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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2016-00268-01

Fecha
17 de marzo de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2016-00268-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 19 de enero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las súplicas de la demanda incoada por la señora Céfora Martínez Quintero contra el departamento del Cesar, de acuerdo con la parte motiva. 2º. Revócase la condena en costas impuesta a la parte demandante, que incluye las agencias en derecho, de conformidad con lo indicado en la motivación. 3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-39-000-2016-00268-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

17 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 20001-23-39-000-2016-00268-01 (1356-2017)
Demandante : Céfora Martínez Quintero
Demandado : Departamento del Cesar
Tema : Sanción disciplinaria de suspensión del cargo

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la demandante
contra la sentencia de 19 de enero de 2017 proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, mediante la cual negó las súplicas de la demanda
dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 107 a 114). La señora Céfora Martínez Quintero,
mediante apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra el departamento del
Cesar, para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se
precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad: (i) del «[…] fallo de primera instancia
calendado Diciembre 3 de 2012, expedido por La Dirección Administrativa de
Control Interno Disciplinario de la Gobernación del Cesar» (sic); (ii) del
«[…] fallo de Segunda instancia calendado Noviembre 7 de 2013, proferido
por el señor Gobernador del Departamento del Cesar» (sic); y (iii) de la «[…]
Resolución 004485 de Fecha Diciembre 17 de 2013, mediante la cual se ordena
darle cumplimiento a un fallo disciplinario, proferida por el señor Gobernador
del Departamento del Cesar» (sic).

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la parte accionada: (i) reintegrarla «[…] con efectividad a la fecha de
la Suspensión del servicio, al cargo que venía desempeñando, y del cual fue
suspendida» (sic); (ii) pagar «[…] todos los salarios, primas, bonificaciones,
vacaciones, incrementos salariales, y demás emolumentos dejados de percibir
desde la fecha de la suspensión del cargo, hasta cuando sea efectivamente

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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Céfora Martínez Quintero contra el departamento del Cesar

reintegrada» (sic); (iii) «[…] que para todos los efectos legales, no ha existido
solución de continuidad en la prestación de [sus] servicios […]»; y (iv) que las
«[…] sumas [sean] actualizadas de conformidad con lo previsto en el Artículo
189 Del Código de Precedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, y [reajustadas] en su valor desde la fecha en que se [hicieron]
exigibles hasta la fecha de ejecutoria del correspondiente fallo definitivo» (sic).

1.3 Fundamentos fácticos. Relata la demandante que por «[…] Auto de fecha
Abril 7 de 2010, la Dirección Administrativa de Control Interno
Disciplinario de la Gobernación del Cesar, ordenó iniciar Indagación
Preliminar en contra de once (11) docentes adscritos a la planta
departamental, entre ellos, [la actora], […] por […] presunta falsedad
documental, al haber utilizado Títulos de Licenciados en Educación Básica
con Énfasis en Humanidades y Lengua Castellana, otorgados por la
Universidad Simón Bolívar de la ciudad de Barranquilla, para ascender en
el escalafón docente» (sic).

Afirma que «[…] A pesar de haberse calificado la Falta como Gravisima,
por incurrir los disciplinados en lo dispuesto en el Numeral 56 del Artículo
48 de la ley 734 de 2002, la Dirección Administrativa de Control Interno
Disciplinario de la Gobernación del Cesar, INEXPLICABLEMENTE, decide
conducir el proceso por los senderos del Procedimiento Ordinario en [una]
clara violación de las garantías legales y constitucionales de los
disciplinados […]» (sic); razón por la cual no fue juzgada «[…] conforme a
la ley prexistente al acto que se le estaba imputando, lo cual [resulta]
violatorio del artículo 29 de la Constitución Política, y del mismo artículo 6
del la Ley 734 de 2002» (sic).

Que «[…] no fue juzgada conforme a las reglas […] propias de cada juicio,
puesto que al haberse[le] imputado la conducta de haber “suministrado
datos inexactos o documentación con contenido que no corresponden a la
realidad para conseguir posesión, ascenso o inclusión en carrera
administrativa” taxativamente previsto en el numeral 56 del artículo 56 de
la ley 734 de 2002, era obligación de la Dirección Administrativa de Control
Interno Disciplinario de la Gobernación del Cesar, juzgarla conforme a
como lo ordena el artículo 175 de de la Ley 734 de 2002 que trata el Capitulo
Primero – Procedimiento Verbal» (sic).

Alega «[…] que el procedimiento que se debía aplicar era el previsto en el
artículo 175 de la Ley 734 de 2002, sin que existiera razón jurídica alguna
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Céfora Martínez Quintero contra el departamento del Cesar

para no hacerlo, decidió continuar con el trámite de la Investigación a través
del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, al punto de proferir mediante dicho
procedimiento fallo de primera instancia el día 3 de Diciembre de 2012, en
el cual le impuso […] sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad
General en el ejercicio de funciones por el Término de Diez (10) años,
decisión a todas luces contraria a la constitución y la ley» (sic).

Que interpuso recurso de apelación, en el que explicó «[…] las razones
jurídicas que hacían indispensables revocar la decisión de la primera
instancia, por ser la misma contraria a la Constitución y la ley […]»; pero al
ser resuelto y reconocer que «[…] la investigación debía tramitarse por el
procedimiento verbal y no ordinario», se concluyó «[…] que ello, no
constituía causal de anulación de la actuación, procediendo en consecuencia
a modificar el fallo de primera instancia y disponer una sanción de once (11)
meses de suspensión en el ejercicio del cargo» (sic).

Dice que «[…] tanto el fallo de primera instancia proferido por la Dirección
Administrativa de Control Interno Disciplinario de la Gobernación del
Cesar, como el de segunda Intancia proferido por el señor Gobernador del
Cesar, son abiertamente contrarios a la constitución y a la ley, en la medida
que [ella] no fue juzgada conforme a las observancias propias de cada juicio,
en este caso conforme a lo ordenado en el artículo 175 de la ley 734 de 2002»
(sic).

Que al encontrar «[…] en firme los fallos de primera y segunda instancia, el
señor Gobernador del Departamento del Cesar, expidió la Resolución 004485
de fecha Diciembre 17 de 2013, mediante la cual hizo efectiva la sanción de
destitución e inhabilidad [a ella] impuesta, decisión comunicada el día 23 de
Enero de 2014» (sic).

1.3.1 Síntesis de las circunstancias que generaron la investigación
disciplinaria y la sanción. La dirección administrativa de control interno
disciplinario del Cesar, en primera instancia, y el despacho del gobernador del
Cesar, en segunda, sancionaron a la demandante en 2013 con suspensión en el
ejercicio del cargo por el término de once (11) meses, como empleada pública,
mientras desempeñaba el cargo de docente de la Institución Educativa San José
del municipio de La Paz (Cesar).

Lo anterior por cuanto comprobó su responsabilidad en el hecho de haber
aportado un título falso para obtener un ascenso dentro del escalafón docente.

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Céfora Martínez Quintero contra el departamento del Cesar

En el pliego de cargos se le calificó provisionalmente la falta como gravísima,
a título de culpa gravísima, y del mismo modo fue sancionada en los actos
demandados.

El departamento del Cesar la halló responsable de incurrir en la prohibición
consagrada en artículo 48, numeral 56, de la Ley 734 de 2002, según el cual
«son faltas gravísimas las siguientes: […] Numeral 56. Suministrar datos
inexactos o documentos con contenido que no correspondan a la realidad para
conseguir posesión, ascenso o inclusión en carrera administrativa». En cuanto
al trámite del procedimiento disciplinario, se tiene que se tramitó conforme al
trámite ordinario, previsto en los artículos 150 y siguientes de la misma Ley 734
de 2002.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por los actos administrativos demandados los artículos 6 y 29 de la
Constitución Política; y 175 de la Ley 734 de 2002.

Argumenta una vulneración a su derecho fundamental al debido proceso, al
considerar que la investigación disciplinaria, que se adelantó en su contra por
parte de la autoridad departamental, debió tramitarse por el procedimiento
verbal y no por el ordinario como efectivamente se llevó a cabo.

Sostiene que como «[…] se le imputó en el pliego de cargos la conducta
prevista en el numeral 56 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, la cual fue
calificada como gravísima, era imperativo para el operador disciplinario
aplicar el Procedimiento Verbal, so pena de violentar la garantía
constitucional del debido proceso, como efectivamente lo hizo al aplicar el
procedimiento ordinario, y aplicar sanción a todas luces ilegal».

1.5 Contestación de la demanda (ff. 117 a 121). El departamento del Cesar, a
través de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones; y respecto
de los hechos afirma que algunos son ciertos y otros no.

Arguye, luego de citar la sentencia C-763 de 2009 de la Corte Constitucional,
que «[…] el trámite de los asuntos disciplinarios a través del proceso verbal y
no como proceso ordinario no es la regla general, sino la excepción [que] la
existencia de procedimientos especiales -como el proceso verbal- se funda en
la existencia de situaciones diferentes y se justifica en la necesidad de aplicar
el principio de economía procesal y celeridad, cuando el legislador infiere que
el debate probatorio no es excesivo»; y «[…] Tramitar un proceso disciplinario
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Céfora Martínez Quintero contra el departamento del Cesar

siguiendo las reglas del procedimiento ordinario cuando era procedente el
procedimiento del verbal no es una situación que tiene la suficiente virtualidad
de viciar el procedimiento».

Concluye que «[…] el agotamiento del procedimiento previsto para el proceso
ordinario permitió en el asunto sub lite que la falta disciplinaria haya sido
examinada bajo un diligenciamiento con mayor ritualidad y más garantista por
la amplia gama de posibilidades para ejercer el derecho de defensa a lo largo
de sus diversas etapas procesales; cosa diferente podría predicarse del proceso
verbal, el cual, si bien también es garantista, es una modalidad expedita y de
notoria celeridad».

1.6 La providencia apelada (ff. 168 a 178). El Tribunal Administrativo del
Cesar, en sentencia de 19 de enero de 2017, negó las súplicas de la demanda
(con condena en costas).

Considera que a la actora «[…] la investigaron y sancionaron por la falta
contemplada en el numeral 56 del artículo 48 del Código Único Disciplinario,
esto es “suministrar datos inexactos o documentos con contenido que no
correspondan a la realidad para conseguir posesión, ascenso o inclusión en
carrera administrativa”, la cual de conformidad con el numeral 46 del artículo
48 de dicha ley constituye falta gravísima […] la investigación disciplinaria
adelantada [en su] contra por parte de la Dirección Administrativa de Control
Interno Disciplinario del Departamento del Cesar, debió tramitarse por el
procedimiento verbal, sin embargo, atendiendo la posición del Consejo de
Estado, sobre el particular, dicha circunstancia no tiene la suficiente
potencialidad para desestimar la sanción impuesta, cuando se demuestra que
se garantizó el debido proceso y las oportunidades procesales para que [la]
investigad[a] ejerciera el derecho de defensa y contradicción».

En relación con el argumento de violación al debido proceso, sostiene que «[…]
de conformidad con el material probatorio recaudado en el sub-lite, […]
resulta incontrovertible que la investigación disciplinaria adelantada contra
[la actora], por parte de la Dirección Administrativa de Control Interno
Disciplinario de Departamento del Cesar, se tramitó en debida forma,
surtiéndose todas las etapas previstas por el legislador, desde la indagación
preliminar de fecha 7 de abril de 2010, hasta la emisión del acto administrativo
que da cumplimiento a la sanción que data del 17 de diciembre de 2013, las
cuales se observan que todas fueron notificadas personalmente a la
investigada, haciendo entrega de una copia de las providencias proferidas, es
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decir, otorgándose la posibilidad para ejercer el derecho de defensa y
contradicción».

Que «[…] no existe inconformidad alguna de la […] accionante en contra del
trámite impartido por la demandada» y el litigio en este caso se centra
únicamente «[…] en el cambio del procedimiento, al no haberse tramitado por
el verbal sino por el ordinario, cuando la conducta imputada era catalogada
como gravísima […]».

1.7 El recurso de apelación (ff. 184 a 189). Inconforme con la anterior
sentencia, la demandante interpuso recurso de apelación, en el que insiste en
sus planteamientos de demanda y añade que «[…] Los argumentos mediante
los cuales el A - quo, decidió negar las pretensiones de la demanda, y que
sirvieron de fundamentos de la sentencia, desconocen que la Constitución
ocupa, el primer lugar en la jerarquía del sistema de fuentes, es norma de
normas y, por lo tanto sus disposiciones prevalecen sobre las demás, y por lo
tanto, lo ordenado en la constitución política, es de forzoso acatamiento
especialmente para aquellos funcionarios guardianes de su cumplimiento»
(sic).

Sustenta que «[…] la norma constitucional ordena que nadie podrá ser
juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias
de cada juicio, mandato que fue desarrollado en el artículo 6 de la Ley 734 de
2002, cuando dispone que "El sujeto disciplinable deberá ser investigado por
funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que
determinen la ritualidad del proceso, en los términos de este código y de la ley
que establezca la estructura y organización del Ministerio Público”, mandatos
estos que fueron desconocidos en la investigación disciplinaria adelantada en
[su] contra, y que fue [ron] desconocido por el A- quo» (sic).

Que no le asiste razón al Tribunal al afirmar que «[…] “la investigación
disciplinaria adelantada, contra [la actora] se tramitó en debida forma
surtiéndose todas las etapas previstas por el legislador", por cuanto la norma
constitucional ordena que nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes
preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con
observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, mandato que
[para el caso] fue desarrollado en el artículo 6 de la Ley 734 de 2002 […]»
(sic); y que le fue desconocido, «[…] a pesar de habérsele imputado la
comisión de la falta contemplada en el artículo 48 numeral 56, [que] imponía
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la obligación de tramitar la investigación mediante el procedimiento señalado
por el legislador en el Título XI, Capítulo Primero, Artículo 175 incisos 1 y 2
de la Ley 734 de 2002, es decir, a través del procedimiento Verbal» (sic).

Aduce que no es cierto que «[…] el procedimiento ordinario resultaba más
garantista en comparación con el verbal, al extenderse los términos de la
investigación, lo cual condujo a una mayor investigación probatoria a efecto
de determinar la falta disciplinaria imputada a la actora, por cuanto contrario
a lo afirmado en la sentencia, de haberse adelantado la investigación
disciplinaria a través del proceso verbal, tal como lo ordena la constitución
política y la ley, el fallo, no se hubiera proferido excediendo exageradamente
los términos durante el cual debe adelantarse la investigación, […] la
investigación duró más de tres (3) años» (sic).

II. TRÁMITE PROCESAL.

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 16 de febrero de
2017 (f. 191) y admitido por esta Corporación a través de auto de 18 de
septiembre de 2019 (f. 196), en el que se dispuso la notificación personal al
agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los
artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, con auto de 15 de febrero de 2021 (f. 202), para que aquellas alegaran
de conclusión y este conceptuara; oportunidad aprovechada por la demandada1,
para reiterar que se tengan en cuenta los argumentos presentados con la
contestación de la demanda y «que dentro del mismo se tuvieron plenas
garantías en el procedimiento ordinario [y] desde la formulación del pliego de
cargos, la accionante contó con una debida defensa jurídica».

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si los actos administrativos, que
sancionaron a la demandante con suspensión en el ejercicio del cargo por 11

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Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
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meses, se ajustan al ordenamiento jurídico o si, por el contrario, fueron
expedidos con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, porque el
procedimiento disciplinario se tramitó por el ordinario, cuando debió seguirse
por el verbal.

3.3 Hechos probados. En este caso, para resolver el problema jurídico
planteado se debe tener por probado (y esto no se discute en el proceso) el hecho
de que el procedimiento disciplinario se tramitó por la vía ordinaria y no la
verbal del artículo 175 de la Ley 734 de 2002.

3.4 Solución al problema jurídico. La Sala confirmará la sentencia apelada,
que negó las súplicas de la demanda, por las siguientes razones:

Debido proceso en el procedimiento disciplinario. Los artículos 29 de la
Constitución Política y 6 de la Ley 734 de 2002 establecen la garantía del debido
proceso, que comprende un conjunto de principios materiales y formales de
obligatorio acatamiento por parte de las autoridades disciplinarias, en cuanto
constituyen derechos de los sujetos disciplinables que se traducen, entre otras
cosas, en la posibilidad de defenderse, presentar y controvertir pruebas e
impugnar las decisiones que los afecten; cuando ello no ocurre el sancionado
puede acudir ante el juez de lo contencioso-administrativo en demanda de
nulidad de las decisiones adoptadas por los funcionarios administrativos, si se
evidencia una violación del debido proceso.

Congruente con lo anterior, también la jurisprudencia constitucional ha sido
particularmente reiterativa en que, en todos los trámites de naturaleza
disciplinaria, los respectivos funcionarios deberán observar y aplicar de manera
rigurosa el derecho fundamental al debido proceso, lo que incluye, además de
aquellas garantías que, según se explicó, conforman su contenido básico
aplicable en todos los casos, las que la jurisprudencia ha señalado como propias
de este tipo de procedimientos:

[…] la jurisprudencia constitucional ha señalado desde sus inicios el
mínimo de aspectos inherentes a la noción de debido proceso, cuya
vigencia es indispensable en todo tipo de actuación disciplinaria.
Esos criterios, que se traducen en deberes de la autoridad
disciplinaria, son los siguientes2:

2
Sobre este tema ver especialmente la sentencia T-301 de 1996 (M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz), reiterada en
otras posteriores, entre ellas T-433 de 1998 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra), T-561 de 2005 (M. P. Marco Gerardo
Monroy Cabra), T-1034 de 2006 y C-213 de 2007 (en estas dos M. P. Humberto Antonio Sierra Porto) y C-542 de
2010 (M. P. Jorge Iván Palacio Palacio).
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“i) La comunicación formal de la apertura del proceso
disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas
pasibles de sanción;
ii) La formulación de los cargos imputados, que puede ser
verbal o escrita, siempre y cuando en ella consten de manera
clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que
esas conductas dan lugar y la calificación provisional de las
conductas como faltas disciplinarias;
iii) El traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas
que fundamentan los cargos formulados;
iv) La indicación de un término durante el cual el acusado
pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en su
contra y allegar las que considere necesarias para sustentar
sus descargos;
v) El pronunciamiento definitivo de las autoridades
competentes mediante un acto motivado y congruente;
vi) La imposición de una sanción proporcional a los hechos
que la motivaron; y
vii) La posibilidad de que el encartado pueda controvertir,
mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las
decisiones.”

En la misma línea, la jurisprudencia se ha referido también a los
siguientes elementos o principios, derivados del artículo 29 superior
y aplicables a todas las actuaciones disciplinarias3: “(i) el principio
de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria, (ii) el principio
de publicidad, (iii) el derecho de defensa y especialmente el derecho
de contradicción y de controversia de la prueba, (iv) el principio de
la doble instancia, (v) la presunción de inocencia, (vi) el principio
de imparcialidad, (vii) el principio de non bis in idem, (viii) el
principio de cosa juzgada y (ix) la prohibición de la reformatio in
pejus” 4.

De antemano, reitera esta Colegiatura que si bien la garantía del debido proceso
abarca un conjunto de principios materiales y formales de obligatoria
observancia por parte de las autoridades, que a la vez constituyen derechos de
los sujetos disciplinables, tampoco se puede desconocer que los actos de la
Administración gozan de la presunción de legalidad, hoy por expresa
disposición del artículo 88 del CPACA5, indemnidad que adquiere mayor
connotación cuando se trata de decisiones sancionatorias de carácter
disciplinario, en virtud de que su formación estuvo precedida de la participación

3
Cfr. especialmente la sentencia C-555 de 2001 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra), además de las ya citadas
T-1034 de 2006, C-213 de 2007 y C-542 de 2010.
4
Sentencia T-429 de 2014, M. P. Andrés Mutis Vanegas.
5
«Artículo 88. Presunción de legalidad del acto administrativo. Los actos administrativos se presumen legales
mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción Contencioso Administrativa […]».
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activa del investigado y de su apoderado, mediante defensa técnica, con
ejercicio de los derechos de contradicción y defensa. De ahí que en sede judicial
se realice un juicio de validez de la actuación disciplinaria, no de corrección, y
por ello no cualquier defecto procesal tiene el poder de afectar la presunción de
legalidad que ampara dichos actos administrativos.

Ahora bien, advierte la Sala que la apelante, en esta instancia, no discute los
hechos que motivaron la sanción, sino que limita su inconformidad a que, a su
juicio, la autoridad disciplinaria debió adelantar el procedimiento verbal, «[…]
cuando con la aplicación del procedimiento ordinario, como ocurrió en este
caso, se desconoció de manera flagrante la Constitución política de la ley, y
con ello, las garantías mínimas entre ellas que la actuación se exhorta sin
dilaciones injustificadas, y que la actuación se adelante por autoridad
competente y con pleno respeto a las formas propias previstas en el
ordenamiento jurídico» (sic), como lo exige el artículo 175 del CDU.

El artículo 175 (original6) de la Ley 734 de 2002, cuya inobservancia alega la
demandante, preceptúa:

El procedimiento verbal se adelantará contra los servidores públicos
en los casos en que el sujeto disciplinable sea sorprendido en el
momento de la comisión de la falta o con elementos, efectos o
instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta, cuando
haya confesión y en todo caso cuando la falta sea leve.

También se aplicará el procedimiento verbal para las faltas
gravísimas contempladas en el artículo 48 numerales 2, 4, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58,
59 y 62 de esta ley.

En todo caso, y cualquiera que fuere el sujeto disciplinable, si al
momento de valorar sobre la decisión de apertura de investigación
estuvieren dados los requisitos sustanciales para proferir pliego de
cargos se citará a audiencia.

De la norma trascrita se extrae que el procedimiento verbal se aplica no solo
contra los servidores públicos sorprendidos en el momento de la comisión de la
falta, o con elementos o efectos que den cuenta de la ejecución de la conducta,
o cuando hayan confesado o se trate de faltas leves y los demás casos allí
previstos, sino que estableció, además, una cláusula general de procedimiento,
en virtud de la cual, en todo caso, se citará a audiencia (propia del procedimiento

6
Vigente para la época de los hechos investigados.
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verbal) si al valorar sobre la apertura de investigación disciplinaria, iniciada o
no por el procedimiento ordinario, se dan los requisitos sustanciales para
proferir pliego de cargos, cualquiera que fuere el sujeto disciplinable.

En el caso que nos ocupa, resulta claro que la actuación disciplinaria, o mejor,
el procedimiento ordinario, que fue el utilizado, se adelantó con arreglo a la
normativa aplicable y la accionada lo eligió porque, después de culminada la
indagación preliminar, encontró que al momento de valorar la decisión de
apertura de investigación estaban completamente colmados los requisitos
sustanciales para continuar con el trámite ordinario y no había lugar a mutar el
trámite a uno verbal, como la facultaba el aludido artículo 175 de la Ley 734 de
2002 (en su texto original).

La aplicación del procedimiento ordinario se supone no es tan ágil como el
verbal, puesto que deberán agotarse las etapas de indagación preliminar (que no
es obligatoria), investigación disciplinaria, formulación de cargos, descargos,
alegatos, decisión definitiva, recursos; de manera que, en principio, demanda
más dilación con el propósito de establecer si la conducta fue cometida o si es
constitutiva de falta disciplinaria, mientras que en el verbal, prima facie, existe
certeza sobre el hecho atribuido al sujeto disciplinado, lo que permite que la
decisión pueda adoptarse de manera más pronta, pero esta presunta demora no
implica vulneración del debido proceso, por el contrario, conlleva una mayor
posibilidad de ejercer su derecho de defensa.

No encuentra la Sala que mantener el procedimiento disciplinario ordinario
quebrante el principio del debido proceso, si se cumplen las condiciones
sustanciales requeridas para ello, por cuanto ambos procedimientos (el
ordinario y el verbal) en sí mismos garantizan dicho principio, tal como están
configurados en la ley y no se desvanece por conservar el primero, pues
preservan su estructura, con la obligación para el funcionario disciplinario de
respetar cabalmente la ritualidad que emplee, es decir, someterse a las formas
propias que caracterizan cada procedimiento.

La Corte Constitucional declaró la exequibilidad del inciso final del artículo 175
de la Ley 734 de 2002 en la sentencia C-242 de 2010 y la reiteró en la C-370 de
16 de mayo de 2012; ya lo había expresado en la providencia C-763 de 2009.

Recapituló la Corte, en el fallo C-370 de 2012, que la constitucionalidad de la
norma que regula el procedimiento disciplinario verbal y la posibilidad de
aplicarlo a una actuación ya iniciada por el ordinario, se sustenta en tres razones:
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Expediente 20001-23-39-000-2016-00268-01 (1356-2017)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Céfora Martínez Quintero contra el departamento del Cesar

(i) en la libertad de configuración del legislador en materia disciplinaria, que se
adecúa a los principios y valores constitucionales, garantiza la vigencia de los
derechos fundamentales, los principios de razonabilidad, proporcionalidad y
prevalencia del derecho sustancial sobre el adjetivo; (ii) en que el trámite verbal
desarrolla los principios de celeridad, economía procesal y publicidad; y (iii)
por el conocimiento que tiene el disciplinado de que en el transcurso del trámite
pueda modificarse el procedimiento ordinario a verbal, de acuerdo con las
pruebas o su desarrollo. Los anteriores motivos funcionan mutatis mutandis
para mantener el procedimiento ordinario como mecanismo para deducir la
responsabilidad sancionatoria.

Sin más consideraciones y bajo una sana hermenéutica jurídica, la Sala arriba a
la convicción de que los actos administrativos demandados conservan su
validez y eficacia al no haber sido desvirtuada la presunción de legalidad que
los ampara, por lo tanto, se confirmará la sentencia apelada, en cuanto negó las
súplicas de la demanda.

Empero, se revocará la condena en costas impuesta a la parte vencida porque la
Sala estima que según lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del
Proceso (CGP), por remisión expresa del artículo 188 del CPACA, se deben
estudiar para tal fin aspectos como la temeridad o mala fe en la que la parte
vencida pudo incurrir. En este sentido, se pronunció esta Corporación, en
sentencia de 1º de diciembre de 20167, así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en
costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que
se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación
especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya
segunda acepción es entendida por la Real Academia Española como
«2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse».

Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas
no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio
y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas
7
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-
2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones).
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Expediente 20001-23-39-000-2016-00268-01 (1356-2017)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Céfora Martínez Quintero contra el departamento del Cesar

generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones
(civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en
materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP),
corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un
juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal
asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan
el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación
razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte
vencida esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que
dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento,
cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal
de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a
sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan
calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca
el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan
transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del
demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la
vía judicial del derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia,
pues con base en el ordenamiento que la rige y los lineamientos
jurisprudenciales en la materia, así lo consideró.

Por consiguiente, se considera que la referida normativa deja a disposición del
juez la procedencia o no de la condena en costas, puesto que para ello debe
examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y
no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus
intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la
conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe, por lo que, al
no predicarse tal proceder de la parte actora, se revocará la condena en costas
impuesta en primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

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Expediente 20001-23-39-000-2016-00268-01 (1356-2017)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Céfora Martínez Quintero contra el departamento del Cesar

FALLA:

1º. Confírmase parcialmente la sentencia de 19 de enero de 2017, proferida por
el Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las súplicas de la demanda
incoada por la señora Céfora Martínez Quintero contra el departamento del
Cesar, de acuerdo con la parte motiva.

2º. Revócase la condena en costas impuesta a la parte demandante, que incluye
las agencias en derecho, de conformidad con lo indicado en la motivación.

3º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

14

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