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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2020-00546-01

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2020-00546-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 8 de junio de 2023, a través de la cual el Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió la señora Diana Bilory Amaya Alsina en contra de la Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en precedencia. SEGUNDO. CONDENAR a la parte demandante a pagar las costas en esta instancia. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del C.G.P., las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar. TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta sentencia DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-39-000-2020-00546-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

6 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 20001-23-33-000-2020-00546-01 (5905-2023)
Demandante: Diana Bilory Amaya Alsina1
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Temas: Sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio del cargo.
Incompatibilidad para ejercer la abogacía siendo personera del
municipio de San Martín (Cesar)
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación formulado por la
parte demandante contra la sentencia del 8 de junio de 2023, mediante la cual el
Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones de la demanda y condenó
al pago de costas procesales.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones. Con la demanda se solicitó la nulidad de las siguientes
decisiones: i) la Resolución nro. 037 del 18 de diciembre de 2018, mediante la cual
la Procuraduría Provincial de Ocaña declaró disciplinariamente responsable a la
señora Diana Bilory Amaya Alsina y le impuso el correctivo de destitución e
inhabilidad general por el término de diez (10) años y; ii) la Resolución nro. 0005
del 28 de febrero de 2019, por medio de la cual la Procuraduría Regional de Norte
de Santander modificó dicha decisión y, al considerar que la conducta fue cometida
a título de culpa grave y no de dolo, sustituyó la sanción por suspensión en el
ejercicio del cargo por nueve (9) meses, convertida en multa por valor de 31.123.476
COP.

3. Como restablecimiento del derecho, pidió la exoneración de la sanción
impuesta, así como la indemnización de los perjuicios materiales y morales
causados por la investigación disciplinaria adelantada en su contra.

4. Hechos. El día 2 de marzo de 2015, la señora Diana Bilory Amaya Alsina
aceptó representar judicialmente a la señora Nelly Lizeth Serrano Rincón dentro de
un proceso de privación de la patria potestad.

5. Posteriormente fue elegida por el Concejo Municipal de San Martín (Cesar)

1 Aunque en la plataforma SAMAI el nombre de la demandante aparece como Diana Rilory Amaya Alsina, lo

cierto es que al verificarse la cédula de ciudadanía que obra en el expediente, se advierte que su nombre real
es Diana Bilory Amaya Alsina.

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Demandante: Diana Bilory Amaya Alsina

como personera de esa municipalidad, cargo que desempeñó entre el 1.° de junio
de 2015 y el 29 de junio (sic) de 2016.

6. Según la demanda, su señora madre, Olga Alsina Angarita, sin autorización
alguna procedió a radicar la demanda que permanecía en su escritorio «y que se
presumía por parte de mi cliente, que había sido radicada días atrás, inclusive antes
de posesionarse como personera de San Martín Cesar».

7. En vista de lo anterior, antes de la admisión de la demanda presentó
memorial mediante el cual sustituyó poder al abogado Alberto Enrique Ruiz Robles;
sin embargo, «por equivocación» del despacho judicial, el auto admisorio no
reconoció la personería del apoderado sustituto y, por el contrario, la tuvo a ella
como representante judicial de la demandante.

8. Por medio del auto del 1.° de agosto de 2015, el Juzgado Promiscuo de
Familia reconoció al señor Ruiz Robles como apoderado sustituto. Luego, este
togado renunció al poder, circunstancia que obligó a la señora Amaya Alsina a
efectuar una nueva sustitución, debido a las amenazas que recibía por parte de su
cliente y de terceros vinculados a grupos al margen de la ley.

9. El señor Jaime Alberto Almario Muñoz formuló queja disciplinaria contra la
demandante ante la Procuraduría Provincial de Ocaña y ante el Consejo Superior
de la Judicatura – Seccional Cesar.

10. Con fundamento en esa actuación se inició la correspondiente investigación
disciplinaria. A la señora Amaya Alsina se le imputó la falta prevista en el numeral
17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, consistente en «actuar u omitir, a pesar de
la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses,
de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales».

11. El 18 de diciembre de 2018 se profirió el fallo de primera instancia, a través
del cual se declaró disciplinariamente responsable a la demandante con el
correctivo de destitución e inhabilidad general por diez (10) años.

12. Como consecuencia del recurso de apelación, dicha decisión fue modificada
en fallo del 28 de febrero de 2019. La autoridad disciplinaria concluyó que la
conducta había sido cometida a título de culpa grave y no de dolo, razón por la cual
sustituyó las sanciones de destitución e inhabilidad por suspensión en el ejercicio
del cargo por nueve (9) meses, convertida en multa.

13. Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura en fecha del 18 de
septiembre de 2017 dio por terminada la investigación adelantada en su contra, al
concluir que la conducta no constituía falta disciplinaria.

14. Fundamentos de derecho. Se señalaron como infringidas las siguientes
disposiciones: artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos;
1.°, 2.°, 4.°, 6.°, 9.°, 13, 25, 29, 40 y 93 de la Constitución Política; 10 y 138 de la

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Demandante: Diana Bilory Amaya Alsina

Ley 1437 de 2011; 4.°, 6.°, 9.°, 14, 18, 21 y numerales 6 y 7 del 28 de la Ley 734 de
2002; y la sentencia del 15 de noviembre de 2017.

15. Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante
sostuvo que la sanción impuesta resultaba desproporcionada e irrazonable, por
cuanto la autoridad disciplinaria omitió valorar circunstancias atenuantes, tales
como el adecuado desempeño funcional de la investigada, la inexistencia de
afectación a los derechos fundamentales de terceros y la conducta desplegada por
su madre al radicar la demanda sin su autorización.

16. Asimismo, manifestó que no se efectuó una valoración integral del material
probatorio obrante en el expediente, particularmente del auto de archivo proferido
por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y de la
declaración rendida por la señora Olga Alsina Angarita, elementos que, a su juicio,
disminuían la responsabilidad disciplinaria que le fue atribuida.

17. Contestación de la demanda. Dentro de la oportunidad legal, la Procuraduría
General de la Nación ejerció su derecho de defensa y contradicción en los siguientes
términos2:

18. Afirmó que los argumentos expuestos en el concepto de violación
correspondían, en esencia, a los mismos que fueron formulados en el recurso de
apelación resuelto por la Procuraduría Regional de Norte de Santander dentro del
trámite disciplinario, los cuales ya habían sido analizados y desestimados en sede
administrativa.

19. Agregó que la decisión de segunda instancia resultó favorable para la
investigada, en la medida en que modificó la sanción inicialmente impuesta de
destitución e inhabilidad general por la de suspensión en el ejercicio del cargo,
posteriormente convertida en multa. No obstante, precisó que esa variación obedeció
a la reclasificación del elemento subjetivo de la conducta y no comportó vulneración
alguna de sus derechos.

20. Sentencia de primera instancia3. El 8 de junio de 2023, el Tribunal
Administrativo del Cesar negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas
a la actora. Para sustentar su decisión, expuso las siguientes consideraciones:

21. Señaló que no existía discusión acerca de que la señora Diana Bilory Amaya
Alsina, pese a desempeñarse como personera municipal de San Martín (Cesar),
conservó la calidad de apoderada principal de la señora Nelly Lizeth Serrano Rincón
dentro del proceso de privación de la patria potestad identificado con el radicado nro.
2015-00257, circunstancia que, además, fue reconocida por la propia demandante.

2 PDF «069» del expediente digital, el cual puede ser descargado en la opción de «Gestionar documentos» de

la plataforma SAMAI de primera instancia.
3 PDF «025» del expediente digital, ejusdem.

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22. Explicó que la sustitución del poder no extingue el mandato judicial, pues este
solo termina por las causales previstas en la ley, como la revocatoria o la renuncia.
En ese sentido, destacó que el inciso final del artículo 75 del Código General del
Proceso faculta al apoderado principal para reasumir, en cualquier momento, la
representación judicial, con la consecuente revocatoria de las sustituciones
otorgadas.

23. Aclarado lo anterior, precisó que la inconformidad de la accionante se dirigía
exclusivamente contra la proporcionalidad de la sanción impuesta —suspensión en
el ejercicio del cargo por el término de nueve (9) meses que posteriormente fue
variada a multa de 31.123.476 COP—, toda vez que, a su juicio, la autoridad
disciplinaria omitió valorar circunstancias atenuantes como: i) la diligencia y eficacia
demostradas en el ejercicio del cargo; ii) la inexistencia de afectación a derechos
fundamentales de terceros y, iii) la conducta desplegada por su madre al radicar la
demanda sin autorización.

24. Al respecto, el tribunal indicó que, conforme al numeral 9.° del artículo 43 de
la Ley 734 de 2002, las faltas gravísimas cometidas con culpa grave se sancionan
con suspensión en el ejercicio del cargo.

25. Asimismo, el operador judicial concluyó que la sanción impuesta se ajustó a
los artículos 44, 46 y 47 de la norma en comento, en tanto que el término de los
nueve (9) meses se encontraba dentro de los criterios de graduación de la sanción
disciplinaria.

26. En particular, el a quo destacó que la autoridad disciplinaria valoró: i) el grave
daño social derivado del desconocimiento del régimen de incompatibilidades previsto
en el numeral 1.º del artículo 29 de la Ley 1123 de 2007; ii) el conocimiento de la
ilicitud de la conducta, en atención a que, por su condición de abogada y personera
municipal, la demandante conocía la prohibición de ejercer simultáneamente la
profesión y el cargo público, por lo que debió renunciar al poder en lugar de
sustituirlo; iii) el nivel jerárquico del empleo desempeñado, por tratarse de una
autoridad del nivel directivo y, iv) la ausencia de antecedentes disciplinarios y fiscales
durante los cinco (5) años anteriores a la comisión de la falta.

27. Con fundamento en esos elementos, aseguró que la sanción de suspensión
en el ejercicio del cargo por el término de nueve (9) meses respetaba los postulados
de razonabilidad y proporcionalidad.

28. Añadió que, como para la fecha de ejecutoria de las decisiones disciplinarias
la señora Amaya Alsina ya no ejercía el cargo de personera ni se acreditó que
desempeñara otro empleo público, resultaba procedente convertir la suspensión en
multa, conforme lo hizo la Procuraduría General de la Nación.

29. De otro lado, destacó que la ilicitud sustancial en materia disciplinaria se
configura por el incumplimiento injustificado de los deberes funcionales y no

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depende de la efectiva vulneración de derechos fundamentales de terceros, como
lo sostuvo la demandante.

30. Por todo lo expuesto, aseguró que las autoridades disciplinarias actuaron con
observancia del procedimiento previsto en la Ley 734 de 2002 y con fundamento en
las pruebas legalmente recaudadas, sin que se acreditaran las irregularidades
alegadas en la demanda.

31. Finalmente, condenó en costas a la parte actora, por haber resultado vencida
dentro del asunto.

32. Recurso de apelación4. Inconforme con la anterior decisión, la señora Diana
Bilory Amaya Alsina la recurrió en apelación en los siguientes términos:

33. La sanción impuesta vulneró el principio de proporcionalidad, porque la
autoridad disciplinaria no valoró adecuadamente que ella no presentó la demanda,
no realizó actuaciones dentro del proceso judicial y contaba con una hoja de vida
intachable.

34. Manifestó que tampoco se apreciaron correctamente las pruebas aportadas,
particularmente las obrantes dentro de la actuación adelantada por la entonces Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, en la
cual se concluyó que no ejerció la profesión de abogada mientras se desempeñaba
como personera municipal.

35. Alegó la vulneración de los derechos de defensa y de acceso a la
administración de justicia, al señalar que se le impidió ingresar a la primera
audiencia de pruebas, con el propósito de impedir que rindiera declaración por su
condición de abogada.

36. Reprochó que el tribunal no tuviera en cuenta lo expuesto en la demanda
acerca de las amenazas y actos de extorsión de que fue víctima por parte del
abogado Jaime Alberto Almario Muñoz, quien presuntamente le exigió la suma de
30.000.000 COP a cambio de no formular la correspondiente queja disciplinaria.

37. Igualmente, cuestionó que el Ministerio Público no hubiera rendido concepto
dentro del trámite de primera instancia.

38. Señaló que el testimonio del abogado Jaime Escobar Escobar no fue
practicado, pese a que este presentó una incapacidad médica derivada de un
diagnóstico de cáncer de próstata. Sostuvo que dicho testigo era relevante porque
conocía las circunstancias relacionadas con su primera elección como personera
municipal y podía demostrar que ese período no tuvo validez jurídica.

39. Añadió que el tribunal tampoco valoró su hoja de vida ni el proceso

4 Índice 57 de la plataforma SAMAI de primera instancia.

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disciplinario adelantado contra los concejales, documentos que, según afirmó,
obraban en el expediente.

40. Reiteró que el Juzgado Promiscuo de Familia de Aguachica incurrió
inicialmente en un error al admitir la demanda y reconocerle personería para actuar;
sin embargo, sostuvo que esa irregularidad fue posteriormente corregida por el
mismo despacho judicial.

41. Insistió en que no ocasionó daño alguno al Estado y que la conducta
investigada no fue dolosa, ni por parte suya ni por parte de su madre.

42. Finalmente, solicitó revocar la condena en costas impuesta en la sentencia
de primera instancia, al considerar que le ocasionó un perjuicio adicional y que fue
decretada sin esperar la decisión definitiva sobre el recurso de apelación.

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

43. La admisión del recurso. Mediante auto de fecha 2 de febrero de 20245 se
admitió la alzada. Dentro de la oportunidad de ley únicamente intervino el agente
del Ministerio Público delegado ante esta corporación6, quien solicitó confirmar la
decisión de primera instancia, con fundamento en las siguientes consideraciones:

44. La autoridad disciplinaria efectuó una valoración integral, objetiva y razonada
del material probatorio obrante en el expediente, con observancia de las reglas de
la sana crítica.

45. Se demostró que la señora Diana Bilory Amaya Alsina se desempeñó como
personera municipal de San Martín (Cesar) y paralelamente ejerció la profesión de
abogada, situación que la hizo incurrir en una incompatibilidad, sin que se
demostrara una circunstancia de inimputabilidad.

46. Asimismo, compartió las conclusiones del tribunal en cuanto a que, para la
configuración de la ilicitud sustancial en materia disciplinaria no era necesario
acreditar la producción de un daño efectivo, pues bastaba con el incumplimiento
injustificado de los deberes funcionales derivados del régimen de
incompatibilidades.

47. Finalmente, la Sala deja constancia de que, si bien la demandante presentó
un escrito en esta instancia, su contenido se limitó a formular expresiones
irrespetuosas e impropias contra el concepto rendido por el Ministerio Público, sin
exponer argumentos jurídicos dirigidos a desvirtuar la sentencia apelada o a
sustentar el recurso de alzada.

5 Índice 5 de la plataforma SAMAI.
6 Índice 11, ib.

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II. CONSIDERACIONES

48. Competencia. Esta Sala de Subsección es competente para resolver el
aludido recurso de apelación, pues así lo establece el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7.

49. Problemas jurídicos. De conformidad con los argumentos planteados en el
recurso de apelación, corresponde a la Sala resolver los siguientes interrogantes:

50. ¿La sanción impuesta a la señora Diana Bilory Amaya Alsina, por haber
incurrido en la incompatibilidad prevista en el artículo 29 de la Ley 1123 de 2007, al
ejercer la profesión de abogada mientras se desempeñaba como servidora pública,
se ajustó a los criterios legales para su determinación y graduación?

51. ¿La actuación disciplinaria adelantada por la Procuraduría General de la
Nación vulneró el principio non bis in ídem, teniendo en cuenta que los mismos
hechos fueron examinados previamente por el Consejo Seccional de la Judicatura
del Cesar dentro de una investigación disciplinaria profesional que concluyó con
decisión de archivo?

52. ¿La Procuraduría General de la Nación vulneró el derecho al debido proceso
de la señora Diana Bilory Amaya Alsina durante el trámite de la actuación
disciplinaria?

53. ¿La condena en costas impuesta en la sentencia de primera instancia se
encuentra ajustada a derecho?

El caso concreto. La resolución del interrogante planteado.

54. Primer Interrogante: ¿la sanción impuesta a la señora Diana Bilory Amaya
Alsina, por haber incurrido en la incompatibilidad prevista en el artículo 29 de la Ley
1123 de 2007, al ejercer la profesión de abogada mientras se desempeñaba como
servidora pública, se ajustó a los criterios legales para su determinación y
graduación?

55. Antes de resolver el problema jurídico planteado, la Sala advierte que la
controversia en esta instancia no recae sobre la configuración de la falta
disciplinaria. En efecto, la recurrente no desconoció haber incurrido en la
incompatibilidad que dio lugar a la investigación, sino que sostuvo que la sanción
impuesta fue desproporcionada, por cuanto, a su juicio, se omitió valorar
adecuadamente diversas circunstancias que ameritaban una mayor reducción de la
penalidad.

7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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56. En particular, afirmó que debieron ponderarse favorablemente: i) que no
realizó actuaciones sustanciales dentro del proceso judicial; ii) que la demanda fue
radicada por su madre y no por ella; iii) su excelente hoja de vida y la ausencia de
antecedentes disciplinarios y, iv) las presuntas presiones y amenazas ejercidas por
la señora Nelly Lizeth Serrano Rincón y por terceros.

57. Sobre el elemento de la culpabilidad y los criterios para la graduación de la
sanción impuesta, en el fallo disciplinario de segunda instancia se plasmó lo
siguiente:

«-Culpabilidad

De conformidad con el artículo 13 de la Ley 734 de 2002, en materia disciplinaria
queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Las faltas solo serán
sancionables a título de dolo o culpa.

En cuanto al dolo, la Corte Suprema de Justicia ha considerado lo siguiente:

[…]

Por otra parte, habrá culpa gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por
ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de
obligatorio cumplimiento. la culpa grave es definida como aquella en que se incurre
por inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime
a sus actuaciones, conducta que no es la que corresponde esperar de una persona
que ejerce funciones públicas a quien, por lo demás, se le exige un particular nivel
de responsabilidad.

En el caso que nos ocupa, una vez determinada la tipicidad de la falta disciplinaria
cometida por la doctora DIANA BILORY AMAYA ALSINA, se debe determinar si su
comportamiento estuvo motivado con dolo o culpa, en los términos del artículo 13
de la Ley 734 de 2002.

Al respecto, el despacho ha de considerar que las probanzas permiten establecer
que la señora AMAYA ALSINA ejecutó actos tendientes a separarse de sus
funciones de apoderada de la señora NELLY LIZETH SERRANO RINCON con el fin
de no incurrir en la incompatibilidad prevista en el artículo 29 de la Ley 1123 de 2007,
véase a folio 399 sustitución de poder al doctor ALBERTO ENRIQUE RUIZ
ROBLES. Sin embargo, no ejerció el mecanismo pertinente que pusiera fin a su
condición de apoderada principal, lo cual se lograba a través de la renuncia.

Así las cosas, esta Regional determina que la señora AMAYA ALSINA incurrió en la
comisión de la falta con CULPA GRAVE, por inobservancia del cuidado necesario
que cualquier persona del común le imprime a sus actuaciones, toda vez que a pesar
de haber sustituido el poder otorgado por su cliente en el proceso de familia, lo cual
implica reasumir el poder en cualquier momento, no renunció al mandato otorgado
para la representación judicial, antes de tomar posesión de su cargo como
Personera Municipal de San Martin, Cesar.

Lo anterior, cambia el sentido de la forma de culpabilidad calificada como DOLOSA
por la Procuraduría Provincial de Ocaña, y tal cambio en la forma de culpabilidad,
repercute en el tipo de falta ya que esta fue tazada como GRAVÍSIMA, no obstante,
y por expresa disposición del numeral noveno del Art. 43 del C.D.U., se dispone: "La
realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave,
será considerada FALTA GRAVE".

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Lo anterior implica, por disposición del legislador, que la falta disciplinaria gravísima
en que está incurso la investigado, ha de considerarse por virtud del numeral 9°
citado, como FALTA GRAVE, lo que debe atenderse para efectos de la graduación
de la sanción que corresponde.

[…]

Criterios para la graduación de la sanción a imponer

Alega la recurrente, que en el fallo de primera instancia al momento de imponer la
sanción correspondiente a la doctora DIANA BILORY AMAYA ALSINA se omitió
considerar los criterios para su graduación, dejando de lado que la disciplinada no
tiene antecedentes disciplinarios ni fiscales.

Al respecto, es deber de este Despacho, en primer lugar, determinar la sanción a
imponer, bajo el contenido del artículo 44 del C.D.U., y posteriormente, analizar si
en el caso concreto se dan los criterios para graduar la sanción, de acuerdo a lo
normado en el artículo 47 ibidem.

Conforme con el artículo 44 del C.D.U., numeral 3°, las faltas GRAVES CULPOSAS
serán sancionadas con SUSPENSION.

Sin embargo, según lo dispuesto en el artículo 46 de la misma norma, la
SUSPENSIÓN, no será inferior a un mes, ni superior a doce meses; por lo que se
hace necesario acudir a los criterios del artículo 47 ibidem, para fijar el término de la
sanción.

Para el caso concreto, en el plenario se presenta un criterio para graduar la sanción
a imponer a la doctora DIANA BILORY AMAYA ALSINA, pues a folios 523 y 524, se
encuentra demostrado que la disciplinada no ha sido sancionada disciplinariamente
ni fiscalmente en los últimos cinco (5) años; Este criterio es suficiente para
determinar el término de la suspensión en NUEVE (9) MESES.

Ahora, según la certificación expedida por la Secretaria del Concejo Municipal de
San Martin, Cesar, vista a folio 348, la señora DIANA BILORY AMAYA ALSINA se
desempeñó como Personera del mencionado municipio del 01 de junio de 2015 al
29 de julio de 2016; este aspecto se corrobora con la Resolución No. 156 del 30 de
julio de 2016 expedida por el Concejo Municipal de San Martín, vista a folios 142 a
143, mediante la cual se nombra al señor DANIEL ENRRIQUE CORDOBA como
Personero Municipal de San Martin, Cesar, para el período 2016 - 2020. Así mismo,
con el acta de posesión de este último, el 30 de julio de 2016, vista a folio 141.

Entonces, como quiera que la doctora DIANA BILORY AMAYA ALSINA no ostenta
actualmente la condición de Personera Municipal de San Martín, Cesar, cargo en el
que se originó la falta, habrá de convertirse el término de suspensión en salarios de
acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta, tal y
como lo preceptúa el inciso segundo del artículo 46 del C.D.U.

Los hechos ocurrieron desde el día 18 de junio de 2015, fecha en que la doctora
DIANA BILORY AMAYA ALSINA radica ante el Juzgado Promiscuo de Familia de
Aguachica, Cesar, la sustitución de poder actuando como apoderada de la señora
NELLY LIZETH SERRANO RINCON, con una conducta continuada, pues la doctora
AMAYA ALSINA no presentó renuncia al poder principal presentado con la
demanda; la renuncia que obra a folio 409 del expediente, no indica demandante y
hace referencia al proceso 2015-00294, radicado diferente al que corresponde al
proceso judicial de la demandante NELLY LIZETH SERRANO RINCON que se
tramita en el mencionado Juzgado bajo el No. 2015-00257. En consecuencia, de lo
anterior, la doctora DIANA BILORY AMAYA ALSINA continúo siendo la abogada
principal, ante la no renuncia del poder otorgado por la señora SERRANO RINCON

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Demandante: Diana Bilory Amaya Alsina

Con una conducta continuada se tiene que la falta fue cometida desde la realización
del último acto, quiere esto decir, que para convertir el término de la suspensión en
salarios, se deberá tener en cuenta el último salario devengado por la señora
AMAYA ALSINA en el cargo de personera municipal de San Martín, Cesar, para el
año 2016, el cual corresponde a TRES MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS ($3,458,164), según
certificación vista a folio 232.

Como la sanción impuesta en la presente corresponde a nueve (9) meses de
suspensión, el valor de la multa a imponer es de TREINTA Y UN MILLONES
CIENTO VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
($31,123,476).8»

58. Por su parte, estos mismos elementos fueron analizados en primera instancia
por el Tribunal Administrativo del Cesar, quien consideró lo siguiente:

«Hechas las anteriores precisiones, pasa la Sala a resolver el objeto de la litis, para
lo cual, resulta menester, en primer lugar, traer a colación la norma que describe la
conducta imputada a la actora. En efecto, se tiene que el numeral 17 del artículo 48
de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), en su tenor literal reza:

“ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. <Artículo derogado a partir del
29 de marzo de 2022, por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019> Son
faltas gravísimas las siguientes:
(…)
17. Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de incompatibilidad,
inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo con las previsiones
constitucionales y legales.
(…)”

Nótese que la norma arriba transcrita es de aquellas que la doctrina denomina como
tipos en blanco u abiertos, pues, para definir la falta disciplinaria, por ejemplo, en el
caso sub judice, resulta forzoso remitirse al numeral 1º del artículo 29 de la Ley 1123
de 2007, que establece: “ARTÍCULO 29. INCOMPATIBILIDADES. No pueden
ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos: 1. Los servidores públicos, aun en
uso de licencia, salvo cuando deban hacerlo en función de su cargo o cuando el
respectivo contrato se los permita. (…) (subrayas para denotar).

Fue así como a DIANA BILORY AMAYA ALSINA se le reprochó la conducta de
“haber actuado como apoderada de la señora NELLY LIZETH SERRANO RINCÓN,
en el Juzgado Promiscuo de familia de Aguachica Cesar, proceso verbal privación
patria potestad radicado 20-011-31-84-001-2015-00257, estando en el cargo de
personera municipal” (único cargo).

En este punto, es preciso señalar que la sustitución de poder no termina con el
mandato judicial, de ahí que se permita al apoderado principal reasumir en cualquier
momento la representación judicial que ostenta, con la cual quedan revocadas
automáticamente las sustituciones anteriores, tal como lo dispone el inciso final del
artículo 75 del Código General del Proceso.

Se tiene entonces que el mandato judicial solo finaliza con la revocación del poder
o la renuncia de éste. En este sentido, el profesor y tratadista HERNÁN FABIO
LÓPEZ BLANCO en su estudio CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, Parte
General, explicó que:

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Demandante: Diana Bilory Amaya Alsina

[…]

Bajo estos parámetros, no se comparte los argumentos de la parte actora, según la
cual “su actuación al interior del proceso de privación de patria de potestad, solo se
limitó a sustituir un poder a favor de otro abogado, mas no a realizar ninguna
actuación procesal de fondo”, pues, en todo caso, se reitera que la figura de la
sustitución de poder no la relevó de su condición de apoderada de Nelly Lizeth
Serrano Rincón, dentro del proceso verbal de privación de patria potestad, con
Radicado No. 2015-00257, sino que simplemente delegó las funciones que a ella se
le habían encomendado, pero manteniendo ante la poderdante íntegras las
responsabilidades asumidas, igual que si interviniera de manera directa y siempre
con la posibilidad de “reasumirlo en cualquier momento”, tal como lo dispone el
inciso final del artículo 75 del Código General del Proceso -ya citado-.

Por otro lado, la Sala observa, que, si bien la falta atribuida a DIANA BILORY
AMAYA ALSINA está descrita objetivamente como gravísima en el numeral 17 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), en concordancia con
el numeral 1º del artículo 29 de la Ley 1123 de 2007, la misma fue considerada como
grave por cuanto la conducta desplegada por la actora se calificó en segunda
instancia bajo la modalidad de culpa grave, cumpliéndose con ello lo dispuesto en
el numeral 9º del artículo 43 del Código Disciplinario Único.

En este orden de ideas, atendiendo que la conducta disciplinable fue calificada
finalmente como grave culposa, se advierte que la sanción prevista por el legislador
para este tipo de faltas es la de suspensión, según lo establecido en el artículo 4425
de la Ley 734 de 2002. Por consiguiente, forzoso es acudir al artículo 46 ibidem,
que, en relación con la sanción de suspensión, dispone que la misma no será inferior
a un mes ni superior a doce meses.

Así las cosas, conforme a los criterios de graduación de la sanción disciplinaria,
consagrados en el artículo 47 del Código Disciplinario Único, entre ellos: (i) el grave
daño social de la conducta sancionada, habida cuenta que se desconoció el
régimen de incompatibilidades consagrado en el artículo 29, numeral 1º, de la Ley
1123 de 2007; (ii) el conocimiento de la ilicitud, dado que, por sus condiciones
profesionales (abogada) y experiencia, la actora debía saber que mientras estuviera
desempeñando un cargo público no podía fungir como abogada en un proceso
judicial, pues, para tomar posesión del cargo de personera, debió previamente haber
renunciado al poder y no acudir a la figura de la sustitución; (iii) el nivel directivo
de la actora, puesto que al momento del ilícito disciplinario fungía como Personera
del Municipio de San Martín, Cesar; y (iv) la ausencia de antecedentes fiscales o
disciplinarios durante los últimos 5 años anteriores a la comisión de la conducta;
conllevan necesariamente a concluir que la sanción disciplinaria que se le impuso a
DIANA BILORY AMAYA ALSINA, cual fue la de 9 meses de suspensión, se
enmarca dentro de los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad, pues no
desborda los límites prestablecidos por el legislador.

Ahora bien, comoquiera que la encartada finalizó su período en el cargo de
Personera municipal de San Martín, Cesar, a partir del 29 de julio de 2016, según
consta en la certificación suscrita por la Secretaria General del Concejo municipal
de San Martín, Cesar, de fecha 24 de agosto de 2016, y en vista de que para el
momento de la ejecutoria de los fallos disciplinarios acusados no existía noticia ni
prueba alguna de que la exempleada DIANA BILORY AMAYA ALSINA se
encontraba desempeñando el mismo u otro cargo en otra entidad, lo procedente era
dar aplicación al inciso segundo del artículo 46 del Código Disciplinario Único, es
decir, convirtiendo el término de 9 meses de suspensión en salarios de acuerdo al
monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta, tal como en
efecto se hizo.9»

9 Transcripción con posibles errores incluidos.

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59. Como se observa, una vez la Procuraduría descartó que la conducta hubiera
sido desplegada con dolo y la calificó como cometida con culpa grave, la sanción
aplicable era la suspensión en el ejercicio del cargo, tal como lo dispuso el artículo
44 de la Ley 734 de 2002.

60. Ahora bien, en cuanto a la duración concreta de la suspensión, la Sala
advierte que no le asiste razón a la recurrente. Si bien la PGN señaló expresamente
que el criterio de graduación acreditado en el expediente era la ausencia de
antecedentes disciplinarios y fiscales, la sanción de suspensión por nueve (9)
meses no resulta arbitraria ni desproporcionada, debido a que, al examinar
integralmente la actuación, también se evidencian otros elementos previstos en el
artículo 47 del Código Disciplinario Único que justifican el término impuesto, tales
como: i) el grave daño social derivado del desconocimiento del régimen de
incompatibilidades; ii) el conocimiento de la ilicitud de la conducta; iii) el nivel
jerárquico del cargo desempeñado, al tratarse de una personera municipal; y iv) la
inexistencia de prueba que permita afirmar que actuó bajo una situación de
coacción.

61. En ese contexto, la Sala considera que una hoja de vida impecable y las
gestiones llevadas a cabo para apartarse de la representación judicial no imponen
necesariamente la aplicación del mínimo legal. Tales circunstancias constituyen
criterios favorables para la disciplinada, pero deben armonizarse con los demás
factores de graduación previstos por el legislador, los cuales, en este caso,
revestían una especial entidad debido a la naturaleza del cargo desempeñado y al
deber reforzado de observancia del régimen de incompatibilidades.

62. Por otra parte, el hecho de que la madre de la demandante hubiera radicado
la demanda no excluye la intervención profesional de la sancionada. Para
determinar el ejercicio de la abogacía no resulta relevante quién efectuó la entrega
física del escrito, sino quién lo suscribió y quién asumió la representación judicial
dentro del proceso.

63. De otro lado, si bien en la demanda se hizo referencia a presuntas amenazas
y actos de extorsión, no obra en el expediente prueba que permita concluir que tales
circunstancias determinaron la presentación de las sustituciones de poder o
condicionaron la conducta que dio lugar a la investigación disciplinaria. Por el
contrario, la propia demandante manifestó en el hecho décimo quinto del escrito
inicial que, al advertir la situación, procedió a presentar la correspondiente
sustitución del poder, suceso que evidencia que dicha actuación obedeció a su
decisión de retirarse de la representación judicial y no a una coacción irresistible.

64. Carece igualmente de relevancia el argumento según el cual la PGN adelantó
investigaciones disciplinarias contra los concejales que participaron en la elección
de la demandante como personera municipal. La eventual responsabilidad
disciplinaria de dichos servidores públicos responde al examen de sus propios
deberes funcionales y no tiene la virtualidad de excluir, atenuar o desvirtuar la
responsabilidad disciplinaria de la actora, cuya conducta fue analizada de manera

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individual. En todo caso, la propia demandante reconoce haber incurrido en la
incompatibilidad que dio lugar a la sanción y limita su inconformidad a cuestionar la
graduación de esta, razón por la cual dicho argumento carece de incidencia para
resolver el presente asunto.

65. Segundo Interrogante: ¿la actuación disciplinaria adelantada por la
Procuraduría General de la Nación vulneró el principio non bis in ídem, teniendo en
cuenta que los mismos hechos fueron examinados previamente por el Consejo
Seccional de la Judicatura del Cesar dentro de una investigación disciplinaria
profesional que concluyó con decisión de archivo?

66. Para la Sala, este interrogante debe resolverse negativamente. Aunque las
dos actuaciones pudieron referirse a la misma persona, no existió identidad de
objeto ni de causa jurídica.

67. En la actuación adelantada por la Procuraduría, la señora Diana Amaya
Alsina fue investigada en su condición de personera municipal, esto es, como
servidora pública sometida a una relación especial de sujeción con el Estado. El
objeto de ese proceso consistió en determinar si infringió el deber funcional de
respetar el régimen de incompatibilidades, conforme al numeral 17 del artículo 48
de la Ley 734 de 2002, complementado por el artículo 29 de la Ley 1123 de 2007.
Por el contrario, la actuación adelantada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar examinó su conducta desde el ámbito
de la ética profesional, es decir, como abogada y frente a la prohibición del artículo
39 de la Ley 1123 de 2007. Mientras el primer régimen protege la transparencia,
imparcialidad y correcto funcionamiento de la administración pública, el segundo
resguarda el adecuado ejercicio de la profesión de abogado.

68. La Corte Constitucional10 estableció expresamente que una misma conducta
puede activar la competencia de la PGN y de la autoridad disciplinaria de los
abogados sin infringir la non bis in ídem, porque las actuaciones tienen distinta
naturaleza, objeto, fundamento normativo y finalidad sancionatoria.

69. En ese sentido, la terminación anticipada de la investigación dispuesta por el
Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar produce efectos dentro del ámbito
disciplinario profesional e impide reabrir allí una actuación idéntica. Sin embargo, no
elimina la competencia de la PGN ni convierte en atípica la conducta. Incluso, según
lo expuesto, el propio auto de archivo reconoció que la Procuraduría adelantaba la
investigación correspondiente contra la servidora pública.

70. En consecuencia, este cargo tampoco no prospera.

71. Tercer Interrogante: ¿la Procuraduría General de la Nación vulneró el
derecho al debido proceso de la señora Diana Bilory Amaya Alsina?

10 Sentencia C-899 de 2011.

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72. La recurrente sustenta este cargo en dos aspectos. De una parte, sostiene
que no pudo comparecer a la audiencia de pruebas para rendir interrogatorio de
parte. De otra, afirma que la autoridad disciplinaria vulneró su derecho de defensa
al no practicar el testimonio del señor Jaime Antonio Escobar Escobar.

73. En primer lugar, del expediente se advierte que dentro de la actuación
disciplinaria únicamente se celebró una audiencia de pruebas y que la demandante
asistió a ella, de manera que no es cierto que hubiera sido excluida de dicha
diligencia.

74. Asimismo, se observa que la solicitud de interrogatorio de parte fue resuelta
desfavorablemente durante la audiencia inicial. Sin embargo, contra esa
determinación la investigada no interpuso los recursos procedentes, razón por la
cual que no resulta procedente cuestionar en esta instancia una determinación
frente a la cual la propia interesada guardó silencio.

75. En segundo lugar, en cuanto al testimonio del señor Jaime Antonio Escobar
Escobar, se encuentra acreditado que dicha prueba fue decretada por la autoridad
judicial a solicitud de la PGN. Aunque inicialmente su práctica fue aplazada debido
a la incapacidad médica del testigo, posteriormente la misma entidad desistió de su
recaudo.

76. Así las cosas, no puede afirmarse que se hubiera vulnerado el derecho de
defensa de la demandante, pues no se trataba de una prueba requerida por ella ni
demostró que su práctica resultara indispensable para el esclarecimiento de los
hechos o que su ausencia hubiera tenido incidencia determinante en el sentido de
la decisión disciplinaria.

77. Por el contrario, del examen integral de la actuación se advierte que la PGN
garantizó en todo momento el ejercicio de los derechos de defensa y contradicción
de la investigada. Incluso, durante el trámite disciplinario la propia autoridad decretó
de oficio, en dos oportunidades, la nulidad parcial de las actuaciones al advertir
irregularidades relacionadas con la notificación de algunas decisiones, con el fin de
restablecer plenamente las garantías procesales de la disciplinada.

78. En consecuencia, la Sala no encuentra acreditada la vulneración del derecho
al debido proceso invocada por la demandante.

79. Cuarto Interrogante: ¿la condena en costas impuesta en la sentencia de
primera instancia se encuentra ajustada a derecho?

80. La Sala considera que este cargo tampoco está llamado a prosperar. Si bien
la demandante manifestó su inconformidad con la condena en costas, lo cierto es
que en el recurso de apelación no formuló argumentos concretos dirigidos a
demostrar la ilegalidad de esa determinación, sino que se limitó a afirmar que esta
le generaba un mayor perjuicio y que no se había esperado la decisión de segunda
instancia.

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81. Tales afirmaciones no son suficientes para desvirtuar la decisión adoptada
por el tribunal. En efecto, la condena en costas no está supeditada a que el recurso
de apelación haya sido resuelto. Por el contrario, corresponde al operador judicial
decidir sobre su procedencia al momento de proferir el fallo, de conformidad con las
reglas procesales aplicables, sin perjuicio de la revisión que pueda efectuar el
superior cuando exista una censura debidamente sustentada.

82. Adicionalmente, la Sala pone de presente que la condena en costas impuesta
por el tribunal se ajustó al criterio objetivo vigente para la época en que se profirió
la sentencia, el cual no fue desplazado por la modificación introducida por la Ley
2080 de 2021. En consecuencia, no se advierte motivo alguno para revocar dicha
determinación.

83. Por último, la Sala considera pertinente precisar que tampoco prospera el
reparo relacionado con la ausencia de concepto del Ministerio Público durante la
primera instancia —alegado de manera tangencial en la alzada—. En efecto, de
conformidad con el artículo 303 del CPACA, la intervención del Ministerio Público
en los procesos contencioso-administrativos es facultativa y no obligatoria, razón
por la cual la ausencia de concepto no configura una irregularidad capaz de afectar
la validez del proceso ni constituye una vulneración del debido proceso.

84. Así las cosas, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte actora.

85. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del C.P.A.C.A.,
efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos
entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena
en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige
que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del
criterio objetivo que gobierna esta materia.

86. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del C.P.A.C.A. se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

87. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del C.G.P. teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del C.P.A.C.A.

88. En consecuencia, se condenará a la parte demandante a pagar las costas en
esta instancia, por cuanto no prosperaron los argumentos del recurso de apelación.

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Demandante: Diana Bilory Amaya Alsina

Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del C.G.P., las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 8 de junio de 2023, a través de la cual el
Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones de la demanda que, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió
la señora Diana Bilory Amaya Alsina en contra de la Procuraduría General de la
Nación, por las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO. CONDENAR a la parte demandante a pagar las costas en esta
instancia. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del C.G.P., las agencias
en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar.

TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
sentencia DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia. La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma SAMAI del Consejo
de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes
del Código General del Proceso.

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