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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-31-000-2015-00004-01

Consulta: se revoca la sentencia consultada ante la ausencia de prueba de una falla

Fecha
18 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-31-000-2015-00004-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia objeto de consulta, esto es, la proferida el 26 de octubre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Córdoba; en consecuencia, NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal. 14 Radicación: 230012331000201500004 01 (61.071) Actor: Marelbi Sofía Calderón Pacheco y otros Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro Referencia: Grado Jurisdiccional de Consulta

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 23001-23-31-000-2015-00004-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

18 de septiembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 230012331000201500004 01 (61.071)
Actor: Marelbi Sofía Calderón Pacheco y otros
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Grado Jurisdiccional de Consulta

Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / GRADO JURISDICCIONAL DE
CONSULTA – se revoca la sentencia consultada ante la ausencia de prueba de una falla
del servicio respecto del deber de protección por parte de la demandada.

Procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta respecto de la
sentencia proferida el 26 de octubre de 2017 por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, a través de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

Se solicita la reparación de un daño derivado de una falla del servicio respecto del
deber de protección de una persona que denunció la comisión de un delito del que
fue víctima y que posteriormente fue asesinada.

SENTENCIA CONSULTADA

1. Corresponde a la sentencia ya identificada, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Córdoba decidió la demanda de reparación directa presentada el
10 de mayo de 20101 por los señores Marelbi Sofía Calderín Pacheco (compañera
permanente), Pamela Andrea y Hugo Guillermo Plaza Calderín (hijos), Marly
Fernández de Plaza y Hugo de Jesús Plaza Galván (padres), Marly Sofía y
Fernanda Paulina Plaza Fernández (hermanas), en contra de la Nación –Fiscalía
General de la Nación- y Ministerio de Defensa -Policía Nacional- ,con el fin de que
se les declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios derivados de la
muerte del señor Breudy de Jesús Plaza Fernández, ocurrida el 29 de marzo de
2009, en la ciudad de Montería2.

1
Folio 15 del cuaderno 1.
2
En concreto, se deprecó una indemnización por concepto de perjuicios morales en la suma de 100 SMLMV,
salvo para los hermanos, quienes pidieron 50 SMLMV; por perjuicios por daño a la vida de relación se pidió 100
SMLMV para su compañera permanente e hijos y, por lucro cesante, el rubro de $80’000.000 para esos mismos
demandantes.

Radicación: 230012331000201500004 01 (61.071)
Actor: Marelbi Sofía Calderón Pacheco y otros
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Grado Jurisdiccional de Consulta

La demanda

2. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, los demandantes narraron que
el 3 de septiembre de 2008, el señor Breudy de Jesús Plaza Fernández denunció
ante la URI de la Fiscalía de Córdoba la extorsión de la que venía siendo víctima
por parte de alias “Samuel”, integrante del grupo ilegal autodenominado “Águilas
Negras”, quien le exigía el pago de $400.000 a cambio de no atentar contra su vida
ni la de su familia.

3. Afirmaron que el señor Plaza Fernández colaboró con la Fiscalía y con el Grupo
Gaula de la Policía Nacional en la ejecución de un operativo adelantado ese mismo
día -3 de septiembre de 2008- contra extorsionistas, en el cual se capturó en
flagrancia al señor Hernán Jesús Barrios de León, quien fue puesto a disposición
de la Fiscalía de reacción inmediata de Montería, pero fue dejado en libertad al día
siguiente por el mismo ente investigador.

4. Afirmaron que en represalia por la captura, el señor Plaza Fernández fue
asesinado el 29 de marzo de 2009, debido a las omisiones atribuibles a la Fiscalía
General de la Nación y a la Policía Nacional3.

La defensa

5. La Fiscalía General de la Nación se opuso a la prosperidad de las pretensiones
para cuyo efecto manifestó que no tenía registro de que el occiso hubiera solicitado
una medida de protección o que se hubiera inscrito en el programa de protección
de testigos.

6. Agregó que, según la Resolución 5101 de 2008 -vigente para la época de los
hechos-, para ingresar al programa de protección de la Fiscalía se requería que la
persona hubiera intervenido eficazmente en el proceso penal y que, como
consecuencia directa de esta participación, se le hubiera generado un riesgo
extraordinario o extremo contra su vida para el momento de dicha colaboración.
Así, al no estar presentes tales elementos y el nexo de relación directo entre ellos,
la obligación de velar por la integridad de quienes eventualmente soportan
amenazas era del resorte de la Policía Nacional, en los términos del artículo 218 de
la Constitución Política4.

7. La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional se opuso igualmente a las
pretensiones de la demanda, por considerar que la muerte del señor Breudy de
Jesús Plazas Fernández devino del actuar exclusivo e ilícito de terceros ajenos a
la institución demandada. Indicó que la referida víctima nunca informó a esa entidad
sobre algún tipo de amenazas en su contra, así como tampoco solicitó protección.
Agregó no tener información acerca de que la víctima hubiera solicitado algún

3
Folios 1 a 15 C. 3.
4
Folios 99 a 103 C. 2.

2

Radicación: 230012331000201500004 01 (61.071)
Actor: Marelbi Sofía Calderón Pacheco y otros
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Grado Jurisdiccional de Consulta

estudio tendiente a valorar su nivel de riesgo y así determinar el tipo de protección
o acompañamiento que necesitaba.

8. De otro lado, sostuvo que no había prueba de que la Fiscalía General de la
Nación cumplió con lo estipulado en los artículos 23 del Decreto 2699 de 1991 y 70
de la Ley 478 de 1997, en lo referente a solicitar a la oficina de protección de
víctimas y testigos, apoyo, asesoría y protección de la víctima, dado que era un
testigo de esa entidad dentro de un proceso penal.

9. Con fundamento en lo anterior, propuso las excepciones de falta de legitimación
por pasiva, hecho exclusivo y determinante de un tercero y falta de causalidad entre
la supuesta falta de esa institución y el daño alegado5.

10. Luego de surtirse el debate probatorio6, en la oportunidad para alegar, la parte
demandante insistió en los argumentos de la demanda y agregó que se acreditó
que las demandadas conocían las amenazas en contra del señor Plaza Fernández
después del operativo en el que capturaron en flagrancia al señor Jesús Barrios de
León y, pese a ello, no realizaron ninguna actividad para proteger su vida7.

11. Las demandadas reiteraron la configuración de las excepciones propuestas
mientras que el Ministerio Público guardó silencio8.

La decisión

12. Mediante sentencia proferida el 26 de octubre de 2017, el Tribunal
Administrativo de Córdoba accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
en los siguientes términos (se transcribe literal):

“PRIMERO: DECLARAR administrativa y extracontractualmente responsable a la
Nación – Fiscalía General de la Nación, por la muerte del señor BREUDY DE
JESÚS PLAZA FERNÁNDEZ de conformidad con la parte considerativa de esta
sentencia.

SEGUNDO: CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar a
cada uno de los demandantes las siguientes sumas de dinero:

1.- Por daño moral, las sumas de dinero que se determinan a continuación:

5
Folios 115 a 125 C. 2.
6
Mediante auto del 7 de diciembre de 2003 se abrió el período probatorio, dentro del cual se allegaron los
siguientes medios de prueba:
● Registros civiles de nacimiento de los actores y registro de defunción del señor Breudy Plazas Fernández.
● Testimonios de los señores Otilia Plaza Pico y Ledrid Plaza Fernández.
● Diligencia de necropsia del señor Breudy Plazas Fernández realizada por el Instituto Nacional de Medicina
Legal de Montería.
● Proceso penal adelantado por el delito de extorsión del que fue víctima el señor Breudy de Jesús Plazas
Fernández.
● Proceso Penal adelantado por el delito de homicidio en la persona de Breudy de Jesús Plazas Fernández.
● Diligencias adelantadas por el Grupo Gaula de la Policía de Córdoba frente al delito de extorsión del que fue
víctima el señor Plazas Fernández.
● Certificaciones expedidas por el DAS y el CTI sobre algún tipo de solicitud de protección solicitada por el
señor Breudy Plazas Fernández.
7
Folios 155 a 163 C. 2.
8
Folios 164 a 166 y 167 a 177 C. 2.

3

Radicación: 230012331000201500004 01 (61.071)
Actor: Marelbi Sofía Calderón Pacheco y otros
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Grado Jurisdiccional de Consulta

Demandantes Relación SMLMV

Marelbi Sofía Compañera 100
Calderín Pacheco
Pamela Andrea Plaza Hija 100
Calderín
Hugo Guillermo Plaza Hijo 100
Calderín
Marly Sofía Padre 100
Fernández de Plaza
Marly Sofía Plaza Madre 100
Fernández
Fernanda Paulina Hermana 50
Plaza Fernández
Fernanda Paulina Hermana 50
Plaza Fernández

2.- Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante:

a) Para Marelbi Sofía Calderín Pacheco, compañera permanente, la suma de
$109’757.3645.

b) Para Pamela Andrea Palza Calderín, hija, la suma de $37’646.679.

c) Para Hugo Guillermo Plaza, hijo, la suma de $40’573.819.

TERCERO: ABSOLVER a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional,
por las razones expuestas en la parte motiva.

CUARTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Sin condena en costas.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia y con observancia del artículo 115 del CPC
expídase copia de la presente sentencia a las partes.

SÉPTIMO: En firme esta providencia, por Secretaría devolver el remanente de los
gastos del proceso, se a ello hubiera lugar, dejando las constancias en el Sistema
Siglo XXI.

OCTAVO: Si la presente providencia no fuere apelada, súrtase el grado
jurisdiccional de consulta”.

13. Para arribar a la anterior decisión, el Tribunal consideró que el ente investigador
incurrió en una falla del servicio, toda vez que luego de que el señor Breudy de
Jesús Plaza Fernández presentara denuncia por extorsión ante la URI de la Fiscalía
General de la Nación de Montería, surgió para ésta el deber de protección y
seguridad frente al denunciante y su familia, por lo cual debía adoptar las medidas
necesarias para garantizar su vida e integridad, máxime cuando la víctima directa
se constituyó como testigo en el proceso penal y, a que el Comandante del Gaula
de Montería informara al Director de Fiscalías de esa ciudad sobre las amenazas
de muerte recibidas por el señor Plaza Fernández por haber denunciado a las
autoridades la extorsión de la que venía siendo víctima.

4

Radicación: 230012331000201500004 01 (61.071)
Actor: Marelbi Sofía Calderón Pacheco y otros
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Grado Jurisdiccional de Consulta

14. Sostuvo que la omisión de protección desconoció tanto lo dispuesto en el
artículo 250 de la Constitución Política como también lo contendido en la
Resolución 5101 de agosto 15 de 2008, relativa a los programas de protección y
asistencia de testigos, víctimas e intervinientes en el proceso penal de la Fiscalía
General de la Nación.

15. Respecto de la Nación - Ministerio de Defensa -Policía Nacional-, sostuvo que
no era la llamada a responder por el referido daño antijurídico, dado que si bien el
GAULA participó en el operativo que dio con la captura en flagrancia del señor
Hernán de Jesús Barrios, lo cierto era que informó oportunamente al Coordinador
de la URI y al Director de Fiscalías de Montería sobre las amenazas recibidas por
el señor Breudy de Jesús Plaza Fernández con posterioridad a la captura del
extorsionador, razón por la cual no se le podía atribuir responsabilidad por el daño
antijurídico padecido por los demandantes, puesto que las competencias del
GAULA no comprendían la protección de testigos de los procesos penales9.

TRÁMITE DE LA CONSULTA

16. El 13 de febrero de 2018 10, el Tribunal Administrativo de Córdoba remitió el
expediente a esta Corporación para que se surtiera el grado jurisdiccional de
consulta.

17. El Ministerio Público manifestó que se debía confirmar la sentencia por cuanto
se acreditó que la Fiscalía General de la Nación omitió su deber de protección frente
a la víctima directa11.

18. La Fiscalía General de la Nación manifestó que la víctima directa no formuló
ninguna solicitud de protección especial a su favor y que, contrario a lo afirmado por
el Tribunal, el señor Breudy de Jesús Plaza Fernández era una persona reconocida
por su actividad ilícita de expendio de sustancias psicoactivas, frente a lo cual existía
una condena y una medida de aseguramiento en su contra por el delito de tráfico
de estupefacientes, por lo que su muerte -ocurrida más de 6 meses después de la
referida denuncia de extorsión- bien pudo estar relacionada con dichas actividades
ilícitas. Basado en esto indicó que se encontraba configurada la eximente de la
culpa exclusiva de la víctima12.

19. La parte actora manifestó que se debía confirmar la sentencia13.

CONSIDERACIONES

20. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a analizar el grado jurisdiccional de consulta contra la referida
sentencia.

9
Folio 230 C. Ppal.
10
Folios 635 a 636 del cuaderno del Consejo de Estado.
11
Folios 272 a 284 C. ppal.
12
Folios 236 a 245 C. ppal.
13
Folios 261 a 271 C. ppal.

5

Radicación: 230012331000201500004 01 (61.071)
Actor: Marelbi Sofía Calderón Pacheco y otros
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Grado Jurisdiccional de Consulta

Análisis del caso concreto

21. La Sala advierte que revocará la sentencia objeto de consulta, dado que del
análisis de los elementos de prueba allegados al proceso se impone concluir que el
daño alegado fue producto del hecho exclusivo de terceros, como pasa a analizarse.

22. La jurisprudencia de esta Sección ha precisado que una falla en el deber y
servicio de seguridad y protección puede hallarse probada, cuando: i) se deja a las
personas a merced de los grupos de delincuencia, sin brindarles protección alguna,
siempre que exista conocimiento cierto de que los derechos de esas personas
vienen siendo desconocidos por grupos organizados al margen de la ley; ii) se
solicita protección especial, con justificación en las especiales condiciones de riesgo
en que se encuentra la persona y se acredita que la misma no se prestó; o, iii)
cuando no se solicita expresamente dicha protección pero es evidente que la
persona la necesitaba y no fue suministrada14.

23. En cuanto al deber de seguridad de las personas, los artículos 218 y 250
constitucionales determinan que corresponde a la Policía Nacional el deber de
mantener “las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades
públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”,
mientras que a la Fiscalía General de la Nación le compete “velar por la protección
de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal”.

24. En desarrollo de este último mandato, el artículo 67 de la Ley 418 de 199715
(modificado por la Ley 1106 de 2006) ordenó la creación del “Programa de
Protección a Testigos, Víctimas, Intervinientes en el Proceso y Funcionarios de la
Fiscalía”, destinado a otorgarles protección integral y asistencia social, lo mismo que
a sus familiares cercanos, cuando se encuentren en riesgo de sufrir una agresión o
que sus vidas corran peligro por causa o con ocasión de la intervención en un
proceso penal.

25. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación profirió la Resolución 05101 de
16
2008 cuyo artículo 2º determinó como objeto del Programa de Protección y
Asistencia de la entidad a las víctimas, a los testigos e intervinientes, a los fiscales
y a sus funcionarios o servidores, cuando se encuentren en riesgo de sufrir agresión,
o sus vidas corran peligro, por causa o con ocasión de la intervención en un proceso
penal y siempre que el riesgo sea calificado como extraordinario o extremo por la

14
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 28 de julio de 2011, M.P. Mauricio Fajardo
Gómez y las proferidas el 28 de enero de 2015, exp. 29.526 y el 23 de septiembre de 2015, exp. 35.123, M.P.
Hernán Andrade Rincón.
15
Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la
justicia y se dictan otras disposiciones.
16
Por medio de la cual se reglamenta el Programa de Protección y Asistencia a Testigos, Víctimas
e intervinientes en el proceso penal de la Fiscalía General de la Nación. Actualizado mediante la
Resolución 1006 de 2016, que no resulta aplicable al caso de autos, dado que su expedición es
posterior a la fecha de los hechos.

6

Radicación: 230012331000201500004 01 (61.071)
Actor: Marelbi Sofía Calderón Pacheco y otros
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Grado Jurisdiccional de Consulta

Oficina de Protección y Asistencia, a la cual corresponde la decisión sobre las
medidas de protección17.

26. En esa medida, corresponde a esta entidad el análisis de las circunstancias
específicas que motivan la solicitud de protección, de la procedencia de la petición
y del grado de riesgo y las condiciones del solicitante y, eventualmente, de su
familia.

27. De igual modo, le compete al ente investigador decidir la vinculación al
Programa verificando si confluyen: (i) un riesgo extraordinario que amenace la
seguridad personal, al punto que éste sea “específico e individualizable, concreto,
presente, importante, serio, claro y discernible, y desproporcionado”; (ii) un nexo
causal directo entre participación procesal eficaz para la administración de justicia
y los factores de amenaza y riesgo derivados de esa colaboración; (iii) se
compruebe que la solicitud de vinculación al programa no está motivada por interés
distinto que el de colaborar oportuna y espontáneamente con la Administración de
Justicia; (iv) las medidas de seguridad necesarias correspondan a las que prevé el
Programa; (v) que la protección del peticionario no constituya un factor que afecte
en forma insuperable la seguridad de la estructura del Programa o de la Fiscalía
General de la Nación; y, (vi) los beneficiarios hayan manifestado su voluntad de
ingresar al Programa.

28. En cuanto a la vinculación al programa, esa misma resolución (artículos 14 y
15) dispuso que el procedimiento de protección puede ser solicitado por el
funcionario judicial que esté conociendo el proceso o directamente por el interesado.
Así, antes de acudir a la audiencia preliminar ante el Juez con funciones de control
de garantías, el Fiscal a cargo de la investigación debe diligenciar el formato único
de requerimiento de protección en el que se deben consignar los elementos de juicio
para la identificación de la investigación, la intervención de la persona a proteger,
los factores de riesgo y su relación directa con el proceso penal.

29. Una vez recibida la solicitud, el Director del Programa de Protección y
Asistencia analizará la procedencia. De resultar procedente la evaluación de riesgo,
se procede a librar una misión de trabajo; de lo contrario, la solicitud de protección
se trasladará a la autoridad competente con la petición de colaboración a la Policía
Nacional, si fuere del caso, debiéndose informar lo actuado al peticionario, para
concluir la actuación con el archivo de la documentación18.

17
Artículo 1º ibidem.
18 Sentencia T-683/05. “Los criterios que rigen la vinculación al Programa son los siguientes: (i) que
exista nexo entre la participación en el proceso penal de quien aspire a ingresar al Programa y los
factores de amenaza y riesgo; (ii) que la única motivación que haya impulsado (a quien aspire a la
protección) a participar en el proceso penal sea la de colaborar oportuna y espontáneamente con la
administración de justicia; (iii) que el tipo de medidas de seguridad no pueda ser implementado por
otro organismo estatal creado con esa finalidad o que las medidas requeridas correspondan a las
específicas del Programa; (iv) que la admisión del candidato a ser protegido no constituya un factor
que afecte en forma insuperable la seguridad de la estructura del Programa o de la propia Fiscalía
General de la Nación.”.

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Radicación: 230012331000201500004 01 (61.071)
Actor: Marelbi Sofía Calderón Pacheco y otros
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Grado Jurisdiccional de Consulta

30. Finalmente, cabe precisar que, si bien los referidos mandatos constitucionales
y legales constituyen un parámetro de exigencia del Estado, su satisfacción no
puede demandarse en términos absolutos e ilimitados sino acorde con la capacidad
institucional de protección y de las condiciones concretas de cada caso, puesto que
ni siquiera un Estado ideal está en la capacidad de brindar protección personal y
directa sobre los ciudadanos y con ello garantizar que no exista circunstancia
alguna que pueda menguar sus derechos19, realidad que, de aceptarse, vaciaría las
normas de convivencia ciudadana y de sanción penal.

31. Análisis de imputación en el caso concreto

• De acuerdo con el material probatorio allegado, se tiene probado que el señor
Breudy de Jesús Plaza Fernández falleció el 29 de marzo de 2009, como
consecuencia de shock traumático secundario a múltiples lesiones por proyectil de
arma de fuego20.

• Previo a la muerte de la referida persona, se probó que seis meses antes, esto es
el 3 de septiembre de 2008, el señor Breudy de Jesús Plaza Fernández presentó
denuncia ante la Fiscalía General de la Nación -Unidad de Reacción Inmediata de
Montería-, por el punible de extorsión. En el escrito se manifestó lo siguiente (se
transcribe literalmente):

"A finales del mes de agosto del año 2008 se presentaron en el estanco de nombre
estanco fiesta un sujeto llamado alias Samuel diciéndome que venía de parte de las
águilas negras y haciéndome una exigencia de cuatrocientos mil pesos ($400.000)
que porque tenía información de que yo tenía plata, que tenía dos motos y un carro,
que si no le daba los cuatrocientos mil pesos ($400.000) mensuales no me querían
ver más por el estanco fiesta, que está ubicado bajando el puente metálico viejo,
que las garantías que ellos me daban por los cuatrocientos mil pesos ($400.000)
mensuales eran la protección de las águilas negras, yo pensando que era mentira
no le presté atención al asunto hasta que llegaron ocho días después armados
pidiéndome la suma de cuatrocientos mil pesos, como de casualidad pasó la policía
y ellos se asustaron y se fueron, después llegaron a la calle 21 con carrera 7 donde
estaba yo con unos compañeros conocidos míos y me pegaron porque según ellos
yo le había denunciado con la policía, yo asustado les dije que yo le iba a dar los
cuatrocientos mil pesos ($400.000) para que no me mataran ni me maltrataban y el
día 31/08/2008 fueron armados a mi casa ubicada en la calle 31 N. 12-16 y me
dijeron que no se me olvidara que la plata era para el primero de septiembre del
año 2008 y me dijo que él era quien había matado a una persona en el estanco
fiesta del puente viejo que si yo quería quedar como el que mató en el estanco fiesta
y alias Samuel me dejó un número de celular para que yo lo llamara para entregar
el dinero al número es 3205005493, alias Samuel se moviliza en una motocicleta
AX 100 de color negro sin placa siempre anda con una gorra negra y la otra persona
que anda con el casco cerrado y no se le ve el rostro... Si ellos llevan armas pero

19
Así, por ejemplo, en sentencia de 11 de octubre de 1990, exp. 5737, dijo la Sala: “Es cierto que en los términos
del artículo 16 de la Constitución Política las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas
residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes y que a partir de este texto se fundamente la responsabilidad
del Estado, pero también lo es que esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada vez que
una persona es afectada en tales bienes pues la determinación de la falla que se presente en el cumplimiento
de tal obligación depende en cada caso de la apreciación a que llegue el juzgador acerca de las circunstancias
de tiempo, modo y lugar, como se hubieren sucedido los hechos así como de los recursos con que contaba la
administración para prestar el servicio, para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene
justificación alguna, todo dentro de la idea de que ‘nadie es obligado a lo imposible’".
20
Así se hizo constar en su registro civil de defunción. Fl. 24 C. 1.

8

Radicación: 230012331000201500004 01 (61.071)
Actor: Marelbi Sofía Calderón Pacheco y otros
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Grado Jurisdiccional de Consulta

no sé qué clase de armas... Ellos se movilizan en una moto color negra Suzuki, sin
placas... Uno anda con un casco cerrado es delgado el otro que siempre habla
conmigo es gordito, bajito y siempre anda en mochos, es blanco, acento de la zona.
Pasaron a mi casa y me dijeron que tenía que darles cuatrocientos mil pesos al día
primero de septiembre o de lo contrario me matan”21.

• En esa misma diligencia se puso en conocimiento al señor Plaza Fernández los
derechos que le asistían como víctima de conformidad con el Código Penal
(artículos 132 a 137 del C.P.P.), entre los que se destacan el derecho a la
protección de su intimidad, a la garantía de su seguridad y a la de sus familiares y
testigos a su favor, y en los términos establecidos por la legislación penal, derecho
a recibir información desde el primer contacto con las autoridades para la protección
de sus intereses y conocer la verdad de los hechos que conforman las
circunstancias del injusto del cual había sido víctima. Además, se le impartió
instrucción para que comunicara cualquier tipo de amenaza en su contra, así como
se informó el derecho a que se consideren sus intereses al adoptar una decisión
discrecional sobre el ejercicio de la persecución del delito.

• El señor Plaza Fernández suscribió un acta mediante la cual autorizó "libre y
voluntariamente a los funcionarios de Policía Judicial adscritos al GAULA Montería,
para desarrollar los operativos y gestiones que afectan mi autonomía personal
como es la filmación de procedimiento de entrega del dinero exigido en pago de la
extorsión, autorizo la colocación de micrófonos y grabadoras en mi cuerpo (…). Que
estoy consciente de los procedimientos que se realicen, así mismo que es mi
voluntad participar en el mismo, con la Policía Judicial en la entrega del dinero
exigido por los extorsionistas"22.

• Con base en lo anterior, ese mismo día se adelantó un operativo por parte del
personal del GAULA de la de Policía Córdoba, con la colaboración del denunciante,
con el fin de dar captura al extorsionador, el cual fue exitoso, toda vez que se logró
la captura en flagrancia del señor Hernán de Jesús Barrios de León a las 13:35 en
zona urbana de la ciudad de Montería, cuando recibía el dinero por parte de la
referida víctima directa del delito. El capturado fue trasladado a la URI y recluido a
la espera de que se realizara la audiencia de legalización de su captura, formulación
de acusación y medida de aseguramiento23.

• No obstante, el 4 de septiembre de 2008, la Fiscalía 27 Seccional de la URI de
Montería tomó la decisión de dejar en libertad al señor Barrios de León y no
presentarlo ante el Juez de control de garantías, por considerar que la captura no
reunía los requisitos de la flagrancia, puesto que el capturado "en ningún momento
tenía conocimiento de la ilicitud de la conducta", por cuanto fue enviado por el señor
Luis Enrique Niño Méndez a recibir un dinero, desconociendo su procedencia24.

21
Folios 39 a 40 C. 1.
22
Folios 41 a 42 y 323 C. 1.
23
Folios 162 C. 1.
24
Folios 162 C. 1

9

Radicación: 230012331000201500004 01 (61.071)
Actor: Marelbi Sofía Calderón Pacheco y otros
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Grado Jurisdiccional de Consulta

• La prueba documental allegada da cuenta de que solo hasta el día 25 de marzo
de 2010 se hizo efectiva la orden de captura contra el señor Luis Enrique Niño
Méndez, por ser el presunto autor de la conducta punible de extorsión contra el
señor Breudy Jesús Plaza Fernández25. Asimismo, se observa que el 13 de agosto
de 2010, la Fiscalía Local 27 formuló cargos de acusación contra el señor Luis
Enrique Niño Méndez por el delito de extorsión agravado, motivo por el cual el 26
de agosto de 2010, el Juzgado 1 Penal Municipal con Funciones de Garantía de
Montería le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y se le
imputaron cargos por el referido delito; posteriormente, se llevó a audiencia de juicio
oral, pero finalmente fue exonerado de los cargos imputados26.

• En cuanto a la muerte del señor Breudy de Jesús Plaza Fernández, de las piezas
del proceso penal adelantado por la Fiscalía Primera Unidad de Vida de Montería
por el referido delito, muestran que no hubo capturados ni testigos de los hechos;
asimismo, en el informe del CTI se indicó que su asesinato no obedeció a móviles
ideológicos y políticos, así como tampoco se demostró que ese hecho luctuoso
fuera efectuado en virtud del conflicto armado.

• En cuanto a la hipótesis de su muerte, en el referido informe rendido por
funcionarios del CTI se consignó que ese hecho “podría estar relacionado con su
actividad ilícita de expendio de alucinógenos, ya que era ampliamente reconocido
en el sector por esa condición personal". Además, se informó que luego de
consultar la base de datos de antecedentes penales, sobre el señor Breudy de
Jesús plaza Fernandez se encontraba vigente una medida de aseguramiento
dictada por la Fiscalía 1 Seccional de Montería por el delito de tráfico o porte de
estupefacientes; también se verificó otra orden de captura vigente en su contra por
“violación a la Ley 30 de 1986” y una sentencia penal dictada por el Juzgado 3
Penal del Circuito de Montería por ese mismo delito. También se indicó que en la
base de datos de la Sección Análisis de Conducta -SAC- aparecían anotaciones
por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, lesiones
personales y amenazas27.

25
Folios 101 a 103 C. 1.
26
Folios 128 a 133 C. 1.
27
En el Informe Ejecutivo realizado por el Secretario de la Fiscalía Única de delitos contra la vida e
integridad física de Montería, el 29 de marzo de 2009, esto es, el mismo día de su deceso, se indicó:
“Fecha de los hechos: El día de hoy 29 de marzo de 2009, siendo las 22:30 horas, se tuvo
conocimiento de la existencia de un cadáver en la morgue del Hospital San Jerónimo y que respondía
al nombre de Breudy de Jesús Plazas Fernández, CC (…) quien fue ultimado con arma de fuego,
ante lo cual el grupo A se desplazó hasta el lugar para adelantar los actos urgentes. (…). A la 1:27
horas se solicitó al DAS la consulta de la base de datos, arrojando el siguiente resultado: “Breudy de
Jesús Plaza Fernández: 1. Fiscalía Seccional de Fiscalías No. 1 de Montería – Córdoba, en oficio
sin número ni fecha, estado del asunto activo, medida de aseguramiento proceso No. 46183, Delito:
Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes (Art. 376 C.P.); 2. Juzgado Penal del Circuito No. 3
de Montería, orden de captura, oficio sin número, ni fecha, estado del asunto activo, sentencia
condenatoria proceso 46183, Delito Violación a la Ley 30/86. 3. En consulta SPOA se registró el
número único de noticia criminal 23001300101500802731 en estado activo – Vigente Indagación-
donde figura como víctima de extorsión el hoy occiso Breudy de Jesús Plazas Fernández. Se
consultó también base de datos de la SAC y aparecen anotaciones por tráfico, fabricación o porte
de estupefacientes, lesiones personales y amenazas.
HIPÓTESIS: Una vez se documentó la diligencia se estableció que la muerte del señor Plazas
Fernández podría estar relacionada con su actividad delictiva ilícita de expendio de alucinógenos ya
que era ampliamente reconocido por esa condición personal”.

10

Radicación: 230012331000201500004 01 (61.071)
Actor: Marelbi Sofía Calderón Pacheco y otros
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Grado Jurisdiccional de Consulta

• Finalmente, el 27 de noviembre de 2011 se dispuso el archivo de la indagación
preliminar por la muerte del señor Plazas Fernández por atipicidad objetiva, por
cuanto se indicó que fue imposible identificar e individualizar a los autores o
partícipes de la conducta punible; se indicó también que dicha decisión fue
adoptada de manera provisional, pues se debía seguir adelantando las pesquisas
tendientes a obtener información que condujeran a identificar e individualizar a los
autores del delito y al esclarecimiento de los hechos.

32. En cuanto a la seguridad brindada al señor Breudy Plaza Fernández con
ocasión de la referida denuncia por extorsión, el material probatorio precisa que
luego de recibida su denuncia, la Policía Nacional realizó varias revistas a su casa
entre los días 3 a 9 de septiembre de 2008 “sin reportar novedad alguna”28.

33. No obstante lo anterior, en el oficio del 11 de septiembre del 2008, el
comandante de la comisión GAULA de la Policía de Montería le manifestó al
coordinador de la URI y al director de la Fiscalía de Montería que:"los denunciantes
afirmaron que han venido recibiendo nuevas llamadas, donde los amenazan de
muerte por haber denunciado a las autoridades la extorsión que le venían
realizando"29.

34. En relación con este último oficio, cabe advertir que la mención a los
denunciantes se refiere al señor Breudy Plazas Fernández, pues fue el único que
presentó la denuncia. Llama la atención de la Sala la forma cómo llegó tal
información al Gaula, dado que no se dio cuenta de ninguna información sobre las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de las mismas, ni mucho menos se reportó
a los posibles autores de éstas. Además, en ese oficio no se hizo mención sobre la
fuente de dicha información, y ninguna otra prueba acredita que el occiso hubiera
presentado denuncia o efectuado alguna petición de protección ante la Fiscalía
General de la Nación, como tampoco a la Policía Nacional.
l
35. Con base en el universo de piezas probatorias antes referidas, la Sala no
alcanza a llegar al nivel de convicción de que el señor Breudy de Jesús Plaza
Fernández hubiera solicitado alguna medida de protección a la Fiscalía General de
la Nación, y menos aún, que hubiese formulado alguna denuncia por nuevas
amenazas en su contra, como tampoco lo hizo ante el Departamento de Policía de
Córdoba, tal y como fue certificado por el Jefe de Sección de Investigaciones del
CTI de Montería, quien informó que revisado el sistema de archivo y gestión
documental, no se encontró registro o anotación referente a denuncia alguna por
amenazas o solicitud de protección a nombre del ciudadano referido30.

36. En cuanto a las medidas de seguridad frente al señor Plaza Fernández, en la
declaración jurada rendida dentro de este proceso por la señora Ledrid Otilia Plaza
Fernández, hermana del hoy occiso, manifestó que luego de que aquél formulara la

Folios 400 a 402 C. 1.
28
Folios 337 a 341 C. 1.
29
Folio 333 C. 1.
30
Folios 350 a 353 C. 1.

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Radicación: 230012331000201500004 01 (61.071)
Actor: Marelbi Sofía Calderón Pacheco y otros
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Grado Jurisdiccional de Consulta

denuncia contra quienes lo estaban extorsionando, las demandadas no le brindaron
protección para su seguridad personal. Al respecto, manifestó:

“Se hizo la denuncia y el Gaula se comprometió a hacer el seguimiento de la
extorsión, hicieron un operativo y nosotros nos préstamos para todo, se montó el
operativo, se montaron cámaras, los vecinos se prestaron para eso, o sea todo se
hizo a la perfección, llegó el momento ese, yo saqué a los niños de la casa, me
los llevé un día antes para mi casa, para que ellos no presenciaran nada de eso,
bueno y se montó ese operativo y preciso llegó un muchacho en una moto a
recoger el dinero que mi hermano tenía que pagarle a esa persona, que mi
hermano decía se llamaba Niño Méndez. Cogieron a ese muchacho, se lo llevaron,
creo que volvieron, lo cogieron preso, después como que lo soltaron, al parecer el
muchacho se defendió diciendo que él había ido a buscar ese dinero porque lo
habían mandado a buscar el dinero donde mi hermano. Antes de la muerte de mi
hermano el Gaula sabroso, porque ellos hicieron el operativo, salió en el
Meridiano, el auge para ellos, y a mi hermano lo dejaron solo y no le dieron la
protección que él se merecía. PREGUNTADO: Dígale al despacho si después del
operativo a que usted ha hecho alusión y antes de la muerte de Breudy Plaza,
éste se dirigió a las instalaciones del Gaula o de la fiscalía a solicitar protección
para su vida. CONTESTO: mi hermano lo hizo una o dos veces, pero quien estuvo
al tanto de eso después del operativo fue mi papá, las peticiones que hacía mi
papá eran verbales. El hacía sus peticiones verbales porque él sabía cómo era
eso. Después de eso siguieron las amenazas.”

• En similar sentido, la testigo Otilia María Plaza Pico narró que luego de que se
denunciara la extorsión, el señor Breudy no salía de su casa por las amenazas
recibidas, sin recibir protección por parte de las autoridades. Al respecto manifestó:

“Mi tío dijo que denunciara eso, el denunció, le prestaron el servicio y después de
eso cogieron a quienes lo estaban extorsionando, él recibía muchas amenazas
por el celular, a raíz de eso él no salía más, no quería que nadie saliera con los
niños de él. PREGUNTADO: diga la testigo si lo recuerda que tiempo entre esas
actitudes de cuidado o de protección personal que el señor Breudy hacia de sus
hijos y de él, hasta la fecha de su muerte violenta. CONTESTO: bueno él resuelve
denunciar y todo eso le brindan la protección, pero cuando ya cogen a los que él
denunció se quedó solo, ahí vinieron las amenazas, y la última amenaza se la
dieron el mismo día que lo mataron. El tiempo de ese lapso no lo recuerdo.
PREGUNTADO: tiene usted conocimiento y en caso afirmativo explique a este
despacho si después de que el señor Breudy puso en conocimiento la extorsión
de la que venía siendo objeto y se efectuara el procedimiento por parte del Gaula
para capturar en flagrancia a los sujetos que lo estaban extorsionando, si dicho
grupo no le brindara la protección al señor Breudy y su familia CONTESTO: no,
que yo sepa”.

37. En cuanto a las referidas declaraciones, si bien mencionaron que el señor Plaza
Fernández y su padre habrían solicitado medidas de protección antes de su muerte,
lo cierto es que tales deponentes no ofrecieron información sobre las condiciones
de tiempo, modo y lugar en que se elevaron tales peticiones de protección, hecho
que en conjunción con el interés que les asiste en el presente proceso, no confieren
el grado de convicción necesaria para tener como acreditado los hechos referidos,
así sea de manera indirecta.

38. Y, bien por contrario al dicho de las deponentes, en la certificación expedida por
el Jefe de Sección de Investigaciones del CTI de Montería, se hizo constar que en
el sistema de gestión documental de esa dependencia no se encontró registro o

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Radicación: 230012331000201500004 01 (61.071)
Actor: Marelbi Sofía Calderón Pacheco y otros
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Grado Jurisdiccional de Consulta

anotación referente a ninguna denuncia por amenazas o solicitud de protección a
nombre del ciudadano referido, por manera que se impone concluir que dicha
solicitud de protección nunca se elevó.

39. La prueba documental logra constatar que con ocasión de la denuncia
formulada por el señor Plaza Fernández el 3 de septiembre de 2008, la Policía
Nacional de Montería ordenó la adopción de medidas transitorias de seguridad a
cargo de ese órgano policial, como lo indican los informes rendidos en ese sentido
por agentes de esa institución, en los cuales se indicó que entre los días 3 a 9 de
septiembre de 2008 se realizó patrullaje en inmediaciones de la residencia de la
referida persona, sin reportar ninguna novedad31.

40. A partir del 9 de septiembre de 2008 -último patrullaje de la policía a la
residencia del señor Plazas Fernández- y la muerte de aquél, -29 marzo de 2009-,
no hay prueba que dé cuenta de que hubiera solicitado al CTI de la Fiscalía General
de la Nación o a la misma institución policial algún tipo de protección, o que hubiese
denunciado amenazas en su contra; por el contrario, el Jefe de Sección de
Investigaciones del CTI Montería rindió el informe que ya se ha relacionado32.

41. Tampoco se demostró que en el transcurso de seis meses desde la referida
denuncia por extorsión y su fallecimiento, el señor Plazas hubiera solicitado algún
tipo de protección, o que hubiera denunciado ser objeto de nuevas amenazas o
extorsiones, por manera que dicha circunstancia no permite considerar que en
cabeza de las autoridades hubiera surgido el deber de ejecutar acciones de
protección especial más allá del servicio ordinario.

42. Por otra parte, no debe dejarse de lado que al señor Plazas Fernández, la
Fiscalía de conocimiento, con la lectura de sus derechos, le impartió instrucción y
abonados telefónicos para que comunicara cualquier tipo de amenaza en su contra,
y frente a esta instrucción no obra convicción probatoria de que el citado ciudadano
hubiera hecho uso de tales medios o hubiera dado aviso a las autoridades por
condiciones anormales o de inminente riesgo.

43. Cabe agregar que si bien le compete a la Fiscalía General de la Nación
decidir sobre la vinculación al Programa de protección de testigos, es claro que tal
vinculación debe estar acompañada de la acreditación y evaluación de un riesgo
extraordinario que amenace la seguridad personal del beneficiario; además, que
exista un nexo causal directo entre la participación procesal eficaz para la
administración de justicia y los factores de amenaza y riesgo derivados de esa
colaboración, sumado a que el beneficiario manifieste su voluntad de ingresar al
Programa. No obstante -como se dejó indicado-, no se probó que el señor Breudy
Plazas Fernández hubiera formulado alguna solicitud o intención de que se le
incluyera en dicho programa de protección; además, tampoco se logró acreditar
que, como consecuencia directa de la colaboración con la Fiscalía, se le hubiese

31
Folios 555, 556 y 578 c. 2.
32
Folios 350 a 353 C. 1.

13

Radicación: 230012331000201500004 01 (61.071)
Actor: Marelbi Sofía Calderón Pacheco y otros
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Grado Jurisdiccional de Consulta

generado un riesgo extraordinario o extremo contra su vida para el momento de
dicha colaboración.

44. Ahora, no se pasa por alto que el cuestionamiento central de la demanda y la
sentencia consultada se centra en señalar que la no inclusión del señor Plazas
Fernández en el programa de protección de víctimas y testigos fue equivocada, en
tanto que existía mérito suficiente para que se procediera en contrario; sin embargo,
llama la atención de la Sala que tal aserto sea enrostrado en sede de
responsabilidad cuando ya el daño había acaecido y no cuando la supuesta
situación de amenaza era latente y evidente, como lo asegura la demandante. Esta
situación refuerza la idea de que de manera efectiva el señor Plazas Fernández o
su familia no solicitaron dicha protección después de la denuncia de extorsión
formulada.

45. Bajo estas condiciones, la Sala no puede soslayar la tragedia de la muerte del
señor Plaza Fernández, pero es firme en considerar que tal resultado no se debió a
la omisión de las autoridades demandadas en el deber de garantizar su seguridad
y protección, de modo que el actuar delincuencial de los terceros desconocidos que
causaron su muerte aquel 29 de marzo de 2009 fue del todo imprevisible e
irresistible, de manera que jurídicamente no resulta posible imputar el daño causado
a las autoridades del Estado.

46. Todas las razones hasta ahora expuestas servirán de apoyo para revocar el
proveído consultado y, en consecuencia, negar las pretensiones de la demanda.

Costas

47. Como no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las
partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, (artículo 171 del C.C.A.,
modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998).

PARTE RESOLUTIVA

48. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia objeto de consulta, esto es, la proferida el 26
de octubre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Córdoba; en consecuencia,
NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal.

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Radicación: 230012331000201500004 01 (61.071)
Actor: Marelbi Sofía Calderón Pacheco y otros
Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Grado Jurisdiccional de Consulta

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

15

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