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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-39-000-2016-00160-01

Fecha
18 de julio de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-39-000-2016-00160-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: 1º) Confírmase la sentencia del 29 de agosto de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar que declaró probada la excepción de caducidad del medio de control jurisdiccional ejercido. 15 Expediente 20001-23-39-000-2016-00160-00 (71.930) Actor: Hernando Elías Dangond Lozano y otros Acción de grupo - apelación sentencia 2º) Condénase en costas a la parte demandante; tásense de manera concentrada por el tribunal de primera instancia. 3º) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 20001-23-39-000-2016-00160-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

18 de julio de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA–SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 20001-23-39-000-2016-00160-00 (71.930)
Demandante: HERNANDO ELÍAS DANGOND LOZANO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE Y OTROS
Medio de control: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DE
PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO DE
PERSONAS
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - CADUCIDAD DEL MEDIO
DE CONTROL JURISDICCIONAL

Síntesis del caso: el grupo demandante pide que se declare la responsabilidad patrimonial
extracontractual de las entidades demandadas por el daño consistente en la imposibilidad de
realizar actividades de pesca para su subsistencia, con ocasión de la contaminación del río
Cesar. El tribunal de primera instancia declaró probada de oficio la excepción de caducidad
del medio de control jurisdiccional, pues, en su criterio, tanto el hecho dañoso como el daño
se produjeron desde 1996 y la demanda se presentó el 5 de abril de 2016; la parte actora,
inconforme con la decisión, apela para que se revoque la sentencia y se declare la
responsabilidad de las entidades demandadas, para lo cual aduce que debe darse aplicación
al artículo 47 de la Ley 472 de 1998 y, por lo tanto, que en este caso la acción vulnerante no
ha cesado.

Temas: medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo – caducidad del
medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo – contaminación de un río
– cómputo del término de caducidad – la normativa aplicable es la contenida en el CPACA.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (índice
84 SAMAI, primera instancia) en contra de la sentencia proferida el 29 de agosto de
2024 por el Tribunal Administrativo del Cesar (índice 81 SAMAI, primera instancia )
en la cual se resolvió:

“FALLA:

PRIMERO. DECLARAR la caducidad del medio de control de reparación
de perjuicios causados a un grupo, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.

SEGUNDO. Sin condena en costas.

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Expediente 20001-23-39-000-2016-00160-00 (71.930)
Actor: Hernando Elías Dangond Lozano y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

TERCERO. En firme esta providencia, archívese el expediente” (índice 81
SAMAI, primera instancia – negrillas y mayúsculas sostenidas del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 5 de abril de 2016, el señor Hernando Elías Dangond
Lozano y otros presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación
de los perjuicios causados a un grupo de personas regulada en los artículos 48 de la
Ley 472 de 1998 y 145 del CPACA (índice 91 SAMAI, primera instancia) para que se
declare la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, departamento del Cesar, el municipio de Valledupar, la Corporación
Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) y la Empresa de Servicios Públicos de
Valledupar SA ESP (Emdupar) y, por lo tanto, se acceda a las siguientes
pretensiones:

“PRIMERA. Se protejan los derechos colectivos e interés de la comunidad
de pescadores de los municipios rivereños al río Cesar, específicamente
los de la zona de los municipios de Valledupar, La Paz, San Diego, Agustín
Codazzi, Astrea, Chiriguaná y Chimichagua y en varios corregimientos
como los de Aguas Blancas, Los Brasiles, Los Calabazos, Guacoche, entre
otros, consistente en un ambiente sano (sic).

SEGUNDA. Solicitamos se declare responsable a (…) de la totalidad de
lso perjuicios morales, de vida de relación y materiales (patrimoniales) que
han venido padeciendo la comunidad de pescadores de los municipios
aledaños a la zona ribereña del río Cesar en este proceso y los otros
miembros del grupo del que hacen parte, a raíz de la contaminación del río
Cesar por parte de las entidades antes mencionadas, en la acción y
omisión del deber constitucional de la salud, el trabajo y la vida digna como
comunidad pesquera, también el desplazamiento forzado del que fueron
objetos, y que la contaminación del río Cesar ocasionó daños tanto
patrimoniales, al espacio ambiental, la seguridad y la salubridad pública, la
moral administrativa, el ambiente sano, el libre desarrollo de la pesca, la
competencia económica y responsables por omitir medidas necesarias
frente al perjuicio ocasionado al medio ambiente y a la salud de la
comunidad de pescadores de los municipios de la zona rivereña del río
Cesar.

TERCERO. Ordenar al departamento del Cesar, a la Corporación
Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), al municipio de Valledupar y a
la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar SA ESP (Emdupar):

a. La reubicación de la planta de tratamiento para las aguas residuales
del municipio de Valledupar, dentro de un plazo no mayor a un año,
contado a partir del momento en que se profiera sentencia.
b. Trasladar la planta de tratamiento a terrenos que sean referidos en
estudios adelantados por Corpocesar, no en un plazo superior a seis

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Actor: Hernando Elías Dangond Lozano y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

meses, contados a partir de la expedición de la sentencia.
c. Para el cumplimiento de los numerales anteriores ordenar a la
Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar) que en
cumplimiento de los artículos 176 y 177 del CCA, realice las
apropiaciones presupuestales correspondientes, de acuerdo con el
artículo 45 de la Ley 998 de 1993 (…).
d. En caso de imprevistos por los estudios técnicos, estos serán a costa y
a cargo del municipio de Valledupar, el cual, además, deberá correr
con los costos atenientes al mantenimiento y administración de la
nueva obra, de la misma forma que en lo pertinente respecto del
desmantelamiento y saneamiento del área donde actualmente se
encuentra la obra.
e. Realizar las obras y actividades necesarias tendientes a reparar las
condiciones normales del medio ambiente.
f. Para el cumplimiento de los puntos anteriores, ordénese la integración
de un comité honorario de seguimiento (…).

CUARTA. Solicitamos que se oficie a Fenalco y a la Cámara de Comercio
de Valledupar realizar las encuestas y los estudios correspondientes a los
efectos económicos en la comunidad de pescadores por dejar
forzadamente la práctica de la pesca artesanal y comercializar los
productos extraídos del río Cesar, que era su medio de sustento,
resultados que deben ser presentados para tomarlos como medio
probatorio para las pérdidas de los pescadores (…).

QUINTO. Como consecuencia de la declaración anterior, condénese a (…)
a pagarle a los demandantes lo siguiente:

1. A cada núcleo familiar de la comunidad de afectados con los hechos
expuestos y que a consecuencia de estos tuvieron que desplazarse
forzadamente internamente a otros sectores en busca de otro medio de
sustento para sus familias, por concepto de daño moral cien (100)
salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada núcleo familiar
de pescadores, esto causado por la contaminación del río Cesar, que
les ha producido angustia, tristeza, depresión, situaciones degradantes
y humillantes que generaron estrés, baja en la autoestima, sufrimiento
moral por la situación de pánico colectivo de no tener sustento diario, el
rechazo al producto en venta el consumidor, la pérdida de su fuente de
sustento y empleo, los focos de enfermedades en la piel y diarreicas
(…).
2. Reparar integralmente los daños materiales padecidos y que seguirán
padeciendo los miembros del grupo accionante en la cuantía que
resulte de las bases demostradas en el curso del proceso (…)
3. A cada núcleo de familia del grupo de pescadores por perjuicio de
alteración a las condiciones de existencia, cien (100) salarios mínimos
legales mensuales vigentes” (índice 91 SAMAI, primera instancia -
negrillas y subrayado del original).

2. Los hechos

Como fundamento de las pretensiones la parte demandante expuso, en síntesis, lo
siguiente:

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Actor: Hernando Elías Dangond Lozano y otros
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1) Aproximadamente en el año 1983 se construyó la planta “Tarullal” para atender el
tratamiento de las aguas residuales y de alcantarillado en el municipio de Valledupar
(Cesar); no obstante, en 1993, diez años después, la población se duplicó,
circunstancia por la cual fue necesaria la instalación de otra planta de tratamiento
denominada “Salguero”.

2) El agua residual se conduce directamente al sistema lagunar sin quitarle ni
siquiera los residuos más gruesos, razón por la cual los vertimientos de las lagunas
de oxidación van a parar, finalmente, al río Guatapurí y al río Cesar, por ser el
primero uno de los afluentes del segundo; efectivamente, el 80% de la contaminación
que afecta al río Cesar proviene de la laguna de oxidación de las plantas Tarullal y
Salguero, lo cual ha generado daños y perjuicios a la comunidad de familias que
dependen económicamente de la pesca, puesto que “todas estas familias están
siendo afectadas por el vertimiento de aguas residuales desde hace más de 10 años,
situación que ha empeorado en las últimas anualidades debido a la mayor
contaminación (…) obligándolos a desplazarse forzadamente a otros sectores en
busca de otro medio de sustento para sus familias, alterando sus condiciones de
existencia” (hecho 1.9 demanda – índice 91 SAMAI, primera instancia).

3) Para el mes de febrero de 1997, la Corporación Autónoma Regional del Cesar
(Corpocesar) ya le pedía a la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar SA ESP
(Emdupar) corregir las fallas en el manejo de las aguas residuales, causa principal de
la contaminación del río Cesar.

4) Finalmente, mediante Resolución 0170 del 9 de marzo de 2015 Corpocesar
declaró la emergencia ambiental en la cuenca media y baja del río Cesar con
fundamento en los estudios y análisis realizados en las cuencas media y baja del río.

Como fundamentos jurídicos, la parte demandante invocó el artículo 25 de la
Constitución Política, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la
Ley 142 de 1994 y la Ley 99 de 1993; indicó que los hechos alegados vulneran los
derechos colectivos al medio ambiente, a la salubridad pública, el acceso a una
infraestructura de servicios públicos, al trabajo, a la libre escogencia de profesión u
oficio y a la prestación de los servicios públicos de forma eficiente y oportuna.

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Actor: Hernando Elías Dangond Lozano y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

3. El trámite inicial y las contestaciones de la demanda

1) Mediante auto del 30 de junio de 2016, el Tribunal Administrativo del Cesar
admitió la demanda y ordenó su notificación a las demandadas y al Ministerio
Público.

2) El municipio de Valledupar contestó la demanda para oponerse a las súplicas
formuladas, adujo que no está legitimado materialmente en la causa por pasiva por
cuanto no ha causado daño alguno al grupo demandante (índice 92 SAMAI, primera
instancia).

2) El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por su parte, impugnó el libelo
petitorio para lo cual propuso las excepciones de “ausencia de nexo causal”, “falta de
legitimación en la causa por pasiva” y, “ausencia de daño y de responsabilidad”
(índice 92 SAMAI, primera instancia); manifestó que el daño reclamado encuentra
fundamento en el mal funcionamiento de las plantas de aguas residuales del
municipio de Valledupar, de allí que sea atribuible, única y exclusivamente, a la
Empresa de Servicios Públicos de Valledupar SA ESP (Emdupar).

3) En similar sentido, el departamento del Cesar se opuso a las pretensiones de la
demanda con fundamento en las excepciones de “falta de legitimación en la causa
por pasiva”, “caducidad del medio de control” e “inexistencia de demostración de
daños” (índice 92 SAMAI, primera instancia), para lo cual afirmó que no es la entidad
encargada de adoptar medidas para la adecuación de las lagunas de oxidación que
contaminan el río Cesar; además, alegó que la demanda se presentó de manera
extemporánea por cuanto los actores reconocieron, expresamente, que el daño
ocurrió desde varios lustros atrás, motivo por el cual aquella se radicó por fuera del
término fijado en el literal h) del numeral 2) del artículo 164 del CPACA.

4) La entidad de protección ambiental demandada, Corpocesar, controvirtió las
súplicas de la demanda (índice 92 SAMAI, primera instancia), con apoyo en señalar
que el daño que reclama el grupo demandante no tiene origen en los vertimientos
que descargan las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), sino en la
reducción significativa del caudal que con el paso de los años ha sido diagnosticado;
en efecto, “recuperar esta arteria hídrica no será fácil, no en corto tiempo, dado que
su degradación viene desde los años 70 cuando de forma indiscriminada se

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Actor: Hernando Elías Dangond Lozano y otros
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comenzó a talar los bosques protectores de nacederos de agua (manantiales)
humedales y de las corrientes marítimas por parte de diferentes actores que hoy
seguramente también están padeciendo la falta de agua. La falta de agua en río es
atribuible a tantos factores como actores, que la misma dinámica del desarrollo social
y económico han permitido” (fl. 333 índice 92 SAMAI, primera instancia).

5) Por último, la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar SA ESP (Emdupar)
solicitó que no se amparen los derechos colectivos invocados por el grupo
demandante (índice 92 SAMAI, primera instancia), sobre la base de considerar que
el sistema de aguas residuales Tarullal no realiza vertimientos al río Cesar; de igual
manera, adujo que no se están incumpliendo los límites normativos para el
vertimiento de aguas residuales, razón por la cual no es la causante de la
declaratoria de emergencia debido a que “los altos niveles de concentración de
materia orgánica en el agua, al igual que los valores de probaciones de bacterias
fecales, obedecen a un incumplimiento en los límites de contaminación permisibles
para el vertimiento de aguas residuales por causas extrañas y que escapan a las
competencias de la empresa, tales como la fuerte sequía que afectó al país;
finalmente, la sociedad demandada propuso la excepción de caducidad del medio de
control judicial ya que, desde hace más de veinte (20) años se desarrolla un sistema
de vertimiento de aguas residuales en el río, de allí que se ha acudido a la
administración de justicia en forma abiertamente extemporánea.

4. La sentencia de primera instancia

El 29 de agosto de 2024 el Tribunal Administrativo del Cesar (índice 81 SAMAI,
primera instancia) declaró probada la excepción de “caducidad” del medio de control
jurisdiccional, con fundamento en el siguiente razonamiento:

1) De acuerdo con la norma y la jurisprudencia aplicables el factor determinante para
contabilizar el término de caducidad es desde el día siguiente al de causación del
daño; sin embargo, el Consejo de Estado ha explicado que en ciertos supuestos
dicho término solo inicia su cómputo desde el momento en que los demandantes
tuvieron conocimiento o debieron tenerlo sobre la existencia del daño.

2) En lo que respecta concretamente al cómputo de la caducidad en aquellos
eventos en los cuales el daño que se alega tiene como causa un impacto ambiental,

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el Consejo de Estado ha precisado que lo relevante en estas hipótesis es el
momento en que resultan perceptibles las consecuencias materiales que el
fenómeno de la contaminación puede producir.

3) En este caso concreto, la parte actora estima que el término de caducidad debe
computarse a partir del día siguiente a la expedición de la Resolución no. 170 del 9
de marzo de 2015 proferida por Corpocesar, mediante la cual se declaró la
emergencia ambiental en las cuencas media y baja del río Cesar; por otra parte,
algunas de las entidades demandadas sostienen que el término de dos años inició a
computarse a partir del conocimiento del daño, esto es, cuando el grupo
demandante, integrado por pescadores de la región y sus grupos familiares, dejaron
de obtener peces del afluente hídrico, lo cual, según los propios hechos de la
demanda, ocurrió hace más de 5 años atrás.

4) No se desconoce que la afectación por causa de las consecuencias nocivas de la
contaminación o impacto ambiental puede ser paulatina y agravarse con el tiempo,
pero, tal premisa no puede confundirse con un daño continuado que prolongue,
altere o impida la configuración del fenómeno procesal de la caducidad del medio de
control jurisdiccional, tanto así que en un asunto con supuestos fácticos muy
similares a los debatidos en este caso concreto, la Sección Tercera del Consejo de
Estado declaró la caducidad del medio de control judicial de reparación de perjuicios
causados a un grupo por los daños derivados de la disminución de peces en la
ciénaga Mallorquín, con fundamento en considerar que “a pesar de lo dicho, fue
hasta 2014 cuando los demandantes decidieron interponer la presente demanda, a
pesar de que desde 2005 la reducción de las especies acuáticas era plenamente
conocida por el gremio de pescadores”.

5) De la demanda y de las pruebas allegadas con la misma se puede concluir que los
integrantes del grupo demandante son contestes en manifestar que con la puesta en
marcha de la planta de aguas residuales Tarullal y Salguero se alteró negativamente
la realización de actividades de pesca, al punto que reconocieron que llevan 15 años
sin pescar, circunstancia por la cual el medio de control judicial presentado el 5 de
abril de 2016 es extemporáneo.

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7. El recurso de apelación

Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación
(índice 84 SAMAI, primera instancia) el cual fue concedido mediante auto de 12 de
septiembre de 2024 (índice 86 SAMAI, primera instancia) y admitido por esta
Corporación en providencia del 12 de febrero de 2025 (índice 4 SAMAI); los
fundamentos de la impugnación son los siguientes:

1) De acuerdo con el artículo 47 de la Ley 472 de 1998, el término de caducidad del
medio de control judicial debe computarse desde que cesó la acción vulnerante, en
aquellos eventos de daños continuados o que se prolongan en el tiempo, como
ocurre en este caso concreto en tanto que la contaminación persiste a la fecha.

2) La contaminación de las cuencas alta y media del río Cesar se conoció con la
declaratoria de la emergencia ambiental y sanitaria del río Cesar a través de la
Resolución no. 0170 de 2015 de Corpocesar, producto de una investigación científica
que adelantaron esa entidad en cooperación con el Ministerio del Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible y la Universidad del Atlántico.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el presente asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) síntesis de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) caducidad del medio de control jurisdiccional de reparación de
perjuicios causados a un grupo de personas, 3) conclusión, y 4) condena en costas.

1. Síntesis de la controversia y anuncio de la decisión

El contenido y alcance de la controversia planteada consiste en determinar, en este
caso concreto, si operó la caducidad del medio de control de reparación de perjuicios
causados a un grupo de personas, tal como lo concluyó el tribunal de primera
instancia o, por el contrario, si el mencionado término solo inició su cómputo el 9 de
marzo de 2015, en los términos que aduce la parte actora, con la expedición de la
Resolución no. 0170 de 2015 de Corpocesar que declaró la emergencia ambiental y
sanitaria por la contaminación del río Cesar.

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Actor: Hernando Elías Dangond Lozano y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

La sentencia de primera instancia será confirmada, porque (i) el medio de control
judicial de perjuicios causados a un grupo de personas está sometido a los términos
de caducidad establecidos en la Ley 1437 de 2011 (CPACA) y, (ii) el artículo 47 de la
Ley 472 de 1998 fue subrogado por el literal h) del numeral 2 del artículo 164 de la
Ley 1437 de 2011 (CPACA), motivo por el cual no es posible iniciar el cómputo del
término de caducidad desde que cesó la acción vulnerante, sino a partir del momento
de producción del daño o desde que el grupo demandante tuvo conocimiento o debió
tenerlo del mismo.

Es particularmente relevante advertir que, si bien la primera pretensión de la
demanda se dirige a la protección de derechos colectivos por la contaminación del
río Cesar, lo hace como génesis o base de la indemnización que se pretende o
persigue con fundamento en el ejercicio del medio de control de reparación de
perjuicios causados a un grupo de personas, de allí que en este caso concreto no se
procura la protección o el amparo de derechos e intereses colectivos, los cuales ni
siquiera fueron indicados o precisados en la demanda ni tampoco la cesación de un
daño ambiental, aspectos que desbordan por completo el litigio fijado en este asunto
específico y que son propios de otro medio de control jurisdiccional consistente en la
protección de derechos e intereses colectivos, aunado al hecho de que en el recurso
de apelación los reparos concretos quedaron circunscritos o limitados al tema de si
operó o no la caducidad del medio de control judicial, sin que se mencionara la
supuesta falta de amparo de derechos colectivos.

2. Caducidad del medio de control jurisdiccional de reparación de perjuicios
causados a un grupo de personas

1) La caducidad es la consecuencia que consagra la ley por el ejercicio tardío del
derecho de acción debido a la desatención de los plazos y términos definidos en
el ordenamiento jurídico para la presentación oportuna de la correspondiente
demanda, además, se trata de un presupuesto procesal que puede ser declarado
incluso de oficio.

Para casos como el presente, la norma de caducidad aplicable es la contenida en
el literal h) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA según
la cual:

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Actor: Hernando Elías Dangond Lozano y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

“La demanda deberá ser presentada:

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

h) Cuando se pretenda la declaratoria de responsabilidad y el
reconocimiento y pago de indemnización de los perjuicios causados a
un grupo, la demanda deberá promoverse dentro de los dos (2) años
siguientes a la fecha en que se causó el daño. Sin embargo, si el daño
causado al grupo proviene de un acto administrativo y se pretende la
nulidad del mismo, la demanda con tal solicitud deberá presentarse dentro
del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la
comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo”
(negrillas adicionales).

La Corte Constitucional puntualizó que el legislador se encuentra facultado para
establecer un plazo de caducidad para las acciones de grupo porque en estas se
persigue la reparación de derechos subjetivos -o colectivos con impacto o incidencia
patrimonial individual- y, por consiguiente, resulta razonable fijar un término
adecuado y prudencial para acudir a la administración de justicia en aras de la
seguridad jurídica:

“En el caso de la caducidad para la instauración de la acción de grupo, se
está frente a circunstancias diferentes a las que se protegen mediante la
acción popular, toda vez que es evidente que se refiere a derechos de
distinta entidad, pues se trata de derechos subjetivos que si bien
pertenecen a un conjunto de personas, aquellos pueden ser también objeto
de acciones individuales para el resarcimiento que corresponda a cada una
de ellas. La garantía constitucional se reduce entonces, a la alternativa de
acudir a un mecanismo ágil de defensa en un lapso prudencial, sin que con
ello se elimine la posibilidad para los miembros de ese grupo, de ejercer
posteriormente y dentro de los términos ordinarios de caducidad, las
acciones individuales que correspondan. Por consiguiente, la fijación de un
término de caducidad para ejercer la acción de grupo encuentra pleno
sustento en la defensa de la seguridad jurídica, el interés general y la
eficacia de la administración justicia y en el deber consagrado en el artículo
95-7 de la Constitución de colaborar con el buen funcionamiento de la
misma”1.

En esa perspectiva, salvo que se trate de una acción de grupo en que se
controvierta un acto administrativo -hipótesis que tiene una regulación específica-,
el término de caducidad de este medio de control es de dos (2) años contados a
partir de la fecha en que se causó el daño o se tuvo conocimiento de este.

1 Corte Constitucional, sentencia C-215 de 1999, MP (E) Martha Victoria Sáchica de Moncaleano. En

idéntico sentido y ya en vigencia del CPACA consultar: sentencia T-869 de 2014, MP Jorge Pretelt
Chaljub.

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Expediente 20001-23-39-000-2016-00160-00 (71.930)
Actor: Hernando Elías Dangond Lozano y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

2) De otra parte, es especialmente relevante advertir que esta misma Sala, en
providencia del 26 de enero de 20222, precisó lo siguiente en relación con la
aplicación del artículo 47 de la Ley 472 de 1998 en vigencia de la Ley 1437 de 2011
(CPACA):

“Es importante precisar que las leyes procesales son de orden público
y de aplicación inmediata, por tal razón, a la presente controversia le
es aplicable el término de caducidad previsto en el literal h) del
numeral 2 del artículo 164 del CPACA que derogó tácitamente el
artículo 47 de la Ley 472 de 1998 que preveía: ‘Sin perjuicio de la acción
individual que corresponda por la indemnización de perjuicios, la acción de
grupo deberá promoverse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha
en que se causó el daño o cesó la acción vulnerante causante del mismo’”
(destaca la Sala).

En ese orden de ideas, no le asiste razón a la parte actora en cuanto solicita la
aplicación del derogado o subrogado artículo 47 de la Ley 472 de 1998 que preveía
que el término de caducidad iniciaba su cómputo a partir del momento en que cesaba
la acción vulnerante; contrario sensu, el literal h) del numeral 2 del artículo 164 de la
Ley 1437 de 2011 (CPACA) determina, expresa e inequívocamente, que la
contabilización de los dos (2) años del término de caducidad del medio de control de
judicial de reparación de perjuicios causados a un grupo de personas inicia, se
reitera, a partir del día siguiente al de causación del daño o en el momento en que se
tuvo conocimiento o debió conocerse el mismo.

3) En ese contexto normativo, la parte actora contaba con dos (2) años a partir de la
fecha de causación o del conocimiento del daño, lo que hubiera ocurrido primero,
para interponer el medio de control jurisdiccional con fines de reparación patrimonial,
lo cual aconteció, al menos, diez (10) años antes de la presentación de la demanda,
tal como se admitió explícitamente en ese memorial y en las declaraciones allegadas
con el mismo.

Sobre la materia, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha
puntualizado3:

“Como se aprecia, la caducidad del medio de control ejercido en procura de
la reparación de daños causados por la contaminación o impacto

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 26 de enero de 2022, expediente no. 44001-23-33-002-2015-00018-00, MP Fredy Ibarra
Martínez, sin votos disidentes ni aclaraciones.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 6 de julio de 2022, expediente 65.677, MP Marta Nubia Velásquez Rico.

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Expediente 20001-23-39-000-2016-00160-00 (71.930)
Actor: Hernando Elías Dangond Lozano y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

ambiental, -lo que bajo los mismos supuestos puede hacerse extensivo al
de reparación de perjuicios causados a un grupo-, comporta cierto grado de
dificultad de cara a las causas que se identifican como determinantes de
esa situación y a las distintas manifestaciones que pueden tener lugar en
relación con los efectos adversos que de allí emanan.

En esa línea, es necesario contar con los elementos probatorios suficientes
para establecer los supuestos a los que debe atender su cómputo, lo que
en veces hace que la decisión sobre este presupuesto se difiera a la
sentencia, ante la inviabilidad de adoptar una posición definitiva acerca de
este fenómeno desde la admisión de la demanda.

Cabe agregar que, a pesar de que el impacto ambiental puede generar
un daño con vocación de continuidad, no por ello la oportunidad para
reclamar la reparación de los perjuicios que de allí se derivan puede
extenderse de manera indefinida.

En ese sentido, para efectos de situar la fecha inicial del cómputo de
la caducidad resultará necesario establecer el momento a partir del
cual para los afectados se hicieron evidentes las consecuencias
nocivas de esa contaminación y sobre cuya base edifican la
causación del daño alegado.

Es de importancia igualmente identificar la época en que se produce
el daño y diferenciarla de la agravación de sus efectos, pues el
acaecimiento de esta última circunstancia no desplazará en el tiempo
el término para acudir a la jurisdicción a reclamar su reparación.

(…) Así las cosas, la Sala concluye que tras el desvío del río Sogamoso -
enero de 2011- se hizo evidente para el grupo actor la alteración nociva en
la ejecución de actividades de extracción de arena y piedra de esa corriente
fluvial que hasta antes de ese suceso adelantaban sin mayor inconveniente
y que a partir de entonces, según sus afirmaciones, determinó la
disminución de sus ingresos y aparejó, en muchos casos, que dejaran de
realizar esas actividades por no reportarles provecho económico.

Por lo expuesto, el cómputo del término de caducidad en este supuesto se
situó al mes siguiente del desvío del río Sogamoso –febrero de 2011-, por
lo que el límite máximo para interponer el medio de control de reparación
de perjuicios causados a un grupo venció en febrero de 2013. Al haberse
formulado la demanda el 2 de junio de 2016, propio es colegir que cuando
se ejerció, ya había caducado el medio de control impetrado” (resalta la
Sala).

4) Esa misma Subsección razonó de la siguiente manera en un proceso con
supuestos fácticos similares a los que se analizan en este caso concreto4:

“En 2005, al analizar los sedimentos de la ciénaga de Mallorquín y los
efectos que sobre ellos ha generado el inadecuado tratamiento de aguas
servidas, los expertos hallaron distintos metales y formas químicas que
incidieron de manera directa en la baja diversidad de los
macroinvertebrados bentónicos, tales como insectos, moluscos, crustáceos

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 20 de noviembre de 2020, expediente no. 63.227, MP Marta Nubia Velásquez Rico.

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Expediente 20001-23-39-000-2016-00160-00 (71.930)
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y anélidos5, lo que, a su turno, afectaba de manera negativa la producción
pesquera, en razón de la reducción de las especies encontradas en el
cuerpo de agua.

Es claro así que, al menos desde 2005 ya era latente la difícil situación que
atravesaba el ecosistema acuático y que consistía en la notable reducción
de las especies dominantes en la ciénaga de Mallorquín, de tal suerte que
eran palmarios los efectos que la alegada contaminación ambiental estaba
desencadenando en la actividad pesquera desde entonces y en lo
sucesivo, por cuanto la producción de especies estaba notablemente
mermada.

El hecho de que en septiembre y agosto de 2012 se hubieran publicado
noticias en los medios de comunicación locales acerca de “la agonía de la
ciénaga de Mallorquín” y la creciente mortandad de los peces, circunstancia
que aun cuando puede hallar coincidencia con los demás elementos de
prueba analizados en precedencia en cuanto ese cuerpo de agua desde
hace años sufre de contaminación y se ha producido disminución en las
especies acuáticas y muerte de los peces, permite considerar que en
realidad el fenómeno documentado en los medios de comunicación no
comportaría como tal la ocurrencia del daño, sino la agravación de sus
efectos”.

5) En ese entendimiento, la Sala advierte que el medio de control jurisdiccional de
reparación de perjuicios causados a un grupo de personas fue ejercido por los
actores de forma extemporánea, dado que el daño no reviste la connotación de
continuado, en tanto que, en la actualidad, no se produce día a día o de manera
permanente, por cuanto la disminución de los pejes es un fenómeno que se
materializó hace varios lustros atrás y simplemente se ha visto agravado con el paso
del tiempo, afectación que, por cierto, el propio grupo demandante reconoce como
configurado hace más de diez (10) años en consonancia con lo precisado por
Corpocesar en el escrito de contestación de la demanda, documento en el cual se
indicó que la degradación del río Cesar tiene génesis en varios factores que se han
advertido desde hace varias décadas.

Una posición contraria haría inoperante el término de caducidad e inaplicable lo
dispuesto clara y expresamente en el literal h) del numeral 2 del artículo 164 de la
Ley 1437 de 2011 (CPACA), porque la norma no vincula el término de caducidad a la
cesación de la acción u omisión vulnerante sino, a la producción del daño y/o a su
conocimiento, lo que ocurra primero, sin que pueda, en modo alguno, quedar el plazo
de caducidad sometido “ad libitum”, o al libre albedrío de la parte interesada, pues,
las normas procesales y entre estas las que fijan el término de caducidad son de
5 Según el estudio “Formas Químicas de los Metales Pesados y su Relación con los
Macroinvertebrados Bentónicos Asociados al Sedimento Superficial de la Ciénaga de Mallorquín”,
estas son las especies de macroinvertebrados bentónicos cuya baja diversidad inciden en la
producción pesquera. Folios 1.226 a 1.241 del cuaderno 5.

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orden público y, por lo tanto, de perentorio cumplimiento, por lo que no pueden ser
desatendidas por las partes y menos por el juez, como puntualmente lo dispone el
artículo 13 del Código General del Proceso, en cuya debida observancia están
sustancialmente comprometidos el respeto y la garantía del derecho constitucional
fundamental del debido proceso (artículo 29 CP).

3. Conclusión

No prospera el recurso de apelación debido a que inequívocamente se encuentra
demostrado que el medio de control jurisdiccional de perjuicios causados a un grupo
de personas fue presentado de forma abiertamente extemporánea, huelga decir, por
fuera de los plazos preclusivos previstos por el legislador y la Corte Constitucional
para este tipo de asuntos.

De esta forma, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró
probada la excepción de caducidad del medio de control.

4. Condena en costas

En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 3) del CGP, como se
desestimó el recurso de apelación de la parte demandante, esta asumirá las costas
procesales de la segunda instancia, las cuales deberán ser liquidadas en forma
concentrada por el tribunal de primera instancia de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 365 y 366 del CGP, incluidas las agencias en derecho.

En mérito de lo expuesto, EL CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

1º) Confírmase la sentencia del 29 de agosto de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar que declaró probada la excepción de caducidad del medio
de control jurisdiccional ejercido.

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Actor: Hernando Elías Dangond Lozano y otros
Acción de grupo - apelación sentencia

2º) Condénase en costas a la parte demandante; tásense de manera concentrada
por el tribunal de primera instancia.

3º) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen,
previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente Magistrado
Magistrado
Aclara voto

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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