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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 20001-23-39-000-2017-00449-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2017-00449-01

Fecha
16 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2017-00449-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia del 25 de noviembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Janidys Esther Álvarez Martínez contra la Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio), de conformidad con la parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone: 19 Radicación: 20001-23-39-000-2017-00449-01 (1993-22) Demandante: Janidys Esther Álvarez Martínez Segundo. Declarar la nulidad parcial de la Resolución 00874 del 20 de febrero de 2015, proferida por la Secretaría de Educación del municipio de Valledupar en nombre y representación de la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio), por medio de la cual se reconoció a favor de la demandante una pensión de invalidez con fundamento en lo preceptuado en la Ley 100 de 1993. Lo anterior bajo el entendido que la pensión de vejez de la señora Janidys Esther Álvarez Martínez debía reconocerse de conformidad con las previsiones de los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, al haberse vinculado al servicio oficial docente con antelación al 27 de junio de 2003 y no como lo dispuso el referido acto. Tercero. A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) reliquidar la pensión de invalidez reconocida a favor de la señora Janidys Esther Álvarez Martínez, ello en el sentido de incluir dentro del ingreso base de liquidación, el 100% del salario percibido por la demandante en el año inmediatamente anterior a su retiro del servicio por invalidez, el cual está comprendido tanto de la asignación básica como por la totalidad de los factores salariales devengados en dicho lapso, debidamente certificados por la entidad. En razón de lo expuesto, se condena a la parte demandada a pagar las diferencias de las mesadas que se generen bajo esta orden de reliquidación desde momento en que se hizo efectiva la prestación hasta el cumplimiento efectivo de la presente […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-39-000-2017-00449-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

16 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 20001-23-39-000-2017-00449-01 (1993-2022)
Demandante: Janidys Esther Álvarez Martínez
Demandado: Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio)

Temas: Reliquidación pensión de invalidez de docente oficial,
vinculación como educador estatal anterior a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del
Cesar, que negó las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA, la señora Janidys Esther Álvarez Martínez, por
conducto de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad del
Oficio CSED ex 3421 del 17 de julio de 2017, por medio del cual la Secretaría de
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 20001-23-39-000-2017-00449-01 (1993-22)
Demandante: Janidys Esther Álvarez Martínez

Educación del departamento del Cesar negó la reliquidación de la primera mesada
pensional reconocida a través de la Resolución 00874 del 20 de febrero de 2015.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, la
accionante solicitó condenar a la Nación, (Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en adelante Fomag) a lo
siguiente: i) reliquidar la primera mesada pensional aplicándole la tasa de remplazo
del 100% del último salario devengado, a que alude el literal a) del artículo 63 del
Decreto 1848 de 1969, tomando en cuenta el grado de pérdida de capacidad laboral
del 95.45%, el origen profesional de la invalidez, el tiempo total de prestación de
servicios, los salarios y demás factores salariales devengados; ii) reconocer las
mesadas retroactivas causadas desde el 6 de enero de 2015 hasta la fecha en que
se verifique su pago; iii) indexar los valores que resulten; y iv) condenar en costas
a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) Desde el 1° de septiembre de 1995, la señora Janidys Esther Álvarez
Martínez prestó servicios personales como docente en el municipio de Valledupar
al servicio de diferentes instituciones educativas.

ii) A partir del 9 de diciembre de 2014, por medio de la Resolución 005264, fue
retirada del servicio docente debido a que le fue reconocida pensión de invalidez de
origen profesional, prestación que se materializó con la Resolución 00874 del 20 de
febrero de 2015.

iii) La pensión de invalidez se reconoció con base en un grado de pérdida de
capacidad laboral equivalente al 95.45%, pero bajo las previsiones que regulan la
pensión de invalidez de origen común establecidas en la Ley 100 de 1933; así las
cosas, la tasa de remplazo aplicada fue del 54% de la asignación básica de los años

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Radicación: 20001-23-39-000-2017-00449-01 (1993-22)
Demandante: Janidys Esther Álvarez Martínez

2010 a 2013, y no se tuvo en cuenta ni la totalidad del tiempo de servicios docente,
ni el grado de escalafón, ni los factores salariales efectivamente devengados.

iv) Inconforme con la decisión, el 30 de junio de 2017 presentó solicitud de
reliquidación de la pensión de invalidez ante la Secretaría de Educación del
departamento del Cesar, pretensión que fue resuelta negativamente a través del
oficio demandado.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 6, 13, 25, 29, 48, 53 y 83 de la
Constitución Política; 63, literal a) del Decreto 1848 de 1969; y 45 del Decreto 1045
de 1978.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la actora expuso lo
siguiente:

i) Habiéndose vinculado la demandante en 1995 al servicio oficial docente, la
normativa que regía su reconocimiento pensional es la contenida en el Decreto 1848
de 1969, no la dispuesta en el régimen general previsto en la Ley 100 de 1993.

ii) Así las cosas, la entidad demandada al no aplicar lo dispuesto en las normas
mencionadas causó un agravio injustificado a la demandante, puesto que empleó
una tasa de remplazo inferior a la que realmente correspondía a sus mesadas
pensionales. Adicionalmente, al no remitirse a los decretos que regulan los riesgos
profesionales de los docentes, sino a las normas de la pensión de invalidez de
origen común, vulneró garantías constitucionales irrenunciables.

iii) De igual modo, el acto de reconocimiento pensional incurrió en una serie de
inconsistencias por cuanto utilizó el promedio de la asignación básica devengada
entre 2010 y 2013, dejando de lado los demás factores salariales devengados por
la actora, cuando la base de liquidación debió corresponder al 100% del último

3

Radicación: 20001-23-39-000-2017-00449-01 (1993-22)
Demandante: Janidys Esther Álvarez Martínez

salario devengado a la fecha de la calificación de la pérdida de capacidad laboral,
por tratarse de una prestación de invalidez de origen profesional, en razón a que el
porcentaje que le fue otorgado corresponde al 95.45%.

1.2. Contestación de la demanda

La Nación, (Ministerio de Educación Nacional, Fomag) se opuso a las pretensiones
de la demanda y expuso como razones de defensa que siempre actuó conforme a
las políticas expuestas por la «ley especial de prestaciones» y de acuerdo con los
parámetros delimitados por el Consejo Directivo del Fomag como máxima autoridad
encargada de proferir los procedimientos para el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales de los docentes.1

Propuso las excepciones de buena fe y la genérica o innominada.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia proferida el 25 de
noviembre de 2021, negó las pretensiones de la demanda, con sustento en las
siguientes consideraciones:2

i) Obran en el plenario copia de algunos nombramientos temporales y/o
provisionales efectuados por el municipio de Valledupar a la accionante en los años
1995, 1997, 2008 y 2009, hasta que finalmente, en agosto de 2010, fue designada
en período de prueba en la planta global de cargos de la Secretaría de Educación
del departamento del Cesar y en propiedad a partir del 6 de mayo de 2011.

ii) Tales documentos otorgan certeza de que se desempeñó como docente
oficial con anterioridad de manera esporádica y temporal, pero lo cierto es que al
momento en que fue expedida la Ley 812 de 2003, o en el período inmediatamente

1
Folios 116 al 120.
2 Folios 177 al 186. Con ponencia de la magistrada María Luz Álvarez Araujo.

4

Radicación: 20001-23-39-000-2017-00449-01 (1993-22)
Demandante: Janidys Esther Álvarez Martínez

anterior, la actora no demostró tener vinculación oficial, ya que la última certificación
aportada data del año 1997, de manera que, si a la entrada en vigencia de la referida
ley no se encontraba vinculada, «mal puede ser beneficiaria de la especie de
transición creada con dicha norma, ya que para esa fecha no podía ser sujeto pasivo
de las normas anteriores al no estar vinculada a la docencia oficial».

iii) De esta manera, es claro que la vinculación de la señora Álvarez Martínez se
dio con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, razón por la cual
las normas aplicables son además de la anterior, la Ley 100 de 1993 y el Decreto
776 de 2002, por tratarse de una invalidez derivada de una enfermedad profesional.

iv) Así las cosas, al verificar el contenido de la Resolución 00874 de 2015 se
advierte que la pensión fue liquidada con el «75%» y se tuvieron en cuenta los
salarios devengados en los tres años anteriores a la fecha del reconocimiento de la
prestación únicamente, liquidación que se acompasa con lo dispuesto en las normas
mencionadas, razón por la cual la presunción de legalidad del acto acusado se
mantendrá incólume.

1.4. El recurso de apelación

El apoderado de la actora interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia con base en los siguientes argumentos:3

i) El a quo no valoró las siguientes piezas procesales: a) Decreto 0130 del 13
de julio de 2005; b) Resolución 032 del 17 de enero de 2006; c) reporte de cesantías
de docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1990; y d) los formatos únicos
para la expedición de certificado de historia laboral suscritos por la Secretaría
Departamental de Educación, de lo contrario hubiera podido advertir que la
demandante prestó sus servicios sin solución de continuidad desde 1997.

3 Folios 190 vuelto y 191.

5

Radicación: 20001-23-39-000-2017-00449-01 (1993-22)
Demandante: Janidys Esther Álvarez Martínez

ii) Al poner en contexto la información consignada en dichas documentales se
concluye que la actora sí estaba vinculada como docente oficial a la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), lo que la hace beneficiaria de lo
dispuesto en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978.

iii) En ese orden, resulta procedente que se revoque la decisión de primera
instancia y se ordene la reliquidación deprecada.

1.5. Pronunciamiento frente al recurso de apelación

La Nación, (Ministerio de Educación Nacional, Fomag) no se pronunció respecto del
recurso de apelación propuesto por la demandante.4

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.5

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

El problema jurídico consiste en determinar si a la demandante, en aplicación de las
reglas previstas para los maestros vinculados antes de la expedición de la Ley 812
de 2003, le asiste el derecho a la reliquidación de su pensión de invalidez conforme
lo disponen los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978.

2.2. Marco normativo

Régimen pensional aplicable a los docentes

4
Folio 199.
5
Ibidem.

6

Radicación: 20001-23-39-000-2017-00449-01 (1993-22)
Demandante: Janidys Esther Álvarez Martínez

De conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, las personas vinculadas
al servicio educativo a partir de la entrada en vigencia de esta norma se encuentran
amparadas por el régimen pensional de prima media contemplado en las Leyes 100
de 1993 y 797 de 2003.

Por su parte, a los docentes vinculados con anterioridad a esta ley se les aplican las
disposiciones anteriores. Este mandato fue ratificado por el parágrafo transitorio 1
del Acto Legislativo 001 de 2005, que dispuso lo siguiente:

Parágrafo transitorio 1. El régimen pensional de los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el
establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad
a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de
esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la
citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema
General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003

Bajo este entendido, se encuentra en primer lugar que a los educadores estatales
que habían sido nombrados con anterioridad al 27 de junio de 2003 cuando entró
en vigor la Ley 812 del mismo año, les sería aplicable el marco normativo que
regulaba sus derechos prestacionales previo a la promulgación de aquella ley.
Ahora, los maestros oficiales que consolidaran una relación legal y reglamentaria
después de la data en mención necesariamente tendrían que someterse a las
previsiones que sobre el particular se definiera en virtud del régimen pensional de
prima media con prestación definida consagrado en la Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003.

En lo que respecta al contexto regulatorio prestacional anterior a la Ley 812 de 2003,
se resalta que aquel se circunscribía a las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994, las
cuales básicamente conllevan una remisión a los postulados de la Ley 91 de 1989
en lo atinente a las previsiones específicas aplicables en materia prestacional.
Ahora, sobre el régimen pensional en concreto para el riesgo de invalidez, esta
última norma previó que los docentes oficiales estarían gobernados por la normativa
general desarrollada para los empleados públicos del orden nacional que se

7

Radicación: 20001-23-39-000-2017-00449-01 (1993-22)
Demandante: Janidys Esther Álvarez Martínez

concentraba en el Decreto Ley 3135 de 1968 y los Decretos 1848 de 1969 y 1045
de 1978, tal como el Consejo de Estado lo estimó en la sentencia del 12 de febrero
de 2009.6

2.3. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro el proceso, se establece
lo siguiente:

2.3.1. De la vinculación de la demandante

i) El 15 de diciembre de 1995, a través de la Resolución 3353, el alcalde de
Valledupar nombró temporalmente (por el lapso de 84 días, comprendidos entre el
7 de septiembre hasta el 29 de noviembre de 1995) a la demandante en el cargo de
docente del Colegio Rodolfo Castro Castro de Mariangola por el término de la
licencia de maternidad de otra educadora.7

ii) El 25 de febrero de 1997, con la Resolución 0069, el alcalde de Valledupar
nombró a la señora Álvarez Martínez en provisionalidad en el empleo de docente
en el Instituto Técnico Agropecuario Julio César Flórez en remplazo de un docente
fallecido.8

iii) El 2 de noviembre del 2000, mediante la Resolución 03224, fue trasladada al
Instituto Técnico Comercial Casimiro Raúl Mestre.9

iv) El 13 de junio de 2005, a través del Decreto 0130, el alcalde de Valledupar
declaró insubsistente el nombramiento de la accionante, realizado en
provisionalidad por medio de la Resolución 0069 del 25 de febrero de 1997.10

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.
Sentencia del 12 de febrero de 2009. Radicado: 1959-2008.
7 Folio 3.
8 Folio 12.
9 Folio 18.
10 Folios 19 y 20.

8

Radicación: 20001-23-39-000-2017-00449-01 (1993-22)
Demandante: Janidys Esther Álvarez Martínez

v) Entre el 25 de febrero de 1997 y el 28 de julio de 2005, la actora prestó sus
servicios en provisionalidad como docente del nivel de básica secundaria, según se
extrae del Formato Único para la expedición de certificado de historia laboral del
15 de marzo de 2013, suscrito por la Secretaría de Educación del municipio de
Valledupar.11

vi) Entre el 9 de mayo y el 24 de octubre de 2008, la actora fue nombrada por el
alcalde de Valledupar para cubrir una licencia de enfermedad de una docente de la
planta global del referido municipio. Las designaciones se hicieron de la siguiente
manera:12

vii) El 17 de abril de 2009, a través de la Resolución 0793, el alcalde de Valledupar
nombró provisionalmente (hasta el 30 de junio de 2009) a la demandante en el cargo

11 Folio 55.
12 Folios 21 al 25 y 56.

9

Radicación: 20001-23-39-000-2017-00449-01 (1993-22)
Demandante: Janidys Esther Álvarez Martínez

de docente en la Institución Educativa Agrícola La Mina por el término de la licencia
de maternidad de otra educadora.13

viii) El 23 de agosto de 2010, con el Decreto 0497, el secretario de educación del
departamento del Cesar nombró en período de prueba dentro de la planta global de
cargos docentes del departamento a la señora Álvarez Martínez,14 y el 6 de mayo
de 2011, a través de la Resolución 00312, fue designada en propiedad en el empleo
de docente del nivel básica secundaria en la Institución Educativa Benito Ramos
Trespalacios del municipio de El Paso, Cesar.

ix) El 9 de diciembre de 2014, el secretario de educación del departamento del
Cesar, mediante la Resolución 05264 retiró del servicio activo a la docente de
acuerdo con el concepto médico laboral en el cual consta que presenta una
disminución de la capacidad laboral del 95.45%, y declaró vacante el cargo que
ocupaba.15

x) De conformidad con el formato único para la expedición de certificado de
salarios 134 expedido por la Secretaría de Educación del departamento del Cesar,
la actora entre el 1° de enero de 2013 y el 30 de diciembre de 2014 devengó los
factores salariales de asignación básica, pago incapacidad por enfermedad
profesional, sueldo de vacaciones, prima de navidad y prima de vacaciones.16

2.3.2. De la estructuración de la invalidez

i) El 18 de febrero de 2013, la UT Oriente Región 5 entregó el concepto de
calificación de pérdida de capacidad laboral de la demandante con un porcentaje de
disminución del 95.45%, de origen profesional, en el que se sugirió que aquella
debía ser pensionada por invalidez.17

13 Folio 26.
14 Folios 27 al 30.
15 Folio 40.
16 Folios 59 y 60.
17 Folios 43 al 53.

10

Radicación: 20001-23-39-000-2017-00449-01 (1993-22)
Demandante: Janidys Esther Álvarez Martínez

ii) El 20 de febrero de 2015, mediante la Resolución 00874, el secretario de
educación del departamento del Cesar, en representación del Fomag, reconoció
una pensión de invalidez a la señora Álvarez Martínez a partir del 6 de enero de
2015, en los siguientes términos:18

Que los factores que sirvieron de base para esta liquidación son:

Tiempo de servicios salarios Días sueldo IPC Valor salarios Suma
últimos 10 años actualizados cada
año
2010-08-25 hasta 2010-12-30 126 1.224.009 3.17 1.326.657x126/894 186.979
2011-01-01 hasta 2011-12-30 360 1.262.811 3.73 1.319.496x360/894 531.341
2012-01-01 hasta 2012-12-30 360 1.325.952 2.44 1.352.471x360/894 544.619
2013-01-01 hasta 2013-02-18 48 1.371.565 2.00 1.371.565x48/894 73.641
Total 894 1.336.580
894/7 = 127 semanas

Por lo tanto la base de liquidación es $1.336.580x54% = 721.753.

Que de acuerdo al certificado médico expedido por la entidad Ut Oriente Región 5 de
fecha 18-02-2013 el porcentaje de pérdida de capacidad laboral es de 95.45%, lo cual
le da derecho a disfrutar de una pensión por invalidez equivalente al 75% del último
salario devengado.

Que el docente adquiere el status el 18-02-2013 con una mesada de 721.753 y es
retirado del servicio por resolución numero 005264 de fecha 09 de diciembre de 2014
será efectiva a partir del 06 de enero 2015 fecha en que cesó el auxilio económico.

[…]

Que son disposiciones aplicables entre otras decreto Art.81 ley 812 de 2003, Decreto
3752 de 2003, ley 100 de 1993 y 797 de 2003, y ley 860 de 2003. (sic en todo el texto)

2.3.3. De la reclamación administrativa

i) El 30 de junio de 2017, la señora Janidys Esther Álvarez Martínez, por
intermedio de apoderado, solicitó la reliquidación de la mesada pensional para que
en aplicación de lo previsto en el literal a) del artículo 63 del Decreto 1848 de 1969,
se tuviera en cuenta una tasa de remplazo del 100% del salario devengado.19

18 Folios 41 y 42.
19 Folios 62 al 65.

11

Radicación: 20001-23-39-000-2017-00449-01 (1993-22)
Demandante: Janidys Esther Álvarez Martínez

ii) El 17 de julio de 2017, con el Oficio CSED ex 3421, la Secretaría de Educación
del departamento del Cesar negó la petición bajo el argumento de que la docente
fue nombrada en «2003» y en ese orden, como fue vinculada con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, en materia prestacional se rige por el
régimen de prima media con prestación definida, el cual en artículo 40 (de la Ley
100 de 1993) regula la pensión de invalidez.20

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

En primer lugar, teniendo en cuenta que el Tribunal afirmó que la vinculación de la
demandante como docente del magisterio oficial solo ocurrió hasta después de la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003; y que la señora Álvarez Martínez aseveró
que, desempeñó sus funciones como educadora desde el diciembre de 1995, salvo
algunas interrupciones, en razón a varias vinculaciones legales y reglamentarias en
provisionalidad, la Sala tendrá que determinar, en efecto, a partir de qué momento
se entiende comenzó la vinculación de la accionante al servicio de la educación
oficial.

De conformidad con lo probado en el proceso, se observa que la actora se
desempeñó como docente del municipio de Valledupar en el lapso comprendido
entre el 7 de septiembre y el 29 de noviembre de 1995, en el Colegio Rodolfo Castro
Castro de Mariangola, esto, por el término de la licencia de maternidad de otra
educadora.

Asimismo, se verificó que realizó actividades en calidad de educadora bajo una
vinculación legal y reglamentaria en provisionalidad con el municipio de
Valledupar, relación que tuvo lugar entre el 25 de febrero de 1997 y el 28 de julio
de 2005.

20 Folios 67 al 69.

12

Radicación: 20001-23-39-000-2017-00449-01 (1993-22)
Demandante: Janidys Esther Álvarez Martínez

Posteriormente, ejerció labores como servidora pública en calidad de docente
oficial al servicio del municipio de Valledupar, luego de ser nombrada en
provisionalidad por el término de una licencia de enfermedad para el período
comprendido entre el 9 de mayo y el 24 de octubre de 2008.

De igual modo, del 17 de abril al 30 de junio de 2009, se desempeñó en el cargo
de docente en la Institución Educativa Agrícola La Mina por el término de la licencia
de maternidad de otra maestra.

Finalmente, fue vinculada a la Secretaría de Educación del departamento del Cesar
a partir del 23 de agosto de 2010 en período de prueba, y del 6 de mayo de 2011
en propiedad para laborar como de docente del nivel básica secundaria en la
Institución Educativa Benito Ramos Trespalacios del municipio de El Paso, Cesar,
hasta el 9 diciembre de 2014, inclusive.

Así las cosas, debe entenderse que la señora Álvarez Martínez ejerció funciones
propias e inherentes a la labor docente al servicio del Estado por los períodos
mencionados, esto es, a partir de la primera vinculación para desarrollar actividades
como profesora en el municipio de Valledupar en 1995.

De igual modo, contrario a lo manifestado en la sentencia de primera instancia,
salta a la vista que para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27
de junio de 2003), la demandante sí se encontraba prestando servicios como
docente en atención al nombramiento efectuado con la Resolución 0069 del 25 de
febrero de 1997, vinculación que se prorrogó hasta el 28 de julio de 2005, lo que
ratifica su vinculación con la docencia oficial antes de dicha data.

Entonces, habida cuenta de que la naturaleza y calidad de docente oficial no se
desvirtúa ni se determina por el tipo de vinculación al Estado (temporal, provisional
o en propiedad) y que aquella condición se fundamenta en la actividad o funciones
realmente desarrolladas desde la perspectiva propia del cargo o servicio prestado,

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Radicación: 20001-23-39-000-2017-00449-01 (1993-22)
Demandante: Janidys Esther Álvarez Martínez

se debe observar el 15 de diciembre de 1995 como fecha a partir de la cual la
señora Álvarez Martínez adquirió la calidad de docente oficial.

Por lo anterior, en segundo lugar, se aprecia que la señora Álvarez Martínez solicitó
la reliquidación de su pensión de invalidez con fundamento en los Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, a fin de que se tuviera en cuenta una tasa de
remplazo del 100%. Lo anterior, al considerar que debido a su condición de
educadora del Estado vinculada antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, le era aplicable la regla prevista en el literal a) del artículo 63 del Decreto 1848
de 1969.

Por consiguiente, en atención a lo esbozado anteriormente acerca del marco jurídico
aplicable para los educadores oficiales bajo el análisis de la fecha de vinculación
anterior o posterior al 27 de junio de 2003, la Sala insiste en que en este caso la
actora se vinculó como docente estatal desde el 15 de diciembre de 1995 al servicio
de la Secretaría de Educación del municipio de Valledupar, razón por la cual, la
normativa que rige su situación particular es la prevista en los Decretos 3135 de
1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, tal como sobre el particular se ha pronunciado
el Consejo de Estado.21

Al respecto, el artículo 23 del Decreto Ley 3135 de 1968 desarrolló los elementos y
condiciones para el reconocimiento de una pensión de invalidez en los eventos
donde se acredite una pérdida de la capacidad laboral del servidor público igual o
superior al 75%. El postulado en comento señaló lo siguiente:

Artículo 23. Pensión de invalidez. La invalidez que determine una pérdida de la
capacidad laboral no inferior a un 75%, da derecho a una pensión, pagadera por la
respectiva entidad de previsión con base en el último sueldo mensual devengado,
mientras la invalidez subsista.

21 Al respecto verificar las sentencias proferidas por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Segunda. De la Subsección B: sentencia del 15 de julio de 2021, radicado: 20001-23-33-000-2018-
00011-01(1743-20). De la Subsección A: sentencias del 4 de marzo de 2021, radicado: 66001-23-
33-000-2016-00629-01 (4950-2018) y del 25 de junio de 2020, radicado 20001233900120160032401
(4082-2018).

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Radicación: 20001-23-39-000-2017-00449-01 (1993-22)
Demandante: Janidys Esther Álvarez Martínez

a) El 50% cuando la pérdida de la capacidad laboral sea el 75%;
b) Del 75%, cuando la pérdida de la capacidad laboral exceda del 75% y no alcance
el 95%;
c) El 100% cuando la pérdida de la capacidad laboral sea superior al 95%.
Parágrafo. La pensión de invalidez excluye la indemnización.

Por su parte, el Decreto 1848 de 1969 que reglamentó la norma citada, previó en el
artículo 63 frente a la cuantía o forma de liquidar la prestación lo siguiente:

Artículo 63. Cuantía de la pensión. El valor de la pensión de invalidez se liquidará con
base en el último salario devengado por el empleado oficial y será equivalente al
grado de incapacidad laboral, conforme a los porcentajes que se establecen a
continuación, así:

a. Cuando la incapacidad sea superior al noventa y cinco por ciento (95%), el
valor de la pensión mensual será igual al último salario devengado por el empleado
oficial, o al último promedio mensual, si fuere variable.

b. Si la incapacidad excediere del setenta y cinco por ciento (75%) sin pasar
del noventa y cinco por ciento (95%), la pensión mensual será equivalente al setenta
y cinco por ciento (75%) del último salario devengado por el empleado oficial, o del
último promedio mensual.

Sin perjuicio de lo expuesto, lo cierto es que la Ley 4.ª de 1966 contempló en su
artículo 4.° que, a partir de su entrada en vigencia, las pensiones de jubilación e
invalidez reconocidas a favor de los empleados de las entidades de derecho público
debían liquidarse teniendo en cuenta el 75% del promedio mensual obtenido en el
último año de servicios, concepto que se especificó posteriormente por medio del
Decreto 1743 de dicha anualidad, en el sentido de indicar que aquel correspondía
al acumulado de salarios devengados durante el aludido período.

Aun así, lo cierto es que también debe resaltarse que la noción salarial del precepto
bajo estudio es más amplia que la sola asignación básica mensual, pues incluye
todas las sumas que de forma habitual y periódica reciba el trabajador como
contraprestación directa de la labor desarrollada, tal como se consagró en su
momento en la Ley 65 de 1946. Bajo estos supuestos, la liquidación de la prestación
pensional por invalidez reconocida a un docente oficial debe tener en cuenta, en su
ingreso base de liquidación, la totalidad de los factores salariales devengados por
este durante el último año en que prestó efectivamente sus servicios.

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Radicación: 20001-23-39-000-2017-00449-01 (1993-22)
Demandante: Janidys Esther Álvarez Martínez

En ese orden, estima la Sala que la entidad demandada en el acto de
reconocimiento pensional de la actora aplicó el régimen previsto en la Ley 100 de
1993, luego únicamente tuvo en cuenta la asignación básica que esta percibía en
su condición de docente oficial, excluyendo del referido cálculo los demás factores
salariales devengados por aquella, al paso que aplicó una tasa de remplazo del
54%. Así las cosas, el Fomag desconoció el régimen pensional aplicable respecto
de la definición del monto de la prestación pensional por invalidez en el caso de la
accionante.

Lo anterior, toda vez que el Decreto 1848 de 1969, la Ley 4 de 1966 y el Decreto
1743 de 1966 preceptuaron, respectivamente, que el monto de una prestación
pensional como la que se estudia está determinado por el promedio mensual de los
salarios devengados por el empleado dentro del último año en que prestó sus
servicios, dependiendo del porcentaje de disminución de la capacidad laboral de
titular del derecho prestacional, que para el caso concreto superaba el 95%, luego
corresponde al 100% de los emolumentos percibidos en el referido período.

Bajo estos supuestos, resulta evidente que la parte demandada, al expedir la
Resolución 0874 del 20 de febrero de 2015, debió liquidar la prestación pensional
de la señora Janidys Esther Álvarez Martínez teniendo en cuenta el 100% del último
salario devengado, esto es, de la asignación básica y la totalidad de los factores
salariales percibidos en el año inmediatamente anterior a su retiro del servicio por
invalidez.

En ese orden de ideas, la omisión en que incurrió la entidad demandada desconoce,
sin justificación alguna, el régimen prestacional aplicable a la actora y, en
consecuencia, vulnera el derecho que le asistía de disfrutar de una prestación
pensional cuyo ingreso base de liquidación tuviera en cuenta el porcentaje previsto
en el ordenamiento (100%), teniendo en cuenta la calificación de pérdida de
capacidad laboral que obtuvo (95.45%) y la totalidad de los factores efectivamente
devengados en el año anterior a su retiro del servicio por invalidez.

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Radicación: 20001-23-39-000-2017-00449-01 (1993-22)
Demandante: Janidys Esther Álvarez Martínez

Por lo expuesto, resulta evidente que la Resolución 0874 del 20 de febrero de 2015
se encuentra parcialmente viciada de nulidad, esto bajo el entendido de que la
pensión de la accionante debía reconocerse de conformidad con las previsiones de
los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, al haberse vinculado al
servicio oficial docente con antelación al 27 de junio de 2003 y no como lo dispuso
el referido acto.

En suma, la Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, se declarará la
nulidad parcial del acto acusado y se ordenará el reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez de la docente, en cuantía del 100% del salario que percibió en
el año inmediatamente anterior a su retiro del servicio por invalidez, lo que
comprende la asignación básica y los factores salariales devengados efectivamente
certificados por la entidad empleadora.

Ahora bien, la prestación debatida por pérdida de la capacidad laboral se hizo
efectiva el 20 de febrero de 2015, de modo que tenía la actora hasta el 20 de
febrero de 2018 para reclamar ante la administración la reliquidación de la
prestación para que sus mesadas pensionales no fueran objeto de prescripción, lo
cual efectivamente se materializó a través de la reclamación del 30 de junio de
2017, razón por la que no operó el fenómeno de la prescripción trienal.22

La suma de dinero que resulte de la condena anterior se ajustará al valor presente
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y la fórmula adoptada por el Consejo de
Estado, según la cual:

R= RH Índice Final
Índice inicial

22 La demanda fue radicada el 12 de octubre de 2018.

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Radicación: 20001-23-39-000-2017-00449-01 (1993-22)
Demandante: Janidys Esther Álvarez Martínez

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de mesadas
pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que obtuvo el estatus pensional. Por tratarse de
prestaciones de tracto sucesivo, la indexación deberá hacerse mes por mes.

2.5. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,23 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.

23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, consejero ponente: Dr. William Hernández
Gómez.

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Demandante: Janidys Esther Álvarez Martínez

En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala
considera que la señora Janidys Esther Álvarez Martínez tiene derecho a la
liquidación de su pensión por invalidez con base en las previsiones de los Decretos
3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, esto es, con el 100% del salario
percibido por la demandante en el año inmediatamente anterior a su retiro del
servicio por invalidez. En ese orden se revocará la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia del 25 de noviembre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones de la demanda, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Janidys
Esther Álvarez Martínez contra la Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio), de conformidad con la parte
motiva de esta providencia. En su lugar se dispone:

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Radicación: 20001-23-39-000-2017-00449-01 (1993-22)
Demandante: Janidys Esther Álvarez Martínez

Segundo. Declarar la nulidad parcial de la Resolución 00874 del 20 de febrero de
2015, proferida por la Secretaría de Educación del municipio de Valledupar en
nombre y representación de la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio), por medio de la cual se reconoció a favor de
la demandante una pensión de invalidez con fundamento en lo preceptuado en la
Ley 100 de 1993.

Lo anterior bajo el entendido que la pensión de vejez de la señora Janidys Esther
Álvarez Martínez debía reconocerse de conformidad con las previsiones de los
Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, al haberse vinculado al
servicio oficial docente con antelación al 27 de junio de 2003 y no como lo dispuso
el referido acto.

Tercero. A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Nación (Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio)
reliquidar la pensión de invalidez reconocida a favor de la señora Janidys Esther
Álvarez Martínez, ello en el sentido de incluir dentro del ingreso base de liquidación,
el 100% del salario percibido por la demandante en el año inmediatamente anterior
a su retiro del servicio por invalidez, el cual está comprendido tanto de la asignación
básica como por la totalidad de los factores salariales devengados en dicho lapso,
debidamente certificados por la entidad.

En razón de lo expuesto, se condena a la parte demandada a pagar las diferencias
de las mesadas que se generen bajo esta orden de reliquidación desde momento
en que se hizo efectiva la prestación hasta el cumplimiento efectivo de la presente
providencia, ello de manera actualizada de conformidad con el inciso 4.° del artículo
187 del CPACA, es decir, con base en la siguiente fórmula:

R= Rh x índice final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH),
que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de mesadas

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Radicación: 20001-23-39-000-2017-00449-01 (1993-22)
Demandante: Janidys Esther Álvarez Martínez

pensionales, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE, vigente a la ejecutoria de la sentencia, por el
índice vigente a la fecha en que LA demandante obtuvo el estatus pensional. Por
tratarse de prestaciones de tracto sucesivo, la indexación de las diferencias deberá
hacerse mes por mes.

Cuarto. la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio) demandada dará cumplimiento a la sentencia con base en
los términos y previsiones de los artículos 189 y 192 del CPACA.

Quinto. Sin condena en costas.

En firme esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las
anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA.: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

M.E.C.G

21

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