Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2017-00167-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2017-00167-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-39-000-2017-00167-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
7 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Bogotá, D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 20001-23-39-000-2017-00167-01 (1794-2019)
Demandante: Betty Luz Molina Villero
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Temas: Reconocimiento de Pensión Gracia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra
la sentencia proferida el 22 de noviembre de 2018 por el Tribunal Administrativo del
Cesar, que accedió a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Betty Luz Molina Villero, por conducto
de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad de las
siguientes Resoluciones: i) UGM031996 del 8 de febrero de 2012, que le negó el
reconocimiento de la pensión gracia; y ii) UGM054508 del 16 de agosto de 2012, que
resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión y la confirmó.
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Radicación: 20001-23-39-000-2017-00167-01 (1794-19)
Demandante: Betty Luz Molina Villero
Los mencionados actos fueron proferidos por la extinta Caja Nacional de Previsión
Social, en adelante Cajanal.
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la UGPP a lo siguiente: i) reconocer y pagar la pensión
gracia de jubilación equivalente al 75% del salario promedio mensual percibido al
momento de la adquisición del estatus pensional; ii) cancelar el valor de las
mesadas pensionales y adicionales con los correspondientes reajustes de ley desde
la fecha de acreditación de requisitos de pensionada; iii) cumplir la sentencia al tenor
de lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del CPACA; y iv) condenar en costas
procesales.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:
i) La señora Betty Luz Molina Villero nació el 16 de junio de 1958, luego cumplió
50 años de edad, el 16 de junio de 2008.
ii) Prestó servicios como docente territorial por más de 20 años de la siguiente
manera:
Entidad Tipo de Sustento Desde Hasta Tiempo
territorial vinculación legal DD/MM/AA DD/MM/AA DD/MM/AA
pruebas
Departamento Nombramiento Resolución 08/10/1989 20/11/1989 13/01/00
del Cesar en propiedad 03130 del 16
de diciembre
Nacionalizada de 1980
Municipio de Nombramiento Decreto 544 12/03/1981 28/09/2009 07/07/28
Valledupar en propiedad del 23 de
febrero de
Nacionalizada 1981
TIEMPO TOTAL 20/08/28
TIEMPO TOTAL SERVIDO: 28 años, 8 meses y 20 días
NOTA: 20 años de servicios: 30 DE ENERO DE 2001
Edad 50 años: 16 de junio de 2008
2
Radicación: 20001-23-39-000-2017-00167-01 (1794-19)
Demandante: Betty Luz Molina Villero
iii) Cumplió 20 años de servicio al magisterio con honradez, idoneidad y buena
conducta.
iv) El 8 de octubre de 2009, solicitó ante Cajanal el reconocimiento de la pensión
gracia; sin embargo, esta petición fue negada, mediante los actos administrativos
enjuiciados.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 29, 48 y 53 de la Constitución Política;
1, 3 y 4 de la Ley 114 de 1913; 6 de la Ley 116 de 1928; 3 de la Ley 37 de 1933; 4
de la Ley 4 de 1966; 5 del Decreto 1743 de 1966; 3 del Decreto Ley 2277 de 1979;
y el literal a) del numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso lo
siguiente:
i) Cajanal en los actos administrativos no analizó ni dio aplicación al artículo 1°
de la Ley 91 de 1989, en el sentido de interpretar que la vinculación en el
departamento del Cesar ostentó naturaleza territorial - nacionalizada, por cuanto los
nombramientos o designaciones de la interesada provinieron de la entidad territorial.
ii) Así pues, Cajanal estaba en la obligación de reconocer la prestación gracia
al haberse demostrado, insistió, que la señora Molina Villero sumó más de 20 años
de servicio a la docencia a través de vinculaciones de orden departamental y/o
nacionalizado, y 50 años de edad.
1.2. Contestación de la demanda
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Radicación: 20001-23-39-000-2017-00167-01 (1794-19)
Demandante: Betty Luz Molina Villero
El apoderado de la UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda y expuso las
siguientes razones de defensa:1
Los actos administrativos que incumben a este proceso fueron debidamente
motivados, pues Cajanal al momento de resolver tuvo en cuenta las disposiciones
aplicables vigentes, por lo que consideró que existe una inconsistencia en las
certificaciones aportadas a la actuación administrativa con el propósito de acreditar
los 20 años de servicios exigidos en la Ley 114 de 1913, razón por la cual no es
posible contabilizar el período presuntamente laborado antes del 31 de diciembre
de 1980. Así las cosas, no existe mérito para el reconocimiento de la pensión
solicitada.
Propuso las excepciones de falta de requisitos pensionales o inexistencia de la
obligación y prescripción.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia escrita proferida el 22 de
noviembre de 2018, accedió a las pretensiones de la demanda, con sustento en las
siguientes consideraciones:2
i) De las pruebas obrantes en el plenario se observa que la actora tiene más
de 50 años de edad, así como también, al no haber pesado sobre ella alguna
sanción disciplinaria o llamado de atención mientras ejerció la labor docente, es
dable afirmar que desarrolló sus funciones de manera honrada y con buena
conducta.
ii) De igual modo, en el expediente reposa copia de la Resolución 3130 de 1980,
por medio de la cual la Gobernación del Cesar reconoció a favor de la peticionaria
un pago en razón a los servicios prestados al departamento en calidad de maestra
1 Folios 91 al 95.
2 Folios 164 al 181. Con ponencia del magistrado Oscar Iván Castañeda Daza.
4
Radicación: 20001-23-39-000-2017-00167-01 (1794-19)
Demandante: Betty Luz Molina Villero
de grado transitorio B, como supernumeraria, en la Escuela Urbana de La Paz, entre
el 8 de octubre y el 20 de noviembre de 1980, período desestimado por la entidad,
lo que trajo como consecuencia la negativa del reconocimiento prestacional
deprecado.
iii) Adicionalmente, se encuentra demostrado que la señora Molina Villero
estuvo vinculada desde el 23 de febrero de 1981 hasta el 9 de octubre de 2012, en
la Escuela Urbana Fray Joaquín de La Paz.
iv) Respecto de los motivos sustentados por la UGPP en sede administrativa y
judicial se debe señalar que el derecho reclamado subsiste para los docentes que
se vincularon al servicio oficial antes del 31 de diciembre de 1980, sin que se exija
una forma específica de vinculación, ni período, ni si quiera que para esa fecha
estuviera activo, pues basta que hubiere sido vinculado antes de esa data (además
de los otros requisitos).
v) Así entonces, siendo que la actora demostró haber estado vinculada antes
del 31 de diciembre de 1980, y que dicho nombramiento temporal o transitorio puede
ser tenido en cuenta en atención a los derroteros expuestos en la jurisprudencia del
Consejo de Estado, deviene la declaratoria de nulidad de los actos administrativos
enjuiciados.
vi) Se tendrán por prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 8 de
noviembre de 2013, en virtud de la prescripción trienal, en tanto se tomó como fecha
la de presentación de la demanda.
1.4. El recurso de apelación
El apoderado de la UGPP interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia
con base en los siguientes argumentos:3
3 Folios 187 al 189.
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Radicación: 20001-23-39-000-2017-00167-01 (1794-19)
Demandante: Betty Luz Molina Villero
i) No se comparten las consideraciones del a quo por cuanto la vinculación
laboral anterior al 31 de diciembre de 1980 no puede computarse, ya que no fue
certificada en el respectivo formato de historia laboral, al paso que en el documento
que reposa en el expediente la entidad nominadora especificó que inició labores
hasta el 23 de febrero de 1981. Aunado a ello, el presunto tiempo fungido en 1980
fue causado por la suscripción de un contrato de prestación de servicios, es decir,
la solicitante no tenía un vínculo docente legal y reglamentario.
ii) Adicionalmente, el fallador desestimó el espíritu de la norma orientado a
equiparar los ingresos de los docentes provinciales con los pagados por el Ministerio
de Educación Nacional.
iii) En suma, la actora pretende beneficiarse de una recompensa que no le
corresponde, pues el mero hecho de haber tenido un contrato de prestación de
servicios por mes y medio con un ente territorial antes de 1981, no la habilita para
acceder a una prestación vitalicia y susceptible de sucesión.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Las partes demandante y demandada reiteraron los argumentos expuestos en las
oportunidades procesales.4
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.5
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
4 Memoriales obrantes en los índices 18 y 20 de la Plataforma Samai.
5 Folio 283.
6
Radicación: 20001-23-39-000-2017-00167-01 (1794-19)
Demandante: Betty Luz Molina Villero
2.1. El problema jurídico
El problema jurídico consiste en determinar si la demandante tiene derecho a que
la UGPP le reconozca la pensión gracia, en aplicación del régimen consagrado en la
Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación.
2.2. Marco normativo
El artículo 1° de la Ley 114 de 1913 dispuso que los maestros de escuelas primarias
oficiales «que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte
años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley».
Por su parte, las Leyes 116 de 19286 y 37 de 19337 consagraron la posibilidad de
que los docentes obtuvieran la pensión gracia computando los años laborados en
la enseñanza secundaria, normalista o como inspectores de instrucción pública,
siempre y cuando cumplieran los demás requisitos fijados por el artículo 4 de la Ley
114 de 1913, pues estos no fueron modificados por la normativa posterior. 8
Dentro de los requerimientos para acceder al mencionado beneficio, el artículo 4
ibidem incluyó el referente a que el educador no haya recibido o reciba «otra pensión
o recompensa de carácter nacional».9
6 Artículo 6. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción
Pública tienen derecho a jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que
a esta complementan. Para el computo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas
épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria cono en el de la normalista, pudiéndose contar
en aquella la que implica la inspección.
7 Artículo 3. Las pensiones de jubilación de los maestros de escuela rebajadas por decreto de
carácter legislativo, quedaran nuevamente en la cuantía señalada por las leyes.
Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicios
señalados por la Ley, en establecimientos de enseñanza secundaria.
8 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) sentencia de
16 de junio de 1995, radicado: 10665; ii) sentencia de 29 de agosto de 1997, radicado: S-699.
9 Artículo 4º.- Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:
1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2. (Derogado por la Ley 45 de 1931).
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Radicación: 20001-23-39-000-2017-00167-01 (1794-19)
Demandante: Betty Luz Molina Villero
En virtud de dicho condicionamiento, la Sala Plena del Consejo de Estado, mediante
Sentencia S-699 de 1997 del 29 de agosto de 1997, concluyó que «la pensión
gracia no puede ser reconocida a favor de un docente nacional, pues constituye
requisito indispensable para su viabilidad que el maestro no reciba retribución
alguna de la nación por servicios que le preste, o que no se encuentre pensionado
por cuenta de ella. Por lo tanto, los únicos beneficiarios de tal prerrogativa eran
los educadores locales o regionales».10
Al respecto, es preciso resaltar que la prestación en comento se creó con la finalidad
de compensar a los profesores adscritos a entidades territoriales en razón a la
diferencia salarial que se evidenciaba en comparación con los docentes nacionales;
sin embargo, este objetivo inicial perdió su fundamento con ocasión del proceso de
nacionalización de la educación que instituyó la Ley 43 de 1975 y en razón a que el
artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso que tal beneficio sería compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, «aún en el evento de estar ésta a cargo total o
parcial de la Nación».
En virtud de la expedición de la Ley 91 de 1989, la Sala Plena de esta corporación,
en la referida Sentencia S-699 de 1997, afirmó que la pensión gracia debe
reconocerse a los docentes nacionalizados, en aras de «colmar las expectativas
de los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su
3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por
consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un Maestro pueda recibir a un mismo
tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación o por un Departamento.
4. Que observe buena conducta.
5. (Derogado artículo 8 Ley 45 de 1931).
6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa,
de ganar lo necesario para su sostenimiento.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de agosto de
1997, radicado: S-699. También pueden consultarse las siguientes providencias de la Sección
Segunda que han acogido igual lineamiento: i) Subsección A, sentencia del 10 de marzo de 2016,
radicado: 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-2014); ii) Subsección B, sentencia del 1 de marzo
de 2018, radicado: 25000-23-42-000-2013-06449-01 (3989-2015); y iii) Subsección B, sentencia del
30 de enero de 2020, radicado: 23001-23-33-000-2016-00431-01 (5640-2018). En similar sentido,
puede consultarse la Sentencia C-085 de 2002, proferida por la Corte Constitucional.
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Radicación: 20001-23-39-000-2017-00167-01 (1794-19)
Demandante: Betty Luz Molina Villero
labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
oficiales».
Ahora bien, la Ley 91 de 1989 pretendió desmontar el reconocimiento de la pensión
gracia en consideración a que ya no existía la diferencia salarial anotada; sin
embargo, en su artículo 15, numeral 2, literal a), previó lo siguiente:
Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
[…]
2. Pensiones:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las
Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren
desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia,
se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en
el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación.
La Sentencia C-489 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de la expresión
«vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980» contenida en la norma transcrita,
bajo el entendido de que «las situaciones jurídicas particulares y concretas que se
hubieran consolidado antes de entrar en vigencia la ley 91/89, esto es, antes del 29
de diciembre de 1989, quedan a salvo de la nueva normatividad por cuanto
constituyen derechos adquiridos que el legislador no podía desconocer».
Mediante sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022,11 la Sección Segunda
del Consejo de Estado analizó el alcance de la citada disposición, en consonancia
con la jurisprudencia constitucional proferida en la materia, con el fin de determinar
si era necesario tener consolidado el derecho pensional al 29 de diciembre de 1989.
Al respecto, se explicó que el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989
contiene dos fechas relevantes para estudiar el derecho a la pensión gracia, a saber:
11 Radicado 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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Radicación: 20001-23-39-000-2017-00167-01 (1794-19)
Demandante: Betty Luz Molina Villero
1) 31 de diciembre de 1980 - constituye el último momento en que podía
realizarse la vinculación del docente que pretendiera el reconocimiento
pensional.
2) 29 de diciembre de 1989 - corresponde a la fecha de entrada en vigencia de
la Ley 91 de 1989; sin embargo, esta «no puede entenderse como un plazo que
demarque la última oportunidad para consolidar el derecho a la pensión gracia».12
En este orden de ideas, tiene derecho a que se le reconozca la pensión gracia aquel
docente que haya tenido una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial
antes del 31 de diciembre de 1980 y que cumpla con las exigencias de la Ley 114
de 1913 y demás normas que la desarrollaron, sin importar el momento en que logre
colmar los requisitos de edad y tiempo de servicio, es decir, que lo haga antes o
después del 29 de diciembre de 1989. Al respecto, esta corporación explicó lo
siguiente:13
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del
docente territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos
posteriores siempre y cuando se demuestren como nacionalizados o
territoriales».14
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición
buscó proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta
ese momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por
ende, el único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales
y nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos
como las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional,
pues las normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores
vinculados en la forma indicada.
[…]
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 11 de agosto de 2022, radicado
15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
14 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de septiembre de 2019, radicado: 11001-
03-15-000-2019-02219-01 (AC).
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Radicación: 20001-23-39-000-2017-00167-01 (1794-19)
Demandante: Betty Luz Molina Villero
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al
límite temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso
a la pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de
diciembre de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar
los requisitos previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista
laboral respecto de la cual tenían aspiraciones legítimas.
vi) Mediante la Sentencia SU-014 de 2020, la Corte Constitucional explicó que el
artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989 «solo tiene una lectura posible,
esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían
acceder a la prestación siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de
diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de
la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley
91 de 1989.
Bajo este contexto, se fijó como regla de unificación que «[l]os docentes pueden
acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre
y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31
de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos
para su reconocimiento».
Una vez aclarado este aspecto, es preciso tener en cuenta que para determinar la
plaza docente que permite obtener el beneficio pensional en comento, en sentencia
del 21 de junio de 2018,15 esta corporación fijó las siguientes reglas de
unificación:16
(i) los recursos del antiguo situado fiscal, regulados tanto en la Constitución de 1886
como en la de 1991, que transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales para
atender al sostenimiento de los fondos educativos regionales, una vez ingresaban a
los presupuestos locales, le pertenecían de forma exclusiva a los entes territoriales;
(ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no se
pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
16 Para mayor claridad se separaron cada una de las reglas, pero se conservó el contenido literal de
la sentencia transcrita.
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Radicación: 20001-23-39-000-2017-00167-01 (1794-19)
Demandante: Betty Luz Molina Villero
respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;
(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas de la
respectiva localidad, o de las -situado fiscal- cuando se sufragaban los gastos a través
de los endógenas exógenas fondos educativos regionales, y en lo que tiene que ver
con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se
enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones;
y
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
El escenario normativo y jurisprudencial antes transcrito permite concluir que, en lo
que atañe al requerimiento de acreditar de 20 años en el servicio educativo para
acceder a la pensión gracia, los docentes deben demostrar una vinculación en una
plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre de 1980 y pueden
acumular dichos tiempos con los posteriores laborados en similar condición.
A su vez, no se les puede exigir haber completado todos los requisitos antes del 29
de diciembre de 1989 y tampoco es válido impedir el acceso al beneficio pensional
bajo el argumento de que los salarios fueron pagados total o parcialmente con
recursos provenientes del situado fiscal o del sistema general de participaciones,
pues « lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la aludida prestación,
es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o
nacionalizada».17
2.3. Hechos probados
2.3.1. Edad y tiempo de servicios
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, radicado:
25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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Radicación: 20001-23-39-000-2017-00167-01 (1794-19)
Demandante: Betty Luz Molina Villero
i) Conforme a su cédula de ciudadanía la señora Betty Luz Molina Villero nació el
16 de junio de 1958, por lo tanto, cumplió 50 años de edad el 16 de junio de 2008.18
ii) El 16 de diciembre de 1980, mediante la Resolución 3130, «por la cual se
autoriza un pago», el gobernador del departamento del Cesar, en uso de sus
atribuciones legales, autorizó el pago por la suma de $10.266, 52 a favor de la
señora Molina Villero, con cargo al programa 6.0, título III, articulo 6.06
supernumerario, por los servicios prestados al departamento en calidad de maestra
grado transitorio B, en la escuela urbana de La Paz, durante el tiempo comprendido
entre el 8 de octubre y el 20 de noviembre de 1980.19
iii) Mediante constancia suscrita por el jefe general de archivo y hojas de vida de
la Secretaría de Educación del departamento del Cesar, se hizo constar que la
actora prestó servicios en el ramo de la educación básica primaria en el municipio
de La Paz, legalizada con la Resolución 3130 del 16 de diciembre de 1980, por 40
días entre el 8 de octubre y el 20 de noviembre de 1980.20
iv) A través del Formato Único para Expedición de Certificado de Historia Laboral,
la Secretaría de Educación del municipio de Valledupar certificó que la actora fue
designada a través del acto administrativo 0544 del 23 de febrero de 1981, como
docente y el vínculo se prorrogó desde el 12 de marzo de 1981 hasta el 28 de
septiembre de 2009, período en el cual fue objeto de traslados al interior de ese
municipio.21 En dicho certificado se dejó constancia de que el tipo de vinculación de
la demandante fue nacionalizado.
v) Posteriormente, fue emitido un nuevo Formato Único para Expedición de
Certificado de Historia Laboral por la Secretaría de Educación del municipio de
18 Folio 20.
19 Folio 31.
20 Folio 32. Certificado del 22 de septiembre de 2009.
21 Folio 33. Certificado del 28 de septiembre de 2009.
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Demandante: Betty Luz Molina Villero
Valledupar en el que hizo constar la misma información y agregó que la docente fue
retirada del servicio el 9 de octubre de 2012.22
vi) Según el certificado de salarios emitido el 23 de septiembre de 2009 por la
Secretaría de Educación del municipio de Valledupar, la señora Molina Villero
devengó entre 2007 y 2008, los factores salariales de asignación básica, prima de
navidad y prima de vacaciones.23
vii) El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Valledupar hizo constar
que según fue informado por la Secretaría de Educación Municipal, revisada la hoja
de vida de la docente no se encontró registros de antecedentes disciplinarios.24
2.3.2. Actuación administrativa
i) El 8 de febrero de 2012, Cajanal profirió la Resolución UGM031996 y negó la
solicitud de reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación
gracia elevada por la demandante el 8 de octubre de 2009,25 toda vez que a 31 de
diciembre de 1980 no se encontraba vinculada a la docencia oficial.26
ii) El 16 de agosto de 2012, Cajanal expidió la Resolución UGM054508, por la
cual resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión y la
confirmó.27
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
Teniendo en cuenta el anterior recuento fáctico, en consonancia con el marco
normativo y jurisprudencial descrito en acápites anteriores, la Sala confirmará la
22 Folio 124.
23 Folios 34 y 35.
24 Folio 125. Constancia del 12 de junio de 2018.
25 Folio 22.
26 Folios 23 y 24.
27 Folios 25 al 30.
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Radicación: 20001-23-39-000-2017-00167-01 (1794-19)
Demandante: Betty Luz Molina Villero
decisión del a quo que accedió al reconocimiento de la pensión gracia a favor de la
demandante al observar las siguientes circunstancias.
Para efectos metodológicos, el tiempo de servicio prestado por la demandante en
la docencia oficial se estudiará en dos momentos relevantes, pues a cada uno le
corresponden análisis normativos y probatorios independientes, conforme se
explicará, a continuación.
2.4.1. Primer período. Del 8 de octubre al 20 de noviembre de 1980
En este lapso la señora Betty Luz Molina Villero desarrolló actividades en calidad
de maestra en la Escuela Urbana del municipio de La Paz, tal como fue reconocido
por el gobernador del departamento del Cesar con el Decreto 3130 del 16 de
diciembre de 1980.
Bajo este escenario, tal como lo determinó el a quo, se encuentra acreditado que la
demandante prestó servicios en calidad de docente territorial, en atención a que
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Radicación: 20001-23-39-000-2017-00167-01 (1794-19)
Demandante: Betty Luz Molina Villero
el gobernador del departamento del Cesar reconoció que aquella fungió como
maestra al servicio del departamento, concretamente en la Escuela Urbana del
municipio de La Paz, y por tal motivo autorizó el pago de los emolumentos
correspondientes con cargo al programa de supernumerarios.
Teniendo en cuenta esta última afirmación, se puede inferir válidamente que la
vinculación de la actora se dio en condición de supernumeraria. Respecto de esta
forma de incorporación debe precisar la Sala que esta Corporación en múltiples
pronunciamientos ha sostenido que los servicios prestados por docentes vinculados
en forma temporal deben ser tenidos en cuenta para el cómputo de los 20 años
exigidos en la Ley 114 de 1913. En tal sentido se pronunció la Subsección en
sentencia del 13 de febrero de 2014, al señalar lo siguiente:28
En este punto, vale la pena aclarar que no le asiste razón a la entidad demanda (sic)
al señalar que los tiempos que la demandante pretende hacer valer, en los que laboró
por los periodos arriba mencionados como docente interina para cubrir licencias de
otros docentes, no pueden ser tenidos en cuenta como quiera que no se generó
relación laboral alguna y ningún tipo de vinculación, pues la Corte Constitucional29 ha
venido sosteniendo, lo siguiente:
“…
Sostuvo que, en ningún caso, esos parámetros de contratación son imputables
al docente quien, sin importar la forma como ha de ser vinculado, cumple
funciones similares en el campo educativo y, en consecuencia, está obligado a
acreditar iguales condiciones de formación y experiencia. Ello, por supuesto,
descarta que la ley y las propias instituciones, dentro de la autonomía de que gozan
para darse sus propios estatutos, puedan establecer regímenes restrictivos que
desconozcan el derecho de los docentes ocasionales y hora cátedra, a percibir las
prestaciones sociales reconocidas por el orden jurídico para todos los trabajadores
públicos o privados, las cuales deben otorgarse en proporción al tiempo laborado.
[Resalta la Sala].
En consecuencia, esta Subsección encuentra que la vinculación de la señora Molina
Villero como docente supernumeraria puede ser tenida en cuenta para el
reconocimiento de la pensión gracia, pues para ello no resulta «relevante la forma
en la que fue provisto el empleo, es decir, si lo fue en carrera o en forma interina o
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de febrero de 2014,
radicado 17001 23 31 000 2012 00008 01(2022-13), M.P. Alfonso Vargas Rincón.
29 Sentencia C-517 de 1999
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Radicación: 20001-23-39-000-2017-00167-01 (1794-19)
Demandante: Betty Luz Molina Villero
temporal, pues no existe diferencia en la forma en que dichos servidores desarrollan
la actividad docente con aquellos que han sido nombrados en propiedad».30
Ahora, para la parte apelante, dicho tiempo de labores no tuvo lugar con ocasión de
un nombramiento o designación temporal del gobernador del Cesar, sino ante la
suscripción de un contrato de prestación de servicios, y en ese orden, al no contar
con una vinculación legal y reglamentaria, a su juicio, no podría beneficiarse de la
prestación en comento, pues no resultaría satisfecho el requisito exigido de ostentar
el empleo de docente antes del 31 de diciembre de 1980.
A ese respecto debe precisar la Sala que dicha afirmación carece de soporte
probatorio en el dossier, y que, en gracia de discusión, los contratos de prestación
de servicios son computables para efectos de acreditar los 20 años de ejercicio
de la docencia en el nivel territorial o nacionalizado requeridos para beneficiarse
del derecho pensional reclamado. En reciente providencia, esta Sala sostuvo lo
siguiente respecto de la vinculación contractual en la docencia oficial:31
En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, habida cuenta de que
la labor desempeñada a través de contratos u órdenes de prestación de servicios
desentraña una verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido
ocultarla, comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de
contratación, se insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos
a un específico régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar iguales
condiciones de formación y experiencia.
De igual forma, en lo que respecta a este tipo de vinculación, en particular cuando se
trata de maestros, la Corte Constitucional es del criterio que la «[...] primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones
laborales, es un principio constitucional [...]», y si el intérprete judicial, «[...] en un caso
concreto, decide, porque lo encuentra probado, otorgarle a un docente-contratista el
carácter de trabajador al servicio del Estado, puede hacerlo con base en el artículo
53 de la CP [...]».
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 3 de noviembre de 2022,
radicado 25000234200020130396301 (6014-2018), M.P. William Hernández Gómez.
31 Ver entre otras sentencias del: 10 de noviembre de 2022, rad. 05001-23-33-000-2014-1000-01
(0823-2017);15 de julio de 2010. Rad. 25000 23 25 000 2007 91356 01 (1465-09); 10 de marzo de
2016, radicado 52001-23-33-000-2013-00145-01 (2604-14); del 19 de febrero de 2018, Rad:
25000234200020150003201 (2300–2017); 11 de marzo de 2001, radicado 52001-23-33-000-2016-
00499-01(2298-19); 19 de julio de 2018, radicado 17001-23-33-000-2013-00457-01 (3598-14).
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Radicación: 20001-23-39-000-2017-00167-01 (1794-19)
Demandante: Betty Luz Molina Villero
En estos casos, dada la naturaleza de la función docente, el principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades cobra especial relevancia, puesto que la labor
desempeñada a través de órdenes de prestación de servicios desentraña una
verdadera relación de trabajo sobre la apariencia que haya querido ocultarla,
comoquiera que los maestros vinculados bajo esa modalidad de contratación, se
insiste, cumplen similares funciones a los de planta que están sujetos a un específico
régimen legal y reglamentario y, además, deben acreditar iguales condiciones de
formación y experiencia.
Por tanto, la Sala valida el tiempo laborado por el accionante como docente mediante
contratos de prestación de servicios, para que sea contabilizado con el ejercido en
propiedad, circunstancia que le permite, previo estudio de su caso particular, acceder
al reconocimiento de la pensión gracia.
Por consiguiente, el lapso en que se desarrollen actividades docentes a través de
la figura de la contratación es claramente computable para adquirir la prestación
deprecada, pues «el tiempo requerido para el reconocimiento de la pensión gracia
no solo es aquel que se deriva de las relaciones regulares y en titularidad, debido a
que se trata de una prestación cimentada en la prestación efectiva de labores de
educador»,32 siempre y cuando, la vinculación sea territorial.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, de los documentos reproducidos se extraen
elementos que permiten determinar de manera inequívoca que para efectos de
ejecutar la labor docente encomendada a la demandante no se inmiscuyó al
Ministerio de Educación Nacional en la designación, se desempeñó en una escuela
de carácter territorial y sus emolumentos fueron cancelados con recursos propios.
Aunado a ello, no encuentra vocación de prosperidad el argumento de la apelación
que pretende se desestime la vinculación precaria antes del 31 de diciembre de
1980, por cuanto esta no debería generar derecho a la pensión gracia; puesto que
no se puede perder de vista que, en lo que atañe al requisito de acreditar 20 años
en el servicio educativo para acceder a la pensión gracia, los docentes deben
demostrar una vinculación en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de
diciembre de 1980 y pueden acumular dichos tiempos con los posteriores laborados
en similar condición. En ese orden, no existe soporte legal o jurisprudencial que
32
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de noviembre de 2022, rad. 05001-23-33-
000-2014-1000-01 (0823-2017).
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Radicación: 20001-23-39-000-2017-00167-01 (1794-19)
Demandante: Betty Luz Molina Villero
permita exigir a los interesados en esta pensión un tiempo de servicio mínimo o
específico con anterioridad a la fecha ibidem, como lo pretende la entidad
accionada.
Finalmente, el recurso de apelación también sugiere que la vinculación laboral
anterior al 31 de diciembre de 1980 no puede computarse, ya que no fue certificada
en el respectivo formato de historia laboral, consideración que no comparte la Sala
por cuanto no existe un único documento o una única prueba que permita acreditar
el tipo de vinculación de los docentes que pretendan el reconocimiento de la pensión
gracia. Sobre la procedencia de la prueba para la verificación de la vinculación de
los docentes, la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 señaló lo siguiente:
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial […]
De suerte que, en el presente caso, no se puede desconocer que en el dossier
reposa copia del acto por medio del cual se reconoció la prestación del servicio por
parte de la docente, del que se extrae con claridad los extremos temporales de la
relación y la autoridad nominadora. Por consiguiente, verificada la pertinencia del
medio de prueba para establecer la naturaleza del vínculo sostenido por la actora
durante el lapso en mención, no cabe duda de que este fue territorial.
Así las cosas, este primer período resulta computable para determinar el derecho a
la pensión gracia reclamada, el cual corresponde a 1 mes y 12 días, y
adicionalmente acredita el requisito de haber ostentado una vinculación territorial
con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
2.4.2. Segundo período. Del 12 de marzo de 1981 al 30 de enero de 200133
33 Fecha en la que completó 20 años de servicios de carácter territorial.
19
Radicación: 20001-23-39-000-2017-00167-01 (1794-19)
Demandante: Betty Luz Molina Villero
Este segundo período la señora Betty Luz Molina Villero prestó servicios como
maestra de prescolar en propiedad, nombrada con el Acto Administrativo 544 del 23
de febrero de 1981, del que da cuenta las certificaciones enviadas por la Secretaría
de Educación del municipio de Valledupar:
En relación con este vínculo, debe advertir la Sala que al plenario solo se allegaron
certificados de historia laboral, pero no obra el referido acto de nombramiento, pese
a que el Tribunal requirió a la mencionada entidad para que lo enviara. No obstante,
tal circunstancia no constituye un obstáculo para definir el asunto, teniendo en
cuenta que el tiempo de servicio prestado a partir de marzo de 1981, no ha sido
objeto de controversia por parte de la demandada, ni en la actuación administrativa
ni dentro del proceso y, por el contrario, esta ha reconocido dicho tiempo como
nacionalizado.
20
Radicación: 20001-23-39-000-2017-00167-01 (1794-19)
Demandante: Betty Luz Molina Villero
En efecto, en la Resolución UGM031996 del 8 de febrero de 2012 [acto demandado],
por la cual se negó el reconocimiento de la pensión gracia a la demandante, se
relaciona como tiempo de servicio acreditado por esta el prestado desde el 23 de
febrero de 1981 hasta el 28 de septiembre de 2009, con vinculación de carácter
nacionalizado, como puede apreciarse a continuación:
El argumento de la entidad para negar el derecho reclamado en ese acto
administrativo se contrae específicamente a desconocer la vinculación ocurrida con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980, la cual fue estudiada en el numeral anterior
de estas consideraciones.
Asimismo, esta fue la razón de defensa que esgrimió en la contestación de la
demanda, donde alegó que no es posible contabilizar el período presuntamente
laborado antes del 31 de diciembre de 1980, por encontrarse mal certificado por
parte de la autoridad competente, razón por la cual solo se lograba demostrar el
ejercicio de la docencia a partir de febrero de 1981, lo que traduce en que no se
21
Radicación: 20001-23-39-000-2017-00167-01 (1794-19)
Demandante: Betty Luz Molina Villero
acreditó el requisito de vinculación anterior a 1980 exigida en estos casos. Los
referidos argumentos, además, constituyeron el eje de los alegatos de conclusión
en primera y segunda instancia.
Así las cosas, del acto administrativo que se estudia se advierte de manera
inequívoca que se trata de una vinculación de carácter territorial, por cuanto en
aquel no se especifica que la plaza sea nacional y/o que la designación provenga
directamente o por autorización del Ministerio de Educación Nacional.
En este orden de ideas, este segundo período analizado, que suma un total de 19
años, 11 meses, y 18 días, tal como acertadamente lo consideró el a quo, también
resulta válido para estudiar las pretensiones de la demandante.
Así las cosas, el tiempo de servicio computable para obtener la pensión gracia
corresponde al siguiente:
Carácter de la plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada Día Mes Año Día Mes Año Días Meses Años
Territorial 08-10-1980 20-11-1980 12 1 0
Territorial 12-03-1981 30-01-2001 18 11 19
TOTAL 0 0 20
De esta manera, la demandante acreditó con suficiencia el ejercicio de la profesión
docente en plazas del orden territorial y nacionalizado por más de 20 años y cumplió
con la exigencia de haberse vinculado antes del 31 de diciembre de 1980, tal como
lo determinó el a quo; por lo tanto, se itera, la interesada cumplió el requisito del
tiempo de servicio previsto por el legislador para acceder a la prestación pretendida.
La señora Molina Villero cuenta con más de 50 años de edad y durante su ejercicio
como docente no se registraron sanciones disciplinarias,34 es decir, que cumple con
34 Aspecto no fue objeto de discusión en sede administrativa o en la primera instancia. Además, así
fue certificado por la Alcaldía de Valledupar.
22
Radicación: 20001-23-39-000-2017-00167-01 (1794-19)
Demandante: Betty Luz Molina Villero
los requisitos de edad, buena conducta y desempeño laboral con honradez y
consagración previstos por la Ley 114 de 1913 para el reconocimiento del beneficio
pensional reclamado.
Asimismo, la accionante cumplió 20 años de servicio el 30 de enero de 2001, y 50
años de edad el 16 de junio de 2008, es decir, que en ese momento adquirió el
derecho pensional.
En suma, como los motivos de apelación no encuentran vocación de prosperidad,
pues está acreditado que la actora puede beneficiarse de la pensión gracia
solicitada, se confirmará la sentencia apelada.
2.5. De la condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,35 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
35
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.
23
Radicación: 20001-23-39-000-2017-00167-01 (1794-19)
Demandante: Betty Luz Molina Villero
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en
casos análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el
acervo probatorio, se concluye que la decisión del a quo debe ser confirmada, pues
se acreditaron los requisitos previstos en la norma para acceder a la pensión gracia
reclamada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 22 de noviembre de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, que accedió a las pretensiones de la demanda
de la referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
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Demandante: Betty Luz Molina Villero
Segundo. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
En firme esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES (E)
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
AVM
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
25
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