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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-31-000-2008-00233-01

Fecha
17 de junio de 2024
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-31-000-2008-00233-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 17 de abril de 2012 por el Tribunal Administrativo de Córdoba. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 23001-23-31-000-2008-00233-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

17 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 23001-23-31-000-2008-00233-01 (44.807)
Actor: Constructora Yacaman Vivero S.A. y otro
Demandado: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-FONADE
Proceso: Acción contractual

APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. PRUEBAS DE OFICIO-
Proceden para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda hasta antes de dictar sentencia.
ENTIDADES FINANCIERAS ESTATALES-Régimen exceptuado de contratación. CONTRATOS DEL GIRO
ORDINARIO DE ENTIDADES FINANCIERAS ESTATALES-No hay lugar a aplicar las disposiciones de la Ley
80 de 1993 frente a los efectos del acta bilateral de liquidación. LIQUIDACIÓN BILATERAL EN DERECHO
PRIVADO-Concepto. ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL EN DERECHO PRIVADO-Su estudio se debe
limitar a las reglas del derecho privado. SALVEDADES AL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL
CONTRATO DE RÉGIMEN EXCEPTUADO-No son regla de interpretación absoluta. INTERPRETACIÓN DEL
CONTRATO-Cuando las estipulaciones sean claras, no puede desconocerse lo acordado. TESTIMONIO-
Crítica testimonial. TESTIGO TÉCNICO-Debe tener conocimiento directo o indirecto de los hechos, art. 227
del CPC. TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN-Requisitos. TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN-Diferencia con fuerza
mayor y caso fortuito. TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN-Permite el reajuste o la terminación del contrato por la
vía judicial. PRUEBA PERICIAL-Tiene como fin verificar hechos que interesen al proceso y requieran
especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. COSTAS EN CCA-Improcedencia cuando no se
actúa con temeridad o mala fe.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante, contra la sentencia del 17 de abril de 2012, proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual se negaron las pretensiones
de la demanda. La decisión fue la siguiente:

“PRIMERO. Deniéganse las pretensiones de la demanda, por lo dicho en la
parte motiva.

SEGUNDO. Ejecutoriada la sentencia archívese el expediente.

TERCERO. Una vez ejecutoriada la presente providencia, comuníquesele al
Juzgado Tercero Civil Municipal de Barranquilla lo decidido.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 8 de marzo de 2005, Fonade y el Consorcio J.A. Asociados Ltda.–CYV
celebraron el contrato n°. 2050390 para la rehabilitación de la red de drenaje del

Radicación: 23001-23-31-000-2008-00233-01 (44.807)
Demandante: Constructora Yacaman Vivero S.A. y otro
Demandado: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-
FONADE
Asunto: Acción contractual

caño La Caimanera y sus cuerpos de agua asociados a la Subcuenca de La
Caimanera en el Departamento de Córdoba. El contratista adujo que durante la
ejecución del contrato las condiciones del terreno variaron y eso generó obras
adicionales –por trabajo con maquinaria en agua y actividad de «repaleo»– que
impidieron obtener la utilidad proyectada. Solicitó que se liquidara el contrato con
fundamento en esos sobrecostos.

II. ANTECEDENTES

Pretensiones

El 10 de marzo de 20081, Constructora Yacaman Vivero S.A. y otro, a través de
apoderado judicial, formularon acción contractual contra el Fondo Financiero de
Proyectos de Desarrollo-Fonade. La demandante formuló las siguientes
pretensiones declarativas y de condena:

2.1. Que se realice judicialmente la liquidación prevista en la cláusula décima
sexta del Contrato No 2050390 del 2 de febrero de 2005, a precios unitarios, cuyo
objeto es ejecutar la primera fase de la Rehabilitación de la red de drenaje del
caño La Caimanera y sus cuerpos de agua asociados en la Subcuenca de la
Caimanera en el Departamento de Córdoba, Grupo 03, celebrado entre el FONDO
FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE, de una parte y
J.A. ASOCIADOS S.A. (antes J.A Asociados Ltda) y CONSTRUCTORA
YACAMAN VIVERO S.A (antes Constructora Yacamán Vivero Ltda.) vinculadas en
consorcio en las siguientes participaciones: 50% la primera y 50% la segunda, por
la otra parte.

2.2. Que en la liquidación de que trata la pretensión 2.1., se declare que J.A.
ASOCIADOS S.A. (antes J.A Asociados Ltda) y CONSTRUCTORA YACAMAN
VIVERO S.A (antes Constructora Yacamán Vivero Ltda.) vinculadas en consorcio,
a prorrata de la participación de cada una de ellas en éste último, tienen derecho a
que FONADE les pague la suma de TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON
69/100 ($340.672.807,69) moneda legal colombiana, por concepto de las obras
adicionales realizadas y que eran imprevisibles al momento de celebrarse el
contrato.

Subsidiaria de las pretensiones 2.1. y 2.2.

Que se declare que el FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE
DESARROLLO - FONADE está obligado a pagar a J.A. ASOCIADOS S.A. (antes
J.A Asociados Ltda) y CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A (antes
Constructora Yacamán Vivero Ltda.) vinculadas en consorcio, a prorrata de la
participación de cada sociedad en este último, la suma de TRESCIENTOS
CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
SIETE PESOS CON 69/100 ($340.672.807,69) moneda legal colombiana
actualizados con la variación del índice de precios al consumidor suministrado por

1 Según da cuenta el sello de radicación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, f. 10 c. 1.

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Radicación: 23001-23-31-000-2008-00233-01 (44.807)
Demandante: Constructora Yacaman Vivero S.A. y otro
Demandado: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-
FONADE
Asunto: Acción contractual

el DANE desde el 25 de marzo de 2006 hasta la fecha de la sentencia, e intereses
a partir de dicha fecha en la forma prevenida por los Arts, 178 y 177 del Código
Contencioso Administrativo, respectivamente.

2.3. Que, en consecuencia, se condene al FONDO FINANCIERO DE
PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE a pagar a J.A. ASOCIADOS S.A.
(antes J.A Asociados Ltda) y CONSTRUCTORA YACAMAN VIVERO S.A (antes
Constructora Yacamán Vivero Ltda.) vinculadas en consorcio, a prorrata de la
participación de cada una de ellas en éste último, la suma de TRESCIENTOS
CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
SIETE PESOS CON 69/100 ($340.672.807,69) moneda legal colombiana,
actualizados con la variación del índice de precios al consumidor suministrado por
el DANE desde el 25 de marzo de 2006 hasta la fecha de la sentencia, e intereses
a partir de dicha fecha en la forma prevenida por los Arts, 178 y 177 del Código
Contencioso Administrativo, respectivamente.

2.4. Que se condene al FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE
DESARROLLO - FONADE en costas del proceso. (fls. 2-3 c. 1).

Hechos

En apoyo de las pretensiones, la parte actora indicó que suscribió el contrato n°.
2050390 con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-Fonade. El contrato
tenía por objeto realizar la primera fase de la rehabilitación de la red de drenaje del
Caño La Caimanera y sus cuerpos de agua asociados en la Subcuenca de La
Caimanera en el Departamento de Córdoba. Su vigencia se pactó por un término
de siete meses, pero entre prórrogas, adiciones y suspensiones, el contrato se
extendió por tres meses y 14 días más, y finalmente terminó el 25 de febrero de
2006.

Expuso que su propuesta se ajustó a las especificaciones técnicas del contrato y a
la visita de obra que realizó al sitio en el que se adelantaría el proyecto. Afirmó
que una vez iniciado el contrato las características del terreno distaban
sustancialmente de las condiciones inicialmente previstas, porque luego de que el
consorcio realizó el corte de la zona de la obra, el canal quedó con una necesidad
de 35 a 40 metros de ancho –muy por encima de los 25 metros previstos en los
diseños iniciales– y todo el sector de canalización presentó altos niveles de agua,
lo que impidió realizar los trabajos desde la orilla, tal como se consignó en la
propuesta. Agregó que el aumento en el nivel del cauce se debió a la utilización de
cuatro turbinas para la generación de energía en la represa de Urrá, situación que
no era conocida al momento de la suscripción del contrato.

Explicó que estos cambios en las condiciones iniciales generaron dos prórrogas,
una suspensión y la adición del valor inicial del contrato. Sostuvo que por las

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Demandante: Constructora Yacaman Vivero S.A. y otro
Demandado: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-
FONADE
Asunto: Acción contractual

dificultades en la ejecución del contrato solicitó su ampliación y el restablecimiento
económico del contrato frente al alcance de los trabajos. Indicó que lo cotizado y
contratado era un canal de 25 metros de ancho dentro de un caño con un cauce
húmedo o seco. No obstante, a la fecha de las reclamaciones, el canal debía tener
35 a 40 metros de ancho y el consorcio debía trabajar con la maquinaria en el
agua debido al alto nivel del cauce.

Puso de presente que el 14 de octubre de 2005 las partes llegaron a un acuerdo
parcial en relación con las actividades adicionales realizadas en ejecución del
contrato y, por ello, Fonade reconoció un ítem no previsto por concepto de mayor
excavación en cauce (bajo el agua). Así las cosas, pactaron una ampliación del
plazo de 30 días más y una adición del valor inicial del contrato de $272.734.308.

Reiteró que los cambios en las condiciones iniciales del contrato, generados por el
aumento del nivel del agua y las «nuevas condiciones geométricas» del caño,
provocaron que la maquinaria se ubicara dentro del agua y tuviera que «repalear»,
lo cual, al tratarse de actividades adicionales que no estaban previstas en el
contrato, conllevó a un incremento de los costos, porque el tiempo de
permanencia del personal y de la maquinaria destinado a su cumplimiento se
amplió. Ello fue objeto de solicitud de restablecimiento económico del contrato en
reiteradas oportunidades, sin que la entidad reconociera un valor adicional. Agregó
que la obra contratada y los trabajos adicionales fueron recibidos a satisfacción el
25 de marzo de 2006.

Contestación de la demanda

El 27 de mayo de 2009 (fls. 102-120 c. 1), Fonade, al contestar la demanda, se
opuso a las pretensiones. Esgrimió que el objeto de la contratación, así como las
características del terreno, fueron ampliamente descritas en los términos de
referencia y condiciones técnicas del contrato y conocidas por la demandante al
realizar la visita de obra, por lo que no podía alegarse situaciones imprevistas y no
conocidas al momento de celebrar el contrato, en especial, frente a las
características físicas del terreno.

Expuso que el contratista realizó solicitudes y reclamaciones en las que adujo el
desequilibrio económico del contrato, que fueron revisadas y contestadas por los
funcionarios competentes y que generaron la adición en tiempo y valor a través del

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Radicación: 23001-23-31-000-2008-00233-01 (44.807)
Demandante: Constructora Yacaman Vivero S.A. y otro
Demandado: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-
FONADE
Asunto: Acción contractual

contrato adicional n°. 01 suscrito por las partes el 14 de octubre de 2005, en el
cual se adicionó el término del contrato por 30 días más y en valor por la suma de
$272.734.308. Ese acuerdo reconoció la solicitud del contratista y, por ello, se
incluyó un ítem adicional no previsto consistente en la excavación dentro del agua
a profundidades mayores o iguales a 60 cm de lámina de agua. Como la demanda
se soporta en los mismos hechos y reclamaciones no hay lugar al reconocimiento
de obras adicionales.

Agregó que tampoco se pueden reclamar mayores costos por la actividad de
«repalear», toda vez que dicha actividad estuvo prevista desde el inicio y las
partes suscribieron el acta de liquidación bilateral del contrato n°. 2050390 en la
que expresamente se consignó que quedaban a paz y salvo por todo concepto.
Explicó que con posterioridad a la presentación de la demanda, pero antes de la
notificación del auto admisorio, las partes decidieron liquidar de mutuo acuerdo el
contrato n°. 2050390 y los acuerdos a los que llegaron quedaron consignados en
el acta del 1 de septiembre de 2008.

Fundamentos de la providencia recurrida

El 17 de abril de 2012, el Tribunal Administrativo de Córdoba en la sentencia negó
las pretensiones, al estimar que las partes –con posterioridad a la presentación de
la demanda– llegaron a un acuerdo para zanjar las discusiones que tuvieron
origen en el contrato, tal como se aprecia en el acta de liquidación bilateral del 1
de septiembre de 2008. Si bien el contratista dejó una observación, ésta se
limitaba simplemente a señalar que se reservaba el derecho a realizar ante
Fonade las reclamaciones del caso, producto del desarrollo y ejecución del
contrato, sin que con ello se identifique la razón de ser de la inconformidad.

Sostuvo que la postura reiterada de esta Corporación ha sido no dictar sentencia
favorable a los intereses del demandante cuando se suscriben actas de liquidación
por mutuo acuerdo y en ellas el contratista no deja de manera expresa, clara,
concreta y específica los motivos de su inconformidad. Consideró, entonces, que
tratándose de una salvedad genérica no se cumplió con los requisitos establecidos
para estudiar las pretensiones.

Recurso de apelación

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Radicación: 23001-23-31-000-2008-00233-01 (44.807)
Demandante: Constructora Yacaman Vivero S.A. y otro
Demandado: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-
FONADE
Asunto: Acción contractual

El demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 22 de mayo
de 2012 (f. 562 c. p.pal.). Esgrimió, frente al acta de liquidación bilateral del
contrato, que no podía ser tenida en cuenta para resolver las pretensiones de la
demanda, toda vez que: i) no fue incorporada al expediente dentro del término
legal, por lo cual el Tribunal no podía decretarla como prueba de oficio antes de
dictar sentencia y ii) para la fecha de suscripción del acta de liquidación por mutuo
acuerdo –1 de septiembre de 2008– las partes habían perdido la competencia
para liquidar el contrato, porque habían transcurrido más de dos años desde su
terminación –25 de febrero de 2006– y seis meses desde la presentación de la
demanda –10 de marzo de 2008–, es decir, que para el momento de su
suscripción ya había vencido el término de caducidad de la acción contractual,
plazo máximo que ha establecido esta Corporación –en consonancia con el
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007– para que las partes liquiden el contrato.

Sostuvo que de considerarse que el acuerdo de liquidación surte efectos, no
puede perderse de vista que exigir salvedades claras, concretas y específicas es
una carga excesiva y que cumplió con la obligación impuesta en la ley de dejar
salvedades en el acta de liquidación del contrato, respecto de sus reclamaciones.
Además, aseguró que las pretensiones de la demanda no quedaron cobijadas por
ese acuerdo y, por ello, no podía ser valorado como un acuerdo transaccional para
efectos de la terminación anticipada del proceso.

Frente al reconocimiento de las obras adicionales reiteró que las condiciones del
terreno cambiaron diametralmente de forma imprevista, lo que generó que la
maquinaria se ubicara dentro del agua y tuviera que «repalear». Agregó, además,
que los testimonios que se practicaron en el proceso dan cuenta del aumento en el
nivel del agua y que el dictamen pericial acreditó, con base en la contabilidad del
proyecto, los sobrecostos en los que incurrió para cumplir con el objeto del
contrato.

Trámite de segunda instancia

El 6 de septiembre de 2012, el Despacho admitió el recurso de apelación (f. 567 c.
p.pal.) y, el 8 de octubre siguiente (f. 569 c. p.pal.), se corrió traslado para alegar
de conclusión en segunda instancia. Las partes reiteraron lo expuesto. El
Ministerio Público guardó silencio.

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Radicación: 23001-23-31-000-2008-00233-01 (44.807)
Demandante: Constructora Yacaman Vivero S.A. y otro
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FONADE
Asunto: Acción contractual

III. CONSIDERACIONES

I. Presupuestos procesales

1. Como la demanda se presentó el 10 de marzo de 2008 (f. 10 c. 1), el régimen
aplicable es el Código Contencioso Administrativo –en adelante CCA–. Conforme
al artículo 266 del CCA, en los procesos iniciados antes de la vigencia de ese
código, los recursos interpuestos, los términos que comenzaron a correr y las
notificaciones en curso, se regían por la ley vigente al momento de esas
actuaciones. Por su parte, el artículo 308 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –que empezó a regir desde el 2
de julio de 2012– prevé que las actuaciones administrativas, las demandas y
procesos en curso a la vigencia de dicho código seguirían rigiéndose y culminarían
conforme al régimen jurídico anterior, esto es, el CCA. Adicionalmente, conforme
al artículo 267 del CCA, en los aspectos no regulados se seguiría el Código de
Procedimiento Civil –en adelante CPC– en lo que sea compatible con la
naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo.

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la
actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA,
modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es
competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el
artículo 129 del CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así
mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de
conformidad con el artículo 20.2 del CPC, el valor de la pretensión mayor –
$340.672.807,69 (f. 3 c. 1)– supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.5
del CCA, esto es, $230.750.0002.

Acción procedente

2 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2008, $461.500, por 500.

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FONADE
Asunto: Acción contractual

3. La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para
perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se
alegan perjuicios originados de una relación contractual (arts. 1546 y 1602 del CC
y 87 del CCA).

Demanda en tiempo

4. El artículo 136.10 del CCA dispone que la demanda se puede intentar a más
tardar dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia de los motivos de hecho o
de derecho que les sirvan de fundamento, por lo cual, en este caso, se debe
realizar el cómputo a partir del día siguiente a aquél en el que feneció el plazo
para liquidar bilateralmente el contrato según lo pactado, en la medida en que la
entidad no estaba habilitada legal ni contractualmente para liquidarlo
unilateralmente, dado el régimen del contrato que se expondrá adelante [núm. 11].

Las partes pactaron en la cláusula decimosexta del contrato n.° 2050390 de 2005
que este se liquidaría de mutuo acuerdo dentro de los cuatro meses siguientes a
su terminación (fls. 18-24 c. 1). El plazo de ejecución del contrato –el cual se pactó
en un total de 9 meses y 15 días contados a partir de la suscripción del acta de
inicio, de conformidad con las prórrogas y suspensiones suscritas por las partes–
transcurrió entre el 11 de abril de 2005, fecha de suscripción del acta de inicio (f.
30 c. 1), y el 25 de febrero de 2006, según da cuenta el acta n°. 1 del recibo final
de las obras (f. 31 c. 1). Entre el 26 de febrero de 2006 y el 26 de junio siguiente
corrió el plazo convenido para liquidar bilateralmente el contrato, esto es, los
cuatro meses acordados en la cláusula decimosexta del contrato n.° 2050390 de
2006.

En consecuencia, de conformidad con lo expresado previamente, el término de
caducidad comenzó a correr a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo
pactado por las partes para concertar la liquidación, es decir, a partir del 27 de
junio de 2006, por lo cual feneció el 27 de junio de 2008; como la demanda se
presentó el 10 de marzo de ese año (f. 10 c. 1), se concluye que la demanda se
interpuso en tiempo.

Legitimación en la causa

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Radicación: 23001-23-31-000-2008-00233-01 (44.807)
Demandante: Constructora Yacaman Vivero S.A. y otro
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FONADE
Asunto: Acción contractual

5. Constructora Yacaman Vivero S.A. y J.A. Asociados S.A., como integrantes del
consorcio J.A. Asociados Ltda-CYV3, están legitimados en la causa por activa y
Fonade por pasiva, porque fueron las partes del contrato n.° 2050390, cuyo objeto
fue la ejecución de la primera fase de la rehabilitación de la red de drenaje del
Caño La Caimanera y sus cuerpos de agua asociados en la Subcuenca de La
Caimanera en el Departamento de Córdoba.

II. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede reconocer los perjuicios alegados por
obras adicionales en un contrato, cuando las partes, durante el trámite del
proceso, llegaron a un acuerdo de paz y salvo.

Análisis de la Sala

6. Como la sentencia fue recurrida por la parte demandante, la Sala estudiará el
asunto de conformidad con el artículo 357 del CPC.

7. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta
Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio 4.

8. El Tribunal decretó de oficio la copia auténtica del acta de liquidación bilateral
del contrato n°. 2050390 de 2006 para resolver el fondo de la controversia, porque
en la demanda se pidió la liquidación judicial del contrato (fls. 518-519 c. 1). El
recurrente esgrimió que no podía ser valorada dentro del proceso, porque fue
incorporada al expediente a través de un auto de mejor proveer por fuera de la
etapa probatoria. Como estando el proceso para fallo el juez puede disponer que
se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos,
de conformidad con el último inciso del artículo 169 del CCA, el acta de liquidación
bilateral del contrato n°. 2050390 será valorada, porque tiene mérito probatorio,
con lo cual se descarta el primer argumento de la apelación.

El régimen jurídico del contrato

3 Según da cuenta el acto de constitución del consorcio, fls. 226-227 c. 1.
4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Rad. 25.022 [fundamento

jurídico 1].

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Radicación: 23001-23-31-000-2008-00233-01 (44.807)
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FONADE
Asunto: Acción contractual

9. El régimen de contratación de Fonade –vigente al momento en que se suscribió
el contrato n°. 2050390 de 2006– era el previsto en el parágrafo 1 del artículo 32
de la Ley 80 de 1993, antes de la reforma del artículo 26 de la Ley 1150 de 2007.
Este parágrafo establecía que, sin perjuicio de lo dispuesto en esa ley sobre
fiducia y encargo fiduciario, los contratos que celebraran las entidades financieras
de carácter estatal, que correspondieran al giro ordinario de las actividades
propias de su objeto social, no se sujetarían a las disposiciones de la Ley 80 y se
regirían por las normas aplicables a dichas actividades.

Para definir si los contratos cumplían con el segundo presupuesto, correspondía
determinar si eran del giro ordinario de las actividades propias del objeto social de
la entidad financiera. El «giro ordinario» hace referencia a las actividades
realizadas en cumplimiento del objeto social o de las funciones principales
establecidas en la ley. También a aquellas que, aunque no están relacionadas
directamente con el objeto, son conexas o necesarias para su desarrollo 5.

Las funciones del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-Fonade –que
demarcan el «giro ordinario» de sus actividades– fueron previstas inicialmente en
el artículo 2 del Decreto 2168 de 1992, según el cual, la entidad tendría «por
objeto principal ser agente en el ciclo de proyectos de desarrollo mediante la
financiación y administración de estudios, y la coordinación y financiación de la
fase de preparación de proyectos de desarrollo». Esta disposición fue
reglamentada por el artículo 1 del Decreto 2606 de 1998 que estableció que el
ciclo de proyectos comprendía las etapas de preparación, ejecución y evaluación.

Posteriormente, a través del Decreto 288 de 2004 –vigente a la fecha de
celebración del contrato n.° 2050390– se amplió el objeto de Fonade. Los artículos
1 y 2 del Decreto 288 de 2004, en concordancia con el artículo 286 del EOSF,
establecían que el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-Fonade era una
empresa industrial y comercial del Estado, de carácter financiero y vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia. En desarrollo de su objeto, Fonade
podía promover, estructurar, gerenciar, ejecutar y evaluar proyectos de desarrollo
financiados con recursos de fuentes nacionales o internacionales y celebrar
contratos para administrar recursos destinados a la ejecución de proyectos (arts.
3.1 y 3.6 Decreto 288 de 2004).
5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de julio de 2005, Rad. 11575 [fundamento jurídico

3.1 y 3.3].

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Radicación: 23001-23-31-000-2008-00233-01 (44.807)
Demandante: Constructora Yacaman Vivero S.A. y otro
Demandado: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-
FONADE
Asunto: Acción contractual

10. El convenio n°. 194050, suscrito entre Fonade y la Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú-CVS, tenía por objeto realizar la gerencia integral
de los proyectos de la primera fase del proyecto de rehabilitación del margen
izquierdo del Río Sinú. Una de las obligaciones que asumió Fonade en el marco
del referido convenio fue «celebrar los convenios y/o contratos que resulten
necesarios para la ejecución del objeto del convenio» (f. 18 c. 1). Con ese fin, la
entidad adelantó el proceso de selección IPG-783-194050 para contratar una
empresa que se encargara de ejecutar la primera fase de rehabilitación de la red
de drenaje del Caño la Caimanera.

Fonade –en virtud del convenio n°. 194050 suscrito con la Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú-CVS– celebró el contrato n.° 2050390 para realizar
la primera fase de la rehabilitación de la red de drenaje del Caño La Caimanera y
sus cuerpos de agua asociados en la Subcuenca de La Caimanera en el
Departamento de Córdoba. Ese contrato se enmarcó en la etapa de ejecución del
proyecto de rehabilitación del margen izquierdo del Río Sinú, en el que la entidad
actuó como gerente integral del proyecto, tal como se pactó en el convenio y,
como según lo previsto en el Decreto 288 de 2004, podía hacerlo en desarrollo de
su objeto social, ya que celebró el contrato n.° 2050390 en ejercicio de sus
funciones de «promover, estructurar, gerenciar, ejecutar y evaluar proyectos de
desarrollo financiados con recursos de fuentes nacionales» –en este caso, los
recursos del convenio n°. 194050 suscrito con la CVS– y «administrar recursos
destinados a la ejecución de proyectos y para el desarrollo de esquemas de
gerencia de proyectos» (art. 3 del Decreto 288 de 2004).

En conclusión, ese contrato –sobre el que recaen las pretensiones de la
demanda– estuvo ligado a su actividad de celebrar contratos para administrar
recursos destinados a la ejecución de proyectos, lo cual se encuentra dentro del
giro ordinario de los negocios del demandado. Como el parágrafo del artículo 32 –
antes de la modificación de la Ley 1150 de 2007– estaba vigente cuando Fonade
suscribió el contrato –2 de febrero de 2005– y este se inició para desarrollar su
objeto social, el régimen jurídico del contrato era el derecho privado6.

6 Valga precisar que esta Corporación ha sostenido que los contratos celebrados por Fonade en la misma

época, es decir, en vigencia del parágrafo 32 de la Ley 80 de 1993 -antes de la modificación de la Ley 1150
de 2007-, para desarrollar su objeto social, se rigen por el derecho privado. Cfr. Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, sentencia del 10 de febrero de 2021, rad. nº. 56.178 [fundamento jurídico 1];

11

Radicación: 23001-23-31-000-2008-00233-01 (44.807)
Demandante: Constructora Yacaman Vivero S.A. y otro
Demandado: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-
FONADE
Asunto: Acción contractual

La Liquidación en los contratos que se rigen exclusivamente por el derecho
privado

11. La demandante, en el recurso de apelación, esgrimió que las partes habían
perdido la «competencia» para liquidar el contrato de mutuo acuerdo, debido a
que operó la caducidad de la acción contractual y se vencieron los términos
previstos en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, en consonancia con el artículo 11
de la Ley 1150 de 2007.

12. El estatuto general de contratación regula particularmente cinco materias
propias del régimen de la contratación: i) capacidad: dentro de la cual están las
inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de interés, los consorcios y uniones
temporales –que pueden celebrar contratos sin ser personas jurídicas– y el
registro único de proponentes; ii) la selección objetiva, que abarca los
procedimientos de selección de contratistas; iii) el perfeccionamiento y la forma del
contrato, la urgencia manifiesta y algunos tipos de contratos; iv) algunos aspectos
relativos a su ejecución como el manejo de riesgo, la ecuación contractual y las
denominadas potestades excepcionales y v) la liquidación del contrato y la
solución de controversias. En lo demás, la Ley 80 de 1993 prescribe que, por regla
general, los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 de
ese estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes
(arts. 13, 23, 28, 32, 40, 44 y 45 de la Ley 80 de 1993 y art. 2 del CC).

En cuanto a la oportunidad para liquidar el contrato, en vigencia del Decreto 222
de 1983, esta Corporación sostuvo, ante la falta de regulación legal, que un
término plausible para la liquidación del contrato era seis meses; cuatro para la
liquidación de mutuo acuerdo y dos para la liquidación unilateral por parte de la
entidad estatal7. Con la entrada en vigor de la Ley 80 de 1993 y frente a la
liquidación bilateral, el artículo 60 definió el plazo de 4 meses para que las partes
suscribieran el acuerdo, en defecto de regulación en el contrato. Esta Sección
señaló que, ante la ausencia de plazo para liquidación unilateral en esa norma,

Subsección C, sentencia de 8 de octubre de 2021, rad. nº. 36.320 [fundamento jurídico 4] y Subsección A,
sentencia del 23 de octubre de 2020, rad. nº. 41.277 [fundamento jurídico 3.3.1.2].
7 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 1988, rad. nº. 3615 [fundamento

jurídico 2] y sentencia del 11 de diciembre de 1989, rad. nº. 5334 [fundamento jurídico 1].

12

Radicación: 23001-23-31-000-2008-00233-01 (44.807)
Demandante: Constructora Yacaman Vivero S.A. y otro
Demandado: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-
FONADE
Asunto: Acción contractual

procedería dentro de los dos meses siguientes8. Posteriormente, el artículo 44 de
la Ley 446 de 1998 –que modificó el artículo 136.10.d del CCA– acogió la tesis
jurisprudencial de la Sala y estableció de manera expresa que la Administración
contaba con el término de dos meses para liquidar unilateralmente el contrato.

La problemática surgió ante la no liquidación del contrato en esos plazos, frente a
lo cual se plantearon varias soluciones. En un primer momento se acogió el criterio
según el cual, era posible la liquidación aun cuando se hubiesen cumplido los
plazos contractuales y legales correspondientes, siempre y cuando no se hubiera
notificado el auto admisorio de la demanda9. Con posterioridad, la Sala de
Consulta y Servicio Civil se apartó del anterior criterio y sostuvo que los plazos
establecidos en la legislación para la liquidación unilateral eran de carácter
perentorio y preclusivo, lineamiento que fue acogido luego por la Sección
Tercera10. Ante la discusión de los términos aplicables a la liquidación del contrato,
en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 –que modificó la Ley 80 de 1993– se
dispuso que la misma se podría realizar, bilateral o unilateralmente, hasta antes de
que caduque el medio de control de controversias contractuales. Así, de acuerdo
con esta norma, si vencido el plazo de los dos meses para la liquidación unilateral
esta no se ha producido, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro
de los dos años siguientes, que es el término previsto para que opere la caducidad
de ese medio de control.

13. Las consecuencias jurídicas de la aplicación exclusiva del derecho privado a
los contratos que celebran determinadas entidades públicas no se circunscriben al
ámbito de la celebración y ejecución del contrato, sino que, también, conciernen a
los actos de las partes, encaminados a su liquidación. De ahí que cuando la ley
remite a otros regímenes, dicha regulación no puede limitarse a la fase de
ejecución contractual.

La remisión al derecho privado excluye la aplicación del derecho público, salvo en
aquellos casos puntuales previstos en la ley en los que se entiende pueden

8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de julio de 1995, rad. nº. 8126 [fundamento jurídico

1].
9 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de junio de 2000, rad. nº. 12.723 [fundamento

jurídico 1] y sentencia de 16 de agosto de 2011, rad. nº. 14.384 [fundamento jurídico 3].
10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, rad. nº. 15.239 [fundamento

jurídico 1].

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Radicación: 23001-23-31-000-2008-00233-01 (44.807)
Demandante: Constructora Yacaman Vivero S.A. y otro
Demandado: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-
FONADE
Asunto: Acción contractual

proferirse actos administrativos11. Por ejemplo, una de esas prerrogativas que –por
regla general– no pueden ser adoptadas en el marco de las relaciones
contractuales sometidas al derecho privado es la liquidación unilateral del contrato
(artículo 61 de la Ley 80 de 1993), toda vez que ella refleja el poder de imperio del
Estado, la cual se inspira en la necesidad de proteger de manera efectiva el
patrimonio público y, por lo mismo, el interés general12. Se trata de una
competencia sometida al principio de legalidad, mediante la cual se faculta a la
entidad contratante a liquidar unilateralmente el contrato, con efectos de dejar a
paz y salvo a las partes en todo aquello que se deriva de su relación. Por ello, no
puede ser ejercida en los términos en los que la regula el Estatuto de Contratación
Pública, por entidades que no han sido facultadas, al ser excluidas de sus
disposiciones. Tampoco podrán hacerse exigibles a los contratos que se rigen
exclusivamente por el derecho privado, las reglas sobre los tiempos en los cuales
deben proferirse la liquidación unilateral o bilateral, contenidas en el Estatuto de
Contratación Pública, porque expresamente se trata de una regulación concebida
para los negocios jurídicos sometidos a ese régimen particular.

14. En la liquidación bilateral de los contratos regidos por el derecho privado, las
partes suelen establecer si hay obligaciones pendientes, los saldos en favor y en
contra y declarar que están a paz y salvo. La liquidación es un ajuste de cuentas
para que las partes del negocio jurídico puedan finiquitar –definir quién debe a
quién y cuánto–. Como negocio jurídico sujeto al derecho privado, las partes
podrán suscribir este tipo de acuerdos incluso por fuera del término de caducidad
de la acción respectiva, toda vez que nada se opone a que obligaciones

11 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 23 de septiembre de

1997, rad. S-701 [fundamento jurídico a, b y f]; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia
de 20 de febrero de 2017, rad 56.562 [fundamento jurídico 1]; sentencia de 8 de junio de 2018, rad. 38.120
[fundamento jurídico 3.6]; sentencia de 30 de septiembre de 2019, Rad. 43.036 [fundamento jurídico 3.4.1] y
Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 3 de septiembre de 2020, Rad. 42.003
[fundamento jurídico 61].
12 O por lo menos no frecuentes en el derecho privado, aunque cada vez más: “Finalmente, están las famosas

prerrogativas de poder público, las cláusulas exorbitantes estrictamente tales, las que, según pretende la
doctrina francesa, harían normalmente ilícito un contrato civil si se llegasen a insertar en él. Hay que decir, por
de pronto, que estas cláusulas en ‘este sentido estricto de imposibles en el contrato civil, son mucho menos
habituales de lo que ha pretendido la doctrina substantivadora del contrato administrativo. En el estudio
analítico de VEDEL (45) se afirma que la gran mayoría de las llamadas cláusulas exorbitantes ‘está
constituida por estipulaciones que no resultarían afectadas por ninguna imposibilidad, por ninguna ilicitud en el
contrato privado, sino que son sólo en éste desacostumbradas y por ello poco verosímiles’, tesis que ha
confirmado DE LAUBADÉRE (46) y últimamente ya la generalidad de la doctrina (47). Con esto se están
refiriendo a que lo normal son las cláusulas que hemos identificado en los tres párrafos anteriores. ¿Cuáles
son, sin embargo, estas cláusulas exorbitantes extremas que sólo podrían darse en el Derecho administrativo
contractual? Hay sobre esto también un gran equívoco, y conviene por eso acercarse al tema con una
cuidadosa atención”. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, “LA FIGURA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO”,
págs. 121 y 122.

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Radicación: 23001-23-31-000-2008-00233-01 (44.807)
Demandante: Constructora Yacaman Vivero S.A. y otro
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Asunto: Acción contractual

naturales13, es decir, que carecen de la posibilidad de reclamación en sede
judicial, sean reconocidas por las partes del contrato. Este tipo de acuerdos serán
ley para las partes (art. 1602 del CC) y, cuando terminen extrajudicialmente un
litigio pendiente o precavan un litigio eventual, tendrán una naturaleza de
transacción (art. 2469 del CC), es decir, producirá efectos de cosa juzgada en
última instancia (art. 2483 del CC).

15. En la cláusula decimosexta (f. 23-24 c. 1) las partes estipularon que:

LIQUIDACIÓN: El presente contrato se liquidará por parte de FONADE dentro de
los cuatro (4) meses siguientes a su terminación, mediante acta firmada de común
acuerdo por las partes contratantes, que contendrá un balance sobre la ejecución
del contrato y los pagos realizados al CONTRATISTA y los acuerdos a que lleguen
las partes sobre la ejecución del contrato.

En línea con lo expuesto, como el contrato n°. 2050390 no se rige por la Ley 80 de
1993 y las posteriores que la han modificado, no hay lugar a aplicar las
disposiciones de ese estatuto frente a los plazos de liquidación del contrato ni
respecto de las limitaciones en el tiempo dentro del cual dicha liquidación debe
tener lugar. Tampoco, del sentido literal de la cláusula es posible determinar que
las partes, para los efectos de la liquidación del contrato, se sujetaron a lo
dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, o estipularon una prohibición
frente a la liquidación por fuera del término de los cuatro meses, ni tampoco
establecieron que el contrato no podría liquidarse si había operado el término de
caducidad de la acción contractual, reglas que, se reitera, solo son aplicables a los
contratos a los que se aplica esa normativa.

En estas condiciones, los reparos formulados por la recurrente frente a la fecha de
suscripción del acta de liquidación y la pérdida de la «competencia» para liquidar
bilateralmente el contrato no tienen vocación de prosperidad. Su estudio, se
reitera, se debe limitar a las reglas del derecho privado que rigen el contrato. La
liquidación bilateral es un negocio jurídico válido y, por lo mismo, con fuerza
vinculante (art. 1602 CC), que refleja la voluntad de los contratantes, al definir
quién, qué y cuánto deben. Por ello, si la voluntad se emitió libre y exenta de

13 En consonancia con las definiciones del artículo 1527 del CC, la diferencia específica entre las obligaciones

meramente naturales y las civiles radica en que el acreedor de la primera no tiene derecho de exigir el pago,
en tanto que el acreedor de la segunda si tiene derecho. Pero los dos tipos de obligaciones no se distinguen
desde el punto de vista del deudor: en ambas, este debe jurídicamente el objeto pactado; no queda libre sino
mediante el pago u otro medio de extinción equivalente, y cuando paga, paga lo que debe, sin poder
recuperar lo que pagó. Ricardo Uribe Holguín, De las obligaciones y de los contratos en general, 1982, pág.
19.

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Radicación: 23001-23-31-000-2008-00233-01 (44.807)
Demandante: Constructora Yacaman Vivero S.A. y otro
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FONADE
Asunto: Acción contractual

vicios, conforme a la ley, tiene plenos efectos.

Salvedades a la liquidación bilateral del contrato en régimen de derecho
privado

16. En la sentencia de primera instancia el Tribunal consideró que la parte
demandante no identificó la razón de su inconformidad frente al acta de liquidación
bilateral, porque dejó consignada una «salvedad genérica». Por ese motivo no
había lugar a la procedencia de las pretensiones de la demanda. En el recurso de
apelación, la demandante estimó que la especificidad de las salvedades era una
carga excesiva que no estaba prevista en la ley y que, en todo caso, cumplió con
el deber de dejar «salvedades» en el acta de liquidación del contrato.

17. Sobre la exigencia de salvedades concretas y específicas, esta Corporación
ha sostenido que, en los contratos a los que son aplicables las reglas de la Ley 80
de 1993, para que puedan ser acogidas las pretensiones contractuales elevadas
por alguna de las partes luego de la liquidación bilateral del contrato, el interesado
debe haber formulado salvedades –concretas y específicas– en el acta de
liquidación, con el fin de determinar las razones de su inconformidad 14. Ello es así,
porque es la misma Ley 80 de 1993, en el artículo 60, la que establece el efecto
de la decisión de las partes de declarar terminada su relación contractual a paz y
salvo.

No obstante, tratándose del acta de liquidación bilateral de un contrato que se rige
por el derecho privado, más allá de la naturaleza de las «salvedades» –
específicas o genéricas–, el juez deberá determinar en cada caso si las partes
pretendieron, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, regular los asuntos cuya
reclamación se le formula y declararse a paz y salvo por todas aquellas
situaciones que pudieran derivarse de la relación contractual.

Corresponde al juez dilucidar, en cada situación, cuál fue el entendimiento entre
las partes y su alcance, conforme a las pautas de interpretación de los contratos,
las normas supletorias asociadas a los tipos contractuales en las leyes civiles y
comerciales, así como el cumplimiento de buena fe del contrato. De acuerdo con
estas directrices, determinará si las partes pretendían regular, mediante dicho
14 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de octubre de 1980, Rad. 1960 [fundamento

jurídico f] y sentencia de 16 de febrero de 2011, rad. n°. 11689, [fundamento jurídico 20].

16

Radicación: 23001-23-31-000-2008-00233-01 (44.807)
Demandante: Constructora Yacaman Vivero S.A. y otro
Demandado: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-
FONADE
Asunto: Acción contractual

acuerdo, los asuntos objeto de la reclamación y los términos de dicha regulación.
En consecuencia, la acción contractual se limitará a aquellos aspectos sobre los
cuales no se llegó a un acuerdo al momento de suscribir la liquidación del
contrato.

En definitiva, el hecho de que no se incluyan salvedades concretas en el acta de
liquidación bilateral de un contrato que se rige por el derecho privado no releva al
juez de establecer si lo que se reclama con la demanda quedó sometido al
acuerdo de voluntades en el que las partes se declararon a paz y salvo frente a la
ejecución del contrato. Para ello, podrá analizar cuál fue el motivo que indujo la
suscripción de dicho acuerdo y el contenido de los arreglos que las partes
alcanzaron durante la ejecución del contrato –como prorrogas, adiciones o
suspensiones–, contrastándolo con los hechos que sirven de causa a las
pretensiones y con el objeto de estas. Con base en estos elementos y de cara a
las estipulaciones de los contratantes, habrá de definirse si las pretensiones
resultan improcedentes, ya porque desconocen el contenido de un negocio jurídico
obligatorio en el que se regularon los asuntos objeto de la reclamación, o porque
quien demanda debe soportar los efectos de la ocurrencia de los hechos que
motivaron la suscripción de las prórrogas y suspensiones.

18. Precisado lo anterior, se aprecia que el 1 de septiembre de 2008, Fonade y el
consorcio J.A. Asociados Ltda.-CYV suscribieron el acta de liquidación bilateral del
contrato n°. 2050390 (fls. 145-147 c.1), según la cual, el valor a cancelar por
Fonade al contratista era de $0.00. En el documento, estipularon que aceptaban
dicha liquidación y se liberaban mutuamente de cualquier obligación derivada del
contrato. Fundamentaron el acuerdo en el acta de recibo final de las obras y el
balance financiero del contrato. El contratista, no obstante, consignó una
«salvedad» en los siguientes términos:

La firma contratista CONSORCIO JA ASOCIADOS LTDA-CYV, deja constancia de
que se reserva el derecho de presentar ante FONADE las reclamaciones que
considere pertinentes, producto de la ejecución y desarrollo del contrato que
mediante el presente documente (sic) se liquida. (f. 147 c. 1).

19. Para la interpretación del contrato, el juez debe seguir ante todo el criterio
sentado por el artículo 1618 del Código Civil, según el cual, conocida claramente
la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las

17

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FONADE
Asunto: Acción contractual

palabras. Esta regla tiene plena aplicación cuando conste de manera inequívoca
que la intención de las partes es distinta de lo que expresaron los términos del
contrato y supone que, aun siendo claro en el sentido lingüístico y literal, ante una
divergencia el juez debe precisar e indagar la recíproca intención de las partes,
según las circunstancias del negocio jurídico15. La labor del juez no se orienta, por
supuesto, a enervar, reemplazar o suplantar a las partes16, ni a adulterar sus
estipulaciones, sino más bien a la consecución reflexiva del sentido de una
estipulación17. En tal sentido, no solo al interpretar el contrato, sino sus acuerdos
modificatorios, debe precisar la finalidad común de las partes, con el fin de
determinar el resultado específico perseguido por ellas, de acuerdo con su
contenido, alcance, utilidad y función18.

20. Del sentido literal del acta, dada la brevedad del documento, no es posible
determinar de manera clara e inequívoca si lo que reclama la demandante por
obras adicionales –trabajo con maquinaria en agua y actividad de «repaleo»–
quedó cobijado por el acuerdo. Por el contrario, los términos del acta son
confusos, en la medida en que, si bien se indica que las partes se declaran a paz y
salvo frente a las obligaciones derivadas del contrato, a renglón seguido refiere al
derecho en cabeza del contratista de realizar las reclamaciones que considere
ante Fonade.

Dadas las características de un acta de liquidación bilateral así concebida, no es
posible establecer, a partir de ese único documento, que las partes hayan llegado
a un acuerdo respecto de las pretensiones de la demanda, debido a que no se
tiene certeza del alcance que pretendieron otorgarle, toda vez que se desconocen
los antecedentes de cómo llegaron las partes al acuerdo de liquidación y en el
mismo se aprecian declaraciones de voluntad contradictorias. En efecto, a pesar
de la declaración a «paz y salvo», la misma resulta contra decida por la voluntad
del contratista de dejar abierta las reclamaciones producto de la ejecución del
contrato.

Por lo demás, de los antecedentes que tuvieron en cuenta las partes, esto es, el
15 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 23 de noviembre de 2020, Rad.
11001-31-03-019-2011-00361-01 [fundamento jurídico C.1].
16 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 7 de febrero de 2008, Rad. 2001-

06915-01 [fundamento jurídico 2].
17 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de febrero de 2000, Rad. 5577

[fundamento jurídico 1].
18 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 1 de agosto de 2002, Rad. 6907

[fundamento jurídico 1].

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Asunto: Acción contractual

acta de recibo final de las obras y el balance financiero del contrato, no puede
concluirse que las partes hubieran zanjado expresamente la reclamación por la
ejecución de obras bajo el agua ni, mucho menos, que allí cuantificaran la
reclamación por la actividad de «repaleo», sobre la cual se discute si estuvo
cobijada o no por el objeto del contrato.

En esa medida, es forzoso concluir que los asuntos frente a los cuales el acuerdo
bilateral de liquidación no produjo efectos de paz y salvo se centraron en: i) el
trabajo con maquinaria en agua y ii) la actividad de «repaleo», por lo que su
reconocimiento deberá ser analizado a partir de la conducta contractual de las
partes (1621 del CC), en particular, a partir del objeto del contrato, las
circunstancias que influyeron en su celebración y los acuerdos a los que llegaron
durante su ejecución.

21. En estos términos, en primer lugar, la Sala analizará el alcance de lo acordado
por las partes, durante la ejecución del contrato, frente a los perjuicios relativos al
aumento en el nivel del agua, en la medida en que la apelación insistió en esos
costos. En segundo lugar, la Sala estudiará la pretensión relativa a la actividad de
«repaleo» y deberá determinar si, como lo sostuvo Fonade, se trata de una
actividad que estaba prevista en el contrato.

Las reclamaciones por el aumento del nivel del cauce y los acuerdos de las
partes durante la ejecución del contrato

22. Las partes celebraron el contrato n°. 2050390 el 8 de marzo de 2005 en el cual
acordaron lo siguiente:

CLAUSULA PRIMERA-OBJETO: EL CONTRATISTA se compromete a realizar la
primera fase de la Rehabilitación de la red de drenaje del caño La Caimanera y
sus cuerpos de agua asociados en la Subcuenca de La Caimanera en el
Departamento de Córdoba, Grupo 03, de conformidad con lo señalado en las
Reglas de Participación y la oferta, documentos que hacen parte integrante del
presente contrato. (f. 19 c. 1).

En la cláusula segunda del contrato pactaron la suma de $1.089.789.577 y en la
cláusula cuarta se acordó que el plazo de duración sería de siete meses contados
desde la firma del acta de inicio (f. 20 c. 1).

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Radicación: 23001-23-31-000-2008-00233-01 (44.807)
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FONADE
Asunto: Acción contractual

23. El 9 de agosto de 2005, las partes prorrogaron el plazo de ejecución del
contrato, el cual estaba previsto para siete meses, por 45 días más. El fundamento
de la prorroga fue el poco avance del contratista en la actividad de excavación (f.
198 c. 1).

Frente a esta ampliación en el plazo de entrega de la obra se aprecia que la
intención de las partes, conforme a lo consignado expresamente en el otrosí, no
fue regular específicamente el asunto derivado del aumento en el nivel del cauce.
El acuerdo se limitó a ampliar el plazo para el cumplimiento de la obligación en 45
días más, por lo cual no tuvo efectos en las pretensiones de la demanda.

24. El 14 de octubre de 2005, mediante lo que denominaron «adición 01 y
prorroga 02», las partes, en la cláusula primera, ampliaron el plazo del contrato en
30 días más, es decir, para un total de 9 meses y 15 días. En la cláusula segunda
adicionaron el valor inicial del contrato en $272.734.308 y agregaron un ítem
adicional no previsto, por concepto de 75.000 m3, que denominaron «excavación
dentro del agua a profundidades mayores o iguales a 60 cm de lámina de agua y
apile en los hombros del canal, incluye verificación topográfica de las secciones y
pendientes de taludes y de fondo a lo largo del cauce». Las razones de la adición
en precio y del reconocimiento del ítem adicional fueron las siguientes:

Que en Acta No. 08 del Comité Operativo del convenio, celebrado el 08 de
septiembre del 2005, se estableció que a la fecha el avance físico del contratista
del Grupo 03 en la actividad de excavación es de 112.000,00 m3 lo que representa
aproximadamente al 38% de las cantidades contratadas. El rendimiento obtenido
obedece a las condiciones desfavorables que se han presentado en la ejecución
del contrato como consecuencia del elevado nivel de la lámina de agua dentro del
caño (aproximadamente 1.5 mts de altura de agua); dichas condiciones se han
mantenido desde el inicio del contrato y a lo largo del tramo donde se están
realizando los trabajos (…) la imposibilidad de colocar la maquinaría sobre las
márgenes del caño así como la altura de la lámina de agua, han conducido a
desarrollar el trabajo ubicando las retroexcavadoras dentro del agua para
adelantar el proceso de excavación (…) g.) De igual manera, los altos niveles del
cauce se suman a la imposibilidad de excavar con pala-dragas o buldózeres,
equipos de la tipología utilizados para movimientos de tierra e igualmente,
solicitados en los términos referencia, en razón a no tener el piso apropiado para
la ubicación y soporte de los mismos por ende siendo imposible el desarrollo de
los trabajos por esta clase de equipos. En estas condiciones se ha hecho
necesario el trabajo de excavación mediante retroexcavadoras dentro del agua,
operando a altos niveles de la lámina de agua cómo única posibilidad para
adelantar las labores en las condiciones actuales (…). (f. 28 c. 1).

Por lo demás, las partes acordaron que el resto cláusulas del contrato principal
continuarían vigentes (tercera) y regularon los aspectos relativos a las garantías

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Radicación: 23001-23-31-000-2008-00233-01 (44.807)
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Demandado: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-
FONADE
Asunto: Acción contractual

(cuarta) y al perfeccionamiento del contrato (quinta).

25. Como antecedentes de este acuerdo, se tienen las solicitudes que elevó el
contratista el 5 de julio, 3 y 26 de agosto de 2005, en las que pidió que se
reconociera el aumento de costos que generaba realizar las excavaciones con la
maquinaria dentro del agua (fls. 48-55 c.1). Frente a esas solicitudes, el 15 de
septiembre de 2005 (fls. 284-286 c. 4), el director de interventoría respondió que
consideraba procedente la reclamación del contratista en los términos de
reconsiderar el precio correspondiente a la excavación bajo el agua, con la
maquinaria dentro del agua, conforme al análisis de precios unitarios presentado
por el contratista. La pertinencia de la reclamación fue explicada de la siguiente
manera:

Los hechos sucedidos corresponden a la sumatoria de varias causas producidas
por eventos sobrevivientes como son los altos niveles de agua en el caño a
rehabilitar, que se originan fundamentalmente por la operación de la represa de
Urrá, lo cual ha mantenido una generación de energía con cuatro (4) turbinas que
aportan quinientos metros cúbicos (500 m3) diarios al caudal y a los niveles del río
Sinú y por ende se presenta un represamiento en los niveles de Caño Viejo en las
zonas de operación de excavación del grupo No. 3. Este hecho sobreviviente a las
condiciones de excavación expresadas en los términos de referencia corresponde
a un evento imprevisto y ajeno a la voluntad de las partes contratantes que
dificulta grandemente las labores de excavación, pues deben realizarse bajo el
agua; sin embargo, por si solo e individualmente no es la causa de la gran
dificultad y bajos rendimientos en la excavación planteada (…). En estas
condiciones, dada la morfología de Caño Viejo en el sector de trabajo del grupo
No. 3, se ha hecho necesario el trabajo de excavación mediante retroexcavadoras
que han operado dentro del agua, situación que es la que realmente agrava aún
más el proceso de excavación. Esta condición de operación de la maquinaria se
ha dado exclusivamente en el Grupo No. 3, como quiera que la excavación en los
otros grupos haya sido igualmente bajo agua (condición establecida en los
Términos de Referencia- excavación seca o húmeda). La diferencia estriba en el
sitio donde se opera la maquinaria, como se observa en los registros fotográficos
de los tres grupos. En los grupos uno y dos las retroexcavadoras y las palas
excavan el material bajo el agua estando el cuerpo de la maquinaria por fuera del
agua. En el grupo No. 3 las retroexcavadoras excavan el material bajo el agua
estando el cuerpo de la maquinaria dentro del agua. 2. En cuanto a la onerosidad,
el contratista demuestra conforme al análisis unitario presentado con los
rendimientos obtenidos, los costos de alquiler de maquinaria y los costos de
operación, que esta condición de excavación bajo el agua y con la maquinaria
dentro del agua es deficitaria referida a los análisis unitarios inicialmente
planteados (…).

El 25 de octubre de 2006, en comunicación dirigida a Fonade el consorcio explicó
que el contrato adicional n°. 1 se debió a las características del lugar durante la
ejecución de las obras, toda vez que las excavaciones se tuvieron que realizar
sobre una lámina de agua igual o superior a 60 cm., factor que cambió
notablemente los rendimientos y, por ello, fue reconocido un ítem adicional no

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previsto.

En las consideraciones del acuerdo, las partes expusieron las razones que
tuvieron en cuenta para la firma del contrato adicional del 14 de octubre de 2005.
Indicaron, expresamente, que el motivo por el cual resultaba necesario una adición
al valor inicial del contrato, correspondió a que para ese momento resultaba claro
que las obligaciones del contratista se habían hecho más onerosas por el aumento
del nivel del cauce –debido al uso de turbinas para la generación de energía en la
represa de Urrá–, porque fue necesario ubicar la maquinaria dentro del agua para
realizar las excavaciones y, por ello, la prevista en las especificaciones técnicas
del contrato no servía.

No solo en los antecedentes de este acuerdo se señaló que el mismo tenía origen
en el aumento del nivel del cauce y la necesidad de hacer los trabajos con la
maquinaria dentro del agua, sino que las partes en el clausulado regularon
expresamente las dos circunstancias que se derivan del mismo. Por una parte, el
plazo que fue ampliado en 30 días (cláusula primera) y, por otra, los efectos
económicos, debido a que se adicionó el valor inicial del contrato por concepto de
un ítem no previsto «excavación dentro de agua a profundidades mayores o
iguales a 60 cm de lámina de agua y apile en los hombros del canal» (cláusula
segunda).

26. Conforme a los artículos 1618 y siguientes del Código Civil, los tratos
preliminares no son intrascendentes, dado que, formado el contrato, lo integran y
orientan su interpretación. Los tratos y conversaciones preliminares encaminados
a la producción del consentimiento son parte integral de este y su importancia se
traduce en servir de medios para desentrañar la intención de las partes 19. En los
tratos previos al contrato «adición 01 y prorroga 02», las partes discutieron los
sobrecostos por el aumento del nivel del cauce, porque la demandante
expresamente puso de presente la situación en tres comunicaciones diferentes –5
de julio, 3 y 26 de agosto de 2005– y la entidad admitió esas reclamaciones, en
efecto, en oficio del 15 de septiembre de 2005, según lo relatado en los
antecedentes del acuerdo, analizó las reclamaciones del consorcio. Esas
discusiones fueron determinantes en la suscripción de la modificación al contrato.

19 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 28 de junio de 1989, Rad. S-233

[fundamento jurídico 1].

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27. Además, adquiere mayor relevancia la declaración libre del consorcio en la
comunicación del 25 de octubre de 2006 (fls. 65-68 c. 1), en la cual expresó que
«esta actividad –excavación dentro del agua– fue reconocida a su debido tiempo o
también se estaría haciendo su respectiva reclamación» (fls. 66-67 c. 1). Por otra
parte, valga precisar que los sobrecostos por el aumento del caudal no se
produjeron con posterioridad a este acuerdo. Por el contrario, los costos por el
aumento del caudal y el «desequilibrio económico» fueron advertidos con
anterioridad, toda vez que desde el 5 de julio de 2005 –fecha del primer oficio en
el que reclamó el desequilibrio por el aumento del caudal– expresamente se refirió
a esta circunstancia. De manera que su ocurrencia y efectos fueron anteriores al
acuerdo del 14 de octubre de 2005.

28. Así las cosas, analizadas las pretensiones de la demanda y al contrastarlas
con toda la génesis del contrato «adición 01 y prorroga 02», se concluye que las
partes, incluso antes de la suscripción del acta bilateral de liquidación, regularon
expresamente una parte de las reclamaciones por los sobrecostos ocasionados
por situaciones imprevistas: la relativa al aumento del nivel del cauce y que
provocó las excavaciones con la maquinaria dentro del agua. El mencionado
contrato adicional tuvo su origen en las reclamaciones que hasta esa fecha había
formulado el contratista. Además, no se limitó a una prorroga del plazo, sino que
resolvió en su integridad este aspecto, en la medida en que reconocieron un ítem
no previsto y adicionaron el valor inicial del contrato en $272.734.308.

29. El artículo 1494 del Código Civil dispone que el concurso real de las
voluntades de dos o más personas es fuente de obligaciones. A su vez, de
conformidad con el artículo 1602, todo contrato legalmente celebrado es una ley
para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo
o por causas legales. En esta misma línea, el artículo 864 del Código de Comercio
establece que el contrato también puede tener como efecto regularlas o
extinguirlas. Por ello, los acuerdos posteriores de las partes, mediante los cuales
se regulan aspectos relativos a la ejecución del contrato son expresión genuina de
la autonomía de la voluntad y son verdaderos negocios jurídicos. Los acuerdos
posteriores son también expresión de la libertad contractual, de esa autonomía
negocial para regular aspectos de la ejecución del contrato, para facilitar su
cumplimiento, precisar el objeto, ampliar el plazo, desistir de ciertas reclamaciones
o adoptar decisiones transaccionales.

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30. Como los efectos del denominado por las partes «adición 01 y prorroga 02» al
contrato n°. 2050390 de 2005 se extendieron a regular parte de los aspectos que
fueron demandados, porque en este se expresó de forma explícita la intención de
resolver el conflicto que ahora se estudia, las pretensiones relativas a los
perjuicios por el aumento del nivel del cauce durante la ejecución del contrato
deben negarse.

Las reclamaciones por la actividad de «repaleo» y el contrato n°. 2050390 de
2005

31. Los días 2 de junio y 25 de octubre de 2006 (fls. 61-68 c. 1), el consorcio
insistió en el «desequilibrio económico» del contrato por una actividad adicional
que denominó «repaleo». En la demanda se indicó que, dadas las «nuevas
condiciones geométricas» del caño, fue necesario ejecutar una actividad no
prevista que consistió en el «repaleo» para ubicar la tierra excavada en los
hombros del canal. Fonade sostuvo que dicha actividad estaba prevista
inicialmente en el contrato.

32. Cuando el demandante pretende el restablecimiento del equilibrio económico
del contrato frente al cual no le son aplicables las disposiciones del Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública, dicho fenómeno no se rige,
como es natural, por las disposiciones establecidas en dicho estatuto. En tal
sentido, la Sala entra a precisar las reglas con base en las cuales se debe analizar
el desajuste al equilibrio económico del contrato y, en particular, el alcance que, en
materia de contratos públicos, tiene el artículo 868 del C.Co.

Durante el proceso de formación y al momento de celebrar un contrato, incluidos
los contratos públicos, las partes evalúan los beneficios y asumen riesgos
financieros específicos que configuran la ecuación contractual. Aunque se
reconoce la importancia del postulado de que los contratos son ley para las partes
y, por ello, deben ser cumplidos [pacta sunt servanda], se han atenuado los
efectos de la aplicación estricta del contrato debido a la posibilidad de que las
condiciones originales del acuerdo se vean alteradas.

Esta atenuación se basa en consideraciones de equidad en las relaciones
contractuales, en la suposición de que las partes se comprometen en función de
las circunstancias existentes en el momento del acuerdo [rebus sic stantibus], y en

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el entendimiento de que situaciones extraordinarias, imprevistas e irresistibles
pueden dificultar en exceso el cumplimiento estricto del contrato. Como respuesta
a esto, se ha desarrollado la teoría de la imprevisión, que busca restaurar el
equilibrio contractual perturbado por tales circunstancias.

Esta teoría fue objeto de estudio en algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia
antes de la expedición del Código de Comercio. En efecto, esa Corte precisó que
los principios generales del derecho adquirieron un valor integrador y con ello se
introdujeron postulados como la buena fe, simulación, fraude a la ley, abuso del
derecho, responsabilidad civil, imprevisión, enriquecimiento injusto –entre otros–.20

Así, antes de la regulación del actual artículo 868 del Código de Comercio sobre la
revisión de los contratos mercantiles, la propia Corte Suprema de Justicia adoptó
la imprevisión como principio general del derecho21. Desde esta perspectiva,
sostuvo que los principios generales del derecho no sólo irradian, sino que
también integran el ordenamiento jurídico, por lo cual, la jurisprudencia aceptó la
imprevisión en las relaciones jurídicas obligatorias y contractuales civiles.

La Corte explicó que el fundamento del reconocimiento de la imprevisión como
principio, tenía fuerte influencia del pensamiento de los canonistas de la edad
media y su fin era evitar el enriquecimiento de uno de los contratantes a expensas
del otro. De manera que se entendía que los contratos incluían una cláusula rebus
sic stantibus, según la cual las partes implícitamente reputan haber subordinado la
existencia de sus respectivas obligaciones a la persistencia de las condiciones de
hecho existentes al día del contrato22.

Así, aún sin regla legal, y con fundamento en principios como la imprevisión y la
justicia contractual, las partes debían evitar razonablemente y corregir la alteración
sobrevenida del equilibrio contractual, por cuanto el negocio obliga a su
cumplimiento de buena fe, en todo cuanto le pertenece por definición esentialia
negotia; ley, uso, costumbre o equidad [naturalia negotia]; o expresamente
20 Cfr. Corte Suprema de Justicia, sentencias de 29 de septiembre de 1935, XLIII, 129; 20 de mayo de 1936,

XLIII, 47; 19 de noviembre de 1936, G.J.X., 474; 11 de julio de 1939, G.J. No. 1949; 6 de septiembre de 1940,
G.J. L, 39; 12 de mayo de 1955. G.J.L., 322; 23 de junio de 1958. G.J.L., 232; 27 de octubre de 1961, G.J.
XCVII, 143
21 Cfr. Corte Suprema de Justicia, sentencia de 29 de octubre de 1936 [fundamento jurídico párr. 15] XLIV,

n.1918-1919, p. 455; de 23 de mayo de 1938 [fundamento jurídico 3]; de 9 de diciembre de 1936, XLIV,
n.1918-1919, p. 789; 23 de mayo de 1938, XLVI, n.1936, p. 523; marzo 24 de 1983, G.J. n. 2400, p. 61; S.P,
de 25 de febrero de 1937, XLIV, n.1920-1921, p. 613).
22 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 22 de noviembre de 2011, rad. n°. 2006-

00537-01 [fundamento jurídico 2].

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pactado [accidentalia negotia], en la totalidad de la prestación, forma y oportunidad
debida, lo que constituye un precepto contractual o norma obligatoria pacta sunt
servanda, lex privatta y lex contractus [artículos 1501, 1602, 1603 y 1623 del CC].

Con posterioridad a las decisiones atrás referidas, el artículo 868 del C.Co reguló
específicamente la figura de la revisión del contrato mercantil. En tal sentido
dispuso que si circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, surgidas
después de la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o
diferida, alteran o agravan de manera significativa la prestación futura a cargo de
una de las partes hasta hacerla excesivamente onerosa, dicha parte puede
solicitar su revisión. En tal caso, el juez examinará las circunstancias que hayan
modificado las bases del contrato y, si es posible, ordenará los ajustes que la
equidad requiera. De lo contrario, podrá dar por terminado el contrato, de
conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 868 del Código de
Comercio.

Para que proceda la revisión del contrato, se deben cumplir ciertos requisitos: i)
que el contrato sea existente y válido, elemento distintivo de la revisión del
contrato regulada en el artículo 868 del C,Co23.; ii) que sea de ejecución sucesiva,
periódica o diferida y no aleatorio o de ejecución instantánea; iii) que las
circunstancias que lo alteren sean imprevistas o imprevisibles; iv) que dichas
circunstancias generen una excesiva onerosidad, es decir, una desproporción
significativa y evidente con respecto a la finalidad económica del contrato; v) que
los eventos que alteren la simetría contractual ocurran después de la celebración
del contrato, durante su ejecución y antes de su finalización; vi) que tales eventos
estén fuera del control de las partes; y vii) que la pretensión verse sobre la
obligación de futuro cumplimiento por la parte del contrato afectada.

A partir de lo anterior, resulta claro que el estudio de las pretensiones dirigidas a
obtener la declaratoria de responsabilidad por la prestación ejecutada con
excesiva onerosidad por hechos posteriores al contrato terminado y que
resultaban imprevisibles e irresistibles, le exigen al juez analizar el caso desde
principios como la justicia contractual y la buena fe. Ello va más allá de la
regulación del artículo 868 del C.Co, porque esta norma tiene un campo de acción
definido por el legislador, que corresponde al ajuste de una prestación de futuro

23 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de junio de 1989, Rad. 5295 [fundamento jurídico

h].

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cumplimiento. Sobre el particular la Corte Suprema sostuvo:

«la revisión para corregir el desequilibrio, o en su caso, terminar el contrato, se frustra ante
el cumplimiento o la terminación del contrato, en tanto obligada la parte a cumplir, el
cumplimiento extingue la prestación, y extinguida por sustracción de materia, resulta
entonces impertinente la revisión bajo la regla consagrada en el artículo 868 del
Código de Comercio, juzga la Sala que reclamada la revisión antes y hecho reserva
expresa la parte afectada al instante de cumplir la prestación excesiva o desequilibrada, no
debe soportarla y tiene derecho a obtener el reajuste, desde luego, no a través de la
imprevisión, sino de las otras vías consagradas por el ordenamiento jurídico, pues lo
contrario equivaldría a patrocinar una situación manifiestamente injusta, inequitativa y
lesiva de la justicia contractual»24.

La vigencia de este principio de justicia contractual, sin duda, se mantiene, pues
debe reconocerse el efecto que tiene ante la necesidad de garantizar el
mantenimiento del equilibrio contractual, frente a contratos ejecutados en
condiciones más onerosas a las inicialmente pactadas o por el cumplimiento de
prestaciones desequilibradas excesivamente.
Particularmente, en contratos que celebran las entidades públicas regidas por el
régimen privado, además, limitar el equilibrio económico del contrato a las
exigencias del artículo 868 del C.Co resulta problemático por las siguientes
razones adicionales a negar la existencia de un principio general en esta materia
de justicia contractual, a saber:

(i) En la totalidad de los eventos, las demandas que se presentan contra las
entidades públicas se basan en hechos que alteraron el equilibrio de contratos que
fueron cumplidos pero que para la fecha de la demanda o de la decisión judicial ya
se extinguieron. Así, no habrá lugar a la aplicación de la revisión del contrato ni a
que el juez orden ajustes en las prestaciones, puesto que es fundamental que el
contrato esté vigente y que recaiga sobre una prestación de futuro cumplimiento.
Por ello, limitar la procedencia de las pretensiones de restablecimiento económico
del contrato al artículo 868 del C.Co es en esencia negar cualquier posibilidad de
estudiar de fondo tal pretensión.

(ii) La mayoría de las demandas que se presentan no pretenden la revisión del
contrato en los términos del artículo 868 del C.Co, porque se trata de acuerdos de
voluntades ya extinguidos. Lo que se persigue es el pago derivado de la ejecución
de un contrato que, por circunstancias extraordinarias irresistibles e imprevisibles,
se desajustó en la equivalencia prestacional originalmente pactada.

24 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 22 de noviembre de 2011, rad. n°. 2006-

00537-01 [fundamento jurídico 2].

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Por estos motivos, en los contratos a los que no se les aplica la Ley 80 de 1993, el
estudio del equilibrio económico del contrato debe fundarse en los principios de
justicia contractual y buena fe, que, como se explicó, son esenciales para
garantizar la equivalencia de prestaciones y se fundan en «la imposibilidad de
enriquecimiento de uno de los contratantes a expensas del otro »25. Ese estudio no
puede limitarse, única y exclusivamente, a las reglas específicas reguladas en el
Código de Comercio para la revisión de los contratos mercantiles -art 868 del
C.Co-, que resulta aplicable solo a los eventos en que se demande la revisión de
un contrato vigente entre las partes, respecto de las prestaciones de futuro
cumplimiento.

33. Precisado lo anterior, la Sala considera que en este caso la demanda no pidió
la revisión de las condiciones iniciales del contrato de cara al cumplimiento de
obligaciones futuras –que es la hipótesis prevista en el artículo 868 del C.Co.–.
Tampoco es posible analizar las pretensiones con fundamento en el rompimiento
del equilibrio económico del contrato regido por la Ley 80 de 1993, debido a que el
régimen jurídico era el derecho privado [núm. 9]. En efecto, el contrato se celebró
antes de la Ley 1150 de 2007, con la cual el régimen de los contratos de Fonade
volvió a ser la Ley 80 de 1993 [art. 26], hasta la Ley 1450 de 2011 que derogó el
referido artículo 26 [art. 276].

Como la demandante reclama el reconocimiento de una actividad adicional que, a
su juicio, no estaba prevista en el contrato y que fue necesaria ejecutar dadas las
nuevas características del terreno, la Sala procederá a estudiar si la actividad de
«repaleo» hacía parte de las obligaciones contractuales y si se pagaron los costos
unitarios por la ejecución de esta actividad.

34. El objeto del contrato n°. 2050390, suscrito entre el consorcio J.A. Asociados
Ltda.-CYV y Fonade, tenía por objeto realizar la primera fase de rehabilitación de
la red de drenaje del Caño La Caimanera y sus cuerpos de agua asociados en la
Subcuenca de La Caimanera (f. 19 c. 1). En relación con este objeto, el numeral
cinco de las reglas de participación y las especificaciones técnicas del contrato,
explicaron su amplitud y complejidad (fls. 20, 201-203 y 211 c. 1).

25 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 22 de noviembre de 2011, rad. n°. 2006-

00537-01 [fundamento jurídico 2].

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En línea con este objeto y los fines de la contratación, en los documentos
contractuales (numeral 5.1 de las reglas de participación, f. 211 c 1) se definieron
las obligaciones del contratista. A este le correspondía efectuar el movimiento de
tierras necesario para alcanzar la conformación de las secciones hidráulicas
indicadas por la interventoría para cada tramo. Para ello, debía perfilar el cauce
conformando y compactando el material extraído en los hombros del canal, de
manera que se lograra una sección uniforme con la capacidad hidráulica suficiente
para transportar los caudales estimados en las diferentes épocas del año. Al grupo
n°. 03 le correspondía el movimiento de tierras en el caño La Caimanera aguas
arribas en dirección a Chorrillos, desde el avance del Grupo n°. 02 hasta una
distancia no menor a 6 kilómetros (adenda n°. 1, fls. 151-160 c. 1).

Frente a las cantidades de obra y las obras adicionales se estableció que estas
podrían aumentar o disminuir, previa aprobación del funcionario facultado para
suscribir el contrato y con el visto bueno de la interventoría. Su reconocimiento se
sujetaría a los precios de los insumos previstos en la propuesta, conforme a los
análisis de los precios unitarios-APU (numeral 5.5 de las reglas de participación, f.
211, c 1).

En cuanto al movimiento de tierras, se definió que el contratista debía realizar la
excavación en el cauce disponiendo el material excavado en los hombros del
canal hasta una altura máxima de 2.50 centímetros y en un radio de hasta 500
metros, dentro del cual no habría pago por el «acarreo» de material. Dicha
actividad sería contratada y pagada bajo el ítem de excavación en cauce (húmedo
o seco) y apile en los hombros del canal (numeral 1.02 de las especificaciones
técnicas del contrato, f. 148 c. 1).

Los volúmenes de tierra excavados serían dispuestos sobre los hombros del
cauce sin efectuar ningún tipo de descapote, salvo en los casos en los que la
interventoría los considerara necesarios. La unidad de medida y pago de este ítem
sería en metro cúbico (m3) medido y aprobado por la interventoría. La medición de
los volúmenes se calcularía como la diferencia entre la sección transversal
existente y la requerida por la longitud entre secciones. El volumen a medir sería
únicamente el correspondiente a la excavación y el valor de la actividad incluiría la
mano de obra, equipo, herramientas, así como las demás acciones y costos
necesarios para la correcta ejecución de la actividad.

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De manera que la intención de las partes fue contratar un ítem denominado
«excavación en cauce (húmedo o seco) y apile en los hombros del canal» el cual
incluía, de conformidad con el numeral 1.02 de las especificaciones técnicas del
contrato, que el material excavado debía ser trasladado hasta los hombros del
canal, sin que se reconociera un pago adicional por el «acarreo» de materiales en
un radio de hasta 500 metros.

35. Aunque el demandante señaló que el «repaleo» era una actividad distinta al
«acarreo», no obran pruebas de que, en efecto, se trate de una actividad adicional
que deba ser reconocida, circunstancia que le correspondía demostrar de
conformidad con el artículo 177 del CPC y 1757 del CC. En cambio, está
acreditado que el «repaleo» se trata de una modalidad que eligió el contratista
para el cumplimiento del objeto contratado, esto es el «acarreo», a partir de las
siguientes pruebas.

35.1. En primer lugar, de conformidad con el concepto EU-FON-640-2005-241
emitido por el interventor el 15 de mayo de 2009 (fls. 230-232 c. 4), la reclamación
del contratista en relación con la actividad adicional del «repaleo» no era
procedente, porque, de conformidad con el numeral 1.02 de las especificaciones
técnicas del contrato, el ítem inicialmente previsto de «excavación en cauce
(húmedo o seco) y apile en los hombros del canal» implicaba necesariamente
ejecutar un procedimiento (acarreo, repaleo, traslado, empuje etc.) que el
contratista seleccionó con total libertad para llevar y ubicar el material excavado en
los sitios requeridos para la conformación de los respectivos jarillones. Según la
comunicación, el «repaleo» corresponde a una de las múltiples formas de
movimiento de material excavado, lo cual, reiteró, se contempló desde un inicio en
el ítem 1.02 de las especificaciones técnicas del contrato.

Conforme al artículo 277 del CPC, los documentos privados emanados de terceros
sólo se estimarán por el juez i) cuando sean auténticos de conformidad con el
artículo 252, si se trata de documentos de naturaleza dispositiva o simplemente
representativa y ii) cuando sean documentos de contenido declarativo, se
apreciarán sin necesidad de ratificación, salvo que la parte contraria la solicite. El
documento referido es de naturaleza privada, porque proviene de una persona de
carácter privado y cuyo contenido es declarativo.

Este documento privado, de contenido declarativo, se presume auténtico, debido a

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que no se tachó de falso ni fue desconocido, y la Sala puede apreciarlo porque no
se solicitó su ratificación. En cuanto a su contenido, este proviene de la misma
persona que fungió como interventor del contrato. Así, la persona que suscribió el
documento precisó cuáles fueron las condiciones técnicas del contrato y qué tipo
de actividades se contemplaron desde un principio. Además, detalló las
características, implicaciones y alcance del ítem 1.02 de las especificaciones
técnicas del contrato. En relación con la obligación de «excavación en cauce
(húmedo o seco) y apile en los hombros del canal», según este documento, la
actividad de «acarreo» cubre el procedimiento de «repaleo», de manera que,
según el concepto del interventor, la actividad que el contratista considera fue
adicional se encontraba prevista desde el inicio dentro de sus obligaciones.

35.2. En segundo lugar, Édgar José Uribe Schroeder –ingeniero civil e interventor
del contrato n°. 2050390– declaró, sobre la reclamación del contratista, que uno
de los ítems contratados desde el inicio fue la «excavación en cauce (húmedo o
seco) y apile de materiales en los hombros del canal» y, dentro de este, quedó
cobijada la actividad de «repaleo». Explicó que el objeto contractual suponía que
el material se debía excavar en el cauce y posteriormente apilar en el hombro del
canal y que dicho movimiento de material se podía realizar mediante acarreo,
«repaleo» o empuje. Explicó que la actividad de «repaleo» corresponde a mover
sucesivamente un material excavado con el balde de una retroexcavadora o una
paladraga y, como quiera que la excavación y apile en los hombros del canal
contemplaba el acarreo o movimiento del material hasta en un radio de 500
metros, dicha actividad se encontraba incluida en el ítem contratado (fls. 367-369
c. 1).

El testimonio, como medio de prueba, consiste en la narración oral de hechos
sobre los cuales el declarante tenga conocimiento directo o indirecto. Por ello, el
artículo 227 del CPC dispone que el juez le exigirá al testigo juramento de decir lo
que le conste sobre los hechos que se le preguntan y que conozca. Aunque esta
norma le permite al testigo realizar valoraciones o emitir conceptos cuando se trate
de una persona especialmente calificada por sus conocimientos técnicos,
científicos o artísticos sobre la materia, ello no significa que el testigo pueda
conceptuar y realizar valoraciones técnicas más allá de los hechos que le consten.
La Sala reitera que aquellas declaraciones que recaen sobre puntos científicos, sin
conocimiento directo o indirecto sobre los hechos no tienen mérito probatorio,
porque esas exposiciones son propias de un dictamen pericial, prueba sobre la

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Radicación: 23001-23-31-000-2008-00233-01 (44.807)
Demandante: Constructora Yacaman Vivero S.A. y otro
Demandado: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo-
FONADE
Asunto: Acción contractual

que la ley exige el cumplimiento de requisitos diferentes26.

El testimonio de Édgar José Uribe Schroeder tiene valor probatorio, porque el
declarante, en su calidad de ingeniero civil e interventor del contrato en cuestión,
dio cuenta de los hechos que percibió directamente. En efecto, indicó que
recordaba y conocía los hechos por los que fue llamado a declarar (fls. 183-185 c.
4). Así las cosas, se aprecia que su dicho es puntual, responsivo, completo y
coincidente con los documentos contractuales y las comunicaciones entre las
partes durante la ejecución del contrato.

36. En línea con lo expuesto, no es cierta la afirmación del recurrente, según la
cual el «repaleo» fue una actividad adicional no prevista, porque, como se
observa, por la naturaleza de las actividades a ejecutar, encaminadas al traslado
del material excavado hasta los hombros del canal, no se reconocería un valor
adicional por el acarreo del material excavado. Esa circunstancia, como se indicó,
quedó definida expresamente en el numeral 1.02 de las especificaciones técnicas
del contrato, en donde se precisó que el contratista debía «realizar la excavación
en el cauce disponiendo el material excavado en los hombros del canal hasta una
altura máxima de 2.50m y en un radio de hasta 500m, dentro del cual no habrá
pago por acarreo de material».

37. De acuerdo con las pruebas, para la Sala resulta claro que las reglas de
participación ni las especificaciones técnicas del contrato definieron una modalidad
para el traslado del material excavado hasta los hombros del canal, sino que se
estableció que el acarreo de este material no generaría un costo adicional en un
radio de 500 metros, independientemente del ancho del caño y la modalidad
elegida por el contratista para el movimiento del material excavado. Por tal motivo,
la actividad de «repaleo» que ejecutó el contratista correspondió al objeto
contratado, el cual fue plenamente conocido y aceptado por el consorcio al
momento de presentar su oferta. Todo lo cual, además, quedó expresamente
definido en la cláusula 1.02 de las condiciones técnicas del contrato que no
generaría un pago adicional [núm. 32].

38. Procede la Sala a determinar entonces si se probó que la actividad reclamada
por el demandante fue pagada. Para ello, se reitera, que como el contratista
estaba obligado a trasladar el material excavado hasta los hombros del canal,

26 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de abril de 2006, Rad. 15.655, [fundamento

jurídico 4.2].

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Demandante: Constructora Yacaman Vivero S.A. y otro
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según lo estipulado en el contrato y sus especificaciones técnicas, no se acreditó
que el «repaleo» se tratara de una actividad adicional que debía ser reconocida,
toda vez que, de conformidad con lo expuesto, estaba incluida en el ítem 1.02 de
las especificaciones técnicas del contrato y, por ello, lo que procede es establecer
si quedó algún pago pendiente por este ítem.

39. Conforme al recibo final de las obras (f.238-241 c. 1), que fundamentó el
acuerdo de liquidación bilateral, se pagó por concepto del ítem 1.02 «excavación
en cauce (húmedo o seco) y apile de materiales en los hombros del canal» la
suma de $262.963.480.

40. La parte demandante, en el recurso de apelación, adujo que con la experticia
se acreditaron los sobrecostos que asumió para cumplir con el objeto del contrato.
En el proceso se practicó un dictamen pericial para que un perito emitiera un
dictamen contable sobre los ingresos y egresos del contratista durante la
ejecución del contrato (fls. 187-209 c. 6).

El perito Luis Fernando Molina Acero calculó los costos de obra, financieros,
tributarios, honorarios y gastos operacionales. Como soportes de su experticia
aportó los asientos contables del consorcio (facturas, comprobantes de egresos
etc.). El perito calculó los ingresos del contrato en $1.458.320.212,76; los egresos
en $1.816.428.967,42 y, por ello, concluyó que el sobrecosto era de
$358.108.754,66, pero no explicó su origen. En efecto, su dictamen no dio cuenta
las causas del daño alegado por la demandante, porque no se refirió a la actividad
del «repaleo», ni tampoco constató de forma técnica o científica que dicha
actividad fuera la causa de los sobrecostos. Tampoco reseñó las circunstancias de
tiempo, modo y lugar que confluyeron para que se generaran los sobrecostos y,
por ello, no es prueba de que las obligaciones del demandante se hayan hecho
más onerosas por alguna obra adicional. Por lo tanto, no obra prueba de que el
monto pagado por concepto del ítem 1.02 «excavación en cauce (húmedo o seco)
y apile de materiales en los hombros del canal» no correspondiera a los costos
unitarios por la ejecución de esa actividad.

41. En la demanda se pidió que se decretara la liquidación judicial del contrato.
Como en el expediente obra prueba de que el contrato n°. 2050390 fue liquidado
por las partes y que dicho acuerdo rige válidamente y de forma general la relación
contractual [núm. 18] y, según lo expuesto, no está llamado a prosperar alguno de
los reparos del recurrente que puedan alterar el balance económico del contrato,

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debe negarse esta pretensión.

42. En este orden de ideas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia,
porque negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en que, a partir de
las pruebas del proceso, no es posible concluir que el demandante haya
demostrado algún perjuicio que deba ser reconocido, como le correspondía
conforme a los artículos 1757 del Código Civil y 177 del CPC, aplicable por
remisión expresa de los artículos 168 y 267 del CCA.

Costas

43. De conformidad con el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la
Ley 446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que
la parte haya actuado con temeridad o mala fe.

44. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 17 de abril de 2012 por el
Tribunal Administrativo de Córdoba.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE27
NICOLÁS YEPES CORRALES
VF

27 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que

se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
DAR/PT

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