 1015 de 2006; y en lo procesal, en atención a las disposiciones de la citada normativa y del Código Disciplinario Único (Ley 734 de 2002).

Razona que los funcionarios disciplinarios al emitir sus decisiones realizaron un análisis juicioso de las pruebas que sirvieron de fundamento para proferir su decisión, así como de los cargos y descargos.

Luego de hacer algunas consideraciones conceptuales sobre la naturaleza del procedimiento disciplinario y el régimen jurídico aplicable a los miembros de la Policía Nacional, concluye que los funcionarios disciplinarios en toda la actuación se ajustaron a los mandatos legales vigentes, por lo que no hay lugar a cuestionar el procedimiento adelantado por el despacho sancionador de la Policía Nacional

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, a esta Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Actos acusados.

3.2.1 Decisión administrativa de primera instancia de 12 de junio de 2012, proferida por el jefe de la oficina de control interno disciplinario de la policía del Cesar, a través de la cual se sancionó al demandante con suspensión e inhabilidad por seis meses.

3.2.2 Acto administrativo de segunda instancia de 26 de febrero de 2013, con el que el inspector delegado regional ocho de la misma institución confirmó la determinación anterior.

3.2.3 Resolución 1547 de 3 de mayo de 2013, por medio de la cual el director general de la Policía Nacional ejecutó la sanción.
.
3.3 Problema jurídico. Corresponde a la Sala determinar si la actuación administrativa adelantada por la Policía Nacional se encuentra ajustada a derecho; para tal fin se examinará si la entidad incurrió en i) violación del debido proceso, por desconocimiento del principio de presunción de inocencia; ii) falsa motivación por indebida valoración probatoria; según las inconformidades planteadas en el escrito de apelación.

3.4 Marco normativo - Régimen disciplinario de la Policía Nacional. En virtud de las funciones específicas que cumplen los miembros de la fuerza pública (fuerzas militares y Policía Nacional), el constituyente en los artículos 217 (inciso tercero) y 218 (inciso segundo) de la Constitución Política, facultó al legislador para determinar los regímenes disciplinarios especiales de tales servidores.

En desarrollo de lo anterior, la Ley 1015 de 2006 fijó el régimen disciplinario de la Policía Nacional y en el artículo 23 dispuso como destinatarios: «[…] el personal uniformado escalafonado y los Auxiliares de Policía que estén prestando servicio militar en la Policía Nacional; aunque se encuentren retirados, siempre que la falta se haya cometido en servicio activo»; el artículo 58 prevé que el procedimiento aplicable a los sujetos pasivos del régimen disciplinario de la institución será el establecido en la Ley 734 de 2002, o la norma que la modifique.

Por consiguiente, las autoridades disciplinarias, en las actuaciones que adelanten contra los destinatarios de la Ley 1015 de 2006, deben aplicar esta normativa en lo concerniente a la parte sustancial y el Código Disciplinario Único o Ley 734 de 2002 en el aspecto procedimental.

3.5 Hechos probados. Se hará referencia a las pruebas que guardan relación con los problemas jurídicos derivados de las causales de nulidad, invocadas en el memorial de alzada:

La investigación disciplinaria se originó en razón a que el intendente Marín de la Cruz Jaisen mediante informe 71 de 4 abril de 2012, reveló que el 3 de abril de 2012, siendo las 22:00 horas, mientras entregaba el armamento para el servicio (turno de vigilancia de 22:00 a 7:00 horas) se percató de que faltaba un arma tipo pistola calibre 9 milímetros de marca sig sauer, número 24B022226.

Conforme a lo anterior, mediante auto de 4 de abril de 2011, la oficina de control disciplinario interno de la Policía del Cesar procedió a dar apertura de investigación preliminar.

ii) Al accionante le fue endilgado el siguiente cargo:

«[…] infringieron el Régimen Disciplinario de la Policía Nacional contemplado en la Ley 1015 de 2006. Artículo 34 Faltas Gravísimas. Numeral 21. Respecto de los bienes y equipos de la Policía Nacional o de otros puestos bajo su responsabilidad, violar la ley, reglamentos o instrucciones superiores mediante las siguientes conductas, d) Extraviarlos, permitir que se pierdan, dañarlos, cambiarlos o desguazarlos. (Negrilla y subraya por el despacho). Se determina que solo le fue endilgada la parte de la norma resaltada con subrayas y negrilla; se hacen las salvedades con la finalidad de no llegar a cercenar o causar cambios a lo preceptuado por el legislador, por cuanto al investigado se le endilgó únicamente la parte resaltada, teniendo en cuenta que con la conducta desplegada por él, vulneró solo esa parte de la norma, es decir se predica la vulneración normativa por parte del encartado únicamente en lo que respecta a la parte subrayada y en negrillas, por cuanto a eso fue que se limitó la vulneración "Respecto de los bienes de la Policía Nacional puestos bajo su responsabilidad, permitir que se pierdan." Se indica que no se colocó la totalidad de la norma infringida para evitar erróneas interpretaciones por mutilaciones normativas, pero que se considera vulnerada únicamente la parte resaltada; considerando que según los hechos presentados el día 03 de abril de 2012 en las instalaciones de la subestación de Policía la Loma jurisdicción del Departamento del Cesar, referente a la pérdida de un arma de fuego de propiedad de la Institución policial» (sic para toda la cita).

A las demás pruebas hará mención la Sala al momento de resolver cada uno de los cargos planteados en la demanda.

Caso concreto relativo a los problemas jurídicos derivados de las causales de nulidad invocadas en la apelación. En lo que sigue la Sala estudiará los argumentos expuestos por el recurso, que serán agrupados en dos acápites, así: i) en primer lugar, se verificará si los actos demandados son una expresión de falsa motivación, como lo afirma el accionante, por inexistencia de prueba que demuestre su responsabilidad y por la falta de valoración sistemática y conjunta del material probatorio; y ii) en segundo término, se analizará si el procedimiento disciplinario desconoció el derecho fundamental al debido proceso.

3.7 Solución a los problemas jurídicos. La Sala confirmará la sentencia apelada, que negó las súplicas de la demanda, por las siguientes razones:

3.7.1 Falsa motivación por error en la apreciación y valoración de la prueba. Conforme a los artículos 137 y 138 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo (CPACA), que consagran los medios de control de nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho, los actos administrativos pueden ser impugnados, entre otras causales, por falsa motivación del acto.

Acorde con ello, el Consejo de Estado ha indicado que los motivos de un acto administrativo constituyen uno de sus fundamentos de legalidad, a tal punto que cuando se demuestra que estas razones que se expresan en el acto, como fuente del mismo, no son reales, no existen o están distorsionadas, se presenta un vicio que lo invalida, llamado falsa motivación.

Por ello, ha explicado que el vicio de nulidad es el que afecta el elemento causal de la decisión, relacionado con los antecedentes de hecho y derecho que facultan su expedición y, por lo tanto, el impugnador tiene la carga de demostrar que lo expresado en el acto administrativo no corresponde a la realidad.

Según lo precedente, esta Corporación ha afirmado que la falsa motivación del acto ocurre cuando: i) se presenta inexistencia de fundamentos de hecho o de derecho en la manifestación de voluntad de la administración pública; ii) los supuestos de hecho esgrimidos en el acto son contrarios a la realidad, bien sea por error o por razones engañosas o simuladas; iii) el autor del acto le ha dado a los motivos de hecho o de derecho un alcance que no tienen, y iv) razones que sirven de fundamento al acto no justifiquen la decisión

Sobre la falsa motivación en materia disciplinaria, resulta pertinente anotar que si bien, con anterioridad, la jurisprudencia del Consejo de Estado había señalado que el control judicial de los procedimientos disciplinarios no se trata de una tercera instancia, en la cual se pudieran practicar pruebas que no fueron pedidas en el procedimiento administrativo y que sirvieron de sustento para la decisión, se impone la valoración de las practicadas, para desentrañar si se presentó un defecto fáctico que amerite la anulación de los actos sancionatorios, puesto que si dicho procedimiento se quebrantó el derecho de defensa o el debido proceso al encartado, aquel no tiene otro recurso distinto para demostrar tal vulneración.

De encontrar comprobada la errónea valoración probatoria, se demuestra una falsa motivación, en tanto la realidad probada contraviene los supuestos fácticos a los que hacen referencia los actos administrativos demandados, es decir, se desvirtúa su legalidad y se prueba la causal de nulidad, por falsa motivación o por la vulneración de los derechos fundamentales del disciplinado, tal como lo señaló el Consejo de Estado, en la sentencia de 3 de febrero de 2011, en los siguientes términos:

[…] la relación entre el proceso disciplinario y el procedimiento contencioso administrativo, esto es, las cargas argumentativas del demandante en el enjuiciamiento contencioso administrativo y el papel del juez frente al proceso.

Partiendo de que el control del juez administrativo sobre el acto disciplinario es pleno, como ya lo ha resaltado la Sala, la especificidad del proceso disciplinario conduce a que la presunción de legalidad que se predica de todo acto administrativo adquiera particular relevancia frente al acto sancionatorio disciplinario.

El juez de la legalidad del acto, debe verificar si la interpretación jurídica efectuada por el titular de la acción disciplinaria se enmarcó dentro de los parámetros hermenéuticos, o si excedió los límites de la actividad disciplinaria. No se trata de que el control de legalidad de ese acto administrativo de naturaleza especial sea un control restringido, pero siendo el procedimiento disciplinario un verdadero procedimiento, con etapas, partes, formulación de cargos, descargos, etapa probatoria, fallo, etc., el control judicial contencioso administrativo de ese acto definitivo no puede constituir una instancia más dentro de la actuación.

Esta tesis fue reiterada por esta sección, en sentencia de 5 de septiembre de 2012, al discurrir así:

[…]´

Corresponde entonces a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, entre otras cosas, verificar que la prueba recaudada en el tramite disciplinario se haya ajustado a las garantías constitucionales y legales, es decir, la acción de nulidad resulta ser un momento propicio para la exclusión de la prueba manifiestamente ilícita o producida con violación al debido proceso o de las garantías fundamentales, o sea, para aquella en cuya práctica se han trasgredido los principios básicos rectores de esa actividad imprescindible para el ejercicio del derecho de defensa. Entonces, en línea de principio puede predicarse que el control que a la jurisdicción corresponde sobre los actos de la administración, cuando ésta se expresa en ejercicio de la potestad disciplinaria, debe mantenerse al margen de erigirse en un nuevo momento para valorar la prueba, salvo que en su decreto y práctica se hubiere violado flagrantemente el debido proceso, o que la apreciación que de esa pruebas haya hecho el órgano disciplinario resulte ser totalmente contra evidente, es decir, reñida con el sentido común y alejada de toda razonabilidad. Por lo mismo, el control judicial del poder correccional que ejerce la Procuraduría General de la Nación, no puede ser el reclamo para que se haga una nueva lectura de la prueba que pretenda hacer más aguda y de mayor alcance, pues esa tarea corresponde a las instancias previstas en el C.D.U. y es en principio ajena a la actividad de la jurisdicción. En síntesis, debe distinguirse radicalmente la tarea del Juez Contencioso que no puede ser una tercera instancia del juicio disciplinario, y tal cosa se ha pretendido con la demanda contencioso administrativa de que hoy se ocupa la Corporación, demanda que por tanto está condenada al fracaso.

[…]

Sin embargo, desde la sentencia de 26 de marzo de 2014, el Consejo de Estado ha precisado el anterior criterio jurisprudencial respecto del control judicial ejercido por esta jurisdicción, sobre los actos y procedimientos administrativos disciplinarios en sede de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, en los siguientes términos:

Por mandato de la Constitución Política y la ley, el control judicial ejercido por la jurisdicción contencioso-administrativa sobre los actos y procedimientos administrativos disciplinarios en sede de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho es un control integral y pleno, que se aplica a la luz de la Constitución y del sistema legal como un todo, en los aspectos tanto formales como materiales de las actuaciones y decisiones sujetas a revisión, y no se encuentra limitado ni por las pretensiones o alegaciones de las partes. Como se recalcará más adelante, el mandato constitucional de prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones de la administración de justicia (art. 228, C.P.), aunado a la prevalencia normativa absoluta de la Constitución Política en tanto norma de normas (art. 4, C.P.) y al postulado de primacía de los derechos fundamentales de la persona (art. 5, C.P.), obliga en forma imperativa a los Jueces de la República -incluyendo al Consejo de Estado y a la totalidad de la jurisdicción contencioso-administrativa- a dar una implementación práctica integral a los mandatos del constituyente, y al sistema jurídico-legal vigente como un todo, en cada caso individual que se someta a su conocimiento a través de los medios ordinarios de control que consagra el CPACA.

Al respecto, esta Colegiatura en la sentencia de unificación de 9 de agosto de 2016 de la sala plena sostuvo que «No es comparable, ni de lejos, el titular de la acción disciplinaria de naturaleza administrativa con el rango y la investidura de un juez de la República», providencia que igualmente marcó el afianzamiento de la pauta interpretativa de 2014 en el sentido de que el control ejercido por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo sobre los actos administrativos de naturaleza disciplinaria es de carácter integral, el cual comporta una revisión legal y constitucional, sin que alguna limitante restrinja la competencia del juez, entre otras razones, porque la presunción de legalidad del acto sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo y porque la interpretación normativa y la valoración probatoria efectuada en sede disciplinaria es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. El control integral a que alude el citado fallo se enuncia así:

[…] 1) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva […].

En aplicación de estos lineamientos jurisprudenciales, se tiene que el funcionario disciplinario de la primera instancia, luego de relacionar y analizar 7 pruebas documentales y 3 testimoniales, sobre la responsabilidad del accionante, consideró:

[…] el señor Patrullero CORONADO RODRIGUEZ ELKIN RICARDO nunca se preocupó por exigirle al Intendente JERONIMO que le hiciera una entrega una formal del armerillo, de igual forma al ver que el Subintendente hoy Intendente JERONIMO OSORIO LUIS FERNANDO no le entrego de manera física y detallada el material de guerra existente en el armerillo de la Subestación de Policía La Loma ni siquiera se preocupó por realizar una anotación de la novedad ocurrida para que hubiese quedado como antecedente, el despacho evidencia que efectivamente que para esa fecha que el señor Patrullero CORONADO RODRIGUEZ ELKIN RICARDO recibe el armerillo la pistola objeto de investigación se encontraba en el armerillo tal como lo demuestra con la auto asignación que se hace el Patrullero CORONADO RODRIGUEZ ELKIN RICARDO y la cual se encuentra reflejada dentro de los (Folios N° 1, 10 y 11 en el Libro de Armamento de la Subestación de Policía La Loma), así mismo una vez llega del permiso de la calamidad el señor Subintendente hoy Intendente JERONIMO OSORIO LUIS FERNANDO el señor Patrullero CORONADO RODRIGUEZ ELKIN RICARDO no le hizo la devolución de las llaves del armerillo y solo se interesó en realizar la entrega las llaves del armerillo el día 03/04/2012 cuando se disponía a salir a descansar y lo hizo de manera verbal al señor Intendente MARIN DE LA CRUZ JEISEN, una vez que había actualizo el libro de armamento basado en la minuta de servicio de los días anteriores de quienes estaban en turno, indicando acá que durante el tiempo que el señor Patrullero CORONADO RODRIGUEZ ELKIN RICARDO estuvo a cargo del armerillo no diligencio a tiempo los libros como es el de la minuta de control de armamento y solo lo hizo al momento de entregar las llaves al señor IT. MARIN DE LA CRUZ JEISEN y esa entrega fue de forma verbal, ya que allí nunca el Patrullero CORONADO RODRIGUEZ ELKIN RICARDO le indico al señor IT. MARIN DE LA CRUZ JEISEN que era lo que le estaba entregando […] (sic para toda la cita).

Asimismo, la segunda instancia disciplinaria analizó la responsabilidad del demandante frente a la conducta enrostrada:

Obsérvese que en el estadio probatorio a folio 11 al 13 encontramos la diligencia de ratificación y ampliación de informes que rindió el señor Intendente JEISEN MARÍN DE LA CRUZ, éste bajo la gravedad de juramento manifestó: "...para el día de ayer 03/04/2012 siendo las 22:00 horas mientras entregaba el armamento para el servicio de cuarto y primero que va de las 22:00 a las 07:00 horas se perca que faltaba una pistola calibre nueve milímetros, marca SIG SAUER, marcada con número de serie 24B022226 (...)." Con la declaración entregada por el señor Intendente se evidencia que éste da a conocer la novedad presentada con el arma de fuego, que efectivamente se extravió, que dicha arma de fuego es de propiedad de la Institución, no obstante al encontrarse en esta posición se debía de indagar por parte del institucional del porqué la novedad del faltante del arma, motivo por el cual en su misma declaración éste señalo "... dicha arma fue utilizada por el Patrullero Coronado Rodríguez Elkin el día 01/04/2012, a las 14:00 (...)." En esta versión se puede observar que según lo obrante dentro del estadio probatorio la última persona que utilizo el arma de fuego fue el señor Patrullero Coronado Rodríguez Elkin quien la estuvo asignada el día 01/04/2012, de 14:20 a 22:00 así lo demuestra la copia del libro de control de armamento en el folio 3 y 4 del expediente procesal.
[…]
Se debe señalar igualmente que existen circunstancias que contradicen la realidad de los hechos y estos son dados a conocer en la diligencia de declaración que rindió el señor Patrullero Elkin Coronado Rodríguez, quien manifestó: "... amaneció el 31 para primero su cabo salió tipo seis de la mañana y le dijo tome las llaves y este pendiente de alguna cosa." Así mismo manifestó que "... no estaba autorizado para entregar ni recibir armamento a nadie." Contrario a lo manifestado por el encartado, encontramos plasmado en la copia del libro de entrega de armamento a folio 3 y 4, la secuencia de entrega del armamento extraviado con número de serie 24B022226 a partir del 31/03/2012 así:

FechaHoraApellidos y NombresT. ArmaNo ArmaF.
EntregaH. Entrega31/03/1207:50Coronado Rodríguez ElkinPistola24B02222601/04/1207:0001/04/1207:50Blanco Tordecllla AlexanderPistola24B02222601/04/1214:0001/04/1214:20Coronado Rodríguez ElkinPistola24B02222601/04/1222:00
Se vislumbra entonces que desde el día 31/03/2012 hasta el 01/04/2012, entre los señores Patrulleros Coronado Rodríguez Elkin y Blanco Tordecilla Alexander, se estuvieron entregando el arma de dotación oficial tipo pistola marcada con número de serie 24B022226 entre cada cambio de turno que éstos hacían; no obstante al finalizar la jornada laboral para la fecha 01/04/2012 a las 22:00 horas como lo manifiesta el señor Patrullero Coronado en su declaración, y así lo plasmó él mismo en el libro de control de armamento, que entregó el arma de dotación, es decir la introdujo en el armerillo, situación que entra en controversia por cuanto el mismo en sus declaraciones manifestó que "...no estaba autorizado para entregar ni recibir armamento a nadie." (sic para toda la cita).

Por su parte, sobre este aspecto de las valoraciones probatorias hechas por las instancias disciplinarias, el Tribunal Administrativo del Cesar sostuvo:

Estima la Sala, que de acuerdo a lo expuesto, se logra evidenciar que dentro del proceso disciplinario seguido en contra del señor patrullero ELKIN RICARDO CORONADO RODRÍGUEZ, existían las pruebas documentales y testimoniales pertinentes que acreditaban la comisión de dicha falta endilgada, pues cabe indicarse que la primera instancia lo sancionó bajo el supuesto de haber permitido que el bien se extraviara del cuarto de armamento cuando este se encontraba bajo su vigilancia y responsabilidad, al no tomar las medidas necesarias de exigir la entrega física y formal del mismo aun a sabiendas de la responsabilidad que dicho encargo acarreaba. Por lo cual, esta Corporación comparte los criterios utilizados en los respectivos fallos disciplinarios de primera y segunda instancia.

Conforme a lo anterior, y en atención al sistema de la sana crítica y, en especial, en aplicación de los principios de la lógica de identidad y tercero excluido, esta Corporación encuentra que de las pruebas obrantes en el proceso, como efectivamente lo dedujo la primera y segunda instancias disciplinarias, así como el Tribunal Administrativo del Cesar, y en particular de los testimonios rendidos por los señores Marín de la Cruz Jeisen (ff. 11-13), Jerónimo Osorio Luis (ff. 14 a 16), Coronado Rodríguez Elkin Ricardo (ff. 17-19) y John Fredis González Arias, así como de las fotocopias de las minutas de población, armamento, guardía y de servicio (ff. 21-69) de la subestación de policía La Loma y los informes 71 y 72 de 2 abril de 2012 suscritos por el señor Marín de la Cruz Jeisen, (ff.118-119), se colige la responsabilidad endilgada al demandante, referente a la conducta consistente en recibir y entregar las llaves del armerillo de la subestación de policía La Loma al subintendente Luis Fernando Jerónimo sin verificar el contenido del mismo, omisión que ocasionó la pérdida del armamento, actuar con el que desconoció los deberes previstos en el numeral 21 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006.

Por lo expuesto, esta Sala considera que el cargo de falsa motivación por indebida valoración probatoria no está llamado a prosperar, en razón a que en la investigación disciplinaria se recaudó suficiente material probatorio que fue debidamente evaluado y valorado por la primera y segunda instancias disciplinarias, y del cual razonablemente debía concluirse la responsabilidad del demandante.

3.7.2 Debido proceso en el procedimiento disciplinario. Los artículos 29 de la Constitución Política, 5 de la Ley 1015 de 2006 y 6 de la Ley 734 de 2002 consagran la garantía del debido proceso, que comprende un conjunto de principios materiales y formales de obligatorio acatamiento por parte de los entes disciplinarios, en cuanto constituyen derechos de los sujetos disciplinables.

Los principios que conforman el derecho al debido proceso se traducen, entre otras cosas, en la posibilidad de defenderse, de presentar y controvertir pruebas e impugnar las decisiones que los afecten, y cuando ello no ocurre el sancionado puede acudir ante el juez de lo contencioso-administrativo en demanda de nulidad de las decisiones adoptadas por los funcionarios administrativos, si se evidencia una violación del debido proceso.

Conforme a esta normativa, el debido proceso comprende un conjunto de principios materiales y formales de obligatorio acatamiento por parte de los funcionarios disciplinarios, en cuanto constituyen derechos de los sujetos disciplinables que se traducen, entre otras cosas, en la posibilidad de defenderse, presentar y controvertir pruebas e impugnar las decisiones que los afecten; cuando ello no ocurre el sancionado puede acudir ante el juez de lo contencioso-administrativo en demanda de nulidad de las decisiones adoptadas por las autoridades administrativas, si se evidencia una violación del debido proceso.

La Corte Constitucional al respecto ha sostenido: «Las garantías establecidas en virtud del debido proceso administrativo, de acuerdo a la jurisprudencia sentada por este alto Tribunal, son las siguientes: (i)ser oído durante toda la actuación, (ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso».

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional ha destacado los elementos constitutivos de la garantía del debido proceso en materia disciplinaria, entre otros: i) el principio de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria; ii) el principio de publicidad; iii) el derecho de defensa y especialmente el de contradicción y controversia de la prueba; iv) el principio de la doble instancia; (v) la presunción de inocencia; vi) el principio de imparcialidad; vii) el principio de non bis in idem; viii) el principio de cosa juzgada; y ix) la prohibición de non reformatio in pejus.

Por otra parte, en el campo disciplinario, el principio de legalidad se encuentra consagrado en diversas disposiciones constitucionales: i) en los artículos 6° y 29 que establecen que los servidores públicos no pueden «ser juzgados sino conforme a las leyes preexistentes», y que «sólo son responsables por infringir la Constitución y la ley» (en su orden); ii) al disponer los artículos 122 y 123 que los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones se someterán a los comportamientos descritos en la Constitución, la ley y el reglamento y que, en todo caso, «no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento»; y iii) en el artículo 124 que le asigna al legislador la potestad normativa para crear, modificar o derogar el régimen de responsabilidad al que se someten los servidores del Estado. Esta última norma dispone que: «la ley determinará la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva».

Adicionalmente, en el campo del derecho disciplinario la Corte Constitucional ha señalado que existen particularidades importantes en lo concerniente al alcance de este principio y en esa medida se ha admitido cierta flexibilidad, la cual no es absoluta, pues no puede ser ilimitada de tal forma que conduzca a la arbitrariedad de la administración en la imposición de sanciones, por lo cual se vulnera este principio «cuando se advierta vaguedad, generalidad e indeterminación en la actuación del legislador, en la identificación de la conducta o en la sanción a imponer, de manera que no permitan establecer con certeza las consecuencias de una conducta».

En conclusión, el principio de legalidad no puede analizarse de manera abstracta, sino que se manifiesta a su vez en tres principios: (i) reserva de ley, (ii) tipicidad y (iii) lex praevia.

2.7.2.1 Presunción de inocencia y buena fe. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, uno de los principios que expresan el criterio de legitimidad de las actuaciones públicas (administrativas y jurisdiccionales) es el de presunción de inocencia; principio que aplica en todas las actuaciones que se realizan en el ámbito sancionador del Estado.

Por lo tanto, tal como lo ha precisado la Corte Constitucional, quien adelante la actuación disciplinaria deberá conforme a las reglas del debido proceso, demostrar que la conducta de que se acusa a una persona i) comporta el carácter disciplinable; ii) su ocurrencia se encuentra efectivamente probada; y iii) su autoría y responsabilidad está en cabeza del sujeto pasivo de la acción disciplinaria. Solo después de verificados esos presupuestos, la presunción de inocencia queda desvirtuada, como expresión de las garantías mínimas dentro de un Estado constitucional.

De igual modo, el aludido principio constituye una garantía constitucional frente al poder punitivo. Sin embargo, admite grados de rigor en su aplicación, pues si bien es cierto rige todo el ámbito sancionador, también lo es que este se halla compuesto por escenarios distintos que implican grados diferenciales de aplicación del principio, en relación con tres criterios básicos: i) el bien jurídico que pretende ampararse por medio del ámbito específico de sanción, ii) el sujeto pasivo de dicho poder punitivo y ligado a esto, iii) la sanción a que da lugar la responsabilidad. Esto es así, porque ningún principio es absoluto, de manera que su aplicación en un caso concreto admite la ponderación de los elementos que componen el ámbito de su aplicación.

De esta forma, no supone el mismo grado de rigor en la aplicación del principio de presunción de inocencia, el ámbito penal que el disciplinario, aunque deba ser tenido en cuenta en los dos, pues los bienes tutelados por el primero son de mayor relevancia social que los del segundo y, por consiguiente, la sanción y los derechos afectados por ella son también de importancia, lo que impone sobre el citado principio una cualificada exigencia en su aplicación concreta. Esto es lo que significa que los principios del derecho penal aplican en el disciplinario mutatus mutandi.

En el presente caso, el demandante considera vulnerado su derecho al debido proceso y en especial el principio de presunción de inocencia porque, según su decir, no existe prueba suficiente que demuestre su responsabilidad y los testimonios con base en los cuales es declarado responsable son sospechosos.

Sobre este aspecto, en primer lugar debe señalarse que, como se analizó en el apartado precedente, las instancias disciplinarias desplegaron una labor investigativa responsable y analizaron en debida forma las pruebas que demuestran la responsabilidad del accionante.

Frente al respeto de las ritualidades propias del procedimiento disciplinario y la responsabilidad del demandante, la decisión administrativa de segunda instancia observó:

Finalmente ha de indicarse que la entrega de las llaves se produjo el día 03/04/2012, de parte del señor Patrullero Elkin Coronado hacia el señor Intendente Marín de la Cruz, éste recibió, y muy a pesar que estaba en la obligación de verificar dicha entrega no lo hizo; y muy ciertamente así fue y quedo sentado dentro del expediente procesal en las manifestaciones dadas a conocer por él, no obstante no quiera decir que este haya sido quien extravió el arma de fuego, ha quedado escrito dentro de estas consideraciones que el señor Patrullero Elkin Coronado, para la fecha 01/04/2012 no debió de ingresar al armerillo, porque éste no tenía causal de motivación para hacerlo, ya ha dejado entrever esta delegada de las situaciones propias que se presentaron mientras el encartado estuvo la posesión de las llaves, que solo él ingresó al armerillo, y fue él el único que se auto entregó armamento el día 01/04/2012, como también fue él quien se auto cargó un arma diferente al día posterior que hizo la entrega del arma extraviada, lo cual deja entrever que ya se había generado el extravió del arma de fuego tipo pistola de propiedad de la institucional policial asignada a la subestación de policía la Loma marcada con número de serie 24B022226, vislumbrado de esta forma encontramos que el encartado incurrido en la violación del Artículo 34 Numeral 21 de la ley 1015 de 2006, faltas gravísimas, por haberse establecido que respecto de los bienes de la Policía Nacional puestos bajo su responsabilidad, permitió que se perdieran, que éste fue negligente, respecto del cuidado que estos bienes debían tener al no imprimirles el mínimo de cuidado y observancia para la conservación permitiendo que se extraviara un arma de fuego. Esta delegada ha hecho un análisis concienzudo de los hechos presentado y ha dejado escrito sus consideraciones en este proveído encontrando responsable de la vulneración de la norma disciplinaria al Patrullero encartado (sic para toda la cita).

En lo referente al debido proceso en las actuaciones disciplinarias reprochadas, el Tribunal Administrativo del Cesar consideró:

En conclusión, se observa que en lo referente al procedimiento disciplinario y el respeto de las ritualidades propias del debido proceso, se brindó la garantía y oportunidad para ejercer el derecho de audiencia y contradicción del disciplinado, se respetaron todas las etapas procesales de apertura, pliego de cargos y decisión, se concedieron los recursos de ley, se hizo una valoración sistemática del material probatorio y se respetó el principio de legalidad, en especial, porque el cargo disciplinario por el cual se sancionó al demandante es claro, preciso, específico y se fundamenta en la ley aplicable.

Tal como lo concluyó el a quo, esta Sala considera que en lo referente al procedimiento disciplinario y el respeto de las ritualidades propias del debido proceso, se brindó la garantía y oportunidad para ejercer el derecho de audiencia y contradicción del disciplinado, se respetaron todas las etapas procesales de apertura, pliego de cargos y decisión, se concedieron los recursos de ley, se hizo una valoración sistemática del material probatorio y se respetó el principio de legalidad.

Asimismo, se encuentra que el cargo disciplinario por el cual se sancionó al demandante es claro, preciso, específico y que contrario a lo alegado por él, no se fundamentó en la violación de la ley penal, sino en la norma disciplinaria especial de los miembros de la Policía Nacional, específicamente por el desconocimiento del numeral 21 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006.

Igualmente, la culpabilidad del demandante no se determinó con testigos de oídas, sino con pruebas documentales y testigos directos de los hechos, que dan plena credibilidad sobre las circunstancias que rodearon la pérdida del armamento.

3.8 Otros aspectos procesales.

3.8.1 Condena en costas. Respecto de tal condena, que incluye las agencias en derecho que correspondan a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, se observa que en la sentencia del a quo se aplicó el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) a la parte vencida, pero no estudió aspectos como la temeridad o mala fe en la que esta pudo incurrir.

Sobre la materia se pronunció esta Corporación en sentencia de 1.º de diciembre de 2016 así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la materia, así lo consideró.

En tales circunstancias, la Sala considera que la referida normativa deja a disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, pero para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus intereses, pues la imposición surge después de tener certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, actuación que, se reitera, no desplegó el a quo; por lo tanto, al no comprobarse tal proceder de la parte demandada, se revocará la condena en costas.

3.8.2 Reconocimiento de personería. En vista de que la Policía Nacional constituyó nueva mandataria, se reconocerá personería a la profesional del derecho destinataria del poder visible en el folio 501.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1.º Confírmase parcialmente la sentencia de 3 de diciembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor Elkin Ricardo Coronado Rodríguez contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, conforme a la parte motiva.

2.º Revócase la condena en costas impuesta a la parte demandante, que incluye las agencias en derecho.

3.º Reconócese personería como nueva mandataria de la Policía Nacional a la profesional del derecho Geisel Rodgers Pomares, identificada con cédula de ciudadanía 1.128.051.125 y tarjeta profesional 176.340 del Consejo Superior de la Judicatura, conforme al poder que obra en el folio 501.

4.º Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase.

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

CARMELO PERDOMO CUÉTER

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Relatoría: AJSD/Dcsg/Lmr.
Folios 392 a 420.
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, sentencia de 30 de julio de 2015, expediente: 11001-03-25-000-2013-01217 -00 (3065-20213), magistrada ponente: Sandra Lisset Ibarra.
Folio 459.
Folio 470.
Folio 360.
Consejo de Estado, sección primera, sentencia de 14 de abril de 2016, expediente 25000232400020080026501, magistrada ponente: María Claudia Rojas Lasso.
Ibidem
Ibidem
Consejo de Estado, sentencia de 3 de febrero de 2011, expediente: 250002325000200402982-01 (1384-06). Además, de la sala plena de lo contencioso administrativo, sentencia de 11 de diciembre 2012, expediente: 11001-03-25-000-2005-00012-00.
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección A, sentencia del 5 de septiembre de 2012, expediente: 11001 0325000 2010 00183 00 (1305-2010), magistrado ponente: Gustavo Eduardo Gómez.
Consejo de Estado, sala plena, sección segunda, subsección A, sentencia del 26 de marzo de 2014, Radicación 263 de 2013, magistrado ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso administrativo, sentencia de 9 de agosto de 2016, radicado 11001-03-25-000-2011-00316-00 (1210-2011), magistrado ponente: William Hernández Gómez (E).

Corte Constitucional, sentencia T-051 de 2016, magistrado ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Corte Constitucional, sentencia T-1034 de 2006, magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra Porto. En igual sentido, las sentencias C-310 de 1997, magistrado ponente: Carlos Gaviria Díaz; C-555 de 2001, magistrado ponente: Marco Gerardo Monroy Cabra; T-1102 de 2005, magistrado ponente: Jaime Araujo Rentería; y T-330 de 2007, magistrado ponente: Jaime Córdoba Triviño, entre otras.
Corte Constitucional, sentencia C-818-2005, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
Corte Constitucional, sentencia T-1039 de 2006, magistrado ponente: Humberto Antonio Sierra Porto
Corte Constitucional, sentencia C-853 de 2005, magistrado ponente: Jaime Córdoba Triviño. Ver también las sentencias C-343 de 2006 y C-507 de 2006, magistrado ponente: Manuel José Cepeda Espinosa.
En materia disciplinaria, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado ha precisado que el señalamiento de los comportamientos reprochables disciplinariamente, así como las sanciones, los criterios para su fijación y los procedimientos para adelantar su imposición, corresponden a una materia que compete desarrollar de manera exclusiva a la ley, y a disposiciones con fuerza de ley.
En aras de preservar el principio de reserva de ley, es para el legislador un imperativo constitucional fijar en la ley disciplinaria, como mínimo: (i) los presupuestos básicos de la conducta típica que será sancionada, (ii) las remisiones normativas o los elementos determinables cuando se haya previsto un tipo en blanco, (iii) los criterios por medio de los cuales se puede precisar con claridad y exactitud la conducta, (iv) las sanciones y las pautas mínimas que permitan su imposición y (v) los procedimientos que se adelanten para garantizar que su establecimiento se hará conforme a las exigencias mínimas del debido proceso
Adicionalmente, a las personas no se les puede aplicar una descripción de la conducta sancionada efectuada con posterioridad a la realización de la misma, porque ello desconocería el principio de lex praevia.
Corte Constitucional, sentencia T-969 de 2009, magistrada ponente: María Victoria Calle.
Puede consultarse, entre otras, las sentencias C-244 de 1996, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz; y C-1156 de 2003, magistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis.
Ibidem, p.10.
Ibidem.
«Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014), consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

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