Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-33-000-2010-00401-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-33-000-2010-00401-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 23001-23-33-000-2010-00401-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
6 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., seis (6) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 23001-23-33-000-2010-00401-01 (66.503)
Actor: SIMÓN JOSÉ YANCES PEÑATE Y OTROS
Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – FALLA EN EL
SERVICIO por el decreto de medidas cautelares en un proceso de extinción de dominio
que posteriormente son levantadas – no se demostró que dicha decisión hubiera sido
injustificada.
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Nación –
Fiscalía General de la Nación contra la sentencia del 30 de septiembre de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La parte actora demanda la declaratoria de responsabilidad por el decreto de las
medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo
practicadas en el marco de un proceso de extinción de dominio sobre un bien
inmueble de propiedad del señor Simón José Yance Peñate.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 1º de octubre de 2010 (fls. 1 - 24, c. 1), los señores Simón José Yances Peñate
(afectado directo), actuando en nombre propio y en representación de su hija Paula
Radicación número: 23001-23-33-000-2010-00401-01 (66.503)
Actor: Simón José Yances Peñate y Otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
Andrea Yances Guerra, Luzmila del Carmen Martínez Saenz (esposa), Lilie Paola
y Hernán Emito Yances Martínez (hijos) presentaron demanda de reparación
directa contra la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia, Fiscalía General de la
Nación, Rama Judicial, Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, la Dirección
Nacional de Estupefacientes (DNE) y el Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS), con el fin de que se les declare patrimonialmente responsables de los
perjuicios ocasionados con el embargo, secuestro y suspensión del poder
dispositivo de un bien inmueble de propiedad del señor Simón José Yances Peñate
en el proceso de extinción de dominio con número de radicación 1637 ED.
Por lo anterior, solicitaron la indemnización de perjuicios materiales, morales y a la
vida de relación. En concreto, pidieron por cada concepto, el valor equivalente a
388 S.M.L.M.V. para el afectado directo, 291 S.M.L.M.V. para su cónyuge y 194
S.M.L.M.V. para cada uno de sus hijos.
Como fundamento fáctico de las pretensiones, en resumen, manifestaron que, el
25 de marzo de 2003, la Fiscalía 25 Especializada Delegada ante la Unidad
Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos,
ordenó el inicio oficioso del trámite de extinción de dominio y decretó medidas
cautelares sobre los bienes inmuebles del señor Augusto Rafael Fuentes Martínez
y su núcleo familiar, entre los que se encontraba el inmueble identificado con
matrícula inmobiliaria No. 148-0010804, que había sido adquirido por el señor
Simón José Yances Peñate, el 26 de febrero anterior.
En el transcurso de las diligencias, el inmueble fue entregado a la Dirección
Nacional de Estupefacientes para su administración y custodia; al tiempo que el
señor Yances Peñate presentó oposición dentro del proceso de extinción de
dominio, a efectos de demostrar que el bien había sido adquirido por medios lícitos.
Con la Resolución de 21 de octubre de 2005, la Fiscalía 25 Especializada declaró
la improcedencia de la acción de extinción de dominio frente a diferentes inmuebles,
entre ellos el de propiedad del hoy demandante, decisión que fue confirmada el 25
de julio de 2008, en sede del grado jurisdiccional de consulta.
La parte actora concretó el reproche a la pasiva en haber “creado un montaje”
mediante pruebas obtenidas ilícitamente para fundamentar el inicio de la acción
extintiva, de ahí que “las decisiones judiciales adolecieran de una inadecuada
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Actor: Simón José Yances Peñate y Otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
valoración de la prueba”. Así mismo, los demandantes sostuvieron que las medidas
cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo del citado
inmueble fueron decretadas con base en certificados de tradición y libertad
desactualizados.
2. El trámite de primera instancia
2.1. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante
auto del 13 de enero de 2011 (fls. 168 - 169, c. 1), el cual fue notificado en debida
forma a las demandadas (fls. 173 – 178, c. 1), quienes presentaron los siguientes
planteamientos de defensa:
2.1.1. El Ministerio del Interior y de Justicia se opuso a las pretensiones, por
considerar que no participó en los hechos objeto de demanda. En consecuencia,
propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva (fls. 181 – 186
y 230 – 234, c. 1).
2.1.2. El Ministerio de Defensa -Ejército Nacional- indicó que carece de legitimación
en la causa por pasiva, por cuanto, si bien cumple con la función de informar sobre
los hechos configurativos de un posible delito, lo cierto es que corresponde a la
Fiscalía General de la Nación adelantar la respectiva investigación (fls. 187 – 195,
c. 1).
2.1.3. La Fiscalía General de la Nación manifestó que no incurrió en error
jurisdiccional ni causó un daño antijurídico susceptible de indemnización, debido a
que inició la investigación con base en las pruebas allegadas hasta ese momento
procesal, las cuales indicaban la viabilidad de la acción extintiva. Asimismo, señaló
que garantizó el derecho de defensa y debido proceso del demandante, quien se
opuso al proceso de extinción de dominio mediante la demostración de la
adquisición lícita del bien, y que, agotadas las diligencias, declaró la improcedencia
de la acción extintiva. En último término, propuso la excepción de culpa exclusiva
de la víctima, por considerar que el aquí demandante “no estuvo pendiente de que
los folios de matrícula inmobiliaria correspondientes al bien estuvieran actualizados”
(fls. 206 – 212, c. 1).
2.1.4. El DAS consideró que en el plenario no obraban pruebas que lo vincularan
con los hechos de la demanda, toda vez que los informes de inteligencia y el reporte
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Referencia: Acción de Reparación Directa
de prensa obrantes en el plenario carecían de valor probatorio. En consecuencia,
formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva (fls. 217 – 224,
c. 1).
2.1.5. La DNE sostuvo que no era responsable del daño deprecado en la demanda,
debido a que carece de funciones jurisdiccionales para adelantar el proceso de
extinción de dominio. Por ello, propuso las excepciones de falta de legitimación en
la causa por pasiva e inexistencia de nexo causal (fls. 241 – 258, c. 1).
2.1.6. La Rama Judicial formuló las excepciones de “falta de identidad entre la
Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial” y “falta de relación causal entre
los hechos de la demanda y el demandado”, debido a que nunca aprehendió el
conocimiento de proceso de extinción de dominio ni hizo parte del mismo (fls. 331
– 337, c. 1).
2.2. Surtido el período probatorio, el 7 de marzo de 2013, el a quo corrió traslado a
las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera
concepto (fl. 509, c. 1).
En esa oportunidad procesal, el Ministerio del Interior y de Justicia reiteró los
argumentos esgrimidos en su contestación (fls. 511 – 513, c. 1); mientras que los
demás sujetos procesales guardaron silencio.
En proveído del 3 de marzo de 2017, el Tribunal a quo resolvió tener como sucesora
procesal de la DNE a la Sociedad de Activos Especiales (SAE); a la vez que
reconoció al Patrimonio Autónomo PAP Fiduprevisora S.A. y a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado como sucesores procesales del DAS (fl. 594, c. 1).
El expediente fue remitido al Tribunal Administrativo de Arauca el 7 de febrero de
2019, en cumplimiento del Acuerdo PCSJA18-11134 del 31 de octubre de 2018 (fls.
1 – 2, c. 2).
3. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Arauca, mediante providencia del 30 de septiembre
de 2019 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, así:
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PRIMERO. DECLARAR que la Nación - Fiscalía General de la Nación es
administrativa y extracontractualmente responsable por los perjuicios causados
a Simón José Yances Peñate, conforme con lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO. CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a pagarle
a título de indemnización en favor de Simón José Yances Peñate, la suma de
$14.613.073 por daño material - Lucro cesante, y 10 SMMLV por perjuicios
morales.
TERCERO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO. DECLARAR que no hay condena en costas.
QUINTO. ORDENAR que previas las anotaciones de rigor, por Secretaría del
Tribunal Administrativo de Arauca: (i) Se remita copia de esta providencia por
correo -Electrónico si aparece registrado o postal- a las partes y al Ministerio
Público con carácter de mera información. (ii) Se devuelva el expediente al
Tribunal Administrativo de Córdoba, para que prosigan los trámites que
correspondan, incluido el de notificación de la sentencia.
SEXTO. DAR cumplimiento a lo dispuesto en esta sentencia, de conformidad
con lo establecido en los artículos 176 y 177 del CCA, para lo cual se expedirán
por el Tribunal Administrativo de Córdoba las copias, comunicaciones,
certificaciones y demás documentos correspondientes, conforme con las
exigencias del artículo 114 del CGP.
SÉPTIMO. ORDENAR que por Secretaría del Tribunal Administrativo de
Córdoba, se liquiden los gastos del proceso y si lo hubiere, devolver a la parte
demandante el saldo respectivo.
OCTAVO. ORDENAR que en firme en el Tribunal Administrativo de Córdoba
esta decisión, se archive el expediente, previos sus registros.
Como sustento de la condena, consideró que estaba acreditada la existencia de un
daño antijurídico imputable a la Fiscalía General de la Nación, bajo el título de
atribución de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, debido a
que, con base en certificados de tradición y libertad desactualizados, la Fiscalía 25
Especializada Delegada ante la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de
Dominio y contra el Lavado de Activos, mediante la Resolución del 25 de marzo de
2003, decretó el embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo del bien
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 148-0010804, a pesar de que
ya no pertenecía al encartado en el proceso penal, sino al aquí demandante, señor
Simón José Yances Peñate.
En línea con lo anterior, señaló que las demás entidades demandadas carecían de
legitimación material en la causa por pasiva y condenó a la Fiscalía General de la
Nación al pago de los perjuicios materiales e inmateriales que encontró probados,
los cuales se derivaban de la privación temporal del derecho de propiedad del
demandante respecto de su bien (fls. 3 – 11, c. ppal.).
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4. Recurso de apelación
Inconforme con la decisión anterior, la Fiscalía General de la Nación interpuso
recurso de apelación, por considerar que no causó un daño antijurídico al señor
Simón José Yances Peñate, toda vez que contaba con elementos de prueba
suficientes para iniciar el proceso de extinción de dominio frente a los bienes del
señor Augusto Rafael Fuentes Martínez y decretar medidas cautelares sobre el
inmueble identificado con matrícula inmobiliaria No. 148-0010804, que días atrás
había sido vendido por aquél al hoy demandante.
Al respecto, explicó que la medida cautelar se ajustó a la normatividad vigente,
dado que el proceso de extinción de dominio es de carácter real, de ahí que se
adelante con el fin de determinar la licitud o ilicitud en la modalidad de adquisición
de bienes, independientemente de quien figure como su titular y los tenga en su
poder, sin perjuicio de la protección que debe brindarse a los terceros de buena fe,
de conformidad con el artículo 4º de la Ley 793 de 2002.
Aunado a lo anterior, indicó que si bien atendió las oposiciones presentadas por el
demandante, resultó inocuo adelantar la verificación de la buena fe del comprador,
dado que el proceso de extinción de dominio adelantado frente a los bienes de
Fuentes Martínez fue declarado improcedente, en virtud de los nuevos elementos
probatorios que permitieron desvirtuar su pertenencia al Ejército Popular de
Liberación (EPL).
Finalmente, señaló que los hechos objeto de demanda no se encuadraban en el
título de imputación de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia
(fls. 16 – 21, c. ppal.).
El anterior recurso fue concedido por el Tribunal Administrativo de Córdoba el 13
de octubre de 2020 (fl. 45, c. ppal.) y remitido al Consejo de Estado para su trámite
mediante oficio del 10 de diciembre del mismo año (fl. 46, c. ppal.).
5. Trámite en segunda instancia
5.1. En proveído del 2 de marzo de 2021, esta Corporación admitió el recurso de
apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación (fl. 49, c. ppal.) y el 20 de
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abril siguiente, corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones
finales y al Ministerio Público para que rindiera concepto (fl. 51, c. ppal.).
En esa oportunidad, la SAE (sucesora procesal de la DNE) y la Rama Judicial
manifestaron estar de acuerdo con la decisión de primera instancia que reconoció
su falta de legitimación en la causa por pasiva (fls. 55 – 60, 62, c. ppal.); a la vez
que la Fiscalía insistió en que no incurrió en una falla en el servicio, puesto que
actuó de acuerdo con la normatividad vigente que autorizaba el decreto de la
medida cautelar (fls. 64 – 68, c. ppal.).
Los demás sujetos procesales guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de este proceso en segunda instancia, en
razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 30 de septiembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de
Arauca y por tratarse de un proceso de doble instancia en razón de la cuantía,
según lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, dado
que la suma de las pretensiones excede los 500 salarios mínimos legales
mensuales vigentes a la fecha de presentación de la demanda1.
2. Oportunidad de la acción
De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo,
modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa
deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al
acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación
permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.
Puntualmente, en eventos en los cuales se debate la responsabilidad del Estado
por el decreto de medidas cautelares, se ha razonado que si el fundamento de
1
La Sala es competente por razón de la cuantía, toda vez que en los términos del artículo 3 de la
Ley 1395 de 2010, modificatorio del numeral 2 del artículo 20 del C.P.C., para la fecha de
presentación de la demanda -1º de octubre 2010- la cuantía se establecía por el valor de la suma
de todas las pretensiones acumuladas, las cuales ascendieron al valor equivalente a 3.783 SMLMV.
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responsabilidad corresponde a una medida cautelar equivocada y, por ende, a una
afectación injustificada de un bien, el término de oportunidad para el reclamo judicial
se computa desde el momento en que se ordena su levantamiento o cancelación,
pues a partir de ese instante el perjudicado tiene conocimiento pleno y cierto de lo
injusto de su decreto.
En el presente asunto, el término de caducidad debe contabilizarse a partir de la
ejecutoria de la decisión que declaró la improcedencia de la acción de extinción de
dominio sobre el bien inmueble del actor, puesto que, como consecuencia de esa
declaración se produjo la cancelación de las medidas cautelares que pesaban
sobre el mencionado bien y solo desde ese momento contaba con los elementos
probatorios necesarios para adelantar ante esta jurisdicción el juicio de
responsabilidad administrativa por los daños padecidos con el decreto de tales
medidas jurisdiccionales.
Así, como la Resolución de 21 de octubre de 2005, mediante la cual se declaró la
improcedencia de la acción de extinción del derecho de dominio y en consecuencia
se dispuso ordenar la cancelación de las medidas cautelares practicadas, fue
confirmada, en sede del grado jurisdiccional de consulta, el 25 de julio de 2008 (fls.
12 – 21, c. 12, decisión que cobró firmeza tras cumplir con el requisito de publicidad
el 11 de agosto de 2008, será a partir del día siguiente a dicha fecha que se
compute el término de caducidad (fl. 26, c. 12).
De este modo, la parte actora podía acudir ante esta jurisdicción, en principio, hasta
el 12 de agosto de 2010; no obstante, el 23 de julio de esa anualidad, presentó
solicitud de conciliación prejudicial, es decir, cuando faltaban 21 días para que
operara la caducidad, y la constancia de no conciliación fue expedida el 29 de
septiembre de 2010 (fls. 31 - 34, c. 1). Entonces, a partir del día siguiente se
reanudó el plazo restante, y como la demanda se radicó el 1º de octubre del mismo
año, se impone concluir que fue oportuna.
3. La legitimación en la causa
En punto a la legitimación en la causa por activa en los eventos en los que se
depreca la responsabilidad del Estado con fundamento en daños ocasionados por
la administración de justicia, la Sala precisa que quienes están legitimados para
acudir a reclamar el daño son aquellos que: i) gozan de la calidad de parte – víctima
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directa- en el proceso en que se reprocha una falla en la administración de justicia
o, ii) frente a quienes la actuación u omisión de la administración de justicia proyecta
sus efectos -víctimas indirectas-, por tener una relación con el proceso judicial del
que se reprocha la actuación estatal2.
Con este derrotero, ha de considerarse que el señor Simón José Yances Peñate se
encuentra legitimado en la causa por activa, por cuanto fue reconocido como
tercero en el proceso de extinción de dominio en el que se afectó con medidas
cautelares el inmueble de su propiedad.
Frente a la menor Paula Andrea Yances Guerra, Lilie Paola y Hernán Emito Yances
Martínez, y la señora Luzmila del Carmen Martínez Saenz, si bien se encuentra
acreditado que hacen parte del núcleo familiar del señor Simón José Yances
Peñate, en su condición de hijos y esposa, tal como consta en los registros civiles
de nacimiento y matrimonio aportados al expediente (fls. 154 - 157, c. 1), lo cierto
es que carecen de legitimación en la causa por activa para reclamar los perjuicios
derivados de la actuación judicial, debido a que no tienen vínculo alguno con el
proceso judicial que se reprocha.
Por su parte, la Nación – Fiscalía General de la Nación se encuentra legitimada en
la causa por pasiva, teniendo en cuenta que en ejercicio de sus funciones
jurisdiccionales profirió la providencia que se acusa como contentiva de yerro y de
la cual se derivan los perjuicios reclamados en el libelo introductorio.
La Sala no se pronunciará sobre la legitimación en la causa por pasiva de las demás
entidades demandadas, dado que dicho aspecto fue decidido en la sentencia de
primera instancia y no fue objeto del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía
General de la Nación.
4. Problema jurídico
Previo a la definición del problema jurídico envuelto en el recurso de apelación,
conviene precisar que como lo que se está cuestionando es la medida cautelar de
embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo decretada sobre el inmueble
2
Ver, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 4 de noviembre de 2022,
exp. 53.873; sentencia de 17 de febrero de 2023, exp. 59.399; sentencia de 24 de abril de 2023,
exp. 56.673; sentencia de 1º de diciembre de 2023, exp. 65.453.
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de propiedad del actor, determinación que si bien quedó materializada en una
decisión judicial, perdió sus efectos en el momento en que se dispuso la
cancelación de las mencionadas medidas, no es posible analizar el presente asunto
bajo los títulos jurídicos de imputación de defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia ni error judicial.
En efecto, aun cuando el juez de primer grado adujo que era aplicable el título de
atribución de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, lo cierto
es que la actuación que se reprocha de la administración está contenida en una
decisión judicial, circunstancia que impide encajar los supuestos de hecho en tal
título jurídico3 - artículo 69, Ley 270 de 19964-; asimismo, tampoco se cumple con
uno de los presupuestos para la procedencia del título jurídico de imputación de
error judicial, el cual es que la providencia cuestionada se encuentre en firme5.
En este escenario y en aplicación del principio iura novit curia, la imputación del
daño alegado no podrá analizarse desde la perspectiva de los títulos jurídicos de
imputación enunciados, sino bajo la óptica de la falla en el servicio.
Definido lo anterior, corresponde a la Sala determinar si la Fiscalía General de la
Nación incurrió en una falla en el servicio al decretar las medidas cautelares de
embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo que afectaron el bien
inmueble del demandante, dentro del proceso de extinción de dominio con número
de radicación 1637 ED.
3
La responsabilidad del Estado por la actividad del aparato judicial se predica, entre otros, del
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el cual “se produce en las demás
actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias
judiciales. En definitiva, en el régimen establecido para la responsabilidad por el funcionamiento
anormal de la Administración de Justicia habrán de incluirse las actuaciones que, no consistiendo
en resoluciones judiciales erróneas, se efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”. Ver.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de noviembre de 2001 (exp. 13.164),
reiterado, entre otras, en sentencia de 15 de abril de 2010 (exp. 17.507).
4
“Artículo 69. Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Fuera de los casos
previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia
de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación”.
5
“Artículo 67. Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes
presupuestos:
1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo
70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud
de una providencia judicial.
2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme”.
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5. Responsabilidad estatal por el decreto de medidas cautelares en procesos
de extinción de dominio
De entrada, debe precisarse que la extinción de dominio es una institución
jurisdiccional de estirpe constitucional prevista en el artículo 34, inciso 2, de la Carta
Política6, en cuya virtud, previa observancia de las garantías procesales, se declara
mediante sentencia que quien aparece como dueño de los bienes adquiridos en
cualquiera de las hipótesis que el mismo precepto constitucional contempla -
mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro
de la moral social – no tenía en realidad la propiedad, dado el origen ilegítimo y
espurio de su adquisición. En consecuencia, los bienes objeto de la decisión judicial
correspondiente pasan al Estado sin lugar a compensación, retribución ni
indemnización alguna7.
Sobre esta base, la Ley 793 de 2002 -aplicable al sub examine- dispuso que la
acción de extinción de dominio implica la pérdida, a favor del Estado, del derecho
de propiedad sobre bienes, sin contraprestación alguna para su titular, cuando,
entre otras causales, los mismos provengan de un incremento patrimonial
injustificado, de actividades ilícitas o de las que atenten contra el régimen
constitucional o legal (artículos 1 y 2).
En cuanto a la naturaleza de la acción de extinción de dominio, el artículo 4 de la
norma en mención aclaró que esta era de estirpe jurisdiccional, de carácter real, de
contenido patrimonial y que procedía sobre cualquier derecho real, principal o
accesorio, “independientemente de quien los tenga en su poder, o los haya
adquirido, (…) sin perjuicio de los terceros de buena fe exenta de culpa”.
En relación con el trámite a surtirse en tales casos, la Ley 793 de 2002 prescribió
que era la Fiscalía General de la Nación la encargada de adelantar la fase inicial,
en la que promovía una investigación para identificar bienes concretos y
determinados sobre los que podría iniciarse la acción de extinción de dominio8 y
6
“Artículo 34. Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.
“No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos
mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro público o con grave deterioro de la moral
social”.
7
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-389 del 1 de septiembre de 1994. M.P.: Antonio
Barrera Carbonell.
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Según el artículo tercero de la norma en cita los bienes objeto de extinción de dominio son todos
aquellos susceptibles de valoración económica, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, o
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Radicación número: 23001-23-33-000-2010-00401-01 (66.503)
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Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
decretar medidas cautelares; asimismo, a cargo del órgano instructor se encontraba
una segunda fase, en la que se daba inicio a la acción con la decisión de perseguir
bienes determinados, de ahí que correspondiera decretar las medidas cautelares
que no se hubieren dispuesto en la fase inicial, y que culminaba con la decisión
sobre la procedencia o improcedencia de la extinción de dominio y la remisión de
lo actuado al juez competente; mientras que la última fase se surtía ante el juez de
conocimiento, quien emitía la sentencia declarando la extinción de dominio o
absteniéndose de hacerlo (artículos 5, 12 y 13).
En este contexto, el juicio de la responsabilidad del Estado por el decreto de las
medidas cautelares previstas en la norma en cita, a saber, el embargo, secuestro y
suspensión del poder dispositivo (artículo 12), exige del juez un análisis para
determinar si la medida se fundó en medios de prueba que razonablemente
permitían inferir la procedencia ilícita de los bienes investigados o su vínculo con
alguna de las causales frente a las cuales procede la extinción del derecho de
dominio9.
En este sentido, la Corte Constitucional ha indicado10:
Es cierto que al afectado se lo priva de la administración de sus bienes y que
ésta decisión se toma antes del fallo que declare la procedencia o
improcedencia de la acción. No obstante, esa privación, que constituye un
límite al ejercicio de derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, es
legítima dado que no obedece al capricho de un funcionario estatal sino a la
concurrencia de elementos probatorios de los que infiere, de manera razonable,
que unos bienes tienen una procedencia ilícita.
aquellos sobre los cuales pueda recaer derecho de propiedad, al igual que los frutos y rendimientos
de los mismos.
9
“Artículo 2. Se declarará extinguido el dominio mediante sentencia judicial, cuando ocurriere
cualquiera de los siguientes casos:
“1. Cuando exista incremento patrimonial injustificado, en cualquier tiempo, sin que se explique el
origen lícito del mismo.
“2. El bien o los bienes de que se trate provengan directa o indirectamente de una actividad ilícita.
“3. Los bienes de que se trate hayan sido utilizados como medio o instrumento para la comisión de
actividades ilícitas, sean destinadas a éstas, o correspondan al objeto del delito.
“4. Los bienes o recursos de que se trate provengan de la enajenación o permuta de otros que
tengan su origen, directa o indirectamente, en actividades ilícitas, o que hayan sido destinados a
actividades ilícitas o sean producto, efecto, instrumento u objeto del ilícito.
“5. Los bienes o recursos de que se trate hubieren sido afectados dentro de un proceso penal y que
el origen de tales bienes, su utilización o destinación ilícita no hayan sido objeto de investigación o
habiéndolo sido, no se hubiese tomado sobre ellos una decisión definitiva por cualquier causa.
“6. Los derechos de que se trate recaigan sobre bienes de procedencia lícita, pero que hayan sido
utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes de ilícita procedencia.
“Se exceptúan de lo dispuesto en el presente numeral, exclusivamente, los casos de títulos que se
negocian en centrales de depósito de valores, debidamente acreditadas ante la autoridad
competente, siempre y cuando los intermediarios que actúen en ellas, cumplan con las obligaciones
de informar operaciones sospechosas en materia de lavado de activos, de conformidad con las
normas vigentes.
“7. Cuando en cualquier circunstancia no se justifique el origen del bien perseguido en el proceso”.
10
Corte Constitucional. Sentencia C-740 de 28 de agosto de 2003. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
12
Radicación número: 23001-23-33-000-2010-00401-01 (66.503)
Actor: Simón José Yances Peñate y Otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
En efecto, considera la Sala que las medidas cautelares, como decisiones de
carácter precautorio que puede adoptar la autoridad judicial y que se encaminan a
asegurar que los bienes que van a ser objeto del proceso no vayan a ser ocultados,
destruidos o enajenados, no implican por sí solas una vulneración del derecho de
propiedad, siempre que, se reitera, los elementos de juicio permitan al
funcionario, de manera razonada, establecer que su procedencia se encuentra
vinculada con una de las causales de extinción.
Siendo ello así, el hecho de que se practiquen medidas cautelares en un proceso
de extinción de dominio que termina con resolución de improcedencia o sentencia
que se abstiene de declarar la extinción, no resulta suficiente para encontrar
demostrada la responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que se debe
determinar si la medida cautelar se encontraba justificada al momento de su
decreto.
No obstante, las importantes repercusiones que la aplicación de tales medidas
tienen sobre el disfrute y goce de los bienes, conduce a que el fiscal, si bien debe
contar con un soporte probatorio inicial razonable, no desconozca los derechos que
los terceros puedan alegar sobre los bienes cautelados.
Así pues, solo será objeto de reproche y reparación la falla derivada de la ausencia
de elementos probatorios que permitan imponer medidas cautelares sobre los
bienes perseguidos, evento en el cual la limitación al derecho de propiedad se torna
en arbitraria; mientras que, de encontrarse soportado, al menos inicialmente, que
la adquisición del bien no estuvo ajustada a derecho, fue contraria a la moral pública
o que su origen no se encuentra justificado, la afectación al derecho de propiedad
corresponderá a una carga que se está en el deber jurídico de soportar y que se
justifica en el ejercicio legítimo de tal acción constitucional.
6. Caso concreto
En el presente asunto, la Sala no advierte que la Fiscalía General de la Nación haya
incurrido en una falla en el servicio susceptible de activar un mecanismo
resarcitorio, dado que, si bien el trámite concluyó con la declaración de
improcedencia de la extinción de dominio, lo cierto es que al decretar las medidas
cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo del inmueble
13
Radicación número: 23001-23-33-000-2010-00401-01 (66.503)
Actor: Simón José Yances Peñate y Otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
del actor, se contaba con elementos probatorios que vinculaban su origen con un
incremento patrimonial injustificado y actividades ilícitas.
Al respecto, se pone de presente que la acción de extinción del derecho de dominio
con número de radicación 1637 E.D., se originó en información suministrada por el
DAS y las Fuerzas Militares que daba cuenta del posible testaferrato y
enriquecimiento ilícito en que podría encontrarse incurso el señor Augusto Rafael
Fuentes Martínez, alias “El Fotógrafo”, dado que si bien en la década de los 80 era
una persona que subsistía con un empleo informal y sin mayores ingresos, había
adquirido varios bienes con dinero que presuntamente provenía de las actividades
ilícitas perpetradas por Isidro Martínez Pastrana, alias “El Viejo Rafa”, cabecilla del
Ejército Popular de Liberación (EPL)11.
Con la anterior información, el 1º de octubre de 2002, la Fiscalía 17 Especializada
Delegada ante la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y
contra el Lavado de Activos decidió abrir la fase inicial del proceso de extinción de
dominio, con el fin de identificar los bienes que hubieran sido adquiridos por el señor
Augusto Rafael Fuentes Martínez y su núcleo familiar, sobre los cuales podría
recaer la acción, así como recaudar los medios de prueba que evidenciaran la
configuración de alguna de las causales para declarar el inicio del trámite extintivo,
específicamente, aquellas relativas a la existencia de un incremento patrimonial
injustificado y la procedencia directa o indirecta del bien de una actividad ilícita (fls.
8 – 9, c. 3).
En el marco de dichas diligencias, el 3 y 4 de octubre de 2001 se recibieron las
declaraciones de los señores Oswaldo Martínez Nisperuza – alias “Humberto o
Marranudo”12, Edison Manuel González Soto - alias “Isaac”13 y José Nicolás
11
Informe No 25 del 26 de septiembre de 2002 del área especializada en investigaciones financieras
del DAS, obrante de folios 1 a 3 del cuaderno 3; e informe 4-6037 CGFM-EMC-D2-CIEFS-INT-252
del 27 de septiembre del mismo año, procedente del Comando General D2 EMC de las Fuerzas
Militares de Colombia, obrante a folios 4 y 5 del cuaderno 3.
12
Manifestó: “Mire, yo a ese señor lo distinguí como "EL FOTÓGRAFO", cosa que dialogaba
bastante con el VIEJO RAFA. Él era un fotógrafo, ese era el trabajo que tenía. Ese señor sí charlaba
bastante con el VIEJO RAFA. EL VIEJO RAFA sí le daba dinero a él para que le trabajara. Duró
bastante tiempo andando con EL VIEJO RAFA, lo que era en el ANCLAJE (y) LAS MARGARITAS
(...) Entonces, EL VIEJO RAFA le daba dinero y que pa (sic) que comprara casas, para comprar
viviendas. Y por ahí, para que hiciera negocios dando plata al interés. (...) EL VIEJO RAFA era el
que cogía a todos los ganaderos de por ahí y los secuestraba. Ese viejo era pesado, un duro de la
organización. Era el jefe de finanzas del EPL. (…) PREGUNTA. Cómo sabe Usted que AUGUSTO
FUENTES MARTÍNEZ es el mismo "FOTÓGRAFO" que mencionó en esta diligencia. RESPUESTA.
Investigando supe que el nombre era AUGUSTO FUENTES MARTÍNEZ (...) Él era un señor alto,
delgadito, ojos rayados” (folios 10 - 12, c. 3).
13
En relación con alias El Fotógrafo, indicó: “no sé qué cantidad de dinero le entregaría porque eso
lo entregaban sellado, pero de que era bastante, sí era bastante, porque en presencia mía, recuerdo
14
Radicación número: 23001-23-33-000-2010-00401-01 (66.503)
Actor: Simón José Yances Peñate y Otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
Casarrubias Sánchez - alias “Frijolito”14, todos excombatientes del EPL, quienes
coincidieron en identificar al señor Augusto Rafael Fuentes Martínez, alias “El
Fotógrafo”, como beneficiario y auxiliador del grupo insurgente. Sobre aquél, en
suma, manifestaron que recibía dinero de alias “El Viejo Rafa”, para invertir en
propiedades y prestar dinero.
Asimismo, el 27 de noviembre de 2002, la Dirección Seccional del DAS allegó al
expediente los títulos y certificados de tradición y libertad de diferentes inmuebles
(fls. 29 – 32, c. 3), entre ellos, la sentencia de 28 de agosto de 2001 proferida por
el Juzgado Promiscuo Municipal de Planeta Rica (Córdoba), mediante la cual se
adjudicó como dación en pago a favor del señor Fuentes Martínez, el inmueble
identificado con folio de matrícula No. 148-0010804; así como, el certificado de
tradición y libertad en el cual constaba la inscripción de dicho título en anotación
del 4 de diciembre de 2001 (fls. 40 – 41, c. 3).
Agotada dicha etapa procesal y una vez fue reasignado el asunto a la Fiscalía 25
Especializada Delegada ante la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de
Dominio y contra el Lavado de Activos15, el 25 de marzo de 2003, dicha autoridad
que le entregó un bolso lleno y unas cartonas, fuera de las que le entrega cuando estaban los otros
compañeros y este señor conocido como "EL FOTÓGRAFO" él era el encargado de hacerle
inteligencia a los ricos para cuestión de secuestro. Era el que recogía la información y se la
entregaba al VIEJO RAFA para que el VIEJO RAFA procediera a secuestrar la gente, para pedirles
dinero o ganado. Este, "EL FOTÓGRAFO" estuvo involucrado en el secuestro de EL TOTUMITA y
ARTURO BERRIO. (...) PREGUNTA. Sabe Usted por qué al señor AUGUSTO RAFAEL FUENTES
le decían "EL FOTÓGRAFO". RESPUESTA. La verdad es que él siempre llevaba un bolso y yo lo
conocí como "EL FOTÓGRAFO", pero nunca lo vi tomando fotos ni nada (…) PREGUNTA: Qué es
una cartona. RESPUESTA. Una cartona es una caja de cartón (…). PREGUNTA Luego de su
desmovilización Usted ha visto o ha sabido de la vida de EL FOTÓGRAFO. RESPUESTA. Lo único
que sé es que tiene un almacén en PLANETA RICA. No me recuerdo el nombre, pero es así casi
por el nombre de él. No, no me recuerdo el nombre, que queda por la calle 19, frente a panadería
GARIS. Eso queda en la calle 19 con carrera 10 y 11” (folios 13 – 16, c. 3).
14
Sobre los hechos, indicó que: “El FOTÓGRAFO ese que es de apellido FUENTES se reunía a
diario con el VIEJO RAFA. Cada 15, cada 20 días, cada 10 días. Cuando se reunía con el VIEJO
RAFA iba era a buscar plata que el VIEJO RAFA le daba. Él esas platas no, o sea, las cogía para,
lo que yo supe, para comprar viviendas, al interés, o sea daba plata al interés, guardaba la plata.
Cuando yo iba a CENTRO ALEGRE, él se encontraba con EL VIEJO RAFA, por SAN FRANCISCO
DEL RAYO, también. Yo los vi como tres veces, hablando personalmente (...) ellos - EL VIEJO RAFA
y MARIO LUNA- cargaban la plata y se la iban a entregar al señor FUENTES, ellos nos apartaban
a nosotros, como para que uno no viera: que vamos a entregar tantos millones, sino que uno veía
la tulita de dinero ahí (...) PREGUNTA. Usted vio al señor FUENTES o "EL FOTÓGRAFO" alguna
vez uniformado o utilizando armas de la organización del EPL. RESPUESTA. No. Lo vi de civil. (...)
PREGUNTA. Cómo era físicamente el señor FUENTES "EL FOTÓGRAFO" que usted conoció.
RESPUESTA. Ese tipo era, en ese tiempo cuando yo lo conocí, era ni muy delgado ni muy gordo,
de bigotes, trigueño. No sé ahora cómo se encuentra. PREGUNTA. Conoció Usted a familiares del
señor FUENTES o EL FOTÓGRAFO. RESPUESTA. Tiene unos familiares por SAN FRANCISCO
DEL RAYO. Le sé el nombre a un sobrino porque uno iba a buscar animales y él era el que salía:
ALVIO FUENTES. Si no me equivoco, es sobrino” (folios 17 – 20, c. 3).
15
Con la Resolución No. 857 de 11 de diciembre de 2002 emitida por la Dirección Nacional de
Fiscalías, se reasignó el asunto a la Fiscalía 25 Especializada Delegada ante la Unidad Nacional
15
Radicación número: 23001-23-33-000-2010-00401-01 (66.503)
Actor: Simón José Yances Peñate y Otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
ordenó el inicio oficioso del trámite de extinción de dominio y decretó el embargo,
secuestro y consecuente suspensión del poder dispositivo de los bienes que, según
los certificados aportados al expediente, figuraban como propiedad del señor
Augusto Rafael Fuentes Martínez y su núcleo familiar, entre estos, el rotulado con
matrícula inmobiliaria No. 148–0010804.
Como fundamento de su decisión, sostuvo que según las pruebas arrimadas al
expediente tales bienes presuntamente provenían de las actividades ilícitas
realizadas por Isidro Martínez Pastrana, alias “El Viejo Rafa”, cabecilla del EPL, de
ahí que, a la luz de las causales establecidas en los numerales 1 - Cuando exista
incremento patrimonial injustificado, en cualquier tiempo, sin que se explique el
origen lícito del mismo- y 2 - El bien o los bienes de que se trate provengan directa
o indirectamente de una actividad ilícita- del artículo 2 de la Ley 793 de 2002,
resultara procedente iniciar el trámite de extinción del derecho de dominio.
Tras reseñar lo manifestado por los testigos Oswaldo Martínez Nisperuza, Edison
Manuel González Soto, José Nicolás Casarrubias Sánchez y relacionar los bienes
adquiridos por el señor Augusto Rafael Fuentes Martínez y su núcleo familiar, la
Fiscalía precisó que existían “elementos fácticos que en principio permitían
establecer que presuntamente los bienes muebles e inmuebles objeto de la
diligencia, eran producto de actividades ilícitas, cometidas por el grupo insurgente
denominado EPL y que quien servía de intermediario era su titular” (fls. 134 – 145,
c. 5).
Con lo anterior, la Sala advierte que la Fiscalía 25 Especializada no incurrió en una
falla en el servicio al decretar las medidas cautelares que afectaron el inmueble No.
148–0010804, pues, para ese momento sumarial, existían elementos de
conocimiento que permitían inferir razonablemente que su origen podría ser ilícito.
En efecto, la información aportada por el DAS y las Fuerzas Militares, mediante los
informes Nos. 25 del 26 de septiembre de 2002 (fls. 1 - 3, c. 3) y 4-6037 CGFM-
EMC-D2-CIEFS-INT-252 del 27 de septiembre del mismo año (fls. 4 – 5, c. 3), en
los cuales se advirtió sobre el posible testaferrato y enriquecimiento ilícito en que
podría encontrarse incurso el señor Augusto Rafael Fuentes Martínez, alias “El
para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos (fls. 81 – 85, c. 3), autoridad
que avocó conocimiento el 22 de enero de 2003 (fl. 86, c. 3).
16
Radicación número: 23001-23-33-000-2010-00401-01 (66.503)
Actor: Simón José Yances Peñate y Otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
Fotógrafo”, fue confirmada con las declaraciones rendidas por los excombatientes
del EPL.
Así pues, se tiene que los testigos coincidieron en: i) identificar al señor Fuentes
Martínez con el alias de “El Fotógrafo”; ii) indicar que mantenía contacto con alias
“El Viejo Rafa”, jefe de finanzas del EPL; y, iii) atribuirle a Fuentes Martínez la
recepción de dinero que le era entregado por “El Viejo Rafa” para comprar viviendas
y para prestarlo, a cambio de una tasa de interés, todo lo cual constituía un indicio
de participación en las conductas ilícitas de testaferrato16 y enriquecimiento ilícito17
que permitía inferir la configuración de las causales 1 y 2 (artículo 2, Ley 793 de
2002) respecto de los bienes objeto de investigación.
Así las cosas, los elementos de prueba que existían hasta esa oportunidad procesal,
llevaban a considerar razonablemente que el inmueble con matrícula inmobiliaria
No. 148–0010804, que había sido adjudicado por un juez civil al señor Augusto
Rafael Fuentes Martínez en virtud de un embargo, podría ser objeto de la acción
extintiva, toda vez que su manera de adquisición guardaba consonancia con la
actividad de prestamista -de dinero del EPL-, que le habían endilgado los diferentes
testigos.
Ahora, si bien con posterioridad a la materialización de las medidas cautelares18, el
señor Simón José Yances Peñate, a través de apoderado judicial, acudió al proceso
demostrando su calidad de propietario del inmueble con un certificado de tradición
y libertad, en el que constaba que el 26 de febrero de 2003 – un mes antes del
decreto de la medida cautelar- había quedado inscrita la compra del inmueble a su
favor (fls. 20 – 21, c. 6); lo concreto es que la transferencia del dominio ocurrió en
el transcurso del proceso extintivo mientras se agotaba la práctica de las pruebas
ordenadas en la fase inicial, y que el carácter real de la referida acción permite
adelantar el trámite respecto de los bienes perseguidos “independientemente de
quien los tenga en su poder, o los haya adquirido”, de modo que no se avizora falla
en el servicio alguna que sea imputable a la autoridad jurisdiccional.
16
“Artículo 326. Testaferrato. Quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes
del delito de narcotráfico y conexos (…)”
17
“Artículo 327. Enriquecimiento ilícito de particulares. El que de manera directa o por interpuesta
persona obtenga, para sí o para otro, incremento patrimonial no justificado, derivado en una u otra
forma de actividades delictivas (…)”.
18
El 3 de abril de 2003, se adelantó la diligencia de secuestro del inmueble por parte del Fiscal
comisionado, designando como depositario provisional del inmueble a quien atendió la diligencia en
calidad de arrendataria (fls. 201 – 202, c. 5), de conformidad con el contrato de arrendamiento
celebrado con el propietario del inmueble, señor Simón José Yances Peñate, el 24 de febrero de
2003 (fls. folios 203 – 204, c. 5. Asimismo, el 10 de abril siguiente, se registró la medida de embargo
y suspensión del poder dispositivo en el folio de matrícula inmobiliaria (fls. 20 – 21, c. 6).
17
Radicación número: 23001-23-33-000-2010-00401-01 (66.503)
Actor: Simón José Yances Peñate y Otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
Sobre este aspecto, conviene aclarar que en el proceso de extinción de dominio el
fiscal tiene la obligación de adelantar la fase inicial “con el fin de identificar los bienes
sobre los cuales podría iniciarse la acción, de acuerdo con las causales establecidas
en el artículo 2” (artículo 12, Ley 793 de 2002), función que fue cumplida a cabalidad
por el Fiscal 17 Especializado y luego por la Fiscalía 25, entre el 1º de octubre de
2002 – cuando se declaró abierta la fase inicial- hasta el 26 de febrero de 2003 –
cuando se recibió el informe del status financiero del señor Fuentes Martínez- (fls.
89, c. 3 – c, 4). Y si bien, concluida dicha etapa procesal, las actuaciones pasaron
al despacho para que se resolviera sobre el inicio del trámite de extinción de dominio
y el decreto de medidas cautelares, decisión que fue proferida el 25 de marzo
siguiente, lo cierto es que la ley no estableció un término perentorio para adelantar
la fase inicial o continuar con el trámite y que tampoco se advierte que la Fiscalía
hubiera guardado una actitud omisiva o incurrido en tardanza alguna que le hiciera
atribuible el hecho de que justamente en el transcurso de la investigación se hubiera
concretado la venta del inmueble.
Más aún, se itera que la acción de extinción de dominio es de carácter real, por lo
que a través de aquella se persiguen bienes cuya adquisición posiblemente no
estuvo ajustada a derecho, fue contraria a la moral pública o su origen no se
encontró justificado, al margen de quien sea su titular actual, de ahí que, puedan
presentarse casos en que las medidas cautelares afecten bienes adquiridos por
terceros, sin perjuicio de que hagan valer sus derechos en el proceso extintivo.
Ello es así, por cuanto en estos asuntos, “el legislador partió de un supuesto fundado
en la realidad, esto es, que quien adquirió un bien de manera ilícita buscará muy
probablemente deshacerse de él, aprovechando casi siempre la buena fe de
otros”19, con el propósito de ocultar los bienes y evadir los efectos de la declaración
judicial, escenario ante el cual se han garantizado los derechos de terceros
adquirentes mediante su vinculación al proceso20, como vía para permitir la
19
Corte Constitucional. Sentencia C- 374 de 13 de agosto de 1997. M.P.: José Gregorio Hernández
Galindo.
20
“Artículo 9. De la protección de derechos. Durante el procedimiento se garantizarán y protegerán
los derechos de los afectados, y en particular los siguientes:
“1. Probar el origen legítimo de su patrimonio, y de bienes cuya titularidad se discute.
“2. Probar que los bienes de que se trata no se encuentran en las causales que sustentan la acción
de extinción de dominio.
“3. Probar que, respecto de su patrimonio, o de los bienes que específicamente constituyen el objeto
de la acción, se ha producido una sentencia favorable que deba ser reconocida como cosa juzgada
dentro de un proceso de Extinción de Dominio, por identidad respecto a los sujetos, al objeto y a la
causa del proceso”.
18
Radicación número: 23001-23-33-000-2010-00401-01 (66.503)
Actor: Simón José Yances Peñate y Otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
acreditación de los elementos que respaldan el principio de buena fe exenta de
culpa en la adquisición de la propiedad privada21.
En línea con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha precisado que, en
principio, resulta intransmisible el derecho de propiedad respecto de bienes que
provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita, dado que, “nadie puede
transmitir un derecho que no tiene”; sin embargo, de encontrarse acreditada la
buena fe cualificada del adquirente, “se radica plenamente el derecho de propiedad
en su cabeza, y por lo tanto sobre tal bien no podría recaer la extinción de
dominio”22.
Con esto, se advierte que la definición jurídica del proceso de extinción de dominio,
contrario a impedir el decreto de medidas cautelares sobre bienes de propiedad de
terceros, ha propendido a asegurar el cumplimiento de un eventual fallo a favor del
Estado y a permitir la participación de aquéllos en el proceso para que demuestren
el origen lícito de su adquisición. Así se desprende de las normas que exigen el
21
En los casos en que se convierte en real un derecho o situación jurídica aparentes, para satisfacer
las exigencias de buena fe, se requiere el cumplimiento de los siguientes elementos:
“a) Que el derecho o situación jurídica aparentes, tenga en su aspecto exterior todas las condiciones
de existencia real, de manera que cualquier persona prudente o diligente no pueda descubrir la
verdadera situación. La apariencia de los derechos no hace referencia a la acreencia subjetiva de
una persona, sino a la objetiva o colectiva de las gentes. De ahí que los romanos dijeran que la
apariencia del derecho debía estar constituida de tal manera que todas las personas al examinarlo
cometieran un error y creyeran que realmente existía, sin existir. Este es el error communis, error
común a muchos.
“b ) Que la adquisición del derecho se verifique normalmente dentro de las condiciones exigidas por
la ley; y
“c ) Finalmente, se exige la concurrencia de la buena fe en el adquirente, es decir, la creencia sincera
y leal de adquirir el derecho de quien es legítimo dueño”. Ver. Corte Constitucional. Sentencia C-
1007 de 18 de noviembre de 2002. M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.
22
Ibidem.
19
Radicación número: 23001-23-33-000-2010-00401-01 (66.503)
Actor: Simón José Yances Peñate y Otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
emplazamiento y protección de los derechos de todos los afectados, entre estas,
los artículos 923, 1024, 1325 y demás concordantes de la Ley 793 de 2002.
Bajo estas consideraciones, la Sala resalta que en el presente asunto la entidad
demandada garantizó los derechos del hoy actor, permitiendo su oposición al
proceso26 y accediendo al decreto de las pruebas que solicitó con miras a demostrar
el origen lícito del inmueble, conforme correspondía de acuerdo con las normas
anteriormente enunciadas.
De otro lado, si bien es cierto que las medidas cautelares fueron levantadas por la
Fiscalía de conocimiento como consecuencia de haber encontrado improcedente la
extinción del derecho de dominio respecto de los bienes de propiedad de terceros,
también lo es que tal circunstancia no convierte en antijurídico su decreto, pues,
como quedó visto, en ese momento existían elementos de prueba razonables que
indicaban el posible origen espurio de los bienes perseguidos, más allá de que con
posterioridad y durante el agotamiento de las pruebas solicitadas por los afectados
23
“Artículo 9. De la protección de derechos. Durante el procedimiento se garantizarán y protegerán
los derechos de los afectados, y en particular los siguientes:
“1. Probar el origen legítimo de su patrimonio, y de bienes cuya titularidad se discute.
“2. Probar que los bienes de que se trata no se encuentran en las causales que sustentan la acción
de extinción de dominio.
“3. Probar que, respecto de su patrimonio, o de los bienes que específicamente constituyen el objeto
de la acción, se ha producido una sentencia favorable que deba ser reconocida como cosa juzgada
dentro de un proceso de Extinción de Dominio, por identidad respecto a los sujetos, al objeto y a la
causa del proceso”.
24
“Artículo 10. Si los afectados con ocasión de la acción de extinción de dominio no comparecieren
por sí o por interpuesta persona, la autoridad competente ordenará su emplazamiento, en los
términos del artículo 13 de la presente ley.
“Vencido el término de emplazamiento se designará curador ad litem, siempre que no se hubiere
logrado la comparecencia del titular del bien objeto de extinción, con quien se adelantarán los
trámites inherentes al debido proceso y al derecho de defensa. Igualmente, en todo proceso de
extinción de dominio, se emplazará a los terceros indeterminados, a quienes se designará curador
ad litem en los términos de esta ley”.
25
“Artículo 13. Del procedimiento. (…) 3. Cinco (5) días después de libradas las comunicaciones
pertinentes, se dispondrá el emplazamiento de quienes figuren como titulares de derechos reales
principales o accesorios según el certificado de registro correspondiente, y de las demás personas
que se sientan con interés legítimo en el proceso, para que comparezcan a hacer valer sus derechos
(…)”.
26
En el transcurso de las diligencias, el señor Simón José Yances Peñate, a través de apoderado
judicial, realizó las siguientes actuaciones: i) el 12 de mayo de 2003, solicitó la práctica de pruebas
orientadas a demostrar la licitud en la adquisición del inmueble (fls. 11 – 15, c. 6); ii) el 18 de
septiembre de 2003, solicitó el emplazamiento a terceros de que trata el artículo 13 de la Ley 793
de 2002 (fls. 1 - 2, c. 7); iii) el 10 de septiembre de 2004 solicitó que se decretara como prueba
trasladada las sentencias proferidas en otro proceso de extinción de dominio que terminó con la
declaración de improcedencia de la extinción de dominio y que guardaba un vínculo con los hechos
de su proceso, a efectos de que se brindara un trato igualitario (fls. 140 – 141, c. 7); iv) rindió
declaración el 29 de septiembre de 2004 (fls. 206 – 211, c. 7); v) una vez concluido el período
probatorio, el 23 de febrero de 2005, presentó alegatos de conclusión, en los que solicitó que se
declarara la improcedencia de la extinción de dominio y compulsara copias a los reinsertados del
EPL por falso testimonio (fls. 34 – 40, c. 9).
20
Radicación número: 23001-23-33-000-2010-00401-01 (66.503)
Actor: Simón José Yances Peñate y Otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
se hubiera logrado desvirtuar el valor probatorio de las declaraciones que
inicialmente fundaron la acción.
Sobre tales hechos se precisa que surtidas las diligencias, mediante la Resolución
de 21 de octubre de 2005, la Fiscalía 25 Especializada Delegada ante la Unidad
Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos
declaró la improcedencia de la acción de extinción del derecho de dominio respecto
de once inmuebles, entre ellos, el rotulado con la matrícula inmobiliaria No. 148–
0010804; junto a lo cual dispuso que una vez se encontrara en firme la decisión, se
procedería a cancelar las medidas cautelares inscritas con ocasión del inicio de ese
trámite y se compulsarían copias del expediente ante la justicia penal para que se
investigara la conducta punible de falso testimonio y/o fraude procesal en que
pudieron incurrir, entre otros, los señores José Nicolás Casarubias, Edison Manuel
González y Oswaldo Martínez Nisperuza (fls. 108 – 147, c. 9).
Como fundamento de tal determinación, la Fiscalía de conocimiento sostuvo que al
interrogar nuevamente a los testigos José Nicolás Casarrubias y Edison Manuel
González Soto se evidenciaron imprecisiones y contradicciones respecto de “los
lugares en donde tenían contacto ambos sujetos [alias El Viejo Rafa y el señor
Augusto Rafael Fuentes Martínez], el dinero que recibía o que entregaba el uno al
otro e incluso la persona que se lo entregaba, ora directamente el cabecilla de las
finanzas, ora sus emisarios y, en últimas lo más importante su descripción
fisionómica, pues pese a haberlo visto varias veces desconocen este tópico o
sencillamente caen en la ignominia de decir que nunca lo vieron”, de modo que sus
declaraciones no tuvieran la contundencia de demostrar la participación del señor
Fuentes Martínez en alguna actividad ilícita, ni edificar la causal 2ª para declarar
extinguido el derecho de dominio27.
De igual manera, manifestó que los demás elementos probatorios – declaraciones
de testigos y terceros adquirentes, documentos sobre la actividad económica del
Fuentes Martínez y un dictamen pericial- tampoco probaban que el dinero con el
que dicho señor adquirió los bienes fuera de procedencia ilícita, pues, por el
contrario, la mayoría de los inmuebles perseguidos provenía del pago de deudas
contraídas con Fuentes Martínez en desarrollo de su actividad de prestamista.
27
Ley 793 de 2002. “Artículo 2. Causales. Se declarará extinguido el dominio mediante sentencia
judicial, cuando ocurriere cualquiera de los siguientes casos: (…) 2. El bien o los bienes de que se
trate provengan directa o indirectamente de una actividad ilícita”.
21
Radicación número: 23001-23-33-000-2010-00401-01 (66.503)
Actor: Simón José Yances Peñate y Otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
En relación con el bien inmueble del demandante, afirmó que el señor Simón José
Yances Peñate era un tercero de buena fe exenta de culpa, dado que compró el
inmueble con el producto de una labor que realizaba lícitamente – comercialización
de trofeos- y sin tener conocimiento de las actividades delictivas a las que
supuestamente se dedicaba Fuentes Martínez.
Con lo anterior y en relación con los terceros adquirentes de buena fe, indicó lo
siguiente:
[L]a importancia de analizar con detenimiento la situación de cada uno de los
titulares actuales de esos inmuebles que dicho sea de paso, tampoco se puede
decir que se trata de testaferros o auxiliadores de FUENTES, para desviar la
acción de la justicia, pese a que las fechas de las negociaciones hayan sido
próximas a la fecha en que se declaró el inicio de la acción y curiosamente para
la misma época, pero esta aprehensión ha quedado desvirtuada
suficientemente para no proceder en contra de unos bienes que realmente han
sido adquiridos con la conciencia de obrar con lealtad y la certeza de que los
bienes que adquirieron estos terceros, eran del tradente o su legítimo
propietario es decir, que tuvieron en cuenta el marco de la ley civil para estos
efectos y que no se avizoran visos de proveniencia ilícita en su origen como
tampoco el conocimiento de las actividades delictuales a las que
supuestamente se dedicaba FUENTES, ya que esas no las ha desarrollado
nunca.
También está demostrado en el plenario que, en cumplimiento del numeral 11 del
artículo 13 de la Ley 793 de 2002, la Fiscalía de conocimiento remitió la actuación
a segunda instancia para que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta28, sede
que confirmó la decisión de improcedencia de la acción extintiva, por cuanto se
encontraban desvirtuadas las causales que se adujeron al inicio del trámite (fls. 12
– 21, c. 12).
Con los anteriores hechos y tal como se ha sostenido, para la Sala resulta claro que
la resolución de improcedencia de la acción extintiva no es suficiente para encontrar
demostrada la responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que, como se
evidenció en el presente caso, el inicio del trámite y el decreto de las medidas
cautelares se justificó en los elementos probatorios recaudados por la Fiscalía en
ese momento sumarial.
28
Ley 793 de 2002. “Artículo 12. Del procedimiento. El trámite de la acción de extinción de dominio
se cumplirá de conformidad con las siguientes reglas: (…) 11. Cuando se decrete la improcedencia
sobre un bien de un tercero de buena fe, el fiscal deberá someter la decisión al grado jurisdiccional
de consulta (…)”.
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Radicación número: 23001-23-33-000-2010-00401-01 (66.503)
Actor: Simón José Yances Peñate y Otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
Se precisa, de todas maneras, que el funcionario judicial goza de autonomía e
independencia para interpretar los hechos y pruebas que son sometidas a su
conocimiento, por lo que el hecho de haber encontrado inconsistencias en las
declaraciones de los reinsertados que inicialmente soportaron el inicio del trámite,
no muta en arbitrario o ilegal el decreto de las medidas cautelares, máxime cuando
dichas imprecisiones y vacíos en las declaraciones rendidas por los testigos de
cargo se revelaron con la práctica de pruebas posteriores.
En este orden de ideas, se concluye que no se demostró que la demandada hubiera
incurrido en una falla en el servicio capaz de activar un mecanismo resarcitorio,
pues la decisión de afectar el inmueble del actor con las medidas cautelares de
secuestro, embargo y consecuente suspensión del poder dispositivo, lejos de ser
arbitraria e infundada, se sustentó en la Ley 793 de 2002, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional y en las pruebas y elementos de juicio con que contaba la
autoridad jurisdiccional en ese momento sumarial, sin que la transferencia del
dominio realizada por el señor Augusto Rafael Fuentes Martínez al hoy demandante
impidiera el inicio del trámite extintivo y afectación del mencionado bien, pues, por
el contrario, tal es el supuesto de hecho que la norma contempla al desarrollar las
disposiciones relacionadas con la vinculación de terceros adquirentes o afectados.
Así, estando demostrado que en el presente asunto resultaba procedente el decreto
de las medidas cautelares cuestionadas, la Sala atenderá el llamado de la Fiscalía
General de la Nación de revocar el proveído apelado y en consecuencia se negarán
las pretensiones de la demanda.
7. Condena en costas
Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se
abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171
del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
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Radicación número: 23001-23-33-000-2010-00401-01 (66.503)
Actor: Simón José Yances Peñate y Otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de Reparación Directa
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 30 de septiembre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Arauca.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen para lo de su cargo.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
24
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