Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2016-00409-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2016-00409-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-39-000-2016-00409-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
30 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 20001-23-39-000-2016-00409-01 (2191-2018)
Demandante: Bexy del Carmen Suárez de Loaiza
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Temas: Reconocimiento de pensión gracia. Tiempos de servicio docente
en plazas del orden territorial y nacionalizado. Aplicación de
sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de
agosto de 2022. Ley 12 de 1989. Nacionalización en el
departamento del César. REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el ocho (8) de febrero de dos mil dieciocho (2018) por el
Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de la cual se negaron las pretensiones
de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora BEXY DEL CARMEN SUÁREZ DE LOAIZA instauró demanda en contra
de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes
PRETENSIONES1
Que se declare la nulidad de las Resoluciones: i) UGM 004049 del 12 de agosto de
2011, ii) UGM 025148 del 12 de enero de 2012, iii) RDP 010693 del 18 de marzo de
2015, iv) RDP 016256 del 27 de abril de 2015 y v) RDP 021805 del 29 de mayo de
2015, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago la pensión gracia
a favor de la demandante y se resolvieron los recursos de reposición y apelación,
1 Folios 1 a 2.
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Radicado: 20001-23-39-000-2016-00409-01 (2191-2018)
confirmando la negativa.
Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la UGPP a reconocer y
pagar a la accionante la mencionada prestación en cuantía equivalente al 75% del
promedio salarial mensual devengado en el año anterior a la consolidación del
estatus pensional, con efectividad desde ese mismo instante ocurrido el 11 de mayo
de 2009, y con el debido ajuste de valor sobre las sumas adeudadas por este
concepto.
Que la autoridad demandada sea condenada en costas y dé cumplimiento al fallo
en los términos del artículo 192 y siguientes del CPACA.
HECHOS2
Los hechos en que se fundamenta la demanda pueden resumirse de la siguiente
manera:
Que la señora Bexy del Carmen Suárez de Loaiza cumplió los 50 años de edad el
22 de mayo de 2002. Que durante su vida laboral se desempeñó como docente
nacionalizada en el departamento del Cesar entre el 26 de marzo de 1973 y el 31
de marzo de 1974, es decir, previo al 31 de diciembre de 1980.
Que posteriormente fue nombrada por la Alcaldía de Codazzi mediante Decreto 044
del 27 de abril de 1990 y en virtud de la descertificación de los municipios ejerce
como docente nacionalizada desde el 16 de marzo de 1990 hasta la fecha de la
presentación de la demanda.
Que el 15 de diciembre de 2010, la parte actora solicitó ante la UGPP el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, a lo cual dicha entidad expidió la
Resolución UGM 004049 del 12 de agosto de 2011 con la que negó la prestación.
Que la accionante presentó recurso de reposición contra el anterior acto
administrativo, el cual fue resuelto a través de la Resolución 025148 del 12 de enero
de 2012, siendo confirmada la decisión inicial.
Que de forma posterior y al haber encontrado nuevos elementos de juicio que
determinaran su carácter como docente nacionalizada presentó una segunda
solicitud ante la UGPP el 25 de noviembre de 2014, la cual fue negada a través de
la Resolución RDP 010693 del 18 de marzo de 2015; decisión que fuere confirmada
mediante las Resoluciones RDP 016256 del 27 de abril de 2015 y RDP 021805 del
29 de mayo de 2015.
2 Folios 2 a 4.
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TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 8 de septiembre de 20163, notificado a
la UGPP4, quien presentó memorial de contestación5 en el cual se opuso a las
pretensiones de la demanda al considerar que la demandante no cumplió con la
totalidad de los requisitos para ser merecedora de la prestación periódica, pues se
desempeñó entre los años 1980 y 1981 en el departamento del Cesar como docente
de carácter nacional.
Propuso las excepciones que denominó: i) falta de requisitos pensionales o
inexistencia de la obligación y, ii) prescripción.
En la audiencia inicial6 que se llevó a cabo el 10 de julio de 2017, el Tribunal dispuso
postergar la resolución de la excepción de prescripción propuesta al momento de
dictar fallo, al considerar que esta versaba sobre el fondo del asunto. Seguidamente
se fijó el litigio estableciéndose el objeto de la demanda y las pretensiones frente a
las cuales se orientaría la decisión, se señaló que no existía ánimo conciliatorio y se
efectuó el decreto de pruebas conforme al artículo 180 numeral 10 de la Ley 1437
de 2011.
En la audiencia de pruebas7 celebrada el 27 de noviembre de 2017, se declaró
cerrado el debate probatorio y se corrió traslado para alegar de conclusión en orden
de dictar sentencia escrita con posterioridad.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN8
El Tribunal Administrativo del Cesar dictó sentencia escrita el 8 de febrero de 2018,
a través de la cual negó las pretensiones de la demanda. Como sustento de la
decisión, advirtió que, aunque la señora Bexy del Carmen Suárez de Loaiza cumplió
con los requisitos de edad, vinculación a la docencia antes del 31 de diciembre de
1980 y buena conducta, no acreditó los 20 años exigidos en la Ley 114 de 1973.
Para ello, precisó que el último nombramiento efectuado, esto es, el realizado
mediante Decreto 044 del 27 de abril de 1990, no puede ser tenido en cuenta para
efectos de la pensión gracia, toda vez que del acto administrativo demandado se
desprende que dicho nombramiento fue efectuado por el Alcalde Municipal de
Agustín Codazzi en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 12 de 1989,
por la cual se nacionalizó la educación primaria, básica secundaria y media
vocacional, que oficialmente venía prestando el departamento de Cesar y sus
municipios.
3 Folio 76.
4 Folios 80 a 81.
5 Folios 149 a 155.
6 Folios 168 a 178.
7 Folios 442 a 445.
8 Folios 138 a 152.
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Que, en atención a que el nombramiento de la accionante se efectuó con base en
dicha ley, la cual desconcentró administrativamente el servicio de educación, los
salarios y las prestaciones que percibió por tal vinculación estuvieron a cargo de la
Nación, lo que imposibilita tener dicho periodo como válido para la pensión que se
reclama.
Que al excluirse el periodo laborado entre el 27 de mayo de 1990 y la fecha de retiro
del servicio, es evidente que con los demás tiempos territoriales comprendidos entre
el 26 de marzo de 1973 y el 31 de marzo de 1974, no se logra acreditar la totalidad
de los 20 años que establece la norma, motivo por el cual no le asiste el derecho a
la señora Suárez de Loaiza al reconocimiento de la pensión gracia que pretende.
Finalmente, al no observar conducta dilatoria o de mala fe dentro de la actuación
surtida en el proceso se abstuvo de condenar en costas.
EL RECURSO DE APELACIÓN9
La parte demandante en su escrito de apelación solicitó que se revoque la
sentencia de primera instancia y en su lugar, se acceda a las pretensiones, al
considerar que los tiempos en que se desempeñó la docente con anterioridad y
posterioridad del 31 de diciembre de 1980 fueron de orden territorial y en atención
a ello, se cumple con el requisito de los 20 años de servicio.
Por otro lado, señaló que, contrario a lo que concluyó el juez de instancia, en ningún
momento en el artículo 9 de la Ley 29 de 1989 ni en el Decreto 1706 de 1989, se
aduce de manera textual que el nombramiento que se efectúe por parte de los
alcaldes del país, se realiza en nombre del Ministerio de Educación Nacional y/o por
facultad y/o en nombre de tal entidad, sino que, en tal normativa se ratifica la facultad
de la autoridad territorial de nominar docentes de carácter territorial, teniendo como
base lo expuesto por el artículo 1 de la Ley 91 de 1989.
De tal suerte, la señora Suarez de Loaiza fue vinculada por nombramiento de
entidad territorial y, además, fue incorporada de forma posterior a la planta
departamental docente, a través del Decreto 000133 del 9 de septiembre de 1997,
expedido por el gobernador del Cesar, lo que rompe el sustento de que el carácter
de la actora fue nacional.
Por último, indicó que, luego de sumarse los tiempos territoriales prestados por la
actora con anterior al 31 de diciembre de 1980 y aquellos que se laboraron como
nacionalizados con ocasión al Decreto 044 del 27 de abril de 1990, habría lugar a
entender por demostrados los 20 años de servicio a la docencia territorial y/o
nacionalizada.
9 Folios 475 a 480.
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ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La parte demandante10 presentó alegatos de conclusión, reiterando los
argumentos del recurso de alzada y manifestando que, la señora Bexy del Carmen
nunca presentó vinculaciones de carácter nacional, hecho que se ve ratificado,
además de los argumentos expuestos en las demás etapas procesales por la
ausencia de reflejo en la nómina del Ministerio de Educación Nacional.
La parte demandada11 presentó alegaciones finales con las que indicó que debe
confirmarse el fallo apelado en la medida en que no se cumplieron los requisitos
para el reconocimiento de la pensión gracia.
POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Procuradora Segunda Delegada ante esta corporación no rindió concepto en
esta oportunidad12.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
El problema que debe resolver la Subsección es el de determinar si la actora cumplió
con la totalidad de los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia,
especialmente el relativo a mantener una vinculación con carácter territorial o
nacionalizado durante todo el tiempo de servicio.
Marco normativo y jurisprudencial
En primer lugar, debe destacarse que la pensión gracia ostenta esa denominación,
habida cuenta de que es un beneficio prestacional que no requiere efectuar
cotizaciones de ninguna clase, sino, entre otros requisitos, esencialmente demostrar
la acumulación de un tiempo de servicio al Estado, tal como se determinó en la Ley
114 de 1913, que en su artículo 1° señaló que,
«Los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación
vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley […]»
Por su parte, el artículo 3° de la norma en cita estableció que, «Los veinte años de
servicio podrán contarse computando servicios en diversas épocas y se tendrán en cuenta
los prestados en cualquier tiempo anterior a la ley que la creó», mientras que el artículo
4º consagró que, para gozar de la gracia de la pensión, se torna indispensable que
el reclamante demuestre el cumplimiento de los siguientes postulados.
10 Folios 524 a 525.
11 Folios 532 a 534.
12 Según constancia secretarial obrante a folio 535.
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«[…] Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el
interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y
consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un
Maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas
por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad
u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento.»
Con base en lo anterior, es claro que un maestro de primaria podía recibir de manera
simultánea una pensión de carácter departamental y una nacional, pero en ningún
caso dos pensiones de este último orden.
Posteriormente, la pensión gracia se extendió a los empleados y profesores de las
escuelas normales y a los inspectores de la instrucción pública en virtud del artículo
6° de la Ley 116 de 1928, pero solo aquellos que laboraran en colegios
departamentales o municipales, planteamiento que se deriva de la prohibición «[…]
de recibir dos pensiones nacionales y que conserva su vigencia, pues la ley 116 citada, en
su artículo 6° señaló que el beneficio se concretaría […] En los términos que contempla la
ley 114 de 1913 y demás que esta complementan […]. Lo que supone el cumplimiento de
los requisitos consagrados en el numeral cuarto de esta Ley»13. Con la expedición de la
Ley 37 de 1933 se extendió el alcance de este derecho a los maestros de
establecimiento de enseñanza secundaria, pero no se efectuaron modificaciones o
adiciones a los requisitos previamente consagrados para el efecto.
De otro lado, la Ley 24 de 1947 consagró que, «Cuando se trate de servidores del ramo
docente, las pensiones de jubilación se liquidarán de acuerdo con el promedio de los
sueldos devengados durante el último año». De hecho, la Ley 4ª de 1966, en su artículo
4º, modificó la Ley 24 de 1947, indicando que «la pensión de gracia se liquidará con
base en el 75% del promedio mensual obteniendo en el último año de servicio».
Ahora bien, sobre la prerrogativa bajo estudio también resulta necesario precisar
como marco normativo aplicable al caso, que mediante la Ley 43 de 1975 se
desarrolló en Colombia el proceso de nacionalización de la educación, comprendido
desde el 1º de enero de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1980.
Bajo tal contexto fue expedida con posterioridad la Ley 91 de 1989, por medio de la
cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en la que
a través del artículo 15 se reiteró el derecho a la pensión gracia para los docentes
oficiales en los siguientes términos.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda-Subsección- A, Sentencia de 11 de octubre de 2007, C. P. Dr. Gustavo
Gómez Aranguren, expediente 0417-07.
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«ARTÍCULO 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1° de enero de 1990
será regido por las siguientes disposiciones:
(..)
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de
las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria
de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1o. de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector público
nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.»
Sobre el punto, la jurisprudencia de esta corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condiciones, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacionalizado, es decir, excluyendo a los docentes nacionales de su
reconocimiento. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en
sentencia S-699 del 26 de agosto de 199714 señaló que,
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que,
como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…)
siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].» (Negrilla fuera de
texto).
De hecho, en punto a la naturaleza de la vinculación del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201815
planteó una serie de lineamientos interpretativos de obligatoria observancia en
materia de reconocimiento de la pensión gracia, de los cuales, respecto al
interrogante de si los docentes ostentan la condición de educadores nacionales solo
por el hecho de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales
provengan del presupuesto general de la Nación, se arribó a las siguientes
conclusiones.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón.
15 Proceso identificado con radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014), de Gladys Amanda
Hernández Triana contra la UGPP.
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Radicado: 20001-23-39-000-2016-00409-01 (2191-2018)
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades
territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los
entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los
referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º,
de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban
los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados12, resulta
factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las
erogaciones salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores
territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación
—situado fiscal— como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso,
el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales
dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de
rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii) por
el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen
o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial
es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la
plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas
—situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos
del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.» (Resaltado del
texto original)
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En atención a lo descrito hasta este punto, se advierte que el carácter territorial o
nacionalizado de una plaza educativa es lo verdaderamente importante para el
reconocimiento de la pensión gracia, al margen del origen de los recursos que
financian el pago de los salarios y prestaciones de los educadores.
Incluso, también resulta evidente que para efectos de determinar si un docente es
nacional, territorial o nacionalizado, debe verificarse en primer lugar la naturaleza
de la plaza a ocupar, lo cual se puede advertir observando quién y bajo qué
competencia se expide el acto administrativo de nombramiento, valga decir, si se
da por parte de los alcaldes o gobernadores directamente en calidad de
empleadores, con independencia de los recursos que se utilicen para su
financiación, o si lo propio ocurre en virtud de una autorización legal mediante la
cual dichas autoridades administran al personal de educadores en nombre y
representación del Ministerio de Educación Nacional conforme a los artículos 9 y 10
de la Ley 29 de 1989.
Finalmente, debe recalcarse que en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2022 del 11 de agosto de 2022,16 la Sección Segunda también fijó como regla
jurisprudencial sobre la interpretación que debe darse al artículo 15, numeral 2,
literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
que «Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
Se precisa además que las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de
obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede
administrativa como judicial.
En tal sentido, conforme a la normativa y la línea jurisprudencial expuesta, se
concluye que para consolidar el derecho a la pensión gracia, el docente oficial debe
cumplir con los siguientes requisitos.
i) Que acredite 50 años de edad.
ii) Que laboró como maestro oficial durante 20 años en establecimientos educativos
oficiales de orden exclusivamente territorial, es decir, distritales, departamentales o
municipales, esto en primaria o en secundaria, bien sea como normalista, inspector
de instrucción pública, o incluso en calidad de educador nacionalizado, con
posibilidad de adicionar períodos en uno u otro cargo, pero de ninguna manera
acumulando o relacionando tiempos de servicio a la Nación, los cuales, en todo
caso, no son aquellos en los que hubiese existido financiación de las acreencias
laborales a través del Sistema General de Participaciones, sino en los que se
16 Proceso identificado con radicación 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), de Hirma Nubia Jiménez
Lozano contra la UGPP.
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Radicado: 20001-23-39-000-2016-00409-01 (2191-2018)
advierta que el nombramiento fue efectuado directamente por el Ministerio de
Educación Nacional, o por el un alcalde o gobernador pero en representación del
Gobierno Nacional.
iii) Que haya ostentado alguna vinculación bajo las anteriores calidades con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
iv) Que haya demostrado buena conducta en su labor, desempeñada con honradez
y consagración.
Resolución del caso concreto
Con el fin de definir litigios como el presente, resulta necesario verificar el
cumplimiento de las exigencias normativas señaladas previamente para consolidar
el derecho a la pensión gracia.
No obstante, en el asunto bajo estudio deberá enfocarse dicho análisis en el
entendido de que los motivos de inconformidad del apelante único (los cuales
circunscriben por congruencia la competencia de decisión en esta instancia), se
centran y limitan en verificar si la naturaleza jurídica de las vinculaciones de la
demandante como docente oficial, fueron del orden nacional y, por tanto, si no
podían ser consideradas a efectos de consolidar el derecho pensional en litigio.
Pues bien, frente al primer requisito enunciado relacionado con la edad, se
observa que la señora Bexy del Carmen Suárez nació el 22 de mayo de 195217, de
modo que cumplió los 50 años el 22 de mayo de 2002.
Respecto al segundo requisito atinente a la acumulación de 20 años de servicio
de la reclamante como docente territorial o nacionalizada, (el cual es punto de
debate en esta instancia), se hará análisis sobre cada uno de los tiempos laborados
que fueron desestimados por el juez de primera instancia y acreditados en el
expediente; así como respecto de aquellos sobre los cuales se expresó
inconformidad, con el fin de determinar si alguno de ellos debe ser incluido dentro
del cómputo para obtener la prestación deprecada.
Según las pruebas obrantes en el expediente se encuentra que la demandante
prestó sus servicios en condición de docente, así:
• Del 26 de marzo de 1973 al 31 de marzo de 197418
En primer lugar, se observa que conforme a la constancia emitida el 8 de octubre
de 2010 por el profesional universitario de archivo y hojas de vida de la Secretaría
17 Archivo digital denominado «8-Certificado de información laboral- Causante» que reposa en el CD a folio 421.
18 De acuerdo con el Formato Único para la Expedición del Certificado de Historia Laboral expedido por la
Secretaria de Educación de Cesar del 3 de octubre de 2017 que reposa a folio 431 y la constancia emitida el 8
de octubre de 2010.
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de Educación departamental del Cesar17, se extrae que la demandante laboró como
maestra de enseñanza básica primaria en la Escuela Urbana de Varones del
municipio de Gamarra durante el período bajo estudio, ello bajo una vinculación que
según dicho documento se asegura que fue nacionalizada. Ello, también se reitera
en el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral emitido el
3 de octubre de 2017 por la Secretaría de Educación Departamental del Cesar.
Sobre el punto se destaca que en el expediente reposa el mencionado acto
administrativo de nombramiento19 por medio del cual el gobernador del Cesar, en
ejercicio de sus atribuciones legales, designó a la accionante para ocupar dicho
cargo.
[…]
19
Archivo digital denominado «19-Documentos no requeridos- Causante» que reposa en el CD a folio 421.
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Al plenario también fue aportada el acta de posesión donde consta que la señora
Bexy del Carmen fue nombrada en el cargo antes indicado a partir del 26 de marzo
de 1973. Veamos:
Resulta pertinente indicar que, si bien el mencionado acto administrativo de
nombramiento fue suscrito por el Gobernador del Cesar y en este participó el
delegado regional del Ministerio de Educación Nacional, ello no constituye un
argumento para tener dicha vinculación como nacionalizada pues, debe tenerse en
cuenta que la Corte Constitucional tanto en la sentencia C-084 de 1999, por medio
de la cual se estudió la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, literal b), de la
Ley 91 de 1989, así como en la C-085 de 2002, precisó que, antes del proceso de
nacionalización solamente existían dos tipo de vinculaciones, a saber, territorial y
nacionalizada.
Para el efecto, la primera decisión aludida señaló:
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«[…] antes de la "nacionalización" de la educación primaria y secundaria oficial
decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período de cinco años, es
decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes
oficiales, a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa
al Ministerio de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados
laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces
en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada "pensión gracia", de que
trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las leyes
116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos
en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos
sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 1980, pues la
diversidad del empleador (nación o departamento), permitía, conforme a la Carta,
establecer un trato distinto y una excepción al principio general prohibitivo de
devengar dos asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta
igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la norma
acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio de
la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual prohibe (sic)
dispensar trato diferente y discriminado "por razones de sexo, raza, origen nacional
o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica", nada de lo cual ocurre en
este caso. […]»20 (Negrilla de la Sala)
Por lo tanto, al observar que la primera vinculación de la accionante tuvo lugar a
partir del 26 de marzo de 1973 y solo duró hasta el año siguiente, esto es, antes del
1.º de enero de 1976 e incluso previo al 31 de diciembre de 1980, aunado al hecho
de que la autoridad nominadora fue una entidad territorial (puntualmente el
departamento del Cesar), resulta acertado asegurar que el período en mención fue
laborado como docente territorial, tanto así que la misma entidad demandada no
pone en duda la contabilización de este lapso en la Resolución UGM 004049 del 12
de agosto de 201121, tal como se observa a partir de la siguiente imagen, ello a
pesar de que lo haya tomado como de carácter nacionalizado.
De hecho, al margen de que la entidad demandada hubiese tenido en cuenta esta
vinculación como nacionalizada en vez de territorial, tal y como se extrae de la
20 Sentencia C-084 del 11 de febrero de 1999. MP: Alfredo Beltrán Sierra.
21 Archivo digital denominado «22- Resoluciones que resuelven de fondo la petición - Causante» que reposa
en el CD a folio 421.
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constancia emitida el 8 de octubre de 2010 por el profesional universitario de archivo
y hojas de vida de la Secretaría de Educación departamental del Cesar 17,, lo cierto
es que aquella situación no afecta en nada su cómputo, pues en este escenario
judicial lo que se estimará es que dicho vínculo tuvo lugar bajo la última calidad en
comento, toda vez que como antes se señaló en la sentencia C-085 de 2002, antes
de la entrada en vigencia de la Ley 43 de 1975 solo existían docentes nacionales y
territoriales, y el vínculo no logró sobrepasar el proceso de nacionalización.
Por lo tanto, resulta acertado asegurar que el período en mención (26 de marzo de
1973 al 31 de marzo de 1974- 1 año y 5 días), efectivamente fue laborado como
docente territorial y por lo tanto debe ser computado a efectos de acumular tiempo
de servicio para satisfacer el requisito de 20 años contemplado en la Ley 114 de
1913 en orden de consolidar el derecho a la pensión gracia.
• Del 16 de abril de 1990 al 2 de octubre de 201722
Verificado el expediente es del caso resaltar que, efectivamente conforme al
Decreto 044 del 27 de abril de 199023, el alcalde municipal de Agustín Codazzi
nombró a la accionante en el cargo de docente de básica primaria en la Escuela
Nacionalizada Club de Leones, tal como se aprecia en la siguiente imagen:
22 En el folio 437 se encuentra el Formato Único de Historia Laboral emitido por la Secretaría de Educación de
del Cesar de fecha 2 de octubre de 2017 en el cual no se registra que la docente se haya retirado, por tanto, se
tomara como fecha última del servicio la de expedición del certificado.
23 Folio 313.
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Así mismo, obra acta en la que consta que la señora Bexy del Carmen Suárez se
posesionó el 16 de mayo de 1990 en el cargo de docente en propiedad. Veamos:
Del anterior acto administrativo, puede observarse que el nombramiento fue suscrito
por el alcalde municipal de Agustín Codazzi en ejercicio de las atribuciones legales
conferidas en el artículo 9° de la Ley 29 de 1989, el cual consagra que:
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«[…] Se asigna al Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, y a los alcaldes
municipales, las funciones de nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general
administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos educativos
nacionales o nacionalizados, plazas oficiales de colegios cooperativos, privados,
jornadas adicionales, teniendo en cuenta las normas del Estatuto Docente y la
Carrera Administrativa vigentes y que expidan en adelante el Congreso y el
Gobierno Nacional, ajustándose a los cargos vacantes de las plantas de personal
que apruebe el Gobierno Nacional y las disponibilidades presupuestales
correspondientes. […]» (Negrilla y subrayado fuera de texto).
Adicionalmente, a partir del aludido decreto también relaciona que la vinculación de
la reclamante tuvo lugar con el fin de dar cumplimiento al Decreto 1706 de 1989
«[p]or el cual se reglamentan los artículos 7º, 10 y 18 de la Ley 29 de 1989, y se dictan otras
disposiciones», que en su parte considerativa señala de forma breve los
antecedentes y las necesidades que justificaban la expedición del acto, así:
«Que el Congreso de la República, mediante el artículo 9 de la Ley 29 de 1989,
modificó el artículo 54 la Ley 24 de 1988, asignándole al Alcalde Mayor de Bogotá,
D.E., a los demás alcaldes del país y al Intendente de la Isla de San Andrés, las
funciones de nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general, administrar
el personal docente y administrativo de los institutos educativos nacionales y
nacionalizados, plazas oficiales de colegios cooperativos, privados y jornadas
adicionales.
Que mediante el artículo 10 de la mencionada ley, se asigna temporalmente a los
Gobernadores, Intendencias y Comisarios, las atribuciones establecidas en el
considerando anterior, cuando financiera y/o administrativamente el municipio no
pueda asumir tal responsabilidad. (…)
Que según esa norma, las facultades asignadas deben ejercerse teniendo en
cuantas el Estatuto Docente y la Carrera Administrativa, vigentes.
Que en consecuencia, se requiere desarrollar una reglamentación que se adecue a
la administración comprometidos en la prestación del servicio educativo, con el fin
de racionalizarlos y asegura su correcta aplicación.» (Negrillas, subrayas y cursivas
fuera del texto original)
Recordemos que el alcance de dicho precepto es relativo a la desconcentración
administrativa al asignar como función a cargo de los alcaldes, la de nombrar,
trasladar, remover, controlar y, en general, administrar el personal docente y
administrativo de los establecimientos nacionales y nacionalizados, razón por la cual
no se puede concluir automáticamente que un nombramiento efectuado con
sustento en aquel postulado tiene alguna de esas dos connotaciones, al menos
hasta tanto no se verifiquen las demás causas y contextos de la vinculación.
De ahí que el procedimiento que se reguló en la norma antes transcrita hace
referencia a la designación tanto de docentes nacionales como nacionalizados, en
la medida que la creación de esta obedeció a la facultad asignada por el artículo 9
de la Ley 29 de 1989 y, por tanto, se tiene que hacer remisión al contenido en ella
dispuesto para complementar el supuesto de hecho de la misma norma.
De igual forma, se advierte que el acto de nombramiento fue proferido también en
acatamiento al Decreto 2277 de 1979 que reguló las condiciones de ingreso, egreso
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y otras situaciones administrativas en el ejercicio de la profesión docente. En ese
orden de ideas, resulta procedente considerar que dicha vinculación tiene el
carácter de nacionalizada también en virtud del artículo 1° de la Ley 29 de 1989.
En el mencionado decreto también se precisó que la plaza correspondía a las
adjudicadas al municipio por efecto de la Ley 12 de 1989 «por la cual se nacionaliza
la educación básica primaria, básica secundaria y media vocacional, que oficialmente viene
prestando el Departamento del Cesar y sus Municipios.»
Además, el acto de nombramiento también se observa que la plaza fue creada en
vigencia y cumplimiento del artículo 10 de la Ley 43 de 1975 y bajo los postulados
del artículo 6° de dicha norma, en virtud del cual los recursos para atender el
proceso de nacionalización serían administrados por los Fondos Educativos
Regionales (FER) con sujeción a los planes que en su momento debía establecer
el Ministerio de Educación.
En esos términos, esta Sala ha precisado en casos de similar connotación al que se
hoy se estudia lo siguiente:
El carácter nacionalizado de la designación también encuentra respaldo en el
artículo 1 de la Ley 91 de 1989, en tanto dispone que son nacionalizados
aquellos «docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes
del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad
con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975». Criterio que igualmente sostuvo la
Corte Constitucional en Sentencia C-085 de 2002, al señalar que los
«docentes nacionalizados» son «los vinculados antes del 31 de diciembre de
1980, por las entidades territoriales». No obstante, se precisa que dichas
reglas jurisprudenciales deben analizarse en cada caso particular en conjunto
con los demás elementos de juicio para concluir sin lugar a equívoco el tipo
de vinculación del respectivo docente.
De manera que, teniendo en cuenta que en el asunto bajo análisis la docente
fue nombrada por una entidad territorial con posterioridad al 1º de enero de
1976 con ocasión de la nacionalización, la referida regla jurisprudencial cobra
mayor importancia porque permite junto con la valoración del acto de
nombramiento, concluir que el tipo de vinculación de la demandante fue
nacionalizado.
Adicionalmente, en el acto de nombramiento de la referencia se indicó:
«Que el Delegado Permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
F.E.R. del Departamento del Cesar, en Oficio 20 certificó. a) Que existe
disponibilidad presupuestal.».24
«no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Radicación:
20001-23-33-000-2015-00099-01 (1487–2017). CP: Gabriel Valbuena Hernández. En similar sentido ver:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Radicación:
20001-23-33-000-2015-00441-01, N.I. 3167-2017, sentencia del 5 de octubre de 2023, CP: Jorge Iván Duque
Gutiérrez.
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administradora del respectivo fondo educativo regional, así́, este último,
certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal [...]».
Por lo tanto, incluso si la certificación de la entidad nominadora del 2 de octubre de
201225 y el Formato Único para la Expedición de la Historia Laboral del 30 de junio
de 200626 afirman que la calidad de la docente fue nacional, lo cierto es que el acto
de nombramiento y la diligencia de posesión dan cuenta de una situación diferente,
ya que, como se dijo, existió participación del Fondo Educativo Regional para
acreditar la disponibilidad presupuestal y fue creada dentro de un proceso específico
de nacionalización, lo que permita inferir que la plaza fue creada u ocupada en virtud
de los presupuestos de las Leyes 43 de 1975 y la Ley 12 de 1989.
Aunado a lo anterior, se tiene que existe otra certificación que ratifica el análisis de
la naturaleza de la vinculación en estudio que merece mayor credibilidad y se
compagina con la voluntad del nominador y esta es la constancia emitida el 8 de
octubre de 201027 por el profesional universitario de archivo y hojas de vida de la
Secretaría Educación Departamental del Cesar en la que se precisa que la
recurrente se desempeñó como maestra primaria al servicio del municipio de
Agustín Codazzi es de carácter nacionalizado. Para mayor ilustración se expone
dicha prueba documental:
En este punto debe advertirse que, aunque el recurrente argumenta que ocurrió una
incorporación de la docente a la planta departamental docente mediante Decreto
000133 del 19 de septiembre de 1997, lo cierto es que no existe prueba dentro de
su historia laboral de la ocurrencia de dicho fenómeno; situación que, en todo caso,
de la documental analizada no afectaría la condición de la demandante para obtener
el reconocimiento de la pensión gracia.
25 Folios 428 a 430.
26 Folio 293.
27 Archivo digital denominado «8-Certificado de información laboral- Causante» que reposa en el CD a folio 421.
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En consecuencia, el tiempo de labor oficial de la demandante como educadora
nacionalizada comprendido entre el 16 de abril de 1990 y hasta el 2 de octubre de
2017 (16 años, 5 meses y 27 días), contrario a lo que consideró el tribunal, puede
ser tenido en cuenta para colmar la exigencia de 20 años de servicio necesarios
para acceder a la prestación solicitada.
Con base en el referido recuento fáctico, se estima que los tiempos de labor oficial
de la señora Bexy del Carmen Suárez en plazas como docente territorial y
nacionalizada, se acreditaron de la siguiente forma:
ENTIDAD QUE
TIPO DE
DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS ACTO DE NOMBRAMIENTO EXPIDE EL
PLAZA
ACTO
Decreto 106 delo 23 de marzo de Gobernador del
26/03/1973 31/03/1974 1 0 5 Territorial
1973 Cesar
Alcalde
Decreto 0044 del 27 de abril de
16/04/1990 2/10/2017 27 5 15 municipal de Nacionalizada
1990
Agustín Codazzi
TOTAL DE TIEMPO DE SERVICIO = 28 AÑOS, 5 MESES Y 20
TOTAL 28 5 20
DÍAS
En suma, al no encontrar razones que justifiquen prescindir del tiempo laborado por
la demandante como maestra oficial durante el lapso transcurrido desde el 16 de
abril de 1990 hasta el 2 de octubre de 2017, observa la Sala que aquella satisfizo el
requisito de cumplir 20 años al servicio estatal como educadora del orden territorial
y/o nacionalizado.
Seguidamente, sobre el tercer requisito referente a la necesidad de demostrar
alguna vinculación en una plaza docente de iguales calidades a las mencionadas
con anterioridad, ello previo al 31 de diciembre de 1980, lo propio se deriva sin
dificultad del hecho de que la actora efectivamente se desempeñó como tal al
servicio del departamento del Cesar, nombrada mediante el Decreto 106 del 23 de
marzo de 1973, bajo una relación y reglamentaria del orden nacionalizado desde el
26 de marzo de 1973, es decir, en un período anterior a la primera fecha en
comento, por lo que se encuentra colmada la exigencia objeto de análisis.
En punto al cumplimiento del cuarto requisito que se circunscribe a la verificación
de la buena conducta de la apelante, entendida como el ejercicio del cargo con
honradez y consagración, se resalta que este aspecto no fue objeto de discusión en
sede administrativa, así como tampoco en la primera instancia y mucho menos a
través del recurso de apelación objeto de análisis en esta oportunidad, por lo que
se presume la buena fe de la interesada en cuanto a la acreditación de este
requerimiento normativo.
Con base en lo expuesto previamente, se estima que no resultó acertado el estudio
efectuado por el tribunal de primera instancia en el fallo apelado para denegar el
reconocimiento de la prestación solicitada por la actora, de suerte que habrá de
revocarse dicha providencia para en su lugar acceder a las pretensiones de la
demanda. Por lo mismo, también se hace necesario efectuar un examen sobre el
fenómeno prescriptivo de las mesadas reclamadas.
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Análisis de la prescripción
Sobre el particular, el Consejo de Estado28 ha señalado que la estructuración de la
mentada figura requiere que transcurra un determinado lapso durante el cual no se
hayan ejercido las acciones correspondientes para reclamar los derechos que
considera vulnerados. Ese tiempo se cuenta por 3 años desde que la obligación se
haya hecho exigible, con una posibilidad de interrupción del término por un lapso
igual, tal como lo indica el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969 aplicable al
presente caso.
Pues bien, para determinar el momento de exigibilidad del derecho a restablecer a
partir de la cual debe comenzar a contabilizarse el término referido en el presente
caso, tendrá que considerarse el hecho de que esta fecha se concretó desde el 10
de abril de 2009 cuando la actora acreditó los 20 años de servicio,29 esto es,
posterior al cumplimiento de los 50 años de edad (22 de mayo de 2002), pues ese
primer momento fue en el que acreditó la totalidad de requisitos para consolidar la
prerrogativa bajo estudio.
Ahora bien, de la revisión del expediente está acreditado que, desde la
configuración del estatus pensional hasta la radicación de la primera solicitud en vía
administrativa (15 de diciembre de 2010), no transcurrieron más de tres años, por
lo que la prescripción estuvo suspendida hasta el 15 de diciembre de 2013, fecha
hasta la cual la actora estaba habilitada para acudir a la jurisdicción; sin embargo,
toda vez que la demanda no fue radicada dentro de los tres años siguientes tal
actuación no surtió efecto alguno para la protección de las mesadas que se
causaron dentro del dicho periodo al volverse a reactivar el fenómeno de la
prescripción.
Ahora bien, en razón de la accionante presentó el 25 de noviembre de 201430 una
segunda reclamación tendiente al reconocimiento de la pensión gracia y a su vez,
radicó la demanda el 9 de noviembre de 201531, esto es, dentro del término de los
3 años siguientes, esta última petición si tuvo vocación de interrumpir el plazo trienal
de la prescripción y por ello, solo hay lugar a declarar prescritas las mesadas
pensionales anteriores al 25 de noviembre de 2011.
Con fundamento en lo expuesto anteriormente, se revocará la sentencia apelada y,
en su lugar, se declarará la nulidad de los actos acusados para ordenar el
reconocimiento y pago de la pensión gracia reclamada por la parte activa, ello en
cuantía del 75% del promedio de los factores salariales devengados por la
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 15
de noviembre de 2012, número interno: 1446-2012.
29 Según el siguiente cálculo:
DESDE HASTA AÑOS MESES DÍAS
26/03/1973 31/03/1974 1 0 5
16/04/1990 10/04/2009 18 11 25
TOTAL 20 AÑOS 19 11 30
30 Folio 30.
31 Ver sello de radicación a folio 11.
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demandante en el año anterior a la consolidación de su estatus pensional,
comprendido entre el 10 de abril de 2008 y el 9 de abril de 2010, pero con efectos
fiscales a partir del 25 de noviembre de 2011, por prescripción trienal de mesadas.
La referida liquidación es consonante con los artículos 4 de la Ley 4 de 1966, 5 del
Decreto 1743 de 1966 y los lineamientos jurisprudenciales trazados por esta
corporación frente al monto de la prestación, esto es, que «la pensión gracia debe
liquidarse con base en los emolumentos devengados durante el año anterior a la adquisición
del estatus pensional».32
La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:
R= RH Índice Final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la parte demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que la parte actora obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por
mes.
Condena en costas de segunda instancia
Sobre la imposición de dicha carga, es importante aclarar que la jurisprudencia de
la Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artículo 188 del CPACA, según el cual en toda sentencia el juez
procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso que
estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe. No obstante, dicho
criterio fue variado con la adición introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2º del artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011.
32 Al respecto pueden consultarse las siguientes sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado: i)
del 25 de enero de 2007, radicado: 25000-23-25-000-2002-08879-01 (2748-05); ii) del 22 de marzo de 2018,
radicado: 25000-23-42-000-2014-03987-02 (1663-17); iii) del 14 de agosto de 2020, radicado: 15001-23-33-
000-2014-00462-01 (1644-19).
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Radicado: 20001-23-39-000-2016-00409-01 (2191-2018)
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, la Sala observa que, de la
revisión de la demanda, de la oposición a la misma y de los alegatos de conclusión
no existe una carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en
costas. Contrario a ello, ambos extremos del litigio manifestaron planteamientos
razonables para la defensa jurídica de sus intereses. En consecuencia, no se
impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F AL L A
PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada que denegó las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de las Resoluciones UGM 004049 del 12
de agosto de 2011, UGM 025148 del 12 de enero de 2012, RDP 010693 del 18 de
marzo de 2015, RDP 016256 del 27 de abril de 2015 y RDP 021805 del 29 de mayo
de 2015, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago la pensión gracia
a favor de la demandante y se confirmó tal decisión respectivamente.
TERCERO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de «prescripción»
respecto de las mesadas causadas a favor de la demandante anteriores al 25 de
noviembre de 2011 formuladas por la entidad accionada.
CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, SE CONDENA a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP), a reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la
señora Bexy del Carmen Suárez de Loaiza, ello en cuantía del 75% del promedio
de los factores salariales devengados en el año anterior a la consolidación de su
estatus pensional, comprendido entre el 10 de abril de 2008 y el 9 de abril de 2010,
pero con efectos fiscales a partir del 25 de noviembre de 2011, por prescripción
trienal de mesadas.
La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
tal como se señaló en la parte motiva.
QUINTO: ABSTENERSE de condenar en costas a la entidad demandada según lo
manifestado en la parte motiva de la sentencia.
SEXTO: RECONOCER personería al abogado Jhon Jairo Bustos Espinosa,
portador de la tarjeta profesional 291.382 del Consejo Superior de la Judicatura,
como apoderado general de la UGPP conforme al poder que le fue otorgado
mediante escritura pública visible en el índice 49 de la plataforma SAMAI.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 20001-23-39-000-2016-00409-01 (2191-2018)
SÉPTIMO: ACEPTAR RENUNCIA al poder a la abogada Karina Vence Peláez,
portadora de la tarjeta profesional 81.621 del C.S de la J. conforme al
memorial visible en el índice 30 de la plataforma SAMAI.
OCTAVO: RECONOCER personería adjetiva al abogado Omar Andrés Viteri
Duarte, portador de la tarjeta profesional 111.852 del Consejo Superior de la
Judicatura, en calidad de apoderado general de la UGPP conforme al poder
conferido mediante escritura pública visible en el índice 33 de la plataforma SAMAI.
NOVENO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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