Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2020-00572-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-39-000-2020-00572-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-39-000-2020-00572-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
29 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 20001 23 33 000 2020 00572 01 (3507-2023)
Demandante: Miguel Ángel Mendoza Villalba
Demandado: Universidad Popular del Cesar
Tema: Nivelación salarial. Aplicación del régimen salarial y
prestacional que se aplica a los docentes públicos de carrera
contenido en el Decreto 1279 de 2002.
Decisión: Confirmar sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación formulado por la
parte demandante contra la sentencia de 9 de febrero de 2023, a través de la
cual el Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas y agencias en derecho al actor.
I. ANTECEDENTES
2. Pretensiones. Con la demanda se solicitó la nulidad del oficio RECT 100-03-
07-102-20201 del 20 de febrero de 2020, mediante el cual el rector de la
Universidad Popular del Cesar negó la petición de nivelación salarial presentada
por el accionante.
3. Como restablecimiento del derecho solicitó que se declare que el actor es
funcionario público de hecho2 y que tiene derecho a que su régimen salarial y
prestacional sea igual al de los docentes de carrera previsto en el Decreto 1279
de 2002.
4. Así mismo, pidió condenar a la institución accionada calificar la hoja de vida
del accionante teniendo en cuenta sus títulos profesionales, experiencia laboral
y las obras literarias escritas por él y, consecuentemente, reliquidar los
emolumentos salariales recibidos desde la fecha de su vinculación.
1 Ver índice 2 de la plataforma SAMAI, documento denominado «02Demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho», folios 2-3.
2 Así se consignó la pretensión en la demanda de marras, aunque tal súplica no está contenida en la
respectiva reclamación administrativa.
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Demandante: Miguel Ángel Mendoza Villalba
5. Finalmente, reclamó el cumplimiento de la sentencia de acuerdo con lo
señalado en los artículos 187, 192 y 195 del C.P.A.C.A.
6. Hechos. Se reseñaron como tales los siguientes:
7. Mediante Resolución 0445 de 18 de marzo de 2002, el demandante fue
vinculado como docente provisional de tiempo completo de la facultad de
ingenierías y tecnologías del ente demandado. Al fijar su salario, su hoja de vida
no fue calificada de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1279 de 2002.
8. El accionante cumple con las mismas funciones de los educadores de carrera
administrativa y ha cumplido una carga académica de 40 horas semanales. Sin
embargo, el régimen profesoral le es aplicado en igualdad de condiciones frente
a aquellos, excepto lo relacionado con el sistema salarial y prestacional.
9. En el año 2006, previa solicitud elevada de conformidad con lo reglado en el
Acuerdo 008 de 21 de febrero de 1994, el actor fue ascendido a docente de
categoría asociado, sin que tal movimiento reflejara un incremento de sus
ingresos salariales.
10. La solicitud presentada a la administración, en la que pidió que su hoja de
vida fuera calificada para los fines salariales concebidos en el Decreto 1279 de
2002, fue negada a través de la decisión que ahora se demanda.
11. Fundamentos de derecho3. Para la abogada del demandante, la decisión
sometida a juicio vulneró las siguientes disposiciones: artículos 1, 2, 4, 13, 25,
26, 52, 58, 67, 69 y 336 de la Constitución Política; 8 de la Ley 153 de 1987 (sic);
2 de la Ley 4.ª de 1992; 28, 57 y 74 de la Ley 30 de 1992; 101 y 102 del Código
Sustantivo del Trabajo y los Decretos 1444 de 1992, 2912 de 2001 y 1279 de
2002.
12. Consideró que la autonomía de la que gozan las universidades estatales no
les permite desconocer que el régimen salarial y prestacional de sus empleados
debe ser fijado por el Gobierno Nacional, por lo que ni el rector, ni el Consejo
Superior Universitario pueden establecer límites al respecto.
13. El ente demandado desconoció esas competencias al negar al demandante
los incrementos salariales provenientes de su ascenso a la categoría de profesor
titular, de acuerdo con las reglas depositadas en el Decreto 1279 de 2002,
avalando un trato diferenciado e injustificado frente a lo percibido por los docentes
de carrera especial.
3
Ver índice 2 de la plataforma SAMAI, documento denominado «02Demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho», folios 5-15.
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Demandante: Miguel Ángel Mendoza Villalba
14. Contestación de la demanda4. Dentro de la oportunidad de ley, la
Universidad Popular del Cesar contestó la demanda, oponiéndose a la
prosperidad de las pretensiones en ella contenidas, con tales fines, argumentó
que:
15. De acuerdo con la Ley 30 de 1992, en las universidades públicas existen tres
categorías de educadores: los de carrera especial, los de cátedra y los
ocasionales. Por tanto, los provisionales no constituyen una categoría docente,
sino un tipo de vinculación que permite suplir las vacantes definitivas que se
presentan en los empleos de carrera especial.
16. Así entonces, ni el estatuto profesoral -Acuerdo 008 de 1994-, ni el estatuto
general universitario -Acuerdo 001 de 1994- concibieron a “los profesores
provisionales”, por lo que mal haría esa institución en crear situaciones jurídicas
apartadas del orden legal vigente.
17. En suma, es improcedente la pretensión de igualdad invocada en la demanda,
pues las reglas contenidas en el Decreto 1279 de 2002 solo se aplican a los
docentes de carrera especial, condición que el actor no posee, pues su vínculo
laboral es de naturaleza provisional.
18. Fundada en esas consideraciones, la abogada defensora formuló las
excepciones de «legalidad del acto administrativo», «inexistencia del derecho» e
«inexistencia de violación de normas».
19. Sentencia de primera instancia5. Es la dictada el 9 de febrero de 2023, a
través de la cual el Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas y agencias en derecho a la parte actora.
20. Con tales fines, después de reseñar brevemente la clasificación y categorías
de los docentes universitarios y las disposiciones que rigen su sistema salarial y
prestacional, concluyó que:
21. Para la fecha en que el demandante ingresó a la entidad demandada -18 de
marzo de 2002-, se encontraba vigente el Decreto 2912 de 2001, el cual fue
derogado por el Decreto 1279 de 2002. Ambas disposiciones fueron específicas
al establecer que sus destinatarios serían los educadores que ingresen a las
universidades públicas por concurso de méritos y/o los que reingresen a la
carrera docente.
22. En consecuencia, como el actor se encuentra en una situación objetiva
distinta de quienes ostentan derechos de carrera especial, no puede pregonarse
violación alguna al derecho a la igualdad. Por tanto, no es ilegal que al momento
4 Ver índice 2 de la plataforma SAMAI, documento denominado «17ContestacionDemandaLeslyeValera».
5 Ver índice 32 de la plataforma SAMAI de primera instancia.
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de fijar su salario mensual no se aplique el sistema de asignación de puntos
previsto en el Decreto 1279 de 2002.
23. Por otro lado, las condiciones similares de prestación del servicio no avalan
el reconocimiento de la calidad de “empleado público de hecho” solicitada en la
demanda, pues esta figura ha sido erigida con fundamentos distintos a los
planteados por el accionante.
24. En efecto, la calidad de “funcionario de hecho” se predica frente a aquella
persona que ejerce funciones públicas irregularmente, por ausencia de una
vinculación formal con la administración. En este caso, el demandante si tiene
una relación formal con el ente demandado, prohijado por un acto administrativo
de nombramiento y su respectiva acta de posesión, por lo que la aludida
modalidad carece de respaldo jurídico.
25. Recurso de apelación6. Oportunamente la abogada de la parte actora
recurrió esa decisión en los siguientes términos:
26. Aunque son válidas las diferencias existentes entre los educadores de
carrera especial y el demandante, tal desigualdad no se extiende al régimen
salarial y prestacional que por ley le es aplicable.
27. La situación laboral del actor corresponde a la de un “funcionario de hecho”,
pues su vinculación al servicio se basó en una condición irregular, esto es, un
nombramiento provisional que no está concebido en la Ley 30 de 1992. Además,
desde el inicio de la relación laboral ha cumplido con los mismos deberes y
obligaciones exigidas a los profesores de carrera en el Decreto 1279 de 2002,
por lo que adquirió el mismo estatus de aquellos.
28. La decisión apelada desconoció los principios constitucionales del derecho al
trabajo relacionados con “la primacía de la realidad sobre las formas establecidas
por los sujetos de las relaciones laborales” y “a trabajo igual salario igual”, pues
se demostró que durante más de 21 años el accionante ha ejercido su labor
docente en las mismas condiciones de los educadores de carrera, sin que su
plaza haya sido convocada a concurso, lo que le ha impedido ingresar a la carrera
especial universitaria.
29. Los artículos 1. ° de los Decretos 2912 de 2001 y 1279 de 2002 deben
declararse excepcionalmente inconstitucionales de conformidad con los
establecido en el artículo 4. ° superior, pues es clara su contradicción con los
principios del derecho al trabajo contenidos en el artículo 53 ejusdem.
6
Ver índices 36 y 37 de la plataforma SAMAI de primera instancia.
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Trámite correspondiente a la segunda instancia.
30. La admisión del recurso7. Mediante auto de fecha 20 de octubre de 2023,
se admitió el citado recurso de apelación. Dentro de la oportunidad de ley los
sujetos procesales guardaron silencio.
31. Control de legalidad8. Luego de las revisiones de rigor, la Sala no advierte
ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
32. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,9 esta Sala
de Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de
apelación presentado.
33. Problema jurídico. De conformidad con los argumentos planteados por el
recurrente, le corresponde a la Sala establecer si:
34. ¿El demandante tiene derecho a que su asignación salarial sea fijada
conforme a los parámetros del Decreto 1279 de 2002?
35. Con tales fines, la Subsección referenciará brevemente los alcances del
Decreto 1279 de 2002.
36. Alcances y aplicación del Decreto 1279 de 2002. El Decreto en referencia
concibió el régimen salarial y prestacional de los docentes adscritos a las
universidades estatales. En su artículo 1. ° limitó su aplicación a los educadores
que, a partir de su vigencia, se vinculen a través de concurso de méritos y/o
reingresen a la carrera docente.
37. Asimismo, se estableció como sus destinatarios a todos los profesores
regidos por el Decreto 1444 de 1992 o que, no estando cobijados por estas
disposiciones, decidieran acogerse a las reglas del nuevo estatuto.
38. A su turno, en el capítulo II de esa norma se contienen las reglas de
asignación de puntos para la determinación de la remuneración salarial de
quienes ingresen o reingresen a la carrera docente, entre otros. Solo por citar un
ejemplo, dentro de ese acápite, el artículo 8. ° prevé que:
7
Actuación visible en el índice 00004 de la plataforma SAMAI.
8 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá
el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de
hechos nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».
9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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«Artículo 8º. Categorías dentro del escalafón docente. El puntaje por
categoría académica del escalafón para docentes de carrera, cualquiera que sea
su dedicación, se asigna de la siguiente forma:
a) Por categoría de Instructor o Profesor Auxiliar, o Instructor Asistente, treinta y
siete (37) puntos;
b) Por categoría de Profesor Asistente, cincuenta y ocho (58) puntos;
c) Por categoría de Profesor Asociado, setenta y cuatro (74) puntos;
d) Por categoría de Profesor Titular, noventa y seis (96) puntos.
Parágrafo I. El puntaje a que se refiere el presente artículo para la categoría de
Instructor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia es de cuarenta y
cuatro (44) puntos.
Parágrafo II. Los puntajes previstos en este artículo son los que corresponden
en total a cada categoría, por lo tanto no deben acumularse a los puntajes de la
categoría anterior, cuando se producen ascensos.»
39. Similar condición está consignada en los artículos subsiguientes. En
especial, el artículo 11 ejusdem estableció:
«Para quienes ingresan o reingresan a la carrera docente, el puntaje
asignado en el momento de su selección tiene efectos salariales a partir
de la fecha de su posesión.»
40. Al resolver un caso en el que un docente de carrera de la universidad pública
reclamaba la asignación de puntos adicionales para equiparar su salario como
docente de tiempo completo, por lo menos, al recibido como docente de medio
tiempo -en tanto este último era mayor que aquel-10, esta corporación11 concluyó:
«Descendiendo al caso concreto se precisa que el accionante a raíz de su
vinculación como consecuencia de un concurso producto del sistema de méritos,
el cual resultó ganador de la plaza de docente de tiempo completo, el 9 de julio
de 2002, en virtud del artículo 1º del Decreto 55 de 1994 se le aplica el régimen
salarial y prestacional previsto en el decreto 1444 de 1992.
Si bien el actor estuvo vinculado mediante contrato de prestación de servicios y
después como profesor de medio tiempo, desde el año 1987 se trató de
vinculaciones que se rigen por las normas convencionales de la Universidad del
Atlántico, al no tener la condición de empleado público de carrera profesoral por
no haberse incorporado mediante concurso, por lo que sus condiciones salariales
y prestacionales no están regidas por el Decreto 1279 de 2002, sino por las reglas
contractuales que en cada caso se convengan.
[…]
10
Como fundamento de esa reclamación, el actor expresó que su vinculó con la universidad estatal se había
consolidado en vigencia del Decreto 1444 de 1992 y, por tal razón, decidió acogerse al régimen del Decreto
1279 de 2002 que, en su artículo 51 dispuso que «[…] [a] los docentes que opten por el régimen salarial y
prestacional establecido en este decreto, cuya remuneración inicial, liquidada de acuerdo con las
disposiciones del mismo, quede por debajo de su salario real, se les reconocen los puntos necesarios para
mantener su salario.».
11 Sección Segunda, sentencia del 17 de marzo de 2022, expediente 08001 23 33 000 2014 00665 01 (4953-
2015).
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Si bien se trata de un concepto del Ministerio de Educación Nacional, comparte
la Sala las conclusiones a las que se llegó, debido a que las vinculaciones a que
hace referencia el actor antes de ganar el concurso fueron primero mediante
contrato de prestación de servicios que tiene su propio régimen legal aplicable y
después como catedrático de medio tiempo, de los cuales no se puede predicar
un ingreso formal a la carrera docente ni a la planta de personal de la Universidad
del Atlántico como empleado público.»
41. Con base en lo anterior, se resolverá el cuestionamiento reseñado
anteriormente.
42. El caso concreto. Interrogante único: ¿El demandante tiene derecho a que
su asignación salarial sea fijada conforme a los parámetros del Decreto 1279 de
2002?
43. Sea lo primero precisar que la alegada condición de “funcionario de hecho”,
invocada en la pretensión segunda de la demanda y reiterada en el recurso de
apelación, no fue objeto de la reclamación administrativa previa.
44. En ese sentido, es improcedente introducir en sede judicial aspectos fácticos
y jurídicos que no fueron planteados en sede gubernativa, dado el carácter previo
y obligatorio de la reclamación administrativa en los términos del artículo 161 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
45. En desarrollo de lo anterior, la jurisprudencia de esta corporación12 ha
sostenido de manera reiterada que esta jurisdicción no puede pronunciarse sobre
hechos o pretensiones nuevas que no hayan sido previamente sometidas a
consideración de la administración, pues ello vulneraría el derecho de defensa
de la entidad demandada y desconocería la finalidad de la reclamación
administrativa como presupuesto de procedibilidad.
46. Por otro lado, la Sala no desconoce que, a juicio del demandante, el haber
desempeñado sus funciones en condiciones similares a las de los docentes de
carrera especial de la entidad demandada, aunado a que su vinculación
provisional, según afirma, no encuentra sustento en la Ley 30 de 1992, lo habilita
para ser considerado como “empleado de facto” y, en esa medida, reclamar que
su asignación salarial se fije de acuerdo con los parámetros del Decreto 1279 de
2002.
47. Sin embargo, el ejercicio de actividades equivalentes a las de los educadores
de carrera no conlleva la equiparación jurídica con estos, pues el accionante se
vinculó a través de un nombramiento en provisionalidad.
48. Adicionalmente, y en contravía de lo sostenido por el actor, la designación en
provisionalidad no puede calificarse como ilegal o irregular. Si bien esta
12Sección Cuarta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, expediente nro. 05001-23-31-000-2009-
0700998-01 (20848).
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modalidad no se encuentra expresamente regulada en la Ley 30 de 1992, su
aplicación se fundamenta en lo previsto en el artículo 3.º de la Ley 443 de 1998,
vigente para la época de su vinculación, según el cual: «[e]n caso de vacíos de
las normas que regulan las carreras especiales a las cuales se refiere la
Constitución Política, serán aplicadas las disposiciones contenidas en la presente
ley y sus complementarias y reglamentarias».
49. Así las cosas, el nombramiento provisional previsto en el artículo 8.º de la
referida Ley resultaba aplicable de manera supletoria en el acto de vinculación
laboral, por lo que no puede predicarse su irregularidad. En consecuencia, se
reitera que el accionante no está inmerso en una situación jurídica anómala que
permita asimilarlo a un funcionario de hecho.
50. Aunado a lo anterior, tampoco tendría derecho a que su remuneración sea
fijada conforme al sistema de puntos previsto en el Decreto 1279 de 2002, en
consideración a que dicho régimen es aplicable exclusivamente a los docentes
vinculados a la carrera especial, condición que, como se acreditó en el proceso,
no tiene el demandante.
51. Esta conclusión no implica vulneración del derecho a la igualdad. En efecto,
al resolver la demanda de inconstitucionalidad formulada contra la expresión «en
carrera» contenida en el artículo 24 de la Ley 715 de 2001, la Corte Constitucional
precisó13:
«[…] De conformidad con reiterada jurisprudencia constitucional si bien el
principio general de igualdad prohíbe que se de un trato diferente a supuestos
iguales, “permite y autoriza tratamientos distintos cuando se encuentren
supuestos desiguales que estén justificados de manera objetiva y razonable”.
El ingreso a la carrera administrativa docente está determinado por el mérito y
por la profesionalización de los educadores que se encuentren inscritos en el
escalafón y, por ende, presupone la superación de los procesos de selección o
concurso, el nombramiento en propiedad y la toma de posesión del respectivo
cargo. En consecuencia, mal podría pretenderse que quienes no hayan cumplido
con todos y cada uno de tales requisitos y, por tal razón, no se hallen inscritos en
la carrera docente, padezcan vulneración alguna de su derecho a la igualdad en
virtud de la norma acusada por cuanto, se reitera, se trata de “supuestos
desiguales que están justificados de manera objetiva y razonable”. […]»
52. Finalmente, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre la solicitud de
inaplicación por inconstitucionalidad de los artículos 1.º de los Decretos 2912 de
2001 y 1279 de 2002, toda vez que el recurso de apelación no constituye la
oportunidad procesal para formular cargos o argumentos nuevos que no fueron
13 Sentencia C-368 de 2006. El problema jurídico fue fijado en los siguientes términos «La Corte debe
examinar si, de conformidad con lo expuesto por el demandante, la expresión “en carrera” contenida en el
inciso primero del artículo 24 de la Ley 715 de 2001, referida a la sostenibilidad del Sistema General de
Participaciones, desconoce los principios consagrados en los artículos 13 y 58 de la Constitución, por cuanto
los educadores que fueron vinculados mediante la modalidad de provisionalidad e inscritos en el escalafón
docente antes de la entrada en vigencia de la Ley 715, no podrían ascender en dicho escalafón, lo cual
comportaría un trato discriminatorio y un desconocimiento de los derechos adquiridos por los mismos.».
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planteados en la demanda. Admitir lo contrario implicaría vulnerar el debido
proceso de la entidad demandada.
53. En línea con lo dicho, resulta innecesario emitir un pronunciamiento sobre los
principios constitucionales del derecho al trabajo invocados en esta etapa.
54. En consecuencia, y en atención a que los cargos formulados en la alzada no
prosperaron, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia.
55. Condena en costas en segunda instancia. La modificación del artículo 188
del C.P.A.C.A., efectuada por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en
diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a la procedencia de
la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la
norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
1. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del C.P.A.C.A. se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
2. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del C.G.P., teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del C.P.A.C.A.
56. En consecuencia, se impondrán costas a la parte actora, por cuanto en la
presente decisión no se acogieron los argumentos planteados en el recurso de
apelación por ella presentado. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366
del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Cesar.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 9 de febrero de 2023, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones de la demanda
que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento derecho,
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Demandante: Miguel Ángel Mendoza Villalba
promovió el señor Miguel Ángel Mendoza Villalba en contra de la Universidad
Popular del Cesar.
SEGUNDO. CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas en esta
instancia. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Cesar.
TERCERO: EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y
ejecutoriada esta decisión devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.
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