Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-39-000-2017-00456-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
En la causa por pasiva: procedencia frente a entidades que ostenten competencia
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-39-000-2017-00456-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 20001-23-39-000-2017-00456-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
25 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69309)
Actor: HOLDING MINERO S.A.S.
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DEL TRABAJO Y OTROS
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: OCUPACIÓN DE INMUEBLE POR PARTE DE PARTICULARES / LEGITIMACIÓN
EN LA CAUSA POR PASIVA – Procedencia frente a entidades que ostenten competencia
legal para ejecutar la medida de amparo o hayan asumido dicha obligación – no se
configuró respecto de los Ministerios del Interior y del Trabajo / LANZAMIENTO POR
OCUPACIÓN DE HECHO – Régimen jurídico aplicable y alcance del procedimiento
regulado en el Decreto 747 de 1992 / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN
EN LA EJECUCIÓN DE MEDIDA DE AMPARO POLICIVO – Requisitos para su
configuración – no se configuró por evidenciarse una actuación diligente, razonable y
coordinada por parte del municipio, y concurrir circunstancias que justifican la inejecución
de la medida.
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia del 22 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, mediante la cual se declaró probada la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva de los Ministerios del Interior y del Trabajo,
y se negaron las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La parte actora estima que el municipio de La Jagua de Ibirico y los Ministerios del
Interior y del Trabajo son responsables de los perjuicios sufridos como
consecuencia de la omisión en la ejecución de la diligencia de cese de actos
perturbatorios y desalojo ordenada respecto del predio “Nuevo Horizonte”, el cual
se utilizaba como parqueadero de maquinaria pesada destinada a actividades
mineras.
Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)
Actor: Holding Minero S.A.S.
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo y otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 2 de octubre de 20171, la sociedad Holding Minero S.A.S. (antes Masering
Holding S.A.S., Masering S.A.S., Masering S.A. y Masering Ltda.2) presentó
demanda de reparación directa contra la Nación – Ministerio del Trabajo, el
Ministerio del Interior y el municipio de La Jagua de Ibirico, con el fin de que se les
declare patrimonialmente responsables de los perjuicios ocasionados con “la
conducta omisiva de la señora alcaldesa del municipio de La Jagua de Ibirico (…)
al no ejecutar su propio acto, la orden de policía contenida en la Resolución No.
GGE 551 de fecha 10-11-2015, emanada de ese ente territorial, por medio de la
cual se resolvió una querella de amparo a la posesión y mera tenencia, a favor de
la sociedad Masering Holding S.A.S. (…). Y por las vías de hecho, interferencia o
intromisión en que incurrieron los viceministros del Interior (…) y del Trabajo (…)
para impedir el cumplimiento de la aludida sentencia policiva”. En consecuencia,
pidió el reconocimiento de perjuicios materiales en la modalidad de daño
emergente3 y lucro cesante4, así como daño al buen nombre y perjuicios futuros5.
1 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_01DEMANDA(.pdf)”.
2 Como consta en el certificado de existencia y representación legal de la empresa Holding Minero
S.A.S. en reorganización, por escritura pública No. 2416 del 7 de julio de 1988, otorgada en la Notaría
Segunda de Neiva e inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla el 27 de agosto de 1993, se
constituyó la sociedad Masering Ltda. Posteriormente, mediante escritura pública No. 2342 del 20
de diciembre de 2007, inscrita en la misma Cámara de Comercio el 28 de diciembre de 2007, la
sociedad se transformó en Masering S.A. De acuerdo con el Acta No. 24 del 31 de marzo de 2009
de la asamblea de accionistas, inscrita el 22 de mayo de 2009, se efectuó una nueva transformación,
adoptando la denominación Masering S.A.S. Finalmente, conforme al Acta No. 36 del 10 de
diciembre de 2013 de la asamblea de accionistas, inscrita el 16 de diciembre de 2013, la sociedad
se transformó en Masering Holding S.A.S.Ver. Samai: Expediente digital, archivo
“15_200012339000201700456012EXPEDIENTEDIGIDRIVE”, págs. 177 y 188.
3 Pidió la suma total de $159.700’971.399,66, discriminados así: (i) $24’595.147 USD
($72.500’098.617,78 a la tasa de cambio vigente a la fecha de presentación de la demanda), por el
valor de la maquinaria pesada y liviana que sufrió pérdida total al permanecer inmovilizada y
expuesta a la intemperie desde el 2015, sin recibir mantenimiento; (ii) $3’737.762 USD
($11.017’950.557,88 a la tasa de cambio vigente a la fecha de presentación de la demanda), por el
incumplimiento en el pago de los contratos de leasing celebrados con City Bank, Helm Bank, Banco
de Colombia Panamá y Banco de Bogotá; (iii) $232’380.855, por las sanciones impuestas por la
DIAN al no poder reexportar la maquinaria retenida; (iv) $2.222’335.371, por el incumplimiento de
pólizas asociadas a la finalización de la importación temporal de equipos y maquinaria; (v)
$56’666.661, por la prórroga del contrato de arrendamiento de la finca “Nuevo Horizonte”, derivada
de la imposibilidad de retirar la maquinaria del predio; y, (vi) $24’992.550 USD ($73.671’539.337 a
la tasa de cambio vigente a la fecha de presentación de la demanda), por el pago de la cláusula
penal del contrato celebrado con Carbones de Santander S.A.S., incumplido por la imposibilidad de
utilizar la maquinaria retenida.
4 Solicitó la suma de $267.408’412.093, correspondientes a los ingresos operacionales dejados de
percibir por la no ejecución del contrato celebrado con Carbones de Santander S.A.S.
5 Por este concepto pidió la suma de $267.408’412.093, derivados del riesgo al futuro económico y
a la existencia de la empresa, que entró en situación de insolvencia.
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Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)
Actor: Holding Minero S.A.S.
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo y otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
Como fundamento fáctico de las pretensiones se narró que, el 20 de enero de 2014,
suscribió un contrato de arrendamiento sobre el predio denominado “Nuevo
Horizonte”, ubicado en el corregimiento de Boquerón, municipio de La Jagua de
Ibirico, con el fin de utilizarlo como parqueadero temporal de maquinaria minera
pesada, de la cual era propietaria o tenedora. Posteriormente, el 1º de agosto de
2015, celebró un contrato de cargue y acarreo de carbón con la sociedad Carbones
de Santander S.A.S., cuya ejecución requería el traslado de dicha maquinaria hacia
la mina “La Caypa”.
Sin embargo, el acceso al predio fue bloqueado por un grupo de personas que
reclamaban el cumplimiento de derechos laborales, impidiendo el retiro de la
maquinaria, reteniéndola en el lugar y exponiéndola a deterioro físico. Ante esta
situación, el 31 de agosto de 2015, la sociedad presentó querella policiva por
perturbación de la posesión y tenencia, la cual fue admitida por la Alcaldía de La
Jagua de Ibirico. En diligencia de inspección ocular realizada el 2 de octubre de
2015, se constató la presencia de manifestantes, el bloqueo de la vía y amenazas
contra la maquinaria.
Como resultado, mediante Resolución No. GGE-551 del 10 de noviembre de 2015,
la alcaldía concedió el amparo policivo y programó la diligencia de desalojo para el
20 de noviembre del mismo año, la cual no se ejecutó. La actuación fue
reprogramada para los días 10 y 11 de marzo de 2016, previa convocatoria a
consejo de seguridad celebrado el 8 de marzo, en el que los viceministros del
Interior y del Trabajo solicitaron suspender la diligencia, alegando el carácter social
de la protesta y la necesidad de establecer mesas de diálogo. En igual sentido, el
delegado territorial del Ministerio del Trabajo solicitó la suspensión indefinida.
La alcaldía accedió a dichas solicitudes, condicionando la ejecución del desalojo a
la celebración de acuerdos laborales, lo que, según la parte actora, vulneró el
principio de descentralización administrativa y contravino lo dispuesto en los
artículos 2, 32 y 125 a 131 del Decreto 1355 de 1970, al abstenerse de ejecutar la
medida, a pesar de las solicitudes del querellante, en las que se advertía sobre los
perjuicios causados con la retención de la maquinaria.
La parte actora atribuyó el daño a una falla en el servicio por parte de la Alcaldía,
derivada de la inejecución injustificada de la resolución que concedió el amparo
policivo, y a los Ministerios del Interior y del Trabajo, por su indebida intromisión en
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Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)
Actor: Holding Minero S.A.S.
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo y otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
la autonomía administrativa municipal y por inducir la suspensión indefinida de la
diligencia.
2. El trámite de primera instancia
2.1. El Tribunal Administrativo del Cesar, en auto del 12 de octubre de 2017 admitió
la demanda6 y, una vez notificadas las partes7, estas presentaron sus
planteamientos de defensa.
2.1.1. El Ministerio del Interior contestó la demanda oponiéndose a las
pretensiones, al considerar que carecía de legitimación en la causa por pasiva,
dado que no tiene competencia para ejecutar actos policivos ni para intervenir en
su suspensión8.
2.1.2. El Ministerio del Trabajo también negó responsabilidad, señalando que sus
actuaciones se limitaron a promover el diálogo social frente al conflicto laboral, sin
interferir en las competencias de la alcaldía ni excusar su omisión9.
2.1.3. El municipio de La Jagua de Ibirico sostuvo que tramitó el proceso policivo
conforme a la ley, y que la suspensión de la diligencia obedeció a directrices
nacionales y a la falta de condiciones logísticas y de seguridad. Propuso las
excepciones de: (i) causa extraña como eximente de responsabilidad; (ii) aplicación
del método de ponderación de derechos; y (iii) ausencia de elementos
estructurantes de responsabilidad10.
6 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_03AUTOADMITEDEMANDA(.pdf)”.
7Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_05NOTIFICACIONESPD(.pdf)” y
“ED_DRIVETRIB_07NOTIFICACIONESPD(.pdf)”.
8 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_09CONTESTACIONDEMAND(.pdf)”, folios 1
– 9.
9 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_09CONTESTACIONDEMAND(.pdf)”, folios 10
– 45, y “ED_DRIVETRIB_02CONTESTACIONDEMAND(.pdf)”
10 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_02CONTESTACIONDEMAND(.pdf)”.
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2.2. En la audiencia inicial del 8 de marzo de 2019, el Tribunal saneó el proceso,
resolvió las excepciones11, fijó el litigio12 y decretó las pruebas solicitadas por las
partes13.
2.3. La práctica de pruebas se surtió en las audiencias celebradas los días 26 14 y
27 de junio15, 29 de agosto16, 20 de noviembre de 201917 y 4 de noviembre de
202018.
2.4. En auto del 26 de noviembre de 2020, el Tribunal Administrativo del Cesar
prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, y dispuso ordenar la
presentación de alegatos de conclusión por escrito19.
2.4.1. En esa oportunidad procesal, las partes reiteraron los argumentos esgrimidos
en la demanda y sus respectivas contestaciones20.
2.4.2. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado atribuyó la
responsabilidad a la parte demandante, por incumplimientos laborales del
Consorcio Minero del Cesar —del cual la sociedad demandante era la socia
mayoritaria—, y señaló que la suspensión fue una decisión autónoma de la
alcaldía21.
2.4.3. El Ministerio Público no rindió concepto.
11 En cuanto a las excepciones previas propuestas, el Tribunal negó la falta de legitimación en la
causa por pasiva de los ministerios demandados, al considerar que, conforme a la imputación de la
demanda, se les atribuye haber instado a la alcaldía a no ejecutar la diligencia de amparo policivo.
De igual forma, frente a la excepción de falta de agotamiento del requisito de procedibilidad
formulada por el Ministerio del Trabajo, precisó que, si bien la audiencia de conciliación no pudo
celebrarse dentro del término de tres meses, la parte actora sí presentó oportunamente la solicitud,
incluyendo a todas las entidades demandadas, razón por la cual no podía tenerse por configurada
la excepción.
12 En esa oportunidad se dispuso que el problema jurídico a resolver se contraía a: “determinar si las
demandadas son administrativamente responsables de los presuntos daños sufridos por HOLDING
MINEROS SAS (antes MASERING HOLDING SAS) por no haber hecho efectivo un AMPARO
POLICIVO ordenado a su favor en razón al bloqueo de una serie de personas al acceso a sus
maquinarias para realizar labores previamente contratadas”.
13 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_06AUDIENCIAINICIAL(.pdf)”.
14 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_08ACTAAUDIENCIAPRUEB(.pdf)”y
“ED_DRIVETRIB_11ACTAAUDIENCIAPRUEB(.pdf)”.
15 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_13ACTAAUDIENCIAPRUEB(.pdf)”.
16 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_01ACTAAUDIENCIAPRUEB(.pdf)”.
17 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_09ACTAAUDIENCIAPRUEB(.pdf)”.
18 Samai: Expediente digital, archivo
“159_2000123390002017004560145EXPEDIENTEDIGIDRIVE”.
19 Samai: Expediente digital, archivo
“163_2000123390002017004560149EXPEDIENTEDIGIDRIVE”.
20 Samai: Expediente digital, archivos “ED_DRIVETRIB_50ALEGATOS(.pdf)”,
“ED_DRIVETRIB_51ALEGATOSCONCLUSION(.pdf)”, “ED_DRIVETRIB_53ALEGATOS(.pdf)” y
“ED_DRIVETRIB_52ALEGATOS(.pdf)”
21 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_54ALEGATOS(.pdf)”.
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3. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante providencia del 22 de septiembre de
2022, declaró probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva propuestas por los Ministerios del Interior y del Trabajo, y negó las
pretensiones de la demanda.
Respecto de los ministerios, concluyó que sus actuaciones se ajustaron a las
competencias legales asignadas. En el caso del Ministerio del Trabajo, consideró
que la intervención del Delegado Territorial se enmarcó en funciones misionales de
promoción del diálogo social y prevención de alteraciones al orden público, sin que
constituyeran órdenes vinculantes ni fueran la causa directa del daño. En igual
sentido, respecto del Ministerio del Interior, señaló que la participación de sus
funcionarios en el consejo de seguridad previo a la diligencia de desalojo se limitó
a recomendaciones orientadas a evitar confrontaciones, sin que existiera facultad
para intervenir en decisiones propias de la autoridad municipal.
En cuanto a la responsabilidad del municipio, el Tribunal reconoció la existencia de
una omisión en la ejecución de la resolución que concedía el amparo policivo, pero
concluyó que esta no fue la causa eficiente del daño. Atribuyó la afectación a la
conducta de la sociedad demandante —Holding Minero S.A.S., antes Masering
S.A.S.—, en su calidad de miembro mayoritario del Consorcio Minero del Cesar,
por el incumplimiento de obligaciones laborales que motivaron la protesta de los
trabajadores y la ocupación del predio, configurando culpa exclusiva de la víctima.
El fallo destacó que el conflicto laboral que dio origen a la ocupación del predio se
remonta al año 2013, cuando se suspendieron los contratos laborales, y que la
retención de la maquinaria ocurrió con anterioridad al trámite policivo. En ese
contexto, el Tribunal consideró que la suspensión de la diligencia de desalojo
respondió a la necesidad de evitar una confrontación entre derechos fundamentales
en tensión: de un lado, los trabajadores que reclamaban el pago de salarios
adeudados; y, del otro, la protección de la posesión del predio y de los bienes
retenidos. Señaló que los perjuicios ya se habían consolidado al momento de la
decisión administrativa, por lo que no eran jurídicamente atribuibles al municipio,
dado que se estructuraron con la toma violenta de las instalaciones. En
consecuencia, la suspensión de la diligencia se justificó como una medida orientada
a facilitar espacios de diálogo y prevenir un conflicto social de mayor escala.
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Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)
Actor: Holding Minero S.A.S.
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Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
Finalmente, el Tribunal descartó la idoneidad del dictamen pericial para probar los
perjuicios, por considerar que carecía de credibilidad técnica y probatoria. En
particular, señaló que: (i) se basó en estados financieros anteriores a los hechos,
sustentando sus conclusiones en supuestos no verificados; (ii) incluyó como
propios bienes adquiridos mediante contratos de leasing, sin descontar los valores
efectivamente pagados, los intereses ni las máquinas retiradas por el proveedor
(Caterpillar de México); (iii) fundamentó la existencia de good will en publicaciones
de revistas, sin respaldo técnico; (iv) incorporó sanciones tributarias impuestas por
la DIAN sin acreditar su pago; (v) apoyó la valoración de la maquinaria en un
informe elaborado por un ingeniero mecánico sin la idoneidad requerida, quien
concluyó que, debido al deterioro, los equipos carecían de valor comercial y debían
ser indemnizados como nuevos; y (vi) omitió soporte documental sobre el estado
del proceso de reorganización empresarial22.
4. Recurso de apelación
La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, formulando los siguientes reparos:
En primer lugar, sostuvo que el daño alegado debía analizarse bajo el título de
imputación de la falla en el servicio, al encontrarse acreditada la omisión de la
Alcaldesa de La Jagua de Ibirico en la ejecución de la Resolución No. GGE-551 de
2015, que ordenaba el desalojo del predio “Nuevo Horizonte”. Indicó que dicha
omisión constituyó una infracción al deber legal de garantizar el amparo policivo y
fue la causa directa de los perjuicios reclamados.
Adujo que no era jurídicamente procedente legitimar la retención de hecho ejercida
por los trabajadores, por cuanto el derecho de retención requiere reconocimiento
judicial, lo cual no ocurrió en este caso. Asimismo, cuestionó que el Tribunal hubiera
emitido juicios de valor sobre la responsabilidad solidaria de la empresa frente a los
trabajadores, sin que dicho asunto hubiese sido objeto de debate en la jurisdicción
competente.
En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva de los Ministerios del Trabajo y
del Interior, señaló que su intervención excedió sus competencias misionales y
22 Samai: Expediente digital, archivo
“189_2000123390002017004560175EXPEDIENTEDIGIDRIVE”.
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Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)
Actor: Holding Minero S.A.S.
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo y otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
constituyó una injerencia indebida en la autonomía territorial. Resaltó que dicha
intervención se materializó a través de actuaciones de los Delegados Territoriales y
Viceministros de los respectivos ministerios, quienes solicitaron expresamente la
suspensión de la diligencia policiva, como consta en el acta del consejo de
seguridad del 8 de marzo de 2016 y en comunicaciones oficiales. Afirmó que esta
conducta configuró una usurpación funcional, al trasladar de facto la decisión a
autoridades nacionales sin competencia para ello.
Finalmente, reprochó que el Tribunal hubiera desvirtuado el valor probatorio del
dictamen pericial sin que este hubiera sido objetado por las partes e indicó que los
perjuicios reclamados se encontraban plenamente acreditados. En particular,
destacó que el dictamen técnico daba cuenta del daño emergente, el lucro cesante
y la pérdida de good will, lo cual se encontraba corroborado con la prueba
documental y los testimonios de Ricardo Ruiz Vallejo, Ricardo Iguarán Aguilar y
Hermes Hernández Portella23.
El recurso de apelación fue concedido por el Tribunal Administrativo del Cesar el 27
de octubre de 202224 y remitido al Consejo de Estado para su trámite mediante oficio
del 23 de noviembre del mismo año25.
5. Trámite en segunda instancia
5.1. En proveído del 3 de marzo de 2023, esta Corporación admitió el recurso de
apelación26. En aplicación del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67
de la Ley 2080 de 202127, no se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión, toda vez que en esta instancia no se decretaron pruebas28.
5.2. El Ministerio Público solicitó confirmar la decisión apelada, al considerar que el
daño alegado tuvo origen en la ocupación del predio por parte de trabajadores que
reclamaban derechos laborales frente a la sociedad demandante, lo que
23 Samai: Expediente digital, archivo
“191_2000123390002017004560177EXPEDIENTEDIGIDRIVE”.
24 Samai: Expediente digital, archivo “ED_81AUTOCONCEDERECURSO(.pdf)”.
25 Samai: Expediente digital, archivo “ED_GMAILRV_OFICIOG(.pdf)”.
26Samai, índice 4.
27 La Ley 2080 de 2021 resulta aplicable al sub examine, con excepción de las normas que modifican
la competencia, por cuanto el recurso de apelación fue interpuesto el 5 de octubre de 2022, esto es,
con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021 -25 de enero de 2021-.
28 No obstante, en los índices 10 y 12 del Samai de la Corporación reposan los alegatos de conclusión
presentados por el Ministerio del Trabajo y la parte actora, en los cuales se reiteran íntegramente los
argumentos expuestos en las diferentes oportunidades procesales.
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Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)
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configuraba culpa exclusiva de la víctima y rompía el nexo causal con la actuación
estatal. Agregó que la suspensión de la diligencia de desalojo obedeció a razones
de orden público valoradas en el consejo de seguridad del 8 de marzo de 2016, en
el que se advirtió la imposibilidad de ejecutar la medida sin poner en riesgo la vida
e integridad de los trabajadores; y aunque reprochó el uso de vías de hecho, precisó
que ello no compromete la responsabilidad del Estado, dado que la administración
actuó dentro del marco de sus competencias y limitaciones29.
5.3. En auto del 26 de mayo de 2025, se fijaron los honorarios del perito Albeiro
Álvarez Hurtado, a cargo de la parte demandante30.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
El artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, establece que
el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de “las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales
administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación”.
Por su parte, el artículo 152.6 del CPACA dispone que los tribunales administrativos
conocerán en primera instancia, entre otros asuntos, “de los de reparación directa,
inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales”,
cuando la cuantía exceda los 500 SMLMV.
En el caso bajo estudio se advierte que la pretensión mayor superó la cuantía
señalada en la mencionada disposición31, razón por la cual se concluye que esta
Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante contra el fallo del a quo.
29 Samai, índice 13.
30 Samai, índice 34.
31 La pretensión por concepto de lucro cesante ascendió a $267.408’412.093. Para la fecha de
presentación de la demanda -2017- 500 SMLMV equivalían a $368’858.500.
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Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)
Actor: Holding Minero S.A.S.
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo y otros
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2. Oportunidad de la acción
De conformidad con el artículo 164, numeral 2, literal i) de la Ley 1437 de 2011, el
medio de control de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años
contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de la acción u omisión causante
del daño, o desde el momento en que el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo, si fue en fecha posterior, y siempre que pruebe la
imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
Puntualmente, en los casos relacionados con procesos policivos por ocupación de
hecho, la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado que “la caducidad de la
acción de reparación directa dependerá, como ocurre como regla general, del
momento en que se tuvo conocimiento de la situación, no de aquella que generó la
ocupación –puesto que ésta no constituye el origen del daño- sino de la que
consolidó en cabeza del querellante la certeza de que no se iba a proteger la
situación fáctica que originó el proceso policivo”32.
En el presente asunto, la parte actora fundamenta sus pretensiones en la falta de
ejecución de la Resolución No. GGE-551 de 10 de noviembre de 2015, que
ordenaba el cese de actos perturbatorios sobre el predio “Nuevo Horizonte”. Según
lo afirmado en la demanda, dicha omisión se consolidó en el consejo de seguridad
del 8 de marzo de 2016, en el que se decidió suspender “indefinidamente” la
diligencia de desalojo programada para los días 10 y 11 del mismo mes.
Aunque no obra constancia del archivo formal del procedimiento policivo —lo que
en teoría permitiría a la administración retomar las actuaciones—, la Sala advierte
que fue en dicha reunión en la que la parte actora tuvo conocimiento de la
suspensión de la diligencia, lo que implicó la imposibilidad de obtener el
restablecimiento del statu quo y la protección de su derecho de tenencia,
circunstancias de las cuales la parte actora hace derivar los perjuicios alegados en
la demanda, razón por la que dicho evento se tendrá como punto de partida para el
cómputo del término de caducidad.
Así las cosas, al haber sido presentada la demanda el 2 de octubre de 2017, esto
es, antes de transcurridos los dos años previstos por la ley, resulta evidente que,
32 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de mayo de 2015, C.P. Hernán Andrade
Rincón (E).
10
Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)
Actor: Holding Minero S.A.S.
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo y otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
sin perjuicio del agotamiento del requisito de procedibilidad33, la acción de
reparación directa fue interpuesta oportunamente.
3. Legitimación en la causa
La demanda fue presentada por la sociedad Holding Minero S.A.S. (antes Masering
Holding S.A.S.), en su calidad de arrendataria del predio “Nuevo Horizonte” y
querellante en el proceso policivo de amparo, por lo que se encuentra legitimada
en la causa por activa, en tanto afirma haber sufrido un daño antijurídico derivado
de la inejecución de la diligencia de desalojo ordenada mediante la Resolución No.
GGE-551 de 2015.
En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, se advierte que los hechos y
omisiones alegados en la demanda se atribuyen a la Nación – Ministerio del
Trabajo, Ministerio del Interior y al municipio de La Jagua de Ibirico, quienes, en
principio, están llamados a integrar el contradictorio. No obstante, la legitimación
material de cada una de ellas, esto es, la existencia de un vínculo jurídico entre sus
actuaciones y el daño reclamado, será objeto de análisis específico en el estudio
de fondo, especialmente a la luz de los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.
4. Problema jurídico
De conformidad con los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala
determinar si la sentencia de primera instancia debe ser revocada o confirmada. En
particular, deberá establecerse:
(i) Si los Ministerios del Interior y del Trabajo se encuentran materialmente
legitimados en la causa por pasiva, esto es, si su intervención en el
procedimiento policivo constituyó una injerencia indebida o una usurpación
de funciones de la alcaldía municipal, que permita imputarles
responsabilidad por los daños reclamados.
33 En el expediente obra la constancia del agotamiento del requisito de procedibilidad, por no haberse
celebrado la audiencia de conciliación dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la
solicitud, proferida por la Procuraduría 123 Judicial II para Asuntos Administrativos de Valledupar el
7 de septiembre de 2017. Samai: Expediente digital, archivo
“15_200012339000201700456012EXPEDIENTEDIGIDRIVE”, pág. 173 y 175.
11
Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)
Actor: Holding Minero S.A.S.
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(ii) Si el municipio de La Jagua de Ibirico incurrió en una falla en el servicio por
omisión, al no ejecutar la diligencia de desalojo y, en caso afirmativo,
establecer si concurre una causal eximente de responsabilidad.
(iii) En caso de establecerse la responsabilidad de alguna de las entidades
demandadas, si los perjuicios alegados se encuentran debidamente
acreditados en el expediente, en particular mediante el dictamen pericial y
demás pruebas obrantes.
Cabe señalar que, en relación con la prueba del daño, pues este aspecto no fue
objeto del recurso de apelación y tanto el a quo como esta Sala constatan su
acreditación. Ello es así porque se encuentra plenamente demostrado que la
tenencia del predio “Nuevo Horizonte” fue efectivamente perturbada: el acceso al
inmueble permaneció obstruido y la diligencia de amparo ordenada para restablecer
dicha situación no se ejecutó. Estas circunstancias, acreditadas mediante las
pruebas obrantes en el proceso, permiten concluir que el derecho de tenencia del
actor fue afectado de manera cierta y concreta, configurándose así el daño
alegado34.
5. Legitimación material en la causa por pasiva de los Ministerios del Trabajo
y del Interior
En múltiples oportunidades35, esta Corporación ha señalado que uno de los
presupuestos para que el juez administrativo pueda proferir una sentencia de fondo
es la legitimación en la causa de quienes intervienen en el litigio. Esta se presenta
desde una perspectiva material, cuando quien acude al proceso tiene relación con
los intereses involucrados en aquél y guarda una conexión con los hechos que
motivaron el litigio o, lo que es lo mismo, es titular de un interés jurídico sustancial.
34 Según las pruebas obrantes en el expediente, la perturbación sobre el predio “Nuevo Horizonte”
se prolongó desde agosto del 2015 y persistió al menos durante los años 2018 y 2019. Así lo
demuestra el acta de inspección administrativa practicada por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales —DIAN— los días 11 y 12 de abril de 2018, en la que se dejó constancia de que los
trabajadores impidieron el acceso de los funcionarios al predio mientras no se resolviera el conflicto
laboral. De igual forma, las declaraciones de los testigos Valerio Maldonado Izquierdo y Hermes
Hernández Portela, rendidas los días 26 y 27 de junio de 2019, respectivamente, confirmaron que la
ocupación continuaba, aunque con una menor presencia de trabajadores.
35 Tal postura ha sido reiteradamente acogida por la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección
Tercera, entre otras, en las sentencias del 20 de septiembre de 2001, exp. 10.973, C.P. María Elena
Giraldo Gómez; del 28 de abril de 2005, exp. 14.178, C.P. Germán Rodríguez Villamizar; del 31 de
octubre de 2007, 13.503, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencias del 10 de octubre de 2022, exp.
51.848, C.P. María Adriana Marín, y del 5 de mayo de 2025, 72.159, C.P. Fernando Alexei Pardo
Flórez.
12
Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)
Actor: Holding Minero S.A.S.
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Desde la perspectiva pasiva, ésta se configura cuando la entidad demandada
ostenta una relación sustancial con los hechos que originan la controversia, en tanto
se le atribuye jurídicamente la condición de sujeto llamado a responder por el
derecho o interés cuya protección se reclama. Esta vinculación puede derivarse de
una acción u omisión que, en el marco de sus competencias legales, haya
contribuido a la producción del daño antijurídico alegado.
En materia del cuestionamiento de conductas omisivas, dicha posición es ocupada
por la entidad pública (o particular en ejercicio de funciones administrativas) que
hubiere sido el titular del deber jurídico de actuar para evitar el resultado lesivo, es
decir, si ostentaba las competencias funcionales o materiales que le imponían la
obligación de intervenir en la situación fáctica que dio lugar al litigio.
Así, el examen de la legitimación en la causa por pasiva no se agota en la mera
participación formal de la entidad en los hechos, sino que requiere establecer si
existe una conexión funcional o material entre el organismo demandado y los
hechos generadores del daño, a partir de las responsabilidades legales que le son
propias.
5.1. Falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio del Trabajo
El Tribunal de primera instancia declaró la falta de legitimación en la causa por
pasiva del Ministerio del Trabajo, al estimar que la actuación del Director Territorial
del Cesar se ajustó al marco funcional previsto por la normativa vigente, en
particular a sus competencias misionales de protección de los derechos laborales y
promoción del diálogo social, sin que se acreditara que su intervención hubiese
desplazado la competencia de la Alcaldía ni constituido la causa directa del daño
reclamado. A su vez, en la apelación, la parte actora alegó que la intervención del
Ministerio del Trabajo excedió el ámbito de sus competencias legales, constituyendo
una usurpación funcional que se materializó a través de actuaciones del Director
Territorial del Cesar y del Viceministro de Trabajo, quienes habrían solicitado
expresamente la suspensión de la medida, como consta en el acta del Consejo de
Seguridad del 8 de marzo de 2016 y en diversas comunicaciones oficiales.
Para resolver este cargo, la Sala parte por delimitar el marco competencial de las
autoridades involucradas. En primer lugar, el procedimiento policivo de lanzamiento
por ocupación de hecho, en el caso de los bienes rurales, se encuentra reglado por
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Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)
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el Decreto 747 de 1992, estatuto que en su artículo primero atribuye la competencia
para conocer de la querella y adoptar las medidas necesarias para restablecer la
tenencia material del predio afectado al alcalde municipal —o al funcionario en quien
se haya delegado dicha función—36.
Así las cosas, las actuaciones y omisiones que se produzcan en el seno de dicho
procedimiento son, prima facie, del exclusivo resorte de la entidad territorial
correspondiente, sin que puedan ser sustituidas por autoridades del orden nacional.
Por su parte, el Decreto 4108 de 201137 y la Resolución 2143 de 201438 asignan al
Ministerio del Trabajo —especialmente al Viceministerio de Relaciones Laborales y
a sus Direcciones Territoriales— funciones de promoción del diálogo social,
prevención de conflictos laborales y asesoría técnica a actores sociales
involucrados en controversias laborales.
En efecto, de acuerdo con el artículo 1º del Decreto 4108 de 2011, el Ministerio del
Trabajo tiene como objetivo “la formulación y adopción de las políticas, planes
generales, programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los derechos
fundamentales, las garantías de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y
protección de las actividades de la economía solidaria y el trabajo decente, a través
de un sistema efectivo de vigilancia, información, registro, inspección y control; así
como del entendimiento y diálogo social para el buen desarrollo de las relaciones
laborales”.
En este marco, el artículo 22, numerales 6 y 8, del mismo decreto, asigna al
Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección las siguientes funciones:
Promover el diálogo social en el marco de las relaciones laborales y el
fortalecimiento de la protección laboral, y la autocomposición como mecanismo
de resolución de conflictos en las relaciones laborales.
36 Artículo 1° La persona que explote económicamente un predio agrario, según el artículo 2° de la
Ley 4ª de 1973 y disposiciones concordantes, que hubiere sido privada de hecho, total o
parcialmente de la tenencia material del mismo, sin que medie su consentimiento expreso o tácito, u
orden de autoridad competente, ni exista otra causa que lo justifique, sin perjuicio de la acción que
pueda intentar ante el juez para que se efectúe el lanzamiento por ocupación de hecho, podrá
solicitar al alcalde o funcionario en quien se haya delegado esta función, la protección de su predio
con el objeto de que dentro de los tres días calendario siguientes se restablezca y mantenga la
situación que existía antes de la invasión.
37 Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio del Trabajo y se integra el Sector
Administrativo del Trabajo.
38 Por la cual se asignan competencias a las Direcciones Territoriales y Oficinas Especiales e
Inspecciones de Trabajo.
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Promover la concertación para el fortalecimiento de las relaciones empleador-
trabajador y el respeto de los convenios y tratados internacionales.
A nivel territorial, las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo ejercen
funciones de atención, promoción y seguimiento de las relaciones laborales dentro
de su jurisdicción. El artículo 30, numerales 1 y 4, del Decreto 4108 de 2011 les
asigna, entre otras, las siguientes competencias:
Atender, en su jurisdicción, los asuntos relacionados con trabajo y empleo y
participar con los programas y proyectos en estas materias.
Promover la celebración de acuerdos de cumplimiento y mejora de las
relaciones entre empleadores y trabajadores y realizar seguimiento.
Estas funciones fueron desarrolladas y precisadas en la Resolución 2143 de 2014
—vigente para la época de los hechos—, que asignó competencias específicas a
las Direcciones Territoriales. En particular, el artículo 1º, numerales 15 y 34,
establece que los directores territoriales deben:
Desarrollar acciones a nivel territorial con los diferentes actores sociales que
contribuyan a la generación de una cultura de cumplimiento de las obligaciones
legales, en materia de trabajo, empleo, seguridad y salud en el trabajo y
derechos fundamentales del trabajo.
Conformar mesas de trabajo que permitan asesorar sobre el cumplimiento de
las normas laborales a los empleadores, trabajadores y organizaciones
sindicales para prevenir o superar los conflictos laborales.
En este contexto, la intervención del Ministerio del Trabajo en escenarios de
conflictividad laboral no resulta per se irregular, siempre que se mantenga dentro de
los límites de asesoría, mediación o recomendación, sin sustituir la competencia de
las autoridades locales para adoptar decisiones en el marco de juicios policivos,
como lo es el trámite de lanzamiento por ocupación de hecho.
En el presente caso, conforme al material probatorio obrante en el expediente, se
encuentra acreditado que el Ministerio del Trabajo, a través del Director Territorial
del Cesar y del Viceministro, desplegó diversas actuaciones en el contexto del
conflicto laboral que rodeó la ejecución de la Resolución No. GGE-551 de 2015.
En efecto, está probado que el 17 de febrero de 2016, la organización sindical
Sintramienergética informó al Ministerio del Trabajo sobre la toma pacífica de las
oficinas de la Dirección Territorial del Cesar por parte de trabajadores del Consorcio
15
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Minero del Cesar — integrado, entre otras, por la empresa Masering, hoy Holding
Minero S.A.S.—, denunciando la falta de respuesta estatal frente a la problemática
laboral que se venía presentando desde enero de 2013, derivada de la suspensión
de los contratos laborales celebrados para realizar actividades en la mina La
Francia, sin que se hubiera efectuado el pago de salarios y demás prestaciones. En
dicha comunicación se solicitó la intervención urgente de la autoridad laboral para
evitar el desalojo de la finca “Nuevo Horizonte” y propiciar una solución definitiva al
conflicto39.
Ese mismo día, el Director Territorial del Cesar convocó a una mesa de diálogo
social tripartita —con participación del empleador, el titular del título minero, la
organización sindical y el Ministerio—, programada para el 19 de febrero de 2016
con el fin de buscar una solución concertada al conflicto laboral40. Posteriormente,
mediante auto de formulación de cargos del 18 de febrero de 2016, el Ministerio del
Trabajo inició proceso administrativo sancionatorio contra el Consorcio Minero del
Cesar por presuntas infracciones a normas laborales, relacionadas con la
mencionada suspensión de los contratos laborales y la falta de pago de salarios y
prestaciones a aproximadamente 700 trabajadores41.
El 24 de febrero de 2016, la Federación Unitaria de Trabajadores Mineros,
Energéticos, Metalúrgicos, Químicos, de las Industrias Extractivas,
Transportadoras y Similares de Colombia (Funtramiexco) presentó denuncia ante
el Viceministro de Trabajo, informando sobre hechos de violencia ocurridos en el
predio ocupado, consistentes en agresiones físicas y la quema de carpas en contra
de los trabajadores. En dicha comunicación se solicitó la intervención urgente de la
autoridad laboral para garantizar la protección de los trabajadores y promover una
solución concertada42.
El 7 de marzo de 2016, el Director Territorial del Cesar, Antonio Rafael Junieles
Araujo, remitió comunicaciones a diversas autoridades solicitando “que se
adelanten las gestiones necesarias para suspender [la diligencia policiva]” hasta
tanto se llevaran a cabo mesas de diálogo social orientadas a garantizar la vida e
39 Samai: Expediente digital, archivo ““ED_DRIVETRIB_10CONTESTACIONDEMAND(.pdf)”, págs.
91 - 92.
40 Samai: Expediente digital, archivo ““ED_DRIVETRIB_10CONTESTACIONDEMAND(.pdf)”, págs.
93 - 100.
41 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_01ANEXOSCONTESTACION(.pdf)”, págs.
80 - 83.
42 Samai: Expediente digital, archivo ““ED_DRIVETRIB_10CONTESTACIONDEMAND(.pdf)”, págs.
89 - 90.
16
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integridad de los trabajadores y a buscar alternativas de solución al conflicto
laboral43.
Asimismo, se acreditó que durante el consejo de seguridad celebrado el 8 de marzo
de 2016 con el objetivo de preparar la ejecución de la diligencia de amparo, el
Viceministro sostuvo una llamada telefónica con la Alcaldesa, en la que expresó su
preocupación por las consecuencias sociales del desalojo y recomendó explorar
alternativas de solución. Así quedó consignado en el acta:
La Alcaldesa YARCELY RANGEL RESTREPO, (…) después de recibir una
Ilamada del Viceministro del Trabajo, donde le manifestó su preocupación por
la protesta social que puede generar el procedimiento programado (…). Hace
énfasis en que son trabajadores sindicalizados y tienen una protección
especial. Manifiesta que solicitará la intervención del Ministerio del Interior para
que desde el nivel central se suspenda la diligencia policiva.
En la misma acta se registró la decisión de la Alcaldesa de suspender la ejecución
de la medida policiva hasta tanto se llevara a cabo una mesa de trabajo con
participación de los Ministerios del Interior y del Trabajo, las empresas involucradas
y los trabajadores, con el fin de buscar una solución concertada al conflicto44.
Posteriormente, el 12 de abril de 2016, el Director Territorial del Ministerio del
Trabajo y el Gobernador del Cesar convocaron a las partes a una nueva mesa de
diálogo social, programada para el 26 de abril en Valledupar, con el fin de abordar
la deuda con los trabajadores y los efectos sociales y de orden público derivados
de la protesta45. En esa reunión se acordó continuar el diálogo el 3 de mayo, con el
propósito de garantizar la concurrencia de las empresas integrantes del Consorcio
Minero del Cesar46. Posteriormente, se convocaron nuevas mesas para los días
1047, 1848 y 24 del mismo mes49.
43 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_10CONTESTACIONDEMAND(.pdf)”, págs.
129 – 133 y “ED_DRIVETRIB_03ANEXOS(.pdf)”, págs. 34 – 38.
44 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_03ANEXOS(.pdf)”, págs. 27 – 33.
45 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_01ANEXOSCONTESTACION(.pdf)”, págs.
28 – 33 y “ED_DRIVETRIB_04AUTORIZACIONDEPEND(.pdf)”, págs. 8 - 11.
46 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_01ANEXOSCONTESTACION(.pdf)”, págs. 7
• 10
47 Samai: Expediente digital, archivo ““ED_DRIVETRIB_10CONTESTACIONDEMAND(.pdf)”, pág.
141 y “ED_DRIVETRIB_01ANEXOSCONTESTACION(.pdf)”, págs. 1 - 6.
48 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_01ANEXOSCONTESTACION(.pdf)”, págs.
11 – 17.
49 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_01ANEXOSCONTESTACION(.pdf)”, págs.
18, 21 - 27.
17
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Finalmente, el 17 de febrero de 2017, el Director Territorial remitió comunicación al
representante legal del Consorcio Minero del Cesar, reiterando la invitación a
participar en una mesa de diálogo social con presencia de la organización sindical
y del Ministerio, con el propósito de encontrar una solución concertada al conflicto
laboral50.
Aunado a las pruebas documentales, obran en el expediente diversas
declaraciones testimoniales51 que permiten valorar el alcance de la intervención del
Ministerio del Trabajo en los hechos objeto de controversia.
En primer lugar, el testigo Valerio Maldonado Izquierdo, empleado de la empresa
TOL, que prestaba servicios logísticos a Masering Holding, afirmó que durante el
consejo de seguridad del 8 de marzo de 2016, la Alcaldesa de La Jagua de Ibirico
sostuvo una comunicación telefónica con el Viceministro de Trabajo, que fue
escuchada en altavoz por los asistentes. Según su declaración (transcripción
literal)52:
Ella se comunicó con el viceministro [Enrique Borda Villegas], puso en altavoz
el teléfono para que todos los presentes ahí pudiéramos tomar nota y tener la
conversación que se dirigía donde se decía que se debía suspender el amparo
policivo. (…) La decisión que tomó [la alcaldesa] fue de suspender el amparo
policivo por la petición que hicieron los viceministros de Interior y de Trabajo.
Por su parte, el abogado Ricardo Ruiz Vallejo, apoderado de algunos de los
trabajadores que ocuparon el predio, indicó que ante la falta de especialización en
materia laboral del equipo jurídico de la Alcaldía, la alcaldesa solicitó el concepto
del Director Territorial frente al conflicto. Según el testigo (transcripción literal)53:
La señora alcaldesa recurrió, eso sí me consta, varias veces con su equipo
jurídico para hallar una salida y pues todos entendimos que ninguno era
laboralista. Entonces, ella le solicitó expresamente al doctor Junieles, el
Director Territorial, pues que interviniera como autoridad administrativa y el
doctor Junieles le dijo a todos los alcaldes y nos dijo a nosotros que ese tema
del amparo policivo no se podía hacer, porque había derechos fundamentales
de los trabajadores que prevalecían jurídicamente sobre el derecho de la
empresa sobre la maquinaria.
50 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_03ANEXOS(.pdf)”, pág. 58.
51 De conformidad con el artículo 211 del Código General del Proceso, el juez debe valorar los
testimonios atendiendo a las circunstancias del caso, aplicando mayor rigor cuando existan
elementos que puedan afectar su credibilidad o imparcialidad, como vínculos de parentesco,
dependencia o interés. En el presente asunto, si bien los señores Valerio Maldonado Izquierdo,
Ricardo Ruiz Vallejo y Enrique Borda Villegas tienen vínculos o intereses relacionados con las partes
procesales, lo cierto es que dicha cercanía les permitió conocer directamente los hechos objeto de
controversia, en particular la ocupación del predio y la actuación de las autoridades involucradas,
por lo que sus declaraciones resultan pertinentes para esclarecer el contexto fáctico del caso.
52 Audiencia de pruebas del 26 de junio de 2019 – parte 1, min. 5:15 - 52:00.
53 Audiencia de pruebas del 26 de junio de 2019 - parte 2, min. 00:00 – 55:00.
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Finalmente, en su declaración, el entonces Viceministro del Trabajo, Enrique Borda
Villegas, reconoció haber sido consultado sobre la situación y que, en el marco de
sus funciones, pudo haber emitido recomendaciones orientadas a promover el
diálogo social y prevenir una escalada del conflicto. No obstante, fue enfático en
afirmar que su intervención no tuvo carácter vinculante ni buscó incidir en el
procedimiento policivo. En sus palabras (transcripción literal)54:
Recuerdo que fuimos consultados en el viceministerio para intervenir dentro de
las funciones y competencias que pudiésemos tener para buscar la armonía y
el diálogo social en esa conflictividad que se vivía en ese momento y
lógicamente lo hicimos en los estrechos marcos que nos da a los funcionarios
públicos la cláusula general de competencia, es decir, dentro de las funciones
específicas que tiene el viceministerio.
Respecto de la llamada telefónica sostenida con la Alcaldesa el 8 de marzo de
2016, el Viceministro manifestó (transcripción literal):
Si la llamada existió, que es posible que haya existido, de mi conversación con
la señora alcaldesa, seguramente hice recomendaciones aconsejé, pero jamás
con intención de intervenir en sus decisiones, como le quiero reiterar, para mí
era obligatorio por mis funciones promover todo el tema de trabajo decente,
relaciones individuales y colectivas del trabajo, libertad sindical, fortalecimiento
de los actores sociales, protección de los derechos fundamentales del trabajo,
protección laboral de las poblaciones vulnerables, inclusión laboral, esas eran
mis funciones y en ese sentido y en desarrollo del principio general de
concurrencia, de coordinación y todos los demás principios del artículo 209 de
la constitución, es posible que yo haya hecho algún consejo, alguna
recomendación, pero en ningún caso en el procedimiento que era potestad
exclusiva de la señora alcaldesa.
Con base en el marco normativo y el acervo probatorio reseñado, la Sala observa
que, si bien el Ministerio del Trabajo tuvo una participación activa en el contexto del
conflicto laboral relacionado con la ocupación del predio “Nuevo Horizonte”, dicha
intervención se mantuvo dentro del ámbito funcional previsto por el ordenamiento
jurídico, sin que se haya acreditado que sus funcionarios hubieran interferido
indebidamente, emitido órdenes, asumido competencias ajenas o desplazado la
autoridad de la Alcaldía de La Jagua de Ibirico en el trámite policivo.
Como se dejó visto, las actuaciones del Ministerio del Trabajo, desplegadas a través
del Director Territorial del Cesar y del Viceministro de Relaciones Laborales, se
orientaron a promover el diálogo social, prevenir la escalada del conflicto y proteger
54 Audiencia de pruebas del 4 de noviembre de 2019, min. 11:35 – 1:17:43.
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los derechos laborales de los trabajadores. En efecto, se acreditó que el Director
Territorial buscó propiciar una solución concertada del conflicto laboral en virtud de
la solicitud formulada en este sentido por Sintramienergética el 17 de febrero de
2016; convocó a las partes y realizó múltiples mesas de diálogo con ese propósito;
suscribió comunicaciones dirigidas a distintas autoridades solicitando la suspensión
de la diligencia policiva hasta que se realizaran los espacios de concertación; y,
expresó su posición jurídica frente al conflicto. Por su parte, el Viceministro fue
informado de la situación por Funtramiexco, quien solicitó su intervención para
garantizar la protección de los trabajadores, y sostuvo una llamada telefónica con la
Alcaldesa municipal, en la que manifestó su preocupación por las consecuencias
sociales del desalojo y recomendó explorar mecanismos de concertación.
En ese sentido, contrario a lo sostenido por la parte recurrente, la intervención del
Ministerio del Trabajo en el contexto de conflictividad laboral no resultó irregular, por
cuanto no se produjo usurpación alguna de las funciones de la Alcaldía,
particularmente en lo que respecta a la decisión sobre la ejecución de medidas
policivas, ni se acreditó que las actuaciones ministeriales hubieran constituido una
orden directa o vinculante dirigida a la autoridad municipal. Por el contrario, dichas
actuaciones se enmarcaron en el rol institucional de asesoría, prevención y
promoción del diálogo social previsto en el Decreto 4108 de 2011 y la Resolución
2143 de 2014.
Aún en gracia de discusión, si bien la intervención del Ministerio pudo haber influido
en la decisión adoptada por la alcaldesa, no se demostró que esta hubiese sustituido
la competencia de la autoridad municipal. En el acta del Consejo de Seguridad se
dejó constancia de que la decisión de suspender la diligencia obedeció a múltiples
factores, entre ellos la insuficiencia de personal policial y las recomendaciones
formuladas por distintas entidades, incluido el Ministerio del Trabajo. No obstante,
la alcaldesa del municipio de La Jagua de Ibirico, como autoridad competente en el
trámite policivo conforme al Decreto 747 de 1992, valoró estos elementos y adoptó
la decisión de suspensión de la diligencia en ejercicio de su autonomía funcional.
Conviene recordar que la legitimación en la causa por pasiva exige que la entidad
demandada sea titular de la acción u omisión generadora del daño. Su mera
participación en los hechos no la legitima para responder por el derecho o interés
cuya protección se reclama, sino que debe existir una conexión funcional o material
entre la entidad y el hecho generador del daño, a partir de las responsabilidades
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Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)
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legales que le son propias. En el presente caso, si bien se acreditó la intervención
del Ministerio del Trabajo en el contexto del conflicto laboral, no se demostró que
dicha intervención haya sido la causa directa del daño alegado —esto es, la decisión
de suspender la diligencia de desalojo—, ni que haya implicado una extralimitación
funcional que comprometa su responsabilidad patrimonial.
La carga probatoria imponía a la parte actora acreditar no solo la existencia de
intervenciones ministeriales, sino que estas tuvieron una intensidad tal que anularon
la autonomía decisoria de la alcaldesa y convirtieron un consejo en una orden
irresistible. Sin embargo, el material probatorio no permite sostener tal conclusión,
por el contrario, confirma que la actuación del Ministerio se mantuvo en el ámbito
de la recomendación y que la decisión correspondía exclusivamente a la alcaldesa.
En estas condiciones, al no acreditarse coacción, interferencia indebida ni
usurpación de funciones, no es jurídicamente posible imputar responsabilidad al
Ministerio por el daño alegado.
En suma, no se acreditó la existencia de nexo causal entre las actuaciones de los
funcionarios ministeriales y el daño alegado, ni se probó la indebida intromisión o
interferencia que se les reprocha, toda vez que no se evidenció que hubieren
actuado por fuera del ámbito funcional asignado por el ordenamiento jurídico.
Además, si bien en el recurso se alegó una usurpación de funciones, lo cierto es
que no se demostró que la decisión de suspender la diligencia de amparo hubiese
sido ordenada o impuesta por el Ministerio, pues conforme al acervo probatorio y el
marco jurídico aplicable, la decisión fue adoptada por la Alcaldía de La Jagua de
Ibirico. En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia que declaró
la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio del Trabajo.
5.2. Falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio del Interior
El Tribunal Administrativo del Cesar declaró probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva del Ministerio del Interior, al considerar que la
participación de sus funcionarios —la Viceministra de Relaciones Políticas y el
Delegado Territorial— en el Consejo de Seguridad del 8 de marzo de 2016 no
constituyó una orden ni instrucción vinculante dirigida a la Alcaldía de La Jagua de
Ibirico. Según el fallo, dicha intervención se limitó a promover espacios de diálogo y
prevenir riesgos de alteración del orden público, en el marco de las competencias
asignadas por el Decreto 2893 de 2011, sin facultarla para intervenir en decisiones
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que competen exclusivamente a las entidades territoriales, como la ejecución de
medidas policivas. Inconforme con esta decisión, la recurrente sostiene que el acta
del consejo de seguridad del 8 de marzo de 2016 evidencia una participación activa
y determinante del Ministerio en la suspensión de la diligencia de desalojo, lo que,
a su juicio, constituye una forma de injerencia, invasión o traslado de facto de la
decisión a una autoridad nacional sin competencia para ello.
Al respecto, conviene precisar que, de acuerdo con el artículo 2º del Decreto 2893
de 201155 —vigente para la época de los hechos—, a dicha entidad le corresponde
coordinar con las autoridades territoriales la adopción de medidas orientadas a la
prevención y manejo de situaciones que puedan afectar el orden público interno, así
como actuar como enlace entre entidades nacionales y locales para la gestión de
conflictos sociales (numerales 3 y 556).
En desarrollo de esas competencias, el Viceministro de Relaciones Políticas ejerce
funciones de enlace, comunicación y coordinación entre las entidades públicas del
orden nacional y los entes territoriales, además de supervisar las actividades de las
direcciones adscritas a su despacho para garantizar el cumplimiento de sus
funciones, planes y programas institucionales, según lo disponen los numerales 4 y
6 del artículo 17 del mismo decreto57. A su vez, la Dirección de Gobierno y Gestión
Territorial tiene a su cargo promover la cooperación entre la Nación y las entidades
territoriales, así como realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones
constitucionales y legales de los mandatarios locales, especialmente en materia de
convivencia ciudadana, prevención de conflictos y atención a la población víctima
de la violencia (artículo 18, numerales 3 y 9)58.
55 Por el cual se modifican los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior
y se integra el Sector Administrativo del Interior.
56 Artículo 2. El Ministerio del Interior, además de las funciones determinadas en la Constitución
Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 cumplirá las siguientes: (…) 3. Servir de enlace y
coordinador de las entidades del orden nacional en su relación con los entes territoriales y promover
la integración de la Nación con el territorio y el desarrollo territorial a través de la profundización de
la descentralización, ordenamiento y autonomía territorial y la coordinación y armonización de las
agendas de los diversos sectores administrativos, dentro de sus competencias, en procura de este
objetivo (…) 5. Dirigir y promover las políticas tendientes a la prevención de factores que atenten
contra el orden público interno, así como tomar las medidas para su preservación, en coordinación
con el Ministerio de Defensa Nacional, las autoridades departamentales y locales en lo que a estos
corresponda.
57 Artículo 17. Funciones del despacho del viceministro de relaciones políticas. Son funciones del
Viceministro de Relaciones Políticas, además de las establecidas en el artículo 62 de la Ley 489 de
1998, las siguientes: (…) 4. Asistir al Ministro en la función de enlace, comunicación y coordinación
entre las entidades públicas del orden nacional, del sector central y descentralizado, y los entes
territoriales y sus entidades descentralizadas. (…) 6. Coordinar y hacer seguimiento de las
actividades de las direcciones del Ministerio adscritas a su despacho, para garantizar el cabal
cumplimiento de sus funciones y de los planes, programas y proyectos del Ministerio.
58 Artículo 18. Funciones de la dirección de gobierno y gestión territorial. Son funciones de la
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial, las siguientes: (…) 3. Promover la cooperación entre las
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En este marco competencial se produce la contratación de Delegados Territoriales,
cuya función principal consiste en apoyar a la Dirección de Gobierno y Gestión
Territorial en el fortalecimiento institucional de los entes locales. En el caso del
departamento del Cesar, estas labores comprenden, entre otras, la asistencia
técnica y metodológica a las autoridades municipales en la prevención y atención
de conflictos sociales, así como, el acompañamiento en la formulación,
implementación y seguimiento de iniciativas de convivencia59.
Con base en lo anterior, la Sala advierte que las actuaciones desplegadas por la
Viceministra del Interior y el Delegado Territorial se ajustaron a las competencias
legalmente asignadas. En efecto, según se desprende del acta del consejo de
seguridad del 8 de marzo de 2016, la participación de dichos funcionarios se limitó
a recomendar la suspensión temporal de la diligencia policiva ante el riesgo de una
confrontación violenta, sin que de ello pueda inferirse la impartición de una orden
directa o vinculante a la alcaldesa municipal ni la asunción de funciones ajenas a su
órbita competencial.
Sobre dicha participación, en el acta quedó consignado lo siguiente (transcripción
literal)60:
RICARDO IGUARÁN AGUILAR, Delegado del Ministerio del Interior en el
Cesar, solicita que se suspenda el procedimiento de acompañamiento policivo,
argumentando que La Jagua de Ibirico en el 2007 vivió un suceso violento, el
cual no se quiere que se repita. Solicita una mesa de trabajo con representantes
de la Empresa Minera que puedan generar un compromiso de pago de las
acreencias laborales.
La Alcaldesa YARCELY RANGEL RESTREPO, interviene nuevamente,
después de recibir una Ilamada […] expresa su especial interés la Viceministra
del Interior SANDRA DEVIA, quien aconseja la suspensión de la diligencia
policiva para que se busquen medios alternativos de la solución del conflicto.
Acto seguido, la Alcaldesa resolvió suspender la diligencia hasta tanto no se
realizara una mesa de trabajo con participación de los ministerios y las partes
involucradas.
entidades territoriales y la Nación, así como los procesos de desconcentración y delegación
administrativa en coordinación con las entidades competentes del orden nacional y territorial. (…) 9.
Promover y hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales de los
mandatarios seccionales y locales en materia de atención a la población víctima de la violencia y la
política pública correspondiente.
59 De acuerdo con el contrato de prestación de servicios profesionales No. 1405 de 2 de septiembre
de 2016, celebrado entre la Nación – Ministerio del Interior y Ricardo Mabel Iguarán Aguilar, por el
período de 3 meses. Samai: Expediente digital, archivo
“ED_DRIVETRIB_15ANEXOSAUDIENCIAP(.pdf)”.
60 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_03ANEXOS(.pdf)”, págs. 27 – 33.
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En sede testimonial, el delegado del Ministerio del Interior, Ricardo Iguarán Aguilar,
manifestó que su intervención obedeció al cumplimiento de sus funciones
contractuales, orientadas a la prevención de conflictos sociales y al mantenimiento
del orden público. Indicó que su recomendación de no ejecutar el desalojo se basó
en el riesgo de confrontación violenta ante la presencia de aproximadamente 130
trabajadores en condiciones precarias, y en los antecedentes de graves disturbios
ocurridos en años anteriores. Así lo expresó en su declaración (transcripción literal):
PREGUNTADO: Podría explicarnos más en detalle cuáles eran los riesgos de
ejecutar la medida en cuanto al orden público y social. CONTESTÓ: Todo el
mundo conoce los resultados de un evento en donde estén inmersos
trabajadores con más de 2 y 3 años sin recibir salario y prestaciones sociales,
(…) mandar a efectivos del ESMAD a sacar estos trabajadores y con sus
familias con sus amigos. Eso se iba a constituir en una catástrofe a nivel social.
Nadie iba a salir ahí a la buena y si nadie va a salir a las buenas y la
obligatoriedad, tanto del Estado como de las empresas privadas es negociar,
sin necesidad de llegar a los hechos que causen detrimento, ni a las personas
ni a las cosas físicas. Mi consejo y siempre la petición fue no hagan el
lanzamiento o la recuperación a la fuerza, porque esto se va a convertir en un
enfrentamiento entre trabajadores, miembros del ESMAD e iba a llegar al casco
urbano (…) lo que se trataba de evitar ahí es que hubiese salido un trabajador
o parte de la fuerza pública o incluso de los mismos empresarios, hubiese salido
lesionado con una medida que no era la más adecuada en ese momento. (…)
Y ante un ejemplo muy palpable, 2 o 3 años antes, en donde la intervención del
ESMAD causó un desastre en La Jagua de Ibirico, en donde 150 miembros del
ESMAD les tocó salir en las tanquetas del ejército, en donde el pueblo se
levantó, hubo muerto, en donde es la hora que todavía no se ha podido superar
el evento (…) PREGUNTADO: Explíquele al despacho si usted dio una
sugerencia, una recomendación, un consejo o fue una orden la que se dio en
lo relacionado con la medida policiva o no. CONTESTÓ: Los únicos que pueden
dar orden a los municipios son los alcaldes. Nosotros, simple y llanamente,
brindamos un concepto y le brindamos la explicación de por qué algunas cosas
no es conveniente hacerlas.
Con el material probatorio previamente relacionado, es claro para la Sala que si bien
el delegado territorial solicitó la suspensión de la diligencia policiva para que se
adelantaran mesas de trabajo entre las partes involucradas en el conflicto, y a su
vez, la viceministra aconsejó igualmente la suspensión de la diligencia, aquellas
manifestaciones se enmarcaron en las competencias legales asignadas al
Ministerio, orientadas a la coordinación con las autoridades territoriales y a la
prevención y manejo de situaciones que puedan afectar el orden público interno.
No se desprende del acta, ni de la declaración rendida por el entonces delegado
territorial del Cesar, que tales manifestaciones hubieran tenido un carácter
vinculante o constituido una orden directa para la alcaldesa, y menos aún que ello
supusiera la asunción de competencias propias de la autoridad municipal. Por el
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contrario, las actuaciones analizadas reflejan el cumplimiento de su deber legal de
articular y apoyar a las entidades territoriales en la gestión pacífica de los conflictos
sociales, conforme a lo previsto en el Decreto 2893 de 2011.
De hecho, como se observa en el acta, la decisión de suspender la diligencia fue
adoptada por la alcaldesa, quien, como autoridad competente en el trámite de
amparo policivo, tenía la potestad exclusiva para determinar su ejecución, al lado
de lo cual, la participación de los funcionarios se limitó a una recomendación
preventiva, formulada ante un contexto de tensión social y riesgo de alteración del
orden público.
Recuérdese que la legitimación en la causa por pasiva exige la existencia de un
vínculo jurídico sustancial entre el demandado y el hecho generador del daño, de
modo que pueda atribuírsele responsabilidad directa por la conducta u omisión
alegada. En este sentido, la participación de una entidad en escenarios de
coordinación interinstitucional no implica, por sí sola, la asunción de responsabilidad
administrativa, salvo que se demuestre que impartió órdenes vinculantes o asumió
competencias ajenas, lo cual no se probó en el presente caso.
Ello se armoniza con el principio de autonomía territorial, de acuerdo con el cual el
alcalde es la primera autoridad de policía del municipio y conserva plena potestad
decisoria en los asuntos de su competencia. Si bien las entidades nacionales
pueden participar en escenarios de coordinación y concurrencia, tal intervención no
establece una relación de subordinación jerárquica. Por ello, para que se configure
una injerencia indebida que comprometa la responsabilidad del ente nacional, no
basta alegar una posición asimétrica de poder; es indispensable demostrar que su
actuación fue la causa eficiente del daño y que sustituyó la voluntad de la autoridad
local. La parte actora no acreditó que la autonomía de la alcaldesa hubiera sido
anulada ni que su decisión respondiera a una imposición, y no a la ponderación de
los riesgos advertidos por diversas autoridades.
En consecuencia, comoquiera que la intervención del Ministerio del Interior se limitó
al ejercicio legítimo de sus competencias de coordinación y acompañamiento
interinstitucional ante el riesgo de alteraciones al orden público, sin que sus
manifestaciones hubieran comportado una orden directa de suspensión de la
diligencia policiva ni la sustitución de la voluntad de la alcaldesa municipal, la Sala
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confirmará la decisión del Tribunal que declaró probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva del Ministerio del Interior.
6. La imputación de responsabilidad realizada a la autoridad municipal
Como ruta para el análisis de la imputación de responsabilidad realizada al
municipio de La Jagua de Ibirico por la omisión en la ejecución de la diligencia de
cese de los actos perturbatorios a la tenencia sobre el predio denominado “Nuevo
Horizonte”, la Sala parte por precisar el marco jurídico aplicable al juicio policivo de
lanzamiento por ocupación de hecho, así como, los presupuestos que rigen la
responsabilidad patrimonial del Estado por omisión en la ejecución de medidas
policivas. Posteriormente, se examinará el caso concreto a partir de los hechos
acreditados en el expediente y su correspondiente valoración jurídica.
6.1. El juicio policivo de lanzamiento por ocupación de hecho
El ordenamiento jurídico colombiano contempla mecanismos de protección tanto de
la propiedad privada como del statu quo de quien ejerce la posesión61 o la mera
tenencia62 sobre un bien inmueble, frente a eventuales perturbaciones que puedan
afectarlo. Estos mecanismos, aunque persiguen la salvaguarda de bienes jurídicos
distintos, operan de manera armónica e interrelacionada, en atención a que en el
ámbito del derecho de propiedad pueden coexistir diversas situaciones jurídicas,
radicadas en una misma persona o en sujetos distintos, ya sea que actúen de buena
o de mala fe, con o sin justo título.
Entre dichos mecanismos se encuentran los procedimientos policivos orientados a
la protección del statu quo frente a bienes de titularidad privada. En estos casos, la
jurisprudencia consolidada de esta Corporación ha calificado la función policiva en
el marco del lanzamiento por ocupación de hecho como una función de carácter
jurisdiccional ejercida por autoridades administrativas, en la medida en que la
61 La posesión, definida legalmente como “La tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor
o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que
la tenga en lugar y a nombre de él” (art. 762 C.C.), se integra con dos elementos el corpus, que
consiste en tener materialmente el bien y el ánimus domini, que radica en la convicción de ser
propietario del mismo.
62 La tenencia entendida como “la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a
nombre del dueño” (Art. 775 C.C), comporta un elemento material, con reconocimiento de dominio
ajeno, como acontece con el arrendatario, usufructuario, depositario o el comodatario.
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autoridad de policía actúa como tercero imparcial en un conflicto entre
particulares63.
En este contexto, el juicio policivo de lanzamiento por ocupación de hecho, regulado
expresamente en el artículo 125 del Decreto Ley 1355 de 1970 —Código Nacional
de Policía vigente para la época de los hechos—, tenía por finalidad evitar la
perturbación de la posesión o de la mera tenencia sobre un bien inmueble,
restableciendo la situación anterior a la ocupación.
Para el caso de los inmuebles rurales, el procedimiento se encuentra previsto en el
Decreto 747 de 1992, cuya regulación la complementan los Códigos de Policía
Departamentales expedidos en virtud de la competencia otorgada por el artículo 300
numeral 8, de la Constitución Política64. Este decreto establece el trámite que debe
adelantar la autoridad policiva municipal —el alcalde o su delegado— cuando “una
persona que explote económicamente un predio agrario hubiere sido privada de
hecho, total o parcialmente, de la tenencia material del mismo, sin que medie su
consentimiento expreso o tácito, orden de autoridad competente, ni otra causa que
lo justifique”65.
Dado el carácter policivo de este procedimiento, las medidas en él adoptadas para
la protección de la posesión o la tenencia tienen carácter temporal y subsisten
mientras la justicia ordinaria decide de fondo los derechos en conflicto. Esto significa
que el éxito o fracaso del querellante en esa actuación no impide que el mismo
asunto pueda tramitarse ante el juez civil, especialmente en los eventos en que
dicho trámite no resulta eficaz para la protección de la posesión, caso en el cual el
afectado puede ejercer, en aras de la protección de su derecho, la acción posesoria
o la acción reivindicatoria, según corresponda66.
Esta característica se refuerza en el procedimiento aplicable a los predios rurales,
toda vez que el artículo 2° del Decreto 747 de 1992, en concordancia con el artículo
63 Sección Tercera del Consejo de Estado de 3 de mayo de 1990; Exp. 5.911; de 5 de mayo de 1995,
Exp. 3130 y de 5 de septiembre de 1996, Exp. 3960 de 1996. Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 27 de mayo de 2015, exp. 34.121. C.P. Hernán Andrade Rincón (E).
64“Artículo 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales, por medio de ordenanzas: (…) 8.
Dictar normas de policía en todo aquello que no sea materia de disposición legal”.
65 Decreto 747 de 1992, artículo 1°.
66 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 31 de mayo de 2021, exp.
43.229, C.P. Guillermo Sánchez Luque.
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126 del Código Nacional de Policía67, dispone expresamente que “las medidas que
dicten las autoridades de policía serán provisionales, en consecuencia, no
constituyen obstáculo para la intervención del respectivo juez y se mantendrán
mientras este no decida otra cosa”.
En ese orden de ideas, el juicio policivo de lanzamiento por ocupación de hecho de
inmuebles rurales no comporta una controversia sobre la propiedad del bien ni sobre
el fondo de otros conflictos subyacentes, sino que se limita a garantizar, de manera
transitoria, la protección de la posesión o la tenencia frente a ocupaciones ilegítimas.
No obstante, ello no excluye que, en su aplicación concreta, puedan concurrir
derechos fundamentales en tensión que exigen una ponderación razonable por
parte de la autoridad administrativa, en aras de preservar el orden público y evitar
afectaciones desproporcionadas a los intereses en conflicto68.
6.2. La responsabilidad patrimonial del Estado por la omisión en la ejecución
de la diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho
En línea con los postulados del artículo 90 de la Constitución Política, esta
Corporación ha sostenido de manera reiterada que no existen ámbitos de actuación
estatal exentos de control judicial, incluidos los procedimientos policivos de carácter
civil, en los cuales puede comprometerse la responsabilidad patrimonial de las
entidades públicas en dos escenarios claramente diferenciados: (i) cuando, en
ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de autoridades administrativas, se
configura un error jurisdiccional o un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia; y (ii) cuando, con ocasión de la ejecución o cumplimiento
de las decisiones adoptadas dentro del juicio policivo, se presentan omisiones o
actuaciones irregulares que ocasionan un daño antijurídico al administrado69.
El régimen de responsabilidad aplicable en estos casos es, por regla general, el de
la falla del servicio, en tanto se examina la conducta desplegada por la
administración frente a los deberes que le son propios. No obstante, de manera
67 “Artículo 127. Las medidas de policía para proteger la posesión y tenencia de bienes se
mantendrán mientras el juez no decida otra cosa”.
68 Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes decisiones de la Sección Tercera del
Consejo de Estado: sentencia del 3 de mayo de 2013, exp. 27.557, C.P. Danilo Rojas Betancourth;
sentencia del 2 de mayo de 2013, exp. 28.158, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; y sentencia del 23 de
febrero de 2017, exp. 34.121, C.P. Hernán Andrade Rincón.
69 Postura reafirmada por la Sección Tercera de esta Corporación en sentencia del 27 de mayo de
2015, exp. 34.121, C.P. Hernán Andrade Rincón.
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excepcional, cuando se acredite que la actuación legítima del Estado produjo un
rompimiento del equilibrio de las cargas públicas, puede acudirse al régimen
objetivo de daño especial, el cual, sin embargo, no opera de manera automática,
sino únicamente cuando se demuestra que el afectado soportó un sacrificio singular
y desproporcionado en beneficio del interés general70.
En todo caso, la responsabilidad patrimonial que eventualmente puede atribuírsele
a las autoridades administrativas por omisión en la ejecución de órdenes de
lanzamiento no es absoluta, ni automática, ni indefinida en el tiempo. Tal como lo
ha precisado la Sección Tercera de esta Corporación, si bien conforme al artículo
2° de la Constitución Política las autoridades están instituidas para “proteger a todas
las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás
derechos y libertades”, ello no implica que deban asumir de manera automática las
consecuencias de conflictos entre particulares, especialmente cuando la
perturbación del derecho se origina en conductas ajenas a la administración.
Ciertamente, las controversias que se suscitan en torno a la perturbación de la
propiedad privada o del statu quo tienen, por regla general, un carácter privado,
salvo que la afectación provenga de una autoridad pública. Por tanto, los perjuicios
causados por actuaciones u ocupaciones ejecutadas por particulares deben ser
asumidos por quienes las ocasionen, correspondiendo su conocimiento a la
jurisdicción ordinaria.
En este contexto, el juez contencioso administrativo debe valorar con especial rigor
la conducta desplegada por el interesado en la defensa de sus derechos, sin exigirle
cargas excesivas, pero sí una diligencia mínima razonable en el agotamiento de los
mecanismos administrativos y judiciales disponibles.
Este análisis cobra mayor relevancia en el marco del procedimiento policivo, en el
que debe suspenderse toda actuación cuando exista controversia sobre la situación
jurídica del bien, y cuya resolución se rige por el principio dispositivo, que atribuye
a las partes la iniciativa en la defensa de sus intereses. En consecuencia, la
ejecución de la diligencia de desalojo está condicionada no solo al cumplimiento de
70 Al respecto consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio
de 2017, exp. 37.667, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia del 10 de febrero de 2016,
exp. 35.264, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 26 de agostos de 2015, exp. 30.827,
C.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del 28 de mayo de 2015, exp. 34.365, C.P. Stella Conto
Diaz del Castillo; y sentencia del 22 de noviembre de 2012, exp. 21.276, C.P. Stella Conto Diaz del
Castillo.
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los requisitos legales, sino también a la ponderación de derechos en conflicto,
especialmente cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional, sin
perjuicio de las responsabilidades que de ello se deriven.
La Sala deja absoluta claridad de que, como regla general, las diligencias de
desalojo deben ejecutarse siempre que se cumplan los requisitos y formalidades
previstos en el ordenamiento jurídico; sin embargo, reconoce que en circunstancias
excepcionales —derivadas de razones de interés general, como la preservación del
orden público, la prevención de conflictos sociales o la protección de sujetos de
especial protección constitucional— puede resultar material o jurídicamente
imposible su realización. Esta imposibilidad no exonera automáticamente de
responsabilidad a las autoridades ni implica el amparo de ocupaciones ilegales de
bienes privados; por el contrario, impone a las autoridades de policía la obligación
de efectuar un juicio de ponderación debidamente motivado, que valore las
condiciones de los ocupantes, identifique posibles sujetos de especial protección y
determine la procedencia de la medida de desalojo, en armonía con los postulados
del Estado Social de Derecho71.
En este sentido, ante eventos que imposibiliten la ejecución de la medida de
desalojo, debe efectuarse un análisis integral de la situación del predio ocupado, las
condiciones de los ocupantes, la conducta del interesado y la respuesta de las
autoridades, con el fin de determinar, según las particularidades del caso: (i) si el
sacrificio del statu quo debe considerarse legítimo, (ii) si fue generado por la
conducta del propio querellante o (iii) si, por el contrario, excede las cargas públicas
que los ciudadanos están llamados a soportar72.
Cabe precisar y reiterar, que cuando la ejecución de la medida de desalojo se ve
impedida por razones de orden público o por la necesidad de proteger a personas
en situación de vulnerabilidad, la sola inactividad de la administración no configura,
por sí misma, la responsabilidad patrimonial del Estado ni la existencia de un daño
especial. La procedencia de este título de imputación exige un examen riguroso del
caso concreto, que permita establecer si la omisión estatal implicó un sacrificio
desproporcionado del derecho real del querellante en beneficio del interés general.
71 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de octubre de 2015, exp. 33.977. C.P.
Hernán Andrade Rincón; del 10 de febrero de 2016, exp. 35.264 y del 5 de marzo de 2021, exp.
46.197, ambas con ponencia de la consejera Marta Nubia Velásquez Rico.
72 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de mayo de 2015, exp.
34.121. C.P. Hernán Andrade Rincón (E).
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En particular, se ha declarado la responsabilidad patrimonial del Estado cuando, por
mandato judicial o decisión administrativa debidamente motivada, se ha privilegiado
la protección de sujetos de especial protección constitucional —como desplazados,
comunidades étnicas o madres cabeza de familia— y ello ha imposibilitado de
manera definitiva la restitución material del bien ocupado y por tanto la pérdida del
derecho real de dominio73.
Adicionalmente, dada la tensión de derechos que se presenta en las ocupaciones
de hecho, la Corte Constitucional ha sostenido que estas deben ser valoradas y
sopesadas por las autoridades antes de aplicar medidas administrativas, policivas
o penales, teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas que las originan y
que, en algunos casos, pueden constituir causales de justificación o exculpación de
responsabilidad. En cuanto a los desalojos forzosos, ha reconocido su procedencia
legal y constitucional, siempre que se ejecuten con pleno respeto del debido proceso
y de los derechos de las personas afectadas.
Conforme a la Observación General No. 7 del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC) de la ONU74, antes de ordenar o ejecutar un
desalojo, las autoridades deben explorar todas las alternativas posibles para evitar
o minimizar el uso de la fuerza75, y, en caso de resultar inevitable, el procedimiento
debe: (i) ser proporcional y necesario, esto es, que no sea posible lograr el mismo
fin por medios diferentes; (ii) respetar los principios y normas internacionales de
derechos humanos, y (iii) garantizar que las personas afectadas no queden sin
vivienda76.
Es preciso aclarar que este deber constitucional de ponderación no excluye por sí
mismo una eventual declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, por
cuanto, en aquellos eventos en los que la omisión de proteger la posesión o tenencia
se encuentra justificada por razones de interés general —como la protección de
sujetos de especial protección constitucional o la preservación del orden público y
social—, el análisis de la responsabilidad se traslada del régimen de falla del servicio
al de daño especial. Esto ocurre porque la actuación legítima de la administración,
73 A título ilustrativo sobre esta postura, puede consultarse la sentencia del Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, del 3 de mayo de 2013, exp.
27.557, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
74 Intérprete autorizado del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
las Naciones Unidas, instrumento incorporado al orden interno por remisión del inciso primero del
artículo 93 de la Constitución Política.
75 Al respecto ver las sentencias T-527 y T-528 ambas de 2011.
76 Sentencia T-528 de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
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Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)
Actor: Holding Minero S.A.S.
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si bien busca un bien colectivo mayor, impone una carga desproporcionada y
singular sobre el particular, quien se ve obligado a sacrificar su derecho en beneficio
de la comunidad. En tales eventos, el deber de reparación surge no por una
conducta ilícita, sino como consecuencia del rompimiento del principio de igualdad
frente a las cargas públicas.
Con fundamento en lo anterior, para la Sala es claro que la omisión en la ejecución
de órdenes de lanzamiento no configura, por sí sola, una falla del servicio ni habilita
de manera automática la aplicación del régimen de daño especial, puesto que la
declaratoria de responsabilidad patrimonial exige un análisis riguroso del caso
concreto, que permita valorar de manera integral las causas de la perturbación a la
posesión o tenencia, las actuaciones desplegadas por la administración, el juicio de
ponderación realizado para preservar el orden público o proteger a sujetos de
especial protección constitucional, así como la conducta del propio querellante y
demás circunstancias relevantes que rodearon la actuación estatal, especialmente
por tratarse de conflictos de naturaleza privada originados en conductas ajenas a la
administración.
Solo a partir de esta valoración puede establecerse si la omisión administrativa
constituye una infracción de los deberes constitucionales y legales que habilite la
declaración de responsabilidad del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 90
de la Constitución Política; o si, por el contrario, la inactividad obedeció a
circunstancias objetivas que justificaban la imposibilidad de ejecutar la medida.
6.3. Caso concreto
La parte actora atribuye al municipio de La Jagua de Ibirico una omisión constitutiva
de falla en el servicio, derivada de la inejecución de la diligencia de desalojo
ordenada mediante la Resolución GGE 551 de 2015, en el marco del trámite de
amparo policivo por ella promovido. En sede de apelación, insiste en que dicha
omisión constituyó la causa directa del daño, al permitir la ocupación del predio
“Nuevo Horizonte” por trabajadores que, sin autorización judicial, ejercieron una
retención de hecho sobre la maquinaria allí depositada. Además, cuestiona que el
Tribunal haya legitimado dicha retención y emitido juicios de valor sobre la
responsabilidad solidaria de la empresa frente a los trabajadores, sin que ese
aspecto hubiese sido objeto de debate ante la jurisdicción competente.
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Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)
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En consecuencia, para determinar si existió una falla en el servicio imputable al ente
territorial o si su omisión se encuentra justificada, es preciso analizar el contexto
fáctico en que se produjo la ocupación del inmueble, así como las actuaciones
administrativas y judiciales relacionadas con el conflicto.
• Existencia de un conflicto laboral previo entre particulares:
De conformidad con la Resolución No. 00004387 del 13 de noviembre de 2013,
expedida por el Ministerio del Trabajo, se acreditó la existencia, desde enero de
2013, de un conflicto laboral entre los trabajadores y el Consorcio Minero del Cesar
—integrado por la entonces denominada Masering S.A.S., Construcciones El
Cóndor S.A. y SP Ingenieros S.A.S.—, originado en la paralización unilateral de las
operaciones en la mina La Francia, la concesión de vacaciones colectivas y la
posterior suspensión de los contratos laborales77.
Según los testimonios obrantes en el expediente, desde 2013 se presentó un
conflicto entre los trabajadores vinculados a la operación minera y el Consorcio
Minero del Cesar, del cual la sociedad demandante hacía parte como consorciada78.
En particular, los señores Arístides Villalobos Padilla79 y Hermes Hernández
Portela80 señalaron que la actora ostentaba una participación mayoritaria del 51%,
77 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_01ANEXOSCONTESTACION(.pdf)”, págs.
62 - 74.
78 A modo ilustrativo, en la declaración del abogado Ricardo Ruiz Vallejo, apoderado de algunos de
los trabajadores, manifestó lo siguiente: “lo que yo sé y me consta es que los contratos de trabajo
los celebró (…) entre el Consorcio Minero del César y cada trabajador. Antes de que procediera el
conflicto, el Ministerio del Trabajo en virtud de un conflicto laboral entre CMC y Sintramienergética
Nacional ordenó que en virtud de lo dispuesto en la legislación de consorcios y de uniones
temporales, no se podía vincular al consorcio porque no tienen personería jurídica, sino a cada uno
de los consorciados Masering, era uno de los consorciados. Entonces, el Ministerio del Trabajo en
su momento señaló que había que reclamarle a cada uno de los consorciados todo el tema laboral,
y por eso nosotros vinculamos desde el principio a Masering. Mucho después de haber iniciado estas
demandas, supimos que ya no existían como Masering, sino como Masering Holding y,
posteriormente, como Holding Minero SAS, si no estoy mal, entonces, el contrato laboral nunca
existió entre Holding Minero y cada trabajador, pero las normas laborales señalan que hay una
sustitución patronal y entonces todas las obligaciones derivadas del empleador anterior, pues las
debe asumir el empleador nuevo, independientemente de la figura empresarial que adopté la
empresa. Por eso nosotros señalamos aún hoy en día que Masering hoy, Holding Minero, es
responsable laboralmente frente a lo que se suscite con cada uno de los trabajadores, que tengo
entendido, muchos de ellos aún siguen con contratos activos”. Audiencia de pruebas del 26 de junio
de 2019 – parte 2, min. 00:00 – 55:00.
79 En la declaración rendida por el señor Arístides Villalobos Padilla, en la audiencia de pruebas
celebrada el 27 de junio de 2019, manifestó lo siguiente: “PREGUNTADO: Masering pertenecía o no
pertenecía al Consorcio Minero del Cesar. CONTESTÓ: Sí, pertenecía con el 51%, era la que
mandaba”. Audiencia de pruebas del 27 de junio de 2019, min. 47:18 – 1:06:08.
80 En la declaración rendida por el señor Hermes Hernández Portela, en la audiencia de pruebas
celebrada el 27 de junio de 2019, manifestó lo siguiente: “Nosotros éramos trabajadores del
Consorcio Minero del Cesar, (…) entró Masering al consorcio, comprando el 51%, que era la que
quedó mandando en la empresa”. Audiencia de pruebas del 27 de junio de 2019, min. 1:06:45 –
1:20:00.
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lo que le confería un rol decisorio en la operación. En concordancia, el señor Oscar
Alberto Ordoñez Muñoz, socio fundador y representante legal de Masering S.A.S.
—hoy Holding Minero S.A.S. — aseguró que integraron el consorcio en 2008 o 2009
para operar la mina La Francia, hasta la paralización de actividades81.
Como consta en la mencionada resolución y en la declaración del abogado Ricardo
Ruiz Vallejo, los contratos laborales fueron suscritos directamente entre el consorcio
y los trabajadores. Este último testigo, junto con los trabajadores que declararon en
el proceso, sostuvieron que, aunque se celebraron acuerdos parciales entre
Masering y algunos trabajadores, la mayoría continuó sus reclamaciones contra las
demás empresas consorciadas82.
La persistencia del conflicto, derivada del no pago de salarios durante dos o tres
años y de la imposibilidad de desvinculación formal, motivó a los trabajadores a
ejercer medidas de hecho, como la ocupación del predio “Nuevo Horizonte” y la
retención de maquinaria, en un contexto de tensión social y afectación del orden
público, tal como consta en la prueba documental y en las declaraciones rendidas
por Ricardo Iguarán Aguilar (delegado territorial del Ministerio del Interior), Ricardo
Ruiz Vallejo (apoderado de algunos trabajadores), Hermes Hernández (trabajador
del consorcio) y Enrique Borda Villegas (Viceministro del Trabajo).
81 En la declaración rendida por el señor Oscar Alberto Ordoñez Muñoz, en la audiencia de pruebas
celebrada el 26 de junio de 2019, manifestó lo siguiente: “en el año 2008 o 2009 nos propone que
hagamos parte de ese consorcio (…), nos llamaron a que fuéramos socios de la Mina de la Francia.
Entonces, entramos a participar en esa mina, en ese momento, hasta que terminó, hasta que se paró
la mina”. Audiencia de pruebas del 26 de junio de 2019 – parte 2, min. 56:00 – 2:15:00.
82 En la declaración del abogado Ricardo Ruiz Vallejo, apoderado de algunos de los trabajadores,
manifestó lo siguiente: “hasta el momento hay que decir que en el 2019 no se ha solucionado todavía,
solamente se han llegado a unos acuerdos parciales con algunos trabajadores de los que yo
represento, específicamente 10, con Masering y con CMC (…)A finales del 2018, en noviembre del
2018, pudimos hacer una transacción a través del señor Pedro Parejo, representante legal del
Consorcio Minero del Cesar y representante también del Holding Minero, en el que se comprometía
la empresa a pagar 25 millones de pesos a cada trabajador. Y por eso se realizó y se celebró entre
las partes un desistimiento en relación con Masering Holding, hoy Holding Minero y CMC, en relación
con ellos, hubo un desistimiento al celebrarse la transacción, pero los trabajadores continúan los
procesos contra El Condor, contra SP. Ingenieros y contra CNR en calidad de autor solidario porque
entienden los trabajadores y yo como apoderado de ellos, que, aunque se puede celebrar un acuerdo
parcial, no reúne todas las pretensiones económicas de los trabajadores, y por lo tanto en relación
con los otros continúa el proceso”. Audiencia de pruebas del 26 de junio de 2019 – parte 2, min.
00:00 – 55:00.; a su vez, en la declaración del señor Hermes Hernández Portela se afirmó: “Masering
como tal, nos llamó e hicimos un pequeño arreglo de 25 millones de pesos, quedando libre, ella de
su problema con nosotros, supuestamente quedando en el problema El Cóndor, SP, y CNR”.
Audiencia de pruebas del 27 de junio de 2019, min. 1:06:45 – 1:20:00.
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• Relación jurídica sobre el inmueble objeto de la querella policiva
Se encuentra acreditado que Masering Holding S.A.S. ejercía la tenencia legítima
del predio “Nuevo Horizonte”, ubicado en el corregimiento de Boquerón, municipio
de La Jagua de Ibirico, en virtud de contratos de arrendamiento suscritos con el
señor Óscar Eduardo Lacouture Lallemand, vigentes entre 2014 y 2019,
respaldados por cuentas de cobro y comprobantes de egreso83.
De acuerdo con los testimonios recaudados, dicho predio era utilizado como
parqueadero común para la maquinaria de Masering Holding del Consorcio Minero
del Cesar y de otras empresas vinculadas a la operación minera. Se estima que allí
se encontraban aproximadamente 150 equipos —camiones, retroexcavadoras,
cargadores y perforadoras—, ubicados desde 2014 con fines de vigilancia,
mantenimiento y custodia, en el contexto de la suspensión de actividades mineras84.
Esta circunstancia permite concluir que el inmueble no solo era utilizado por la
empresa demandante, sino que cumplía una función logística compartida entre las
83 Como prueba de dicho vínculo jurídico en el expediente obran contratos de arrendamiento del 20
de enero de 2014, 20 de enero de 2015, otrosí del 20 de enero de 2016, cuentas de cobro y
comprobantes de egreso expedidos entre los años 2014 y 2019, a favor del arrendador. En ese
orden, ver: Samai: Expediente digital, archivo
“13_200012339000201700456012EXPEDIENTEDIGIDRIVE”, págs. 35 – 36,
“206_200012339000201700456014EXPEDIENTEDIGIDRIVE”, págs. 66 – 67,
“ED_DRIVETRIB_01ANEXOSDEMANDA(.pdf)”, págs. 107 – 210,
“13_200012339000201700456012EXPEDIENTEDIGIDRIVE”, págs. 8 – 90; archivo
“206_200012339000201700456014EXPEDIENTEDIGIDRIVE”, págs. 70 – 71, 79, 80, 81, 86, 90, 92,
95, 97 – 99, 104, 112, 115, 116, 134, 141 y 163.
84 Esta información se extrae de las declaraciones rendidas por diferentes testigos, quienes afirmaron
lo siguiente:
• Declaración del señor Valerio Maldonado Izquierdo, trabajador de la empresa TOL, prestadora de
servicios logísticos a Masering: “No tengo el listado, pero hay aproximadamente 150 máquinas,
algunas que son de otros países, otras son de Masering y no sé cuántas son de las otras empresas
del Consorcio”. Audiencia de pruebas del 26 de junio de 2019 – parte 1, min. 5:15 - 52:00.
• Declaración del señor Iván Diego Garcés Valencia, trabajador del Consorcio Minero del Cesar entre
2009 y 2016: “El equipo del CMC se ubicó en la finca Nuevo Horizonte junto con los equipos de
Masering. […] A partir de 2014 los equipos se ubicaron en un sector de la finca Nuevo Horizonte. Se
pusieron allá para su vigilancia, para su cuidado y mantenimiento, al lado de los equipos de Masering
Holding. Todo se guardó en un solo parqueadero, todo junto”. Audiencia de pruebas del 26 de junio
de 2019 – parte 1, min. 53:00 – 1:19:15.
• Declaración del señor Luis Carlos Montes Vásquez, supervisor de mantenimiento de maquinaria
de Masering: “Sí, había más maquinaria, aproximadamente como 150 equipos, realmente
desconozco de qué compañías era o cuáles eran los activos, a qué empresa pertenecía, yo me
limitaba a hacer el mantenimiento a los míos, a los que yo tenía a cargo. […] Había por ahí unos 50
equipos que eran de propiedad de la compañía”. Audiencia de pruebas del 26 de junio de 2019 –
parte 1, min. 1:19:39 – 1:50:00.
• Declaración del señor Óscar Alberto Ordoñez Muñoz, representante legal de Holding Minero S.A.S.:
“¿O sea que sí había otras sociedades utilizando el terreno? CONTESTÓ: Una, el consorcio, porque
Caterpillar nunca estuvo como utilizando el terreno”. Audiencia de pruebas del 26 de junio de 2019
– parte 2, min. 56:00 – 2:15:00.
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empresas consorciadas, lo que refuerza el vínculo operativo entre Masering Holding
y el Consorcio Minero del Cesar.
• Presentación y trámite inicial de la querella policiva
El 31 de agosto de 2015, Masering Holding presentó querella policiva de amparo a
la tenencia contra un grupo de personas determinadas85 e indeterminadas, por
actos de perturbación sobre el predio y la maquinaria allí depositada. En el escrito
se denunciaron hechos como la retención arbitraria de la maquinaria, el bloqueo del
acceso al parqueadero, intentos de hurto, sabotaje de equipos y remoción de
piezas86, ocurridos desde el 24 de agosto de 201587.
La Alcaldía de La Jagua de Ibirico avocó conocimiento el 18 de septiembre de 2015
y ordenó la práctica de pruebas88. El 2 de octubre siguiente se llevó a cabo la
diligencia de inspección ocular en el predio, en la que se constató la presencia de
maquinaria pesada en buen estado, aunque inactiva, y la ocupación del inmueble
por parte de terceros. Durante la diligencia, el señor Hermes Enrique Hernández
manifestó que la ocupación obedecía a la suspensión de los contratos laborales de
más de 400 trabajadores durante más de tres años, y que cerca de 100 trabajadores
se encontraban apostados en el lugar de forma rotativa, como medida de presión
para obtener el pago de salarios adeudados, en aplicación del artículo 140 del
Código Sustantivo del Trabajo8990.
En cuanto al número y condición de los ocupantes, los testimonios recaudados
permiten establecer que se trataba de trabajadores afiliados a la organización
sindical Sintramienergética, cuya presencia en el predio fue rotativa y variable, con
grupos que oscilaban entre 7 y 50 personas, según las condiciones logísticas y
económicas91.
85 Entre ellos los testigos Arístides Enrique Villalobos Padilla y Hermes Enrique Hernández Portela.
86 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_03ANEXOS(.pdf)”, págs. 10 – 21.
87 Samai: Expediente digital, archivo ““ED_DRIVETRIB_10CONTESTACIONDEMAND(.pdf)”, pág.
48.
88 Samai: Expediente digital, archivo ““ED_DRIVETRIB_10CONTESTACIONDEMAND(.pdf)”, págs.
49 - 51.
89 “Artículo 140. Salario sin prestación del servicio. Durante la vigencia del contrato el trabajador tiene
derecho a percibir el salario aun cuando no haya prestación del servicio por disposición o culpa del
empleador”.
90 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_03ANEXOS(.pdf)”, págs. 6 – 9.
91 En la declaración de Iván Diego Garcés Valencia, se indicó que “había varios y ellos venían unos
otras veces otros, pero siempre se mantenía un grupo ahí de 15, 20 y hasta 30 personas en
ocasiones”. Por su parte, Arístides Villalobos Padilla señaló que “por turno habíamos 17, 18 o 12, 20
a veces, eso depende también porque habíamos unos lejitos y por el costo de llegar no teníamos y
no tenemos porque no nos han solucionado”. En el mismo sentido, Hermes Hernández Portela
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• Desarrollo de la actuación administrativa y persistencia del conflicto
Mediante Resolución No. GGE 551 del 10 de noviembre de 2015, el Alcalde
Municipal concedió el amparo solicitado, ordenando el cese de los actos
perturbatorios y comisionando a la Inspectora Central de Policía para la ejecución
de la diligencia92. Sin embargo, la actuación se dilató por razones operativas y de
seguridad, en particular, por la exigencia del Comando Operativo de Policía de
contar con acompañamiento del ESMAD, lo que impidió la ejecución de la diligencia
inicialmente prevista para el 20 de noviembre de 201593.
A pesar de las solicitudes de la parte querellante —como la presentada el 28 de
diciembre de 201594 y el 23 de febrero de 201695—, la diligencia no fue
reprogramada de manera inmediata. En su lugar, se convocaron mesas de
concertación en enero96 y febrero de 201697, sin que obre prueba de su realización
efectiva. Posteriormente, el 16 de febrero, se celebró un consejo de seguridad con
participación de autoridades locales, la organización sindical Sintramienergética y
la empresa querellante, en el que se acordó ejecutar la diligencia los días 10 y 11
de marzo de 2016, con acompañamiento del ESMAD y otras entidades98.
De forma paralela, el 17 de febrero de 2016, Sintramienergética informó al Ministerio
del Trabajo sobre la toma pacífica de las oficinas de la Dirección Territorial del Cesar
por parte de trabajadores del Consorcio Minero del Cesar, denunciando la
persistencia del conflicto laboral desde enero de 2013 y solicitando la intervención
urgente de la autoridad laboral para evitar el desalojo del predio “Nuevo Horizonte”
y propiciar una solución definitiva99. Ese mismo día, el Director Territorial convocó
una mesa de diálogo tripartita para el 19 de febrero100, mientras que el Ministerio
declaró que “habíamos 7, 8, 12, 15, eso no era fijo porque siempre nos rotábamos”, y que el máximo
de ocupantes llegó a ser “40, 50”. Audiencia de pruebas del 26 de junio de 2019 – parte 1, min. 53:00
– 1:19:15 y audiencia de pruebas del 27 de junio de 2019, min. 1:06:45 – 1:20:00.
92 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_03ANEXOS(.pdf)”, págs. 1 – 5.
93 Samai: Expediente digital, archivo ““ED_DRIVETRIB_10CONTESTACIONDEMAND(.pdf)”, págs.
63 - 67.
94 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_03ANEXOS(.pdf)”, págs. 22 – 23.
95 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_03ANEXOS(.pdf)”, págs. 24 – 26.
96 Samai: Expediente digital, archivo ““ED_DRIVETRIB_10CONTESTACIONDEMAND(.pdf)”, págs.
69 - 77.
97 Samai: Expediente digital, archivo ““ED_DRIVETRIB_10CONTESTACIONDEMAND(.pdf)”, págs.
78 - 84.
98 Samai: Expediente digital, archivo ““ED_DRIVETRIB_10CONTESTACIONDEMAND(.pdf)”, págs.
101 - 106.
99 Samai: Expediente digital, archivo ““ED_DRIVETRIB_10CONTESTACIONDEMAND(.pdf)”, págs.
91 - 92.
100 Samai: Expediente digital, archivo ““ED_DRIVETRIB_10CONTESTACIONDEMAND(.pdf)”, págs.
93 - 100.
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del Trabajo inició proceso administrativo sancionatorio contra el consorcio por
presuntas violaciones a la legislación laboral, relacionadas con la suspensión de
actividades en la mina La Francia y el no pago de salarios desde marzo de 2013101.
El 23 de febrero de 2016, Masering Holding reiteró la solicitud de ejecución de la
diligencia, aduciendo perjuicios económicos y riesgo de sanciones por la inactividad
de la maquinaria102; al lado de lo cual, al día siguiente, la organización Funtramiexco
denunció ante el Viceministro del Trabajo hechos de violencia en el predio ocupado,
consistentes en agresiones físicas y quema de carpas en contra de los trabajadores,
solicitando medidas urgentes de protección y atribuyendo responsabilidad al
Consorcio Minero del Cesar y al Estado103.
El testigo Ricardo Ruiz Vallejo, apoderado de los trabajadores, relató que durante
el período de ocupación se presentaron conatos de enfrentamiento con la fuerza
pública, actos de violencia contra los trabajadores y presencia de paramilitares en
la zona. Según su declaración, los trabajadores se encontraban en estado de
indigencia y sin posibilidad de desvincularse formalmente de sus contratos
laborales, lo que motivó su permanencia en el predio como medida de presión frente
a la empresa104.
En este contexto de alta conflictividad social, el 29 de febrero de 2016, la Inspectora
de Policía dispuso la práctica de la diligencia para los días 10 y 11 de marzo ,
decisión que fue notificada por aviso el 7 de marzo. Ante la proximidad de la
diligencia, el 7 y 8 de marzo, la Alcaldía solicitó acompañamiento institucional a
diversas autoridades, advirtiendo sobre el riesgo de alteraciones del orden público
por la resistencia anunciada por los trabajadores. Se confirmó además que el 9 de
febrero anterior se había realizado una mesa de concertación sin resultados
concretos105.
El 8 de marzo de 2016 se celebró un nuevo consejo de seguridad, con presencia
del querellante y participación de autoridades locales, policiales, militares y
delegados de los Ministerios del Interior y del Trabajo. En dicha sesión, se
101 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_01ANEXOSCONTESTACION(.pdf)”, págs.
80 - 83.
102 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_03ANEXOS(.pdf)”, págs. 24 – 26.
103 Samai: Expediente digital, archivo ““ED_DRIVETRIB_10CONTESTACIONDEMAND(.pdf)”, págs.
89 - 90.
104 Audiencia de pruebas del 26 de junio de 2019 – parte 2, min. 00:00 – 55:00.
105 Samai: Expediente digital, archivo ““ED_DRIVETRIB_10CONTESTACIONDEMAND(.pdf)”, págs.
117 – 128 y “ED_DRIVETRIB_03ANEXOS(.pdf)”, págs. 64 – 67.
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recomendó suspender la diligencia por razones de orden público y protección a los
trabajadores. La Personera Municipal calificó la situación como un problema social
de carácter laboral; el Comandante de Policía advirtió sobre riesgos para la vida e
integridad de los ocupantes; y el Delegado del Ministerio del Interior solicitó
convocar una nueva mesa de trabajo para alcanzar una solución concertada. La
alcaldesa, por su parte, informó haber recibido recomendaciones de aplazamiento
por parte de los viceministros del Trabajo y del Interior, mientras que el jefe del
ESMAD indicó que no se contaba con el personal suficiente para garantizar la
seguridad.
En consecuencia, la alcaldesa decidió suspender la ejecución de la medida policiva
hasta tanto se realizara una mesa de trabajo con participación de las partes y las
autoridades competentes. En el acta correspondiente se dejó constancia de que,
una vez celebrada dicha reunión, se procedería al acompañamiento policial para el
traslado de la maquinaria “lo antes posible”, sin que conste oposición de la parte
querellante frente a esta decisión106.
No obstante, el 4 de abril de 2016, Masering Holding remitió comunicación a la
alcaldesa, exponiendo los perjuicios derivados de la inejecución de la Resolución
No. GGE 551 de 2015 , señalando que la inmovilización de la maquinaria afectaba
sus operaciones mineras y el cumplimiento de obligaciones aduaneras ante la
DIAN107. Asimismo, no asistió a las mesas de diálogo social convocadas por el
Director Territorial del Ministerio del Trabajo y el Gobernador del Cesar los días 26
de abril108, 10109, 18110 y 24 de mayo de 2016111, que buscaban lograr una solución
concertada del conflicto112.
El 24 de mayo de 2016, el mayor Valerio Maldonado, Director de Protección de la
Policía del Cesar, presentó denuncia penal por el delito de daño en bien ajeno contra
varios ocupantes del predio, entre ellos Hermes Hernández y Arístides Villalobos, al
106 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_03ANEXOS(.pdf)”, págs. 27 – 33.
107 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_03ANEXOS(.pdf)”, págs. 44 - 45.
108 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_01ANEXOSCONTESTACION(.pdf)”, págs.
28 – 33 y “ED_DRIVETRIB_04AUTORIZACIONDEPEND(.pdf)”, págs. 8 - 11.
109 Samai: Expediente digital, archivo ““ED_DRIVETRIB_10CONTESTACIONDEMAND(.pdf)”, pág.
141 y “ED_DRIVETRIB_01ANEXOSCONTESTACION(.pdf)”, págs. 1 - 6.
110 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_01ANEXOSCONTESTACION(.pdf)”, págs.
11 – 17.
111 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_01ANEXOSCONTESTACION(.pdf)”, págs.
18, 21 - 27.
112 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_01ANEXOSCONTESTACION(.pdf)”, pág.
20.
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constatar el deterioro de 27 máquinas y recibir información sobre amenazas de
incineración de los equipos retenidos113.
Hasta este punto se advierte que, la administración municipal, en coordinación con
entidades del orden nacional, mantuvo una postura activa orientada a la búsqueda
de soluciones concertadas, sin lograr un acuerdo definitivo por la falta de voluntad
de algunas empresas consorciadas114. La suspensión de la diligencia fue
respaldada por múltiples actores institucionales, en atención a la complejidad social
del caso y la necesidad de proteger derechos fundamentales en tensión.
En efecto, según el testimonio del apoderado de los trabajadores, tanto el alcalde
saliente como la alcaldesa en funciones fueron convocados por los trabajadores y
el sindicato a mesas de diálogo tripartitas, con el propósito de evitar una intervención
policiva que, en su concepto, podría generar enfrentamientos graves entre el
ESMAD y la población local, con afectaciones a la integridad de los manifestantes
y a los bienes involucrados. Indicó que, aunque algunas empresas consorciadas
participaron en las reuniones, Masering Holding se negó a asistir, alegando que no
tenía nada que conciliar y que la única solución viable era la ejecución de la medida
policiva115.
113 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_03ANEXOS(.pdf)”, págs. 53 - 52.
114 Esta afirmación se sustenta en diversos elementos probatorios obrantes en el expediente, entre
los que se destacan: (i) las actas del consejo de seguridad del 8 de marzo de 2016, en las que se
documenta la decisión de suspender la diligencia de desalojo en espera de una mesa de trabajo con
participación de las empresas consorciadas, los trabajadores y entidades del orden nacional; (ii) las
comunicaciones oficiales remitidas por la Alcaldía de La Jagua de Ibirico, en las que se cursan
reiteradas invitaciones a las empresas del Consorcio Minero del Cesar para participar en reuniones
de concertación, sin que se evidencie respuesta o asistencia efectiva por parte de algunas de ellas;
(iii) los informes de seguimiento de la Secretaría de Gobierno Municipal, que dan cuenta de la
persistencia del conflicto y de la falta de avances en las negociaciones por la ausencia de voluntad
de ciertos actores privados; y (iv) las declaraciones del representante legal de Holding Minero S.A.S.,
quien reconoce la integración de la sociedad al consorcio responsable de la operación de la mina La
Francia, pero no acredita participación activa en los espacios de diálogo promovidos por las
autoridades. Estos elementos permiten concluir que, pese a los esfuerzos institucionales
desplegados, la falta de colaboración de algunas empresas consorciadas constituyó un obstáculo
relevante para la solución concertada del conflicto y la ejecución de la medida de amparo policivo.
115 En la declaración del señor Ricardo Ruiz Vallejo, se afirmó: “Hablamos con el alcalde saliente de
La Jagua de Ibirico, porque él había dejado firmada una autorización para practicar la medida policiva
con el ESMAD, y él nos dijo que él iba a hacer todo lo posible para sentar en una mesa a las partes
involucradas, es decir, a las empresas que estaban demandadas, a los trabajadores y al sindicato,
pero no se pudo realizar. […] Nosotros en todo momento le pusimos de manifiesto a las autoridades
que adoptar una medida de choque de ese tipo era muy problemático para todo el mundo, porque
iban a perder todos, iban a perder las empresas la maquinaria que estaban reclamando, iban a
perder los trabajadores porque iba a haber un enfrentamiento con la policía, probablemente iba a
haber lesionados y conforme a los antecedentes de los enfrentamientos entre la policía y la población
hasta muertos podía haber”. Audiencia de pruebas del 26 de junio de 2019 – parte 2, min. 00:00 –
55:00.
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Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)
Actor: Holding Minero S.A.S.
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo y otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
En el mismo sentido, el delegado del Ministerio del Interior, Ricardo Iguarán Aguilar,
señaló que las autoridades locales y nacionales —incluidos tres alcaldes del
departamento, el gobernador del Cesar, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del
Interior— ofrecieron espacios de concertación para facilitar una solución negociada
entre las empresas y los trabajadores, sin que se lograra un acuerdo definitivo por
la falta de voluntad de algunas partes empresariales116.
• Decisión institucional de ejecutar la medida y persistencia de
obstáculos operativos
Ante la frustración de las instancias de conciliación promovidas por la administración
municipal y autoridades nacionales, en el consejo de seguridad celebrado el 7 de
junio de 2016, la alcaldesa manifestó su decisión de ejecutar la diligencia de
desalojo, atribuyendo a las empresas consorciadas la responsabilidad por las
consecuencias del procedimiento, en razón de su falta de compromiso para asumir
las obligaciones laborales frente a los trabajadores. Las autoridades presentes
ratificaron su disposición de apoyo institucional, condicionando la realización de la
diligencia a la disponibilidad del ESMAD. A esta reunión no asistió la parte
querellante117.
Ese mismo día, Masering Holding remitió nueva comunicación a la alcaldesa
informando sobre amenazas de incineración de la maquinaria por parte de los
ocupantes del predio “Nuevo Horizonte” y solicitó la ejecución del amparo118.
Adicionalmente, el 19 de julio de 2016, el Embajador de México en Colombia informó
sobre las dificultades enfrentadas por la empresa Caterpillar Crédito México para
retirar del predio treinta (30) camiones mineros arrendados a Masering Holding 119.
En respuesta del 25 de julio, la Alcaldía indicó que el amparo no había sido
revocado, sino suspendido temporalmente, a la espera de condiciones logísticas y
de seguridad adecuadas para su ejecución120.
116 El señor Ricardo Iguarán Aguilar, manifestó: “Como Masering nunca asistió a las reuniones,
entonces creo que no tiene conocimiento de quiénes iban a las reuniones, pero ahí siempre llegaban
los delegados de los trabajadores […] en donde estaba el señor gobernador, en donde estaban 3
alcaldes de los municipios del departamento del Cesar, en donde estaba el delegado del Ministerio
del Trabajo, en donde estaba el delegado del Ministerio del Interior […] en donde siempre aparecían
los otros 2 socios de la empresa Masering, y siempre hablaban era de conflicto entre trabajadores y
empresas”. Audiencia de pruebas del 27 de junio de 2019, min. 1:49 - 46:00.
117 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_01ANEXOSCONTESTACION(.pdf)”, págs.
37 - 42.
118 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_03ANEXOS(.pdf)”, págs. 46 - 52.
119 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_03ANEXOS(.pdf)”, pág. 39.
120 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_03ANEXOS(.pdf)”, págs. 40 – 43 y
“ED_DRIVETRIB_01ANEXOSCONTESTACION(.pdf)”, págs. 43 - 47.
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Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)
Actor: Holding Minero S.A.S.
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo y otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
Con el fin de contar con el apoyo logístico y de personal por parte de la fuerza
pública, el 12 de septiembre de 2016, la alcaldesa solicitó al Comando de Policía
del Cesar el apoyo del ESMAD, reiterando su preocupación por los riesgos sociales
y de orden público, pero manifestando disposición institucional para fijar nueva
fecha, sujeta a la disponibilidad policial121.
El 26 de enero de 2017, la alcaldesa reiteró por cuarta vez —según lo manifestó en
la comunicación— dicha solicitud122 y el 22 de mayo insistió nuevamente, señalando
que la ejecución de la diligencia había sido pospuesta reiteradamente por falta de
respuesta de las unidades de apoyo, sin cuyo concurso resultaba inviable la
intervención123.
Estas comunicaciones evidencian una voluntad institucional sostenida de ejecutar
la medida, condicionada a la coordinación operativa con la fuerza pública, cuya
ausencia impidió materializar la diligencia.
• Persistencia del conflicto laboral y falta de voluntad empresarial
De manera paralela a las actuaciones desarrolladas por la Alcaldía, el 17 de febrero
de 2017, el Director Territorial del Ministerio del Trabajo convocó al representante
legal del Consorcio Minero del Cesar a una nueva mesa de diálogo social en
Valledupar, con participación de Sintramienergética, con el fin de propiciar una
solución concertada al conflicto laboral124. Esta actuación evidencia que, incluso en
esa anualidad, el conflicto seguía siendo objeto de atención institucional, lo que
reafirma su carácter estructural y complejo.
Según el testimonio del apoderado de los trabajadores, Ricardo Ruiz Vallejo, tras el
fracaso de las primeras mesas de concertación, se promovió un nuevo espacio de
diálogo con apoyo del Ministerio del Trabajo, la Dirección de Derechos Humanos y
la Organización Internacional del Trabajo (OIT). No obstante, nuevamente Masering
Holding se abstuvo de participar, lo que impidió avanzar en una solución negociada.
Esta actitud fue corroborada por el delegado del Ministerio del Interior, quien indicó
121 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_01ANEXOSCONTESTACION(.pdf)”, pág.
48.
122 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_01ANEXOSCONTESTACION(.pdf)”, pág.
58.
123 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_01ANEXOSCONTESTACION(.pdf)”, págs.
56 - 57.
124 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_03ANEXOS(.pdf)”, pág. 58.
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que, aunque las autoridades estatales ofrecieron el espacio institucional para
facilitar el diálogo, la falta de disposición de algunas empresas impidió concretar
acuerdos que permitieran levantar las vías de hecho y ejecutar la medida policiva
sin afectaciones al orden público125.
• Condicionamientos operativos de la fuerza pública
Mediante comunicación No. S-2017-057243/COMAN ASJUR 1.10 del 15 de
noviembre de 2017, el Departamento de Policía del Cesar respondió a la solicitud
de acompañamiento formulada por la alcaldesa municipal para la ejecución de la
diligencia de amparo policivo. En dicho oficio, la Policía Nacional condicionó su
intervención a la realización previa de una mesa de trabajo con participación de
autoridades administrativas, fuerza pública, organismos de control, entidades de
socorro, salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre otros, con
el fin de establecer una planeación logística y estratégica adecuada. Además,
advirtió que, debido a la alta demanda del ESMAD por situaciones de protesta social
a nivel nacional, el acompañamiento estaría sujeto a la notificación oportuna del
acto administrativo y a la disponibilidad de personal126.
En respuesta, el 23 de febrero de 2018, el jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía
informó que, en desarrollo de los consejos de seguridad celebrados desde 2016, ya
se habían adelantado reuniones de coordinación con las entidades intervinientes,
en las que se definieron los aspectos logísticos y operativos necesarios para la
ejecución de la diligencia. Indicó que la medida se encontraba debidamente
soportada en la Resolución No. GGE-551 de 2015, por lo que no se requería un
nuevo pronunciamiento, y que la administración municipal se encontraba a la espera
de que la Policía Nacional informara la fecha en la que se dispondría del personal
requerido127.
125 Declaración del señor Ricardo Ruiz Vallejo, apoderado de los trabajadores manifestantes:
“Después de ese fracaso, intentamos con la Dirección de Derechos Humanos […] y ellos hicieron
una convocatoria al representante de la Organización Internacional del Trabajo en Colombia, para
abrir ese espacio de diálogo social que en ese momento lo encabezaba el doctor Eduardo Cifuentes,
ex magistrado de la Corte Constitucional. Él convocó nuevamente a las partes, solo asistió El Cóndor
y asistió la ANDI, en representación de la parte empresarial, y dijeron que eso le correspondía
solamente a las partes, y hasta ahí llegó el tema de intentar el diálogo social, porque no había ánimo
de dialogar por parte de Masering”.
126 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_01ANEXOSCONTESTACION(.pdf)”, pág.
59.
127 Samai: Expediente digital, archivo “ED_DRIVETRIB_01ANEXOSCONTESTACION(.pdf)”, pág.
60.
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Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)
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Estas actuaciones evidencian que la ejecución de la medida no fue desatendida por
la administración municipal, sino que permaneció supeditada a la disponibilidad
operativa de la fuerza pública, cuya intervención resultaba indispensable para
garantizar la seguridad de los involucrados y la eficacia de la actuación.
Con las pruebas previamente relacionadas, la Sala encuentra que el municipio de
La Jagua de Ibirico no incurrió en falla alguna del servicio que le fuera imputable,
por cuanto si bien se demostró la inejecución de la medida de amparo policivo
concedida mediante la Resolución No. GGE-551 de 2015, dicha omisión no fue
injustificada, ni se fundó en una actitud pasiva o negligente de la administración
municipal, sino que respondió a circunstancias objetivas de seguridad, operatividad
y conflictividad social que hacían materialmente inviable su cumplimiento en las
condiciones existentes.
En efecto, quedó demostrado que la Alcaldía desplegó una actuación diligente,
coordinada y razonable dentro del trámite policivo, conforme a las disposiciones de
los Decretos 1355 de 1970 y 747 de 1992 y a los principios constitucionales de
coordinación, colaboración armónica y concurrencia entre autoridades (arts. 113 y
209 de la Constitución Política). Entre tales actuaciones se destacan: (i) la
avocación oportuna del conocimiento de la querella y la práctica de inspección
ocular; (ii) la expedición de la resolución de amparo y la programación de la
diligencia en dos oportunidades (noviembre de 2015 y marzo de 2016); (iii) la
convocatoria de mesas de concertación y consejos de seguridad con participación
de autoridades locales y nacionales; (iv) la suspensión temporal de la diligencia, en
coordinación con entidades del orden nacional, ante la falta de garantías mínimas
para su ejecución; (v) la reiteración de solicitudes de acompañamiento al ESMAD
en al menos cuatro ocasiones (septiembre de 2016, enero y mayo de 2017, entre
otras); (vi) la interlocución permanente con organismos como el Ministerio del
Interior, el Ministerio del Trabajo, la DIAN y la Embajada de México, en atención a
los efectos del conflicto sobre los bienes retenidos.
Estas actuaciones evidencian una gestión razonable, proporcionada y conforme al
estándar de diligencia exigible a la administración en contextos de alta conflictividad
social. El municipio no permaneció inactivo ni indiferente ante la perturbación
generada por un conflicto laboral persistente, agravado por la ausencia de
condiciones logísticas y de seguridad para la ejecución de la medida, sino que
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Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)
Actor: Holding Minero S.A.S.
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo y otros
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procuró armonizar la protección del derecho de tenencia del querellante con la
salvaguarda del orden público y los derechos fundamentales de los ocupantes.
Como se dejó visto, la ocupación del predio “Nuevo Horizonte” no se originó en un
conflicto de carácter puramente civil o policivo, sino que derivó de una controversia
laboral y social de gran magnitud, protagonizada por cerca de 100 trabajadores
sindicalizados del Consorcio Minero del Cesar —miembros de
Sintramienergética—, quienes desde el año 2013 reclamaban el pago de salarios y
prestaciones sociales dejadas de percibir tras la suspensión de sus contratos. En
ese marco, los trabajadores ocuparon el inmueble y retuvieron la maquinaria allí
estacionada como medida de presión, bloqueando el acceso al inmueble,
instalando carpas y permaneciendo rotativamente en el lugar en grupos de entre 7
y 50 personas. Este escenario derivó incluso en episodios de violencia contra la
maquinaria, el personal de la sociedad querellante y los propios trabajadores,
quienes denunciaron agresiones y la quema de sus carpas.
Bajo tales condiciones, la ejecución de la medida no podía asimilarse a un desalojo
ordinario, pues implicaba intervenir sobre un grupo en situación de vulnerabilidad,
en un entorno de alta tensión social y riesgo para el orden público. Por tanto, la
autoridad municipal estaba llamada a realizar una ponderación de los derechos en
conflicto —el de tenencia del querellante y los derechos fundamentales de los
ocupantes—, sin que ello significara legitimar las vías de hecho empleadas por
estos últimos.
En ese contexto, la decisión de suspender temporalmente la diligencia —adoptada
en el consejo de seguridad del 8 de marzo de 2016— hasta tanto se desarrollara
una mesa de trabajo con participación de los Ministerios del Interior y del Trabajo,
las empresas involucradas y los trabajadores, se avino a los estándares
constitucionales y convencionales que rigen los desalojos forzosos. Ciertamente,
conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional128 y a la Observación
General No. 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del
PIDESC, las autoridades deben agotar todas las alternativas posibles antes de
recurrir al uso de la fuerza y, de resultar inevitable el desalojo, este debe ejecutarse
bajo los principios de necesidad, proporcionalidad y menor daño posible.
128 Corte Constitucional, sentencia T-239 de 2013.
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Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)
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Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo y otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
Asimismo, se resalta que cuando las vías de concertación se agotaron ante la falta
de voluntad de las partes, la Alcaldía adelantó las gestiones necesarias para
reprogramar la diligencia de lanzamiento, solicitando de manera reiterada el
acompañamiento del ESMAD, cuya presencia resultaba indispensable dada la
naturaleza del conflicto. Sin embargo, la falta de disponibilidad de dicho cuerpo
especializado —por su despliegue operativo en múltiples focos de protesta social
en el país— impidió la ejecución efectiva de la medida.
Con lo anterior, la Sala advierte que, además de la ausencia de una conducta
reprochable por parte de la administración municipal, en el caso concreto se
configura una ruptura del nexo causal entre la omisión en la ejecución de la medida
de amparo y el daño alegado por la parte actora.
En efecto, dicha omisión no fue producto de una decisión autónoma o negligente
del municipio, sino que obedeció a circunstancias externas que excedían su
capacidad de acción. Por un lado, se presentó un hecho de un tercero, consistente
en la ocupación del predio por parte de trabajadores sindicalizados del Consorcio
Minero del Cesar, quienes retuvieron la maquinaria como medida de presión en el
marco de un conflicto laboral. Tal situación, como se ha sostenido, generó una
amenaza creíble de confrontación violenta, como lo evidencian las actas de los
consejos de seguridad y los informes de las autoridades nacionales.
Por otro lado, se configuró una situación de fuerza mayor, derivada precisamente
de la falta de disponibilidad operativa del ESMAD, cuerpo especializado cuya
presencia era indispensable para ejecutar la diligencia en condiciones de
seguridad. A pesar de las reiteradas solicitudes de acompañamiento formuladas
por la Alcaldía (septiembre de 2016, enero, mayo y octubre de 2017), la Policía
Nacional no pudo atender dichas peticiones debido a su despliegue en otros
escenarios de protesta social.
Estas circunstancias, ajenas a la voluntad y competencia del municipio, generaron
una imposibilidad fáctica y jurídica para la ejecución de la medida, lo que excluye
la configuración de una falla del servicio.
De igual modo, no se advierte que la suspensión temporal de la diligencia hubiera
impuesto al querellante una carga desproporcionada ni que el sacrificio de su
derecho de tenencia proviniera de una causa totalmente ajena a él. En efecto, la
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Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)
Actor: Holding Minero S.A.S.
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo y otros
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sociedad Holding Minero S.A.S. —antes Masering Holding S.A.S.— integraba
desde los años 2008 o 2009 el Consorcio Minero del Cesar, responsable de la
operación de la mina La Francia, conforme lo reconoció su propio representante
legal. Por tanto, mantenía un vínculo directo con los trabajadores que
protagonizaron la ocupación y con el conflicto laboral que la originó, consistente en
el incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales desde el año 2013.
A pesar de ello, la sociedad adoptó una actitud renuente frente a los escenarios de
concertación promovidos por las autoridades, absteniéndose incluso de participar
en las reuniones convocadas para expresar su posición o buscar una solución
dialogada al conflicto.
En este punto, conviene precisar que, conforme a la legislación y la jurisprudencia
nacional, la conformación de un consorcio no da lugar a la creación de una persona
jurídica distinta de la de sus integrantes y, por tanto, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 7º de la Ley 80 de 1993, sus miembros responden solidariamente por todas
las obligaciones que este asuma, incluidas aquellas de carácter laboral 129. En
consecuencia, no resulta jurídicamente admisible que la sociedad querellante
pretenda eximirse de responsabilidad frente a la controversia laboral que dio origen
a la ocupación, trasladando íntegramente al Estado las consecuencias de un
conflicto en el cual tuvo una participación directa y determinante.
Así las cosas, si bien la actitud de la actora —marcada por la ausencia de
participación en las mesas de trabajo y la falta de involucramiento en la solución
del conflicto— puede considerarse legítima desde la perspectiva de la defensa de
sus derechos, lo cierto es que ello contribuyó a la persistencia de la situación que
dio lugar a la ocupación y a la imposibilidad de ejecutar la medida de amparo, dada
la amenaza que dicha situación suponía para el orden público, lo que refuerza la
conclusión de que el daño alegado no le era totalmente ajeno. En este orden de
ideas, se itera que, si bien el artículo 2º de la Constitución Política impone a las
autoridades el deber de proteger la vida, honra, bienes y derechos de los residentes
en Colombia, ello no implica que deban asumir automáticamente las consecuencias
de conflictos entre particulares, especialmente cuando estos derivan de relaciones
laborales o contractuales en las que el Estado no interviene de manera directa.
129 Cfr. Corte Suprema de Justicia, sentencia del 10 de febrero de 2021, radicación SL462-2021.
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Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)
Actor: Holding Minero S.A.S.
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo y otros
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En todo caso, aunque la retención de la maquinaria por parte de los trabajadores,
mediante la ocupación de hecho del predio, constituyó una vía de hecho que no
encuentra amparo en el derecho de huelga ni en la libertad sindical, conducta que
tampoco es justificada por esta Sala, pues constituye una presión ilegítima que
vulnera el ordenamiento jurídico y excede los cauces institucionales previstos para
la reivindicación de derechos laborales; lo cierto es que, cuando este tipo de
ocupaciones se enmarcan en conflictos laborales de larga data o en contextos de
vulnerabilidad socioeconómica, como el que se acreditó en el sub lite, corresponde
a las autoridades intervenir con prudencia y ponderación, valorando los riesgos
asociados a una intervención coercitiva, garantizando la protección de los derechos
fundamentales en tensión y promoviendo soluciones concertadas antes de acudir
al uso de la fuerza. En este sentido, la referencia al vínculo de la sociedad
querellante con el origen del conflicto no implica convalidar las vías de hecho, sino
que obedece a una valoración integral del contexto fáctico que condicionó la
ejecución de la medida de amparo y que, en conjunto con las limitaciones
operativas acreditadas, excluye la configuración de una falla del servicio por parte
del municipio.
Por ello, no podía exigirse a la autoridad municipal la ejecución inmediata de la
orden de amparo mediante la intervención coercitiva, pues su actuación en primer
lugar debía orientarse, conforme a los principios de proporcionalidad y
razonabilidad, a evitar el agravamiento del conflicto y a salvaguardar la integridad
de todos los involucrados, como en efecto ocurrió.
En consecuencia, no resultaba jurídicamente exigible al municipio ejecutar de
manera inmediata la medida de desalojo ni recurrir al uso de la fuerza en un
contexto que comprometía la vida, la integridad y otros derechos fundamentales de
los involucrados, máxime si se considera que, tras el fracaso de las vías de
concertación, la entidad tampoco contó con el apoyo operativo del ESMAD para
realizar la diligencia. En tal sentido, la decisión de suspender la diligencia y priorizar
la apertura de espacios de diálogo se ajustó a los principios de razonabilidad,
proporcionalidad y diligencia debida que orientan la actuación administrativa en un
Estado Social de Derecho.
Ahora bien, puesto que la inejecución de la medida de amparo policivo obedeció al
ejercicio legítimo de funciones públicas orientadas a preservar el orden público,
corresponde evaluar también la responsabilidad estatal desde la perspectiva del
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Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)
Actor: Holding Minero S.A.S.
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo y otros
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régimen de responsabilidad objetiva por daño especial. En efecto, la jurisprudencia
consolidada de esta Corporación ha señalado que, cuando el daño alegado se
deriva directamente de una actividad lícita, legítima y conforme al ordenamiento —
esto es, sin configuración de falla del servicio—, el juicio de responsabilidad debe
desplazarse al régimen de daño especial, cuya finalidad consiste en restablecer el
equilibrio de las cargas públicas cuando un particular soporta, de manera
excepcional, anormal y desproporcionada, un sacrificio que desborda las cargas
que debe asumir en condiciones de igualdad.
Conviene reiterar que, en casos como el sub lite, se debe tener en cuenta que
cuando las controversias que se suscitan en torno a la perturbación de la propiedad
privada o del statu quo tienen un carácter privado, debe analizarse si el daño fue
generado por la conducta del propio querellante o si, por el contrario, excede las
cargas públicas que los ciudadanos están llamados a soportar.
No obstante, a la luz del acervo probatorio, la Sala advierte que la carga que soportó
la sociedad querellante —la imposibilidad de ejercer la tenencia del predio y
disponer de la maquinaria allí ubicada— no provino de una actuación estatal dirigida
a imponer un sacrificio especial, sino de la materialización de un conflicto laboral y
social del que la propia actora hacía parte y respecto del cual tenía una participación
directa y determinante. Como se acreditó, la ocupación del predio “Nuevo
Horizonte” fue una vía de hecho adoptada por trabajadores del Consorcio Minero
del Cesar, consorcio del cual la empresa Holding Minero S.A.S. (antes Masering)
era socia mayoritaria, a raíz del incumplimiento de obligaciones laborales que se
remontaban al año 2013.
Así, la carga soportada por la actora no tuvo su causa eficiente en la actuación lícita
del Estado, sino en un conflicto privado preexistente generado por sus propias
obligaciones laborales, de modo que no puede afirmarse que la administración haya
trasladado al querellante un sacrificio excepcional en aras del interés general. Antes
bien, se reitera que la intervención municipal —consistente en suspender
temporalmente el desalojo, convocar espacios de concertación, ponderar derechos
en tensión y solicitar apoyo especializado— estuvo exclusivamente orientada a
evitar un escalamiento de la conflictividad social y a proteger la integridad de los
involucrados, sin que pueda atribuirse a dicha intervención el origen del daño
alegado.
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Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)
Actor: Holding Minero S.A.S.
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Tampoco puede calificarse como anormal o desproporcionada la carga derivada de
la inejecución del amparo policivo, puesto que esta no recayó sobre un tercero
ajeno al conflicto, sino sobre una de las partes directamente involucradas en las
causas que dieron lugar a la ocupación. Por ello, no existe una ruptura en el
equilibrio de las cargas públicas que justifique la reparación bajo el régimen de daño
especial. Pretender lo contrario equivaldría a trasladar al Estado la responsabilidad
por las consecuencias de un conflicto laboral originado en obligaciones propias del
consorcio del cual la actora formaba parte, lo que desnaturalizaría la lógica
reparadora de este título objetivo de imputación.
En consecuencia, la Sala concluye que, aun bajo el análisis del régimen de
responsabilidad por daño especial, no se configura un sacrificio singular, anormal
o injustificado que deba ser reparado por el Estado, pues la afectación
experimentada por la sociedad actora no constituye una carga pública impuesta en
beneficio colectivo, sino un resultado inherente al conflicto privado del que ella
misma formaba parte.
Como corolario de todo lo anterior, la Sala concluye que la omisión en la ejecución
de la medida estuvo debidamente justificada y obedeció a circunstancias objetivas
de orden público, seguridad y conflictividad social, sin que sea posible atribuir a la
administración municipal una conducta negligente o pasiva. En efecto, aun cuando
se agotaron las vías de concertación, la autoridad municipal desplegó actuaciones
persistentes para obtener el acompañamiento del ESMAD y ejecutar la diligencia,
la cual no pudo realizarse por causas ajenas a su voluntad y competencia. Del
mismo modo, no se demostró que la sociedad querellante hubiera soportado una
carga anormal o injustificada, toda vez que el conflicto que dio lugar a la ocupación
provenía de relaciones laborales en las que ella misma tenía participación activa.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda.
7. Condena en costas
De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, adicionado por el
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021130, en concordancia con el artículo 365 del
130 En el siguiente sentido: “[e]n todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando
se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”, regla que,
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Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)
Actor: Holding Minero S.A.S.
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo y otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
CGP131, la Sala emitirá condena en costas por la segunda instancia a favor de las
entidades demandadas, en partes iguales, y a cargo de la parte actora, toda vez
que en esta providencia se resuelve desfavorablemente el recurso de apelación por
ella interpuesto.
En consecuencia, la Subsección, teniendo en cuenta la duración del proceso en
segunda instancia y los deberes de vigilancia132 que ello implicó133, y con
fundamento en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de agosto 5 de 2016, expedido por
el Consejo Superior de la Judicatura134, fija por concepto de agencias en derecho
para la segunda instancia el valor equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia. Tal suma se dividirá por partes
iguales entre la Nación – Ministerio del Trabajo, Ministerio del Interior y del
municipio de La Jagua de Ibirico.
En atención al artículo 366 del CGP, la liquidación de las costas se efectuará de
manera concentrada en la primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
por ser de orden público, de aplicación inmediata y no estar sujeta a régimen de transición, rige en
todos los procesos en curso para la fecha de su entrada en vigor.
El aspecto subjetivo citado no es aplicable a los procesos ordinarios, sino a aquellos en los que se
ventila un interés público, en los cuales proceden las costas, ante la “manifiesta carencia de
fundamento legal” (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 11 de octubre de 2021, expediente 63.217, CP: Fredy Ibarra Martínez;
Subsección A, sentencia del 11 de mayo de 2022, expediente 67.700; sentencia del 10 de octubre
de 2022, expediente 67.965).
131“Artículo 365. Condena en costas. (…) [L]a condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación (…).
132 La Sala ha considerado como criterio para fijar las agencias en derecho, lo referente a las labores
de vigilancia del proceso inherentes al trámite de una instancia adicional (Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 17 de junio y 21
de noviembre de 2022, así como del 3 de febrero de 2023, expedientes 67.618, 68.941 y 69.319).
133 El numeral 4 del artículo 366 del CGP señala: “4. Para la fijación de agencias en derecho deberán
aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aquéllas establecen
solamente un mínimo, o este y un máximo, el juez tendrá en cuenta, además, la naturaleza, calidad
y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía
del proceso y otras circunstancias especiales, sin que pueda exceder el máximo de dichas tarifas”.
134 “ARTÍCULO 2º. Criterios. Para la fijación de agencias en derecho el funcionario judicial tendrá en
cuenta, dentro del rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas por este acuerdo, la
naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó
personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas
con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada, sin que en ningún caso se
puedan desconocer los referidos límites”.
“(…)
“ARTÍCULO 5º. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
(…)
“En segunda instancia. Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.”.
51
Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00456-01 (69.309)
Actor: Holding Minero S.A.S.
Demandado: Nación – Ministerio del Trabajo y otros
Referencia: Medio de Control de Reparación Directa
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 22 de septiembre de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo del Cesar, que declaró probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva de la Nación - Ministerio del Trabajo y Ministerio
del Interior, y negó las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte actora, para lo cual se fija por
concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal
mensual vigente a la fecha de ejecutoria de la presente providencia, a cargo de la
parte actora y a favor de la Nación – Ministerio del Trabajo, Ministerio del Interior y
del municipio de La Jagua de Ibirico.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen para lo de su cargo.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Aclaración de voto
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Salvamento de voto
VF
52
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