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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2017-00519-01

Fecha
9 de mayo de 2024
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2017-00519-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 24 de abril de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las súplicas de la demanda, con fundamento en las consideraciones esgrimidas en la parte motiva de este fallo. SEGUNDO. – Sin condena en costas en esta instancia judicial, según se dijo en precedencia. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-39-000-2017-00519-01

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

9 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado: 20001-2339-000-2017-00519-01 (3987-2021)
Demandante: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE
VALLEDUPAR - EMDUPAR S.A. E.S.P.
Demandado: Departamento del Cesar
Litisconsorte necesario: Administradora Colombiana de Pensiones
COLPENSIONES
Medio de control: Nulidad Artículo 187 CPACA
Tema: Expedición del acto de reconocimiento de cuota parte
pensional, operó en virtud de la ley, pero no por
acaecimiento del silencio administrativo positivo

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
contra la sentencia del 24 de abril de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo
del Cesar, que negó las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1

1.1. Pretensiones

La empresa de servicios públicos de Valledupar – EMDUPAR S.A. E.S.P.,
mediante apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de nulidad previsto
en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo CPACA, solicitó se declare la nulidad parcial de la Resolución
1
Folios 1-9

No. Interno: 3987-2021
Demandante: Empresa de Servicios Públicos de Valledupar - EMDUPAR S.A. E.S.P
Demandado: Departamento del Cesar vinculado como litisconsorte necesario Colpensiones

00601 del 30 de marzo de 1995 “Por medio de la cual se reconoce y ordena el
pago de una pensión mensual de jubilación”, expedida por el Gobernador del
Departamento del Cesar, acto administrativo que además de reconocerle a la
señora Rosa Esther Márquez su pensión de jubilación, le asignó a EMDUPAR el
pago de una cuota parte pensional. Igualmente solicitó la nulidad de seis
decisiones administrativas proferidas por la entidad territorial demandada, entre
ellas: i) dos cuentas de cobro; ii) dos resoluciones que resolvieron los recursos de
reposición interpuestos contra dichas cuentas; iii) el auto mediante el cual libró
mandamiento de pago en contra de EMDUPAR y, iv) la resolución que ordenó el
embargo de dichas sumas de dinero2.

El Tribunal de primera instancia en el auto admisorio de la demanda proferido el
30 de noviembre de 2017, rechazó de plano las pretensiones de nulidad contra los
anteriores seis actos referidos, por lo que el control de legalidad lo limitó al
examen de legalidad de la Resolución N° 00601 del 30 de marzo de 19953.

En esta providencia el Tribunal Administrativo del Cesar ordenó de manera
oficiosa la vinculación como litisconsorcio necesario a la Administradora
Colombiana de Pensiones Colpensiones, en su calidad de sucesor procesal del
desaparecido Instituto de Seguro Social ISS.

1.2. Los hechos en que se fundamentan las anteriores pretensiones fueron así
relatados por el apoderado de la empresa demandante:

2
i) cuenta de cobro N° LPGH-1587 de 19 de abril de 2016 mediante la cual el departamento del Cesar
solicitó a EMDUPAR S.A. ESP el pago de la suma de $114.827.322,22 por concepto de cuotas partes
pensionales periodo comprendido entre el 01/01/1995 al 31/03/2016; ii) Resolución 002663 del 26 de julio de
2016 mediante la cual la entidad territorial decidió el recurso de reposición interpuesto por EMDUPAR contra
la cuenta de cobro anterior, modificando el valor de la misma y dispuso el pago de $70.951.346 por el periodo
del 01/09/2006 hasta el 09/06/2016 ; iii) cuenta de cobro N° LPGH-2270 de 2 de septiembre de 2016 por la
cual el departamento del Cesar solicitó a EMDUPAR el pago de la suma de $73.494.601 por concepto de
cuota parte pensional; iv) Resolución N° 004789 de 30 de noviembre de 2016 a través de la cual el ente
territorial resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior cuenta de cobro y ordenó pagar a
EMDUPAR S.A. ESP la suma de $49.019.272 por el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2010 al 30
de septiembre de 2013; v) Resolución N° 1284 de 22 de septiembre de 2017 por la cual el departamento del
Cesar libró mandamiento de pago en contra de EMDUPAR por la suma de $49.508.039 y vi) Resolución N°
1322 de 22 de septiembre de 2017 por la cual la entidad territorial ordenó el embargo y retención de los
dineros de EMDUPAR.
3
Folios 51-61
2

No. Interno: 3987-2021
Demandante: Empresa de Servicios Públicos de Valledupar - EMDUPAR S.A. E.S.P
Demandado: Departamento del Cesar vinculado como litisconsorte necesario Colpensiones

La señora Rosa Esther Márquez prestó sus servicios personales a diferentes
entidades del Estado y por cumplir con los requisitos para acceder a su pensión de
jubilación, el 21 de junio de 1994 solicitó tal reconocimiento al departamento del
Cesar por ser la última entidad empleadora.

El día 7 de julio de 1994 la entidad territorial notificó a la demandante, el proyecto
de resolución por medio de la cual reconoció la pensión de jubilación, con el fin de
que la empleadora aceptara u objetara la cuota parte pensional que le había sido
asignada por el periodo laborado por la beneficiaria.

Mediante comunicación del 14 de julio siguiente, la empresa accionante notificó al
departamento del Cesar, la objeción realizada respecto de la pensión de jubilación
por cuanto si bien era cierto que la señora Rosa Márquez sí había laborado al
servicio de la empresa de servicios públicos, igualmente lo era que durante el
mismo lapso ésta la afilió al ISS y cotizó con tal entidad para el riesgo de vejez,
por tanto, correspondía a dicha dependencia efectuar el cubrimiento proporcional
por tal periodo.

En virtud de la anterior objeción realizada por EMDUPAR, el departamento del
Cesar le remitió al ISS copia del proyecto de resolución de reconocimiento de la
pensión de jubilación de la señora Rosa Márquez, para que lo aceptara o realizara
observaciones sobre la cuota parte pensional que le correspondería asumir.

Mediante oficio 0076 del 4 de agosto de 1994 el departamento del Cesar le
comunicó a EMDUPAR, que el ISS no recibió la documentación de pensión para el
reconocimiento de las cuotas partes, por cuanto la empleada laboró para la
empresa entre los años 1979 a 1982, es decir, con anterioridad a la expedición de
la Ley 100 de 1993, motivo por el cual le correspondía a la empresa asumir la
participación de la pensión. Ante esta situación, la entidad territorial solicitó a la
empresa de servicio público, se pronunciara nuevamente sobre el proyecto de
resolución de reconocimiento pensional.
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No. Interno: 3987-2021
Demandante: Empresa de Servicios Públicos de Valledupar - EMDUPAR S.A. E.S.P
Demandado: Departamento del Cesar vinculado como litisconsorte necesario Colpensiones

El 24 de agosto de 1994 la demandante reiteró su oposición al pago de la cuota
pensional, al insistir que le correspondía al ISS comoquiera que la empleada
durante el periodo en que laboró para la empresa actora, siempre estuvo afiliada y
cotizó al ISS, aunado al efecto retrospectivo que dice el profesional del derecho
tiene la Ley 100 de 1993, motivo por el cual le correspondía al liquidado Instituto,
asumir la respectiva cuota pensional.

A pesar de la oposición efectuada por la parte activa, el departamento del Cesar
expidió la Resolución 00601 del 30 de marzo de 1995 (acto acusado) que le
asignó arbitrariamente el pago de una cuota parte pensional4, con fundamento en
la cual la entidad territorial demandada expidió los actos administrativos en sede
del proceso de cobro coactivo.

Refirió el apoderado de la empresa demandante, que no es cierto que respecto de
la consulta de la cuota parte pensional se configuró el silencio administrativo por
parte de EMDUPAR S.A. ESP según lo consignó la entidad territorial demandada
en la Resolución 002663 del 26 de julio de 20165, pues fueron oportunas las
objeciones realizadas por la actora contra el acto administrativo de fijación de
cuota parte pensional.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

En el sentir de la empresa de servicio público demandante, resultaron transgredidas
por los actos administrativos acusados las siguientes disposiciones normativas: el
artículo 29 de la Carta Política; la Ley 1437 de 2011, los decretos 2921 de 1948 y

4
A pesar de que no lo refiere el apoderado de la parte activa en el relato de los hechos, la
Resolución 000601 del 30 de marzo de 1995 reconoció y ordenó pagar la pensión
mensual de jubilación en favor de ROSA ESTHER MÁRQUEZ, por la suma de
$506.712,00 efectiva a partir del 13 de abril de 1994, fijándole como cuota parte a
EMDUPAR la suma de $71.855,00
5
Mediante este acto administrativo se resolvió un recurso de reposición interpuesto por
EMDUPAR contra el oficio N° LPGH 1587 del 19 de abril de 2016 que fijó la cuenta de
cobro a pagar en favor del departamento del Cesar en la suma de $70.951.346,36
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Demandado: Departamento del Cesar vinculado como litisconsorte necesario Colpensiones

1848 de 1969, así como las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988 (no citó ningún artículo
en particular)

A juicio de EMDUPAR S.A. ESP, la Resolución 00601 del 30 de marzo de 1995
expedida por el departamento del Cesar incurrió en vulneración del derecho al
debido proceso de la demandante, pues luego de haberle notificado el proyecto de
resolución que reconocería la pensión de jubilación a la señora Rosa Márquez la
entidad no guardó silencio frente al particular, sino que se opuso a dicha obligación.

De allí que no se configuró la figura del silencio administrativo positivo que opera, si
luego de transcurridos 15 días contados a partir de la notificación del proyecto de
acto administrativo de reconocimiento pensional, no emite concepto la entidad pues
en el sub judice, el día 7 de julio de 1994 el departamento del Cesar le notificó a
EMDUPAR S.A. ESP el proyecto de resolución de la pensión de jubilación de la
señora Rosa Márquez y, la demandante el 14 de julio siguiente le notificó a la
entidad territorial su objeción frente al particular, postura reiterada el 24 de agosto
siguiente al insistir que no tenía obligación alguna, pues la cuota parte pensional le
correspondía asumirla al ISS.

En suma, a juicio de la empresa demandante, la expedición de la Resolución 00601
del 30 de marzo de 1995 vulneró las disposiciones normativas que señalan el trámite
para el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación (no citó a cuáles se
refería), circunstancia que ha permitido que los efectos del acto acusado sean
oponibles a la accionante, no obstante haber objetado la cuota parte pensional que
según el departamento del Cesar le correspondía pagar

Lo anterior, dice la accionante, por cuanto no es posible aceptar que se configuró la
figura del silencio administrativo positivo según lo consignado en la Resolución
002663 del 26 de julio de 2016, pues para invocar este supuesto procesal se debió
adelantar el procedimiento establecido en el CPACA que viabilizara la oponibilidad
de sus efectos y que, al no hacerlo, resultaron transgredidos los artículos 84 y 85
ídem.
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Demandante: Empresa de Servicios Públicos de Valledupar - EMDUPAR S.A. E.S.P
Demandado: Departamento del Cesar vinculado como litisconsorte necesario Colpensiones

2. Contestación de la demanda

2.1. Por parte de la entidad territorial demandada

La apoderada designada por el departamento del Cesar, respecto de los hechos
reconoció algunos como ciertos, otros los negó y frente a otros afirmó que resultaban
ser apreciaciones subjetivas de la empresa demandante. Respecto de las
pretensiones de la demanda solicitó fueran negadas por las siguientes razones6:

La entidad territorial siempre respetó el debido proceso y cumplió el trámite legal,
como entidad llamada a reconocer y pagar la prestación pensional, al acatar el
procedimiento establecido para tal fin como lo era remitir a las entidades
concurrentes en el pago de la prestación, el proyecto de resolución mediante el cual
se concedió la pensión solicitada a efecto de que, en el término de 15 días,
manifestara si aceptaba u objetaba la cuota parte asignada. Para estos efectos
aportó los respectivos documentos que acreditaban tal derecho, procedimiento que
debió ser verificado por la entidad llamada a reconocer la cuota parte.

Señaló que en cuatro oportunidades el departamento del Cesar, le notificó a
EMDUPAR S.A. ESP el proyecto de resolución que reconocería la pensión a la
señora Rosa Márquez y, se le advirtió que dentro del término legal se esperaba su
aceptación u objeción sobre su cuota parte pensional, sin embargo, la accionante
optó por guardar silencio lo que dio lugar a la aplicación del artículo 41 CCA7 y,
procedió a la expedición del acto administrativo acusado.

6
Folios 77-87
7
Artículo 41. Silencio Positivo. Solamente en los casos expresamente previstos en
disposiciones especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva.
Se entiende que los términos para decidir comienzan a contarse a partir del día en que se
inició la actuación.
El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocatoria directa en las condiciones que
señalan los artículos 71, 73 y 74.
6

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Demandado: Departamento del Cesar vinculado como litisconsorte necesario Colpensiones

Afirmó que no existe duda que durante el lapso comprendido entre el 8 de enero de
1979 y el 7 de enero de 1982, la señora Rosa Márquez laboró en EMDUPAR S.A.
ESP, fue afiliada por la empresa al ISS y cotizó para el riesgo de vejez, por lo que el
departamento del Cesar solicitó la pensión de jubilación a dicho Instituto, sin
embargo no fue reconocida por cuanto el tiempo que duró su afiliación al ISS, no
llenó los requisitos para obtener la pensión de vejez sino que cumplió los requisitos
para la pensión de jubilación del artículo 1° de la Ley 33 de 1985.

Por las anteriores razones, al ISS no le correspondía cubrir proporcionalmente el
lapso de tiempo que laboró la señora Rosa Esther Márquez en EMDUPAR S.A.
ESP, sino que le correspondía a esta empresa asumir la cuota parte pensional de
jubilación.

Propuso las siguientes excepciones: i) legalidad del acto administrativo demandado
al ser expedido por autoridad competente en forma regular y ajustado a las normas
superiores y legales; ii) improcedencia de la acción de simple nulidad para atacar un
acto administrativo de carácter particular como lo es la Resolución N° 00601 de 30
de marzo de 1995, pues lo que persigue la empresa actora sería generar el
restablecimiento automático de un derecho subjetivo a su favor, como lo es la
exoneración de la obligación de pago de la cuota pensional que le corresponde de la
pensión de jubilación de la señora Rosa Márquez.

2.2. Por parte del litisconsorte necesario

La Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, vinculada al proceso
en el auto admisorio de la demanda como litisconsorte necesario en caso de
prosperidad de las pretensiones de la demandada, por conducto de su apoderado
judicial se opuso a las súplicas de la demanda, al aducir los siguientes motivos8:

Respecto de los hechos aseveró que algunos eran ciertos y otros no le constaban
pues obedecían a apreciaciones personales del apoderado de la demandante.

8
Folios 192-202
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Demandante: Empresa de Servicios Públicos de Valledupar - EMDUPAR S.A. E.S.P
Demandado: Departamento del Cesar vinculado como litisconsorte necesario Colpensiones

Respecto de las pretensiones de la demanda, indicó que Colpensiones no tiene
conocimiento de las razones de hecho y de derecho que motivaron la expedición de
los actos administrativos enjuiciados, motivo por el cual y en atención a la decisión
adoptada en el auto admisorio de la demanda, los actos acusados corresponden a
actos de ejecución que no son pasibles de control judicial.

Advirtió que consultado el expediente administrativo de la señora Rosa Esther
Márquez, no figura ningún tipo de comunicación remitida por esta entidad acerca del
supuesto proyecto de la resolución que reconoce la pensión, lo que corrobora que el
ISS no recibió la documentación de pensión para el reconocimiento de las cuotas
partes correspondientes a la señora Márquez. En todo caso, la entidad encargada de
hacer el reconocimiento y pago de la prestación, estaba habilitada para hacer el
recobro a los demás entes.

Indicó que en el sub lite, EMDUPAR S.A. ESP no demostró dentro de la oportunidad
legal, que efectivamente ejerció los medios de defensa pertinentes con los que
contaba para objetar el proyecto de liquidación, no obstante, se limitó a mencionar
que era el ISS quien debía tener a su cargo el pago de la mesada pensional, de allí
que su accionar no fue de manera oportuno y eficaz y mal haría el juzgador en
declarar la nulidad del acto acusado, que si bien es cierto se puede solicitar en
cualquier tiempo, no puede desconocer principios como el de seguridad jurídica,
buena fe y confianza legítima en favor del titular del derecho previamente
reconocido.

Propuso las siguientes excepciones: i) inexistencia de las obligaciones reclamadas
pues a la empresa accionante no le asiste razón al solicitar la nulidad del acto
acusado; ii) cobro de lo no debido al no existir sumas que cancelar porque no existe
reconocimiento pensional alguno; iii) compensación pues todo emolumento que haya
sido pagado al demandante debe ser compensado con lo que pueda en un futuro
reconocer en la sentencia; iv) buena fe pues Colpensiones ha actuado en
cumplimiento de la normatividad constitucional y legal y; v) prescripción sin que
implique reconocimiento de las pretensiones de la demanda, pero si de un derecho
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Demandado: Departamento del Cesar vinculado como litisconsorte necesario Colpensiones

que eventualmente se hubiera causado a favor de la demandante extinguido por el
transcurrir del tiempo según el término de tres años señalado en el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968 y vi) la genérica o innominada.

3. La Audiencia Inicial

El día 10 de octubre de 2018 se llevó a cabo en el Tribunal Administrativo del
Cesar, la Audiencia Inicial del artículo 180 CPACA a la que asistieron los
apoderados de las partes en litigio, el de Colpensiones y el delegado del Ministerio
Público9.

Respecto de las seis excepciones propuestas por Colpensiones y las dos
propuestas por el departamento del Cesar, sólo se pronunció respecto de la
excepción de prescripción y la genérica (que no prosperaron), al considerar que
este asunto claramente tiene que ver con el fondo del asunto, por lo que su
análisis sería diferido al momento de emitir el respectivo fallo, al igual que el de la
genérica o innominada.

Señaló como problema jurídico a resolver, determinar si la Resolución N° 00601
del 30 de marzo de 1995 mediante la cual se reconoció la pensión de jubilación a
la señora Rosa Esther Márquez, estuvo ajustada a derecho, al asignarle a
EMDUPAR S.A. ESP el pago de una cuota parte pensional, ya que la beneficiaria
de la prestación social laboró como auditora interna de dicha empresa, entre el 8
de enero de 1979 y el 7 de enero de 1982. Aclaró que el litigio se contrae en
establecer la legalidad de la asignación de la referida cuota parte pensional a
EMDUPAR S.A. ESP, lo que bajo ninguna óptica afectaría el reconocimiento
pensional realizado a favor de la señora Márquez, al tratarse de un asunto que no
es objeto de cuestionamiento en este proceso. Señaló también que, en caso de
accederse a las pretensiones invocadas, se debería analizar si acaeció la
prescripción de las cuotas partes asignadas a la empresa demandante, que no
fueron oportunamente cuestionadas por la gobernación del Cesar.

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Folios 234-243 CD folio 244
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Demandado: Departamento del Cesar vinculado como litisconsorte necesario Colpensiones

El día 5 de febrero de 2019 la primera instancia llevó a cabo Audiencia de Pruebas
del artículo 181 CPACA, en la que se recopilaron las pruebas documentales
requeridas por la parte activa a Colpensiones, por las entidades demandadas y la
prueba de oficio decretada por el Tribunal Administrativo del Cesar10.

4. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia del 24 de abril de 2019,
en su parte resolutiva dispuso dejar en firme la Resolución N° 00601 del 30 de
marzo de 1995 y avaló únicamente el cobro de cuotas partes pensionales
adeudadas por EMDUPAR S.A. ESP, a partir del 10 de agosto de 2013 y hasta el
30 de septiembre de 201611:

La anterior decisión, al considerar que luego de apreciada la prueba documental
que obra en el expediente, encontró acreditado que el 7 de julio de 1994 el
departamento del Cesar allegó oficio ante EMDUPAR S.A ESP, en el que le ponía
de presente el proyecto de resolución mediante el cual se le reconocía una
pensión de jubilación a la señora Rosa Esther Márquez.

Advirtió que de conformidad con lo señalado en el artículo 2° de la Ley 33 de 1985
“Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las cajas de previsión y con
las prestaciones sociales para el sector público”, el proyecto de liquidación será
notificado a los organismos deudores, los que dispondrán del término de quince
(15) días para objetarlo, vencido el cual se entenderá aceptado por ellos.

Indico que en el sub judice, el plazo de 15 días con que contaba EMDUPAR S.A.
ESP para objetar el proyecto de liquidación presentado por el departamento del
Cesar, vencía el 29 de julio de 1994 no obstante, la empresa demandante allegó la

10
Folios 280-282 CD folio 283
11
Folios 303-315
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respuesta al requerimiento formulado el 1° de agosto siguiente, oponiéndose al
mismo extemporáneamente.

El Tribunal de primera instancia consideró sin perjuicio de lo anteriormente
expuesto, que encontró acreditado también que el día 6 de septiembre de 1994 le
fue remitida nuevamente al gerente de EMDUPAR S.A. ESP, la información
relacionada con la prestación social de la señora Rosa Márquez, sin que se
hubiera pronunciado frente al particular.

Por lo expuesto, concluyó que tal y como lo afirmó la entidad territorial demandada
al contestar la demanda, en el sub judice se cumplió con el procedimiento
establecido en la ley antes de proferir la resolución que reconoció la pensión de
jubilación, sin que la ahora accionante hubiera emitido la respuesta requerida en el
plazo señalado, originando la configuración del silencio administrativo positivo y la
expedición de la Resolución 00601 del 30 de marzo de 1995.

En cuanto a la prescripción de las mesadas no cobradas oportunamente, el a quo
afirmó que en vista de que la señora Rosa María Márquez percibe su pensión
desde el año 1995, se constató que el departamento del Cesar en la Resolución
004789 del 30 de noviembre de 2016 ordenó el pago de dicho concepto por el
periodo comprendido entre el 01 de enero de 2010 al 30 de septiembre de 2016,
no obstante, en el plenario únicamente se acreditó que el departamento del Cesar
remitió el 10 de agosto de 2016 cuenta de cobro de cuotas partes pensionales
adeudadas por EMDUPAR S.A. ESP, y posteriormente libró mandamiento de pago
por dichas obligaciones, el 22 de septiembre de 2017.

Por lo anterior, el fallador de primera instancia, declaró la prescripción de las
cuotas partes no pedidas oportunamente, es decir, las generadas a partir del 10
de agosto de 2013 y hasta el 30 de septiembre de 2016, pero negó las
pretensiones de nulidad contra la Resolución 00601 del 30 de marzo de 1995 sin
costas a la demandada.

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5. Fundamentos del recurso de apelación

El apoderado de la empresa EMDUPAR S.A. ESP inconforme con el fallo de la
primera instancia lo impugnó, con fundamento en la reiteración de los mismos
argumentos esgrimidos en el libelo introductorio de la demanda, al cuestionar lo
siguiente12:

El departamento del Cesar al expedir la Resolución N 00601 del 30 de marzo de
1995, vulneró el debido proceso de la demandante pues si bien le notificó el
proyecto de resolución que reconocía la pensión de jubilación a la señora Rosa
Márquez, no es cierto como lo consignó en la Resolución 002663 del 26 de julio de
2016, que se había configurado la figura del silencio administrativo positivo.

Señaló que el Tribunal Administrativo del Cesar erró al no valorar integralmente
las pruebas decretadas e incorporadas al proceso, que demostraron que
EMDUPAR S.A. ESP, mediante oficio del 14 de julio de 1994 se opuso a la
liquidación que le fue comunicada por el departamento del Cesar, al considerar
que la cuota parte pensional que le estaba siendo asignada, debía asumirla el ISS
por ser quien recibió la cotización a pensión durante el periodo laborado por la
empleada, pero en vista de que esta entidad no aceptó la documentación enviada
por el departamento del Cesar, mediante oficio 0076 del 4 de agosto de 1994
solicitó a la demandante una vez más se pronunciara sobre el proyecto de
resolución.

Fue así como el 24 de agosto de 1994 la empresa demandante reiteró su objeción
al pago de la cuota pensional, al insistir que ésta le correspondía al ISS, por lo
anterior resulta forzoso concluir que EMDUPAR S.A. ESP, nunca aceptó el
proyecto de resolución y sí objetó en término la cuota parte pensional asignada
por la demandada, por lo que mal haría en aceptar dicho pago que le correspondía
al liquidado instituto.

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Folios 321-325
12

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Reiteró que sólo en gracia de discusión, en el presente asunto no operó el silencio
administrativo positivo, pues para invocar esta figura jurídica el departamento del
Cesar debió demostrar que surtió el trámite exigido en los artículos 84 y 85 de la
Ley 1437 de 2011, con el fin de viabilizar la oponibilidad de sus efectos a
EMDUPAR S.A. ESP.

Por lo anterior, dice el apoderado de la demandante, al no obrar prueba de la
protocolización de los respectivos documentos de la decisión favorable, fue
indebidamente aplicada la figura del silencio administrativo positivo, de allí que
resulta incontrovertible que no existió decisión ficta que hubiera reemplazado la
manifestación de voluntad de la accionante, que la obligara a asumir el pago de la
cuota pensional asignada arbitrariamente por el ente territorial demandado.

Solicitó la revocatoria de la sentencia proferida el 24 de abril de 2019 por el
Tribunal Administrativo del Cesar, para en su lugar, se declare la nulidad parcial
de la Resolución 00601 del 30 de marzo de 1995 mediante la cual el
departamento del Cesar, resolvió: “(…) Reconocer y pagar una pensión mensual
de jubilación en favor de ROSA ESTHER MARQUEZ (…) correspondiéndole a (…)
EMDUPAR (…)”.

6. Alegatos de conclusión

6.1. Por parte de Colpensiones

El 26 de agosto y el 6 de septiembre de 2022 la entidad envió correos electrónicos
mediante los cuales señaló que i) fue indebido el medio de control de nulidad
incoado por la empresa accionante; ii) al interior de la entidad no figura ninguna
comunicación remitida por la gobernación del Cesar relacionada con el proyecto
de la resolución que reconocería la pensión a la señora Rosa Márquez; iii)
EMDUPAR no logró demostrar en el tiempo oportuno, que efectivamente objetó el

13

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proyecto de liquidación, por lo anterior, iv) solicitó se declare que la administradora
NO se encuentra legitimada por pasiva en caso de una eventual condena13.

6.2. Por parte del departamento del Cesar

El 7 de septiembre de 2022 la apoderada de la entidad territorial demandada
remitió por correo electrónico, memorial mediante el cual también se opuso a la
prosperidad de las súplicas de la demanda al considerar que: i) sí se configuró la
figura del silencio administrativo positivo; ii) en la regulación de las cuotas partes
pensionales, el deber de reconocimiento y pago de las mesadas siempre se ha
asignado a la última entidad o caja a la que se encontraba vinculado el trabajador
cuando ocurrió su retiro, quien hará el recobro a prorrata a las demás entidades
obligadas y, iii) fue legal el procedimiento y se ajustó a la normatividad el acto
administrativo de asignación de la cuota parte a EMDUPAR S.A. E.S.P. mediante
la Resolución No. 00601 de 30 de marzo de 1995, por lo que solicitó fueran
desestimadas las súplicas de la demanda14.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo15, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de EMDUPAR S.A.
ESP contra la sentencia proferida por el Tribunal de primera instancia.

13
Visible a índices 61, 63 y 70 aplicativo SAMAI
14
Visible a índice 71 SAMAI
15
ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y
CAMBIO DE RADICACIÓN. <Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. El nuevo
texto es el siguiente:> El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de
jurisprudencia. (…)
14

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2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la empresa demandante,
corresponde a la Sala establecer si revoca o confirma la sentencia de primera
instancia al encontrar acreditado que, contrario a lo decidido, en su oportunidad la
empresa demandante sí se opuso al proyecto de resolución de liquidación de la
cuota parte de la mesada pensional de la señora Rosa Esther Márquez.
Igualmente se determinará si en el sub judice, se configuró el fenómeno del
silencio administrativo positivo o si, el acto administrativo demandado se expidió
en el marco del procedimiento establecido para dichos efectos.

Bajo esta óptica, la Sala abordará los siguientes temas: 2.1. Marco normativo del
proceso de reconocimiento de cuotas partes pensionales; 2.2. Del silencio
administrativo; 2.3. Hechos acreditados; 2.4. Resolución del caso concreto; 2.4.1.
La expedición del acto de reconocimiento de cuota parte pensional, operó en
virtud de la ley, pero no por acaecimiento del silencio administrativo positivo.

2.1. Marco normativo del proceso de reconocimiento de cuotas partes
pensionales

La regulación sobre el tema se remonta, a nivel legal, a la Ley 6 de 194516 que en
su artículo 29 consagraba que para el pago de la pensión debían concurrir todos
aquellos que hubieren sido empleadores del pensionado, por lo que el
correspondiente pago debía realizarse de manera proporcional. Esta disposición
fue modificada por el artículo 1 de la Ley 24 de 1947, que en el parágrafo
estableció:

“PARAGRAFO 1. Cuando el favorecido con la pensión de jubilación haya
servido diez años, lo menos, en empleos o cargos públicos nacionales, el total

16
Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales,
conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo.
15

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de la pensión le será cubierto por la Caja de Previsión Social de los
Empleados y Obreros Nacionales, sin perjuicio del oportuno reembolso de
su mayor costo por cuenta de las entidades obligadas a reconocerlos,
en los términos del artículo 3º del decreto número 2567 de 1946 (agosto 31)”.

Es así como el artículo 3 del Decreto 2567 de 1945, se refirió al oportuno
reembolso que una entidad le debe a otra, a efectos de pagar la parte que le
corresponde, con relación a las obligaciones pensionales de sus trabajadores.

De la misma forma, mediante el artículo 21 de la Ley 72 de 1947 17, se reguló el
pago de una entidad a otra de la porción de la pensión a su cargo, así:

“ARTICULO 21. Los empleados nacionales, departamentales o municipales
que al tiempo de cumplir su servicio estén afiliados a una Caja de Previsión
Social tendrán derecho a exigirle el pago de la totalidad de la pensión de
jubilación. La Caja pagadora repetirá de las entidades obligadas el reembolso
de la cantidad proporcional que les corresponda, habida consideración del
tiempo de servicio del empleado en cada una de las entidades oficiales.

PARAGRAFO. La Caja que reciba la solicitud la pondrá en conocimiento de
las entidades interesadas, las cuales podrán objetarla con fundamento legal.”

Luego, el artículo 28 del Decreto 3135 de 1968, estableció:

“La entidad de previsión obligada al pago de la pensión de jubilación tendrá
derecho a repetir contra los organismos no afiliados a ella a prorrata del
tiempo que el pensionado hubiere servido a ellos. El proyecto de
liquidación será notificado a los organismos deudores, los que dispondrán del
término de quince días para objetarlo.” (Resaltado fuera de texto).

Y en torno al tema de recobro de cuotas partes pensionales, el Decreto 1848 de
1969, reglamentario del Decreto 3135 de 1968, dispuso:

“Artículo 72.- Acumulación del tiempo de servicios. Los servicios prestados
sucesiva o alternativamente a distintas entidades de derecho público,
establecimientos públicos, empresas oficiales y sociedades de economía
mixta, se acumularán para el cómputo del tiempo requerido para la pensión
de jubilación. En este caso, el monto de la pensión correspondiente se

17
Por la cual se modifican los artículos 19 y 25 de la Ley 74 de 1945, y se dictan disposiciones relacionadas
con las prestaciones sociales del personal uniformado y civil de la Policía Nacional y otras Cajas de
Prevención Social
16

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distribuirá en proporción al tiempo servido en cada una de aquellas
entidades, establecimientos, empresas o sociedades de economía mixta.”
(Resaltado fuera de texto)

(…)
Art. 75.- Efectividad de la pensión. 1. La pensión de jubilación
correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por la entidad de
previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de
servicios requerido por la ley, si para entonces se hubiere retirado del servicio
oficial sin tener la edad exigida para tal fin, o por la entidad de previsión a que
esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces cumple los requisitos de tiempo
de servicios y edad señalados para el goce de la pensión.
(…)
3. En los casos de acumulación de tiempo de servicios a que se refiere el
artículo 72 de este decreto, la entidad o empresa a cuyo cargo esté el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a
repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso
de la cantidad proporcional que les corresponda, a prorrata del tiempo de
servicios en cada una de aquellas.” (Resaltado de la Sala)

Por otra parte, el artículo 28 del Decreto 3135 de 196818 y el numeral 3 del artículo
75 del Decreto 1848 de 196919, consagraron a favor de las entidades pagadoras

18
ARTÍCULO 28. La entidad de previsión obligada al pago de la pensión de jubilación tendrá derecho a
repetir contra los organismos no afiliados a ella, a prorrata del tiempo que el pensionado hubiere servido en
ellos. El proyecto de liquidación será notificado a los organismos deudores, los que dispondrán del término de
quince días para objetarlo.
19
ARTÍCULO 75.- Efectividad de la pensión.
1. La pensión de jubilación correspondiente se reconocerá y pagará al empleado oficial por la entidad de
previsión social a la cual estuvo afiliado al tiempo de cumplir el tiempo de servicios requerido por la ley, si
para entonces se hubiere retirado del servicio oficial sin tener la edad exigida para tal fin, o por la entidad
de previsión a que esté afiliado al tiempo del retiro, si entonces cumple los requisitos de tiempo de servicios y
edad señalados para el goce de la pensión.

2. Si el empleado oficial no estuviere afiliado a ninguna entidad de previsión social al tiempo de retirarse del
servicio oficial, el reconocimiento y pago se hará directamente por la última entidad o empresa oficial
empleadora.

3. En los casos de acumulación de tiempo de servicios a que se refiere el artículo 72 de este Decreto, la
entidad o empresa a cuyo cargo esté el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, tiene derecho a
repetir contra las entidades y empresas oficiales obligadas al reembolso de la cantidad proporcional que les
corresponda, a prorrata del tiempo de servicios en cada una de aquellas.

En este caso, se procederá con sujeción al procedimiento señalado al efecto en el Decreto 2921 de 1948 y, si
transcurrido el término de quince (15) días del traslado a que se refiere el artículo 3o. del citado decreto la
entidad obligada a la cuota pensional no ha contestado, o lo ha hecho oponiéndose sin fundamente legal, se
entenderá que acepta el proyecto y se procederá a expedir la resolución definitiva de reconocimiento de la
pensión.

El expresado término comenzará a correr desde la fecha en que la entidad correspondiente reciba el
proyecto de reconocimiento de la pensión.

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de las pensiones, el derecho a “repetir” o “recobrar” ante las entidades que
concurren en la obligación de pagar la pensión, la proporción que le corresponda,
lo que implica que el derecho a hacer tal exigencia está sujeto a ser susceptible de
prescripción extintiva para el reclamante y adquisitiva para el deudor.

El Decreto 1848 del 4 de noviembre de 1969 en el artículo 102 dispuso que las
acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y
en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que
la respectiva obligación se haya hecho exigible.

De igual manera, el artículo 2° de la Ley 33 de 1985 consagró el derecho a favor
de las entidades pagadoras de las pensiones, para repetir contra las demás
entidades en quienes concurra la obligación de pagar la respectiva pensión y si
bien no consagró nada con relación al término de prescripción, ello ya se había
regulado en las normas antes referidas.

El texto normativo prescribe:

“Artículo 2º. La Caja de Previsión obligada al pago de pensión de jubilación,
tendrá derecho a repetir contra los organismos no afiliados a ellas, o contra
las respectivas Cajas de Previsión, a prorrata del tiempo que el pensionado
hubiere servido o aportado a ellos. El proyecto de liquidación será notificado a
los organismos deudores, los que dispondrán del termino de quince (15) días
para objetarlo, vencido el cual se entenderá aceptado por ellos.

Para los efectos previstos en este artículo, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público efectuará anualmente las compensaciones a que haya lugar, con
cargo a los giros que les correspondan a los organismos o Cajas, por
concepto de aportes del Presupuesto Nacional; cuando se trate de entidades
del orden departamental, intendencial, comisarial, municipal o del Distrito
Especial de Bogotá, la compensación anual se efectuará con cargo a las
correspondientes transferencias de impuestos nacionales.” (subrayado fuera
de texto)

Posteriormente, se expidió la Ley 1066 de 2006, que en el artículo 4° consagró el
cobro de intereses por concepto de obligaciones pensionales y lo relativo a la
prescripción de la acción de cobro, en los siguientes términos:

18

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“Artículo 4°. Cobro de intereses por concepto de obligaciones pensionales
y prescripción de la acción de cobro. Las obligaciones por concepto de cuotas
partes pensionales causarán un interés del DTF entre la fecha de pago de la
mesada pensional y la fecha de reembolso por parte de la entidad
concurrente. El derecho al recobro de las cuotas partes pensionales
prescribirá a los tres (3) años siguientes al pago de la mesada pensional
respectiva. La liquidación se efectuará con la DTF aplicable para cada mes de
mora.”

La Corte Constitucional mediante sentencia C–895 de 2009, analizó la
constitucionalidad de la mencionada norma, al considerar:

“Como se observa, el Legislador siempre tuvo claro que la tardanza en el
pago de las cuotas partes daba lugar al reconocimiento de intereses y que en
todo caso debía haber un término de prescripción; pero como esos asuntos
no estaban definidos con absoluta precisión, consideró oportuno expedir una
regulación al respecto, bajo el entendido que las normas sustantivas y
procesales de los regímenes laborales y prestacionales siempre han
consagrado el fenómeno de la prescripción como forma de extinguir las
obligaciones periódicas.

De igual forma, conviene mencionar que la Ley 1066 de 2006 fue dictada con
el objetivo de estimular una política de saneamiento fiscal de las entidades
públicas, forzando la recuperación de cartera y evitando la permanencia
indefinida de créditos o el pago de cuantiosos intereses.

(…)

Desde esta perspectiva, teniendo presente el principio según el cual “no hay
derecho sin acción, ni acción sin prescripción”20, razones de orden público y
de seguridad jurídica exigen que estas obligaciones tengan un plazo extintivo
o liberatorio. Y así como es facultativo del Legislador señalar los requisitos
para la creación de obligaciones, también es potestativo de éste fijar las
reglas de extinción de las mismas.

6.3.- En tercer lugar, la Corte considera que la prescripción del derecho al
recobro no significa autorizar un destino diferente de los recursos de la
seguridad social, pues las expresiones demandadas se limitan a reconocer,
sin más, el término de prescripción de las obligaciones crediticias. Lo que se
extingue es entonces el derecho subjetivo de la entidad a recobrar, pero
en ningún momento se autoriza un destino de los recursos para otros
fines.

Ahora bien, no puede decirse que los efectos de la prescripción se traduzcan
en un aval para que una entidad disponga de forma antojadiza de los
recursos, pues ello responde a una hipótesis que en estricto sentido no se

20
Corte Constitucional, Sentencia C-835 de 2003.
19

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deriva de la norma acusada, de modo que dicha afirmación carece de
certeza.

En este punto la Sala insiste en que los recursos de la seguridad social en
pensiones están destinados exclusivamente a dicho fin, de manera que no
pertenecen ni a la Nación, ni a las entidades que los administran, cualquiera
sea su naturaleza, pues, como ya lo ha señalado la jurisprudencia de esta
Corporación, “las entidades nacionales o territoriales que participen en el
proceso de gestión de estos recursos no pueden confundirlos con los propios
y deben acelerar su entrega a sus destinatarios”21.

Con fundamento en lo anterior, esta Corporación mediante sentencia del 13 de
junio de 201322, en relación con el tema de la prescripción en el recobro de las
mesadas pensionales, manifestó:

“Contrario a lo afirmado en la sentencia de constitucionalidad citada, a la Sala
no le cabe duda de que con anterioridad a la expedición de la Ley 1066 de
2006 sí existía norma clara y aplicable para efectos de prescripción de
recobro de cuotas partes pensionales, según el recuento normativo hecho con
anterioridad; sin embargo, se comparte en su integridad el enfoque tendiente
a la necesidad de que exista el fenómeno prescriptivo para efectos de
extinción de obligaciones o constitución de derechos a causa del transcurso
del tiempo, lo que es totalmente aplicable al caso de los recobros de cuotas
partes pensionales entre entidades concurrentes en el pago de tales
obligaciones.

A juicio de la Sala, incluso desde antes de la expedición de la Ley 1066 de
2006, el legislador se había encargado de establecer un término de
prescripción respecto del derecho a reclamar de una entidad a otra las cuotas
partes pensionales, lo que impide considerar que fue solo hasta la expedición
de la precitada ley que se estableció el término de tres años para que operara
el fenómeno prescriptivo respecto de ese derecho.

La Sala no encuentra acertada la remisión que hace el Fondo de Previsión
Social del Congreso de la República a las normas establecidas en el Código
Civil, las cuales se aplican sólo en forma supletoria, en el evento de que la
materia no esté regulada en normas especiales.

En criterio de esta Sala, si el derecho al recobro está consagrado en normas
como el Decreto 3135 de 1968 y el 1848 de 1969 y en ellas mismas se prevé
el término de 3 años para la prescripción de las acciones en las que se
reclamen los derechos allí consagrados, es evidente que el término
prescriptivo que debe aplicarse es el que allí se señala, pues de acuerdo a los

21
Corte Constitucional, Sentencia C-155 de 2004.
22
Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia del 13 de junio de 2013, proferida dentro del expediente No
520012331000 201000005 01 (0771 – 2012). En iguales términos se refirió la sentencia del 19 de febrero de
2015, dentro del Expediente No. 250002325000201100852 01 (1517 – 2013), M.P. Luis Rafael Vergara
Quintero.
20

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principios de hermenéutica, debe preferirse la aplicación de la ley especial,
sobre la de la ley general, siendo, en este caso, la ley especial los Decretos
3135 de 1968 y 1848 de 1969 y la general el código civil y sus modificaciones.

Así las cosas, no cabe duda de que incluso con anterioridad a la
expedición de la Ley 1066 de 2006 ya aplicaba el término de prescripción
de tres años para efecto del recobro de las cuotas partes pensionales.”
(subrayado y negritas fuera de texto)

Según la normativa transcrita con anterioridad a la expedición de la Ley 1066 de
2006, existían nomas aplicables que consagraban el fenómeno de la prescripción
para el recobro de cuotas partes pensionales, tal y como se evidenció en el
recuento normativo antes realizado.

2.2. Del silencio administrativo

Ha sido entendido como una institución jurídica que ha sido objeto de regulación
legal, en las más de las veces con la finalidad de proteger el derecho de petición
previsto en el artículo 23 de la Constitución Política, en aquellas circunstancias en
las que la Administración no se pronunció respecto de peticiones o incluso
recursos interpuestos por los interesados, generando un acto ficto o presunto que
según el caso niegue o acepte lo solicitado.

En vigencia del Decreto 01 de 1984 anterior Código Contencioso Administrativo,
respecto del silencio administrativo en el Capítulo IX del Título I sobre actuaciones
administrativas, lo disponía reglamentó en los siguientes términos:

“Artículo 40. SILENCIO ADMINISTRATIVO. Transcurrido el plazo de dos (2)
meses, contado desde la fecha de presentación de una petición sin que se
haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que ésta es negativa.

La ocurrencia del silencio administrativo negativo implica pérdida de la
competencia para resolver la petición.

Contra los actos presuntos, provenientes del silencio administrativo, no
procederá ningún recurso por la vía gubernativa.

Pero se deberá investigar la posible falta disciplinaria del funcionario u órgano
que omitió resolver.

21

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Artículo 41. SILENCIO POSITIVO. Solamente en los casos expresamente
previstos en disposiciones especiales, el silencio de la administración
equivale a decisión positiva.

Se entiende que los términos para decidir comienzan a contarse a partir del
día en que se inició la actuación.

El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocatoria directa en las
condiciones que señalan los artículos 71, 73 y 74.

Artículo 42. PROCEDIMIENTO PARA INVOCAR EL SILENCIO
ADMINISTRATIVO POSITIVO. La persona que se hallare en las condiciones
previstas en las disposiciones legales que se establecen el beneficio del
silencio administrativo positivo, protocolizará la constancia o copia de que
trata el artículo 5°, junto con su declaración jurada de no haberle sido
notificada una decisión del término previsto.

La escritura y sus copias producirá todos los efectos legales de la decisión
favorable que se pidió, y es deber de todas las personas y autoridades
reconocerla así.

Para efectos de la protocolización de los documentos de que trata este
artículo se entenderá que ellos carecen de valor económico.”

Por su parte, la Ley 1437 de 2011 reguló el silencio administrativo en el Capítulo
VII del Título I en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 83. SILENCIO NEGATIVO. Transcurridos tres (3) meses
contados a partir de la presentación de una petición sin que se haya
notificado decisión que la resuelva, se entenderá que esta es negativa.

En los casos en que la ley señale un plazo superior a los tres (3) meses para
resolver la petición sin que esta se hubiere decidido, el silencio administrativo
se producirá al cabo de un (1) mes contado a partir de la fecha en que debió
adoptarse la decisión.

La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de
responsabilidad a las autoridades. Tampoco las excusará del deber de decidir
sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los
recursos contra el acto presunto, o que habiendo acudido ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo se haya notificado auto admisorio de la
demanda.

ARTÍCULO 84. SILENCIO POSITIVO. Solamente en los casos expresamente
previstos en disposiciones legales especiales, el silencio de la administración
equivale a decisión positiva.

22

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Los términos para que se entienda producida la decisión positiva presunta
comienzan a contarse a partir del día en que se presentó la petición o
recurso.

El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocación directa en los
términos de este Código.

ARTÍCULO 85. PROCEDIMIENTO PARA INVOCAR EL SILENCIO
ADMINISTRATIVO POSITIVO. La persona que se hallare en las condiciones
previstas en las disposiciones legales que establecen el beneficio del silencio
administrativo positivo, protocolizará la constancia o copia de que trata el
artículo 15, junto con una declaración jurada de no haberle sido notificada la
decisión dentro del término previsto.

La escritura y sus copias auténticas producirán todos los efectos legales de la
decisión favorable que se pidió, y es deber de todas las personas y
autoridades reconocerla así.”

Como se observa bajo los dos regímenes anteriores, por regla general el hecho de
que una autoridad administrativa guarde silencio lo que se traduce en abstenerse
de emitir pronunciamiento en un sentido o en otro respecto de lo que le fue pedido
por un administrado, tiene efectos negativos, comoquiera que el silencio será
positivo, es decir, en forma favorable a sus intereses, solamente en los casos
expresamente previstos en disposiciones legales especiales. En suma, se ha de
entender que en los demás casos opera el silencio administrativo negativo.

Esta corporación emitió el siguiente precedente jurisprudencial que se considera
ilustrativo para las resultas del presente control de legalidad23:

“(…) tratándose del positivo, el Consejo de Estado explicó que el acto
presunto hace que el administrado vea satisfecha su pretensión como si la
autoridad la hubiera resuelto de manera favorable, y a su vez la
Administración pierde competencia para decidir.

Así las cosas, para que se configure este fenómeno se deben cumplir tres
requisitos:

i. Que la ley le haya dado a la Administración un plazo dentro del cual deba
resolver la petición;

ii. Que la ley contemple de manera expresa que el incumplimiento del plazo
tiene efectos de silencio positivo y

23
Sentencia del 25 de abril de 2018 radicación número: 73001233300020140021901 M.P. Stella Jeannette
Carvajal
23

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iii. Que la autoridad que estaba en la obligación de resolver no lo haya hecho
dentro del plazo legal. Por último, es bueno precisar que dentro del plazo
legal no solo se debe emitir la decisión, sino también su respectiva
notificación en debida forma”.

Así las cosas, de acuerdo con la normatividad y el precedente jurisprudencial
transcritos, para la configuración del silencio administrativo positivo se deben
cumplir las tres exigencias previstas, por manera tal que, a falta de una de ellas,
se ha de aplicar la regla general relativa al acaecimiento del silencio administrativo
negativo.

Basta mencionar entre algunas normativas que previeron de manera expresa la
figura del silencio administrativo positivo, las siguientes: el artículo 2524 de la Ley
57 de 198525 relativa al acceso a documentos públicos; el artículo 25 numeral 1626
de la Ley 80 de 199327 relacionado con las solicitudes formuladas en el curso de la
ejecución de un contrato estatal y, el artículo 12328 del Decreto 2150 de 199529

24
ARTÍCULO 25.- Las peticiones a que se refiere el artículo 12 de la presente ley deberán resolverse por las
autoridades correspondientes en un término máximo de diez (10) días.
Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario se entenderá, para todos los efectos legales, que la
respectiva solicitud ha sido aceptada. En consecuencia, el correspondiente documento será entregado dentro
de los (3) días inmediatamente siguientes. El funcionario renuente será sancionado con la pérdida del empleo.
25
Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales
26
16. En las solicitudes que se presenten en el curso de la ejecución del contrato, si la entidad estatal no se
pronuncia dentro del término de tres (3) meses siguientes, se entenderá que la decisión es favorable a las
pretensiones del solicitante en virtud del silencio administrativo positivo. Pero el funcionario o funcionarios
competentes para dar respuesta serán responsables en los términos de esta ley.
27
Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública
28
Artículo 123. AMBITO DE APLICACIÓN DE LA FIGURA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO
POSITIVO, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 185 DE LA LEY 142 DE 1994. De conformidad con lo
establecido en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, toda entidad o persona vigilada por la Superintendencia
de Servicios Públicos, prestadora de los servicios públicos domiciliarios de que trata la citada ley, tiene la
obligación de resolver las peticiones, quejas y recursos que presenten los suscriptores o usuarios en desarrollo
de la ejecución del contrato de servicios públicos, dentro de un término de quince (15) días hábiles, contados
a partir de la fecha de su presentación.
Pasado ese término, salvo que se demuestre que el suscriptor o usuario auspició la demora o que se requirió la
práctica de pruebas se entenderá que la petición, queja o recurso ha sido resuelto en forma favorable. Dentro
de las setenta y dos (72) horas siguientes al vencimiento del término de los quince (15) días hábiles, la entidad
prestadora del servicio público domiciliario reconocerá al suscriptor o usuario los efectos del silencio
administrativo positivo. Si no lo hiciere, el peticionario podrá solicitar de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, la imposición de las sanciones a que haya lugar conforme a la ley, sin perjuicio de
que ella adopte las decisiones que resulten pertinentes para hacer efectiva la ejecutoriedad del acto
administrativo presunto.
Parágrafo. Para los efectos del presente capítulo, se entiende que la expresión genérica de "petición",
comprende las peticiones en interés particular, así como las quejas y los recursos que presente un suscriptor o
usuarios.
29
Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la
24

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alusivo a las peticiones que formulen los usuarios en la ejecución del contrato de
servicios públicos, etc.

2.3. Hechos probados

De acuerdo con la prueba documental obrante en el expediente, se encuentran
acreditados los siguientes hechos:

2.3.1. Oficio fechado 6 de julio de 1994 dirigido por el director de Relaciones
Laborales del departamento del Cesar a la Empresa de Servicios de Valledupar
EMDUPAR, que dice: “Conforme lo ordenado por la ley, estamos remitiendo a ustedes
copias del proyecto de resolución por medio de la cual se reconoce pensión de jubilación
xxxxxxx al señor (a) ROSA ESTHER MÁRQUEZ identificado (a) con C.C. xxx expedida en
Santa Marta, Magdalena. Igualmente estamos enviando fotocopias de los documentos
que originaron el citado proyecto de resolución. Dentro del término de ley esperamos su
aceptación, u observaciones sobre la cuota parte pensional de la EMPRESA DE
SERVICIOS DE VALLEDUPAR, S.A.”30.

2.3.2. Comunicación del 14 de julio de 1994 suscrita por el gerente de EMDUPAR
dirigida al jefe de relaciones laborales de la gobernación del Cesar, radicada en la
entidad territorial el 2 de agosto de 1994 en la que consignó 31: “Nos permitimos
pronunciarnos sobre la liquidación de pensión de jubilación de la señora ROSA ESTHER
MÁRQUEZ, para hacer la siguiente objeción: La señora en mención efectivamente laboró
al servicio de Emdupar por el lapso que se indica en la liquidación. Pero igualmente y por
el mismo lapso Emdupar S.A. afilió a la señora Márquez al ISS y cotizó con tal entidad
para el riesgo de vejez. Por disposición de la Ley 100 de 1993 estos tiempos cotizados a
diferentes entes efectivamente son computables para el reconocimiento de pensión el
cual será tramitado por la última entidad a la que se prestó el servicio. En consecuencia
solicitamos a ustedes se sirvan dirigir el proyecto de liquidación de pensión de la señora
Márquez al ISS, ya que el cubrimiento proporcional al lapso que la solicitante laboró en
Emdupar S.A. corresponde al ISS.”

Administración Pública
30
Folio 21
31
Folio 22
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2.3.3. Oficio del 24 de agosto de 1994 suscrito por el director de relaciones
laborales del departamento del Cesar dirigida al ISS Seccional Cesar en la que le
informó: “Conforme a lo ordenado por la ley, estamos remitiendo a ustedes copias
del proyecto de resolución por medio de la cual se reconoce pensión de jubilación
xxxxxxxxx al señor (a) ROSA ESTHER MÁRQUEZ identificado (a) con C.C. xxx expedida
en Santa Marta, Magdalena. Igualmente estamos enviando fotocopias de los documentos
que originaron el citado proyecto de resolución. Dentro del término de ley esperamos su
aceptación, u observaciones sobre la cuota parte pensional del INSTITUTO DE
SEGUROS SOCIALES DEL CESAR (Por servicios prestados a EMDUPAR)32.

2.3.4. Oficio 0076 del 4 de agosto de 1994 suscrita por el director de Relaciones
Laborales del departamento del Cesar dirigida al Gerente de EMDUPAR en la que
le informó: “En atención al oficio de la referencia me permito comunicar a usted que el
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, se abstiene de recibir la documentación de
pensión para el reconocimiento de las cuotas partes correspondientes a la señora ROSA
ESTHER MÁRQUEZ, por cuanto ésta laboró en EMDUPAR de 1979 a 1982, fechas
anteriores a la expedición de la Ley 100/93, por consiguiente es la entidad a su cargo la
que debe asumir la participación de la pensión. En vista de que en EMDUPAR se
encuentra el proyecto de resolución con las fotocopias de la documentación que originó la
pensión y que fueron enviados por el suscrito, espero su revisión y estudio para su
pronunciamiento33.

2.3.5. Oficio del 22 de agosto de 1994 suscrito por el asesor jurídico de
EMDUPAR S.A. dirigido al director de relaciones laborales de la gobernación del
Cesar en el que respondió el oficio 00076 del 4 del mismo mes y año en los
siguientes términos: “En atención al oficio de la referencia, me permito reiterarle que la
reclamación de pensión proporcional correspondiente a la señora ROSA ESTHER
MÁRQUEZ, debe ser formulada ante el Instituto de Seguros Sociales, puesto que el
tiempo laborado por la mencionada señora en Emdupar SA. Estuvo afiliada a la Institución

32
Folio 23
33
Folio 24
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y por disposición legal es el Seguro Social a quien corresponde pagar la cuota
correspondiente de la pensión de la afiliada…”34

2.3.6. Oficio 0091 del 2 de septiembre de 1994 suscrito por el director de
relaciones laborales de la gobernación del Cesar dirigido al gerente de EMDUPAR
que dice: “…me permito comunicar a usted, que esta entidad envió al ISS del Cesar, la
documentación de pensión de jubilación para reconocimiento de las cuotas partes, y por
segunda vez estos manifestaron que es la empresa EMDUPAR la entidad que debe
reconocer esta prestación. Por lo anterior y de acuerdo a la Ley 33/85 y 71/88,
nuevamente envío a usted la documentación para su aceptación, anexándole fotocopias
del oficio de agosto 31 de 1994, del ISS. A la vez solicito a usted, se sirva enviarnos
certificación de la afiliación o documentación de la mencionada señora, en la que
aparezcan los riesgos que dicha afiliación cubría cuando estaba al servicio de EMDUPAR,
y estaba afiliada al Instituto. (…)”35

2.3.7. Resolución N° 000601 del 30 de marzo de 1995 “Por medio de la cual se
reconoce y ordena el pago de una pensión mensual de jubilación”, expedida por la
gobernación del Cesar que en el artículo primero dispuso: Reconocer y pagar una
pensión mensual de jubilación en favor de ROSA ESTHER MÁRQUEZ, ya identificada por
la suma de QUINIENTOS SEIS MIL SETESCIENTOS DOCE PESOS MCTE
($506.712,00) efectiva a partir del 13 de abri de 1994, correspondiéndole a la Contraloría
Deptal del Magdalena $257.747,00, al Servicio de Salud del Cesar $67.264,00, al
municipio de Valledupar $85.095,00, a EMDUPAR $71.855,00 y al Dpto del Cesar
$24.750,00 Mcte. (…) PARÁGRAFO: El valor de las cuotas partes pensionales variará de
conformidad con los reajustes pensionales que se produzcan de acuerdo con la ley,
obligándose las entidades concurrentes a reconocer la proporción indicad en esta
providencia36. (acto administrativo acusado)

34
Folio 25
35
Folio 110
36
Folios 17-19 y 98-100
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2.3.8. Certificación del 24 de febrero de 1997 expedida por la gobernación del
Cesar en la que consta que la señora Rosa Esther Márquez se encuentra
pensionada según Resolución N° 00601 del 30 de marzo de 199537.

2.3.9. Resolución N° 000713 del 14 de abril de 1997 “Por medio de la cual se
reconoce y ordena el pago de una reliquidación de pensión de jubilación”,
expedida por la gobernación del Cesar a favor de Rosa Esther Márquez en
acatamiento a la sentencia del 22 de febrero de 1996 proferida por esta
corporación38. (acto administrativo no demandado)

2.3.10. Comunicación del 26 de abril de 2016 suscrita por la jefe Gestión Humana
de EMDUPAR S.A. ESP., dirigida al líder programa de Gestión Humana de la
gobernación del Cesar, ASUNTO: COBRO CUOTAS PARTES PENSIONALES DE
ROSA ESTHER MÁRQUEZ., que dice: “Por medio de la presente, y atendiendo la
comunicación LPGH-1587 de abril 19 de 2016, me permito interponer recurso de
reposición contra la cuenta de cobro de las cuotas partes pensionales de ROSA ESTHER
MÁRQUEZ, mediante lo siguiente: Una vez aceptada la cuota parte pensional o acaecido
el silencio administrativo positivo, se debe presentar la cuenta de cobro ante la entidad
respectiva, cuenta que debe venir debidamente diligenciada y con el lleno de los
requisitos establecidos por la ley, así: (…) Con fundamento en lo anterior, encontramos
que la cuenta de cobro que remite, no cuenta con los documentos que la normatividad
exige, debido a que no cuenta con los soportes que deben acompañar la cuenta de cobro,
tampoco se tuvo en cuenta lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1066 de 2006,
respecto al término de prescripción de las cuotas partes que señala: ‘El derecho al
recobro de las cuotas partes pensionales prescribirá a los tres (3) años siguientes al pago
de la mesada pensional respectiva. (…)’. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos se
reponga la cuenta de cobro de la cuota parte pensional de la señora ROSA ESTHER
MÁRQUEZ, ya que la misma no se ajusta a lo contemplado en la normatividad”.39

2.3.11. Resolución N° 002663 del 26 de julio de 2016 “Por la cual se resuelve un
recurso de reposición”, emitida por la gobernación del Cesar mediante la cual

37
Folio 101
38
Folios 112-114
39
Folios 116-117
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modificó el oficio N° LPGH 1587 del 19 de abril de 2016 en consecuencia la
empresa EMDUPAR S.A. ESP, pagará al departamento del Cesar un valor de
SETENTA MILLONES NOVICIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS PESOS CON 36 centavos ($70.951.346,36), correspondiente
al periodo comprendido entre 01 de septiembre de 2006 hasta el 9 de junio de
201640. (acto administrativo demandado)

2.3.12. Recurso de reposición y en subsidio apelación interpuesto el 19 de
septiembre de 2016 por EMDUPAR S.A. ESP, contra la cuenta de cobro LPGH-
2270 del 2 de septiembre de 2016 de las cuotas partes pensionales
correspondiente a los periodos 01/09/2006 al 06/09/2016, para que se declare la
prescripción de los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 de
acuerdo al artículo 4 de la Ley 1066 de 200641.

2.3.13. Resolución N° 004789 del 30 de noviembre de 2016 “Por la cual se
resuelve un recurso de reposición” emitida por la gobernación del Cesar mediante
la cual modificó parcialmente el oficio LPGH-2270 del 02 de septiembre de 2016,
en consecuencia EMDUPAR S.A. ESP deberá pagar al departamento del Cesar la
suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y DOS PESOS ($49.019.272), correspondientes al periodo
comprendido entre el 01 de enero de 2010 al 30 de septiembre de 2016 42. (acto
administrativo demandado)

2.3.14. Resolución N° 1284 de 22 de septiembre de 2017 “Por medio de la cual
se libra mandamiento de pago”, proferida por la gobernación del Cesar mediante
la cual libró mandamiento de pago por la vía administrativa de cobro coactivo a
cargo de EMDUPAR S.A. ESP por la suma de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES
QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
$59.508.239, por los conceptos señalados en la parte motiva más los intereses
que se causen desde cuando se hizo exigible la obligación y hasta cuando se

40
Folios 118-125
41
Folios 134-135
42
Folios 137-141
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cancele conforme el artículo 4 de la Ley 1266 de 2006 43 (acto administrativo
demandado).

2.3.15. Resolución N° 1322 del 22 de septiembre de 2017 “Mediante la cual se
ordena un embargo”, expedida por el departamento del Cesar que decretó el
embargo y retención de los dineros a cargo de EMDUPAR S.A. ESP, limitando el
embargo a la suma de OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENA Y NUEVE PESOS
$89.262.359, de conformidad con el numeral 10 del artículo 593 del Código
General del Proceso44. (acto administrativo demandado)

2.4. Resolución del caso concreto

En el presente caso la empresa EMDUPAR S.A. ESP demandó la nulidad de
distintos actos administrativos en ejercicio del medio de control de nulidad simple
previsto en el artículo 137 CPACA, contra diversas decisiones administrativas
expedidas por la gobernación del departamento del Cesar. Es así como la parte
activa solicitó, se declare la nulidad parcial de la Resolución N° 00601 del 30 de
marzo de 1995, en lo que corresponde a la asignación a EMDUPAR S.A. ESP de
la cuota parte de la mesada pensional de la señora Rosa Esther Márquez.

En ejercicio del mismo medio de control de legalidad, la parte activa también
pretende la declaratoria de nulidad de seis decisiones administrativas proferidas
por la gobernación del departamento del Cesar, relacionadas con el cobro coactivo
de la obligación consignada en la Resolución 00601 del 30 de marzo de 1995.

De tal manera que son dos asuntos los que pretendieron ser controvertidos por la
empresa activa al instaurar el presente medio de control a saber: i) el relacionado
con la inconformidad por la asignación de la cuota parte pensional y, ii) lo relativo
al proceso de recobro de la cuestionada cuota, al pretender la nulidad de los actos

43
Folios 176-177
44
Folio 179
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expedidos con ocasión del trámite del cobro coactivo adelantado por la
gobernación del Cesar.

En todo caso, la empresa accionante en la demanda únicamente encausó sus
argumentos de inconformidad en aras de lograr la declaratoria de nulidad de la
Resolución 00601 del 30 de marzo de 1995, pues lo cierto es que fue ausente la
carga argumentativa en procura de obtener la nulidad de las decisiones expedidas
en el marco del proceso coactivo, comoquiera que no sustentó ningún cargo de
nulidad contra dichos actos toda vez que se limitó a afirmar que habían sido
expedidos en desarrollo del acto primigenio .

Igualmente observa la Sala que la empresa demandante no efectuó controversia
alguna en cuanto a la declaratoria de nulidad de los demás actos acusados en lo
que respecta a la prescripción, por cuanto esta decisión le favorece sus intereses
económicos de allí que, efectuar pronunciamiento en torno al tema, podría afectar
la condición de apelante único de la empresa demandante al vulnerarle el principio
de la no reformatio in pejus, razón suficiente para centrar el presente
pronunciamiento únicamente en lo que respecta a la verificación de legalidad de la
Resolución N° 00601 del 30 de marzo de 1995.

2.4.1. La expedición del acto de reconocimiento de cuota parte pensional,
operó en virtud de la ley, pero no por acaecimiento del silencio
administrativo positivo.

Los hechos acreditados a través de la prueba documental transcrita en el acápite
2.3. ut supra, dan cuenta que el 7 de julio de 1994 la gobernación del Cesar envió
a la demandante el proyecto de resolución de reconocimiento pensional de la
señora Rosa Márquez que le había asignado una cuota parte de dicha prestación,
para que la empleadora la aceptara u objetara, el 14 del mismo mes y año,
EMDUPAR expresó su inconformidad al considerar que no le correspondía
efectuar el cubrimiento proporcional de dicha pensión, pues ello le correspondía al
ISS.
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También se acreditó que la gobernación del Cesar, en virtud de la respuesta dada
por la demandante, remitió el proyecto de resolución de reconocimiento pensional
al ISS, entidad que se abstuvo de recibir la documentación porque dicho pago no
le correspondía, en razón a que la señora Rosa Márquez había laborado en la
empresa de servicio público entre los años 1979-1982, es decir, con anterioridad a
la vigencia de la Ley 100 de 1993.

En vista de lo anterior, fue que la entidad territorial demandada remitió por
segunda oportunidad el proyecto de resolución de reconocimiento pensional a la
empresa demandante que, mediante oficio del 24 de agosto de 1994, negó el
pago de la cuota pensional, insistiendo que el mismo le correspondía al ISS.

De allí que, según la demandante por el hecho de que los días 14 de julio y 24 de
agosto de 1994, le manifestó a la gobernación del Cesar su inconformidad frente
al proyecto de resolución de la pensión de jubilación de Rosa Márquez -porque el
obligado a pagar la cuota parte pensional era el desaparecido ISS y no
EMDUPAR-, quedó acreditado y satisfecho el requisito de la oposición.

La Sala no acoge el anterior argumento, por cuanto la Sala vislumbra del acopio
probatorio ya referido, que la parte activa pasó por alto que mediante oficio 0091
del 2 de septiembre de 1994 el director de relaciones laborales de la gobernación
del Cesar, nuevamente le remitió al gerente de EMDUPAR de la época una nueva
comunicación en la que le decía45:

“…me permito comunicar a usted, que esta entidad envió al ISS del Cesar, la
documentación de pensión de jubilación para reconocimiento de las cuotas
partes, y por segunda vez estos manifestaron que es la empresa EMDUPAR
la entidad que debe reconocer esta prestación. Por lo anterior y de acuerdo a
la Ley 33/85 y 71/88, nuevamente envío a usted la documentación para su
aceptación, anexándole fotocopias del oficio de agosto 31 de 1994, del ISS. A
la vez solicito a usted, se sirva enviarnos certificación de la afiliación o
documentación de la mencionada señora, en la que aparezcan los riesgos
que dicha afiliación cubría cuando estaba al servicio de EMDUPAR, y estaba
afiliada al Instituto. (…)” (subrayado y negrita fuera de texto)

45
Folio 110
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Es preciso destacar que, en la parte inferior derecha del transcrito oficio, aparece
el sello de recibido de la Secretaría de Gerencia EMDUPAR S.A. hora 10:45 a.m.
fecha: 6-septiembre/94 y figura la firma –ilegible- de quien lo recibió.

Por tanto, es frente a esta última comunicación que debió haberse pronunciado o
respondido EMDUPAR S.A. ESP en forma definitiva, para ejercer su derecho de
oposición respecto del proyecto de resolución de reconocimiento pensional de la
señora Rosa Márquez, pero lo cierto es que no obra en la foliatura respuesta
alguna dada por la demandante, a pesar de haber recibido el oficio 0091 del 2 de
septiembre de 1994 como ya se indicó.

De tal manera que en el sub judice, la demandante no cumplió con la exigencia del
artículo 2º de la Ley 33 de 1985 según la cual, el proyecto de liquidación será
notificado a los organismos deudores, los que dispondrán del termino de quince
(15) días para objetarlo, vencido el cual se entenderá aceptado por ellos.

Fue ante esta omisión que la gobernación del Cesar procedió a expedir la
Resolución N° 00601 del 30 de marzo de 1995, al haber transcurrido más de 6
meses sin que se hubiera pronunciado la empresa de servicio público, respecto
del requerimiento del 2 de septiembre de 1994 efectuado por la entidad
territorial demandada, comoquiera que las inconformidades manifestadas los días
14 de julio y 24 de agosto de 1994, no resolvieron de fondo la oposición frente al
proyecto de resolución de liquidación pensional.

Ahora bien, en la Resolución 00601 del 30 de marzo de 1995 acusada de nulidad,
no se hizo invocación alguna al fenómeno jurídico de la institución procesal del
silencio administrativo positivo, tanto es así que no citó como fundamento legal los
supuestos normativos de los artículos 4146 y 4247 del Decreto 01 de 1984,
legislación vigente al momento de expedición del citado acto acusado.

46
ARTÍCULO 41. Silencio positivo. Solamente en los casos expresamente previstos en disposiciones
especiales, el silencio de la administración equivale a decisión positiva.
33

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Sea esta la oportunidad para no acoger el argumento de inconformidad de la
empresa apelante, en el sentido de que el departamento del Cesar no podía
invocar la figura jurídica del silencio administrativo positivo porque no agotó el
trámite previsto en los artículos 84 y 85 de la Ley 1437 de 2011 CPACA,
comoquiera que a la fecha de expedición de la Resolución 00601 del 30 de marzo
de 1995, estaba en vigencia el anterior régimen contencioso administrativo
previsto en el Decreto 01 de 1984.

Por otra parte, a pesar de que a juicio de la Sala el artículo 2° de la Ley 33 de
1985 al prever “El proyecto de liquidación será notificado a los organismos deudores, los
que dispondrán del termino de quince (15) días para objetarlo, vencido el cual se
entenderá aceptado por ellos”, está consagrando el silencio administrativo positivo,
en el sub judice no operó, por cuanto no se puede predicar este instituto jurídico
respecto de un trámite que no comportaba las vicisitudes propias de la
interposición de un derecho de petición o reclamo, sino que se estaba ante una
actuación previa al reconocimiento pensional por cuenta de varias empleadoras.

Así las cosas, la expedición de la Resolución 00601 el 30 de marzo de 1995 operó
por ministerio legal al haberse agotado el término de los 15 días del artículo 2° de
la Ley 33 de 1985, sin que EMDUPAR S.A. ESP se hubiera pronunciado en forma
definitiva sobre la inconformidad de la cuota parte pensional que le había sido
asignada, sin necesidad de que la entidad territorial demandada estuviera en la
obligación de haber invocado expresamente la configuración del silencio
administrativo positivo, como lo reclama la demandante.

Se entiende que los términos para decidir comienzan a contarse a partir del día en que se inició la actuación.
El acto positivo presunto podrá ser objeto de revocatoria directa en las condiciones que señalan los artículos
71, 73 y 74.
47
Artículo 42. Procedimiento para invocar el silencio administrativo positivo. La persona que se hallare en las
condiciones previstas en las disposiciones legales que se establecen el beneficio del silencio administrativo
positivo, protocolizará la constancia o copia de que trata el artículo 5°, junto con su declaración jurada de no
haberle sido notificada una decisión del término previsto.

La escritura y sus copias producirá todos los efectos legales de la decisión favorable que se pidió, y es deber
de todas las personas y autoridades reconocerla así.”
34

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Lo anterior, toda vez que las inconformidades de la empresa de servicio público
fueron parciales al tratar de evadir el pago enrostrándoselo a otra entidad, pero lo
cierto es que no emitió pronunciamiento de fondo y definitivo, respecto del
incumplimiento de los requisitos legales del proyecto de reconocimiento pensional
que le había sido remitido en virtud de un trámite legal, todo con el fin de no
asumir la cuota parte que le correspondía.

Y es que pareciera olvidar la parte activa, que la señora Rosa Esther Márquez no
tenía por qué asumir las consecuencias que se derivan de la falta de
reconocimiento del pago y consecuente recobro de las cuotas partes pensionales,
con el argumento de que EMDUPAR S.A. ESP pregonó que no le correspondía
asumirlo sino que tal obligación recaía en el extinguido Instituto de Seguro Social,
asunto que fue rechazado de plano por esta entidad mediante oficio del 11 de
agosto de 1994 al responderle a la gobernación del Cesar el ISS Seccional Cesar,
en los siguientes términos48:

“…es importante aclarar que el Instituto de Seguros Sociales, protege a los
afiliados obligatoriamente contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte de
origen no profesional y del seguro de A.T.E.P., lo cual es distinto e
incompatible con la pensión de jubilación que es lo que en estos momentos
se tramita a la señora ROSA ESTHER MÁRQUEZ.

Para que un afiliado del Seguro Social tenga derecho al reconocimiento de
una pensión de vejez (que es distinta a jubilación), debe reunir los siguientes
requisitos: (…)

Es decir que debe existir la conjunción de edad y tiempo de cotización, y para
el caso de la señora ROSA ESTHER MÁRQUEZ, el tiempo que duró afiliada
al ISS por el patronal de EMDUPAR, no llena los requisitos para obtener una
pensión de vejez que es la que reconoce el Instituto; en tal virtud la
peticionaria e pensión se ajusta al artículo 1° de la Ley 33 de 1985, o sea a
una pensión mensual vitalicia de jubilación, por servicio al Estado en
diferentes empresas.

(…)
Con todo lo manifestado sobra decir que la cuota de jubilación, debe pagarla
la Empresa de Servicios de Valledupar S.A. EMDUPAR, ya que el Seguro no
reconoce jubilación”.

48
Folios 106-107
35

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A través de esta respuesta, la Sala encuentra acreditado que carece de
fundamento la aseveración de la apoderada de Colpensiones en los alegatos de
conclusión en segunda instancia, al afirmar que al interior de la entidad no existió
ninguna comunicación remitida por la gobernación del Cesar relacionada con el
proyecto de la resolución que reconocería la pensión a la señora Rosa Márquez,
pues precisamente dicha respuesta transcrita acredita lo contrario.

Según el acopio probatorio y acaecer fáctico acreditado con la prueba documental
arrimada al plenario, en el sub judice la anterior respuesta del ISS Seccional
Cesar, no fue en su oportunidad controvertida por EMDUPAR S.A. ESP ni en sede
administrativa ni en la presente contenciosa judicial.

En virtud de las anteriores disquisiciones, la Sala no acoge la simplista
argumentación invocada por la empresa accionante esgrimida tanto en la
demanda como en la apelación, al no haberse opuesto en su oportunidad legal
respecto de la liquidación que le correspondía por concepto de la cuota parte
pensional de la señora Rosa Márquez, por lo que se confirmará la decisión de la
primera instancia que negó la nulidad deprecada contra la Resolución 00601 del
30 de marzo de 1995.

Sobre la condena en costas

Con la adopción del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011, el legislador abandonó el criterio subjetivo que
venía imperando en este tipo de asuntos para dar paso, según se advierte en el
artículo 188 ibidem, a la valoración objetiva frente a la imposición, liquidación y
ejecución de las costas procesales.

En efecto, de la redacción del citado artículo se extraen los elementos que
determinan la imposición de la condena en costas, a saber: i) objetivo en cuanto a
que toda sentencia decidirá sobre las costas procesales, bien sea para condenar
total o parcialmente o, en su defecto, para abstenerse y ii) valorativo en el
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entendido de que el juez debe verificar que las costas se causaron con el pago de
gastos ordinarios y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro
del proceso. Lo anterior en consonancia con lo dispuesto en el artículo 365 del
Código General del Proceso.

Como quiera que la Sala no observa actos temerarios o de mala fe, ni actuaciones
dilatorias en cabeza de la parte demandante, se abstendrá de imponer costas en
su contra, tal y como así se dispondrá en el acápite resolutivo de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 24 de abril de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las súplicas de la demanda, con
fundamento en las consideraciones esgrimidas en la parte motiva de este fallo.

SEGUNDO. – Sin condena en costas en esta instancia judicial, según se dijo en
precedencia.

Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
ACLARACIÓN DE VOTO

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

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