Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2017-00477-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2017-00477-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-39-000-2017-00477-02
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
27 de febrero de 2025
Radicación: 20001-23-39-000-2017-00477-02 (5490-2023)
Demandante: Bedis Esther Amara de Martínez
Demandado: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 20001-23-39-000-2017-00477-02 (5490-2023)1
Demandante: Bedis Esther Amara de Martínez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: pensión gracia. Subtema: docente nacionalizado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Cesar, el 29 de abril de 2021, que accedió a las
pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La docente solicita la nulidad de los actos administrativos que le negaron el
reconocimiento de la pensión gracia. Como fundamento de la demanda afirma que fue
maestra con vinculación nacionalizada nombrada por el gobernador del departamento
del Cesar, antes del 31 de diciembre de 1980 y que acreditó más de 20 años de
servicios.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1. La señora Bedis Esther Amara de Martínez, mediante apoderado judicial,
presentó demanda2, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, con las
siguientes pretensiones:
(i) Se declare la nulidad de la Resolución RDP 016527 del 21 de abril de 2017, que
negó el reconocimiento de la pensión gracia, así como de la Resolución RDP 028670
del 17 de julio de 2017, que la confirmó, al resolver el recurso de apelación.
1 Expediente electrónico.
2 9 de octubre de 2017.
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Demandante: Bedis Esther Amara de Martínez
Demandado: UGPP
(ii) A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene que la UGPP le
reconozca y pague una pensión gracia, en cuantía equivalente al 75% de todos los
factores salariales devengados en el año anterior a la consolidación del estatus de
pensionada.
(iii) Igualmente, pidió que las sumas adeudadas sean actualizadas con el índice de
precios al consumidor; que la entidad cumpla el fallo en los términos del artículo 192
del CPACA; que se ordene el pago de intereses moratorios; y que se condene en
costas a la parte demandada3.
2.1.2. Hechos
2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
3. La señora Bedis Esther Amara de Martínez nació el 17 de agosto de 1960;
prestó sus servicios como maestra de primaria en el municipio de Pailitas,
departamento del Cesar, nombrada por la Resolución 002024 del 8 de septiembre de
1980; y en el municipio de la Jagua de Ibirico, del mismo departamento, designada
mediante la Resolución 000676 del 5 de marzo de 1981.
4. La actora solicitó el reconocimiento de la pensión gracia que fue negada por la
UGPP en las resoluciones RDP 016527 del 21 de abril de 2017 y RDP 028670 del 17
de julio de la misma anualidad.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
5. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:
De la Ley 114 de 1913, los artículos 1°, 2, 3 y 4.
De la Ley 116 de 1928, el artículo 6.
De la Ley 45 de 1931, el artículo 8.
De la Ley 37 de 1933, el artículo 3.
De la Ley 24 de 1947, el parágrafo del artículo 1.
De la Ley 91 de 1989, el artículo 15.
6. Al explicar el concepto de violación, la parte demandante expuso que la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social le negó la pensión gracia a la demandante al considerar que no
cumple con los requisitos: sin embargo, acorde con el «Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral», la maestra fue vinculada desde el 8 de
septiembre de 1980 y acreditó 20 años de servicios, por consiguiente, cumplió las
condiciones exigidas por la Ley 114 de 1913.
2.2. Contestación de la demanda
7. La UGPP, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda,
al indicar que las certificaciones aportadas al proceso indican que la accionante fue
docente nacional en el departamento del Cesar, de modo que el tiempo laborado entre
3 Índice 2 Samai, 022_ED_DEMANDA.
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los años 1980 a 1981 no puede ser computado para el reconocimiento de la pensión
gracia.
8. Agregó que, en caso de accederse al reconocimiento de la pensión gracia, se
declare la prescripción trienal de las mesadas pensionales, en aplicación del artículo
41 del Decreto 3135 de 19684.
2.3. Sentencia de primera instancia
9. El Tribunal Administrativo del Cesar declaró la nulidad de las resoluciones
demandadas, y a título de restablecimiento del derecho ordenó el reconocimiento de
la pensión gracia, a partir del 22 de diciembre de 2013 por prescripción, liquidada con
el 75% de todo lo devengado en el año anterior a la consolidación del estatus
pensional, del 1°. de diciembre de 2015 al 1° de diciembre de 2016. No condenó en
costas a la parte demandada.
10. El fallador consideró que la docente acreditó con suficiencia los 20 años de
servicios, en tanto, prestó sus servicios en la Escuela San Pedro de Pailitas, del 30 de
agosto al 30 de noviembre de 1980, y en los municipios de La Jagua de Ibirico,
Piedecuesta y Valledupar, del 10 de marzo de 1981 al 1°. de diciembre de 2016, por
un tiempo de 35 años, 8 meses y 21 días.
11. En cuanto a la naturaleza de la plaza se expuso que la maestra fue nacionalizada,
tal como lo indican los formatos expedidos por el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG), en los que se certificó la vinculación a través de los
decretos 002024 de 1980, en el municipio de Pailitas, y 876 de 1981 en el municipio
de La Jagua de Ibirico.
12. Por consiguiente, afirmó que la actora tiene derecho al reconocimiento de la
pensión gracia, ya que para el reconocimiento de la pensión gracia lo relevante es que
la naturaleza de la plaza haya sido territorial o nacionalizada. Declaró la prescripción
de las mesadas causadas antes del 22 de diciembre de 2013, porque la accionante
presentó la reclamación administrativa ante la UGPP el 22 de diciembre de 2016.
13. No condenó en costas a la parte demandada, dado que no probó la causación
de expensas diferentes a los gastos ordinarios del proceso5.
2.4. Recurso de apelación
2.4.1. Parte demandada
14. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, mediante apoderado, interpuso recurso de
apelación para que se revoque la sentencia de primera instancia. Adujo que, acorde
con el expediente administrativo, la señora Bedis Esther Amara de Martínez no tiene
derecho al reconocimiento de la pensión gracia, en tanto, el tiempo laborado como
docente nacional no se puede sumar, así, destacó que «los profesores vinculados
4 Idem, 034_ED_16CONTESTACIONDEMAND.
5 Idem, 098_ED_48SENTENCIA.
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directamente por el Ministerio de Educación o los nombrados en fecha posterior a la
expedición de la Ley 91 de 1989, son docentes nacionales».
15. La entidad insiste en que la maestra fue nacional; que no hay tiempos anteriores
a 1981; y que se debe desestimar el periodo «comprendido del 2 de agosto de 1993
al 26 de febrero de 2014», debido a que los certificados de información laboral
presentan inconsistencias6.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
16. Mediante auto del 11 de abril de 20247, el despacho ponente admitió el recurso de
apelación conforme el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Al no existir
pruebas que decretar en segunda instancia, se prescindió del periodo para correr
traslado a las partes.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
17. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.
3.2. Problema jurídico
18. Se circunscribe a establecer, según lo expuesto en el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia que
accedió a las pretensiones de la demanda, si:
19. ¿La docente acreditó la vinculación en una plaza nacionalizada antes del 31 de
diciembre de 1980 y si el nombramiento en el departamento del Cesar fue nacional?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. La pensión gracia
20. La pensión de jubilación gracia fue establecida por el artículo 1º de la Ley 114 de
19138, para beneficiar a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran
servido en el magisterio por al menos 20 años, siempre que cumplieran los siguientes
requisitos: (i) desempeñar el empleo con honradez y consagración; y (ii) no recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional.
21. La Ley 116 de 19289 amplió este beneficio a los empleados docentes y profesores
de las escuelas normales, así como a los Inspectores de Instrucción Pública. Según el
artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios prestados en
6 Idem, 105_ED_55RECURSOAPELAP.
7 Índice 6 Samai.
8 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
9 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
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diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, para
completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, equiparando la inspección
de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.
22. Posteriormente, la Ley 37 de 193310 extendió el beneficio de la pensión gracia de
jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
23. Por su parte, la Ley 91 de 198911, en el artículo 15, numeral 2°, literal a), limitó la
vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:
Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado
o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les
reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión
seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto
081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento
de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.
24. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente tiene
derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley 91 de
1989, cuyo artículo 1° categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:
• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
• Personal nacionalizado: son (i) los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a partir de esa fecha
a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de nacionalización de la educación que
se adelantó por disposición de la Ley 43 de 1975.
• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial
a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo
1012 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a ocupar haya sido creada
exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su propio presupuesto.
25. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199713, en los
siguientes términos:
La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
10 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
11 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
12 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional.”.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997, M.P.
Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
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repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad (…) También, que dentro del
grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales
sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de
haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia (…).siempre y cuando cumplan con la totalidad de
requisitos”. Y, por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en
el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del
reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y
secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley.
26. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201814, señaló
que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para
no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:
Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula,
entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en planteles
departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años
y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta
años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.
27. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los recursos
que la nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales, cuando
ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes territoriales,
de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del Ministerio
de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o nacionalizado que
es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación fijó las siguientes
reglas jurisprudenciales:
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales (…), una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar
parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de 1988).
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
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iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados15, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales (…).
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal54; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar
(…).
28. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.
3.4. Hechos probados
29. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
• Edad
30. Para reconocer el derecho pensional reclamado se requiere haber cumplido 50
años de edad. En el caso concreto, la señora Bedis Esther Amara de Martínez nació
el 17 de agosto de 1960, como consta en la cédula de ciudadanía16, en consecuencia,
acreditó la edad de 50 años, el 17 de agosto de 2010.
• Vinculación docente
31. El gobernador del departamento del César, mediante la Resolución 002024 del 8
de septiembre de 1980 «por la cual se causa una novedad de educación básica
primaria», nombró a Bedis Amara, en el cargo de maestra de enseñanza primaria para
la Escuela Urbana Mixta San Pedro, municipio de Pailitas, a partir del 30 de agosto de
15 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto
102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
16 Idem, Índice 2 Samai, 046_ED_28RESPUESTASECRETARI, pág. 8.
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1980 hasta el 30 de noviembre del mismo año17. Obra en el proceso el acta de
posesión del 12 de septiembre de 1980 ante la división de personal del departamento
del Cesar18.
32. Según el «Formato Único para la Expedición de Historia Laboral» del 30 de octubre
de 2018, proferido por la Secretaría de Educación del Cesar, la señora Bedis Esther
Amara de Martínez, fue docente con vinculación nacionalizada, en la Escuela Mixta
San Pedro del municipio de Pailitas (departamento del Cesar), nombrada mediante la
Resolución 002024 del 8 de septiembre de 1980, desde el 12 de septiembre de 1980
hasta el 30 de noviembre de ese año19.
33. A través de la Resolución 000676 del 5 de marzo de 1981, «por la cual se causan
unas novedades en educación básica primaria», el gobernador del Cesar nombró a la
accionante, en el empleo de maestra de enseñanza básica en primaria, para la Escuela
Urbana Mixta de La Jagua de Ibirico20. La docente se posesionó en el cargo, como
consta en el acta del 10 de marzo de 1961 ante la división de personal del
departamento del Cesar.
34. Acorde con el «Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral» de la Secretaría de Educación del Cesar del 5 de septiembre de 2018, la
señora Bedis Esther Amara de Martínez fue docente de primaria con vinculación
nacionalizada, nombrada mediante la Resolución 000676 del 5 de marzo de 1981, y
se encontraba activa en el servicio para la fecha de expedición del certificado21.
35. La Secretaría de Educación de Valledupar, en respuesta al oficio DCE0644 del 29
de agosto de 2018 del Tribunal Administrativo del Cesar, remitió copia de la hoja de
vida de la docente e informó que, de conformidad con el formato del 5 de septiembre
de 2018, la vinculación de la docente había sido nacionalizada22. Dicha Secretaría, en
el mismo sentido, mediante documento del 24 de agosto de 2017, certificó que la
señora Bedis Esther Amara de Martínez prestaba sus servicios al municipio como
docente nacionalizada23.
• Actos demandados
36. Mediante la Resolución RDP 016527 del 21 de abril de 2017, el subdirector de
determinación de derechos pensionales de la UGPP le negó a la señora Bedis Esther
Amara de Martínez el reconocimiento de la pensión gracia con fundamento en que al
31 de diciembre de 1980 no estaba vinculada a la docencia oficial24. Esta decisión fue
confirmada por el director de pensiones de la UGPP, a través de la Resolución RDP
028670 del 17 de julio de 2017, para lo cual reiteró que la maestra no cumplió con el
requisito de estar vinculada antes del 31 de diciembre de 1980.
17 Índice 2 Samai, 060_ED_10RESPUESTAMUNICIPIO, pág. 6.
18 Idem, pág. 7.
19 Idem, pág. 4.
20 Índice 2 Samai, 021_ED_ANEXOS, págs. 10 a 11.
21 Índice 2 Samai, 046_ED_28RESPUESTASECRETARI, pág. 2.
22 Idem, pág. 1.
23 Idem, pág. 27.
24 Índice 2 Samai, 021_ED_ANEXOS, págs. 22 a 23.
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3.5. Caso concreto
37. En el asunto bajo análisis, la actora solicita la nulidad de los actos administrativos
que le negaron el reconocimiento de la pensión gracia, porque no acreditó la
vinculación a la docencia oficial antes del 31 de diciembre de 1980.
38. El Tribunal accedió a las pretensiones de la demanda al considerar que la señora
Bedis Esther Amara de Martínez fue docente nacionalizada antes del 31 de diciembre
de 1980, en la Escuela Mixta San Pedro de Pailitas, por tres meses, y en los municipios
de La Jagua de Ibirico, Piedecuesta y Valledupar, por 35 años, 8 meses y 21 días.
39. Inconforme con esta decisión, la UGPP apela la decisión de primera instancia al
afirmar que la vinculación de la maestra en el departamento del Cesar fue nacional,
igualmente indicó que no hay tiempos anteriores a 1981, y que se debe desestimar el
periodo «comprendido del 2 de agosto de 1993 al 26 de febrero de 2014», en razón a
que los certificados de información laboral presentan inconsistencias. También alegó
que todos los docentes nombrados luego de la expedición de la Ley 91 de 1989 son
nacionales.
De la vinculación docente anterior al 31 de diciembre de 1980
40. En primer lugar, con el objeto de resolver el recurso de apelación, es importante
destacar que el docente es un empleado público vinculado a la administración pública,
a través de una relación legal y reglamentaria, de modo que la autoridad nominadora
expide un acto administrativo de nombramiento y aquel debe tomar posesión del cargo,
tal como lo dispone el artículo 3 del Decreto Ley 2277 de 197925, al indicar que
«los educadores que prestan sus servicios en entidades oficiales de orden nacional,
departamental, distrital, intendencial, comisarial y municipal son empleados oficiales
de régimen especial que, una vez posesionados, quedan vinculados a la
administración por las normas previstas en este decreto».
41. En segundo lugar, en cuanto a la prueba del tiempo de servicio y la vinculación
para tener derecho al reconocimiento de la pensión gracia, la jurisprudencia de la
Sección ha precisado que se deben analizar los tiempos de servicios, el cargo
desempeñado, la dedicación, clase de plantel y si la vinculación fue nacionalizada,
departamental, distrital y municipal, precisándose que «los certificados que se expidan
para acreditar estos requisitos deben ser precisos en los datos fundamentales que
exigen las leyes especiales que regulan esta clase de pensión»26.
42. En el mismo sentido, el fallo de unificación del 21 de junio de 2018 27 determinó
que la calidad de docente oficial se prueba con la copia de los actos de nombramiento,
o en su defecto, con la certificación de la autoridad nominadora que informe de manera
inequívoca sobre el tipo de vinculación.
25 Por el cual se adoptan normas del estatuto docente.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de abril de 2017, proceso con radicado
52001 23 31 000 2014 00270 01 (0585-2016), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, que cita la sentencia del 19 de
enero de 2006, expediente 6024-05, Consejero Ponente Tarsicio Cáceres Toro.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
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Demandante: Bedis Esther Amara de Martínez
Demandado: UGPP
43. En este orden de ideas, tal como se explicó en los hechos probados, en el proceso
se acreditó que la señora Bedis Esther Amara de Martínez cumplió la edad de 50 años,
el 17 de agosto de 2010, en tanto nació el 17 de agosto de 1960, como consta en la
cédula de ciudadanía 28.
44. En cuanto a la vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 se demostró que la
accionante fue nombrada por el gobernador del departamento del Cesar, a través de
la Resolución 002024 del 8 de septiembre de 198029 , acto administrativo dictado por
una autoridad territorial, para una plaza de primaria en la Escuela de San Pedro de
Pailitas, por el término de 90 días de la licencia de maternidad concedida a la docente
Carmen Rangel de Poveda. Ahora bien, la Secretaría de Educación del Cesar certificó
en el «Formato Único para la Expedición de Historia Laboral» del 30 de octubre de
2018 30, que dicha docente tuvo una vinculación nacionalizada del 12 de septiembre
de 1980 hasta al 30 de noviembre de ese año.
45. Consecuentemente, contrario a lo afirmado en el recurso de apelación, la señora
Bedis Esther Amara de Martínez sí fue docente nacionalizada antes del 31 de
diciembre de 1980, puesto que, así lo demuestran el acto administrativo de
nombramiento y el formato proferido por la Secretaría de Educación, documentos que
no fueron tachados como falsos y que dan certeza sobre la relación legal y
reglamentaria, y la naturaleza de la vinculación, de conformidad con la regla de
unificación de la sentencia del 21 de junio de 201831.
De la vinculación docente posterior al 31 de diciembre de 1980
46. La UGPP señala que es improcedente computar el tiempo de servicios
«comprendido del 2 de agosto de 1993 al 26 de febrero de 2014», pues los certificados
de información laboral presentan inconsistencias.
47. Sobre el particular, se advierte que, en el caso bajo estudio, después de 1980, la
maestra fue nacionalizada, designada por la Resolución 000676 del 5 de marzo de
1981 del gobernador del Cesar32, laboró a partir del 10 de marzo de 1981 y estaba
activa en el servicio el 5 de septiembre de 2018, fecha de expedición del Formato
Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral33, para un total de 37 años,
5 meses y 26 días de servicios.
48. Aunque al expediente también se aportó el formato con fecha del 24 de agosto de
201734, este informa en el mismo sentido que la vinculación fue nacionalizada, y el
nombramiento se ordenó en la Resolución 000676 del 5 de marzo de 1981.
Igualmente, la Secretaría de Educación de Valledupar mediante documento del 24 de
agosto de 2017, certificó que la señora Bedis Esther Amara de Martínez prestaba sus
servicios al municipio como docente nacionalizada35.
28
Idem, Índice 2 Samai, 046_ED_28RESPUESTASECRETARI, pág. 8.
29 Índice 2 Samai, 060_ED_10RESPUESTAMUNICIPIO, pág. 6.
30 Idem, pág. 4.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
32 Índice 2 Samai, 021_ED_ANEXOS, págs. 10 a 11.
33 Índice 2 Samai, 046_ED_28RESPUESTASECRETARI, pág. 2.
34 Índice 2 Samai, 046_ED_28RESPUESTASECRETARI, págs. 22 a 23.
35 Idem, pág. 27.
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49. Por lo visto no se constata que en el acto administrativo de nombramiento, el acta
de posesión y los formatos de historia laboral existan contradicciones sobre la
naturaleza de la vinculación de la docente. En consecuencia, se desestima este
reproche del recurso de apelación.
Los docentes nombrados luego de la expedición de la Ley 91 de 1989
50.La entidad señala que todos los docentes nombrados luego de la expedición de la
Ley 91 de 1989 son nacionales; sin embargo, en el presente caso el segundo
nombramiento de la demandante fue a través de la Resolución 000676 del 5 de marzo
de 1981.
51. De todos modos, en gracia de discusión, dicha Ley 91 de 1989, en el artículo 1°.
indicó que para sus efectos establecía el alcance de los términos: personal nacional,
nacionalizado y territorial. Por otra parte, en el artículo 15, numeral 2, relativo a las
pensiones reguló que «los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que
por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que
las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos».
52. Por ello, no se puede entender que todos los nombramientos docentes realizados
en vigencia de la Ley 91 de 1989 son nacionales, en tanto, esta ley mantuvo la
clasificación entre docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, y preservó el
reconocimiento de la pensión gracia para los maestros nombrados antes del 31 de
diciembre de 1980 y que tenían la expectativa legítima del reconocimiento pensional.
53. Al respecto, se pronunció la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la
sentencia de unificación del 11 de agosto de 202236, al considerar que «el órgano
legislativo derogó la pensión gracia a partir del 29 de diciembre de 1989, pero la
mantuvo antes y después de esa fecha a quienes hubieran tenido una experiencia
docente territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980».
Providencia que fijó la siguiente regla de unificación: «los docentes pueden acceder a
la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando
acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su
reconocimiento». De donde se colige que con la expedición de la Ley 91 de 1989 todos
los docentes no pasaron a ser nacionales.
54. Por consiguiente, en respuesta al problema jurídico se establece que la docente sí
acreditó la vinculación en una plaza nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980,
el nombramiento con el departamento del Cesar, con posterioridad a ese año fue
nacionalizado y sumó más de 20 años de servicios.
55. En consecuencia, se confirmará el fallo del Tribunal que accedió a las
pretensiones de la demanda.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de agosto de 2022, proceso con radicado 15001-23-33-
000-2016-00278-01 (3018-2017).
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3.6. Conclusión
56. A partir del estudio de la normativa que regula la pensión gracia, de los
precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado y acorde con la valoración en
conjunto de los hechos probados en el proceso, según los principios de la sana crítica,
se concluye que la señora Bedis Esther Amara de Martínez sí tiene derecho al
reconocimiento de la pensión porque fue docente nacionalizada, nombrada por el
gobernador del departamento del Cesar, vinculada antes del 31 de diciembre de 1980
y en esa calidad acreditó más de 20 años de servicios.
4. Costas
57. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 37 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer
dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las
anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar
el 29 de abril de 2021, que accedió a las pretensiones de la demanda, presentada por
Bedis Esther Amara de Martínez contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).
SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia.
37 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye la
aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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Demandante: Bedis Esther Amara de Martínez
Demandado: UGPP
TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
NJCC/HGM
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