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Consejo de Estado · Sentencia

Sentencia del Consejo de Estado, radicado 20001-23-39-000-2017-00498-01

Improcedencia de la acción de tutela contra dictamen de calificación de invalidez

Fecha
30 de enero de 2018
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, radicado 20001-23-39-000-2017-00498-01

Consejo de Estado

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de 27 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que rechazó por improcedente la acción de tutela presentada por el señor Hernando Germán Fajardo Gutiérrez contra la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la Junta Regional de Calificación de Invalidez y ARL Sura, de conformidad con la parte motiva de esta providencia SEGUNDO.- LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. TERCERO.- En acatamiento a las disposiciones del artículo 32 ibídem, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en Sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Radicado 20001-23-39-000-2017-00498-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez

30 de enero de 2018

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DICTAMEN DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ / INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD - Existencia de otro mecanismo de defensa en vía administrativa / INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE INMEDIATEZ

[El problema jurídico] (…) está encaminado a establecer, si la acción de tutela es procedente para cuestionar la legalidad de los actos administrativos, y solo de superar en anterior derrotero, determinar si se configuró la vulneración de los derechos al debido proceso, defensa y presunción de buena fe invocados por el actor. (…) El [accionante] presentó la acción de tutela de la referencia, con el fin de que, en amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, vida digna y la seguridad social, se deje sin efecto el dictamen de expedido el 2979 del 24 de septiembre de 2012, por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, y en su lugar, se le ordene la realización de una nueva contando con su comparecencia. (…) [S]i lo pretendido es modificar su porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral, dado el desmejoramiento del estado de salud que el actor asegura viene padeciendo, lo correcto es que sea nuevamente valorado por las mencionadas autoridades, pues no se puede desconocer que ello es procedente de conformidad con las disposiciones del artículo 7 de la Ley 797 de 2002 (…) Es decir, el actor aún cuenta con mecanismos de defensa en vía administrativa de los cuales puede hacer uso para que le sean definidas sus pretensiones, pues, de conformidad con las pruebas obrantes que acreditan la evolución de sus padecimientos médicos, para la Sala no hay duda en que la situación médico laboral del actor aún no ha sido calificada de manera definitiva dada la progresividad de sus lesiones. Dicho ello, entonces no es acertada la afirmación del actor de que ya no puede acudir al juez ordinario, pues se recuerda, ello es posible cuando exista el dictamen definitivo, es decir, llegado el momento podrá acudir ante este. (…) [E]n lo que respecta al principio general de procedencia de la acción de tutela de la inmediatez, la Sala encuentra que el mismo no se satisface, pues se recuerda que el único dictamen que se cuestiona es el 2979 de 24 de septiembre de 2012, proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, y la acción de tutela se presentó el 23 de octubre de 2017, es decir, cinco (5) años después de que se configurara la supuesta vulneración que hoy se alega, sin que se expusiera motivo alguno justifique dicha mora. (…) De conformidad con todo lo expuesto, la Sala confirmará la decisión del a quo que rechazó por improcedente la acción de tutela (…) en tanto no superó los requisitos generales de procedencia de la inmediatez y la subsidiariedad (…).

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 20001-23-39-000-2017-00498-01(AC)

Actor: HERNANDO GERMÁN FAJARDO GUTIÉRREZ

Demandado: JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIONES DE INVALIDEZ Y OTROS

La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Hernando Germán Fajardo Gutiérrez contra la sentencia de 27 de octubre de 2017, a través de la cual el Tribunal Administrativo del Cesar rechazó por improcedente la acción de tutela por él presentada contra la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la Junta Regional de Calificación del Cesar y la ARL Sura, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la vida digna, igualdad y debido proceso.

ANTECEDENTES

1.1. Escrito de tutela.

Para una mejor comprensión del asunto, la Sala se permite delimitar de la siguiente forma los supuestos fácticos y jurídicos planteados en el escrito de tutela:

El señor Hernando Germán Fajardo Gutiérrez señaló que inició relación laboral con el Consorcio Minero Unido SA, en la jagua de Ibirico, el 1.° de mayo de 2007, momento para el cual presentaba excelentes condiciones de salud; no obstante, el 18 de septiembre de 2009, durante el desarrollo de sus funciones sufrió un accidente de trabajo, siendo así calificado por la ARL SURA consecuencia de un trauma cervical, el 29 de marzo de 2011.

Informó que impugnó la anterior decisión ante la Junta Seccional de Invalidez del Cesar, quien emitió el dictamen 2979 del 24 de septiembre de 2012, donde se le calificó una pérdida de la capacidad laboral del 5.95%, con fecha de estructuración de 22 de febrero de 2011, por la patología de trauma cervical «POR LA RESTRICCIÓN DEL MOVIMIENTO DE COLUMNA CERVICAL, ORIGEN ACCIDENTE DE TRABAJO». Advirtió que en esta oportunidad no se le citó a la respectiva audiencia, vulnerando su derecho a la defensa.

Señaló, en relación con la actuación de ARL SURA, que esta se adelantó a través de su apoderado, el señor Manuel Mauricio Ortega Arciniegas, quien posiblemente no contaba con poder y por lo mismo, se está frente a una ilegalidad que sigue vulnerando sus derechos fundamentales.

Respecto de los mencionados dictámenes, advirtió que «no corresponden a la realidad, pues en su concepto su capacidad laboral se ha visto disminuida en un 70 u 80%, debido a que su locomoción está limitada pues para ello depende todo el tiempo de las muletas, no puede permanecer más de 20 minutos de pie y asegura que su fuerza de trabajo con sus pies y brazos los cuales son los que soportan actualmente su cuerpo, (sic) que no asistí a la audiencia ante la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, quien no le realizó ningún examen físico, lo que considera que vulnera sus derechos fundamentales […]».

Manifestó acerca de un nuevo dictamen emitido por la Junta Seccional de Invalidez del Cesar, identificado con el No. 3929 del 26 de enero de 2014, siendo calificado con «TRAUMATISMO DE ESTRUCTURAS MÚLTIPLES DE RODILLAS ORIGEN ACCIDENTE DE TRABAJO, CON P.C.L. 10.55%»; y que contra dicha decisión, la ARL SURA interpuso recurso de apelación del cual conoció la Junta Nacional de Invalidez, quien confirmó el dictamen controvertido, contando con su asistencia a la respectiva audiencia, en respeto a su derecho al debido proceso, contrario a lo sucedido en la primera oportunidad.

Finalmente, expuso que su salud ha empeorado drásticamente al padecer patologías progresivas, por lo cual procede la revisión del dictamen ya emitido, en los términos del artículo 7.° de la Ley 776 de 2002.

1.2. Pretensiones

De acuerdo con los hechos expuestos, el señor Hernando Germán Fajardo Gutiérrez solicitó:

«1. […] CONCEDERME COMO MEDIDA TRANSITORIA, la protección de mis derechos CONSTITUCIONALES FUNDAMENTALES, A LA VIDA DIGNA, EL TRATAMIENTO INTEGRAL QUE PADEZCO SE LE ORDENE A LA ARL SURA EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA PATOLOGÍA TRASTORNO DE DISCO CERVICAL NO ESPECIFICADO CON RADICULOPATIA Y TRAUMATISMO DE ESTRUCTURA MÚLTIPLES DE LA RODILLA SE ORDENE LA ARTROSCOPIA DE LA RODILLA, […]EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, VULNERADOS POR LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE TRAUMA CERVICAL , QUE CAMBIÓ POR OTRA DIFERENTE, TRASTORNO DE DISCO CERVICAL NO ESPECIFICADO CON RADICULOPATIA […]

2. […] DEJAR SIN EFECTOS el dictamen No. 2979 DEL 24/09/2012, proferido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que modifico la patología TRAUMA CERVICAL POR OTROS TRASTORNOS DE DISCO CERVICXAL CON RADICULOPATIA, Del dictamen No. 2979 En consecuencia, ORDENAR A LA JUNTA NACIONAL SALA DOS DE INVALIDEZ DE BOGOTÁ que dentro del término de quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de la presente sentencia, inicie el procedimiento de calificación de la pérdida de capacidad laboral del señor HERNANDO GERMAN FAJARDO GUTIÉRREZ, y proceda a CITARLO, VALORARLO CON ACOMPAÑANTE, PARA expedir nuevo dictamen de calificación, en el cual se evalué las incapacidades y demás pruebas, […]» (sic a todo el texto)

1.3. Trámite de instancia

Mediante auto de 24 de octubre de 2017, se admitió la acción de tutela de la referencia, por lo que ordenó la notificación de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar y la ARL SURA, en calidad de demandados, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 y concordantes del Decreto 2591 de 1991.

1.4. Informes rendidos

1.4.1. Seguros de Riegos Laborales Suramericana SA.

La entidad accionada, a través de memorial de 26 de octubre de 2017, solicitó que se deniegue por improcedente la acción de tutela impetrada por el señor Hernando Germán Fajardo Gutiérrez, para ello, informó respecto de su situación médico laboral que éste estuvo afiliado a la ARL SURA del 1.° de julio de 2007 hasta el 14 de junio de 2015, por parte del empleador Consorcio Minero Unido SA.; quien, el 18 de septiembre de 2009, sufrió un accidente de trabajo con trauma cervical leve, sin secuelas, según dictamen de 23 de enero de 2013, realizado por la Junta Nacional de Invalidez, en el que se determinó 0% de perdida de la capacidad laboral por dicho concepto.

Ante la inconformidad del actor frente a dicho dictamen, advirtió que el mismo actualmente se encuentra en firme, y contra el solo procede la demanda ordinaria ante la jurisdicción ordinaria laboral.

Adicionalmente señaló que el «señor Fajardo presenta patologías de origen común que no guardan relación con los accidentes de trabajo descritos, y sobre las cuales se pronunció la Junta Regional De Calificación del Cesar con dictamen del 12 de agosto de 2014 calificándolas como de origen COMÚN con una pérdida de capacidad laboral de 40.47%»; por lo cual, «las atenciones que requiera para el manejo de las patologías de origen común, incluida la PATOLOGÍA CERVICAL, deben ser asumidas por la […] EPS y/o AFP según corresponda».

Finalmente, adujo que existe temeridad y cosa juzgada frente a las pretensiones de amparo expuestas, teniendo en cuenta que con ocasión de la acción de tutela impetrada en oportunidad anterior por el hoy accionante ante el Juzgado Tercero Civil Municipal de Valledupar, dicho despacho mediante sentencia de 30 de julio de 2015, le amparó el derecho a la vida y a la salud y ordenó al gerente de la ARL SURA, «atención integral» respecto de la patología que lo aqueja y que dio origen ese trámite constitucional.

1.5. Sentencia impugnada.

El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia de 27 de octubre de 2017, rechazó por improcedente la acción de tutela de la referencia, al considerar que no se respetó el principio general de la inmediatez para acudir ante juez de tutela, toda vez que el actor lo hizo más de dos (2) años después de habérsele comunicado el dictamen respecto del cual manifiesta inconformismo, lo cual ocurrió el 24 de abril de 2015.

Además, señaló que no se avizoró la ocurrencia de circunstancia alguna que le impidiera al señor Fajardo Gutiérrez ejercer oportunamente la presente acción de tutela.

1.6. Escrito de impugnación.

El señor Hernando Germán Fajardo Gutiérrez, mediante escrito de 1.° de noviembre de 2017, presentó impugnación contra la decisión del a quo, insistiendo en los mismos argumentos expuestos en el escrito de tutela; pero además, advirtió que desde la expedición del dictamen de 24 de septiembre de 2012, a la fecha han transcurrido más de cinco años, por lo que no es posible acudir ante el Juez ordinario.

II. CONSIDERACIONES

Con el fin de resolver la presente acción de tutela, en esta providencia se tratarán los siguientes aspectos: competencia, problema jurídico, procedencia de la acción contra actos administrativos relacionados con prestaciones sociales y solución al caso concreto.
Competencia:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto estipula que “Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente”, esta Sala es competente para conocer la impugnación interpuesta contra el fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar, el 27 de octubre de 2017.

Problema Jurídico.

De conformidad con la situación fáctica expuesta por la parte actora se observa que son dos los problemas jurídicos a resolver, el primero, está encaminado a establecer, si la acción de tutela es procedente para cuestionar la legalidad de los actos administrativos, y solo de superar en anterior derrotero, determinar si se configuró la vulneración de los derechos al debido proceso, defensa y presunción de buena fe invocados por el actor.

Procedencia de la acción de tutela.

El artículo 86 constitucional señala que: “Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, dispone las causales de improcedencia de la solicitud de amparo:

“(…) 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus.

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.

4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto. (…)”

Como se observa, la acción de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, es decir, no es un mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

Lo anterior, no quiere decir que el Juez Constitucional al momento de decidir acerca de la procedencia de la tutela, se limite a determinar la existencia o no de otros mecanismos de defensa judicial frente a la situación planteada, sino que debe establecer las necesidades y circunstancias propias de cada caso, pues no se debe olvidar que la acción de tutela puede interponerse como mecanismo definitivo o transitorio.

Debe entenderse como mecanismo definitivo, cuando frente a la situación fáctica planteada, el actor no cuenta con otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos, eficientes y eficaces frente a la problemática presentada, por lo que se hace necesaria una solución definitiva por parte del Juez. Por el contrario, se entiende la necesidad de hacer uso de la acción de tutela como mecanismo transitorio, cuando pese a que existen acciones ordinarias aptas para proveer una solución definitiva a la situación del usuario, las mismas no resultan suficientes para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.

Procedencia excepcional de la tutela en contra de dictámenes expedidos por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez o por las regionales.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo judicial para la defensa de los derechos fundamentales, de carácter subsidiario. La subsidiariedad significa que la acción procede únicamente en alguna de las siguientes hipótesis: cuando no existen mecanismos judiciales de defensa para proteger un derecho constitucional; cuando existen esos medios de defensa pero, en el marco del caso concreto, no resultan idóneos o eficaces para conjurar la amenaza o violación del derecho; o, cuando la acción se interpone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio ius fundamental irremediable.

En cuanto a la procedencia de la acción de tutela respecto de dictámenes de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la Corte ha señalado que la misma es procedente de manera excepcional, ante el desconocimiento de ciertas reglas jurisprudenciales. Más exactamente señaló:

«En relación con la procedencia de la acción de tutela para controvertir dictámenes de calificación de invalidez, esta Corporación ha señalado que la misma es excepcional, y su procedibilidad se sujeta a las siguientes reglas jurisprudenciales: procede el amparo como i) mecanismo definitivo, cuando el medio ordinario dispuesto para resolver las controversias, no es idóneo y eficaz, conforme a las especiales circunstancias del caso que se estudia; ii) Procede la tutela como mecanismo transitorio: ante la existencia de un medio judicial que no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, conforme a la especial situación del peticionario. Además, iii) Cuando la acción de tutela es promovida por personas que requieren especial protección constitucional, como los niños, mujeres cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, entre otros, el examen de procedibilidad de la acción de tutela se hace menos estricto, a través de criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos.»

En pronunciamiento más reciente, igualmente reiteró:

«Esta Corporación al desarrollar las normas mencionadas anteriormente ha establecido cuatro reglas, las cuales deben ser observadas por las Juntas de Calificación al momento de expedir los dictámenes de pérdida de la capacidad laboral. La primera regla establece que el trámite de calificación sólo puede adelantarse una vez se haya terminado la rehabilitación integral y el tratamiento o se compruebe la imposibilidad de realizarlo. El segundo parámetro establece que la valoración para determinar el estado de salud de la persona sea completa e integral; lo anterior implica el deber de las juntas de realizar un examen físico y el estudio de la historia clínica del paciente. La tercera regla señala que si bien los dictámenes de pérdida de la capacidad laboral no son considerados actos administrativos, los mismos deben estar debidamente motivados; esto implica que el dictamen debe contener los fundamentos de hecho y de derecho. La última regla supone un respeto por el derecho de defensa y contradicción de los interesados, de tal manera que se les brinde la posibilidad de controvertir todos los aspectos relacionados con el dictamen.»

Adicionalmente debe resaltarse que, de conformidad con Jurisprudencia de la Corte Constitucional, en eventos en los cuales el amparo de los derechos recae sobre personas de especial protección por parte del ordenamiento jurídico o sobre los que se encuentren en condición de debilidad manifiesta, el análisis de procedencia de la acción se flexibiliza. Al respecto, en la sentencia T-112 de 2011, se afirmó:

«[…] 10.- Del mismo modo, el operador judicial debe examinar la situación fáctica que rodea el asunto sometido a su conocimiento, y las particularidades de quien reclama el amparo constitucional, pues, si se trata de sujetos de especial protección constitucional (personas de la tercera edad o en condición de discapacidad, etc.) o de personas que se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta, el análisis de procedibilidad se flexibiliza haciéndose menos exigente.

Al respecto, el Tribunal Constitucional en sentencia T-651 de 2009 expresó:

“En relación con este requisito, de manera reiterada, la Corte ha considerado que la condición de sujeto de especial protección constitucional -especialmente en el caso de las personas de la tercera edad (Art. 46 C.P.), los discapacitados (Art. 47 C.P.) y las mujeres cabeza de familia (Art. 43 C.P.)-, así como la circunstancia de debilidad manifiesta en la que se encuentre el accionante, permiten presumir que los medios ordinarios de defensa judicial no son idóneos. En este sentido, en reciente jurisprudencia, esta Corporación precisó que “en concordancia con el carácter fundamental del derecho a la seguridad social, se debe indicar que la condición de sujeto de especial protección constitucional refuerza la necesidad de conceder la protección invocada de manera definitiva y de ordenar las medidas requeridas para la efectividad del derecho […]».

En cuanto al requisito de la inmediatez la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporación, para que la acción de tutela proceda el actor debe cumplir, entre otras cosas, con la cláusula formal de la inmediatez, es decir, que debe haberla presentado en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la supuesta vulneración del derecho fundamental.

Frente a casos como el que nos ocupa, en cuanto al requisito de la inmediatez, la Corte advirtió que si bien dicho requisito debe satisfacerse, no se puede pasar por alto que su estudio debe flexibilizarse de acuerdo a las particularidades de cada caso. Al respecto dijo:

«[…]Tercera. Sobre el supuesto incumplimiento del criterio de inmediatez

[…]

3.2. Conforme a la jurisprudencia de esta corporación, con el denominado requisito de inmediatez se hace referencia a la carga que tienen los accionantes de interponer la tutela dentro de un plazo razonable y proporcionado, a partir del evento generador de la supuesta amenaza o vulneración a sus derechos fundamentales, pues no obrar congruentemente determina su improcedencia.

Según la jurisprudencia constitucional, a partir de una interpretación del artículo 86 de la Constitución Política HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/T-056-14.htm" \l "_ftn2" , la acción de tutela puede ser interpuesta “en todo momento”, y está libre de mandatos que involucren un término de caducidad. De allí que la ausencia de este plazo implique que el juez no pueda simplemente rechazarla en la etapa de admisión con fundamento en el paso del tiempo.

3.3. Sin embargo, la ausencia de un término de caducidad no significa que la acción no deba interponerse en una plazo razonable desde el inicio de la amenaza o vulneración, pues de acuerdo con la misma disposición constitucional, es un mecanismo para reclamar “la protección inmediata” de garantías fundamentales.

Precisamente, la finalidad de la tutela como vía judicial de protección inmediata y expedita de derechos fundamentales, demanda del juez constitucional la verificación del tiempo transcurrido entre el hecho generador de la solicitud y la petición de amparo, pues un lapso irrazonable puede llegar a revelar que la protección que se reclama no se requiere con prontitud, y por tal virtud, alterar el carácter preferente y sumario para el que está reservado la acción.

Asimismo, la exigencia de inmediatez responde a necesidades adicionales. “En primer lugar, proteger derechos de terceros que pueden verse vulnerados por una tutela ejercida en un plazo irrazonable, caso en el que “se rompe la congruencia entre el medio de protección y la finalidad que se busca: la protección integral y eficaz de los derechos fundamentales de las personas”. En segundo lugar, impedir que el amparo “se convierta en factor de inseguridad [jurídica]”. En tercer lugar, evitar “el uso de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia” en la agencia de los derechos”.

3.4. Ahora bien, no existe una definición fija, cuantificada en semanas o meses, de la razonabilidad y proporcionalidad en el tiempo de presentación de la acción de tutela. Por este motivo, es deber del juez analizar, en cada caso particular, si la solicitud de amparo fue presentada o no dentro de un término comprensible, de tal suerte que pueda llegar a inferirse la ausencia de inmediatez, siendo factible que, surtido el análisis de los hechos, el funcionario llegue a la conclusión de que una acción de tutela, que en principio parecía carente de inmediatez por haber transcurrido un tiempo considerable, en realidad resulte procedente debido a las particulares circunstancias que rodean el asunto. […]» (Subrayado por la Sala)

Solución al Caso Concreto.

El señor Hernando Germán Fajardo Gutiérrez presentó la acción de tutela de la referencia, con el fin de que, en amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, vida digna y la seguridad social, se deje sin efecto el dictamen de expedido el 2979 del 24 de septiembre de 2012, por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, y en su lugar, se le ordene la realización de una nueva contando con su comparecencia.

Previo a decidir, se hace necesario esclarecer la situación fáctica del accionante, de conformidad con las pruebas aportadas al expediente, toda vez que la misma discrepa entre la narrada en el escrito inicial y el decir de la ARL SURA, así:

• Mediante oficio CE2011510014061510078495 de 29 de marzo de 2011, la ARP SURA informa al accionante que «MEDICINA LABORAL ARP realizó la calificación de secuelas por ACCIDENTE DE TRABAJO ocurrido el 18 de septiembre de 2009 y establecido que no hay lugar al pago de la indemnización»; toda vez que, «su incapacidad Permanente Parcial es inferior al 5%». Asimismo, se le dictaminó el 0% de la pérdida de la capacidad laboral.

• Calificación de secuelas – dictamen médico laboral de 22 de febrero de 2011, realizado por la ARL SURA, de la cual se extrae que el señor Fajardo Gutiérrez, trabajador de la empresa Consorcio Minero Unido SA, sufrió un accidente de trabajo el 18 de septiembre de 2000, respecto del cual se le diagnosticó «trauma cervical» y como conducta se estableció: «PACIENTE CON PATOLOGÍA DEGENERATIVA DE COLUMNA DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS DE LOS PARACLÍNICOS REALIZADOS NO SECUNDARIA AL ACCIDENTE DE TRABAJO. NO HAY SECUELAS INDEMNIZABLES POR EL ACCIDENTE DE TRABAJO».

• Contra la anterior decisión el actor interpuso recurso de apelación, el cual fue desatado por la Junta Regional de Invalidez del Cesar, mediante dictamen 2979 de 24 de septiembre de 2012, modificando la decisión de primera instancia, en el sentido de calificar «restricción moderada a los movimientos de columna cervical lo que le produce una P.C.L. de 5.95% de origen ACCIDENTE DE TRABAJO y fecha de estructuración 22 de febrero del 2011». Se observa que el diagnóstico a tener en cuenta fue «TRASTORNO DE DISCO CERVICAL – NO ESPECIFICADO».

• La Junta Nacional de Calificación de Invalidez, al realizar una segunda revisión del caso del señor Hernando Fajardo Gutiérrez, emitió el dictamen de 23 de enero de 2013, del que se extrae que el diagnostico por el cual fue calificado corresponde a «TRASTORNO DE DISCO CERVICAL – NO ESPECIFICADO» y que con este, decide modificar el dictamen 2979 de 24 de septiembre de 2012, emitido por la Junta Regional del Cesar, en el sentido de determinar 0% de deficiencia, 0% de discapacidad y 0% de minusvalía.

En cuanto a la no valoración de paciente para adoptar el respectivo dictamen, señaló que «Analizada la totalidad del acervo probatorio obrante en el expediente, se estableció que en el presente caso no es necesario citar a valoración al paciente, ya que existe suficiente documentación técnica y legal que permite resolver de fondo el recurso de apelación interpuesto y aceptado por la Junta Regional de Calificación, siendo innecesario realizar la evaluación personal del paciente de conformidad con el artículo 13° numeral 5° y artículo 28 del decreto 2463 de 2001.»

• Mediante dictamen (no es preciso el número) de 23 de abril de 2015, la Junta Nacional de Calificación de invalidez, una vez revisado nuevamente el caso del accionante, señaló:

«[….] La Administradora de Riesgos Laborales aceptó que la contusión de la rótula era secundaria al Accidente de Trabajo, pero objetó la lesión meniscal.
La Junta Regional de Calificación califico el Diagnóstico Traumatismo de estructuras múltiples de la rodilla con una Pérdida de Capacidad Laboral 10.55% Origen: Accidente de trabajo Fecha de estructuración: 13-06-2012, aclarando en su ponencia que les Diagnosticó Contusión de rodilla derecha, fractura lineal oblicua de rótula y ruptura de menisco externo son secuelas del accidente de Trabajo de 13 de Junio de 2012.
La ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES SURA interpone apelación.
Una vez analizado el mecanismo del trauma se encuentra que la Pérdida de Capacidad Laboral es acorde a las secuelas documentadas en la historia y confirmadas en el examen clínico.

Se aclara que a (sic) ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES deberá continuar el tratamiento para las lesiones derivadas del accidente de Trabajo y realizar una posterior recalificación cuando finalice la rehabilitación.

En virtud de lo expuesto se decide CONFIRMAR el dictamen 929 de 226-01-2014 emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, con el siguiente resultas do:

Diagnóstico:
Traumatismo de estructuras múltiples de la rodilla.

DEFICIENCIAS: 5.00%
DISCAPACIDADES: 0.80%
MINUSVALÍAS: 4.75%
TOTAL: 10.55%

Origen: Accidente de Trabajo.

Fecha de estructuras 10.55%»

• Escrito de desacato presentado, el 23 de octubre de 2017, ante el Juzgado Tercero Civil Municipal de Valledupar, dirigido al radicado 2015-00582-00, con el fin de obtener el cumplimiento de la orden de amparo a la salud y vida digna del señor Hernando Fajardo Gutiérrez, con ocasión de la acción de tutela por él presentada en contra de la ARL SURA.

• Historia clínica, documentos médicos y resultados de exámenes diagnósticos que dan cuenta de los padecimientos médicos sufridos por el accionante relacionados con su rodilla, menisco, ligamentos y otros, de su pierna derecha, de los años 2016 y 2017.

• Estado de cuenta de Seguros de Riesgos Laborales Suramericana SA, respecto de todos los conceptos médicos facturados en favor del señor Hernando Germán Fajardo Gutiérrez, los cuales datan del año de 2003, 2007 y del 2009 en adelante.

De conformidad con lo advertido en líneas anteriores respecto a la situación fáctico –médica del actor, no existe duda en el accidente de trabajó sufrido lo cual le ha traído diferentes secuelas en su estado de salud, siendo estas revisadas en diferentes oportunidades por parte de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y por la Regional del Cesar; lo que da cuenta de que sus lesiones han sido de carácter progresivo y, según su dicho (del accionante) las mismas siguen empeorando cada vez más.

En cuanto a las pretensiones que motivaron la presente acción de tutela, esto es, i) dejar sin efecto el dictamen 2979 de 24 de septiembre de 2012, proferido por la Junta Nacional de Invalidez y, ii) obtener la prestación del servicio médico integral para atender las lesiones que padece, la Sala observa que:

En lo que respecta a dejar sin efecto el dictamen 2979 de 24 de septiembre de 2012, llama la atención el hecho que, una vez revisadas las pruebas obrantes en el expediente, contrario al decir de la parte actora, se observa que el mismo no fue expedido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, sino por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, cosa distinta es, que el mismo fue revisado por parte de la primera de las mencionadas.

No obstante lo anterior, se advierte, tal como lo expuso el a quo, que frente a tal pretensión la acción de tutela se torna improcedente en tanto no se superaron los requisitos generales de procedencia de la inmediatez y la subsidiariedad. En cuanto al primero, se advierte que el dictamen acusado data del 24 de septiembre de 2012, y la fecha de interposición de la acción de tutela de la referencia data del 23 de octubre de 2017, es decir, han transcurrido más de cinco (5) años desde el momento en que se causó la supuesta vulneración, sin que se justifique dicha demora.

Ahora, si bien podría resaltarse que la condición médica del señor Fajardo Gutiérrez ha venido empeorando con el tiempo, cuyo origen se circunscribe al accidente de trabajo sufrido el 28 de septiembre de 2009, como ha sido debidamente reconocido por la ARL SURA, se advierte que, posterior a la fecha de expedición del dictamen cuestionado 2979 de 24 de septiembre de 2012, éste ha sido valorado nuevamente tanto por la Junta Regional como por la nacional. Razón por la cual, si lo pretendido es modificar su porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral, dado el desmejoramiento del estado de salud que el actor asegura viene padeciendo, lo correcto es que sea nuevamente valorado por las mencionadas autoridades, pues no se puede desconocer que ello es procedente de conformidad con las disposiciones del artículo 7 de la Ley 797 de 2002, que señala:

«ARTÍCULO 7o. MONTO DE LA INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL. Todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales a quien se le defina una incapacidad permanente parcial, tendrá derecho a que se le reconozca una indemnización en proporción al daño sufrido, a cargo de la entidad administradora de riesgos profesionales, en una suma no inferior a dos (2) salarios base de liquidación, ni superior a veinticuatro (24) veces su salario base de liquidación.
En aquellas patologías que sean de carácter progresivo, se podrá volver a calificar y modificar el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral. En estos casos, la Administradora sólo estará obligada a reconocer el mayor valor resultante de restarle al monto de la nueva indemnización el valor previamente reconocido actualizado por IPC, desde el momento del pago hasta la fecha en la que se efectúe el nuevo pago […]» (Subrayado por la Sala)

Es decir, el actor aún cuenta con mecanismos de defensa en vía administrativa de los cuales puede hacer uso para que le sean definidas sus pretensiones, pues, de conformidad con las pruebas obrantes que acreditan la evolución de sus padecimientos médicos, para la Sala no hay duda en que la situación médico laboral del actor aún no ha sido calificada de manera definitiva dada la progresividad de sus lesiones. Dicho ello, entonces no es acertada la afirmación del actor de que ya no puede acudir al juez ordinario, pues se recuerda, ello es posible cuando exista el dictamen definitivo, es decir, llegado el momento podrá acudir ante este.

Por otra parte, en lo que respecta al principio general de procedencia de la acción de tutela de la inmediatez, la Sala encuentra que el mismo no se satisface, pues se recuerda que el único dictamen que se cuestiona es el 2979 de 24 de septiembre de 2012, proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, y la acción de tutela se presentó el 23 de octubre de 2017, es decir, cinco (5) años después de que se configurara la supuesta vulneración que hoy se alega, sin que se expusiera motivo alguno justifique dicha mora.

Sin perjuicio de lo anterior, si en gracia de discusión se revisara la presunta vulneración del derecho al debido proceso alegado por el accionante, en tanto no se le citó a la realización del dictamen realizado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, entendiendo la Sala que se refiere al de 23 de enero de 2013, dicha autoridad al respecto señaló:

«Analizada la totalidad del acerco probatorio obrante en el expediente, se estableció que en el presente caso no es necesario citar a valoración al paciente, ya que existe suficiente documentación técnica y legal que permite resolver de fondo el recurso de Apelación interpuesto y aceptado por la Junta Regional de Calificación, siendo innecesario realizar la evaluación personal del paciente de conformidad con el artículo 13° numeral 5° y artículo 28° del decreto 2463 de 2001.»

Es decir, la decisión de no citar al señor Hernando Germán Fajardo Gutiérrez no fue un desconocimiento de su derecho al debido proceso, sino una decisión dentro del margen de libre interpretación que tiene la Junta, en donde consideró la innecesario valorarlo, actuación debidamente respaldada en la normatividad aplicable al caso; cosa distinta es, que el actor presente desacuerdo frente a ello.

Ahora, en lo que respecta a la pretensión de prestación de servicio médico en favor de señor Hernando Germán Fajardo Gutiérrez, frente a las patologías originadas en el accidente de trabajo sufrido el 19 de septiembre de 2009, tal como lo consideró el a quo, la misma no será objeto de estudio toda vez que el Juzgado Tercero Civil Municipal de Valledupar, dentro del expediente de tutela 2015-00582, emitió orden de amparo en dicho sentido.

De conformidad con todo lo expuesto, la Sala confirmará la decisión del a quo que rechazó por improcedente la acción de tutela presentada por el señor Hernando Germán Fajardo Gutiérrez contra la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la Junta Regional de Calificación de Invalidez y la ARL Sura, en tanto no superó los requisitos generales de procedencia de la inmediatez y la subsidiariedad, establecidos para realizar un análisis de fondo del asunto planteado, de conformidad con en el Decreto 2591 de 1991 y ampliamente desarrollado por la jurisprudencia de esta Corporación, al igual que los pronunciamientos de la Corte Constitucional, como quedó expuesto.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de 27 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que rechazó por improcedente la acción de tutela presentada por el señor Hernando Germán Fajardo Gutiérrez contra la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la Junta Regional de Calificación de Invalidez y ARL Sura, de conformidad con la parte motiva de esta providencia

SEGUNDO.- LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

TERCERO.- En acatamiento a las disposiciones del artículo 32 ibídem, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en Sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
El expediente ingresó al Despacho el 11 de diciembre de 2017, de conformidad con el informe de Secretaría General obrante a folio 150.
Ff. 1 a 10.
Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales.
Ff. 47 y 48.
Ff. 58 a 106.
Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121 de 2003.
Ver sentencia SU-961 de 1999.
Corte Constitucional, Sentencia T-713 de 2014, M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado.
Corte Constitucional, Sentencia T-093 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
Como es el caso de quienes se encuentran en la tercera edad o poseen una disminución en sus capacidades físicas e intelectuales, entre otros.
Sobre este tema ver, entre otras, la Sentencia T-1316 de 2001.
Sobre el particular puede consultarse las sentencias T-702 de 2008, T-681 de 2008 y T-607 de 2007.
En este sentido, pueden consultarse las sentencias T-526 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño; T-016 de 2006, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-692 de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño; T-905 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-1084 de 2006, M. P. Álvaro Tafur Galvis; T-1009 de 2006, M. P. Clara Inés Vargas Hernández; T-792 de 2007, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-825 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-243 de 2008, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-594 de 2008, M. P. Jaime Córdoba Triviño; T-189 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-299 de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo; T-265 de 2009, M. P. Humberto Sierra Porto; T-691 de 2009, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio; T-883 de 2009, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-328 de 2010, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio; entre muchas otras.
En la sentencia SU- 961 de 1999, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, puede leerse la interpretación completa de la Corte al respecto.
Sobre el tema, puede consultarse la sentencia C-543 de 1992, M. P. José Gregorio Hernández Galindo, que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, pertinentes en el tema de la caducidad de la acción de tutela.
“Sentencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-692 de 2006, T-1009 de 2006, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, entre otras”
Sentencia T-1028 de diciembre 10 de 2010, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
F. 11.
Ff. 14 a 16.
f. 13
F. 15 a 19.
Ff. 26 a 28.
Ff. 29 a 32.
Ff. 33 a 44.
Ff. 67 a 92.
Por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales.

F. 22.

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