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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2018-00288-01

Fecha
9 de mayo de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2018-00288-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia del tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021) proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones. Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia. Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-39-000-2018-00288-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

9 de mayo de 2024

Radicación: 20001233900020180028801 (3779-2021)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 20001-23-39-000-2018-00288-01 (3779-2021)
Demandante: Luis Miguel Manosalva Daza
Demandado: Hospital Eduardo Arredondo Daza E.S.E.
Tema: Relación laboral encubierta. Cooperativas de trabajo
asociado-odontólogo. CONFIRMA SENTENCIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra la
sentencia proferida el tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal
Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Luis Miguel Manosalva Daza instauró demanda, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en contra del Hospital Eduardo Arredondo Daza E.S.E., con el fin
de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del Oficio sin número del 31 de mayo de 2018, por
medio del cual se negó la existencia de una relación laboral y el pago de las
prestaciones sociales derivadas de esta.

Que se declare que existió una relación laboral subordinada entre el 2 de mayo
de 2002 y el 2 de marzo de 2016 y que la demandada está obligada a pagarle el
salario percibido por los odontólogos con una jornada de cuatro horas diarias y
prestaciones sociales y demás auxilios a los que tiene derecho.

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Que se reconozca la sanción moratoria por el no pago de las cesantías y cancele
al respectivo fondo de pensiones las sumas correspondientes al Ingreso Base
de Cotización, junto con los intereses moratorios, de acuerdo con los períodos
laborados. También que se declare que el tiempo laborado es computable para
pensión, en los términos de la Ley 100 de 1993.

Finalmente, que se ajusten e indexen los valores a pagar y se condene en
constas a la demandada.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Que prestó sus servicios al Hospital Eduardo Arredondo Daza E.S.E. como
odontólogo entre el 2 de mayo de 2002 y el 2 de marzo de 2016, a través de
varias cooperativas de trabajo, asociaciones sindicales y un contrato de
prestación de servicios suscrito en 2011 por un término de tres meses.

Que cumplió una jornada de cuatro horas diarias y sus funciones eran iguales a
las de los odontólogos de la planta de personal de la institución médica.

Que durante el tiempo en que estuvo vinculado a la entidad se realizó el pago de
aportes al sistema de seguridad social, únicamente, en los siguientes períodos:
diciembre de 2005; enero a diciembre de 2006; enero a diciembre de 2007; enero
a julio de 2008; mayo de 2010; julio de 2010 a octubre de 2011; diciembre de
2011; febrero a noviembre de 2012; diciembre de 2012 a diciembre de 2013;
enero de 2014 a septiembre de 2015; octubre de 2015; diciembre de 2015 y
marzo de 2016, con base en un Ingreso Base de Cotización variable en cada
uno de los tiempos descritos. Que, en 2002, 2003, 2004 y 2009 no se efectuaron
cotizaciones.

Que sus actividades fueron permanentes y siempre estuvo subordinado.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 28 de febrero de 2019 y notificada
a la entidad demandada, quien argumentó que los hechos de la demanda no
eran ciertos y el actor con la escasa documentación aportada no probó su
vinculación al hospital como odontólogo. Que no realizó ningún pago o aporte al

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Sistema de Seguridad Social, pues el demandante no pertenece a su planta de
personal.

Que el demandante posiblemente tuvo un vínculo laboral con una empresa de
servicios temporales o cooperativa y, como empleado en misión, pudo asistir a
alguna actividad o remplazar a alguien en el centro asistencial, sin que ninguno
de esos eventos configurara una relación de trabajo. Que nunca estuvo
subordinado ni recibió instrucciones o indicaciones de la entidad.

Que la E.S.E. se rige por el derecho privado y, según sus estatutos internos,
puede contratar con empresas temporales de servicios algunas actividades
misionales, sin transgredir la prohibición prevista en el artículo 63 de la Ley 1429
de 2010.

Que no reconoció ninguna remuneración o salario en favor del actor y no se
configuró ninguno de los elementos de la relación laboral.

Propuso como excepciones, la de caducidad, prescripción, solución de
continuidad, falta de pruebas, inexistencia de la obligación, cobro de lo no
debido, inexistencia de intermediación laboral, buena fe.

Se celebró audiencia inicial el 31 de octubre de 2019, en la que se declaró no
probada la excepción de caducidad, se fijó el litigio, se surtió la etapa
conciliatoria, se decretaron pruebas y se programó la audiencia para su práctica.
Luego de agotado el periodo probatorio se dio traslado a las partes para que
presentaran sus alegaciones y se dictó sentencia, la cual fue apelada dentro del
término oportuno por el demandante.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 3 de junio de 2021,
negó las pretensiones considerando que el demandante no probó el vínculo que
sostuvo con el Hospital Eduardo Arredondo Daza E.S.E. o si ejerció sus
funciones como odontólogo en ese centro a través de cooperativas o empresas
de trabajo temporal.

Que los documentos aportados estaban relacionados con la asignación salarial
de un odontólogo de planta de la E.S.E. y las funciones que cumplían esos
profesionales, pero no eran demostrativas de la prestación del servicio por parte
del actor en esa entidad ni directa o por intermedio de cooperativas.

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Que no aportó ninguna prueba de su afiliación a alguna cooperativa ni menos
del convenio o acuerdo celebrado entre esta y el centro asistencial, de manera
que no podía analizarse lo pretendido.

Que, si bien el único testimonio rendido refirió algunos detalles sobre la
prestación del servicio por parte del actor a la entidad demandada a través de
una cooperativa de trabajo y situaciones que a su sentir generaban
subordinación o dependencia, eso no era suficiente, pues no existían otros
elementos de prueba que respaldaran las afirmaciones y dieran certeza de la
configuración de la relación laboral.

Que las reclamaciones del demandante no tenían vocación de prosperidad,
porque no allegó los contratos o acuerdos asociativos para acreditar la
prestación real del servicio y, por tanto, el fundamento del reconocimiento
económico pedido. Tampoco se configuraba ninguna de las excepciones
definidas en la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el enriquecimiento
sin justa causa cuando no existe contrato o acuerdo contractual alguno.

Negó las pretensiones y no condenó en costas a la parte vencida.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación, en el que indicó que la
valoración probatoria fue inadecuada, porque sí acreditó la vinculación con el
hospital a través de cooperativas de trabajo asociado, que la testigo ratificó que
laboró para la entidad como odontólogo por más de trece años, con una jornada
diaria de cuatro horas y bajo la dirección de la jefe inmediata.

Que allegó las cotizaciones al subsistema de pensiones realizadas por la
Cooperativa de Salud del Cesar entre diciembre de 2005 hasta abril de 2007; la
Cooperativa de Trabajo Asociado entre mayo de 2007 hasta julio de 2008, la
Cooperativa de Trabajo Asociado de Prestación de Servicios en mayo de 2010
y julio de 2010 a noviembre de 2011; Gestión de Empleo Temporales S.A.S.
desde diciembre de 2012 hasta diciembre de 2013, abril de 2014 a diciembre de
2015 y marzo de 2016 y por la Asociación Sindical de Profesionales Asistenciales
y Administrativos de diciembre de 2013 hasta marzo de 2014.

Que tal prueba evidenciaba la prestación del servicio, a través de las
cooperativas de trabajo por lo menos en los períodos descritos y, en ese sentido,

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la tercerización laboral ilegal por parte del demandado, como lo ha expuesto la
jurisprudencia del Consejo de Estado.

TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Por auto de nueve (9) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), se admitió el
recurso de apelación interpuesto y, al no haber pruebas que decretar, no se hizo
necesario otorgar el término de traslado para alegar, de conformidad con lo
establecido en la Ley 2080 de 2021 en su artículo 67 numeral 5 que modificó el
artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.

El Agente del Ministerio Público no rindió concepto.

Se decidirá la controversia, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La Sala determinará si se acreditó la existencia de un vínculo entre las partes
derivado de la prestación de servicios profesionales y, en caso afirmativo, si se
encubrió una relación laboral y, como consecuencia, el actor tiene derecho al
reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de percibir con ocasión de
esa situación.

Marco normativo y jurisprudencial

Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.

El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la
Ley 80 de 1993 artículo 32.3, el cual dice:

«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo
podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades
no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados.

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En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni
prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente
indispensable».

En los contratos de prestación de servicios, se requiere que la prueba de la
relación contractual sea palmaria, es decir, que se pueda determinar con claridad
si entre el actor y la entidad demandada existía un verdadero contrato de
prestación de servicios, o por el contrario una relación de tipo laboral, que es la
que procede a analizarse.

La relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que
debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de dependencia
o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, a su vez, el
elemento de la remuneración.

Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación
laboral ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la
sentencia C-154 del 19 de marzo de 1997 de la Corte Constitucional, que
expresa claramente las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación
de servicios, dice al respecto:

«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos
diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto,
para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación
personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la
remuneración como contraprestación del mismo.

En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad
independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica
con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o
dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la
ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -
contrato de prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene
que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de
ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen
inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza
y objeto de los mismos.

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En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que
determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de
servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra
un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada,
no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista
independiente sin derecho a prestaciones sociales ; a contrario
sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo
subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de
la administración contratante de impartir órdenes a quien presta
el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así
como la fijación de horario de trabajo para la prestación del
servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de
prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un
contrato de prestación de servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los
términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como
contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo,
sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad
del mandato respectivo». (Negrillas para resaltar).

De acuerdo con lo anterior, se colige que es la subordinación o dependencia el
elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de
trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de
servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho
al pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la
realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo
53 de la Constitución.

Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del
concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), en el proceso radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-
01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, con ponencia del consejero RAFAEL
FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, en los siguientes términos:

«2.3.3.2. Subordinación continuada

102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo,
la subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento

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determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador
para exigirle al empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle
jornada y horario, modo o cantidad de trabajo, obedecer protocolos de
organización y someterlo a su poder disciplinario. No obstante, la
subordinación es un concepto abstracto que se manifiesta de forma
distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación del
servicio.2

103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se
consolida- ha considerado, como indicios de la subordinación, ciertas
circunstancias que permiten determinar su existencia; entre estas, se
destacan las siguientes:

104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico
facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus
actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad
laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima
necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá de
valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades
permitidas para los empleados de planta.

105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o
imposición de una jornada de trabajo al contratista no implica,
necesariamente, que exista subordinación laboral y, por consiguiente,
que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades de la
Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia,
etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales
y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del
cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la
existencia de una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá
ser valorada en función del objeto contractual convenido.

106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar. Bien sea a través de la exigencia del cumplimiento de
órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad
de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio del
poder de disciplina o del ius variandi,3 la dirección y control efectivo
de las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más
relevantes para identificar la existencia o no del elemento de la
subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el demandante es

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su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la
entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de
su objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga
una actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte
de la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de
coordinación con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio
claro de subordinación.

107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan
a las que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y
cuando se reúnan los elementos configurativos de la relación
laboral. El hecho de que el servicio personal contratado consista en
el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas idénticas,
semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a
los funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser
indicativo de la existencia de una relación laboral encubierta o
subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los
que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese
orden de ideas, incumbe al actor demostrar, además de la prestación
personal de sus servicios a cambio de una remuneración, la existencia
de unas condiciones de subordinación o dependencia, en las que el
representante de la entidad contratante o la persona que él designe,
ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de órdenes perentorias
y de obligatoria observancia. Por consiguiente, el interesado deberá
acreditar, además de la permanencia de sus servicios, que la labor
desarrollada se enmarca en el objeto misional de la entidad.

108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de
actividades o funciones propias de una carrera profesional liberal
(como en este caso la de abogado) no descarta, per se, la existencia
de una relación laboral, pues, en la práctica, tales actividades son
requeridas frecuentemente para satisfacer el objeto misional de la
entidad. En cambio, la existencia del contrato de prestación de
servicios sí exige que las funciones del contratista sean desarrolladas
con un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la necesidad de
coordinación con la entidad contratante que, en ningún caso, puede
servir de justificación para ejercer comportamientos propios de la
subordinación laboral.

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(…)

3.1.4. Unificación del sentido y alcance de la expresión «término
estrictamente indispensable» del numeral 3.º del artículo 32 de la
Ley 80 de 1993.

131. La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la
Ley 80 de 1993, para celebrar contratos de prestación de servicios
cuando las actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad no puedan realizarse con personal de
planta o requieran conocimientos especializados, es esencialmente
temporal; por lo tanto, este tipo de contratos, cuando se suscriben con
personas naturales, no pueden concatenarse indefinidamente en el
tiempo.

132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable»,
al que alude la referida norma, tiene lugar en la fase precontractual,
pues es en esta donde la entidad contratante aproxima, en función del
objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo que
estima «imprescindible» para su ejecución. En otras palabras, la
vigencia del contrato debe ser por el tiempo necesario para ejecutar
el objeto contractual convenido, y este debe estar sujeto al principio
de planeación, que encuentra su manifestación práctica «en la
elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio
jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia
las razones que justifiquen que la Administración recurra a un contrato
de prestación de servicios».

133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de
ejecución de los contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas
situaciones imprevistas que exijan su prórroga; por lo cual, en algunos
casos, el tiempo estimado, ab initio, como «el ajustado enteramente a
la necesidad», puede resultar insuficiente. En cualquier caso, las
mismas razones que en su momento justificaron la planeación del
contrato inicial y la suscripción de los contratos modificatorios del
plazo de ejecución, deben encontrar soporte en los mencionados
estudios previos.

134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del
«término estrictamente indispensable» como aquel que aparece

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expresamente estipulado en la minuta del contrato de prestación
de servicios, que de acuerdo con los razonamientos contenidos
en los estudios previos, representa el lapso durante el cual se
espera que el contratista cumpla a cabalidad el objeto del
contrato y las obligaciones que de él se derivan, sin perjuicio de
las prórrogas excepcionales que puedan acordarse para
garantizar su cumplimiento.”.(subrayas del texto original).
Corresponde, además por regla general a la parte actora demostrar,
que en la ejecución del contrato se configuraron los elementos propios
de una relación laboral como son: una actividad personal, un salario y
la subordinación. Así lo ha consignado la jurisprudencia del Consejo
de Estado en varias oportunidades:

“41. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción
que se establece en la citada norma opera de forma distinta cuando
se trata en materia laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga
de la prueba en manos del empleador, caso distinto ocurre, cuando
se involucran relaciones entre los servidores públicos o particulares
frente al Estado, los cuales deberán asumir esa carga siempre que
intenten develar una relación laboral a través de un contrato de
prestación de servicios.

42. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la
presunción del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente
la del acto administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es
inminente que se prueben los elementos de la relación laboral, esto
es, (i) la actividad personal del trabajador, (ii) subordinación
continuada y dependencia del trabajador y (iii) remuneración como
retribución del trabajo prestado, para que se pueda configurar un
contrato de trabajo.» 1.

Corolario de la relación empleador-trabajador, es el nacimiento de la obligación
por parte del primero, de cancelarle al segundo, beneficios inherentes a su
calidad, tales como las prestaciones sociales.

Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de

1 Sentencia del 28 de octubre 2021. Consejero Ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Radicación

número: 68001-23-33-000-2015-00393-01(3755-17).

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prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por
ello se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran
los elementos previstos en el artículo 122 de la Carta Política.

Cooperativas de trabajo asociado

De conformidad con la Ley 79 de 1988 y el Decreto 4588 de 2006, las
cooperativas son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector de
la economía solidaria, que vinculan el trabajo personal de sus asociados, quienes
a su vez son gestores, contribuyen económicamente a la cooperativa y aportan
directamente su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades
económicas, profesionales o intelectuales, esto con la finalidad de producir
bienes en común, prestar servicios o ejecutar obras para s atisfacer las
necesidades de los asociados y de la comunidad en general.

Frente a las cooperativas de trabajo asociado la corporación 2 ha sostenido que
a aquellas les está prohibido disponer del trabajo de los asociados para
suministrar mano de obra temporal a terceros o remitirlos como trabajadores en
misión y permitir que respecto de los asociados se generen relaciones de
subordinación o dependencia con los contratantes.

Resolución al caso concreto

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer:

Que, mediante el Acuerdo 001 de 2000, se adoptó la planta global de cargos del
Hospital Eduardo Arredondo Daza E.S.E., en el que se fijan seis de odontólogos.

Que el demandante reporta ante Colpensiones las siguientes semanas de
cotización:

[2] Nombre o Razón Social [3] Desde [4] Hasta
COOP LA NUEVA ESPERA 01/06/1997 30/06/1997
COOPERATIVA LA NUEVA 01/07/1997 31/03/1998
COOPERATIVA DE SALUD 01/12/2005 31/12/2005
COOPSALUD COOPERATIV 01/01/2006 31/12/2006
COOPSALUD COOPERATIV 01/01/2007 31/12/2007
COOPSALUD COOPERATIV 01/01/2008 29/02/2008

2 Ver entre otras, las sentencias del 20 de abril de 2023, expediente 66001233300020120015301 (2277-

2016) y del 30 de junio de 2022, expediente 66001233300020140040301.

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COOPSALUD COOPERATIV 01/03/2008 31/03/2008
COOPSALUD COOPERATIV 01/04/2008 30/06/2008
COOPSALUD COOPERATIV 01/07/2008 31/07/2008
COOPITRAS 01/01/2010 31/01/2010

Que al 22 de marzo de 2018, se encontraba afiliado a Porvenir y, según su
historial laboral, había acumulado además de las anteriores, 396 semanas en el
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, correspondientes a:

Periodo Periodo
Razón social del empleador
Inicial Final
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PRESTACIÓN DE
05/2010 05/2010
SERVICIOS
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PRESTACIÓN DE
07/2010 10/2011
SERVICIOS
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE PRESTACIÓN DE
11/2011 11/2011
SERVICIOS
LUIS MIGUEL MANOSALVA DAZA 12/2011 01/2012
LUIS MIGUEL MANOSALVA DAZA 02/2012 11/2012
GESTIÓN DE EMPLEO TEMPORAL S.A.S. 12/2012 11/2013
GESTIÓN DE EMPLEO TEMPORAL S.A.S. 12/2013 12/2013
ASOCIACIÓN SINDICAL DE PROFESIONALES ASISTENCIALES Y
12/2013 13/2013
ADMIN
ASOCIACIÓN SINDICAL DE PROFESIONALES ASISTENCIALES Y
01/2014 03/2014
ADMIN
GESTIÓN DE EMPLEO TEMPORAL S.A.S. 04/2014 09/2015
MASSALUD O.A. LTDA 08/2014 11/2014
MASSALUD O.A. LTDA 12/2014 12/2014
MASSALUD O.A. LTDA 03/2015 06/2015
MASSALUD O.A. LTDA 07/2015 08/2015
MASSALUD O.A. LTDA 09/2015 12/2015
GESTIÓN DE EMPLEO TEMPORAL S.A.S. 10/2015 10/2015
GESTIÓN DE EMPLEO TEMPORAL S.A.S. 12/2015 12/2015
MASSALUD O.A. LTDA 01/2016 13/2016
GESTIÓN DE EMPLEO TEMPORAL S.A.S. 03/2016 03/2016
MASSALUD O.A. LTDA 01//2017 02/2017
MASSALUD O.A. LTDA 03/2017 12/2017
MASSALUD O.A. LTDA 01/2018 02/2018

La Sala advierte que, a partir de los documentos descritos, no logra determinarse
cuál fue la relación entre el demandante con el Hospital Eduardo Arredondo Daza
E.S.E. ni con las cooperativas de trabajo asociado. Si bien en los reportes de
cotizaciones al subsistema en pensiones allegados se enlistan unas
asociaciones como empleadoras aportantes, lo cierto es que se desconoce cuál
fue el vínculo asociativo, contractual o laboral entre aquellas y el actor y, por
tanto, las condiciones y la forma a través de la cual se suscitó su relación con la
institución médica demandada.

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No se tiene información respecto a la relación contractual o la existencia de
acuerdos de prestación de servicios o de cualquier otra índole entre las
empresas de trabajo asociado y la entidad demandada y, en ese sentido, no
puede inferirse que existió alguna clase de intermediación o, que tal situación,
sustentó la vinculación del demandante a la segunda de las mencionadas.

Se insiste en que en los reportes de cotización pensional del demandante
refieren algunas empresas de trabajo asociado y sindicales como empleadores
aportantes y detallan los periodos en los que realizaron las correspondientes
cotizaciones; sin embargo, no muestran la prestación del servicio al demandado,
elemento esencial de la existencia de una relación laboral. Tampoco lo hacen los
actos en el que se fija la planta de personal y se certifica la asignación básica de
los odontólogos de la entidad aportados, pues no se refieren de modo alguno a
la prestación del servicio por parte del actor.

Tampoco fueron aportadas o solicitadas para su práctica otras pruebas
documentales que permitan establecer las circunstancias en que presuntamente
se presentó la vinculación del actor con el demandado.

Por otra parte, se tiene la declaración de Ludovina Caballero de Rodríguez, quien
manifestó que el demandante laboró como odontólogo del Hospital Eduardo
Arredondo Daza E.S.E. desde el 2002 y que desconocía su fecha de retiro o
desvinculación. Que prestó sus servicios profesionales a través de diferentes
cooperativas, pero no tenía información sobre esas asociaciones.

Que cumplía sus labores en el centro asistencial demandado y, atendía las
mismas funciones y jornadas que los profesionales de la planta de personal, que,
tenía un jefe inmediato y recibía órdenes y laboraba entre cuatro a seis horas
diarias, en las diferentes sedes de la institución en las que coincidían con cierta
frecuencia.

Analizado el testimonio, la Sala advierte que, contrario a lo expuesto por el
apelante, este no ofrece información sobre su relación con la entidad, en cuanto
a los períodos, condiciones y circunstancias en que tuvo lugar, menos, frente a
la afirmación del recurrente sobre que desarrolló su labor a través de
cooperativas de trabajo asociado, pues si bien se hizo mención en tal
declaración, se explicó que desconocía las asociaciones, las condiciones y los
tiempos en que se presentó.

Así, al realizar una valoración integral de los medios de prueba, se advierte que

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no se tienen elementos que permitan determinar con cierto grado de certeza que
el demandante prestó sus servicios al Hospital Eduardo Arredondo Daza E.S.E.
en los términos pretendidos en el proceso.

La Subsección advierte que aunque en otras oportunidades 3 ha abordado el
estudio de la relación laboral encubierta frente a entidades estatales cuando
aquellas acuden a la intermediación laboral, concretamente, a través de
cooperativas de trabajo asociado, entendiendo que existe un vínculo y
sometimiento subordinado y, que aquel, ocurre con el tercero contratante de la
labor, en el presente asunto, a partir de las pruebas no logra demostrarse la
relación existente entre el demandante y una cooperativa y, entre esta última y
el hospital demandado.

Por lo anterior, confirmará la sentencia de primera instancia, por las razones
expuestas en esta providencia.

De la condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo
valorativo consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en
toda sentencia el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre
demostrado en el proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración
fuera relevante analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal
intencionada o de mala fe, no obstante, dicho criterio fue variado con la adición
introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena
en costas es viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con
manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A, en las sentencias proferidas a la luz de la nueva normativa se
deberá analizar la conducta realizada por las partes en el proceso, entre ello, si
se presentó o no, carencia de fundamentación jurídica conforme a lo señalado
en el inciso 2º del art. 188 de la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa, a partir del
recurso de apelación, que no se presenta una carencia de fundamentación legal
que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte vencida en su

3 Ver entre otras, las sentencias del 20 de abril de 2023, expediente 2012-00153-01 (2277-2016); del 28

de abril de 2022, expediente 2014-00384-01 (2728-2021) y del 27 de abril de 2016, expediente 2012-00241
(2525-2014).

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Radicación: 20001233900020180028801 (3779-2021)

escrito expuso argumentos razonables de defensa jurídica de sus intereses, en
consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Confirmar la sentencia del tres (3) de junio de dos mil veintiuno (2021)
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones.

Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente
sesión.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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