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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-33-31-001-2010-00471-01

Fecha
14 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-33-31-001-2010-00471-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLÁRASE infundado el recurso extraordinario de revisión propuesto por Edilis María Pabón Sierra contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 31 de octubre de 2013, de conformidad con los argumentos expuestos en esta providencia. SEGUNDO: CONDENASE en costas a la recurrente. Por Secretaría, LIQUÍDENSE los gastos procesales. TERCERO: FÍJASE, por concepto de agencias en derecho a favor de la entidad demandada ya cargo de la parte recurrente, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente. CUARTO: En firme esta providencia, ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 20001-33-31-001-2010-00471-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

14 de diciembre de 2022

Radicado: 20001 33 31 001 2010 00471 01 (51616)
Actor: Edilis María Rabón Sierra

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Radicado número: 20001 33 31 001 2010 00471 01 (51616)
Demandante: Eclilis María Pabón Sierra
Demandado: Municipio de la Paz (Cesar)
Referencia: Recurso extraordinario de revisión (Ley 1437 de 2011).

Tema: Recurso extraordinario de. revisión.
Subtema 1: Causal primera de revisión - debe tratarse de una prueba documental que existía con
anterioridad a la sentencia, pero que fue recobrada o encontrada con posterioridad a ella, y no pudo
aportarse al proceso primigenio por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria.
Subtema 2: Facultad oficiosa d 31 juez para el decreto de pruebas — Improcedencia como cargo en
el recurso de revisión.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala procede a resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la
señora Edilis María Pabón Sierra frente a la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, el 31 de octubre de 2013, que revocó el fallo desestimatorio
de primera instancia dentro del proceso de controversias contractuales iniciado por el
municipio de la Paz, Cesar, contra la hoy recurrente.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La señora Edilis María Pabon Sierra formuló recurso extraordinario de revisión con el
que pretende sea infirmada la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del
Cesar, el 31 de octubre de 2013, que revocó el fallo desestimatorio dictado por el
Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Valledupar, el 15 de
abril del mismo año, dentro del proceso de controversias contractuales iniciado por el
municipio de la Paz contra la hoy recurrente. La actora considera que en el caso
concreto se configura la causal prevista en el numeral 1° del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativp y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

II. ANTECEDENTES

2.1. Proceso en el que se profirió la sentencia objeto de revisión

El 18 de junio de 20101, el municipio de la Paz, Cesar, formuló demanda de
controversias contractuales contra la señora Edilis María Pabón Sierra, con el fin de
que se declarara la nulidad del contrato de compraventa suscrito mediante escritura
pública No. 252 del 17 de septiembre de 2008, celebrado entre el municipio de la Paz
y la señora Edilis María Pabón Sierra.

En la demanda se afirmó que, mediante el Acuerdo 017 de 2007, el concejo del
municipio de la Paz, Cesar, autorizó al alcalde de la misma circunscripción para que
titulara en favor de terceros os predios urbanos o rurales propiedad del ente territorial.

1 Folio 6 del cuaderno 1.

Radicado: 20001 á 31 001 2010 00471 01 (51616)
Actor: Edilis María Rabón Sierra

En desarrollo de tal autorización se le transfirió el derecho de dominio a la señora Edilis
María Pabón Sierra respecto del inmueble ubicado en la calle 6 No. 6-75 del municipio
de la Paz, identificado con el registro catastral 01 001 0057 0025 000. No obstante, la
referida señora no cumplió con los requisitos exigidos para la titulación, por cuanto: I)
solicitó la venta de un inmueble diferente a aquel sobre el que ostentaba el 50% de los
derechos de posesión y, ii) el municipio le otorgó un subsidio para la construcción de
una vivienda de interés social; sin embargo, la compra-dora le dio una destinación
diferente al bien, esto es, destinó el predio a un uso comercia12.

2.2 La sentencia objeto de revisión

Es la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar el 31 de octubre de
2013. En dicha providencia se revocó la sentencia de primera instancia proferida por el
Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Valledupar, el 15 de
abril de esa anualidad, y se declaró: 0 la nulidad absoluta del contrato de compraventa
suscrito mediante escritura pública No. 252 del 17 de septiembre de 2008, celebrado
entre el municipio de la Paz y la señora Edilis María Pábón Sierra; ii) se dispuso la
anotación respectiva ante la Oficina de Instrumentoá, Públicos de Valledupar y,
finalmente, iii) se ordenaron las restituciones mutuas entre las partes contratantes.

Como fundamento de la decisión, el Tribunal indicó que la señora Edilis María Pabón
Sierra exhibía derechos de posesión sobre el 50% del predio identificado con registro
catastral 01 01 0057 0013 000, ubicado en la calle 6 No.,6-85 del municipio de la Paz;
sin embargo, la referida señora solicitó la venta ante la administración municipal de un
predio diferente -colindante- ubicado en la calle 6 No. 6-75, identificado con el registro
catastral 01 01 0057 0025 000. Tal actuación fue calificada por el Tribunal de "mala fe",
pues la solicitante Edilis María Pabón Sierra hizo incurrir on error a la administración al
solicitar la venta de un inmueble distinto a aquel sobre el que ostentaba los derechos
de posesión exigidos en el Acuerdo 017 de 2007.

Adicionalmente, la señora Pabón Sierra se hizo acreedora de un subsidio en especie
para la construcción de una vivienda de interés social; no obstante, destinó el predio a
fines comerciales, circunstancias por las que el Tribunalconsideró que incumplió los
requisitos exigidos para la titulación y, en consecuencia, declaró la nulidad absoluta por
haberse celebrado con abuso o desviación de poder en virtud de lo dispuesto en el
artículo 44 de la Ley 80 de 1993.

2.3 El recurso extraordinario de revisión

3 la señora Edilis María Pabón Sierra,por intermedio de apoderado
El 9 de julio de 2014,
judicial, presentó recurso extraordinario de revisión contra:la mencionada sentencia del
31 de octubre de 2013, dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar. Invocó, como
causal de revisión, la contenida en el numeral 1 del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), esto es, por
haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de
la parte contraria.

Como sustentación del recurso, la recurrente señaló, en síntesis, i) que se formulaba
la impugnación extraordinaria por la "falta de estudio e investigar (ir más al fondo de lo
elemental), lo anterior, que en defensa del derecho objetivo los jueces no violen,

2 Folio 1 a 6 del cuaderno 1
3 Folio 136 del cuaderno 1.

Radicado: 20001 33 31 001 2010 00471 01 (51616)
Actor: Ediiis María Rabón Sierra

consciente o inconscientemente, la voluntad efectiva de la ler. Adicionalmente,
señaló ii) que el Tribunal Administrativo del Cesar no tuvo en cuenta un hecho
apreciable para la toma de decisión, consistente en solicitar, como prueba de oficio,
una certificación al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) "de los archivos
catastrales del predio identificado con la cédula catastral 01 01 0057 0013 000"5. Para
el efecto, aportó varios documentos relacionados desde el folio 6 a 123 del cuaderno
principal, consistentes en lo que denominó "la prueba recobrada" después de proferida
la sentencia objeto de revisión [de tales documentos se hará alusión en la parte motiva
de la presente sentencia]6.

2.4. Trámite procesal del recurso extraordinario de revisión

Esta Corporación, por auto del 15 de julio de 2015, admitió el recurso extraordinario de
revisión y ordenó su notificación a la contraparte y al Agente del Ministerio Público'.

El municipio de la Paz contestó oportunamente el recurso extraordinario de revisión,
en escrito por medio del cual manifestó estar "de acuerdo con lo expuesto en la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, donde se decreta la nulidad
absoluta del contrato de compraventa celebrado mediante escritura pública No. 252 del
17 de septiembre de 2008 ante la Notaría Única del Circuito de la Paz"8.

Con auto del 30 de julio de 2019, 8 se decretó la prueba documental allegada al
expediente junto con el recurso extraordinario de revisión y se requirió al Tribunal
Administrativo del Cesar para que remitiera la totalidad del expediente radicado 2001
33 31 002 2010 00471 01, en el que comparecieron como demandante el municipio de
la Paz y, como demandada, la señora Edilis María Pabón Sierra. La documentación
requerida fue aportada el 1 de octubre de 201910 y, respecto de esta, se corrió traslado
a las partes mediante auto del 14 de enero de 202011.

En el término concedido descorrió traslado el municipio de la Paz, en escrito por medio
del cual ratificó que el fallo objeto de revisión se encuentra "ajustado a la ley y a la
Constitución, debidamente ejecutoriado, que hace tránsito a cosa juzgada"12 y que
sobre el mismo no se advierte ningún vicio que pueda generar duda sobre la decisión.

Agotadas las etapas en cuestión, el expediente ingresó para fallo.

III. PROBLEMA JURÍDICO

¿Es procedente infirmar el fallo dictado por el Tribunal Administrativo del Cesar, el 31
de octubre de 2013, con fundamento en la causal prevista en el numeral 1 del artículo
250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)?

4 Folios 128 del cuaderno principal.
5 Folio 129 del cuaderno principal.
6 El recurso obra a folios 124 a 136 del cuaderno 1.
7 Folios 139 a 140 del cuaderno principal.
6 Folio 182 del cuaderno principal.
9 Folios 193 a 194 del cuaderno principal.
10 Remitida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Valledupar (folio 205 del cuaderno principal).
11 Folio 206 del cuaderno principal.
12 Folio 208 del cuaderno principal.

3

Radicado: 20001 33 31 001 2010 00471 01 (51616)
Actor Edills María Pabon Sierra

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Competencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 249 dé' la Ley 1437 de 201113, la
Subsección es competente para decidir el recurso extraordinario de revisión interpuesto
contra el fallo dictado el 31 de octubre de 2013 por el Tribunal Administrativo del Cesar.

4.2. Oportunidad para la interposición del recurso

La recurrente invocó como causal de revisión la señalada en el numeral 1 del artículo
250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA). Por tanto, conforme al artículo 251 ejusdem14, Untaba con el término de un
(1) año a partir de la ejecutoria de la sentencia cuestionada para la interposición del
recurso.

En el presente asunto, la sentencia objeto del recurso, fue dictada por el Tribunal
Administrativo del Cesar, el 31 de octubre de 201315 y 'quedó ejecutoriada el 15 de
noviembre ese mismo año", por lo que el término para ejeircer el recurso extraordinario
estaba vigente hasta el 16 de noviembre de 2014. Como el recurso se presentó el 9 de
julio de esa anualidad17, la Sala constata que su formulaCión fue oportuna.

4.3. Legitimación para la causa

En cuanto a la legitimación en la causa por activa, la Sala denota que la señora Edilis
María Pabón Sierra es la persona sobre la que recae el interés jurídico que se debate
en este proceso, pues fue la parte demandada en e] proceso de controversias
contractuales dentro del que se dictó la sentencia objeto.rte revisión. Por su parte, el
municipio de la Paz, Cesar, está legitimado en la causal por pasiva, pues fue parte
demandante en ese proceso.

4.4. Análisis de la Sala

4.4.1. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

La jurisprudencia de la Corporación ha señalado la naturaleza restrictiva, extraordinaria
y, por ende, excepcional del recurso de revisión, teniendo en cuenta que su finalidad
está orientada a permitir que las sentencias ejecutoriadas puedan ser analizadas
nuevamente e invalidadas en los casos en que esté acreditada la configuración de
alguna de las causales que expresamente señala el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011

13 Artículo 249. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o
subsecciones del consejo de estado conocerá la sala plena de lo contencioso administrativo sin exclusión de la
sección que profirió la decisión.
De los recursos de revisión contra las sentencias elecutoriadels proferidas por los tribunales
administrativos conocerán las secciones y subsecciones de/ conseio de estado seaún la materia (se
destaca).
14 "Artículo 251. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia
-Y.
15 Sentencia que obra a folios 345 a 381 del cuaderno 1.
16 La sentencia se notificó por edicto que permaneció fijado desde el 7 de nPviembre de 2013 hasta el 12 de los
mismos mes y año (folio 382 del cuaderno 1). Recuérdese que las senteticias quedan ejecutoriadas tres (3)
días después de notificadas cuando carecen de recursos (art. 302, Ley 1564 de 2012).
17 Folio 136 del cuaderno 1.

4

Radicado: 20001 33 31 001 2010 00471 01 (51616)
Actor: Etillis María Pabón Sierra

(CPACA)18, conservando, en todo caso, el interés de preservar el valor de la justicia y
la seguridad jurídica que brinda la figura de la cosa juzgada19.

De conformidad con el artículo 252 ejusdem, para la formulación de este recurso deben
atenderse no sólo los requisitos de las demandas ordinarias, sino que el recurrente
tiene el deber de señalar con precisión y justificar la causal o las causales que
fundamentan el recurso y aportar las pruebas necesarias.

En este sentido, la naturaleza excepcional del recurso exige que haya una
correspondencia entre los argumentos que lo fundamentan, la causal invocada y las
alegaciones expuestas por el recurrente, de forma tal que no le es dable a este formular
juicios encaminados a reprochar las motivaciones jurídicas que soportaron la decisión
adoptada ni pretender subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en
trámite del proceso, como si fuera una tercera instancia2°.

Así, el recurso extraordinario de revisión no permite cuestionamientos sobre el criterio
con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, siendo riguroso en cuanto a su
procedencia, pues está sujeto a las causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la
labor del juez no puede exceder la demarcación impuesta por el recurrente al explicar
la causal de revisión de la sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto
entorno de interpretación21.

Por último, para un mejor entendimiento de esta característica, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha señalado que el recurso extraordinario de revisión permite el
ejercicio de una verdadera acción contra decisiones injustas, a fin de restablecer la
justicia material del caso cohcreto22; así mismo, permite "(...) respetar la firmeza de los
fallos, con miras a preservar la certeza y obligatoriedad incondicional que acompaña a
las decisiones de los jueces, sin perjuicio de la necesidad de hacer imperar en ellos los
dictados constitucionales y los imperativos legales, artículos 2°, 29 y 230 C.P."29.

4.4.2. La causal de revisión invocada en el caso concreto

El numeral 1 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo -invocado por la recurrente-, contempla como causal de
revisión la de "haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente

19 "Ley 1437 de 2011. Artículo 250. Causales de Revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley
797 de 2003, son causales de revisión: 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuaies se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no
pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 2. Haberse dictado
la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. 3. Haberse dictado la sentencia con base en
dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. 4. Haberse dictado
sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. 5. Existir
nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. 6.
Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar. 7.
No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud
legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales
para su pérdida. 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del
proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso
la excepción de cosa juzgada y fue rechazada".
19 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión. Sentencia
del 3 de abril de 2018, exp. 11001-03-15-000-2017-02091-00 (REV).
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de mayo de 2018, exp.
11001-03-15-000-1998-00153-01(REV).
21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión. Sentencia
del 2 de abril de 2019, exp. 11001-03-15-000-2018-03162-00 (REV).
22 Corte Constitucional, Sentencia C-418 de 1994.
23 Corte Constitucional, Sentencia T-966 de 2005.

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Radicado: 20001 33 31 001 2010 00471 01 (51616)
Actor Edilis María Pabón Sierra

y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por
obra de la parte contraria".

De la lectura de la norma se desprende que, para la configuración de la causal, se
requiere la concurrencia de varios elementos que esta Corporación ha explicado de la
siguiente manera":

I) Que los documentos sean encontrados o recobradós después de proferida la
sentencia, lo cual implica que hayan existido al momento de proferirse el fallo objeto de
revisión, pero que llegaron a conocimiento o poder del redurrente con posterioridad.

ii) Que estos sean decisivos para resolver la controversia, en cuanto, de haber obrado
en el proceso, el sentido del fallo sería distinto.

iii) Que el recurrente no haya podido aportarlos al proceso por "fuerza mayor o caso
fortuito o por obra de la parte contraria", hipótesis que implica, por supuesto, que a
través del recurso extraordinario de revisión no es posible remediar la inactividad
probatoria o la negligencia de las partes en el aporte de lá prueba al proceso.

Frente al primer presupuesto, se advierte que debe tratárse de documentos y no de
otros elementos o medios probatorios. Además, en criterio, de esta Corporación "no son
admisibles aquellos que tengan fecha posterior a la sentencia objeto del recurso, y
tampoco los que existiendo con anterioridad a ella pudieron haber sido allegados o
solicitados oportunamente, pues este recurso extraordinarib no es una oportunidad para
subsanar la negligencia de las partes frente a la carga probatoria que les
corresponde"25.

Lo anterior, precisamente, porque se ha entendido que el propósito de la causal es
remediar la injusticia que se derivó para la parte afectada'de verse en la imposibilidad
de aportar una prueba que, preexistiendo a la providencia objeto de revisión, podía
determinar que la decisión adoptada fuera diferente y, sin embargo, no pudo ser
apreciada por el juzgador; "situación distinta a aquella en lá cual la prueba no existía al
momento de la sentencia, pues, en este caso, las partes desarrollaron su actividad
probatoria sin limitaciones"26.

Respecto del segundo supuesto, se ha insistido en que :el documento encontrado o
recobrado debe tener tal entidad, que de haber sido 'aportado al proceso en la
oportunidad debida hubiera sustentado una decisión distinta a la recurrida, por lo tanto
"no se puede tratar de cualquier prueba, sino que debe tener la capacidad de influir en
el sentido de la decisión"22.

Por último, en lo que tiene que ver con el tercer elemento, se ha dicho que debe haber
una verdadera imposibilidad objetiva para aportar el documento al proceso ordinario, la
cual debe estar debidamente sustentada en razones de fuerza mayor, caso fortuito u
obra de la parte contraria, sin que baste alegar una simple .'dificultad. En otras palabras,
es indispensable que los documentos aportados con la démanda de revisión existan
antes del pronunciamiento judicial objeto del recurso, pero que solo hayan podido
recobrarse, recuperarse o rescatarse después de dictada la sentencia, es decir, "que

24 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala,23 Especial de Decisión. Sentencia
del 3 de abril de 2018, exp. 11001031500020160205700.
25 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, senteocia del 26 de febrero de 2013, exp.
110010315000200800063800 y sentencia del 17 de julio de 2013, exp. 11001031500020090006200.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 29 de abril de 2015, exp. 25000230600019990031901
(26239).
27 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Senteitcia del 26 de febrero de 2013, exp.
110010315000200800063800.

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Radicado: 20001 33 31 001 2010 00471 01 (51616)
Actor Edilis María Rabón Sierra

antes de esta se encontraran extraviados, ocultos, escondidos, perdidos o refundidos y
que no hayan podido seraportados durante el trámite del proceso por razones de fuerza
mayor, casofortuito u obra de la parte contraria"29.

Al respecto, debe recordarse que la presencia de todos y cada uno de estos elementos
debe ser concurrente, es decir, para que la causal de revisión se configure se debe
acreditar que el documento existía al momento de proferirse el fallo pero que fue
encontrado o recobrado por el recurrente con posterioridad a aquel, que sea decisivo
para resolver y que no haya sido aportado por las razones que trata la norma; si uno
solo de estos requisitos no se verifica, la causal en comento no tiene lugar.

Pues bien, con el recurso extraordinario de revisión se aportaron los siguientes
documentos:

1. Certificación del 11 de enero de 2007, expedida por el director del Instituto Agustín
Codazzi -seccional Cesar-, en la que se certifica la inscripción del predio identificado
con el número 01 01 00570013 000, a nombre del señor René Costa Gutiérrez29 [es
de anotar que, la señora Edilis María Pabón Sierra, adquirió los derechos posesión por
venta que hicieron los herederos del señor René Costa Gutiérrez].

2. Acuerdo 017 del 29 de septiembre de 2007, expedido por el Concejo del municipio
de la Paz, Cesar, en el que $e autorizó al alcalde del ente territorial para que adelantara
los procedimientos legales de titulación de predios de propiedad del municipio que se
encontraran en posesión de particulares3°.

3. Certificación del 23 de enero de 2008, expedida por el secretario de Planeación y
Desarrollo Territorial del municipio de la Paz, en la que se informa que el predio ubicado
en la calle 6 No. 6-87 del mismo municipio, tiene unas mejoras desarrolladas por la
señora Dannys Josefina Costa Calderón31.

4. Certificación del 23 de enero de 2008, expedida por el secretario de Planeación y
Desarrollo Territorial del municipio de la Paz, en la que se certifica que el predio ubicado
en la calle 6 No. 6-87 del mismo municipio, no se encuentra en zona de riesgo.

5. Acuerdo 005 del 19 de febrero de 2008, expedido por el Concejo del municipio de la
Paz, Cesar, en el que se autorizó al alcalde para que adelantara los procedimientos
legales de titulación de predios que se encontraran en posesión de particulares32.

6. Certificado de paz y salvo, expedido el 17 de marzo de 2008, por concepto de
impuesto predial unificado del predio identificado con registro catastral No. 01 01 0057
0013 00033.

7. Escritura pública No. 126 del 14 de mayo de 2008, por medio de la cual el municipio
de la Paz le transfirió a lá señora Dannys Josefina Costa Calderón el derecho de
dominio sobre el predio ubicado en la calle 6 No. 6-87 del municipio de la Paz .

8. Escritura pública No. 153 del 12 de junio de 2008, mediante la cual los herederos del
señor René Costa Gutiérrez le transfirieron a título de venta los derechos y acciones

28 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 29 de abril de 2015, exp. 2500023060001999003191.
29 Folio 44 del cuaderno principal. ,
38 Folios 64 a 72 del cuaderno principal. Dicho acuerdo también se encuentra a folios 78 a 83 del cuaderno
principal.
31 Folios 62 del cuaderno principal.
32 Folios 84 a 86 del cuaderno principal.
33 Folio 58 del cuaderno principal.
34 Folio 57 y 57 Vto., del cuaderno principal.

7

Radicado: 20001 33 31 001 2010 00471 01 (51616)
Actor: Edilis María Rabón Sierra

que les pudiera corresponder -en la sucesión- sobre el predio identificado con cédula
catastral No. 01 01 0057 0013 00036.

9. Escritura pública No. 252 del 17 de septiembre de 008 a través de la cual el
municipio de la Paz le transfirió a la señora Edilis María tPabón Sierra el derecho de
dominio sobre el inmueble ubicado en la calle 6 No. S, - 75 del mismo municipio,
identificado con registro catastral 01 01 0057 0025 00036. .
,
10. Oficio de "septiembre de 2008", a través del cual la señoi)ra Edilis María Pabón Sierra
le informó a la señora Petronila Costa Gutiérrez, lo siguiente:

y...) Los dineros que me fueron solicitados de manera mensual, por el señor
AMADOR COSTA GUTIÉRREZ, autorizado por usted, se cancelaron hasta el 8
de septiembre de 2008, y estos no se cancelarán más, puesto que ya tengo mi
respectiva escritura legalizada "3v.

11. Certificación del 17 de diciembre de 2009, expedida pcir el secretario de Planeación
y Desarrollo Territorial del municipio de la Paz, en la que se informa que el predio
ubicado en la calle 6 No. 6-75 del mismo municipio, no se encuentra en zona de riesgo38.

12. Copia de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar el 31 de
octubre de 2013 -objeto de revisión- con su respectiva constancia de notificación39.

13. Certificación del 1 de enero de 2014, expedida por eldirector del Instituto Agustín
Codazzi -seccional Cesar-, en la que consta que sobre él predio identificado con el
registro catastral 01 01 0057 0013 000, ubicado en la cdile 6 No. 6-85 de la Paz, se
registraron derechos de posesión en favor de los hermános Costa Gutiérrez, entre
otros, del señor René Costa Gutiérrez40.

14. Declaración extrajuicio rendida el 18 de febrero de 2014 por la señora Edilis María
Pabón Sierra, en la que refiere que es madre cabeza de familia y tiene dos hijos que
dependen de ella para su subsistencia41.

15. Certificación del 31 de marzo de 2014, expedida por jele de Recursos Humanos del
municipio de la Paz, en la que se informa que el predio! identificado con el registro
catastral No. 01 01 0057 0013 000 no tiene "acto administrativo" de desenglobe. Tal
certificación se produjo en repuesta al derecho de petición formulado el 28 de febrero
de la misma anualidad, por la señora Edilis María Pabón gierra42.

16. Certificado de tradición y libertad No. 190-14082 dondl consta la compraventa que
realizó, mediante escritura pública 252 del 17 de septiemlre de 2008, el municipio de
la Paz en favor de la señora Edilis María Pabón Sierrajanotación No. 290143. Con
fundamento en dicha compraventa, al predio ubicado en la calle 6 No. 6-75 del
municipio de la Paz se le abrió un nuevo certificado de tradición y libertad con el folio
de matrícula No. 190-121402".

35 Folio 51 a 53 del cuaderno principal.
36 Folios 74 y 75 del cuaderno principal.
37 Folio 123 del cuaderno principal.
35 Folio 47 del cuaderno principal. Dicha certificación también se halla en el folio 76 del mismo cuaderno.
33 Folios 6 a 43 del cuaderno principal.
4° Folios 45 y 46 del cuaderno principal.
41 Folio 50 del cuaderno principal.
42 Folios 48 y 49 del cuaderno principal.
43 Folios 88 a 121 del cuaderno principal.
44 Folio 122 del cuaderno principal.

8

Radicado: 20001 33 31 001 2010 00471 01 (51616)
Actor: Edilis María Pabón Sierra

Pues bien, lo primero que se debe advertir es que, la mayoría de esos documentos,
fueron aportados al proceso ordinario de controversias contractuales, como es el caso:
i) las escrituras públicas 150 del 12 de junio de 200845 y 252 del 17 de septiembre de
200846, ii) los Acuerdos 017 y 005 del 29 de septiembre de 2007 y 19 de febrero de
2008, respectivamente47, iii) certificación del 11 de enero de 2007, expedida por el
director del Instituto Agustín Codazzi -seccional Cesar-45 y iv), del oficio de "septiembre
de 2008", mediante el cual Edilis María Pabón Sierra informó a Petronila Costa
Gutiérrez que no cancelaría más el valor del canon por tener la escritura pública
legalizada". Tales documentos, además, fueron decretados como prueba por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar Cesar, mediante
auto del 8 de marzo de 20115°.

Por otra parte, para la Sala es claro que a la actuación fueron aportados documentos
que no estaban perdidos o extraviados, como lo exige la causal alegada, sino que se
encontraban en poder de las autoridades que los expidieron, que daban cuenta de
información pública y eran de fácil consecución, como es el caso: I) de las
certificaciones del 23 de enero de 2008, expedidas por el secretario de Planeación y
Desarrollo Territorial del municipio de la Paz [ver, numerales 3 y 4 de la relación de
pruebas]; II) del paz y salvo expedido el 17 de marzo de 2008, por concepto de impuesto
predial del inmueble identificado con registro catastral No. 01 01 0057 0013 000 [ver,
numeral 6 de la relación de pruebas]; iii) de la escritura pública No. 126 del 14 de mayo
de 2008, a través de la cual el municipio le transfirió a la señora Dannys Josefina Costa
Calderon el derecho de dominio sobre el predio ubicado en la calle 6 No. 6-87 [ver,
numeral 7 de la relación de pruebas] y iv), del certificado de tradición y libertad No. 190-
14082 donde consta la compraventa que realizó, mediante escritura pública 252 del 17
de septiembre de 2008, el municipio de la Paz en favor de la señora Edilis María Pabón
Sierra sobre el predio ubicado en la calle 6 No. 6-75 de la misma circunscripción [ver,
numeral 16 -relación de pruebas-]. Dichos documentos, como se puede ver, fueron
expedidos con anterioridad a la sentencia cuestionada, de manera que la parte
recurrente pudo solicitar copia de estos y aportarlos como prueba en la instancia
ordinaria del proceso; en su defecto, pudo solicitar al juez de instancia el decreto y
práctica de los mismos, con el fin de que fueran allegados por las autoridades
competentes al proceso de controversias contractuales sub examine. No se advierte
tampoco -y en el recurso nada se dice sobre el particular- que tales documentos no
pudieron ser aportados al proceso por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la parte
contraria.

Por lo demás, también se aportó: I) la certificación del 1 de enero de 2014, en la que
consta que sobre el predio identificado con el registro catastral 01 01 0057 0013 000 se
registraron derechos de posesión en favor, entre otros, del señor René Costa Gutiérrez
[ver, numeral 13 supra]; ti) la declaración extrajuicio rendida por la señora Edilis María
Pabón Sierra, en la que refiere que tiene dos hijos y es madre cabeza de familia
[numeral 14 supra] y, ill) la 'certificación del 31 de marzo de 2014, en la que se informa
que el predio identificado con el registro catastral No. 01 01 0057 0013 000 no tiene
"acto administrativo" de desenglobe [numeral 15 supra]. Tales documentos, observa la
Sala, se produjeron después de proferido el fallo objeto de revisión -dictado el 31 de
octubre de 2013-, razón más que suficiente para descartar su análisis en esta
oportunidad, pues claramente no se trata de documentos recobrados o recuperados en
tanto no estaban extraviados, ocultos, escondidos, perdidos o refundidos, según se
explicó líneas atrás. Adicionalmente, de su lectura no se encuentra que sean decisivos

45 obra a folios 15 a 18 del cuaderno 1.
46 Obra a folios 67 a 68 del cuaderno 1.
47 Reposan a folios 24 a 29 y 30 a 32 del cuaderno 1, respectivamente.
49 Visible a folio 87 del cuaderno 1.
49 Obra a folio 33 del cuaderno 1.
5° Folio 126 del cuaderno 1.

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Radicado: 20001 33 31 001 2010 00471 01 (51616)
Actor: Edilis María Rabón Siena

para alterar la decisión de fondo que se adoptó en la providencia que ahora se impugna,
por cuanto, si bien se encuentran relacionados de forma' tangencial con el objeto del
litigio, no se trata de elementos de juicio que, de haber existido previamente, tengan la
entidad suficiente de cambiar el sentido del fallo.

Así las cosas, estudiados los documentos aportados, se advierte que no se dan los
presupuestos de procedencia de la causal invocada por la recurrente, como quiera que
no se demostró que, efectivamente, se trate de pruebas encontradas o recobradas, así
como tampoco se halla justificación alguna por la cual tales documentos no fueron
aportados oportunamente al proceso ordinario, esto es, nó hay justificación alguna en
torno a la fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria, carga argumentativa
que naturalmente le correspondía a la recurrente.

En efecto, se insiste, una parte de los documentos ya obraba en el plenario y fueron
valorados durante las instancias ordinarias, mientras que la otra parte de estos no
estaban perdidos o extraviados, como lo exige la causal alegada -al tiempo que eran
de fácil consecución-, y, frente al último grupo de documentos está demostrado que
fueron expedidos después de dictada la sentencia recurrid , al paso que, de su lectura,
no se advierte que sean decisivos o que tengan la capacid,ad de influir en el sentido de
la decisión recurrida. No se trata de documentos recobrados, máxime si se tiene en
cuenta que no se puede recobrar aquello "que pudo ser solicitado por las partes durante
las oportunidades procesales correspondientesn51.

Ahora, la parte recurrente se limitó a transcribir de forma general apartes dogmáticos
atinentes a la fuerza mayor y al caso fortuito, sin sustentar -como era de esperarse- una
razón válida por la cual el presente asunto se encuadre en dichos supuestos, al tiempo
que tampoco explicó el motivo por el cual las pruebas aportadas eran decisivas para el
análisis del caso y cómo influían en el sentido de la decisión, carga argumentativa que
le correspondía al extremo recurrente como sustento de la causal invocada y que, por
supuesto, no puede suplir la Sala oficiosamente.

De igual manera, la recurrente omitió explicar cómo recebró esas pruebas, pues en
ningún aparte expresó porqué llegaron a su poder hasta ahdra o si estaban extraviados,
ocultos, escondidos, perdidos o refundidos. En tales condidiones, lo que queda en claro
es que pretende reabrir un debate probatorio ya concluido en la instancia ordinaria, lo
cual a todas luces es extraño a la naturaleza de este recurso.

Por último, la recurrente cuestionó que el Tribunal no tuvo en cuenta un hecho
apreciable para la toma de decisión, como es solicitar de forma oficiosa "los archivos
catastrales del predio identificado con la cédula catastral 01 01 0057 0013 000"52. Al
respecto, se recuerda que el decreto de las pruebas de oficio no está concebido en el
ordenamiento jurídico nacional para suplir las omisiones 'de las partes en cuanto a la
carga probatoria que les compete. Pretender que el juez, en ejercicio de la facultad
oficiosa, decrete pruebas orientadas a demostrar hechos favorables a una de las partes
por evidenciarse que los mismos están sin acreditar en el proceso, equivale a
desconocer no solo el principio de imparcialidad del juji, sino de independencia, y
conduce a que se vulneren los derechos de los demás sujetos procesales, lo cual,
naturalmente, resulta inadmisible y opuesto al ordenamiento vigente. En relación con el
decreto de pruebas de oficio, esta Corporación expresó53:

51 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 14, sentencia del 4 de febrero de 2020, radicación 11001-
03-15-000-2017-02615-00.
52 Folio 129 del cuaderno principal.
53 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 9 de julio de 2021, radicado: 13001-23-31-
000-2003-00695-01, interno: 42899.

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Radicado: 20001 33 31 001 2010 00471 01 (51616)
Actor Edilis María Pabón Sierra

"K]a jurisprudencia es unánime en señalar que la facultad de decretar
pruebas de oficio no tiene como objeto suplir la negligencia de las partes
que no cumplen con la carga de acreditar los hechos que les incumbe
demostrar

(...) la misión oficiosa del juez no desplaza el principio dispositivo que por
regla general gobierna el proceso, sino que converge con éste en función
del esclarecimiento de los hechos debatidos tendiente a lograr la realización
de la justicia en sentido material.

La comprensión previamente expuesta no implica que las partes hayan sido
liberadas de la carga probatoria que les incumbe (...); por el contrario (...),
les corresponde actuar diligentemente en la demostración del supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen

Bajo este panorama y teniendo en cuenta que no se cumplieron los requisitos que la
ley ha dispuesto para la procedencia de la causal contenida en el numeral 1 del artículo
250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la
Sala no tiene otra opción que desestimar el recurso extraordinario de revisión
presentado en el proceso de la referencia.

5. Costas

De conformidad con lo previsto en el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA),
subrogado por el art. 70 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia con el artículo 365
del Código General del Proceso (C.G.P.), procede la condena en costas a cargo de la
parte a la que se le resuelve desfavorablemente el recurso de revisión y en la medida
en que se declare infundado su recurso y esté acreditada su causación, razón por la
cual en el presente asunto sé condenará a la señora Edilis María Pabón Sierra.

El artículo 361 ibídem prevé que las costas están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el trámite de la controversia, así como por las
agencias en derecho, las cuales, en virtud del numeral 4 del artículo 366 de la misma
normativa, se fijan con observancia de las tarifas" establecidas por el Consejo Superior
de la Judicatura en el numeral 9 del artículo 5 del Acuerdo No. PSAA16-10554 de
201655.

En este caso, la entidad demandada, por conducto de su apoderado, se opuso a la
prosperidad del recurso extraordinario de revisión56, por lo que la fijación de agencias
en derecho resulta procedente.

Con fundamento en lo anterior, la Sala considera razonable fijar las agencias en
derecho en un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta
providencia, en favor de la entidad demandada y a cargo de la parte recurrente, señora
Edilis María Pabón Sierra.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

54 9. Recursos extraordinarios. Entre 1 y 20 S.M.M.L.V (...)".
55 Teniendo en cuenta que el recurso se presentó el 9 de julio de 2014.
56 Contestación que obra a folios 182 y 183 del cuaderno principal.

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Radicado: 20001 33 31 001 2010 00471 01 (51616)
Actor: Edilis Marla Pabón Siena

FALLA

PRIMERO: DECLÁRASE infundado el recurso extraordinario de revisión propuesto por
Edilis María Pabón Sierra contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Cesar el 31 de octubre de 2013, de conformidad con los argumentos expuestos en
esta providencia.

SEGUNDO: CONDENASE en costas a la recurrente. Por Secretaría, LIQUÍDENSE los
gastos procesales.

TERCERO: FÍJASE, por concepto de agencias en derecho a favor de la entidad
demandada ya cargo de la parte recurrente, la suma equivalente a un (1) salario mínimo
legal mensual vigente.

CUARTO: En firme esta providencia, ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen para
lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase

CO S YEP L .#1/
Presidente

JMME IQUE RODRÍGUEZ NAVAS GUILLERMO SÁNCHEZ UQUE
Magistrado

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