Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-39-000-2016-00130-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-39-000-2016-00130-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 20001-23-39-000-2016-00130-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
12 de abril de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, doce (12) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 20001-23-39-000-2016-00130-01 (67.637)
Actor: KATERINE MILAGROS NAVARRO VERGARA Y
OTRO
Demandados: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR Y OTRA
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA – LEY 1437 DE 2011
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – MUERTE POR
CAÍDA DE ÁRBOL EN VÍA PÚBLICA
Síntesis del caso: el señor Roberto Carlos Orozco Manotas falleció como consecuencia de la
caída de un árbol sobre su cuerpo el 12 de diciembre de 2013 cuando caminaba por una calle
del municipio de Valledupar (Cesar); su familia reclama la indemnización de los perjuicios
sufridos por dicho daño antijurídico ocasionado por las entidades demandadas por estimar que,
si bien dicha caída se dio inmediatamente después de que un vehículo rozó sus ramas, lo cierto
es que la causa eficiente fue el mal estado fitosanitario en el que se encontraba y su falta de
mantenimiento porque algunas de sus ramas obstaculizaban la vía.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia proferida el 12 de marzo de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Cesar que denegó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1 Pretensiones
Mediante escrito presentado el 24 de febrero de 2016 (fl. 20 cdno. 1), la señora
Katerine Milagros Navarro Vergara, en nombre propio y en el de su hijo menor
de edad Juan David Orozco Navarro, promovió demanda de reparación directa
en contra del municipio de Valledupar (Cesar) y de la Corporación Autónoma
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Expediente 20001-23-39-000-2016-00130-01 (67.637)
Actor: Katerine Milagros Navarro Vergara y otro
Reparación directa - apelación de sentencia
Regional del Cesar (en adelante CORPOCESAR) con las siguientes súplicas:
“1.1. Que se declare administrativamente responsable al MUNICIPIO
DE VALLEDUPAR, por los perjuicios materiales y morales causados
a la señora KATERINE MILAGROS NAVARRO VERGARA y a su hijo
menor JUAN DAVID OROZCO, por falla o falta del servicio de la
administración que condujo a la muerte del señor ROBERTO
CARLOS OROZCO MANOTAS.
1.2. Que se declare administrativamente responsable a la
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR
CORPOCESAR, por los perjuicios materiales y morales causados a
la señora KATERINE MILAGROS NAVARRO VERGARA y a su hijo
menor JUAN DAVID OROZCO, por falla o falta del servicio de la
administración que condujo a la muerte del señor ROBERTO
CARLOS OROZCO MANOTAS.
1.3. Condenar, en consecuencia, al MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
y a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR
CORPOCESAR, a la reparación del daño ocasionado, a pagar a la
señora KATERINE MILAGROS NAVARRO VERGARA y a su hijo
menor JUAN DAVID OROZCO, o a quien represente legalmente sus
derechos, por los perjuicios de orden material:
a) LUCRO CESANTE: la suma de CUATRO MIL
QUINIENTOS QUINCE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL
DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($4.515.038.260,oo1).
b) DAÑO EMERGENTE: la suma de MIL MILLONES DE
PESOS ($1.000.000.000,oo).
c) DAÑO MORAL: la suma de 200 SALARIOS MÍNIMOS
MENSUALES VIGENTES a la fecha de ejecutoria de la
sentencia.
(…)” (fls. 1 a 2 cdno. 1 – mayúsculas sostenidas del texto original).
1.2 Hechos
Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:
1) El 12 de diciembre de 2013, a las 9:30 am, un vehículo automotor tipo furgón
rozó con las ramas de un árbol que se encontraba ubicado el separador de la
vía de la carrera 12 con calle 19D del municipio de Valledupar (Cesar), árbol
que tenía una longitud de siete (7) metros y un diámetro de cero cuarenta y
cinco metros (0,45).
1 Así quedó en la corrección de la demanda (fls.77 a 80 cdno. 1).
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Actor: Katerine Milagros Navarro Vergara y otro
Reparación directa - apelación de sentencia
2) Debido al mal estado fitosanitario del árbol se produjo su caída y, como en
ese instante pasaba por el lugar el señor Roberto Carlos Orozco Manotas, cayó
sobre él y le produjo su muerte.
Con base en los anteriores hechos la parte demandante hizo el siguiente
razonamiento de responsabilidad:
1) Como el vehículo transitaba por la vía, sin salirse o invadir el otro carril o
separador donde estaba el árbol, esto significa que algunas ramas del árbol
obstaculizaban parcialmente la vía, lo cual era un factor de riesgo para la vida
y patrimonio de las personas y no hay evidencia de que en el lugar de los
hechos existía algún tipo de señalización o advertencia respecto del peligro que
representaba el árbol para la movilidad de peatones o automotores.
2) El mal estado fitosanitario del árbol producto de la omisión de las entidades
demandadas fue la causa principal del daño, por lo tanto, hay concurrencia de
dos responsabilidades distintas, de un lado, la del municipio como
administrador del espacio público y, del otro, la de CORPOCESAR como ente
encargado de la regulación y vigilancia en materia ambiental; en suma, las dos
entidades incurrieron en falla de servicio por omisión por el hecho de no
garantizar una circulación segura y no desarrollar medidas de control efectivas
en materia ambiental.
2. Posición de las entidades demandadas
1) CORPOCESAR (fls. 116 a 124 cdno. 1) se opuso a las pretensiones de la
demanda sobre la base de argumentar que, aunque el árbol se encontraba en
malas condiciones fitosanitarias, lo cierto es que su caída fue producida por el
vehículo automotor y, en ese orden de ideas, propuso la excepción de “hecho
determinante de un tercero” pues, fue el conductor del furgón quien no tuvo la
precaución de conducir lejos del separador de la vía, máxime si había una rama
que sobresalía hacia la vía y la altura del vehículo; también propuso la
excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva” porque la entidad
no tenía la obligación de proteger, conservar y recuperar el espacio púbico, así
como tampoco la facultad de cortar árboles, pues ello está en cabeza del
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municipio, su función se limita a autorizar dicha tala; por último, propuso la
excepción de “falta de causalidad adecuada” porque no hay relación causal
entre la entidad y la producción del daño.
2) El municipio de Valledupar no contestó la demanda.
3. Audiencia inicial
El magistrado ponente de la primera instancia tuvo por saneado el proceso y
no resolvió ninguna de las excepciones propuestas por CORPOCESAR por
estimar que todas fueron de mérito y debían resolverse en la sentencia; por otra
parte, fijó el litigio2, decretó las pruebas y estableció fecha de audiencia para su
práctica (fls. 174 a 180 cdno. 1), la cual se llevó a cabo en condiciones normales
(fls. 246 a 250 cdno. 1).
4. Alegatos de conclusión de primera instancia
1) La parte actora (fls. 256 a 292 cdno. 2) adujo, en síntesis, que los hechos
alegados en la demanda quedaron acreditados plenamente con las pruebas
practicadas en este proceso y que CORPOCESAR sí tenía la obligación de
2 Lo hizo en los siguientes términos: “el objeto del presente litigio se circunscribe a establecer
si les asiste responsabilidad administrativa y patrimonial a las entidades demandadas, por la
presunta omisión en el cumplimiento de los débitos obligacionales contenidos en los artículos
1° y 17 del Decreto 1504 de 1998, artículo 65 de la Ley 99 de 1993 y 79 de la Carta Magna,
referentes a la obligación de vigilar, mantener y proteger el espacio público y el medio ambiente,
circunstancias que a juicio de los demandantes propiciaron la trágica muerte del señor
ROBERTO CARELOS OROZCO MANOTAS en hechos ocurridos el día 12 de diciembre de
2013, cuando transitaba por el Boulevard de la carrera 12#19D de la ciudad de Valledupar, y
sobre él se desplomó un árbol de la especie corazón fino, producto de la colisión de un vehículo
automotor con las ramas de dicho árbol, el cual presuntamente se encontraba en mal estado
fitosanitario, hecho que a consideración de los demandantes influyó notablemente en la
concreción del daño reclamado. // Estima la Sala que el presente medio de control se encuentra
orientado a determinar si le asiste algún grado de responsabilidad de la Administración
Municipal, por la omisión de efectuar un adecuado mantenimiento del árbol ubicado en el
separador de la carrera 12 con calle 19D; y de igual forma, se deberá establecer si la
Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR está llamada a responder por los
daños alegados a consecuencia de aluna omisión de dicha entidad en el marco de sus
funciones u obligaciones. // En caso de que resulten probados los supuestos de hecho y de
derecho alegados por la parte demandante, el Tribunal deberá determinar si las conductas
desplegadas por el municipio de Valledupar y CORPOCESAR, causaron algún tipo de perjuicio
a los demandantes, para lo cual deberá establecer su monto, según los criterios y parámetros
fijados por la jurisprudencia del Consejo de estado. A contrario sensu, se analizará si existe
lugar a eximir de responsabilidad a la autoridad ambiental accionada, en virtud de la causal de
eximente de responsabilidad alegada por el extremo pasivo de la litis, por el hecho exclusivo
de un tercero en la concreción del año irrogado a los demandantes” (fls. 177 a 178 cdno. 1 –
mayúsculas sostenidas del texto original).
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Actor: Katerine Milagros Navarro Vergara y otro
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conservar, preservar y recuperar los elementos naturales del espacio público,
por lo tanto, contrario a lo alegado por esa entidad, sí tiene responsabilidad en
este caso, la cual también tiene el ente territorial, pues, independientemente de
la actuación del conductor del vehículo, respecto de la cual no hay prueba
alguna de negligencia, la causa adecuada del daño fue el mal estado del árbol
y su falta de mantenimiento.
2) Por su parte, CORPOCESAR (fls. 293 a 295 cdno. 2) insistió en el hecho de
un tercero como causal eximente de responsabilidad porque fue el conductor
del vehículo automotor quien produjo la caída del árbol y, en todo caso, si se
tiene en cuenta que el árbol se encontraba en mal estado la responsabilidad
recae exclusivamente en el municipio, quien era el único encargado de
mantener el espacio público en adecuadas condiciones, lo cual incluía
intervenir el árbol; además, CORPOCESAR había diagnosticado previamente
el mal estado de varios árboles de la ciudad de Valledupar y había advertido a
la entidad territorial de esa situación, por lo cual cumplió con su deber legal.
3) El municipio de Valledupar (fls. 296 a 307 cdno. 2) adujo que quien ocasionó
la muerte de la víctima fue el conductor del vehículo que rozó las ramas del
árbol, es decir, se trató del hecho de un tercero que lo exime de
responsabilidad.
4) El Ministerio Público guardó silencio.
5. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Cesar, en sentencia del 12 de marzo de 2020 (fls.
318 a 326 cdno. ppal.) denegó las súplicas de la demanda por estimar que, en
primer lugar, CORPOCESAR no tiene legitimación material en la causa por
pasiva toda vez que no se probó su obligación de mantenimiento y
conservación de árboles en centros urbanos, además, se acreditó que autorizó
la erradicación de árboles en mal estado en la ciudad de Valledupar antes de
la ocurrencia de los hechos; en segundo término, a pesar de que se probó que
el municipio de Valledupar incurrió en omisión por no haber talado el árbol que
ocasionó el fallecimiento de la víctima no obstante tener conocimiento previo
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acerca del mal estado fitosanitario del mismo, lo cierto es que dicha conducta
omisiva no fue la causa determinante del daño, puesto que la caída del árbol
estuvo precedida por el choque de un vehículo que facilitó su desplome; no se
demostró que sin la omisión de la entidad no se hubiera producido la caída del
árbol porque no se tiene registro de la fuerza con la que se ocasionó el choque
y se sabe que el árbol era de grandes dimensiones por lo que necesitaba una
gran fuerza para su caída, no parece ser un simple rozamiento; además, no se
probó que el conductor del camión actuó con el deber objetivo de cuidado.
6. El recurso de apelación
La parte demandante (fls. 331 a 362 cdno. ppal.) solicitó la revocatoria del fallo
de primera instancia, para lo cual expuso lo siguiente:
(i) La no comparecencia a la audiencia de conciliación y la no contestación de
la demanda son indicios graves en contra del municipio de Valledupar que,
junto con la omisión sistemática, repetitiva y sucesiva de no hacer el respectivo
mantenimiento de los árboles de la ciudad que ha repercutido en la caída de
varios de ellos, demuestra un actuar omisivo generalizado en el cumplimiento
de sus obligaciones.
(ii) El vehículo implicado en los hechos podía transitar por la vía donde cayó el
árbol y el conductor cumplió con su deber objetivo de cuidado.
(iii) Contrario a lo concluido por el tribunal, es físicamente imposible que el
vehículo hubiese impactado de manera directa el tronco del árbol debido a: a)
las dimensiones del vehículo, b) la distancia de más de 50 cm entre la
carrocería del vehículo y el tronco, c) la altura del separador donde el árbol se
encontraba que era de 15 cm, d) el automotor no presentó ningún daño de
impacto, e) el vehículo no invadió el separador y no hay huellas de arrastre, por
lo tanto se puede inferir que iba a baja velocidad f) la ruptura del árbol se
produjo en la base del tallo, no en sus ramas; todo ello conlleva a concluir que
se trató de un rozamiento, no de un impacto, la fricción del furgón con el árbol
fue por las ramas.
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(iv) El árbol presentaba daños físicos en la base de su tallo y en la parte interna
causados por la podredumbre del duramen o corazón del árbol, de modo que,
por ser una madera dura y con alta densidad (características de la especie
“corazón fino”) es poco probable que su biodegradación se hubiera producido
de manera súbita o en tiempo corto, lo cual denota que “no hubo un manejo de
silvicultura adecuado por parte de la autoridad competente” (fl. 348 cdno. ppal.);
en condiciones normales el roce de un elemento no debía conllevar a su caída,
todo ello evidencia el mal estado del árbol.
(v) Las ramas obstaculizaban el tránsito de la vía, no se había realizado poda
o mantenimiento reciente que previniese su caída.
(vi) La causa del accidente obedeció al hecho de que el árbol se encontraba en
mal estado fitosanitario y que sus ramas obstaculizaban la vía.
(vii) El mantenimiento de árboles en vías públicas está a cargo del municipio,
quien, además, tenía conocimiento del mal estado de los árboles
específicamente en el lugar de los hechos, motivo por el cual el daño le es
imputable por haber incumplido con lo previsto en el numeral 14.24 del artículo
14 de la Ley 142 de 1994.
7. Las alegaciones de conclusión en segunda instancia
1) La parte actora presentó sus alegatos de conclusión de manera inoportuna,
pues, el término para ello corrió desde el 24 de agosto de 2022 hasta el 6 de
septiembre siguiente, y se hizo el 9 de septiembre de 2022 (índices 15 y 23
SAMAI).
2) Las entidades demandadas y el Ministerio Público guardaron silencio.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido
a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y
anuncio de la decisión, 2) análisis de la responsabilidad patrimonial
extracontractual del Estado, 3) indemnización de perjuicios 4) conclusión y, 5)
condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Presentada en tiempo la demanda3, corresponde a la Sala determinar si la
muerte del señor Roberto Carlos Orozco Manotas el 12 de diciembre de 2013
con ocasión de la caída de un árbol en el municipio de Valledupar (Cesar) es
imputable a dicho ente territorial por omisión de mantenimiento y conservación
del recurso natural ubicado en espacio público.
Para el efecto, se advierte que el análisis de la imputación en esta instancia se
limita a la actuación del municipio de Valledupar, toda vez que el tribunal a quo
declaró la falta de legitimación material de CORPOCESAR en este asunto,
cuestión que no fue apelada, pues, de manera clara en el recurso de apelación
se alega que quien debe responder en este caso es exclusivamente dicho ente
territorial.
La sentencia de primera instancia será revocada, por estar demostrado que el
referido árbol se encontraba en mal estado fitosanitario y sin mantenimiento
porque sus ramas obstaculizaban la vía, cuestión que influyó de manera
determinante en su caída cuando un vehículo rozó sus ramas y provocó el
fallecimiento del familiar de los demandantes, en consecuencia, se declarará la
responsabilidad patrimonial extracontractual del municipio de Valledupar y se
le condenará al pago de los perjuicios demostrados.
3 Como el fallecimiento de la víctima ocurrió el 12 de diciembre de 2013 y la solicitud de
conciliación prejudicial se presentó el 11 de diciembre de 2015, la cual fue declarada fallida
según constancia expedida el 24 de febrero de 2016 (fl. 21 cdno. 1), el mismo día en que se
presentó la demanda, se impone concluir que lo fue antes del vencimiento de los dos años de
caducidad para impetrar el medio de control de reparación directa de que trata el artículo 164
del CPACA.
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2. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado
2.1 El daño
La muerte del señor Roberto Carlos Orozco Manotas el 12 de diciembre de
2013 se encuentra plenamente acreditada con el respectivo registro civil de
defunción (fl. 25 cdno. 1).
2.2 La imputación
1) La imputación de la demanda se centra en argüir que la causa eficiente del
daño fue el mal estado en que se encontraba el árbol debido a su falta de
conservación y de manteniendo; por su parte, el municipio de Valledupar
considera no tener responsabilidad porque se trató del hecho de un tercero,
pues, quien ocasionó el daño fue el conductor del vehículo que rozó las ramas
del árbol y produjo la caída de ese elemento.
2) El tribunal de primera instancia denegó las pretensiones de la demanda por
considerar que la causa eficiente de la caída del árbol fue el choque del vehículo
automotor y no el mal estado de conservación y/o mantenimiento del árbol,
decisión frente a la cual la parte actora, en el recurso de apelación, insistió en
que la omisión del municipio de Valledupar de tener en la vía pública un árbol
en mal estado fitosanitario y, además, sin podar adecuadamente, sí influyó de
manera determinante en su caída porque el vehículo no impactó con el árbol,
sino que, simplemente rozó algunas de sus ramas.
3) La Sala encuentra probado que, si bien un vehículo rodante tipo furgón
impactó con una rama del árbol, lo cierto es que ello ocurrió porque el árbol
invadía la vía pública y, adicionalmente, estaba en mal estado fitosanitario, lo
que facilitó de manera determinante su caída, motivo por el cual se debe
revocar la sentencia apelada.
4) De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se
encuentran demostrados los siguientes hechos relevantes para la adopción de
la decisión de la controversia:
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Reparación directa - apelación de sentencia
a) En agosto de 2010, el jefe de la Oficina Asesora de Planeación del municipio
de Valledupar (Cesar) solicitó al director general de CORPOCESAR que
expidiera el permiso pertinente para las podas aéreas y de raíz de seis (6)
árboles de especie Aceituna y cuatro (4) árboles de especie Corazón Fino, los
cuales se encontraban plantados en la carrera 12 entre las calles 17, 18, 19,
19D, 25, 27 y 28 de la avenida Pastrana ya que representaban “inminente
peligro para la integridad física de los transeúntes” (fl. 132 cdno. 1); ante esto
CORPOCESAR realizó una visita administrativa el 7 de octubre de 2010 y
concluyó lo siguiente:
“En el recorrido realizado desde la calle 17 hasta la calle 28, sobre la
carrera 12, se inspeccionaron cincuenta y un (51) árboles, los cuales
por su ubicación, por su avanzado estado de desarrollo, por su mal
estado fitosanitario, por su densidad o cercanías unos de otros que los
obliga a un crecimiento acelerado por competencias de espacios, por
inclinación o invasión de la calzada de la vía, haciéndolos
verdaderamente peligrosos para los vehículos y para las
personas que se movilizan por sus alrededores, por lo que se
hace necesaria se realice la erradicación de dieciocho árboles y
la poda de treinta y tres (…)” (fl. 137 cdno. 1 – resalta la Sala).
En la tabla anexa al informe aparece la información detallada de la ubicación
de cada uno de los árboles a intervenir y la actividad a realizar, en la cual se
observa que el árbol identificado como el número 23 ubicado en la carrera 12
no. 19D – 88, de especie Corazón Fino, la actividad a realizar era “erradicar:
daños mecánicos, una rama seca, la buena sobre la vía” (fl. 138 cdno. 1); en
consecuencia, CORPOCESAR, mediante la Resolución no. 184 del 5 de
noviembre de 2010 autorizó al jefe de la Oficina Asesora de Planeación de
dicho municipio la erradicación de seis (6) árboles de especie Aceituno y cuatro
(4) árboles de especie Corazón Fino ubicados en la carrera 12 entre calles 17,
18, 19, 19D, 25, 27 y 28 de la avenida Pastrana “en virtud de estar causando
perjuicio” (fls. 139 a 144 cdno. 1).
b) En consecuencia con lo anterior, en el informe policial de accidentes de
tránsito se consignó lo siguiente: i) los hechos ocurrieron en la carrera 12 con
calle 19D a las 9:00 am del 12 de diciembre de 2013 y el levantamiento se
efectuó media hora después; ii) se trató de un choque contra elemento fijo
(árbol) en área urbana, comercial, en tramo de tramo de vía y en condiciones
climáticas normales; iii) la vía es recta, plana, con andén, doble sentido, dos
calzadas, tres o más carriles, en buen estado, seca, con semáforo operando,
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señal de tránsito de no gire y visibilidad normal; iv) se trató de un vehículo tipo
camión con carrocería furgón conducido por el señor Ricardo Triviño Ruiz,
quien portaba los documentos de tránsito en regla; v) en la descripción de
daños materiales del vehículo se plasmó lo siguiente: “destrucción del retrovisor
lado izquierdo, abolladura del furgón en la esquina lado [ilegible]”; vi) la víctima
mortal en condición de peatón fue el señor Roberto Carlos Orozco Manotas,
quien fue llevado al Hospital Rosario Pumarejo y, vii) en el croquis se observa
el vehículo ubicado paralelo al separador de la vía de la calle 19 D a una
distancia de 0,51 cms por la parte delantera izquierda y a 0,35 cms por la parte
trasera izquierda respecto de aquel (fls. 30 a 32 cdno. 1).
c) Del informe pericial de necropsia rendido por el Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses se resaltan los siguientes aspectos: i)
respecto de los hechos se tuvo en cuenta lo descrito en la inspección del
cadáver realizada por el Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía
Nacional4, según la cual el señor Roberto Carlos Orozco Manotas, cuando se
desplazaba como peatón, recibió un golpe contundente a la altura del tórax con
la rama de un árbol que se desprendió y cayó sobre su cuerpo, quien ingresó
al hospital sin signos vitales y no recibió intervención médica; ii) se determinó
como causa básica de muerte “contundente”, manera de muerte “violenta-
accidental”, mecanismo fisiopatológico de muerte “choque hipovolémico” y se
especificó que “el examen interno documenta trauma torácico, abdominal y
pélvico severo con laceración de grandes vasos torácicos, lo cual explica la
muerte del hombre por choque hipovolémico. Hallazgos que son consistentes
con el acta de inspección técnica a cadáver” (fls. 33 a 37 cdno. 1).
d) En el informe de la inspección judicial realizada al vehículo por parte de la
policía judicial, se anexaron las fotografías tomadas al automotor y la única
afectación que se percibe es que el retrovisor izquierdo está en una posición
anormal, por demás, al vehículo no se le observa ningún golpe o abolladura
(fls. 46 a 49 cdno. 1).
4 Este documento fue aportado al expediente y se corrobora la información (fls. 38 a a 41 cdno.
1).
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Actor: Katerine Milagros Navarro Vergara y otro
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e) En la inspección realizada al árbol por parte de CORPOCESAR el mismo día
de los hechos se determinó lo siguiente:
“SITUACIÓN ENCONTRADA: ya ubicado en la carrera 12, frente a
un establecimiento comercial identificado con la nomenclatura no.
19 D – 88 de la ciudad de Valledupar, donde se pudo constatar [que
se encontró] un árbol de la especie Corazón Fino situado en
espacio público, en el interior del separador de la vía de doble
calzada que existe en ese sector. El árbol tenía aproximadamente una
longitud y diámetro de siete (7m) metros y cero coma cuarenta y cinco
(0,45m) metros respectivamente (…).
Observando el estado fitosanitario del mencionado árbol, se pudo
apreciar que, este presentaba daños mecánicos en la base de su
tallo (sistema radicular) y en la parte interna, consistente en la
podredumbre del duramen o corazón del árbol, notándose que este
se encontraba soportado por pequeñas porciones de fibra vascular
y corteza, este poco soporte, al ser impactado por la carrocería del
vehículo contribuyó a que el árbol se cayera fácilmente, con el
hecho lamentable que este cayó sobre una persona que se
encontraba muy cerca de este, y según la versión de personas que
se encontraban en el sector al momento del accidente, le provocó
la muerte.
CONCLUSIONES: el árbol inspeccionado y evaluado presentaba
un mal estado fitosanitario y no resistió el impacto que le propinó
el vehículo en mención, derribándolo y provocando el lamentable
suceso sobre una persona.
RECOMENDACIONES: que la alcaldía municipal en forma urgente,
inspeccione en las calles y carreras, parques y otros, el estado sanitario
de los árboles ubicados en espacio público y con el acompañamiento
de Corpocesar, bomberos, Interaseo y otras entidades relacionadas se
tomen las medidas pertinentes para evitar estos hechos lamentables,
ya que en la ciudad se encuentran muchos árboles bajo estas mismas
circunstancias” (fls. 52 a 53 cdno. 1 – mayúsculas sostenidas originales
– negrillas de la Sala).
En las fotografías anexadas se observa el árbol recostado sobre el separador
con rotura en su base y a su lado está el camión ubicado de forma paralela al
separador (sin invadirlo) y, por tanto, al árbol (fls. 54 a 55 cdno. 1).
f) El dictamen pericial practicado en este proceso el 23 de julio de 2018 por un
auxiliar de la justicia de profesión ingeniero agrónomo se dictaminó lo siguiente:
“Basados en los informes técnicos de Corpocesar en su época
para este asunto, me permito ratificar técnicamente cada una de
las causas de índole fisiológico y fitosanitario que incurrieron
exactamente en el deterioro mecánico del árbol (platymiscium
plannatum) conocido comúnmente en la región como corazón
fino, afectando el anclaje del árbol en el desarrollo del sistema
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Expediente 20001-23-39-000-2016-00130-01 (67.637)
Actor: Katerine Milagros Navarro Vergara y otro
Reparación directa - apelación de sentencia
radicular, crecimiento y engrosamiento diametral del tallo o
tronco, soporte principal de cualquier árbol y este a su vez de las
ramas, flores y frutos.
En consideración a lo anterior podemos concluir que el árbol
presentaba un grave estado fitosanitario, por falta de labores
culturales permanentes y oportunas entre otras podas, control de
plagas y enfermedades.
Su desarrollo vegetativo no era el normal, motivo por el cual se
convertía en su época, en un peligro latente cada día que
transcurría, por los daños y deterioro mecánico en la corteza del árbol
en su parte basal, sitio por donde se quebró y cayó el árbol con el
consecuente accidente mortal que ocasionó.
Caso contrario con un buen plan de manejo forestal por parte de
la administración, este hecho no hubiese sucedido.
Finalmente revisando estudios forestales por parte de Corpocesar y
publicado en marzo del año 2006, basado en el ‘diagnóstico selectivo
de 1.200 árboles tipo problema’ en la ciudad de Valledupar, con este
estudio técnico se le informa a la administración, la situación grave de
cada uno de estos y el peligro que representa para la ciudadanía y sus
respectivas recomendaciones técnicas, que hasta la fecha no se han
cumplido ni ejecutado, con el consecuente riesgo para la población
que vive en la ciudad de Valledupar” (fls. 227 a 228 cdno. 2 – negrillas
de la Sala).
g) Complementariamente, el perito Rafael Bautista Chaparro Rubiano fue
llamado a rendir declaración en este proceso quien expuso, entre otras cosas,
lo siguiente: i) en la ciudad de Valledupar no se está haciendo nada de
mantenimiento en al arborización, hace un mes o mes y medio se presentó lo
mismo y si la administración municipal no hace nada van a ocurrir más casos;
ii) aclaró que para la práctica del dictamen tuvo en cuenta los estudios técnicos
realizados por funcionarios de CORPOCESAR, los informes del año 2006 y los
informes allegados al proceso, dijo que no hizo visita; iii) “el problema
fitosanitario puede ser de plagas, enfermedades, un daño fisiológico radicular
del sitio donde estaba ubicado el árbol, que de pronto no tuvo los suficientes
fertilizantes, agua etc. para un buen desarrollo y asociado con el problema de
plagas y enfermedades el árbol no se desarrolló normalmente como se han
desarrollado en otras partes, y de ahí su consecuencia de haberse deteriorado
y haberse caído en la forma en que se cayó”; iv) el desarrollo del árbol no fue
normal porque esa especie tiene mucha copa, mucha sombra y el analizado
“se veía raquítico”, no tenía el grosor normal para su edad; v) es muy difícil que
una persona inexperta en el tema sepa que un árbol tiene esos problemas, no
es evidente; vi) el árbol se iba a caer debido al mal estado en que se
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Expediente 20001-23-39-000-2016-00130-01 (67.637)
Actor: Katerine Milagros Navarro Vergara y otro
Reparación directa - apelación de sentencia
encontraba, pues, si no hubiera sido el carro, sino por ejemplo un vendaval, se
hubiera caído.
5) De conformidad con el anterior análisis probatorio la Sala encuentra probado
que el árbol que cayó sobre la humanidad del señor Roberto Carlos Orozco
Manotas el 12 de diciembre de 2013 y que provocó su muerte inmediata estaba
ubicado en el separador de la carrera 12 en el punto de la calle 19D con 18 de
la ciudad de Valledupar (Cesar), árbol que según la visita administrativa
realizada por CORPOCESAR por motivo del accidente, se encontraba en mal
estado fitosanitario.
6) Esa mala condición en la que se encontraba el referido árbol había sido
advertida por el propio municipio, al punto que en el año 2010 (3 años antes del
accidente) solicitó a CORPOCESAR el permiso para podar unos árboles, entre
los cuales se encontraba el que se cayó, porque representaban “inminente
peligro para la integridad física de los transeúntes” y CORPOCESAR, luego de
efectuar la respectiva visita al lugar, concluyó que, entre otras medidas y
acciones a ejecutar, el árbol ubicado en la carrera 12 no. 19D - 88 de especie
Corazón Fino debía ser erradicado en su totalidad por presentar daños
mecánicos y tener ramas sobre la vía, por lo cual autorizó al municipio su
erradicación y la de otros tantos más que representaban un peligro para los
vehículos y transeúntes debido a su mal estado fitosanitario.
7) Lo anterior refleja que, pese al permiso otorgado para su erradicación y el
conocimiento por parte del municipio del mal estado en que se encontraba el
árbol y otros tantos que eran un peligro para los ciudadanos, la entidad no lo
erradicó, omisión que influyó de manera determinante en la muerte del
transeúnte Roberto Carlos Orozco Manotas.
8) En efecto, la Sala encuentra que, aunque inmediatamente ocurrió el impacto
del vehículo con el árbol, este se desplomó, lo cierto es que dos causas
facilitaron su caída (la falta de poda y su mal estado fitosanitario), pues, el
impacto no fue de tal envergadura que, estando en condiciones normales, este
se habría caído, porque el vehículo no impactó el tallo del árbol, pues, este se
encontraba sobre el separador de la vía y el vehículo no se trepó al separador,
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Expediente 20001-23-39-000-2016-00130-01 (67.637)
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Reparación directa - apelación de sentencia
o no hay evidencia de ello, de manera que solo pudo haber impactado con una
de sus ramas que invadía la vía; además, el camión no presentó ninguna
afectación física que evidencie un fuerte choque.
9) Dado que la rotura se dio en la base del tallo del árbol, ello pone en evidencia
la podredumbre de su duramen (corazón del árbol), del que se hizo referencia
en la visita practicada por CORPOCESAR, quien concluyó que por encontrarse
soportado por pequeñas porciones de fibra vascular y corteza no soportó el
impacto del vehículo, es decir, dicha mala condición mecánica en la base de su
tallo (sistema radicular) facilitó su caída, en suma, según la conclusión de dicha
entidad, debido a su mal estado fitosanitario “no resistió el impacto que le
propinó el vehículo”.
10) La anterior conclusión fue corroborada por el ingeniero agrónomo que rindió
el dictamen quien aseguró que “caso contrario con un buen plan de manejo
forestal por parte de la administración, este hecho no hubiese sucedido”,
también explicó que se evidenciaba que el desarrollo del árbol no fue normal
porque la especie Corazón Fino es robusta, característica que no presentaba
el árbol materia de estudio y dijo que su destino era caerse debido a su mal
estado, independientemente del elemento que lo provocara, dictamen pericial
que no fue objeto de tacha ni de objeción en el proceso, por lo cual ofrece
elementos fundados de credibilidad, sumado a los demás elementos de prueba
que obran en el expediente y que corroboran las circunstancias de dicho
dictamen.
11) De cara a las anteriores circunstancias, la Sala encuentra que, por haber
incumplido sus funciones constitucionales y legales el municipio incurrió en una
grave omisión que repercutió de manera determinante en el daño; en efecto, la
Constitución Política establece que el Estado debe velar por la protección de la
integridad del espacio público (artículo 825) y el Decreto 1713 de 2002, por el
cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en relación con la prestación del servicio
público de aseo, prevé que la responsabilidad de la prestación de dicho servicio
es de los municipios y distritos, lo cual se debe hacer sin poner en peligro la
5 “Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público
y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. (…)”.
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Expediente 20001-23-39-000-2016-00130-01 (67.637)
Actor: Katerine Milagros Navarro Vergara y otro
Reparación directa - apelación de sentencia
salud humana (artículo 46).
12) En el artículo 11 de dicho decreto se enumeran los componentes del
servicio público de aseo, dentro de los cuales está la poda de árboles ubicados
en las vías y áreas públicas7; a su turno, el artículo 57 del Decreto 1791 de
1997, por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal,
dispone que cuando se requiera talar o podar árboles aislados localizados en
centros urbanos que por razones de su estado sanitario, entre otras
circunstancias, estén causando perjuicio, se debe solicitar autorización a la
autoridad competente, previa visita técnica (artículo 578); en este caso se
acreditó que el municipio de Valledupar le pidió la autorización a
CORPOCESAR para la tala o erradicación de varios árboles entre los cuales
se encontraba el que ocasionó la muerte de la víctima, por representar
inminente peligro para la integridad física de los transeúntes y dicha
corporación expidió la autorización porque corroboró su mal estado
fitosanitario, sin embargo, el municipio no ejecutó esa labor.
13) En suma, el municipio de Valledupar incumplió su deber de protección y
mantenimiento del espacio público y específicamente de su deber de prestar
el servicio de aseo de poda de árboles ubicados en vía pública, por no haber
erradicado un árbol que se encontraba en pésimas condiciones y que se
convirtió en un riesgo para los transeúntes, o ni siquiera haber podado sus
ramas para que no invadieran la vía, al punto de que fue precisamente el
6 “Artículo 4. Responsabilidad de la prestación del servicio público de aseo. De conformidad
con la ley, es responsabilidad de los municipios y distritos asegurar que se preste a todos sus
habitantes el servicio público de aseo de manera eficiente, sin poner en peligro la salud
humana, ni utilizar procedimientos y métodos que puedan afectar al medio ambiente y, en
particular, sin ocasionar riesgos para los recursos agua, aire y suelo, ni para la fauna o la flora,
o provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar contra los paisajes y lugares
de especial interés”.
7 “Artículo 11. Componentes del servicio público de aseo. Para efectos de este decreto se
consideran como componentes del servicio público de aseo, los siguientes: (…) 3. Barrido y
limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y
áreas públicas, lavado de estas áreas”.
8 “Artículo 57.- Cuando se requiera talar o podar árboles aislados localizados en centros
urbanos que por razones de su ubicación, estado sanitario o daños mecánicos estén causando
perjuicio a la estabilidad de los suelos, a canales de agua, andenes, calles, obras de
infraestructura o edificaciones, se solicitará por escrito autorización, a la autoridad competente,
la cual tramitará la solicitud de inmediato, previa visita realizada por un funcionario competente
técnicamente la necesidad de talar árboles”.
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Expediente 20001-23-39-000-2016-00130-01 (67.637)
Actor: Katerine Milagros Navarro Vergara y otro
Reparación directa - apelación de sentencia
contacto de un vehículo con estas lo que desencadenó su caída, claro está,
debido a sus malas condiciones, pues, no se probó que le vehículo hubiera
impactado de manera directa a su tallo, por lo tanto, se impone concluir que
dicha omisión fue la casusa eficiente del daño y la entidad debe responder
por los perjuicios causados.
14) De conformidad con lo anterior, contrario a lo considerado por el tribunal
de primera instancia, la causa del daño no fue el contacto del vehículo con
el árbol, por cuanto su causa eficiente fue la invasión de una de las ramas
en la vía, pues, en su ausencia, no hubiera existido dicho contacto y,
además, el grave estado fitosanitario del árbol, porque, de lo contrario, es
decir, de haber estado en perfectas condiciones, difícilmente se hubiera
caído con el rozamiento del vehículo.
3. Indemnización de perjuicios
3.1 Perjuicios morales
Por este concepto se pidió la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos
legales mensuales vigentes para cada uno de los demandantes (esposa e hijo
de la víctima directa), a lo cual se accederá por haberse acreditado su
parentesco9, con fundamento en los parámetros fijados por la sentencia de
unificación de la Sección Tercera para casos de muerte de personas10.
9 En el expediente obra el correspondiente registro civil de matrimonio de la víctima con la
demandante y el registro civil de nacimiento de Juan David Orozco Navarro, donde figuran
como sus padres los señores Katerine Milagros Navarro Vergara y Roberto Carlos Orozco
Manotas (fls. 28 y 29 cdno. 1).
10 Consejo de Estado – Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia proferida el 28 de agosto
de 2014, proceso no. 66001-23-31-000-2001-00731-01 (26251), MP Jaime Orlando Santofimio
Gamboa.
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Expediente 20001-23-39-000-2016-00130-01 (67.637)
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Reparación directa - apelación de sentencia
3.2 Perjuicios materiales
3.2.1 Daño emergente
Por este perjuicio se solicitó la suma de mil millones de pesos ($1.000’000.000)
correspondientes a los gastos en que la cónyuge habría incurrido o incurrirá
con ocasión de la muerte de la víctima, sin embargo, estos no fueron probados,
motivo por el cual el perjuicio será denegado.
3.2.2 Lucro cesante
1) Por este perjuicio se reclamó la suma de cuatro mil quinientos quince
millones treinta y ocho mil doscientos sesenta pesos ($4’515.038.260) para
ambos demandantes, supuestamente correspondientes a los ingresos
económicos que dejaron de percibir producto de la actividad de la víctima como
comerciante de material médico quirúrgico, entre otros materiales, y
administrador de vehículos terrestres de carga (vehículos que eran parte del
patrimonio de la sociedad conyugal, según se afirmó en la demanda), lo cual
se demostraría con sus balances contables y declaraciones de renta; para
obtener dicha suma se tomó el promedio de los ingresos de la víctima durante
los tres últimos años fiscales previos a su muerte ($148’520.995), multiplicado
por la esperanza de vida que tenía al momento de su fallecimiento (30,4 años).
2) Al respecto, en el expediente obran las declaraciones de renta del señor
Roberto Carlos Orozco Manotas de los años 2008, 2009 y 2010 en las cuales
se observan las siguientes rentas líquidas gravables: $31’617.000,
$136’.396.000 y $181’199.000, respectivamente (fls. 56 a 58 cdno. 1); en
cuanto a los años 2011 y 2012 no obran declaraciones de renta sino
simplemente unos documentos rotulados como balances generales y
realizados por un supuesto contador público, respecto de los cuales no hay otro
respaldo probatorio y no se encuentran firmados por la víctima, motivos por los
cuales no se los tendrá en cuenta; por otra parte, en el expediente obra el
certificado de la Cámara de Comercio de Barranquilla que da cuenta de su
matrícula mercantil cuya actividad principal era “comercio al por mayor de
productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador” y que era
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Reparación directa - apelación de sentencia
propietario de un establecimiento de comercio identificado como “droguería”
(fls. 65 a 67 cdno. 1).
3) Por otra parte, existe un certificado del 25 de septiembre de 2015 expedido
por la directora de la oficina de Barranquilla de la empresa TANQUES &
CAMIONES SA que da cuenta que la señora Katerine Navarro Vergara les
prestaba sus servicios como transportadora desde enero de 2008 hasta dicha
fecha, con un ingreso promedio mensual de $3’500.000 por concepto de fletes
(fl. 68 cdno. 1); también se observan dos certificados expedidos en septiembre
de 2015 por el gerente de la empresa Comercializadora Nacional SAS Ltda.,
según los cuales la demandante, propietaria de unos vehículos, le prestó sus
servicios especializados de transporte de alimentos a dicha empresa “con
completa autonomía e independencia”, con un vehículo desde el 11 de junio de
2013 hasta el 30 de septiembre de 2014 con una facturación mensual promedio
de $5’291.200 y, con el otro vehículo, desde el 20 de febrero de 2014, con una
facturación mensual promedio de $6’571.309, en el marco de un contrato de
prestación de servicios de transporte “actualmente vigente” (fls. 69 a 70 cdno.
1).
4) Aunque en el interrogatorio de parte practicado en este proceso la
demandante aseguró que cuando su esposo vivía ella no trabajaba porque él
suplía todas las necesidades de la casa, las anteriores pruebas dan cuenta que
ella sí percibía un ingreso mensual desde antes de su fallecimiento, motivo por
el cual el perjuicio será denegado para ella por no haberse demostrado su
ocurrencia.
5) En cuanto al hijo de la víctima, por haber tenido menos de 25 años de edad
cuando su padre falleció, el perjuicio le será reconocido hasta cuando los
cumplirá porque se acreditó que la víctima desarrollaba una actividad
económica; no obstante, los ingresos que percibía al momento de su
fallecimiento (diciembre de 2013) no fueron acreditados, pues, si bien obran
unas declaraciones de renta, estas son de los años 2008 a 2010, lo cual la Sala
considera que es una distancia muy prolongada en el tiempo que no permite
tener certeza de que el fallecido continuaba percibiendo o que fuera a percibir
similares ingresos para la fecha del deceso; por esa razón, para la liquidación
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Reparación directa - apelación de sentencia
se tendrá en cuenta el salario mínimo mensual legal vigente para la fecha de la
presente providencia (el cual resulta ser mayor al vigente para el momento de
los hechos, actualizado), esto es, $1’300.000; a dicha suma se le resta el 25%
que se presume la víctima destinaría para sus gastos personales, en
consecuencia, el salario base de liquidación (Ra) será de $975.000. La Sala
precisa que, cuando ocurrió el accidente, el menor tenía apenas 9 años y 11
meses de edad.
3.2.2.1 Periodo consolidado o vencido
Este periodo corresponde al interregno entre el 12 de diciembre de 2013 (fecha
de ocurrencia de los hechos) y la fecha de esta sentencia (12 de abril de 2024),
con aplicación de la siguiente fórmula de matemáticas financieras:
S= Ra (1 + i)n - 1
i
En donde:
S = Es la indemnización a obtener;
Ra = Es el salario base de liquidación: $975.000;
i= Interés puro o técnico: 0.004867;
n= Número de meses que comprende el período indemnizable: desde el 12
diciembre de 2013 (accidente) hasta el 12 de diciembre de 2024 (fecha de la
presente providencia), el cual equivale a 132 meses.
Entonces:
S = $ 975.000 x (1+ 0.004867)132 - 1
0.004867
S = $ 179’927.520
3.2.2.2 Periodo futuro o anticipado
Este otro periodo comprende el tiempo de cálculo desde la fecha de esta
sentencia (12 de abril de 2024) hasta cuando el joven Juan David Orozco
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Navarro cumplirá los 25 años de edad11, esto es, el 17 de enero de 2029, pues,
en este momento tiene 20 años, dado que nació el 17 de enero de 2004 (fl. 29
cdno. 1), con aplicación de la siguiente fórmula de matemáticas financieras:
S = Ra x (1+ i)n - 1
i (1+ i)n
En donde:
S = Es la indemnización a obtener
Ra = Es el salario base de liquidación: $975.000
I = Interés puro o técnico: 0.004867
n = Número de meses que comprende el período indemnizable: desde la fecha
de esta sentencia (12 de abril de 2024) hasta cuando el demandante cumplirá
los 25 años (17 de enero de 2029), lo cual arroja un total de 57,4 meses.
Entonces:
S = 975.000 x (1+ 0.004867)57,4 - 1
0.004867 (1+ 0.004867)57,4
S = $ 237.144
Sumados los valores de la indemnización debida y futura por concepto de lucro
cesante se obtiene un valor total de ciento ochenta millones ciento sesenta y
cuatro mil seiscientos sesenta y cuatro pesos ($180’164.664), monto que
11 La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha reconocido la presunción
según la cual “los padres contribuyen al sostenimiento económico de sus hijos hasta que estos
alcanzan los 25 años de edad” (sentencia de unificación proferida el 6 de abril de 2018, proceso
no. 05001-23-31-000-2001-03068-01, 46005, MP Danilo Rojas Betancourth).
En igual sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia: “Al respecto, tiene dicho la
Corte que, en tratándose de los descendientes de la víctima, ‘el periodo indemnizable a tener
en cuenta para ellos, se extenderá hasta la edad límite de 25 años, (…), pues de conformidad
con la doctrina de esta Corporación, normalmente a ese momento de la existencia se culmina
la educación superior, y la persona ya se halla en capacidad de valerse por sí misma’ (CSJ, SC
15996 del 29 de noviembre de 2016, Rad. N° 2005-00488-01)” (Corte Suprema de Justicia –
Sala de Casación Civil, sentencia proferida el 7 de febrero de 2022, proceso no. 73001-31-03-
006-2008-00283-01, MP Álvaro Fernando García Restrepo).
Así también lo interpretó la Corte Constitucional cuando analizó la exequibilidad de la norma
relativa a la pensión de sobrevivientes (literal c del artículo 47 de la Ley 797 de 2003), criterio
reiterado posteriormente: “en el marco de su libertad de configuración, consideró prudente el
legislador y que ha sido respaldada por esta Corporación, en varios pronunciamientos, a partir
de lo consignado en la Sentencia C-451 de 2005, donde el Tribunal estimó que la condición de
dependiente por motivo de estudios no podía ‘prolongarse indefinidamente en el tiempo’ en
tanto, cumplidos los 25 años, era posible suponer, que el hijo mayor de edad habría alcanzado
‘un nivel de capacitación suficiente para trabajar y procurarse su propio sustento’ (Sentencia
SU-543/2019, MP Luis Guillermo Guerrero Pérez).
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Actor: Katerine Milagros Navarro Vergara y otro
Reparación directa - apelación de sentencia
deberá ser pagado al joven Juan David Orozco Navarro por parte del municipio
de Valledupar.
4. Conclusión
Por haberse acreditado que la muerte del señor Roberto Carlos Orozco
Manotas fue ocasionada por una grave omisión del municipio del Valledupar,
se impone declararla responsable de dicho daño antijurídico ocasionado su
esposa e hijo (demandantes en este proceso) y condenarlo al pago de los
respectivos perjuicios.
5. Condena en costas
La condena en costas es procedente de acuerdo con el numeral 1 del artículo
365 del CGP, porque la parte demandada fue vencida en el proceso, para lo
cual el tribunal de origen liquidará la condena en costas de manera
concentrada, según lo previsto en el artículo 366 del CGP; para la fijación de
las agencias en derecho en la segunda instancia se tienen en cuenta los
criterios y topes establecidos en el artículo tercero del Acuerdo no. 1887 de
2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por lo
tanto, como la parte actora estuvo representada por apoderado, quien presentó
el recurso de apelación y alegatos de conclusión en esta instancia, por
concepto de agencias en derecho le corresponde seis salarios mínimos legales
mensuales vigentes (6 SMLMV) a cargo del municipio de Valledupar.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN
B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Revócase la sentencia proferida el 12 de marzo de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Cesar y, en su lugar, dispónese:
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Actor: Katerine Milagros Navarro Vergara y otro
Reparación directa - apelación de sentencia
“PRIMERO: Declárase la responsabilidad patrimonial
extracontractual del municipio de Valledupar (Cesar) por la muerte
del señor Roberto Carlos Orozco Manotas en hechos ocurridos el 12
de diciembre de 2013.
SEGUNDO: Condénase al municipio de Valledupar a pagar, por
concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas equivalente en
salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor de los
demandantes, así:
Demandante SMLMV
Katerine Milagros Navarro Vergara (cónyuge) 100
Juan David Orozco Navarro (hijo) 100
TERCERO: Condénase al municipio de Valledupar a pagar al joven
Juan David Orozco Navarro la suma de ciento ochenta millones ciento
sesenta y cuatro mil seiscientos sesenta y cuatro pesos
($180’164.664), como indemnización por el daño material padecido,
en la modalidad de lucro cesante.
CUARTO: Deniéganse las demás pretensiones de la demanda”.
2°) Condénase al municipio de Valledupar a pagar a la parte actora las costas
que se hubieren causado en esta instancia, las cuales serán liquidadas por el
tribunal de origen; inclúyase la suma de seis salarios mínimos legales
mensuales vigentes (6 SMLMV) por concepto de agencias en derecho en
segunda instancia en favor de la parte demandante.
3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las respectivas constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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