Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2017-00274-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2017-00274-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-39-000-2017-00274-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
16 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 20001233900020170027402 (2328-2024)
Demandante : Giovanni Aroca Araújo
Demandada : Nación – Procuraduría General de la Nación
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Reintegro al cargo. Retiro del servicio por
nombramiento en propiedad
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra
la sentencia del Veintinueve (29) de febrero de Dos Mil Veinticuatro (2024),
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones
de la demanda encaminadas a declarar la nulidad del Decreto 3382 del 8 de
agosto de 2016 y el reintegro al cargo de procurador 33 judicial I para la
restitución de tierras deprecados por el señor Giovanni Aroca Araújo.
I. ANTECEDENTES
1.1 La demanda1
1.1.1 Pretensiones
La parte actora solicitó la inaplicación por inconstitucional de las expresiones
“de carácter permanente” contenida en el artículo 1°, “de la planta de personal
globalizada” y “la estructura interna de la entidad”, del artículo 2 del Decreto
Ley 2247 de 2011.
Así como también, que se inaplique la Resolución No. 040 del 20 de enero de
2015, en cuanto dio apertura y reglamentó la convocatoria del proceso de
selección para proveer los cargos de procurador judicial I (3PJ-EC) y
1
Samai, expediente digital, índice 2 – 5ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE122420247ZIP(.zip) -
5_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_ONEDRIVE122420247ZIP_20240422154055/ExpedienteAntiguo/01Expedient
eDigital(C1).pdf, fl 11-52
Número Interno: 2328-2024
Demandante: Giovanni Aroca Araújo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
procurador judicial II (3PJ-EG), incluyendo a los que laboran dentro de la
Procuraduría Delegada para la Restitución de Tierras, conforme a las
convocatorias 01 de 2015 y 08 de 2015.
Que se declare la nulidad del Decreto 3382 del 8 de agosto de 2016, por medio
del cual el procurador general de la nación lo desvinculó del cargo de
procurador 33 judicial I para la restitución de tierras, código 3PJ, grado EG que
ejercía en la ciudad de Valledupar, en provisionalidad, desde el 6 de agosto
de 2013 y, designó en propiedad en el mismo cargo al doctor Esteban Martínez
Larrazabal, condicionando la culminación de su vinculación laboral hasta que
el nominado se posesionara, lo cual ocurrió el 2 de septiembre de 2016.
A título de restablecimiento del derecho solicitó: (i) el reintegro, sin solución
de continuidad, al cargo de procurador 33 judicial I que ocupaba o a otro de
igual o superior categoría; (ii) el pago, debidamente indexados, de salarios,
primas, bonificaciones, vacaciones y demás emolumentos salariales dejadas
de percibir desde que se llevó a cabo su destitución hasta el reintegro efectivo;
(iii) Se reconozcan intereses corrientes sobre las sumas que resulten a su
favor y se condene en costas a la parte pasiva.
1.1.2 Hechos y omisiones
Indica el actor que, por medio del Decreto 2557 de 2013, fue designado en
provisionalidad para ejercer el cargo de procurador 33 judicial I para la
restitución de tierras, código 3PJ, grado ED, con sede en la ciudad de
Valledupar, el cual ejerció hasta el 2 de septiembre de 2016, cumpliendo a
cabalidad con sus funciones.
Expone que, el Congreso de la República expidió la Ley 1448 de 2011 “Por la
cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”,
normatividad que en su artículo 208 señaló que su vigencia sería por diez (10)
años.
Asevera que, el Gobierno nacional, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1424
Número Interno: 2328-2024
Demandante: Giovanni Aroca Araújo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
de 2010, profirió el Decreto 2247 de 2011, por medio del cual modificó la planta
de cargos de la Procuraduría General de la Nación, creando como
permanentes cargos destinados a intervenir en los procesos de restitución de
tierras ante los jueces y tribunales del país, a pesar que la Ley 1448 de 2011
les dio a estos un carácter temporal. Adicionalmente, señala que la Corte
Constitucional mediante sentencia C-101 de 2013 le ordenó a la entidad
demandada convocar a concurso público para la provisión en propiedad de los
cargos de procurador, en cumplimiento de lo cual fueron llevadas a cabo las
convocatorias No. 01 de 2015 y 08 del mismo año, en la primera de ellas se
convocó el cargo de procurador judicial I y II de restitución de tierras como
permanente cuando por ley su naturaleza era temporal.
1.1.3 Normas violadas y concepto de violación.
Constitución Política, artículos 1 a 6, 13, 25, 29, 53, 125, 279 y 280
Leyes 1424 de 2010 y 1448 de 2011
Decretos 262 a 264 de 2000 y 2247 de 2011
Como concepto de violación, el apoderado del actor señaló que los actos
acusados se encuentran viciados de nulidad por cuanto:
El Gobierno nacional excedió las facultades que le otorgó el legislador a través
de la Ley 1424 de 2010, puesto que creó como permanentes cargos que, por
su naturaleza debieron ser temporales. Además de ello, suplantó al Congreso
al fijar una planta de cargos en la Procuraduría General de la Nación.
Sostiene que, las funciones de intervención en los procesos de restitución de
tierras; así como, las de justicia transicional, no forman parte de la estructura
de la Procuraduría General de la Nación, estas le fueron atribuidas por el
Congreso de la República para garantizar los derechos a las víctimas del
conflicto armado de forma transitoria; por tanto, los cargos creados para
cumplir con dicho mandato no pueden ser permanentes.
En virtud de lo anterior, al llevar a cabo la convocatoria para proveer en
propiedad los cargos de procurador judicial I y II, en cumplimiento a la orden
Número Interno: 2328-2024
Demandante: Giovanni Aroca Araújo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
de la Corte Constitucional, no se debió ofertar y menos, luego, posesionar,
procuradores judiciales adscritos a la justicia transicional o de restitución de
tierras con carácter permanente; la escogencia de aquellos debió de hacerse
conforme al artículo 21 de la Ley 909 de 2002.
Considera que, al haber sido nombrado en el cargo de procurador judicial en
cargos que, en su entender eran temporales, tenía fuero de permanencia hasta
que se terminara el periodo por el cual fue designado; por tanto, el acto
administrativo acusado, por medio del cual se le desvinculó de la entidad,
adolece de nulidad por violar el principio de confianza legítima.
1.2 Contestación de la demanda2
La Procuraduría General de la Nación contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones.
Manifestó que, la Corte Constitucional a través de la sentencia C-101 del 28
de febrero de 2013 cambió la denominación de los cargos de procurador
judicial, los cuales pasaron de ser de libre nombramiento y remoción a ser de
carrera; providencia que, además, ordenó a la entidad convocar a concurso
público, para la provisión en carrera administrativa de todos los empleos de
procurador judicial I y II, sin exclusión tácita o expresa de alguno de estos; en
cumplimiento de lo cual, por medio de la Resolución No. 040 del 20 de enero
de 2015 se dispuso la apertura del respectivo proceso de selección a través
de catorce (14) convocatorias, estando el cargo desempeñado por el
demandante incluido en la convocatoria 001-2015, el cual ya cuenta con lista
de elegibles publicada a través de la Resolución No. 343 del 8 de julio de 2016.
Señala que, ante el cambio en la denominación del cargo que trajo consigo la
ya citada sentencia C-101 de 2013, el ingreso a aquel debía realizarse bajo
las ritualidades de las reglas de carrera que regulan a la entidad, tal como lo
preceptúa el artículo 6 de la Ley 909 de 2004.
2
Samai, expediente digital, índice 2 – 5ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE122420247ZIP(.zip) -
18ContestacionGabrielPorras.pdf y 20ContestacionLuisAlvarez.pdf
Número Interno: 2328-2024
Demandante: Giovanni Aroca Araújo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
Considera que, la Resolución No. 040 del 20 de enero de 2015 goza de
presunción de legalidad al no haberse expedido ninguna providencia que
ordene su nulidad.
Propuso finalmente la excepción que denominó «Innominada o genérica».
Por su parte, el señor Esteban Martínez Larrazábal también contestó la
demanda oponiéndose a la misma.
Indicó que, antes de incoarse la presente acción ya la Corte Constitucional por
medio de la sentencia C–172 de 2017 se había pronunciado sobre las
expresiones “de carácter permanente”, “planta de personal globalizada” y
“estructura interna de la entidad”; por tanto, no es posible emitir un nuevo juicio
sobre aquellas.
Sostuvo que, la Procuraduría lo que hizo fue acatar o dispuesto por un fallo de
tutela y, en consecuencia, procedió a convocar a concurso los cargos de
procurador.
Además, señaló que no participó en la elaboración del acto acusado; por tanto,
no puede dejarlo sin efecto; que al haber superado todas las etapas del
concurso ingresó al cargo de procurador, cumpliendo con todos los requisitos
legales para ello.
Propuso como excepciones las que denominó «la demanda no está razonablemente
fundada en derecho; el demandante no tiene la titularidad del derecho o de los derechos
invocados; las personas vinculadas mediante provisionalidad no tienen derecho a permanecer
de manera indefinida en el cargo, pues este debe proveerse a través del concurso de mérito;
la regla general de los empleos adscritos a la administración es de carrera; caducidad del
medio de control y la genérica»
1.3 Sentencia de primera instancia3.
3
Samai, expediente digital, gestión de otros despachos, 20001233900220170027400, índice 45
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Demandante: Giovanni Aroca Araújo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
El Tribunal Administrativo de Cesar, mediante sentencia proferida el
Veintinueve (29) de febrero de Dos Mil Veinticuatro (2024), negó las
pretensiones de la demanda, sin condena en costas, así:
PRIMERO: ESTÉSE a lo resuelto por la Corte Constitucional en la sentencia C-172 del
22 de marzo de 2017, en relación con la petición que perseguía la inaplicación por
inconstitucionales, de las expresiones “de carácter permanente” contenida en el artículo
1º y “de la planta de personal globalizada” y “la estructura interna de la entidad” del
artículo 2º del Decreto Ley 2247 de 2011, con base en las consideraciones expuestas
en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: ESTÉSE a lo resuelto por la Sección Segunda del Consejo de Estado en
la sentencia 110010325000201500366 00 (0740-2015) y acumulados, del 30 de julio de
2021, en cuanto a la solicitud de inaplicar la Resolución No. 040 del 20 de enero de
2015, por las razones explicadas en la parte considerativa de esta providencia.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda (…).
Lo anterior al considerar que:
El parágrafo 2 del artículo 119 de la Ley 1448 de 2011 consagró la creación
de cargos especializados en restitución de tierras, en virtud de dicha norma se
profirió el Decreto Ley 2247 de 2011 que modificó la planta de personal de la
Procuraduría General de la Nación, creando los cargos de carácter
permanente y, autorizó al Procurador General de la Nación para distribuir,
mediante acto administrativo motivado, los empleos de la planta de personal
globalizada creados, teniendo en cuenta la estructura interna de la entidad y
las necesidades del servicio. La expresión “de carácter permanente” contenida
en el citado decreto fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en
la sentencia C-172 de 2017 y sustituida por la frase “por 10 años, sin perjuicio
de lo que pueda determinar el legislador”, al considerar que el presidente se
había extralimitado dado que, la Ley 1448 de 2011 había precisado acerca de
la temporalidad de la creación de los cargos para la justicia transicional.
En ese orden de ideas, la discusión frente a estas normas ya fue zanjada por
el Tribunal Constitucional.
En cuanto a la nulidad de la Resolución 040 del 20 de enero de 2015 se
consideró que no prosperaba por cuanto aquella fue expedida en acatamiento
de lo ordenado en la sentencia C-101 de 2013, donde quedó establecido que
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Demandante: Giovanni Aroca Araújo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
el empleo de procurador no podía ser de libre nombramiento y remoción sino
de carrera administrativa; por tanto, el empleo que desempeñaba el
demandante no mutó, sino que se acopló a la orden judicial.
De otra parte, en cuanto a dar aplicación a las disposiciones de la Ley 909 de
2004 expuso que, no era posible que al interior de la Procuraduría General de
la Nación, se adelantaran dos procesos distintos para la provisión de carrera
de los cargos de Procurador Judicial I y II, teniendo en cuenta el carácter
temporal de los cargos como pretende el demandante, pues dicha entidad
cuenta con un régimen especial, en el cual no existe vacíos respecto a los
elementos básicos y esenciales de los concursos de carrera que deba
adelantar, lo que significa que el Procurador, se repite, en cumplimiento de la
sentencia constitucional, debía proveer todos los cargos de procurador judicial
con base en lo regulado en su decreto especial, esto es, el Decreto Ley 262
de 2000.
Reitera que, el concurso llevado a cabo por la entidad fue el resultado de lo
ordenado por la Corte Constitucional, lo cual cambió la naturaleza de esos
cargos sin homologarlos.
Asimismo, en cuanto las presuntas irregularidades presentadas durante el
proceso de la convocatoria y la coexistencia de diversos regímenes dentro de
la Procuraduría General, el Tribunal dispuso estarse a lo resuelto por el
Consejo de Estado en la sentencia del 30 de julio de 2021 que negó la nulidad
de la Resolución 040 del 20 de enero de 2015.
Finalmente, concluyó el A-quo que no hubo falsa motivación en el acto
administrativo que desvinculó al actor, en la medida que su retiro obedeció al
acatamiento de una orden judicial emitida por la Corte Constitucional; además,
el concurso fue convocado antes de la promulgación de la sentencia C-172 de
2017, la cual por demás no tiene la virtualidad de nulitar dicho proceso.
2 Recurso de apelación4.
4
Samai, expediente digital, gestión de otros despachos, 20001233900220170027400, índice 50
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Demandante: Giovanni Aroca Araújo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
La parte demandante interpuso recurso de apelación por considerar que:
El cargo de procurador delegado para la restitución de tierras que
desempeñaba era transitorio, temporal y de periodo; por tanto, no podía ser
llevado a concurso de carrera, teniendo un fuero de permanencia temporal en
aquel hasta que terminara el periodo para el cual fue designado, hacerlo de
esa manera violó el principio de confianza legitima.
Expone que, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han
considerado que los cargos temporales no son de carrera y en consecuencia
no se accede a ellos por concurso, así que el Procurador General, en su
pretensión de obedecer lo ordenado por la Corte Constitucional, no debió
ofertar en el concurso los cargos de procuradores judiciales para la restitución
de tierras, para los cuales debió acudir a lo normado en la Ley 909 de 2004,
aplicable para los temas no previstos en la ley especial de la Procuraduría.
Conforme a la establecido en la sentencia C-172 de 2017 ni el presidente de
la República ni el procurador general de la nación pueden modificar, con
carácter permanente, la planta de personal de la Procuraduría en relación con
los cargos temporales; por tanto, los actos acusados son nulos. En la citada
sentencia, además, quedó claramente establecido la temporalidad de los
cargos de procuradores judiciales I y II para la restitución de tierras y en ningún
momento señaló que debían ser considerados funcionarios de carrera.
La declaratoria de inexequibilidad que dispuso la mencionada sentencia C-172
de 2017, conllevan la nulidad del acto administrativo que dispuso el
nombramiento del servidor de carrera y la desvinculación del actor, con el
consecuente restablecimiento de su derecho, como fue solicitado.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
Número Interno: 2328-2024
Demandante: Giovanni Aroca Araújo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP), se
precisa que en esta instancia se emitirá pronunciamiento sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.
2.2 Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si es procedente el reintegro al cargo de
procurador 33 judicial I para la restitución de tierras que venía ejerciendo el
actor y del cual se le desvinculó con ocasión de la expedición del acto acusado;
lo anterior, al ser aquel un empleo temporal, como lo afirma el demandante y,
en consecuencia, no ser jurídicamente viable que se proveyera por concurso
de méritos, como se hizo.
Con el fin de resolver el problema jurídico la Sala abordará los siguientes
aspectos: 2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2.2. Hechos probados y
2.2.3. Caso concreto.
2.1. Marco normativo y jurisprudencial
La Procuraduría General de la Nación cuenta con un régimen especial de
carrera; para regular el cual, la Ley 573 de 2000 revistió al presidente de la
república con amplias facultades extraordinarias; es así como, se expidió el
Decreto ley 262 de 2000 que lo reguló.
Contra dicho decreto se presentó demanda de inconstitucionalidad, la cual
finalizó con la Sentencia C-101 de 2013, en la cual se declaró inexequible la
expresión “procurador judicial” contenida en el numeral 2 del artículo 182, que
catalogaba a los procuradores judiciales como de libre nombramiento y
remoción; ordenándosele a la entidad aquí demandada que, en el término de
seis meses convocara a concurso público para la provisión en propiedad de
los cargos de procurador judicial, el cual debía culminar en el plazo máximo
de un año, contado a partir de la notificación de esa sentencia.
Número Interno: 2328-2024
Demandante: Giovanni Aroca Araújo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
La Procuraduría General de la Nación solicitó la nulidad de la referida
sentencia de constitucionalidad; habiéndose proferido en respuesta de ello el
auto No. 255 del mismo año donde se negó tal solicitud.
En virtud de dicha orden judicial, la Procuraduría General de la Nación, a través
de la Resolución No. 040 del 20 de enero de 2015, dio apertura al concurso
abierto de méritos para proveer los empleos de procurador judicial I y II, entre
ellos, el de restitución de tierras; proceso que finalizó con la Resolución No.
343 del 8 de julio de 2016, mediante la cual se conformó la lista de elegibles.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, por medio de la Ley 1448 de 2011 se
creó un procedimiento legal para la restitución y formalización de la tierra a las
víctimas de despojo y abandono forzoso ocurridos desde el 1 de enero de
1991, en el marco del conflicto armado interno; el cual es un proceso mixto
que incluye una etapa administrativa (que se adelanta ante la también creada
por dicha ley, Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de
Tierras Despojadas, adscrita al Ministerio de Agricultura) y, una judicial
desarrollada ante los jueces y tribunales especializados que también fueron
creados por la citada ley en su artículo 119.
Asimismo, se resalta que, conforme a lo dispuesto en el artículo 208 dicha la
Ley 1448 de 2011 tenía vigencia por diez (10) años, plazo que fue prorrogado
por la Ley 2078 de 2021 hasta el 10 de junio de 2031.
El parágrafo 2 del artículo 119 de la Ley 1448 de 2011 dispuso que, la
Procuraduría General de la Nación, entre otro, deberían asignar un número
suficiente e idóneo de personal para cumplir con sus deberes constitucionales
y legales, principalmente para atender e intervenir en los procesos de
restitución de tierras ante los jueces y Tribunales Superiores de Distrito
Judicial, precisándose que el Gobierno nacional proveería aquellos, conforme
a las facultades extraordinarias previstas en el numeral 2 del artículo 10 de la
Ley 1424 de 2010.
En uso de tales facultades, el presidente de la República expidió el Decreto
2247 de 2011, a través del cual modificó la planta de personal de la entidad
Número Interno: 2328-2024
Demandante: Giovanni Aroca Araújo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
demandada y, en su artículo 1, creó de forma permanente cincuenta (50)
cargos de procurador judicial I y la misma cantidad de procurador judicial II.
El citado decreto fue objeto de demanda de constitucionalidad, la cual fue
resuelta mediante la sentencia C-172 del veintidós (22) de marzo de dos mil
diecisiete (2017), donde se declaró la inexequibilidad de la expresión “de
carácter permanente” contenida en el artículo 1º del Decreto 2247 de 2011 y
aquella fue sustituida por la frase “por 10 años, sin perjuicio de lo que pueda
determinar el legislador”. Lo anterior, al considerar que, el presidente se
excedió en el uso de la facultad conferida, comoquiera que otorgó
permanencia al cargo de procurador y con base en ello realizó cambios en la
planta de personal de la Procuraduría, a pesar que la norma habilitante tenía
vigencia temporal.
2.2.2. Hechos probados5.
Da cuenta el plenario que, por medio del Decreto 2557 del 8 de julio de 2013,
el demandante fue nombrado en provisionalidad hasta por seis (6) meses, para
ejercer el cargo de procurador 33 judicial I para la restitución de tierras de
Valledupar, del cual tomó posesión el día 6 de agosto de 2013.
Por medio de la licitación pública No. 08 de 2014 se dispuso por parte de la
Procuraduría General de la Nación seleccionar al contratista para llevar a cabo
el concurso de méritos para el ingreso de personal a dicha entidad, en los
cargos de procurador judicial I y II, el cual le fue adjudicado a la Universidad
de Pamplona, según acta de adjudicación del Cinco (5) de diciembre de Dos
Mil Catorce (2014).
Por medio del decreto 3382 del 8 de agosto de 2016, la Procuraduría General
de la Nación, realizó un nombramiento en periodo de prueba en favor del señor
esteban Martínez Larrazabal, por haber ocupado el sétimo lugar de la lista de
elegibles y dio por terminado el nombramiento en provisionalidad del actor;
5
Samai, expediente digital, índice 2 – 5ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE122420247ZIP(.zip) -
5_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_ONEDRIVE122420247ZIP_20240422154055/ExpedienteAntiguo/01Expedient
eDigital(C1).pdf, fl 53-67
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Demandante: Giovanni Aroca Araújo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
decisión que le fue comunicada al demandante mediante el oficio del 12 de
agosto de 2016.
2.2.3 Caso concreto.
En este asunto el señor Giovanni Aroca Araújo pretende el reintegro al cargo
de procurador 33 judicial I para la restitución de tierras que venía ejerciendo
en provisionalidad, aduciendo que, al tener aquel el carácter de temporal no
podía haber sido convocado a concurso y luego proveído a través de
nombramiento en propiedad.
La sentencia proferida por el Tribunal negó las pretensiones, inconforme con
dicha decisión la parte actora presentó recurso de apelación.
Según lo manifestado por el recurrente al haberse declarado inexequible la
norma que modificó la planta de cargos de la Procuraduría y le dio la calidad
de permanentes al cargo de procurador judicial, debe declararse la nulidad del
nombramiento que se hizo en propiedad y en virtud del cual se dio por
terminado su vinculación en provisionalidad.
Frente a dicho argumento debe precisarse que, tal como se indicó en el marco
normativo y jurisprudencial de esta providencia, la Corte Constitucional a
través de la sentencia C-172 de 2017 declaró inexequible la expresión “de
carácter permanente” contenida en el artículo 1 del Decreto 2247 de 2011, que
había modificado la planta de personal de la Procuraduría General de la
Nación y creado, entre otros, 100 cargos de procurador judicial, dándoles dicho
carácter de permanentes; disponiendo que aquella expresión sería sustituida
por la frase “por 10 años, sin perjuicio de lo que pueda determinar el
legislador”.
Lo anterior al considerar que, la Ley 1448 de 2011 fue proferida de manera
temporal, por diez (10) años; por tanto, los cargos que con base en ella se
crearon tenía que tener la misma temporalidad.
Sin embargo, la Corte Constitucional no moduló los alcances de dicho fallo;
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Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
ante ello, se tiene que la decisión contenida en la sentencia C-172 de 2017
tiene efectos hacia el futuro (ex nunc), esto es, no puede afectar las situaciones
consolidadas bajo la norma que fue declarada inconstitucional. Aquí debe
recordarse que, la citada corporación puede modular los efectos de sus
sentencias para evitar desbordes o impactos sociales y jurídicos indeseados,
estableciendo si sus decisiones tienen efectos retroactivos (ex tunc) o solo
hacia el futuro (ex nunc); de no hacerlo así, por regla general aquellos fallos
de constitucionalidad rigen desde su expedición; así quedó expuesto en la
sentencia SU 037 de 2019, donde reiterando jurisprudencia sobre la materia
se dijo:
«Así las cosas, en la actualidad, por regla general y salvo que se indique expresamente
algo diferente en el fallo, la declaratoria de inexequibilidad de una disposición tiene
efectos hacia futuro (ex nunc) y esto, según lo ha explicado esta Corte, encuentra
sustento en los principios de seguridad jurídica y democrático, los cuales implican “la
presunción de constitucionalidad de las normas que integran el sistema jurídico”
mientras ella no sea desvirtuada por este Tribunal en una providencia con fuerza erga
omnes, luego de surtirse un proceso de constitucionalidad abstracta.
5.6. En este orden de ideas, cuando esta Corporación declara la inconstitucionalidad de
una norma sin retrotraer los efectos de su determinación, convalida de contera las
situaciones jurídicas consolidadas a su amparo entre el instante en el que entró en
vigencia y la fecha de la sentencia, pues las actuaciones adelantadas en ese lapso, en
principio, se reputan como legítimas por haber sido ejecutadas en consonancia con el
derecho positivo vigente.
5.7. No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que este Tribunal tiene la potestad
para excepcionar la mencionada regla de efectos ex nunc y determinar otras
consecuencias temporales para sus fallos de inexequibilidad, lo que ha sido justificado
en su misión de garantizar la supremacía e integridad de la Carta Política, la cual no
sólo exige determinar si una disposición desconoce o no el texto fundamental, sino
también el instante desde el cual se debe entender expulsado del ordenamiento jurídico
un precepto que es hallado incompatible con la Constitución (…)».
En ese orden de ideas, comoquiera que el Decreto 3382 del 8 de agosto de
2016, aquí acusado, por medio del cual el procurador general de la nación
desvinculó al demandante y designó en propiedad en el mismo cargo al doctor
Esteban Martínez Larrazabal, fue expedido con anterioridad a la sentencia C-
172 de 2017, la cual tiene efectos a futuro, no puede concluirse, como lo aduce
la parte actora que, en virtud de aquella se genere su nulidad.
El citado decreto fue expedido al amparo de una disposición que para ese
momento hacía parte del ordenamiento jurídico que nos rige y gozaba de
presunción de legalidad; además de haber sido el resultado de una orden que
se había otorgado por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-101
Número Interno: 2328-2024
Demandante: Giovanni Aroca Araújo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
de 2013, en la cual se declaró inexequible la expresión “procurador judicial”
contenida en el numeral 2 del artículo 182, que catalogaba a los procuradores
judiciales como de libre nombramiento y remoción; ordenándosele a la entidad
aquí demandada que, en el término de seis meses convocara a concurso
público para la provisión en propiedad de los cargos de procurador judicial, el
cual debía culminar en el plazo máximo de un año, contado a partir de la
notificación de esa sentencia
Es necesario insistir en que, el artículo 1 del Decreto 2247 de 2011 había
creado un total de 100 cargos de procurador judicial de manera permanente,
para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y la Ley 1424 de
2010; la primera norma en cita que dispuso que en la Procuraduría General de
la Nación se debería asignar un número suficiente e idóneo de personal para
cumplir con sus deberes constitucionales y legales, principalmente para
atender e intervenir en los procesos de restitución de tierras ante los jueces y
Tribunales Superiores de Distrito Judicial.
Teniendo en cuenta dicha estructura y el carácter de permanente que para ese
momento se le había dado a los cargos de procurador judicial I y II para
asuntos de restitución de tierras; se considera que, para poder cumplir a
cabalidad con la orden dada por la Corte Constitucional en la sentencia C-101
de 2013 que, como ya se expuso, dispuso la convocatoria de un concurso
público para la provisión en propiedad de los cargos de procurador judicial, la
entidad demandada debía incluir dentro de los cargos ofertados, tal y como lo
hizo, a los de procuradores judiciales I y II para los asuntos de restitución de
tierras.
La calidad de cargos temporales de los mencionados procuradores, que se
pregona en la demanda y en el recurso, solo tuvo vigencia con posterioridad a
la expedición de la pluricitada sentencia C-172 de 2017; antes de dicha fecha,
en virtud de la presunción de legalidad que amparaba al artículo 1 del Decreto
2247 de 2011, aquellos eran cargos permanentes de la planta de la entidad
demandada.
En ese orden de ideas, tampoco le asiste razón al recurrente cuando afirma
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Demandante: Giovanni Aroca Araújo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
que, el cargo por él desempeñado era transitorio, temporal y de periodo; por
tanto, no podía ser llevado a concurso de carrera y que este hecho le generaba
un fuero de permanencia temporal hasta que terminara el periodo para el cual
fue designado; pues, como se ha venido indicando, para el año 2016 en que,
en virtud del concurso realizado por la Procuraduría para proveer cargos de
procurador judicial, fue desvinculado el demandante y se nombró a quien
superó todas las etapas de aquel concurso, el cargo por él desempeñado tenía
el carácter de permanente por así haberlo dispuesto el presidente de la
República en el ya citado Decreto 2247 de 2011, expedido en uso de la
facultad otorgada por el legislador, entre otra, en la Ley 1448 de 2011.
Se insiste, el decreto demandado, al haber sido expedido amparado en una
disposición legal cuya contradicción con los postulados de la Carta no era
ostensible o flagrante para el momento de su expedición, no puede ser
afectado o declarado nulo por una sentencia de inexequibilidad que fue
proferida de forma posterior y que no previó su aplicación retroactiva.
Vistas así las cosas, se considera que la decisión del Tribunal está ajustada a
derecho, no prosperando los argumentos del recurso, razón por la cual será
confirmada.
Condena en costas.
Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus intereses, es decir,
no se cumplen los presupuestos establecidos por el artículo 188 de la Ley 1437
de 2011.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Número Interno: 2328-2024
Demandante: Giovanni Aroca Araújo
Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Veintinueve (29) de febrero de Dos
Mil Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que
negó las pretensiones de la demanda encaminadas a declarar la nulidad del
Decreto 3382 del 8 de agosto de 2016 y el reintegro al cargo de procurador 33
judicial I para la restitución de tierras deprecados por el señor Giovanni Aroca
Araújo.
SEGUNDO: Sin condena en costas en ambas instancias.
TERCERO: Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de
la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con salvamento de voto Aclara voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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