Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 23001-23-33-000-2010-00364-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 23001-23-33-000-2010-00364-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 23001-23-33-000-2010-00364-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
20 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 230012333000 2010 00364 01
Referencia: Acción de Nulidad
Actor: RAFAEL ENRIQUE BUSTOS LUJAN
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. EN LA EXPEDICIÓN
DE LOS ACUERDOS CUESTIONADOS EL CONCEJO MUNICIPAL DE
MONTERÍA DESCONOCIÓ EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 73 DE LA
LEY 136 DE 1994, EN LA MEDIDA EN QUE APROBÓ LOS PROYECTOS
RESPECTIVOS EN PLENARIA, LUEGO DE HABER SIDO NEGADOS POR
LA COMISIÓN EN EL PRIMER DEBATE. REITERACIÓN
JURISPRUDENCIAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, MUNICIPIO DE MONTERÍA, contra la sentencia de 28
de septiembre de 2017, proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA1, que declaró la nulidad de los
actos administrativos acusados.
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En adelante el Tribunal.
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Número único de radicación: 230012333000 2010 00364 01
Actor: Rafael Enrique Bustos Lujan
I.- ANTECEDENTES
I.1-. El señor RAFAEL ENRIQUE BUSTOS LUJAN, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el
artículo 84 del Código de lo Contencioso Administrativo -CCA,
presentó demanda ante el Tribunal con la finalidad de desvirtuar la
legalidad de los siguientes actos administrativos:
➢ Acuerdo núm. 002 de 15 de febrero de 2010, expedido por el
CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERÍA, “Por medio del cual
se hacen unas modificaciones al Acuerdo No. 022 de diciembre
11 de 2009”.
➢ Acuerdo núm. 003 de 15 de febrero de 2010, expedido por el
CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERÍA, “Por medio del cual
se modifican transitoriamente las facilidades de pago de los
impuestos municipales en el Municipio de Montería y se
conceden incentivos tributarios a los contribuyentes del
impuesto predial unificado y de industria y comercio y se dictan
otras disposiciones”.
➢ Acuerdo núm. 004 de 15 de febrero de 2010, expedido por el
CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERÍA, “Por medio del cual
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se establece un beneficio de carácter transitorio para los
deudores morosos de multas por infracciones de tránsito”.
➢ Acuerdo núm. 005 de 15 de febrero de 2010, expedido por el
CONCEJO MUNICIPAL DE MONTERÍA, “Por medio del cual
se conceden unas facultades al alcalde de Montería para
promover, negociar y celebrar una modificación al acuerdo de
restructuración de pasivos del Municipio de Montería en los
términos de la Ley 550 de 1999 y adoptar una estructura
orgánica que permita su ejecución y se dictan otras
disposiciones”.
I.2.- Como hechos relevantes de la demanda fueron señalados los
siguientes:
Aseguró que la Procuraduría General de la Nación expidió la Circular
núm. 005 de 27 de agosto de 2009, en la que ordenaba a los
concejos, alcaldías, asambleas y gobernaciones respetar la ley de
garantías y abstenerse de expedir actos administrativos que
pudiesen favorecer a los candidatos en las elecciones que se
realizarían en los meses siguientes.
Afirmó que el día 2 de febrero de 2010, el alcalde del MUNICIPIO
DE MONTERÍA convocó al concejo a sesiones extraordinarias que
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se desarrollarían hasta el 8 de febrero siguiente, con el fin de
adelantar el estudio de los cuatro proyectos que dieron origen a los
acuerdos cuestionados.
Expuso que en la medida en que los proyectos eran de naturaleza
fiscal, fueron repartidos para su primer debate a la comisión de
presupuesto.
Anotó que el 4 de febrero de 2010, mientras el concejo sesionaba en
pleno, el presidente de dicha corporación advirtió sobre la posible
transgresión a lo señalado por la Procuraduría General de la Nación
en la Circular núm. 005 de 27 de agosto de 2009, de aprobarse los
proyectos de acuerdo aludidos, por cuanto la madre del alcalde
estaba aspirando al Senado de la República y su jefe de campaña a
la Cámara de Representantes.
Manifestó que finalizada la sesión uno de los concejales sacó las
cintas de grabación y las destruyó, situación sobre la cual aseguró
está en curso una investigación penal.
Aseveró que el 5 de febrero de 2010 los cuatro proyectos de los
acuerdos cuestionados fueron sometidos a primer debate en la
Comisión de Presupuesto del Concejo, siendo negados por votaciones
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de 4 en contra y 3 a favor.
Comentó que el 8 de febrero a las 3:00 a.m. un grupo de 122
concejales ingresó a las instalaciones de la corporación de la que
hacen parte, para aprobar en segundo debate y como plenaria los
cuatro proyectos negados por la Comisión de Presupuesto.
Precisó que durante la sesión referida, el primer vicepresidente de la
corporación asumió la condición de presidente y como secretario
nombraron provisionalmente a otro de los concejales.
Informó que el 11 de febrero de 2010 el primer vicepresidente del
concejo envió al secretario general de la corporación los 4 proyectos
de acuerdo, solicitándole firmarlos y certificar su aprobación,
situación a la que este último se negó por no haber estado presente
durante la sesión aludida.
Destacó que a pesar del escándalo que generaron los hechos
descritos, los proyectos fueron enviados al despacho del alcalde,
quien los sancionó y convirtió en acuerdos municipales.
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De los 19 miembros del Concejo Municipal de Montería.
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I.3.- NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN.
Como disposiciones transgredidas el actor invocó los artículos 4°, 29
y 305 de la Constitución Política; 2°, 3° y 84 del CCA, 24, 31, 73, 75
y 82 de la Ley 136 de 2 de junio de 19943;123 del Decreto 1333 de
25 de abril 19864; y la Circular núm. 5, expedida por la Procuraduría
General de la Nación el 27 de agosto de 2009.
Sostuvo que los actos cuestionados son nulos por expedición
irregular, por cuanto no fueron tramitados conforme con los
artículos 73, 75 y 82 de la Ley 136 de 1994.
Aseguró que conforme con las referidas normas, los proyectos de los
acuerdos cuestionados debieron ser archivados una vez fueron
negados en el primer debate.
Argumentó que, en todo caso, no podía haberse surtido el segundo
debate, pues, por una parte, los proyectos habían sido negados por
la Comisión; y, por la otra, en razón a que el secretario de la
corporación nunca designó el ponente para la sesión plenaria en que
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“Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los
municipios”.
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“Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal”
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fueron aprobados.
Explicó que el alcalde debió objetar los proyectos de acuerdo, o por
lo menos haber enviado copias de estos una vez fueron aprobados al
gobernador del departamento, para que éste efectuara la revisión
respectiva, conforme con el artículo 82 de la Ley 136 de 1994.
Alegó que el alcalde desconoció la ley de garantías y la Circular núm.
5 aludida, porque para la fecha de los hechos su madre era candidata
al Senado y su jefe de campaña candidato a la Cámara de
Representantes.
Arguyó que, conforme con el reglamento interno del concejo, la
sesiones deben ser convocadas por el presidente de la corporación,
razón por la cual, a su juicio, la reunión en la que fueron aprobados
los actos cuestionados es inválida, al haber sido el vicepresidente
quien citó a la sesión.
I.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El MUNICIPIO DE MONTERÍA, a través de apoderado, contestó la
demanda oponiéndose a la prosperidad de sus pretensiones.
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Manifestó que la nulidad solicitada por el actor es inexistente, en
razón a que, en su criterio, los actos administrativos cuestionados
fueron expedidos por el Concejo Municipal conforme con las
facultades constitucionales y legales respectivas.
Comentó que con la expedición de los acuerdos acusados no fue
transgredida ninguna de las normas invocadas por el actor en la
demanda, por cuanto fueron aprobados en sesiones extraordinarias
convocadas por el alcalde, dada la importancia y trascendencia de
los mismos, no solo para el buen funcionamiento de la
administración, sino también para el beneficio de los ciudadanos en
general.
II-. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El Tribunal, mediante sentencia de 28 de septiembre 2017, declaró
la nulidad de los actos administrativos cuestionados, por cuanto los
proyectos respectivos no fueron aprobados en dos debates conforme
a lo exigido por los artículos 73 y 75 de la Ley 136 de 1994.
Como asunto previo, el a quo destacó que si bien los acuerdos nums.
002, 003, 004 y 005 de 2010 solo tuvieron vigencia hasta el 31 de
diciembre, 16 de abril, 31 de diciembre y 16 de abril de 2010,
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respectivamente, el estudio de legalidad era procedente en lo relativo
al tiempo durante el cual surtieron efectos.
Explicó que estaba probado que el 5 de febrero de 2010 la Comisión
de Presupuesto del Concejo, en primer debate, analizó los proyectos
de acuerdo referidos y negó su aprobación con una votación de 4 en
contra y tres a favor.
Agregó que al concluir la sesión, el presidente del concejo solicitó a
la secretaría de la corporación “compulsar” a la mesa directiva de la
corporación, una copia de los informes de minorías y ponencias
presentadas por los concejales de la Comisión de Presupuesto.
Evidenció que los informes referidos fueron presentados a
consideración de la plenaria del concejo, que procedió a aprobarlos
en segundo debate en sesión de 8 de febrero de 2010.
Expuso que si bien con ocasión de la negación de los proyectos en
primer debate hubo un informe de “opinión diferente y minoritario”
dirigido a la mesa directiva del concejo, no era procedente que la
plenaria de éste procediera a aprobarlos en segundo debate de forma
automática.
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Explicó que lo anterior, en razón a que conforme con el artículo 73
de la Ley 136 de 1994, para que un proyecto se convierta en acuerdo,
antes de la sanción por parte del alcalde debe haber sido aprobado
en dos debates surtidos ante el concejo municipal respectivo.
Resaltó que sobre la forma en que debía tramitarse la
reconsideración no existe cargo alguno en la demanda, “[…] y este
es un asunto que compete al reglamento interno, no obstante desde
la preceptiva vigente para la época de los hechos – como norma de
carácter local-, no fue allegada al proceso, por tal razón no es posible
hacer un juicio de legalidad con relación al particular […]”.
III-. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
El MUNICIPIO DE MONTERÍA apeló la sentencia proferida en
primera instancia, para lo cual aseveró que si bien es cierto que los
proyectos fueron negados en el primer debate, no puede
desconocerse que sí se aprobaron por la plenaria del Concejo
Municipal.
Destacó que si se hubiese dado aplicación al principio de
conservación del derecho, los actos cuestionados no habrían sido
declarados nulos, en razón a que la irregularidad puesta de presente
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en la demanda no tiene la entidad suficiente para desvirtuar su
presunción de legalidad, porque fueron aprobados por la plenaria del
concejo garantizándose la regla de las mayorías que rige en una
democracia.
Adujo que, lo anterior, además porque el actor no probó el trámite
que el concejo debía seguir para la reconsideración de proyectos que
fueron votados de forma negativa en primer debate ante la comisión
respectiva.
Anotó que, de acuerdo con la lógica democrática, no puede
derrotarse un proyecto de acuerdo por voluntad de una comisión que
es numéricamente minoritaria en relación con la mayoría de la
corporación.
IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
• El municipio de Montería, a través de apoderado judicial, en sus
alegatos de conclusión sostuvo que no debió declararse la nulidad de
los actos administrativos controvertidos, pues pese a que los
proyectos de acuerdo no fueron aprobados en primer debate, lo
cierto es que sí lo fueron en la plenaria del concejo municipal, por lo
que nacieron a la vida jurídica con la aprobación de las mayorías
necesarias.
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Adujo que la irregularidad alegada en la demanda no tiene la entidad
suficiente para decretar la nulidad de los actos demandados, pues
finalmente el concejo en pleno aprobó los proyectos que inicialmente
fueron votados negativamente por la comisión correspondiente.
Señaló que en el proceso no aparece probado el trámite que se debía
seguir en aquellos casos en que la corporación reconsiderara la no
aprobación de los proyectos en primer debate.
• Tanto el actor como el agente del Ministerio Público guardaron
silencio en esta etapa procesal.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V1.- Actos demandados
En el presente asunto son acusados por vicios en su procedimiento
de formación, los siguientes actos administrativos:
➢ Acuerdo núm. 002 de 15 de febrero de 2010, “Por medio
del cual se hacen unas modificaciones al Acuerdo No. 022 de
diciembre 11 de 2009”.
➢ Acuerdo núm. 003 de 15 de febrero de 2010, “Por medio
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del cual se modifican transitoriamente las facilidades de pago
de los impuestos municipales en el Municipio de Montería y se
conceden incentivos tributarios a los contribuyentes del
impuesto predial unificado y de industria y comercio y se dictan
otras disposiciones”.
➢ Acuerdo núm. 004 de 15 de febrero de 2010, “Por medio
del cual se establece un beneficio de carácter transitorio para
los deudores morosos de multas por infracciones de tránsito”.
➢ Acuerdo núm. 005 de 15 de febrero de 2010, “Por medio
del cual se conceden unas facultades al alcalde de Montería
para promover, negociar y celebrar una modificación al
acuerdo de restructuración de pasivos del Municipio de
Montería en los términos de la Ley 550 de 1999 y adoptar una
estructura orgánica que permita su ejecución y se dictan otras
disposiciones”.
V.2.- Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si los Acuerdos núms. 002, 003,
004 y 005 de 2010, expedidos por el Concejo Municipal de Montería,
son nulos por expedición irregular, por cuanto pese a que fueron
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negados en primer debate por una Comisión de dicha corporación,
fueron aprobados por la plenaria de ésta en el segundo debate.
Para resolver el problema jurídico planteado la Sala analizará el
marco jurídico aplicable al trámite para la aprobación de acuerdos
municipales y, en seguida, efectuará el estudio del caso concreto.
Del trámite de aprobación de los acuerdos municipales
El trámite para la expedición de los acuerdos municipales está
establecido de forma general en los artículos 71 a 83 de la Ley 136
de 1994, los cuales prevén:
“[…] CAPÍTULO V.
ACUERDOS
ARTÍCULO 71. INICIATIVA. Los proyectos de acuerdo pueden ser
presentados por los concejales, los alcaldes y en materias
relacionadas con sus atribuciones por los personeros, los
contralores y las Juntas Administradoras Locales. También podrán
ser de iniciativa popular de acuerdo con la Ley Estatutaria
correspondiente.
PARÁGRAFO 1o. Los acuerdos a los que se refieren los numerales
2o., 3o., y 6o., del artículo 313 de la Constitución Política, sólo
podrán ser dictados a iniciativa del alcalde.
PARÁGRAFO 2o. Serán de iniciativa del alcalde, de los concejales o
por iniciativa popular, los proyectos de acuerdo que establecen la
división del territorio municipal en comunas y corregimientos y la
creación de Juntas Administradoras Locales.
ARTÍCULO 72. UNIDAD DE MATERIA. Todo proyecto de acuerdo
debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las
disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. La
presidencia del Concejo rechazará las iniciativas que no se avengan
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con este precepto, pero sus decisiones serán apelables ante la
corporación.
Los proyectos deben ir acompañados de una exposición de motivos
en la que se expliquen sus alcances y las razones que los sustentan.
ARTÍCULO 73. DEBATES. Para que un proyecto sea Acuerdo,
debe aprobarse en dos debates, celebrados en distintos días.
El proyecto será presentado en la Secretaría del Concejo, la
cual lo repartirá a la comisión correspondiente donde se
surtirá el primer debate.
La Presidencia del Concejo designará un ponente para
primero y segundo debate. El segundo debate le
corresponderá a la sesión plenaria.
Los proyectos de acuerdo deben ser sometidos a
consideración de la plenaria de la corporación tres días
después de su aprobación en la comisión respectiva.
El proyecto de acuerdo que hubiere sido negado en primer
debate podrá ser nuevamente considerado por el Concejo a
solicitud de su autor, de cualquier otro concejal, del
gobierno municipal o del vocero de los proponentes en el
caso de la iniciativa popular. Será archivado el proyecto que
no recibiere aprobación y el aprobado en segundo debate lo
remitirá la mesa directiva al alcalde para su sanción.
ARTÍCULO 74. TRÁMITES DEL PLAN DE DESARROLLO. El trámite y
aprobación del plan de desarrollo municipal deberá sujetarse a lo
que disponga la ley orgánica de planeación.
En todo caso, mientras el concejo aprueba el plan de desarrollo, el
respectivo alcalde podrá continuar con la ejecución de planes y
programas del plan de desarrollo anterior.
ARTÍCULO 75. PROYECTOS NO APROBADOS. Los proyectos
que no recibieren aprobación en primer debate durante
cualquiera de los períodos de sesiones ordinarias y
extraordinarias serán archivados y para que el Concejo se
pronuncie sobre ellos deberán presentarse nuevamente.
ARTÍCULO 76. SANCIÓN. Aprobado en segundo debate un proyecto
de acuerdo, pasará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
al alcalde para su sanción.
ARTÍCULO 77. DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTUDIO
DE PROYECTOS DE ACUERDO. Para expresar sus opiniones, toda
persona natural o jurídica, podrá presentar observaciones sobre
cualquier proyecto de acuerdo cuyo estudio y examen se esté
adelantando en alguna de las comisiones permanentes. La mesa
directiva del Concejo dispondrá los días, horarios y duración de las
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intervenciones, así como el procedimiento que asegure el debido y
oportuno ejercicio de este derecho. Para su intervención el
interesado deberá inscribirse previamente en el respectivo libro de
registro que se abrirá para tal efecto.
Con excepción de las personas con limitaciones físicas o sensoriales,
las observaciones u opiniones presentadas deberán formularse
siempre por escrito y serán publicadas oportunamente en la Gaceta
del Concejo.
ARTÍCULO 78. OBJECIONES. El alcalde puede objetar los proyectos
de acuerdo aprobados por el Concejo por motivos de inconveniencia
o por ser contrarios a la Constitución, la ley y las ordenanzas.
El Alcalde dispone de cinco días para devolver con objeciones un
proyecto de no más de veinte artículos, de diez días cuando el
proyecto sea de veintiuno a cincuenta artículos y hasta de veinte
días cuando el proyecto exceda cincuenta artículos.
Si el Concejo no estuviere reunido, el alcalde está en la obligación
de convocarlo en la semana siguiente a la fecha de las objeciones.
Este período de sesiones no podrá ser superior a cinco días.
ARTÍCULO 79. OBJECIONES POR INCONVENIENCIA. Si la plenaria
del Concejo rechazare las objeciones por inconveniencia, el Alcalde
deberá sancionar el proyecto en un término no mayor de ocho (8)
días. Si no lo sanciona, el Presidente de la Corporación procederá
a sancionarlo y publicarlo.
ARTÍCULO 80. OBJECIONES DE DERECHO. Si las objeciones
jurídicas no fueren acogidas, el alcalde enviará dentro de los diez
días siguientes, el proyecto acompañado de una exposición de
motivos de las objeciones al Tribunal Administrativo que tenga
jurisdicción en el municipio. Si el Tribunal las considera fundadas,
el proyecto se archivará. Si decidiere que son infundadas, el alcalde
sancionará el proyecto dentro de los tres días siguientes al recibo
de la comunicación respectiva. Si el tribunal considera parcialmente
viciado el proyecto, así lo indicará al Concejo para que se
reconsidere.
Cumplido este trámite, el proyecto se remitirá de nuevo al Tribunal
para fallo definitivo.
ARTÍCULO 81. PUBLICACIÓN. Sancionado un acuerdo, este será
publicado en el respectivo diario, o gaceta, o emisora local o
regional. La publicación deberá realizarse dentro de los diez días
siguientes a su sanción.
ARTÍCULO 82. REVISIÓN POR PARTE DEL GOBERNADOR. Dentro de
los cinco (5) días siguientes a la sanción, el alcalde enviará copia
del acuerdo al gobernador del departamento para que cumpla con
la atribución del numeral diez (10) del artículo 305 de la
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Constitución. La revisión no suspende los efectos de los acuerdos.
ARTÍCULO 83. OTRAS DECISIONES DEL CONCEJO. Las decisiones
del Concejo que no requieran acuerdo se adoptarán mediante
resoluciones y proposiciones que suscribirán la mesa directiva y el
secretario de la corporación […]” (Negrilla fuera de texto).
Conforme con las normas en cita, es imperativo para la expedición
de un acuerdo municipal que el respectivo proyecto sea aprobado en
dos debates: el primero de estos, ante la Comisión; y el segundo,
ante la plenaria de la Corporación.
Ahora bien, el proyecto que sea negado en el primer debate puede
ser nuevamente considerado por el Concejo respectivo, previa
solicitud de su autor, de cualquier otro concejal, del gobierno
municipal o del vocero de los proponentes en el caso de la iniciativa
popular.
No obstante, tal situación no implica que, negado el proyecto en
primer debate, baste con que la plenaria de la corporación lo apruebe
para que se convierta en acuerdo, dado que esto equivaldría a dejar
sin efecto alguno el hecho de que el legislador haya previsto la
obligatoriedad de la aprobación en los dos debates aludidos, situación
sobre la cual se profundizará enseguida.
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Caso concreto
En el presente asunto, conforme con los elementos de juicio obrantes
en el plenario, de forma relevante, en relación con el problema
jurídico planteado, se observa lo siguiente:
• Mediante Decreto núm. 0116 de 1o. de febrero de 20105, el
alcalde del MUNICIPIO DE MONTERÍA convocó al Concejo
Municipal a sesiones extraordinarias entre el 2 y 8 de febrero
de esa anualidad, con la finalidad de debatir y decidir los
proyectos de acuerdo que dieron lugar a los actos
administrativos cuestionados.
• El 3 febrero de 20106, el alcalde del MUNICIPIO DE
MONTERÍA radicó ante el concejo municipal los 4 proyectos
de acuerdo origen de la controversia.
• En sesión del 5 de febrero de 20107, la Comisión Tercera de
Presupuesto, Tributos, Institutos Descentralizados, Empresas
de Economía Mixta y Fondos del Municipio del Concejo dio
5
Cfr. Folios 129 y 130.
6
Cfr. Folios 52, 275, 289, 335.
7
Cfr. Folios 131 a 137. Acta núm. 006 de 5 febrero 2010.
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primer debate a los 4 proyectos de acuerdo aludidos, a partir
de una ponencia negativa.
Cada uno de los artículos de los 4 proyectos fueron negados
por la comisión aludida, por votaciones de 4 en contra y tres a
favor.
En relación con cada uno de los proyectos, de forma conjunta
los tres concejales que votaron a favor de la aprobación de
estos presentaron un “informe de minorías”, en el que
sustentaban la conveniencia de los mismos, con la finalidad de
que fueran remitidos por parte de la secretaría de la Comisión
a la mesa directiva de la Corporación para consideración de la
plenaria “[…] y se sigan los lineamientos presentados en el
artículo 75, parágrafo, inciso 1 y 2 del reglamento interno del
concejo […]”.
• El día 8 de febrero de 20108, entre las 3:00 am. y 5:00 am.,
en el recinto del concejo municipal, 12 de los 19 miembros de
éste se reunieron con la finalidad de dar clausura a las sesiones
extraordinarias convocadas por el alcalde del ente territorial.
8
Cfr. Folios 138 a 151. Acta núm. 015 de 8 de febrero de 2010
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Actor: Rafael Enrique Bustos Lujan
No obstante, por petición de uno de los concejales fue
aprobada una adición al orden del día, para poner en discusión
el segundo debate de los 4 proyectos de acuerdo objeto de
controversia.
Para tal efecto, fueron leídos el “informe de minorías” y la
ponencia negativa de los proyectos y se sometió a votación
nominal las posiciones plasmadas en ambos documentos.
Los 12 concejales presentes aprobaron de forma unánime el
“informe de minorías” y, en consecuencia, procedieron a la
votación de los artículos de cada uno de los 4 proyectos de
acuerdo con iguales resultados.
Precisado lo anterior, es del caso resaltar que no está en discusión el
hecho de que los acuerdos cuestionados solo fueron aprobados en el
segundo debate que tuvo lugar en la plenaria del Concejo, aun
cuando habían sido negados en el primer debate que se surtió en la
Comisión respectiva. Por el contrario, al contestar la demanda el
municipio de Montería acepta, expresamente, el hecho de que los
proyectos de acuerdo fueron negados en primer debate.
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El reproche del ente territorial radica en el hecho de que la
irregularidad aludida, a su juicio, no tiene la virtud suficiente para
conllevar la nulidad de los actos administrativos cuestionados en
razón a que, en todo caso, fueron aprobados por la mayoría del
Concejo Municipal.
Además, el demandado sustenta la validez de los actos
administrativos cuestionados, en el principio de conservación del
derecho y en el hecho de que el actor no haya probado el trámite
que debía seguirse, para la reconsideración de proyectos de acuerdo
negados en primer debate.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que, conforme con el artículo
73 de la Ley 136 de 1994, la expedición de los acuerdos municipales
está supeditada de forma imperativa a que los proyectos respectivos
sean aprobados en dos debates.
Lo anterior implica que si un acuerdo municipal ha sido sancionado
por su sola aprobación en el segundo debate, aunque haya sido por
la plenaria del concejo, dicha actuación está inmersa en la causal de
expedición irregular, al desatender un precepto procesal imperativo
establecido por el legislador para tal efecto, pues, en todo caso,
aceptar lo contrario conllevaría pretermitir una etapa en la formación
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de dichos actos administrativos e inaplicar, sin justificación alguna,
una disposición legal de cumplimiento obligatorio.
En efecto, el vicio por expedición irregular acaece cuando la
administración no se ajusta a los procedimientos establecidos para
manifestar su voluntad, situación a la que también están sujetos los
concejos municipales, aun cuando de forma consensual, apelando a
la regla de las mayorías, pretendan desconocer el alcance de las
normas de orden nacional que regulan el ejercicio de sus potestades.
Sobre este aspecto, al tratar un asunto relativo al trámite de
expedición de acuerdos municipales, esta Sala señaló9:
“[…] Ahora bien, en cuanto al segundo argumento de
impugnación consistente en que el vicio de procedimiento no
tiene la virtualidad suficiente para declarar la nulidad del
acuerdo demandado, la Sala recuerda que de conformidad con
el artículo 84 del CCA, la nulidad [p]rocederá no sólo cuando los
actos administrativos infrinjan las normas en que deberían
fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por
funcionarios u organismos incompetentes, o en forma
irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y
defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las
atribuciones propias del funcionario o corporación que los
profirió” (negrilla fuera del texto).
Al respecto, se ha sostenido que la expedición irregular como
causal de nulidad se configura cuando se desconocen las normas
que regulan los requisitos de formación del acto administrativo,
lo cual comprende las etapas previas a su expedición, esto es,
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 23 de
agosto de 2017, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 73001-23-31-000-
2010-00358-01.
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los requerimientos relativos a la forma en que deben
materializarse.
En cuanto al procedimiento para su expedición, esta Corporación
ha indicado que “una vez establecido por el ordenamiento
jurídico él debe ser estrictamente observado, ya que si bien las
autoridades administrativas han sido dotadas de ciertas
competencias para producir decisiones obligatorias en los
distintos ámbitos de sus actuaciones, dichas decisiones, que son
la finalidad a la que apunta su actuación, deben producirse
mediante un camino predeterminado por la ley”10
Asimismo, ha señalado que las formalidades son exigibles para
brindar seguridad tanto al administrado como a la
administración. Al administrado por cuanto se le garantiza que
la autoridad está actuando en ejercicio de sus funciones y está
cumpliendo el trámite dispuesto de manera objetiva para esa
actuación, impidiendo arbitrariedades que puedan generarse con
dicha actuación; y a la administración por cuanto le permite
actuar de manera eficaz, eficiente y con mayor certeza en la
forma en que debe ser adelantada la actuación […]”.
Ahora, en relación con el principio de conservación del derecho, al
cual hace alusión el ente territorial, la Sala destaca que este concepto
ha sido aplicado por la Corte Constitucional para declarar la
exequibilidad condicionada de leyes a través de sentencias
moduladas, con el fin de preservar al máximo la labor del legislador,
cuando la norma estudiada permite una interpretación acorde con la
Constitución Política.
En lo que concierne al referido principio, en sentencia C-038/06, con
ponencia del magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, la Corte
10
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 13 de mayo
de 2009. Radicado: 11001-03-26-000-2004-00020-00(27832). M. P.: Ramiro Saavedra Becerra. Actor:
Consuelo Acuña Traslaviña.
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Constitucional explicó:
“[…] De otra parte, la utilización de sentencias interpretativas o
condicionadas por parte de la Corte se fundamenta en dos
importantes principios, los cuales son, el principio de la
conservación del derecho y el principio de la interpretación de la
ley conforme a la Constitución.
El principio de la conservación del derecho constituye una
obligación para los Tribunales Constitucionales de mantener al
máximo las disposiciones normativas o leyes emanadas del
Legislador, en virtud del principio democrático. Así, en virtud de
este principio, la Corte decide adoptar una decisión que permita
preservar, antes que anular, la labor del Congreso, es decir,
mantener la voluntad del Congreso y, por ende, garantizar el
principio democrático.
En la sentencia C-100 de 1996, la Corte manifestó lo siguiente:
“uno de los criterios que debe orientar sus decisiones el llamado
‘Principio de la conservación del derecho’, según el cual los
tribunales constitucionales deben siempre buscar conservar al
máximo las disposiciones emanadas del legislador, en virtud del
respeto al principio democrático” .
En igual sentido, en virtud del principio hermenéutico de
conservación del derecho, la Corte ha precisado que “no puede
excluir una norma legal del ordenamiento jurídico, por vía de la
declaración de inexequibilidad, cuando existe, por lo menos, una
interpretación de la misma que se aviene con el texto
constitucional. De ser así, el juez de la carta se encuentra
en la obligación de declarar la exequibilidad de la norma
legal condicionada a que ésta sea entendida de acuerdo
con la interpretación que se concilie con el estatuto
superior.
Con esto, se persigue, esencialmente, salvaguardar, al menos,
algunos de los posibles efectos jurídicos de la disposición
demandada, de manera que se conserve, al máximo la voluntad
del legislador […]”.
Al respecto, la Sala señala que el referido principio no es aplicable en
el presente asunto en estricto sentido, porque los vicios que afectan
la nulidad de los actos administrativos no subyacen de un problema
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que pueda sanearse con aclarar la interpretación del contenido
normativo de los mismos, sino del desconocimiento de las normas
procesales de carácter imperativo dispuestas por el legislador para
su formación.
Ahora bien, la Sala destaca que el defecto procedimental en el que
incurrió el Concejo al expedir los actos cuestionados no consistió en
una simple irregularidad intrascendente, sino que en realidad
deviene de un vicio que conlleva la nulidad de la actuación, en razón
a que de ninguna forma es admisible la expedición de un acuerdo
municipal cuando el proyecto respectivo no ha sido aprobado en dos
debates, aun cuando sea la plenaria de la Corporación la que valide
un trámite diferente.
En efecto, si bien el inciso 4° del artículo 73 de la Ley 136 de 1994
prevé que “[…] el proyecto de acuerdo que hubiere sido negado en
primer debate podrá ser nuevamente considerado por el Concejo
[…]”, la Sala reitera que esta posibilidad no implica que para la
expedición del acuerdo baste con que la plenaria de la Corporación
lo apruebe de forma mayoritaria.
Frente a ello, a manera de ilustración, la Sala advierte que, en
similares términos a los expuestos en la referida norma, en lo relativo
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a la expedición de leyes ordinarias, el artículo 159 de la Constitución
Política prevé la posibilidad de que un proyecto que ha sido negado
en primer debate en Comisión sea considerado por la plenaria de la
respectiva Cámara a petición de su autor, de un miembro de esta,
del gobierno o del vocero de los proponentes, así:
“[…] ARTICULO 159. El proyecto de ley que hubiere sido negado
en primer debate podrá ser considerado por la respectiva
cámara a solicitud de su autor, de un miembro de ella, del
Gobierno o del vocero de los proponentes en los casos de
iniciativa popular […]”.
Respecto de la interpretación del precepto en cita, al estudiar la
constitucionalidad de la ley que lo desarrolla11, en sentencia C-385
de 1997, la Corte Constitucional12 señaló que el hecho de que llegue
a prosperar la solicitud de reconsideración de un proyecto negado en
Comisión en primer debate no puede entenderse que la plenaria de
la Cámara respectiva pueda entrar a estudiar de forma
automática el fondo del proyecto, pues implicaría la omisión de una
instancia y, por ende, el desconocimiento del numeral 2 del artículo
11
Se trata del artículo 166 de la Ley 5 de 17 de junio de 1992, “Por la cual se expide el Reglamento
del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes.”, declarado exequible, el cual prevé lo
siguiente:
“[…] ARTÍCULO 166. APELACIÓN DE UN PROYECTO NEGADO. Negado un proyecto en su totalidad o
archivado indefinidamente, cualquier miembro de la Comisión o el autor del mismo, el Gobierno o el
vocero de los proponentes en los casos de iniciativa popular, podrán apelar de la decisión ante la
Plenaria de la respectiva Cámara.
La Plenaria, previo informe de una Comisión Accidental, decidirá si acoge o rechaza la
apelación. En el primer evento la Presidencia remitirá el proyecto a otra Comisión
Constitucional para que surta el trámite en primer debate, y en el último se procederá a su
archivo […]” (Destacado fuera de texto)
12
MP Carlos Gaviria Diaz.
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157 de la Constitución Política13 que establece como requisito para la
expedición de una ley, que el proyecto respectivo haya sido aprobado
en “primer debate en la correspondiente comisión permanente de
cada Cámara”.
En la citada sentencia la Corte Constitucional sostuvo:
“[…] De acuerdo con la norma impugnada, cuando un
proyecto de ley es negado en su totalidad o archivado
indefinidamente por la Comisión, cualquier miembro de
ella, el autor del mismo, el Gobierno o el vocero de los
proponentes en los casos de iniciativa popular, podrán
apelar tal decisión ante la Plenaria de la Cámara
respectiva. La Plenaria previo informe de una comisión
accidental, decide si acoge o rechaza la apelación. Si la
acepta, la Presidencia debe remitir el proyecto a otra
Comisión Constitucional para que se surta el trámite del
primer debate y, si la rechaza, procederá a ordenar el
archivo.
Pues bien: vale la pena recordar que tanto el Senado como la
Cámara de Representantes cuentan con comisiones
permanentes, integradas por el número de miembros que señale
el Reglamento del Congreso, que cumplen una importante labor
en el proceso de formación de la ley ya que a ellas corresponde
conocer y aprobar en primer debate las proposiciones
legislativas que se les hayan repartido, de acuerdo con las
normas de competencia.
Para facilitar el estudio de los proyectos de ley, las comisiones
proceden a designar a uno de sus miembros como ponente,
quien es el encargado de presentar el informe o ponencia que se
someterá luego a la discusión y aprobación de las mismas. En
tal informe el Congresista sustanciador puede hacer todas las
proposiciones o sugerencias que considere convenientes en
13
“[…] ARTICULO 157. Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes:
[…]
2. Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada
Cámara. El reglamento del Congreso determinará los casos en los cuales el primer debate se surtirá
en sesión conjunta de las comisiones permanentes de ambas Cámaras [...]”
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relación con el proyecto que le ha sido repartido, inclusive
proponer que éste sea archivado o negado, en cuyo caso la
Comisión decidirá si acoge o rechaza tal medida. Determinación
que, conforme con la norma que es objeto de impugnación,
puede ser apelada ante el Pleno de la Cámara correspondiente,
por las personas que allí se enuncian.
El artículo 166 de la ley 5 de 1992, materia de debate, encuentra
sustento en el artículo 159 de la Carta que prescribe: “El
proyecto de ley que hubiere sido negado en primer debate podrá
ser considerado por la respectiva Cámara a solicitud de su autor,
de un miembro de ella, del Gobierno o del vocero de los
proponentes en los casos de iniciativa popular.”
Adviértase cómo la Constitución alude única y exclusivamente a
los proyectos de ley, lo que significa que son sólo éstos los actos
sujetos al régimen excepcional contemplado en dicho canon. En
consecuencia, mal podría aplicarse a los Actos Legislativos pues,
el Constituyente los excluyó de este procedimiento. Igualmente,
cabe destacar que la potestad que se les confiere a las Cámaras
Legislativas es facultativa, ya que se establece que el proyecto
de ley negado en primer debate, "podrá" ser considerado por la
Corporación respectiva.
"Considerar" según el Diccionario de la Real Academia de la
Lengua Española, significa en su primera acepción: "Pensar,
meditar, reflexionar una cosa con atención y cuidado." Y en la
tercera: "juzgar, estimar". Entonces, cuando el Constituyente
estipuló que el proyecto de ley negado en primer debate podía
ser "considerado" por la respectiva Cámara, quiso con ello
expresar que la decisión de la Comisión de rechazar el proyecto
puede ser objeto de nuevo estudio o examen por parte de las
Plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes, según
el caso, las que después de evaluar y sopesar en forma
razonada todos los motivos que se adujeron para adoptar esa
medida, decidirán si la confirman o revocan. Sin embargo, como
en el Estatuto Supremo no se señaló el instrumento o
mecanismo por medio del cual el interesado podía hacer uso de
esta prerrogativa, el legislador estatuyó en la norma acusada el
recurso de apelación con esa finalidad, lo cual no vulnera la
Constitución.
No comparte la Corte el criterio de quienes sostienen que
si prospera la apelación, el proyecto de ley deberá ser
estudiado de fondo por la Plenaria de la Cámara
respectiva, pues haciendo un análisis sistemático y
armónico de las disposiciones constitucionales que
regulan el trámite de las leyes se llega a la conclusión de
que “ningún proyecto” puede ser ley de la República si no
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ha cumplido con los requisitos constitucionales
establecidos en el artículo 157, en cuyo numeral 2o.
prescribe : “Haber sido aprobado en primer debate en la
correspondiente comisión permanente de cada
Cámara...." (subraya la Corte). Entonces, si las Plenarias
procedieran a tramitar el proyecto de ley que ha sido
negado por la Comisión en primer debate, estarían
omitiendo una instancia y, por ende, violando el canon
constitucional precitado. Es por ello por lo que la misma
norma impugnada, autoriza que el proyecto de ley pase a
otra Comisión Constitucional para que se surta el primer
debate, en los casos en que la apelación haya sido
resuelta en forma favorable.
El artículo 166, objeto de acusación, guarda también armonía
con lo dispuesto en el artículo 154 del Estatuto Superior, que les
concede iniciativa legislativa a los miembros del Congreso, al
Gobierno Nacional, a las entidades señaladas en el artículo 156
(Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura, Corte
Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Nacional
Electoral, Procurador General de la Nación, Contralor General de
la República, pero únicamente en materias relacionadas con sus
funciones), y a los ciudadanos (iniciativa popular) ; y con el
artículo 155 ibidem, que permite presentar proyectos de ley a
"un número de ciudadanos igual o superior al cinco por ciento
del censo electoral existente en la fecha respectiva o el treinta
por ciento de los concejales o diputados del país... Los
ciudadanos proponentes tienen derecho a designar un vocero
que será oído por las Cámaras en todas las etapas del trámite.
[…]". (Destacado fuera de texto).
Con base en el contenido del artículo 73 de la Ley 1994 y el alcance
que ha hecho la jurisprudencia en cita, es claro que los proyectos de
acuerdo cuestionados al haber sido negados en el primer debate no
podían ser aprobados de forma automática por la plenaria de la
Corporación, pues si bien el inciso 4° de la referida norma prevé la
posibilidad de que el Concejo volviera a considerarlos, en todo caso,
su expedición estaba condicionada a la aprobación en las dos
instancias aludidas.
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Lo anterior significa que si bien la plenaria del concejo tenía la
posibilidad de volver a considerar los proyectos de acuerdo negados,
una vez aceptara la reconsideración, debía retomarse la etapa de
discusión y votación desde el primer debate, en todo caso, con la
finalidad de que la expedición de los acuerdos cumpliera con la
aprobación en dos debates, como lo dispone la referida norma.
Ahora bien, el ente territorial adujo que la presunción de legalidad de
los actos administrativos cuestionados debe mantenerse, porque el
actor no probó el trámite que el Concejo debía seguir para que fueran
reconsiderados los proyectos de acuerdo negados en primer debate.
Sobre este aspecto, la Sala advierte que el argumento referido no
tiene vocación de prosperar debió a que, por una parte, sí está
probada la transgresión del artículo 73 de la Ley 136 de 1994
invocado en la demanda; y, por la otra, en razón a que si existiera
una norma de inferior jerarquía que avale el trámite censurado, dicha
disposición sería inaplicable por contradecir el ordenamiento
superior.
En efecto, la Sala resalta que los “informes de minorías” que
sustentaron la solicitud de reconsideración de los proyectos ante la
plenaria del Concejo invocaban como fundamento el reglamento
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interno de dicha corporación, norma que si bien no fue allegada al
plenario, pese a que el ente territorial podía haberla aportado,
resultaba innecesaria porque su contenido tampoco habría servido
de fundamento para justificar de forma válida la transgresión del
artículo 73 de la Ley 136 de 1994.
En ese orden de ideas, en la medida en que con la expedición de los
actos administrativos cuestionados el CONCEJO MUNICIPAL DE
MONTERÍA desconoció el artículo 73 de la Ley 136 de 1994, es
procedente la declaratoria de nulidad de estos, dado que dichas
corporaciones están supeditadas a cumplir el procedimiento fijado
por el legislador para la aprobación de los proyectos de acuerdo.
En consecuencia, la Sala estima que la entidad demandada no logró
demostrar la prosperidad de sus argumentos planteados en el
recurso de apelación, por lo que la sentencia recurrida será
confirmada, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
esta providencia.
Por último, según lo dispuesto en el artículo 171 del CCA14, no hay
lugar a condenar en costas, por cuanto la naturaleza de la acción que
14
Subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el
siguiente: “[…] ARTICULO 171. CONDENA EN COSTAS. En todos los procesos,
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se estudió, –pública-, exime de su fijación. En este orden, no hay
lugar a analizar la conducta de la parte vencida para determinar su
causación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada.
SEGUNDO: NO SE CONDENA en costas, por lo expuesto en la parte
motiva de esta sentencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y
CON EXCEPCIÓN DE LAS ACCIONES PÚBLICAS, el Juez, teniendo en cuenta la
conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en el
proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil.
[…]”
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aprobada por la Sala en la sesión del día 20 de febrero de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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