Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-31-000-2011-00327-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-31-000-2011-00327-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-31-000-2011-00327-01
Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes
3 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Bogotá, D. C., tres (03) de marzo de dos mil veintidós (2022).
Radicado : 23001-23-31-000-2011-00327-01
Nº Interno : 4424-2016
Demandante : Andrés Agustín Rada Gutiérrez
Demandada : Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones
Acción : Nulidad y restablecimiento del derecho – Decreto 01 de
1984
Tema : Compartibilidad pensión de jubilación.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 4 de febrero de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, en la que se declaró inhibido para pronunciarse
de fondo sobre las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El señor Andrés Agustín Rada Gutiérrez, por intermedio de apoderado
judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo, para solicitar la nulidad del acto ficto configurado
por el silencio administrativo del Instituto de Seguros Sociales – ISS, ante la
petición que radicó el 12 de agosto de 2010, en la que solicitó el
reconocimiento de una pensión de vejez.
A título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la
entidad demandada a: (i) Reconocer una pensión de jubilación con
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Demandante: Andrés Agustín Rada Gutiérrez
Demandada: Colpensiones
fundamento en la Ley 33 de 1985 por vía de régimen de transición de la Ley
100 de 1993, a partir del 28 de mayo de 2004, con el 90% del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio, comprendido entre el 28 de mayo de 2003 al 28 de mayo de 2004;
(ii) pagar las mesadas adicionales de junio y diciembre; (iii) indexar las
sumas de dinero adeudadas y realizar los respectivos ajustes de valor de
acuerdo con el artículo 178 del C.C.A.; (iv) pagar intereses moratorios desde
el 25 de mayo de 2004, fecha de adquisición del estatus pensional y hasta
que se incluya la prestación en nómina, conforme al artículo 141 de la Ley
100 de 1993; (v) pagar intereses comerciales y moratorios según los artículos
176 y 177 del C.C.A. y (vi) pagar costas.
Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los
siguientes:
El señor Andrés Agustín Rada Gutiérrez manifestó que es beneficiario del
régimen de transición, pues a la fecha de su entrada en vigencia contaba con
más de 40 años de edad y 15 años al servicio del SENA.
El 12 de agosto de 2010 solicitó ante el ISS el reconocimiento de una
pensión de vejez, en tanto prestó sus servicios al Estado por más de 20 años
y cuenta con 67 años de edad. Sin embargo, el ISS no emitió respuesta
frente a su petición.
1.2. Normas violadas y concepto de violación
De la Constitución Política, los artículos 2, 29 y 53.
De la Ley 712 de 2001, los artículos 1, 6, 7, 12, 25, 26 y 42.
De la Ley 33 de 1985, el artículo 1.
De la Ley 100 de 1993, los artículos 11, 14, 36 y 141.
Del Decreto 01 de 1984, los artículos 176, 177 y 178.
Del Código Sustativo del Trabajo, los artículos 16, 21, 64 y 65.
El actor expuso que es beneficiario del régimen de transición establecido en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto a la fecha de entrada en
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Demandante: Andrés Agustín Rada Gutiérrez
Demandada: Colpensiones
vigencia de esta norma a nivel territorial contaba con más de 40 años de
edad. En consecuencia, le asiste el derecho al reconocimiento de una
pensión conforme a la Ley 33 de 1985, con el 90% de todos los factores
devengados en el último año de servicio, a partir de la fecha de adquisición
del estatus pensional.
2. Contestación de la demanda
El Instituto de Seguros Sociales – Seccional Córdoba se opuso a las
pretensiones de la demanda1.
Manifestó que el ISS no es el responsable de reconocer la prestación
deprecada, pues al consultar el RUAF, se observa que desde el año 2000 el
actor efectúa aportes al fondo privado Colfondos, perteneciente al régimen de
ahorro individual; por lo cual, es este último el llamado a reconocer el pago de
la pensión, en tanto ahí se realizaron las últimas cotizaciones.
Como excepciones propuso las que denominó: falta de vinculación del
litisconsorcio necesario, inexistencia de causa legal y carencia del derecho,
cobro de lo no debido, falta de legitimación en la causa para demandar al ISS y
buena fe.
3. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia proferida el 4 de
febrero de 2016, se declaró inhibido para pronunciarse de fondo sobre las
pretensiones de la demanda2.
Destacó que el SENA reconoció a favor del demandante una pensión de
jubilación a partir del 1 de junio de 1999; razón por la cual, el ISS tendría que
asumirla cuando este cumpliera los requisitos previstos para el
reconocimiento de la pensión de vejez. Sin embargo, dicha situación no fue
expuesta en el plenario ni alegada o probada en la litis, por lo que el Tribunal
consideró que mal se haría en ordenar un reconocimiento pensional.
1
Folios 51 a 55.
2
Folios 144 a 151.
4
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Demandada: Colpensiones
Explicó que el actor una vez cumplió con las exigencias de la Ley 33 de 1985
debió solicitar la subrogación pensional al ISS y no el reconocimiento de una
pensión de jubilación, como mal lo hizo en el escrito de demanda; por tal
razón se inhibió de pronunciarse de fondo sobre las pretensiones.
4. El recurso de apelación
4.1. La parte demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia3.
Alegó que a los empleados del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se
les reconoció una pension de jubilación a cargo del empleador, condicionada
a que continuaran realizando cotizaciones al ISS y así adquirir una pensión
compartida, a fin de que este último subrogara la obligación del pago de la
prestación.
Destacó que en el expediente administrativo se observa el reporte de
semanas cotizadas al ISS, y consta su afiliación desde el 27 de enero de
1976 hasta el 31 de agosto de 2006. En consecuencia, resulta procedente
aplicar las normas correspondientes a este régimen pensional previstas en el
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990.
Aclaró que, si bien, la pretensión de la demanda se sustentó en el
reconocimiento de la pensión de jubilación conforme a la Ley 33 de 1985 y
no en el Acuerdo 049 de 1990, lo cierto es que el juez, dentro de una sana
hermenéutica, puede estatuir disposiciones en reemplazo de las acusadas o
reformarlas, según lo que sea más favorable.
5. Alegatos de conclusión
Las partes demandante y demandada guardaron silencio.
6. La procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado, en
representación del Ministerio Público, solicitó confirmar la sentencia de
3
Folios 154 a 180.
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primera instancia que se declaró inhibida para pronunciarse de fondo4.
Manifestó que el accionante demandó ante la entidad accionada el
reconocimiento de una pensión de jubilación con fundamento en la Ley 33 de
1985, teniendo en cuenta que es beneficiario del régimen de transición
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pretensión que sustentó sin
mencionar la figura de la compartibilidad pensional.
Explicó que en ningún momento el actor adujo que el SENA le había
reconocido una pensión de jubilación y que la solicitud que elevó al ISS
corresponde a la subrogación pensional. De suerte que era necesario
precisar su situación pensional ante la administración y en vía judicial, en la
medida en que se trata de la figura jurídica de la compartibilidad.
Así entonces, al no haber reclamado en la administración el reconocimiento
de la pensión de vejez en términos de compartibilidad, se hace evidente que
el accionante no agotó la vía gubernativa conforme al artículo 135 del Código
Contencioso Administrativo, pues no se trataba de un reconocimiento
independiente o autónomo, y la realidad no se invocó en las pretensiones de
la demanda, en el concepto de violación ni tampoco fue objeto de actividad
probatoria en el proceso.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
El presente asunto que se rige por el Decreto 01 de 1984 es competencia de
esta Corporación de conformidad con lo establecido en el artículo 129 ídem,
según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las
apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos.
4
Folios 114 a 119.
6
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2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, le
corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal
Administrativo de Córdoba, que se declaró inhibido para pronunciarse de
fondo sobre las pretensiones de la demanda.
Para el efecto se analizará si en el presente caso hay lugar a proferir un fallo
inhibitorio por agotamiento indebido de la vía gubernativa o si, por el
contrario, se debe conocer de fondo el asunto relativo al reconocimiento de la
pensión de vejez del señor Andrés Agustín Rada Gutiérrez.
Con el fin de desatar el problema jurídico se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial 2.2. Hechos relevantes
probados; y 2.3. Caso concreto.
2.1. Marco normativo y jurisprudencial
De la compartibilidad pensional SENA - ISS
El artículo 35 del Decreto Ley 1014 de 1978 5, modificado por el artículo 16
del Decreto Ley 415 de 1979, determinó que “el SENA garantizará a sus
empleados el cubrimiento de servicios médicos y prestaciones sociales,
afiliándolos a una entidad asistencial o de previsión”, con excepción de lo
señalado en su parágrafo que se refiere a funcionarios que se encuentran
incapacitados por enfermedad, y sin referirse de manera especial a la
pensión de jubilación.
Por su parte, el Estatuto de Personal del SENA, que se aprobó mediante el
Decreto 2464 de 1970, determinó que su personal tiene derecho a las
prestaciones sociales que para los servidores civiles de la rama ejecutiva del
poder público establece la ley. En lo pertinente dispuso:
“Art. 126 Los empleados del SENA tienen derecho a las prestaciones sociales
5
“Por el cual se fija el sistema de nomenclatura, clasificación y remuneración de cargos para los empleados
públicos que desempeñan las funciones correspondientes a las distintas categorías de empleos del Servicio
Nacional de Aprendizaje, SENA, se fijan reglas para el reconocimiento de sus prestaciones sociales y se dictan
otras disposiciones”.
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Demandante: Andrés Agustín Rada Gutiérrez
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que para los servidores civiles de la rama ejecutiva del poder público
establece la ley.
Art. 127 Seguro Social. Los empleados y trabajadores del Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA continuaran afiliados al Instituto de
Seguros Sociales - I.C.S.S.
En los lugares donde no haya servicios de dicho instituto, las prestaciones a
cargo del mismo serán asumidas directamente por el SENA en relación con
sus empleados o trabajadores no afiliados al I.C.S.S.
El SENA pagará a sus empleados y trabajadores los tres (3) primeros días de
incapacidad que el Instituto Colombiano de Seguros Sociales no reconoce,
siempre y cuando la incapacidad total en cada caso sea mayor de tres (3)
días. Además el SENA completará el salario que el Seguro paga durante la
incapacidad, hasta la totalidad del sueldo asignado al empleado o trabajador.
El salario durante la incapacidad lo pagará el SENA, cediendo el empleado o
trabajador su derecho al SENA para que repita contra el Seguro Social.”
(Subrayado fuera de texto).
Ello significa que los empleados del SENA tienen derecho a que se les
apliquen las normas que regulan la pensión de jubilación que corresponde a
los servidores de la Rama Ejecutiva, o sea, la Ley 6.ª de 1945, el Decreto
3135 de 1968, la Ley 33 de 1985, entre otras, y las posteriores que las
modifiquen. Sin embargo, el SENA afilió a estos trabajadores al ISS, y
continuó cotizando por estos hasta que cumpliesen los requisitos legales
para acceder a la pensión de vejez
Por su parte, la Ley 119 de 1994 “Por la cual se reestructura el Servicio
Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1992 y se
dictan otras disposiciones” estableció en su artículo 46 lo siguiente:
“ARTÍCULO 46. PENSIONES ANTICIPADAS-TRANSITORIO. Los
funcionarios del SENA tendrán derecho a optar un sistema de pensiones
anticipadas así:
1. A partir de enero 1 de 1995 tendrán derecho a la pensión de jubilación,
aquellos funcionarios que acrediten estar en condiciones de cumplir los
requisitos de edad y tiempo de servicio entre dicha fecha y el 31 de
diciembre de 1996.
2. A partir de enero 1 de 1997 tendrán derecho a la pensión de jubilación,
aquellos funcionarios que acrediten estar en condiciones de cumplir los
requisitos de edad y tiempo de servicios entre dicha fecha y el 31 de
diciembre de 1998”.
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Demandante: Andrés Agustín Rada Gutiérrez
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Esta Corporación, en sentencia del 19 de enero de 2006, explicó la
compartibilidad pensional del SENA y el ISS, así:
“La Jurisdicción ha señalado que a pesar de que los empleados públicos del
SENA se hallen afiliados al Instituto de Seguros Sociales, esta entidad
descentralizada nacional tiene la obligación legal transitoria de reconocer a
sus funcionarios la pensión de jubilación cuando cumplan los requisitos a
que se refieren las disposiciones que gobiernan a los empleados públicos en
general, dado que el I.S.S. inicialmente no les hace dicho reconocimiento
debido a que sus requisitos pensionales son superiores a los establecidos
normalmente para los servidores públicos y porque la circunstancia
excepcional de su afiliación al I.S.S. no puede de ninguna manera
constituirse en un impedimento u obstáculo para el disfrute de su derecho
adquirido frente a la ley.
En otras palabras, la entidad patronal, es decir, el ente público que afilió su
personal al I.S.S. debe asumir el reconocimiento y pago transitorio de la
obligación prestacional hasta cuando se cumplan los requisitos condicionales
que contempla el ordenamiento jurídico respecto de los seguros que ofrece
el I.S.S. y para que éste, ahora sí en forma definitiva, asuma la carga
prestacional concreta frente a su afiliado.
Esta situación no significa que el I.S.S. queda exonerado del reconocimiento
y pago de esta prestación social, sino que inicialmente la asume el SENA,
pero cuando se satisfagan los exigidos por el I.S.S. éste asumirá su
obligación y el SENA cesará el pago de dicha prestación, salvo situación
especial que luego se precisará.
Cuando el I.S.S. asume el riesgo de vejez sustituye al SENA en su
obligación de reconocer la pensión de jubilación. Así, realmente se presenta
una sustitución de la entidad encargada de asumir la obligación (aunque no
tenga la misma denominación) y es por eso que resulta improcedente que
simultáneamente se pueda gozar de la pensión de jubilación reconocida por
el SENA y la de vejez otorgada por el Instituto de Seguros Sociales, pues
ello contraría la prohibición contenida en el artículo 128 de la Constitución
Política”.
Con la expedición del Decreto 2879 de 1985, aprobatorio del Acuerdo 029
del Instituto de Seguros Sociales, se estableció la figura de la compartibilidad
para las pensiones reconocidas por los empleadores a sus trabajadores por
medio de convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o de forma
voluntaria a partir de la fecha de expedición del mencionado Decreto. La
precitada norma fue derogada por el Decreto 758 de 1990, vigente en la
actualidad, que mantiene la figura de la compartibilidad en las mismas
condiciones establecidas en la norma anterior. El artículo 18 del Decreto 758
de 1990, dispone lo siguiente:
"Los patronos registrados como tales en el Instituto de Seguros Sociales, que
otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en
convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o voluntariamente,
causadas a partir del 17 de octubre de 1985, continuarán cotizando para los
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Demandante: Andrés Agustín Rada Gutiérrez
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seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan
los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en
este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de
cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión
otorgada por el Instituto y la que venta cancelando al pensionado.
Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la
respectiva convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo
entre las partes, se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en
ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de Seguros
Sociales".
De suerte que, las pensiones compartidas reconocidas por el ISS deben ser
analizadas a la luz del Decreto 758 de 1990 y el Acuerdo 049 del mismo año,
por el cual se expidió el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio,
en el que se consagró el “campo de aplicación” y se precisó quienes eran sus
beneficiarios:
“Artículo 1. Afiliados al seguro de invalidez, vejez y muerte. Salvo las
excepciones establecidas en el artículo 2 del presente Reglamento, estarán
sujetos al seguro social obligatorio contra los riesgos de invalidez, vejez y
muerte de origen no profesional:
1. En forma forzosa u obligatoria:
a) Los trabajadores nacionales o extranjeros que presten sus servicios a
patronos particulares mediante contrato de trabajo o de aprendizaje;
b) Los funcionarios de seguridad social del Instituto de Seguros Sociales y,
c) Los pensionados por jubilación cuyas pensiones vayan a ser compartidas
con las pensiones de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales o
asumidas totalmente por él.
2. En forma facultativa:
a) Los trabajadores independientes;
b) Los sacerdotes diocesanos y miembros de las Comunidades Religiosas y,
c) Los servidores de entidades oficiales del orden estatal que al 17 de julio
de 1977 se encontraban registradas como patronos ante el ISS.
3. Otros sectores de población respecto de quienes se amplíe la cobertura
del régimen de los seguros sociales obligatorios. (…)”
2.2. Hechos relevantes probados
(i) El señor Andrés Agustín Rada Gutierrez nació el 28 de mayo de 19446.
(ii) Conforme al certificado emitido el 6 de diciembre de 2011 por el
coordinador del grupo mixto de apoyo administrativo del SENA, regional
Córdoba, el actor laboró para esta entidad desde el 16 de septiembre de
1969 hasta el 31 de mayo de 1999. En el mismo documento se certificó que
6
Según registro civil de nacimiento visible en folio 25.
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Demandante: Andrés Agustín Rada Gutiérrez
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la entidad realizó los aportes a pensión del accionante al ISS, desde el 27 de
enero de 1976 hasta el 30 de septiembre de 20067.
(iii) Según informe de imputación de pagos del 27 de agosto de 2008
expedido por el ISS, el actor en dicha calenda contaba con 1.434 semanas
de cotización.
(iv) Conforme el reporte de semanas cotizadas, expedido por el ISS, del 22
de agosto de 2012, el accionante realizó aportes desde el 12 de enero de
1976 hasta el 29 de febrero de 2000, fecha para la cual consolidó 1.243
semanas de cotización. A partir del 01 de marzo de 2000 hasta el 31 de
agosto de 2006 figura como “no vinculado trasladado RAI” 8.
Mediante Resolución núm. 00612 de 1999, la secretaria general del SENA
reconoció a favor del actor una pensión mensual de jubilación por la suma de
$1.763.195, a partir del 1 de junio de 1999. En el mismo acto se indicó que el
SENA fue la única entidad oficial empleadora, y como tal, le corresponde la
obligación de reconocer y ordenar el pago de la pensión de jubilación,
mientras el peticionario reune los requisitos establecidos por el ISS para que
de esa fecha en adelante, la entidad asuma total o parcialmente el pago de la
prestación social9.
(v) Obra en el expediente administrativo el proyecto de Resolución núm.
018977 del 26 de septiembre de 2008, en el que el ISS reconocía a favor del
señor Andrés Agustín Rada Guitiérrez una pensión de vejez por haber
cotizado 1.434 semanas y contar con más de 60 años de edad, a partir del
28 de mayo de 2004, con fundamento en el Decreto 758 de 1990, por una
suma mensual de $2.427.260. En el mismo acto se ordenaba notificar al
SENA del reconocimiento de la prestación.
Sin embargo, en este proyecto de resolución figura una anotación manuscrita
con la expresión “anulado”. Al respecto, el ISS informó al interesado que
7
Folio 78.
8
Folios 150.
9
Expediente administrativo CD visible en folio 143.
11
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advirtió una inconsistencia al momento de ingresar en nómina al accionante
relacionada con una multiafiliación10.
(vi) Obra Acta CFIS-2008-10-15-001 de la reunión celebrada por el Comité
de Multiafiliación el 15 de octubre de 2008 entre el ISS y Colfondos en la que
se definieron los casos en los que se presentaba un conflicto de afiliación
múltiple entre estas dos entidades de previsión11.
(vii) A través del Oficio O.D.A. núm. 09-1788 del 26 de enero de 2009, el
Asesor II de aportes de la vicepresidencia de pensiones del ISS, informó que
el actor se encuentra válidamente vinculado al régimen de ahorro individual
administrado por Colfondos12. Mediante Auto del 27 de octubre de 2009
expedido por el jefe del Departamento de Atención al Pensionado –
Seccional Atlántico, el ISS ordenó devolver los documentos allegados por el
accionante, y le comunicó que la entidad encargada de reconocer la pensión
es la AFP Citi Colfondos13.
No obstante, según información consultada en el RUAF el 17 de febrero de
2022, el actor a la fecha se encuentra afiliado a pensiones en el régimen de
prima media en Colpensiones como activo cotizante desde el 12 de enero de
1976 y cuenta con una pensión reconocida por el SENA en estado activo14.
(viii) El 12 de agosto de 2010 el señor Andrés Agustín Rada Gutiérrez elevó
petición ante Colpensiones para solicitar el reconocimiento de una pensión
de vejez conforme al régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y a la Ley
33 de 198515. Reclamación frente a la cual no obtuvo respuesta.
2.2. Caso Concreto
El señor Andrés Agustín Rada Gutiérrez acude en sede de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de solicitar el reconocimiento de una
10
Expediente administrativo CD visible en folio 143.
11
Expediente administrativo CD visible en folio 143.
12
Expediente administrativo CD visible en folio 143.
13
Expediente administrativo CD visible en folio 143.
14
https://ruaf.sispro.gov.co/
15
Folios 9 a 13.
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pensión de jubilación, pues, según indica, es beneficiario del régimen de
transición previsto en la Ley 100 de 1993. En consecuencia, pide que se
reconozca tal prestación con base en la Ley 33 de 1985, con 55 años de
edad, 20 años de servicio, a partir del 28 de mayo de 2004, y con un ingreso
base de liquidación correspondiente al 90% del salario promedio devengado
en el último año de servicio.
El Tribunal Administrativo de Córdoba se declaró inhibido para pronunciarse
sobre la pretensión de la demanda relativa al reconocimiento de una pensión
regida por la Ley 33 de 1993. Como fundamento de la decisión consideró que
el actor es beneficiario de una pensión de jubilación compartida reconocida
por el SENA, sometida a una condición resolutoria; sin embargo, como no se
expuso tal situación en vía gubernativa y en sede judicial, es improcedente
pronunciarse sobre lo pedido.
Por su parte, el accionante recurrió la decisión de primera instancia,
afirmando que le asiste derecho al reconocimiento de una pensión bajo el
Acuerdo 049 de 1990 (aprobado por el Decreto 758 de 1990), en virtud de la
compartibilidad pensional que beneficia a los empleados del SENA, pues
esta entidad empleadora, luego de reconocerle la pensión de jubilación,
continuó realizando las cotizaciones al referido ISS hasta el año 2006.
Sea lo primero precisar, que al señor Andrés Agustín Rada Gutierrez le fue
reconocida una pensión de jubilación mediante la Resolución núm. 00612 de
1999 por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, la cual tiene una
vocación de compartibilidad, pues en dicho acto se estableció como
condición resolutoria el reconocimiento de la pensión por parte del ISS, una
vez el empleado cumpliera los requisitos para adquirir la pensión de vejez.
El 5 de febrero de 2002, el actor solicitó por primera vez el reconocimiento
una pensión de vejez ante el ISS; sin embargo, el ente de previsión,
mediante Auto del 27 de octubre de 2009 expedido por el jefe del
Departamento de Atención al Pensionado – Seccional Atlántico, devolvió los
documentos allegados por el accionante, y le comunicó que la entidad
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Demandante: Andrés Agustín Rada Gutiérrez
Demandada: Colpensiones
encargada de reconocer la pensión era la AFP Citi Colfondos.
Lo anterior, en tanto el ISS encontró que el accionante, en el año 2000,
estuvo multiafiliado al régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS) en
Colfondos y al Régimen de prima media con prestación definida en el ISS. Y,
conforme se advierte, el Fondo privado y el ISS definieron en una reunión
conjunta que el responsable del pago de la pensión sería Colfondos16.
Posteriormente, el 12 de agosto de 2010 el señor Andrés Agustín Rada
Gutiérrez solicitó por segunda vez al ISS el reconocimiento de una pensión
según la Ley 33 de 1985 y el régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
sin obtener respuesta por parte de la entidad demandada, quedando
habilitado para acudir directamente ante la jurisdicción.
En ese sentido, lo primero que advierte la Sala es que el demandante sí
agotó la vía gubernativa al pedir el reconocimiento de la pensión, aunque no
hiciera referencia a que se tratase de una pensión con vocación de
compartibilidad, dado que este aspecto corresponde al fondo del asunto. De
manera que corresponde diferenciar el debido agotamiento de la vía
gubernativa respecto de la corrección del fondo de lo requerido por el
interesado. Entonces no se puede entender que no se agota la vía
gubernativa cuando en criterio del juez, la petición del interesado no tiene
soporte jurídico, como aconteció en este caso, cuando el a quo estimó que el
actor debió pedir una pensión compartida y no simplemente una pensión de
jubilación.
Sobre el particular, esta Corporación ha precisado que, si bien es cierto debe
existir una congruencia entre lo pedido en sede administrativa y judicial, no
es menos cierto que los argumentos se pueden ampliar en sede judicial,
siempre y cuando no se modique el objeto de la petición, en los siguientes
términos17:
“Esto significa que esta etapa del procedimiento administrativo en que se
16
Información extraída del expediente administrativo en CD obrante en folio 143.
17
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 16 de septiembre de 2010, radicación 25000-23-27-000-2004-
92189-01(16802), actor: Hermán Talero Contreras, demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
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Nº Interno: 4424-16
Demandante: Andrés Agustín Rada Gutiérrez
Demandada: Colpensiones
impugna ante la propia Administración la decisión que pone fin a una
actuación administrativa, que, conforme al artículo 63 del CCA, se agota
cuando contra la determinación no procede ningún recurso, o los recursos se
hayan decidido, o los de reposición o de queja no hayan sido interpuestos, y
constituye un requisito de procedibilidad para acceder a la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo, en la que solo se podrá conocer lo que en la vía
gubernativa se discutió, o sea, que no pueden plantearse hechos nuevos
diferentes a los expuestos en la vía gubernativa; pero sí pueden presentarse
mejores argumentos jurídicos respecto de ellos, siempre y cuando no se
cambie la petición que se hizo”.
De tal suerte que, la Sala encuentra que se concedió el privilegio de la
decisión previa o décision préalable ante la administración para que se
pronunciara sobre ello y sin embargo, no lo hizo. En tal virtud, resulta claro
para la Sala que, en este caso, no se encuentra acreditado el indebido
agotamiento de la vía gubernativa que llevó al Tribunal a declararse inhibido
para pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda.
Visto lo anterior, en virtud del principio de tutela judicial efectiva la Sala
procederá a verificar si al señor Andrés Agustín Rada Gutiérrez le asiste el
derecho al reconocimiento de una pensión compartida por el ISS.
De la multiafiliación y la responsabilidad del pago de la pensión
Según el material probatorio obrante en el expediente administrativo,
mediante el proyecto de Resolución núm. 018977 del 26 de septiembre de
2008, el ISS reconoció a favor del señor Andrés Agustín Rada Guitiérrez una
pensión de vejez por haber cotizado 1.434 semanas y contar con más de 60
años de edad, a partir del 28 de mayo de 2004, con fundamento en el
Decreto 758 de 1990, por una suma mensual de $2.427.260. En el mismo
acto se ordenó notificar al SENA del reconocimiento de la prestación. Sin
embargo, este proyecto de resolución tiene una nota manuscrita con la
expresión anulada, pues se adviritió una inconsistencia al momento de
ingresar en nómina al accionante relacionada con una multiafiliación.
El 15 de octubre de 2008, según Acta CFIS-2008-10-15-001, el Comité de
Multiafiliación del ISS y Colfondos celebraron una reunión en la que
definieron los casos, entre ellos el del actor, en los que se presentaba un
15
Nº Interno: 4424-16
Demandante: Andrés Agustín Rada Gutiérrez
Demandada: Colpensiones
conflicto de afiliación múltiple a las dos entidades de previsión18.
El 16 de octubre de 2008, el ISS informó al señor Andrés Agustín Rada
Gutiérrez que el trámite de su solicitud de pensión de vejez contaba con
inconsistencias, pues figuraba afiliado al fondo privado de pensiones
Citicolfondos; situación que impedía reconocer el derecho hasta que se
resolviera tal situación.
Ahora bien, obra derecho de petición elevado el 15 de junio de 2009 por el
señor Andrés Agustín Rada Gutiérrez ante el ISS, en el que explica que
luego de haberse retirado del servicio en el SENA tuvo un contrato de
prestación de servicios con una entidad de derecho privado, por lo cual cotizó
26 semanas en Citicolfondos, en el año 2000.
A su turno, el SENA informó que realizó aportes a pensión ante el ISS, a
favor del demandante, a partir del 27 de enero de 1976 hasta el 30 de
septiembre de 2006.
Por tanto, el jefe del Departamento de Atención al Pensionado – Seccional
Atlántico del ISS, mediante Auto del 27 de octubre de 2009, ordenó devolver
los documentos allegados por el accionante para el reconocimiento de la
pensión vejez, en tanto la entidad encargada era la AFP Citi Colfondos.
Empero, según información consultada en el RUAF el 17 de febrero de 2022,
el actor a la fecha se encuentra afiliado a pensiones en el régimen de prima
media en Colpensiones
Visto lo anterior, la Sala encuentra que lo debatido se enmarca en una
controversia por la multiafiliación del señor Andrés Agustín Rada Gutiérrez,
quien realizó cotizaciones a Citicolfondos, perteneciente al Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad – RAIS, mientras el SENA, de forma
simultánea, se encontraba realizando los aportes al ISS a su favor, en el
régimen de prima media por prestación definida con miras al reconocimiento
18
Expediente administrativo CD visible en folio 143.
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Nº Interno: 4424-16
Demandante: Andrés Agustín Rada Gutiérrez
Demandada: Colpensiones
de la pensión de vejez compartida con el referido ISS.
Sobre el particular, se tiene que el Decreto 3995 de 2005, “por medio del cual
se reglamentan los artículos 12, 13 y 16 de la Ley 100 de 1993”, dispuso los
criterios de solución para las controversias sobre múltiple afiliación que no
estuvieren resueltas hasta el 31 de diciembre de 2007. En el inciso 5 del
artículo 5, de forma específica planteó lo siguiente:
“ARTÍCULO 5o. COTIZACIONES ERRÓNEAS, APORTES SIN
VINCULACIÓN, AFILIACIONES SIMULTÁNEAS, COMPARTIBILIDAD
PENSIONAL. (…)
En virtud de la incompatibilidad de regímenes prevista en el artículo 16 de la
Ley 100 de 1993, cuando un trabajador tenga derecho a una pensión
compartida no podrá vincularse al Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad (RAIS). En consecuencia, el trabajador se entenderá vinculado al
ISS y los aportes efectuados en el RAIS se consideran como cotizaciones
erróneas, las cuales deberán ser trasladadas al ISS en los términos del
artículo 10 del Decreto 1161 de 1994”.
Nótese que la pensión de jubilación reconocida al accionante por parte del
SENA estaba sometida a una condición resolutoria, teniendo la vocación de
ser compartida, por ello, el SENA como empleador continuó efectuando las
cotizaciones en el ISS a favor del accionante, las cuales tenían como única
finalidad la subrogación de la prestación económica; situación ésta que se
estableció para que sólo operara en el Régimen de Prima Media que fue
administrado anteriormente por el ISS y ahora por Colpensiones.
También debe decirse que el desconocimiento de la figura de la
compartibilidad afecta el patrimonio del SENA, quien, en todo caso, continuó
efectuando aportes al ISS con el fin de que la subrogara en la obligación del
pago de la prestación, bien sea de forma parcial o total. Y, en esa medida, la
afiliación del empleado al RAIS frusta tal expectativa; razón por la cual,
resulta improcedente que ante los casos de multiafiación, como el presente,
se establezca como competente para el reconocimiento de este tipo de
pensión a un fondo privado.
Así las cosas, no hay ninguna duda de que las cotizaciones efectuadas por
parte del señor Andrés Agustín Rada Gutiérrez a Citicolfondos en el RAIS,
17
Nº Interno: 4424-16
Demandante: Andrés Agustín Rada Gutiérrez
Demandada: Colpensiones
deben considerarse erróneas de conformidad con lo previsto en el inciso 5
del artículo 5 del Decreto 3995 de 2008, motivo por el que dichos aportes
deberán ser trasladados a la Administradora Colombiana de Pensiones en
los términos del artículo 10 del Decreto 1161 de 1994.
Teniendo en cuenta que el ISS ahora Colpensiones es el competente para el
reconocimiento de la pensión de vejez del actor, la Sala procederá a verificar
si, en efecto, este acredita los requisitos para su reconocimiento, con
fundamento en el régimen previsto para sus beneficiarios en el Acuerdo 049
de 1990 y el Decreto 758 del mismo año.
Del cumplimiento de los requisitos
El artículo 12 del Decreto 758 de 1990 prevé los requisitos para acceder a la
pensión, en los siguientes términos:
“Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los
siguientes requisitos:
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o
más años de edad, si se es mujer y,
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante
los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades
mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de
cotización, sufragadas en cualquier tiempo”.
De acuerdo con lo anterior, en el sub lite se encuentra acreditado que el
señor Andrés Agustín Rada Gutierrez nació el 28 de mayo de 1944.
En cuanto al tiempo, se tiene que el actor acredita un total de 1.434 semanas
de cotización, que se establecen a partir del siguiente material probatorio:
• Según informe de imputación de pagos del 27 de agosto de 2008
expedido por el ISS, el actor en dicha calenda contaba con 1.434
semanas de cotización.
• Conforme a la certificación emitida el 6 de diciembre de 2011 por el
coordinador del Grupo Mixto de Apoyo Administrativo del SENA, esta
institución realizó aportes al ISS a nombre del señor Andrés Agustín
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Nº Interno: 4424-16
Demandante: Andrés Agustín Rada Gutiérrez
Demandada: Colpensiones
Rada Gutiérrez desde el 27 de enero de 1976 hasta el 30 de
septiembre de 2006.
• Acorde con el reporte de semanas cotizadas en pensiones expedido
por el ISS el 22 de agosto de 2012, el accionante se encuentra afiliado
desde el 28 de mayo de 1994 y cuenta con 1.243 semas de cotización
desde el 12 de enero de 1975 hasta el 29 de febrero de 2000. Desde
el 01 de marzo de 2000 hasta el 31 de agosto de 2006 figura una
inscripción que indica “NO VINCULADO TRASLADADO RAI”.
• En el proyecto de Resolución núm. 018977 del 26 de septiembre de
2008, el ISS indicó que el señor Andrés Agustín Rada Guitiérrez
contaba con 1.434 semanas de cotización.
Ahora si bien, en el reporte de semanas cotizadas del 22 de agosto de 2012
el ISS certificó que el actor acumulaba 1.243 semanas hasta el 29 de febrero
de 2000, lo cierto es que el SENA, en las certificaciones allegadas, informó
que realizó aportes a nombre del accionante hasta el 30 de septiembre de
2006, prueba que tiene plena validez en el plenario y que no fue tachada de
falsa en el transcurso del proceso. Información acorde con el proyecto de
Resolución núm. 018977 del 26 de septiembre de 2008, según la cual el
actor aportó 1.434 semanas.
Teniendo en cuenta las pruebas reseñadas, se tiene que el actor: (i) Es
beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pues para la
fecha de su entrada en vigencia tenía más de 40 años de edad y más de 15
años de servicio; (ii) El SENA reconoció a su favor una pensión de jubilación
conforme a la Ley 33 de 1985, mediante la Resolución núm. 00612 de 1999 y
continuó realizando aportes al ISS hasta el 30 de septiembre de 2006; (iii)
cumplió 60 años de edad el 28 de mayo de 2004; (iii) acreditó un total de
1.434 semanas de cotización.
De modo que, el accionante consolidó su derecho al reconocimiento de una
pensión de vejez el 28 de mayo de 2004, al cumplir con la edad requerida;
motivo por el que se procederá a indicar la forma en la que esta debe ser
liquidada:
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Demandante: Andrés Agustín Rada Gutiérrez
Demandada: Colpensiones
Frente a la tasa de reemplazo aplicable, el artículo 20 del Decreto 758 de
1990 determinó que esta sería proporcional al número de semanas
cotizadas, para lo cual se fijó la siguiente tabla:
Números de % INV. P. % INV. P. % GRAN Vejez
semanas TOTAL ABOLUTA INV
500 45 51 57 45
550 48 54 60 48
600 51 57 63 51
650 54 60 66 54
700 57 63 69 57
750 60 66 72 60
800 63 69 75 63
850 66 72 78 66
900 69 75 81 63
950 72 78 84 72
1000 75 81 87 75
1050 78 84 90 78
1100 81 87 90 81
1150 84 90 90 84
1200 87 90 90 87
1250 o más 90 90 90 90
De este modo, como quiera que está acreditado que el demandante cuenta
con 1.434 semanas cotizadas, le corresponde una tasa de reemplazo
equivalente al 90%.
En cuando al ingreso base de liquidación, la Sala debe decir que el régimen
de transición prorrogó la vigencia de todos los regímenes pensionales
anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, otorgando efectos
ultractivos a algunos elementos constitutivos de dichos regímenes para
aquellas personas que se encontraban afiliadas y que estaban próximas a
adquirir el derecho pensional. Tales elementos son la edad, el tiempo de
servicios y el monto de la pensión. Empero, la regla establecida por el
legislador en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la
aplicación ultractiva del ingreso base de liquidación que consagraba el
régimen general de pensiones anterior a dicha ley.
20
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Demandante: Andrés Agustín Rada Gutiérrez
Demandada: Colpensiones
Resulta oportuno anotar que esta Corporación, en la sentencia del 28 de
agosto de 201819 precisó las reglas para la aplicación del régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en particular, con
relación a los empleados públicos cuya norma anterior aplicable era la Ley 33
de 1985. Sin embargo, es importante indicar que las reglas de interpretación
normativa ahí contenidas son extensivas a todos los beneficiarios del
régimen de transición de la aludida Ley 100 y en esa medida, a quienes se
les aplique el Decreto 758 de 1990 por vía de transición, en tanto este
precedente resulta ser imperativo dentro del sistema de fuentes.
Así entonces, la Sala procederá a aplicar las reglas y subreglas fijadas por la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de unificación de
28 de agosto de 2018, que constituye un precedente vinculante y obligatorio
en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales20. La misma Sala
Plena precisó que la sentencia de unificación se aplicaría con efectos
retrospectivos “[…] a todos los casos pendientes de solución tanto en vía
administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los
casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables”.
De acuerdo con lo anterior, el IBL para quienes están en transición es el
previsto en el inciso tercero del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100 de
1993, según corresponda. Teniendo en cuenta que el demandante adquirió el
estatus pensional el 28 de mayo de 2004, a la edad de 60 años, por ser
hombre, se colige entonces que el ingreso base de liquidación de la pensión
está regido por el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, equivalente “al promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10)
años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere
inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados
19
Expediente 52001-23-33-000-2012-00143-01 (4403-2013), consejero ponente César Palomino Cortés.
20
La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del artículo 102 de la
Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de Estado, precisó: “[…] sólo a la
jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto órganos de cierre de las jurisdicciones -
constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en
virtud de ella, las autoridades judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica
y jurídicamente iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la
negación completa del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en el ejercicio de su
función judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las autoridades judiciales
cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de
cierre, previo cumplimiento de determinadas condiciones […]”.
21
Nº Interno: 4424-16
Demandante: Andrés Agustín Rada Gutiérrez
Demandada: Colpensiones
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según
certificación que expida el DANE”21.
Ahora bien, en cuanto a los factores salariales a incluir en el IBL, esta
Corporación, en la sentencia del 28 de agosto de 2018, señaló que “Para la
liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los
cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones (…)”, en
consonancia con el Acto Legislativo 01 de 2005.
De lo anterior, se tiene que la pensión de vejez del accionante, debe ser
liquidada con los factores sobre los que realizó cotizaciones en los últimos
diez años de servicio.
En vista de lo expuesto, la Sala procederá a revocar la decisión del Tribunal
Administrativo de Córdoba que se declaró inhibido para pronunciarse de fondo
sobre las pretensiones de la demanda; en su lugar, se ordenará el
reconocimiento pensional con fundamento en el Decreto 758 de 1990 y el
Acuerdo 049 del mismo año, con el equivalente al 90% del promedio de los
factores sobre los que realizó cotizaciones en los últimos diez años de servicio,
en los términos del artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
Indexación de la primera mesada
El accionante solicitó la indexación de la primera mesada pensional. Sobre el
particular, se tiene que, conforme resultó probado en el proceso, el señor
Andrés Agustín Rada Gutiérrez se retiró del servicio el 31 de mayo de 1999 y
consolidó su estatus pensional el 28 de mayo de 2004. En tal virtud, debe
decirse que pasaron casi cinco años entre la fecha de retiro del servicio y la
de consolidación del estatus, razón por la cual le asiste el derecho a que
Colpensiones actualice el valor de la primera mesada pensional hasta dicha
fecha, aclarando que la indexación debe realizarse con la aplicación de la
siguiente fórmula:
R = Rh x índice final
21
Se le aplica el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 porque a la entrada en vigencia del Sistema General de
Pensiones le faltaban más de 10 años para adquirir el derecho.
22
Nº Interno: 4424-16
Demandante: Andrés Agustín Rada Gutiérrez
Demandada: Colpensiones
índice inicial
Donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico, que
es el monto de la pensión reconocida, por el guarismo que resulte de dividir
el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, que es el
vigente en la fecha de adquisición del estatus pensional, por el índice vigente
en el último año de servicio.
En lo concerniente a los intereses moratorios establecidos en el artículo 141
de la Ley 100 de 1993, es menester precisar que estos se causan cuando
con posterioridad al reconocimiento pensional la entidad de previsión social
incurre en mora en el pago de las mesadas pensionales, lo cual se advierte,
no ocurre en el presente caso, en el que se discute precisamente tal
reconocimiento. En esa medida, no resulta procedente conceder esta
pretensión.
Prescripción
En cuanto a la prescripción de las mesadas pensionales, el Decreto núm. 3135
de 1968 dispuso en su artículo 41 lo siguiente:
“ARTÍCULO 41. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en
este decreto prescribirán en tres años contados desde que la respectiva
obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o
trabajador ante la autoridad competente sobre un derecho o prestación
debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso
igual.”
Por su parte, el Decreto núm. 1848 de 1969 expresó al respecto:
“ARTÍCULO 102.- Prescripción de acciones.
1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135
de 1968 y en este Decreto, prescriben en tres (3) años, contados a partir de la
fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o
empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado,
interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.”
De las normas mencionadas, se observa que: (i) Las acciones que emanan de
los derechos laborales y prestacionales, prescriben en 3 años contados a partir
23
Nº Interno: 4424-16
Demandante: Andrés Agustín Rada Gutiérrez
Demandada: Colpensiones
de la fecha en que se hicieron exigibles; (ii) El simple reclamo escrito del titular,
interrumpe la prescripción por una sola vez y por un lapso igual.
Así entonces, el accionante consolidó su derecho pensional el 28 de mayo de
2004, fecha a partir de la cual empezó a correr el término de la prescripción de
la prestación.
Solicitó por primera vez el reconocimiento de una pensión de vejez ante el ISS
el 2 de febrero de 2005, sin obtener respuesta de fondo del ente previsional, y
agotada la vía gubernativa tampoco instauró la demanda ante esta jurisdicción,
dejando transcurrir el tiempo con los efectos y consecuencias que produce la
prescripción.
El 12 de agosto de 2010 el accionante radicó nueva solicitud de reconocimiento
y pago de la prestación, petición de la que no obtuvo respuesta. Interpuso la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 7 de abril de 2011.
Por tanto, se tiene que la prescripción se interrumpió con la presentación de la
segunda petición, es decir, la del 12 de agosto de 2010, y en consecuencia, se
declararán prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 12 de agosto
de 2007.
Por último, la Sala aclara que el pago de la pensión de vejez reconocida por el
ISS se realizará de acuerdo con las reglas previstas en el literal a) del artículo 5
del Decreto 813 de 1994, que sobre el particular dispuso lo siguiente22:
“Artículo 5º. Transición de las pensiones de jubilación a cargo de empleadores
del sector privado. Tratándose de trabajadores vinculados con empleadores o
empresas del sector privado que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de
Pensiones, para efectos de la aplicación del régimen de transición, se seguirán
las siguientes reglas:
a) Cuando el trabajador cumpla los requisitos del régimen que se le venía
aplicando, tendrá derecho al reconocimiento y pago de la pensión a cargo de
dicho empleador.
Reconocida la pensión de jubilación por el empleador, éste continuará
22
Por el cual se reglamenta el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
24
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Demandada: Colpensiones
cotizando al Instituto de Seguros Sociales hasta que el trabajador cumpla con
los requisitos mínimos exigidos por dicho Instituto para otorgar la pensión de
vejez a sus afiliados del régimen de transición. En ese momento el ISS
procederá a cubrir dicha pensión siendo de cuenta del empleador únicamente
el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que
venía cubriendo al pensionado.
El tiempo de servicios prestados al empleador se tendrá en cuenta para el
reconocimiento de la pensión de vejez a cargo del ISS. Dicho empleador
trasladará al Instituto el valor correspondiente al cálculo actuarial previsto en el
artículo 33 de la Ley 100 de 1993, resultante a 1º de abril de 1994, o un título
representativo del mismo emitido por el empleador en las condiciones y con las
garantías que señale la Junta Directiva del Instituto del Seguro Social. El valor
de dicho cálculo actuarial se sujetará al reglamento respectivo. En el evento
que no se traslade al Instituto de Seguros Sociales el valor correspondiente, el
empleador o la empresa continuarán con la totalidad de la pensión a su cargo”.
En cuanto al valor del retroactivo, la Sala dispondrá dar aplicación a lo
dispuesto en la condición resolutoria prevista en el artículo tercero de la
Resolución núm. 612 de 1999 expedida por el SENA, a través de la cual se
reconoció a favor del actor una pensión de jubilación, a saber:
“TERCERO: EL SENA cubrirá el valor de esta pensión hasta cuando el ISS le
reconozca al peticionario la pensión de vejez. A partir de la fecha en que sea
reconocida la pensión por el ISS, el SENA solo pagará el mayor valor, si lo hay,
entre la mesada a que tenga derecho con base en la presente resolución y el
valor reconocido por la entidad de Previsión Social.
PARÁGRAFO: En caso de que el Instituto de Seguros Sociales no gire
directamente al SENA las sumas que por concepto de retroactivo patronal le
corresponda, o que por cualquier motivo el pensionado reciba doble mesada
por el mismo concepto del ISS y del SENA, este autorizará a la Entidad para
que dichas sumas, pagadas de más, le sean descontadas de las mesadas
posteriores”.
Sobre el pago del valor del retroactivo, la Corte Constitucional en la sentencia
T-042 de 2016, sostuvo lo siguiente:
“Si luego de una reliquidación de la legal, la administradora acepta que esta
prestación debió ser reconocida por un valor mayor, se tiene entonces que el
antiguo empleador debió haber asumido una porción menor en la pensión
compartida toda vez que su subrogación se da precisamente en la
proporción que fue reconocida por el fondo, debiendo pagar la compañía
únicamente los valores que no alcanzaren a ser cubiertos por la de vejez
respecto de la de jubilación que fue concedida inicialmente. Estos dineros
habrían sido asumidos por la entidad jubilante sin estar obligada a ello por lo
que la restitución de los mismos debe darse a favor de quien asumió su
pago, es decir, el empleador, y no el trabajador quien tuvo siempre
garantizado el valor de la pensión compartida en su totalidad.
25
Nº Interno: 4424-16
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Demandada: Colpensiones
Si de la reliquidación resultase que la pensión legal es superior a la de
jubilación, surge que a partir de ese momento el empleador quedará
totalmente subrogado en su obligación de pago y, por otro lado, solo le serán
reembolsados los valores efectivamente desembolsados sin justa causa,
quedando para el trabajador la porción del retroactivo que hubiere superado
los montos pagados por encima de la pensión compartida comprendida en
su totalidad.
No sobra advertir que, dada la naturaleza de la figura de la compartibilidad,
no es posible que el trabajador reciba de cuenta del empleador un valor
mayor al reconocido en la de jubilación, toda vez que este siempre será el
límite de las obligaciones de este último. Así, el monto de la de jubilación es
el referente por medio del cual se determina si la subrogación del empleador,
frente a la entidad de previsión social (ISS-COLPENSIONES) fue total o
parcial, dependiendo de si la pensión legal fue reconocida por un valor
superior o inferior a la extralegal.
De acuerdo con lo anterior, una vez reconocida la pensión legal por un valor
inferior a la convencional, el empleador queda obligado al pago de la
diferencia, sin que le sea permitido reclamar al trabajador los valores
pagados por dicho concepto, cuando la prestación reconocida por el ISS-
COLPENSIONES sea reliquidada, arrojando un mayor valor de pensión al
que se venía pagando, pero sin que dicho monto permita la subrogación
total.
Consecuentemente, no es admisible que la empresa que comparte el pago
de la pensión de su extrabajador con la administradora, haga descuento
alguno a la pensión del mismo, ya que los valores efectivamente pagados
por la empresa deben ser siempre cobrados con cargo a la pensión de vejez
cuyo pago es obligación de la administradora de pensiones”.
Condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de
manera automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo
365 del Código General del Proceso, “(…) solo habrá lugar a costas cuando
en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación (…)”. Siendo así, teniendo en cuenta que en el trámite no se
observa que se hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta
Sala no condenará en costas a la parte vencida en esta instancia.
III. DECISIÓN
En atención a lo anterior, la Sala revocará la sentencia del Tribunal
Administrativo de Córdoba que se declararó inhibido para pronunciarse sobre
las pretensiones de la demanda. En su lugar, ordenará a Colpensiones
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Demandada: Colpensiones
reconocer a favor del señor Andrés Agustín Rada Gutiérrez una pensión de
vejez con fundamento en el Decreto 758 de 1990 y el Acuerdo 049 del mismo
año, que subrogará total o parcialmente la pensión que actualmente percibe
por parte del SENA, reconocida mediante la Resolución núm. 00612 de 1999.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 4 de febrero de 2016 por el
Tribunal Administrativo de Córdoba donde se declaró inhibido para
pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda interpuesta por
el señor Andrés Agustín Rada Gutiérrez, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta sentencia, en su lugar:
SEGUNDO: Declarar la nulidad del acto ficto negativo configurado por el
silencio administrativo del ISS ante la petición elevada por el señor Andrés
Agustín Rada Gutiérrez el 12 de agosto de 2010, en la que pidió el
reconocimiento de una pensión de vejez.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento
del derecho, ORDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones, a reconocer, liquidar y pagar a favor del señor Andrés Agustín
Rada Gutiérrez una pensión de vejez, de conformidad con el Decreto 758 de
1990 y el Acuerdo 049 del mismo año, con una tasa del 90% sobre el ingreso
base de liquidación equivalente al promedio de los factores sobre los que
realizó cotizaciones en los últimos diez años de servicio, de acuerdo con el
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, a partir del 28 de mayo de 2004, con
efectos desde el 12 de agosto de 2007, en virtud de la prescripción.
CUARTO: CONDÉNASE a la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones a indexar la primera mesada del señor Andrés Agustín Rada
Gutiérrez con base en el Índice de Precios al Consumidor, mes a mes, desde
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Nº Interno: 4424-16
Demandante: Andrés Agustín Rada Gutiérrez
Demandada: Colpensiones
el 31 de mayo de 1999, fecha de retiro del servicio, hasta el 28 de mayo de
2004, fecha en que consolidó el estatus pensional, según la fórmula de
actualización que aplica el Honorable Consejo de Estado, indicada en la
parte considerativa.
QUINTO: CONDÉNASE a la Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones a pagar las sumas que por concepto de retroactivo le
correspondan al SENA o, en su defecto al pensionado, conforme a la condición
resolutoria dispuesta en el artículo tercero de la Resolución núm. 612 de 1999
expedida por el SENA.
La entidad accionada hará la actualización de las sumas adeudadas,
teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y
mediante la aplicación de la fórmula matemática adoptada por el Consejo de
Estado, a saber:
R = Rh. índice final
índice inicial
Donde el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico, que
es el monto de la pensión reconocida, por el guarismo que resulte de dividir
el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE.
SEXTO: Colpensiones dará cumplimiento a la sentencia de acuerdo con lo
previsto en los artículos 176 y siguientes del C.C.A.
SÉPTIMO: Se niegan las demás pretensiones de la demanda.
OCTAVO: Sin condena en costas en las dos instancias.
NOVENO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
Discutida y aprobada en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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Nº Interno: 4424-16
Demandante: Andrés Agustín Rada Gutiérrez
Demandada: Colpensiones
(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER
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