Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2013-00005-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Condonación de sanción moratoria por pago tardío de las cesantiás anualizadas: improcedencia
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2013-00005-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2013-00005-02
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
16 de mayo de 2019
ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS-Obligatoriedad
La finalidad de los acuerdos celebrados bajo el régimen contemplado en la Ley 550 de 1999, son de obligatorio cumplimiento para el empresario y los acreedores, en cuanto rebajas, disminución de intereses y concesión de plazos o prórrogas, inclusive respecto de quienes no hayan participado en la negociación, o aun cuando no hubieren consentido en él, con excepciones de obligaciones contraídas con trabajadores establecidas en la misma ley.
FUENTE FORMAL: LEY 550 DE 1999
ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS- Etapas / ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS- Requisitos
El proceso de reestructuración de pagos, el legislador previó dos etapas, la primera, correspondiente a la fijación de los derechos de voto de los acreedores, de acuerdo con el monto establecido de sus créditos (artículo 22) [Ley 550 de 1999], y la segunda, que comprende la negociación propiamente dicha, cuya objetivo es que finalice con un acuerdo de pagos dentro del término de cuatro meses (artículo 23) [Ley 550 de 1999]. (…) El convenio deberá constar íntegramente en un documento escrito, tendrá el plazo que se estipule para su ejecución, sin perjuicio de los términos especiales que se señalen para la atención de determinadas acreencias, y del que llegue a pactarse en los convenios temporales de concertación laboral previstos en la citada ley (artículo 31) [Ley 550 de 1999].
CONDONACIÓN DE SANCIÓN MORATORIA POR PAGO TARDÍO DE LAS CESANTIÁS ANUALIZADAS- Improcedencia / ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS- No puede desconocer prerrogativas laborales
El Consejo de Estado - Sección Segunda en la Sentencia de Unificación CE-SUJ004 de 25 de agosto de 2016, analizó el caso concreto de un servidor público a quien el municipio de Soledad le adeudaba las cesantías por las anualidades de 2003 a 2008, cuya pretensión se concretó en la declaratoria de nulidad del acto administrativo que le negó la sanción moratoria prevista en el régimen anualizado, bajo el argumento de que el ente territorial se encontraba sujeto a un acuerdo de reestructuración de pasivos, y por ende, el crédito laboral adeudado debió presentarse en la reunión preliminar celebrada el 22 de abril de 2010, concluyéndose de esta manera, que la omisión del empleado conllevó a la exoneración de tal penalidad. Al respecto, esta Corporación consideró que a la administración no le está permitido desconocer cualquier prerrogativa laboral de naturaleza económica, pues de conformidad con el artículo 34 de la Ley 550 de 1999, citado en el acápite precedente, en los acuerdos de reestructuración «Todas las obligaciones se atenderán con sujeción a lo dispuesto en el acuerdo, y quedarán sujetas a lo que se establezca en él en cuanto a rebajas, disminución de intereses y concesión de plazos o prórrogas, aun sin el voto favorable del respectivo acreedor.». En consecuencia, desestimó el argumento de la entidad pública empleadora, al considerar que el legislador contempló la celebración de acuerdos que tengan como objeto SUSPENDER, más no transgredir las prerrogativas laborales a las cuales tiene derecho el empleado, por cuanto ello conllevaría a una posición dominante del deudor insolvente, que no se compadece con la figura de saneamiento económico de la empresa consagrada en la ley.(…) Ahora bien, no es de recibo el argumento de la entidad demandada relativo a la condonación de la penalidad en virtud de lo estipulado en la cláusula 10 del acuerdo de pasivos referida a la condonación de intereses sobre el valor de capital de las acreencias incorporadas y el compromiso de no iniciar procesos con ocasión de la penalidad por mora prevista en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, por cuanto el hecho generador de la sanción prevista en la Ley 50 de 1990, se configura cuando el empleador incumpla el plazo para efectuar la consignación de la prestación social dentro de la oportunidad legal, esto es, con anterioridad al 15 de febrero de cada anualidad; a diferencia de la prevista en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, que se causa cuando la entidad incumple los términos para el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas directamente al servidor público.
FUENTE FORMAL : LEY 1071 DE 2006 / LEY 50 DE 1990 / LEY 244 DE 1995
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019).
Radicación número: 23001-23-33-000-2013-00005-02(4504-15)
Actor: LENY LUZ GUTIÉRREZ RUÍZ
Demandado: MUNICIPIO DE AYAPEL (CÓRDOBA).-
Asunto: Sanción moratoria – Ley 50 de 1990.- En virtud del acuerdo de reestructuración, se suspendió la sanción moratoria durante el desarrollo proceso de reactivación económica del municipio de Ayapel con base en la Ley 550 de 1999.
FALLO SEGUNDA INSTANCIA – LEY 1437 DE 2011
ASUNTO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el municipio de Ayapel contra la sentencia proferida el 27 de agosto de 2015, por el Tribunal Administrativo de Córdoba - Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual se accedió al reconocimiento de la sanción moratoria consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por el incumplimiento en la consignación de las cesantías correspondiente a la anualidad de 2008.
ANTECEDENTES
La demanda.
2. La señora Leny Luz Gutiérrez Ruíz, por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda contra el municipio de Ayapel (Córdoba).
Pretensiones.
a. Declarar la nulidad del Oficio 121A- SDAM-012 del 3 de mayo de 2012, por el cual el alcalde municipal de Ayapel le negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por las cesantías anualizadas del 2003, 2005 y 2008.
b. En consecuencia de la anterior declaración y como restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad demandada, a título de sanción moratoria a un día de salario por cada día de retardo en la consignación de los auxilios de cesantías adeudados, con la correspondiente indexación y ajustado con base en el índice de precios al consumidor.
3. Las anteriores pretensiones se sustentan en los siguientes hechos relevantes que se extraen de la demanda y de los documentos aportados con esta:
Fundamentos fácticos.
a. La demandante fue nombrada en el municipio de Ayapel el 1º de febrero de 1995 en el cargo de auxiliar administrativo, sin que la entidad demandada realizara la consignación de las cesantías de las vigencias 2003 y 2005 dentro de la oportunidad legal, razón por la cual, instauró acción ejecutiva laboral el 25 de septiembre de 2007 en la que solicitó además la sanción moratoria; proceso que finalizó por medio de una transacción que fue aprobada por el Juez Promiscuo de Ayapel – Córdoba el 28 de noviembre de 2007 por pago total de la obligación.
b. Posteriormente, la entidad empleadora incumplió nuevamente la obligación laboral de consignar el auxilio de cesantías del 2008, ya que efectuó la consignación hasta el 15 de abril de 2011; por ende, solicitó el reconocimiento y pago de la sanción en los términos de la Ley 50 de 1990 a través de una petición elevada el 11 de mayo de 2012, la cual fue negada a través del acto administrativo acusado, bajo el argumento que dicha acreencia no fue reclamada dentro del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos del municipio de Ayapel.
Normas violadas y concepto de violación.
4. Invocó como normas desconocidas los artículos 1º, 2º, 6º, 25, 29, 53, 58, 90, 121, 122, 123, 209 y 228 de la Constitución Política; 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990; 13 de la Ley 344 de 1996; 1º del Decreto 1582 de 1998, 20, 21, 23, 25, 26 y 28 de la Ley 550 de 1999; y 69 de la Ley 617 de 2000.
5. Acusó el acto administrativo demandado de los siguientes vicios de nulidad: i) falsa motivación, el cual hizo consistir en que contrario a lo señalado por la administración, la peticionaria intervino oportunamente en el proceso de reactivación económica el 26 de agosto de 2009, con el fin de solicitar las cesantías y la consecuente sanción moratoria adeudada; ii) expedido con infracción de las normas en que debía fundarse, citadas en precedencia y además el convenio C-173 de 1972 de la OIT, relativo a la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador; y iii) desviación de poder, por cuanto la administración desconoció el deber de coordinar su actuación para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, entre los cuales se encuentra garantizar los derechos laborales de los particulares.
Municipio de Ayapel – contestación de la demanda.
6. Señaló que debido a la crisis financiera y fiscal del municipio de Ayapel, se sometió a la situación prevista en la Ley 550 de 1999, con el fin de celebrar un acuerdo de reestructuración, el cual fue aprobado por la Asamblea General de Acreedores el 26 de noviembre de 2009, en el cual se condonó la sanción moratoria al aprobar por unanimidad la cláusula 10º con el 78.61% de las acreencias con derecho a voto en la Asamblea General de Acreedores celebrada el 26 de noviembre de 2009, en la que además se comprometieron a no iniciar demandas contra la entidad territorial por dicha penalidad.
7. Por ende, teniendo en cuenta que dicha penalidad no constituye un derecho laboral mínimo y en la medida en que no existe constancia de su incorporación dentro de la negociación, se entiende que la actora renunció de manera tácita a su reconocimiento, y en tal virtud, el acto administrativo demandado cumple con los requisitos de validez previstos en la Ley 1437 de 2011; por consiguiente, su contenido se encuentra conforme a la Constitución Política y la ley.
8. Propuso como argumentos de defensa, los que denominó: i) «extemporaneidad en la presentación del medio de control», al aducir que el acto acusado fue notificado el 5 de junio de 2012, de manera que a la fecha en que presentó la solicitud de conciliación extrajudicial -5 de octubre siguiente-, ya se había configurado la caducidad, pues el término venció el 4 de octubre del 2012; ii) renuncia expresa y condonación de la obligación e inexistencia de la obligación, en atención a lo pactado entre el municipio de Ayapel y sus acreedores en la cláusula 10º del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos.
Audiencia Inicial
9. El Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo de Córdoba realizó audiencia inicial el 10 de octubre de 2013, por la cual declaró no probada la excepción de caducidad y en cuanto a los demás argumentos de defensa formulados por el municipio de Ayapel, indicó que serían resueltos con el fondo del asunto. Igualmente, declaró probada de oficio la excepción de transacción de la sanción moratoria correspondiente a los años 2003 y 2005, por lo que se dispuso que el proceso continuaría únicamente respecto de la penalidad por la no consignación oportuna del auxilio de cesantías del 2008; decisión que fue apelada por la parte demandante y confirmada por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, a través de providencia del 3 de junio de 2014.
10. El a quo fijó el litigio a folio 271 del expediente, en los siguientes términos:
«[…] Determinar si la señora LENY LUZ GUTIÉRREZ RUÍZ tiene derecho a que se le reconozca y pague la indemnización contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, debido al pago tardío del auxilio de cesantías del año 2008, a pesar de estar el municipio demandado acogido a una proceso de reestructuración de pasivos conforme a la Ley 550 de 1999; o si por el contrario, debido a que el municipio de Ayapel se encuentra en el citado proceso de restructuración de pasivos, puede sustraerse de tal obligación.»
Sentencia de primera instancia.
11. El Tribunal Administrativo de Córdoba - Sala Cuarta de Decisión, mediante sentencia del 27 de agosto de 2015, declaró la nulidad del acto administrativo demandado, y a título de restablecimiento del derecho, condenó al municipio de Ayapel al reconocimiento y pago de la sanción por la consignación tardía de la anualidad del 2008, «contabilizados desde el 16 de febrero de 2009 hasta el día anterior a la consignación al fondo privado del auxilio de cesantías del 2008», debidamente actualizada de acuerdo con el IPC y condenó en costas a la parte vencida dentro del proceso.
12. El a quo consideró que conforme el material de prueba recaudado en el proceso, se acreditó que la demandante era beneficiaria del régimen anualizado de cesantías, cuyo plazo establecido en la Ley 50 de 1990 para la consignación de la aludida prestación social fue desconocido por la entidad demandada, por lo que se causó la sanción equivalente a un día de salario por cada día de retardo.
13. El tribunal de instancia sostuvo que no puede aceptarse el argumento del ente territorial demandado, atinente a que la existencia del acuerdo de restructuración de pasivos implicó la condonación de la penalidad reclamada, por cuanto «de conformidad con el formato de observaciones a la reunión de acreedores realizada el 26 de agosto de 2009, la demandante expresó que tanto las cesantías del 2008 como las correspondientes sanciones, no estaban incluidas dentro del listado de acreencias publicadas por el municipio».
14. La sala de decisión argumentó que a través de la Resolución 164 del 28 de marzo de 2011, se ordenó el pago a favor de Colfondos de la suma de $88.235.401 por concepto de cesantías de los años 1999 a 2008, fondo al que si bien estaba afiliada la demandante, no existe certeza de la inclusión de ella, toda vez que dicho acto no discriminó los beneficiarios de dicha consignación.
15. En tal virtud, el tribunal de instancia concluyó que se debe reconocer la sanción por la anualidad de 2008 reclamada por la demandante, desde que se hizo exigible -16 de febrero de 2009- hasta la fecha en que adquirió firmeza el citado acuerdo de restructuración – 26 de noviembre de 2009 –, de manera que quedó suspendida la penalidad.
16. Finalmente, señaló que en atención a la fecha en que la actora efectuó la reclamación administrativa, esto es, el 26 de agosto de 2009 a través del formato de observaciones a la reunión de acreedores del municipio, interrumpió el término de prescripción trienal de las porciones de sanción moratoria causadas, por lo que no hay lugar a declarar dicho fenómeno extintivo en el caso concreto.
Recurso de apelación.
17. La parte demandada insistió en los argumentos de defensa planteados en la contestación de la demanda denominados caducidad de la acción, «renuncia expresa y condonación e inexistencia de la obligación reclamada».
18. El apoderado judicial del municipio de Ayapel alegó que el «tribunal administrativo fundamentó la negativa a reconocer las cláusulas 3ª, 6ª y 10ª del Acuerdo de Restructuración de Pasivos, en lo establecido en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996, el Decreto 1582 de 1998 y en la sentencia del 25 de marzo de 2010 proferida por el Consejo de Estado, aduciendo que no existía prueba en el expediente que la demandante hubiera prestado su consentimiento para la aprobación del Acuerdo de Restructuración de Pasivos, cuando la simple presentación del reclamo ante el Comité de Negociación aportada por el mismo apoderado de la demandante, demuestra que hizo parte del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos, y si en la Asamblea General de Acreedores no presentó objeción alguna a la cláusula que condonaba la sanción moratoria, ya que el reclamo que no es claro y preciso al indicar que solicitaba “la moratoria”, el Tribunal desconoció la obligatoriedad del convenio celebrado ente el ente territorial y sus acreedores.»
19. Así mismo, manifestó que el acuerdo de reestructuración de pasivos es una manifestación de voluntad de la administración, por ende, goza de presunción de legalidad; y aun cuando no se aceptara dicha tesis, al considerarse que es un acto jurídico bilateral que produce efectos jurídicos y en el que participa una entidad de derecho público definido en el artículo 5º de la Ley 550 de 1999 como la convención celebrada a favor de una entidad territorial o descentralizada del nivel territorial, en caso de desacuerdo de la actora frente a lo allí pactado, concretamente en cuanto a la condonación de la sanción moratoria, debió instaurar el medio de control procedente contra el mismo, y no contra el acto administrativo cuya nulidad solicita en ejercicio de la presente demandad de nulidad y restablecimiento del derecho.
IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
20. La Procuradora Tercera Delegada ante el Consejo de Estado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicita se confirme la sentencia de primera instancia, al señalar que si la accionante no dispuso libremente de su voluntad para ser partícipe de la acreencia por la tardanza en la consignación del auxilio de cesantías del 2008, no le es posible a la entidad demandada aplicar dichas cláusulas, sino que debe aplicar la ley que ordena el reconocimiento de la sanción a cargo del empleador que incurra en mora en el cumplimiento de la obligación laboral.
CONSIDERACIONES
Cuestión previa.
21. En primer lugar, es necesario señalar que en la audiencia inicial realizada el 10 de octubre de 2013 por el Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Cuarta de Decisión, se declaró no probada la excepción de caducidad del medio de control, bajo los siguientes argumentos:
«[…] El acto administrativo demandado le fue notificado a la actora el día 5 de junio de 2012, […] por lo que como bien estipula la norma el término de cuatro meses con el que cuenta el actor para demandar, comienza a correr desde el día siguiente a la fecha de notificación del acto administrativo, es decir, a partir del 6 de junio de 2012 y finaliza el 6 de octubre de 2012.
Ahora bien, se tiene que la señora Gutiérrez Ruiz a través de apoderado judicial solicitó audiencia de conciliación extrajudicial el 5 de octubre de 2012, […] interrumpiéndose por ende el término de caducidad. […] Ahora, dado que la constancia de agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial fue expedida el 20 de noviembre de 2012, […] y habiéndose presentado tal solicitud faltando un día para que operara el fenómeno de la caducidad, quiere decir que el actor tenía hasta el 21 de noviembre de 2012 para presentar la demanda; y como quiera que el escrito fue presentado el 20 de noviembre de 2012, quiere decir que fue presentada en tiempo, motivo por el cual no se declarará probada la excepción propuesta de caducidad del medio de control.» (Se resalta).
22. La anterior decisión se notificó en estrados, frente a la cual las partes y el Ministerio Público manifestaron estar de acuerdo con lo dispuesto, según se observa a folio 118 del expediente, por lo que es necesario establecer si esta decisión se encuentra ejecutoriada.
23. Al respecto, si bien el CPACA no previó a partir de cuándo adquieren ejecutoria los autos proferidos en audiencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 306 ibídem, que establece una integración normativa con el CGP en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, es preciso acudir al artículo 302 que prevé lo siguiente:
«Artículo 302. Ejecutoria. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos.» (Se destaca)
24. Por lo anterior, la Subsección establece que debido a la notificación en estrados de las partes y pese a ser susceptible del recurso de apelación por disposición de los artículos 180.6 y 243.3 del CPACA, sin que la apoderada sustituta del demandante lo interpusiera, dejó en firme la decisión que resolvió la excepción, por lo que no es procedente que en esta etapa manifieste su desacuerdo frente a dicha decisión judicial, cuando ya se encuentra ejecutoriada. En consecuencia, la Sala se abstendrá de pronunciarse frente a los cargos planteados en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en lo relativo al medio exceptivo de caducidad del medio de control, en atención al carácter preclusivo y perentorio de cada etapa procesal.
Análisis del asunto.
25. Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto, encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto por el municipio de Ayapel contra la sentencia proferida en primera instancia y sin que se evidencien vicios que acarreen nulidades y requieran el ejercicio de control de legalidad por parte del órgano judicial, se procederá a plantear el siguiente:
Problema Jurídico.
26. De acuerdo con los cargos formulados por la parte demandada en calidad de apelante único, le corresponde a la Sala analizar si en virtud de la cláusula 10º del celebrado entre el muncipio de Ayapel y sus acreedores, operó la condonación o renuncia a la sanción moratoria, al estipular lo siguiente:
«CLÁUSULA 10. En desarrollo del presente ACUERDO DE REESTRUCTUACIÓN DE PASIVOS, los ACREEDORES aceptan la propuesta de EL MUNICIPIO en el sentido de condonar los intereses que llegaren a causarse sobre el valor del capital de sus acreencias que quedaron incorporadas en la relación de acreencias y derechos de voto y expresamente se comprometen a no iniciar nuevos procesos en contra del MUNICIPIO, para obtener el pago de indemnizaciones o de intereses sobre las mismas, incluyendo las indemnizaciones moratorias de que trata la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006.»
27. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará las normas que establecen los acuerdos de reestructuración de pasivos para la reactivación económica y financiera de los entes territoriales, los antecedentes jurisprudenciales, el acuerdo de reestructuración celebrado por el muncipio de Ayapel, para finalmente analizar el caso concreto.
De los acuerdos de reestructuración de pasivos para la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales.
28. La dirección general de la economía está a cargo del Estado, por lo que intervendrá en la economía, en virtud de los mandatos establecidos en los artículos 334 y 335 de la Constitución Política. En tal sentido, las actividades financiera, bursátil, aseguradora, son de interés público y solo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en dichas materias y promoverá la democratización del crédito.
29. Con fundamento en los postulados constitucionales señalados, se expidió la Ley 550 de 1999 «Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley».
30. La prenotada ley, en el inciso tercero del artículo 1° ibidem, incluyó dentro de su ámbito de aplicación a las entidades territoriales, así:
«Artículo 1o. Ámbito de aplicación de la ley.
[…]
Esta ley se aplicará igualmente a las entidades territoriales, de acuerdo con lo dispuesto en el Título V de la misma, y a las sucursales de sociedades extranjeras que desarrollen actividades permanentes en Colombia.».
31. Dentro de los fines de la intervención en la economía, el artículo 2º de la citada ley, contempló, entre otros, el propender por la reactivación de los sectores productivos de las empresas, así como del empleo, dentro de un régimen en el que las empresas y sus empleados acuerden condiciones especiales y temporales en materia laboral, en procura de una óptima estructura administrativa, financiera y contable de la entidad, con agilidad, equidad y seguridad jurídica.
32. En cuanto a los instrumentos para la obtención de los fines estatales, dotó a las empresas y entidades públicas de instrumentos, tales como la negociación y celebración de acuerdos de reestructuración previstos en el artículo 3º, numeral 1º de la ley; herramienta definida como la convención que se celebre a favor de una o varias empresas con el objeto de corregir deficiencias que presenten en su capacidad de operación y para atender obligaciones pecuniarias, de manera que puedan recuperarse dentro del plazo que se estipule para su ejecución y en las condiciones que se hayan previsto en el mismo – artículo 5º-.
33. Por su parte, el artículo 34 de la normativa en cita, relativo a los efectos del acuerdo de reestructuración, dispuso lo siguiente:
«Como consecuencia de la función social de la empresa los acuerdos de reestructuración celebrados en los términos previstos en la presente ley serán de obligatorio cumplimiento para el empresario o empresarios respectivos y para todos los acreedores internos y externos de la empresa, incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación del acuerdo o que, habiéndolo hecho, no hayan consentido en él, y tendrán los siguientes efectos legales:
[…]
8. Todas las obligaciones se atenderán con sujeción a lo dispuesto en el acuerdo, y quedarán sujetas a lo que se establezca en él en cuanto a rebajas, disminución de intereses y concesión de plazos o prórrogas, aun sin el voto favorable del respectivo acreedor, salvo las excepciones expresamente previstas en esta ley en relación con las obligaciones contraídas con trabajadores, pensionados, la DIAN, los titulares de otras acreencias fiscales o las entidades de seguridad social». (Resaltado fuera del texto original).
34. De acuerdo con la norma transcrita, la finalidad de los acuerdos celebrados bajo el régimen contemplado en la Ley 550 de 1999, son de obligatorio cumplimiento para el empresario y los acreedores, en cuanto rebajas, disminución de intereses y concesión de plazos o prórrogas, inclusive respecto de quienes no hayan participado en la negociación, o aun cuando no hubieren consentido en él, con excepciones de obligaciones contraídas con trabajadores establecidas en la misma ley.
35. En el proceso de reestructuración de pagos, el legislador previó dos etapas, la primera, correspondiente a la fijación de los derechos de voto de los acreedores, de acuerdo con el monto establecido de sus créditos (artículo 22), y la segunda, que comprende la negociación propiamente dicha, cuya objetivo es que finalice con un acuerdo de pagos dentro del término de cuatro meses (artículo 23). Dice la norma:
«[…] El promotor determinará el número de votos admisibles que corresponda a cada uno de los acreedores para decidir la aprobación del acuerdo de reestructuración; y determinará también la existencia y cuantía de las acreencias que deben ser objeto del acuerdo.
Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha en que haya quedado definida la designación del promotor, de conformidad con lo dispuesto en los artículos HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0550_1999.html" \l "7" 7 y HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0550_1999.html" \l "12" 12 de esta ley, deberá realizarse una reunión para comunicar a los interesados el número de votos admisibles y la determinación de la existencia y cuantía de las acreencias. La reunión se realizará a las 10 a. m. en las oficinas de la entidad nominadora, el día de vencimiento del plazo aquí indicado, a menos que sea convocada por el promotor en forma oportuna y que en la convocatoria se indique con precisión otro lugar, ubicado dentro del domicilio del empresario, una fecha anterior y otra hora para tal efecto.
La convocatoria se hará mediante aviso en un diario de amplia circulación en el domicilio del empresario y en los de las sucursales que éste posea, publicado con una antelación de no menos de cinco (5) días comunes respecto de la fecha de la reunión. Dicho aviso será inscrito en el registro mercantil de las Cámaras de Comercio con jurisdicción en los domicilios del empresario y en los de sus sucursales. Dicha inscripción se sujetará a la tarifa establecida por el Gobierno Nacional para la inscripción de documentos en el registro mercantil.
Desde la fecha de publicación del aviso de convocatoria a que se refiere el inciso anterior, o dentro de los quince días comunes anteriores al vencimiento del plazo señalado en el inciso segundo de este artículo, el promotor tendrá a disposición de los acreedores toda la información y documentación a que se refiere el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0550_1999.html" \l "20" 20 de la presente ley, acompañada del listado preliminar de votos, votantes y acreencias elaborado por el promotor, junto con sus correspondientes soportes. Los acreedores, por sí o a través de apoderado, podrán examinar el listado preliminar de votos, votantes y de acreencias, así como sus correspondientes soportes. Cualquier solicitud de aclaración u objeción que no haya sido resuelta con anterioridad durante la negociación, deberá ser planteada durante la reunión, y será resuelta en ella por el promotor en su calidad de amigable componedor por ministerio de la ley. […]».
36. Sobre las objeciones señala el artículo 26 de la Ley 550 de 1999, lo siguiente:
«[…] Cuando cualquier acreedor interno o externo, o un administrador del empresario con facultades de representación, tenga una objeción a las decisiones del promotor a que se refieren los artículos HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0550_1999.html" \l "22" 22 y HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0550_1999.html" \l "25" 25 de la presente ley que no pueda ser resuelta en la reunión prevista en su artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0550_1999.html" \l "23" 23, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de terminación de dicha reunión el objetante tendrá derecho a solicitar por escrito a la Superintendencia de Sociedades que resuelva su objeción. La Superintendencia resolverá dicha objeción, en única instancia, mediante el procedimiento verbal sumario, pronunciándose a manera de árbitro, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_procedimiento_civil_pr014.html" \l "435" 435 del Código de Procedimiento Civil. La Superintendencia resolverá todas las objeciones presentadas en tiempo sobre el particular sobre el particular <sic> y la providencia respectiva, una vez en firme, permitirá al promotor establecer con certeza los votos admisibles y los créditos que han de ser objeto del acuerdo de reestructuración.
PARÁGRAFO. La Superintendencia resolverá las diferencias con base en los documentos que hayan sido considerados por el promotor, quien los remitirá de inmediato para que ésta resuelva. Si se requiere de la práctica de avalúos para efectos de resolver la objeción, se dará aplicación a los artículos HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0550_1999_pr001.html" \l "60" 60, HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0550_1999_pr001.html" \l "61" 61 y HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0550_1999_pr001.html" \l "62" 62 de esta ley; y el objetante, al formular su objeción, deberá acompañarla con la prueba correspondiente al avalúo en que se fundamente, practicado de conformidad con lo dispuesto en esta ley al respecto, so pena de rechazo de la misma. […]».
37. El convenio deberá constar íntegramente en un documento escrito, tendrá el plazo que se estipule para su ejecución, sin perjuicio de los términos especiales que se señalen para la atención de determinadas acreencias, y del que llegue a pactarse en los convenios temporales de concertación laboral previstos en la citada ley (artículo 31).
Antecedentes jurisprudenciales
38. En lo concerniente a la imposición de la sanción moratoria en el caso de sometimiento de la empresa al proceso de reestructuración económica que contempla Ley 550 de 1999, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral en sentencia de 16 de noviembre de 2016, ha sostenido de manera reiterada y pacífica, que la imposición de la sanción moratoria no es autómatica, en la medida en que, dado su carácter sancionatorio, es necesario el análisis del juez laboral de la conducta del deudor a efectos de que determine si la restructuración se dio en el mismo periodo en el que se debieron cancelar las acreencias laborales respectivas y se suscribió con el fin de pagar las sumas insolutas y, en todo caso, si el empleador cumplió y honró de buena fe los compromisos adquiridos en el referido proceso concursal. En esta oportunidad, expuso lo que se transcribe a continuación:
«[…]
La Sala ha precisado que la conducta del empleador que debe ser evaluada es la observada en el momento en el que incurrió en mora en el pago de salarios o prestaciones sociales, vale decir, en el caso de la indemnización consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en el momento de la terminación del contrato de trabajo, y, en el caso de la sanción prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en el momento en el que legalmente se debe consignar la cesantía en un fondo. Por dicha razón, la Corte ha sido clara en definir que la mora no puede excusarse con fundamento en situaciones posteriores y diferentes de la conducta observada por el deudor en el momento en que tenía que pagar. (CSJ SL, 9, feb. 2010, rad. 36080; CSJ SL, 20 abr. 2010, rad. 33275; CSJ SL, 24 en. 2012, rad. 37288; CSJ SL, 1 ag. 2012, rad. 40972 y CSJ SL485-2013, entre otras).
En concordancia con las anteriores premisas, en los precisos contextos de sometimiento de la empresa al proceso de reestructuración económica que contempla la Ley 550 de 1999, la Sala ha sostenido que dicha situación puede ser evaluada efectivamente por el juez laboral, en aras de establecer que la empresa actuó de buena fe al dejar de pagar las acreencias laborales de sus trabajadores, de manera que no es dable imponerle la indemnización moratoria (CSJ SSL, 29 sep. 2009, rad. 35999; CSJ SL, 3 may. 2011, rad. 37493; CSJ SL, 24 en. 2012, rad. 37288; CSJ SL9660-2014 y CSJ SL16280-2014, entre otras). Sin embargo, en atención a que, como ya se explicó, la indemnización no se debe imponer ni excluir de manera automática, la Sala ha clarificado que no basta con demostrar el sometimiento de la empresa al proceso de reestructuración para prescindir de la condena por indemnización, pues es preciso, en todo caso, evaluar la conducta del empleador, ya que, incluso en tales estados especiales de recuperación económica, puede incurrir en actos contrarios a la buena fe, que lo hacen merecedor de la sanción (CSJ SL, 3 jun. 2009, rad. 33648; CSJ SL, 24 en. 2012, rad. 37288).» (Resalta la Sala).
39. En tal sentido, la Sala ha sostenido que al órgano judicial no le es dable asumir reglas absolutas ni esquemas prestablecidos a efectos de analizar la procedencia de la indemnización o justificar la mora, pues es su deber examinar las condiciones particulares de cada caso concreto, sin que el empleador pueda excusar su incumplimiento con fundamento en situaciones posteriores al momento en que debía cumplir la obligación o exonerarse solamente por el hecho de que la empresa se encuentre en dificultades económicas, pues dicha situación deberá ser evaluada efectivamente por el juez laboral.
40. De otra parte, la Corte Constitucional en sentencia C-586 de 2001, al resolver una acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 14 y 79 parciales de la Ley 550 de 1999, precisó que el derecho concursal, se sustenta en el respeto de los derechos ajenos y en la sujeción de los intereses individuales al interés colectivo y al beneficio común.
41. Por lo anterior, determinó que sin desconocer que el deudor deba cumplir con las obligaciones adquiridas y que, correlativamente, el acreedor tenga derecho a perseguir sus bienes hasta lograr la satisfacción total de su crédito; la finalidad del acuerdo de reestructuración consiste en que precisamente, ante la imposibilidad del primero de atender puntual y satisfactoriamente todas sus obligaciones, reemplace la ejecución singular por una colectiva en la que se satisfagan los derechos de crédito concurrentes de manera ordenada, amén de solucionar todos los pasivos, mediante un tratamiento igualitario que, además, garantice el reparto equitativo de las pérdidas, dentro del rango adquirido por cada acreedor.
42. El Consejo de Estado - Sección Segunda en la Sentencia de Unificación CE-SUJ004 de 25 de agosto de 2016, analizó el caso concreto de un servidor público a quien el municipio de Soledad le adeudaba las cesantías por las anualidades de 2003 a 2008, cuya pretensión se concretó en la declaratoria de nulidad del acto administrativo que le negó la sanción moratoria prevista en el régimen anualizado, bajo el argumento de que el ente territorial se encontraba sujeto a un acuerdo de reestructuración de pasivos, y por ende, el crédito laboral adeudado debió presentarse en la reunión preliminar celebrada el 22 de abril de 2010, concluyéndose de esta manera, que la omisión del empleado conllevó a la exoneración de tal penalidad.
43. Al respecto, esta Corporación consideró que a la administración no le está permitido desconocer cualquier prerrogativa laboral de naturaleza económica, pues de conformidad con el artículo 34 de la Ley 550 de 1999, citado en el acápite precedente, en los acuerdos de reestructuración «Todas las obligaciones se atenderán con sujeción a lo dispuesto en el acuerdo, y quedarán sujetas a lo que se establezca en él en cuanto a rebajas, disminución de intereses y concesión de plazos o prórrogas, aun sin el voto favorable del respectivo acreedor.»
44. En consecuencia, desestimó el argumento de la entidad pública empleadora, al considerar que el legislador contempló la celebración de acuerdos que tengan como objeto SUSPENDER, más no transgredir las prerrogativas laborales a las cuales tiene derecho el empleado, por cuanto ello conllevaría a una posición dominante del deudor insolvente, que no se compadece con la figura de saneamiento económico de la empresa consagrada en la ley.
45. Igualmente, en casos similares al que es objeto de estudio, la Sección Segunda de esta Coporación ha considerado que un acuerdo de reestructuración no puede desconocer obligaciones preexistentes a su celebración; sin embargo, debido a que la Ley 550 de 1999 permite la suspensión de prerrogativas laborales precisamente para devolver la viabilidad financiera al municipio, señaló que en el evento en que la entidad territorial informe a los acreedores la apertura del proceso de reestructuración, así como la determinación de las obligaciones a pagar, sin que se objete por parte del acreedor, se suspende la sanción moratoria hasta la ejecutoria de la decisión que determinó el pago de tal acreencia. En esta oportunidad, la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación en sentencia del 20 de abril de 2017, sostuvo lo siguiente:
«[…]
i). El Municipio de Ayapel informó a los acreedores la apertura del proceso previsto en la Ley 550 de 1999 así como la determinación de la obligación a pagar, en el cual no se incluyó como acreencia el reconocimiento y pago de las cesantías de la señora Lida Estela Ortega Cáceres para el año 2008, con su correspondiente sanción moratoria.
ii). La demandante no presentó objeción formal dentro de la reunión de determinación de acreencias y derechos de voto llevada a cabo el 22 de septiembre de 2009 como lo señala el artículo 23 de la Ley 550 de 1999, ni ante la Superintendencia de Sociedades dentro del término que señala el artículo 26.
iii). La demandante consintió la aprobación del acuerdo de restructuración de pasivos al votarlo favorablemente.
En las anteriores condiciones, dado que el acuerdo de restructuración de pasivos el municipio de Ayapel (Córdoba) no puede desconocer las obligaciones preexistentes y las que se causen a partir del mismo, como el reconocimiento de las cesantías de la demandante del año 2008 con la correspondiente sanción moratoria; lo cierto es que la entidad demandada le brindó las garantías a la demandante señaladas en la Ley 550 de 1999 para la inclusión de dicha acreencia, sin que realizara la objeción dentro del término señalado. Por el contrario, votó favorablemente el acuerdo.
Por lo cual, con base en la jurisprudencia de esta Corporación, a pesar que la demandante tiene el derecho a la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 correspondiente a un día de salario por cada día de retardo, desde el 15 de febrero de 2009, fecha en la cual se hizo exigible la obligación hasta que se realice el pago efectivo del auxilio de la cesantía, en el marco del acuerdo de restructuración de pasivos al no realizar la objeción señalada, es procedente la suspensión de la contabilización de la sanción moratoria durante el término en que se desarrolló el acuerdo, es decir, desde el 29 de mayo de 2009 hasta el 26 de noviembre de 2009, toda vez que la Ley 550 de 1999 permite la suspensión de prerrogativas laborales, precisamente para devolver la viabilidad financiera a la entidad territorial.
[…]
La sanción moratoria se liquidará con base en el salario devengado al momento en que surgió la mora, es decir, con el salario devengado por la señora Lida Estela Ortega Cáceres en el año 2009.
En conclusión: Con base en la jurisprudencia del Consejo de Estado en el marco del acuerdo de restructuración de pasivos no se pueden desconocer los derechos laborales preexistentes.
Sin embargo, en el evento en que la entidad territorial, informe a los acreedores la apertura del proceso previsto en la Ley 550 de 1999 así como la determinación de la obligación a pagar, sin que se objete, se suspende la contabilización de la sanción moratoria hasta la ejecutoria de la decisión que determinó el pago de tal acreencia.
En el presente caso, a pesar que la demandante tiene derecho al reconocimiento de la sanción moratoria alegada, no presentó objeción formal dentro de la reunión de determinación de acreencias y derechos de voto llevada a cabo el 22 de septiembre de 2009 como lo señala el artículo 23 de la Ley 550 de 1999, ni ante la Superintendencia de Sociedades dentro del término que señala el artículo 26 para la inclusión del reconocimiento y pago del auxilio de cesantías del año 2008 con la sanción moratoria.
Por tanto, es procedente la suspensión de la contabilización de la sanción moratoria durante el término en que se desarrolló el acuerdo de restructuración de pasivos, es decir, desde el 29 de mayo de 2009 hasta el 26 de noviembre de 2009.» (Resaltado fuera del texto original).
Del acuerdo de reestructuración celebrado por el municipio de Ayapel en el marco de la Ley 550 de 1999.
46. Se celebró entre el Alcalde de Ayapel (Córdoba) y sus acreedores, previa autorización del Concejo Municipal a través del Acuerdo 024 de 23 de diciembre de 2008, prorrogado por el Acuerdo 05 del 1º de junio de 2009, por razones de orden financiero, fiscal e institucional. Como antecedentes del acuerdo, se indicó que el 22 de septiembre de 2009, se celebró la reunión de determinación de derechos, votos y reconocimiento de acreencias, sin que se hubieren presentado objeciones. Igualmente, que entre el 20 y 26 de noviembre de la misma anualidad, se efectuó la votación frente a la propuesta del convenio, en la cual se obtuvo la mayoría requerida por el artículo 29 ejusdem (78.61%); por ende, se tuvo como suscrito el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos.
47. En cuanto a la obligatoriedad del citado acuerdo, en la cláusula tercera se estipuló lo siguiente:
«CLÁUSULA 3º. Teniendo en cuenta lo dispuesto por los artículos 4 y 34 de la Ley 550 de 1999, el presente ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS, es de obligatorio cumplimiento para EL MUNICIPIO y para todos sus ACREEDORES, incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación, o que, habiéndolo hecho, no hayan consentido en él, […]. Tratándose de EL MUNICIPIO, el mismo se entiende legalmente obligado a la celebración y ejecución de los actos administrativos de sus órganos de control que se requieran para cumplir con las obligaciones contenidas en este ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS.»
48. En cuanto al reconocimiento de acreencias, se estipuló:
«CLÁUSULA 6º. Salvo las OBLIGACIONES reconocidas en el presente ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS y en las condiciones que aquí se han fijado, EL MUNICIPIO no podrá reconocer a través de ninguno de sus servidores, ningún tipo de obligación o acreencia preexistentes a la iniciación de la promoción del presente ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS, a favor de ninguna entidad pública o privada, persona natural o jurídica, excepto que la misma provenga de decisiones judiciales en firme o disposición legal.»
49. En la cláusula 10º se previó la condonación de los intereses sobre el valor del capital de las sumas insolutas y el compromiso de no iniciar procesos con el objeto de obtener el pago de la sanción moratoria, así:
«CLÁUSULA 10. En desarrollo del presente ACUERDO DE REESTRUCTUACIÓN DE PASIVOS, los ACREEDORES aceptan la propuesta de EL MUNICIPIO en el sentido de condonar los intereses que llegaren a causarse sobre el valor del capital de sus acreencias que quedaron incorporadas en la relación de acreencias y derechos de voto y expresamente se comprometen a no iniciar nuevos procesos en contra del MUNICIPIO, para obtener el pago de indemnizaciones o de intereses sobre las mismas, incluyendo las indemnizaciones moratorias de que trata la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006.»
50. Igualmente, se consagró como principio de interpretación del convenio la buena fe en su celebración (cláusula 48), y las siguientes reglas particulares de interpretación:
«CLÁUSULA 50. En la interpretación del ACUERDO DE REESTRUCTUACIÓN DE PASIVOS, por parte de EL COMITÉ DE VIGILANCIA deberá acudir en primer lugar al contenido de las cláusulas del mismo y en defecto de ellas, a los fines que rigen la suscripción del ACUERDO DE REESTRUCTUACIÓN DE PASIVOS.»
51. Establecido lo anterior, la Sala analizará el problema jurídico atendiendo a las normas y los antecedentes jurisprudenciales analizados en los acápites precedentes.
Del análisis del caso concreto.
52. En el sub judice, el a quo declaró la nulidad del acto administrativo acusado y condenó al municipio de Ayapel a la sanción moratoria por la consignación tardía del auxilio de cesantías del 2008, al desestimar el argumento atinente a la condonación de aquella en virtud de los dispuesto en la cláusula 10º del acuerdo de reestructuración, por cuanto la demandante manifestó su inconformidad frente al listado preliminar de acreencias por no incluirse la penalidad.
53. La entidad demandada manifiesta su desacuerdo frente a la sentencia de primera instancia, al considerar que en atención a que la demandante no presentó objeción alguna frente a la condonación de la sanción moratoria en la Asamblea General de Acreedores, se entiende que renunció a ella, toda vez que dicha penalidad no constituye un derecho laboral mínimo, como sí lo es la prestación social –cesantías.
54. En ese orden de ideas, la Sala analizará en primer lugar si en el caso concreto los supuestos fácticos aducidos en la apelación, se encuentran demostrados a través de los medios probatorios allegados al proceso, así:
54.1 De acuerdo con las certificaciones expedidas por la Dirección General de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público el procedimiento llevado a cabo en el acuerdo de restructuración de pasivos del Municipio de Ayapel (Córdoba) fue el siguiente:
i.- Aceptación de la solicitud de promoción del acuerdo de restructuración de pasivos y designación de promotor el 29 de mayo de 2009.
ii.- Aviso de iniciación de la promoción del acuerdo de restructuración de pasivos en desarrollo de la Ley 550 de 1999, el 1° de junio de 2009.
iii.- Acta de determinación de actividades durante la negociación del acuerdo de restructuración de pasivos suscrita con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de 4 de junio de 2009.
iv.- Aviso de iniciación de la promoción del acuerdo de restructuración de pasivos del municipio de Ayapel, en desarrollo de la Ley 550 de 1999, publicado en el diario “El Meridiano de Córdoba” el 5 de junio de 2009 (folio 177 vuelto).
v.- Aviso de convocatoria a la reunión de determinación de acreencias y derechos de voto en la negociación del acuerdo de restructuración de pasivos publicado en el diario “El Meridiano de Córdoba” el 17 de septiembre de 2009
vi.- Acta de reunión de determinación de acreencias y derechos de voto dentro del proceso del 22 de septiembre de 2009.
vii.- Aviso de convocatoria para votar la celebración del acuerdo de restructuración publicado en el diario el Meridano de Córdoba, el 20 de noviembre de 2009.
viii.- Acta de reunión y escrutinio de votación de la negociación del acuerdo, en la cual se obtuvo la votación positiva del 78.61% requerida para la celebración y aprobación del acuerdo de restructuración de pasivos del 26 de noviembre de 2009.
54.2 En lo concerniente a la inclusión de la acreencia correspondiente al auxilio de cesantías y la sanción moratoria por la anualidad de 2008, en virtud de la prueba decretada de oficio por la Consejera Ponente a través del auto proferido el 27 de febrero de 2019, se allegó el «Formato de observaciones a la reunión de los acreedores del municipio de Ayapel –Córdoba- para que revisen el listado preliminar de acreencias del acuerdo de reestructuración de pasivos de la Ley 550 elaborado por el municipio y presenten observaciones» el 26 de agosto de 2009, por el cual manifestó:
«Reclamo que el municipio Ayapel no me ha consignado las cesantías de los años […] 2008, que aún no han sido consignados a los fondos e igual que los moratorios.»
54.3 Igualmente, se allegó el Acta de Determinación de Acreencias y Derechos de Voto realizada el 22 de septiembre de 2009, la cual se desarrolló según se transcribe a continuación:
«[…] Los asistentes ingresaron a la reunión previa acreditación de su calidad de acreedores […] posteriormente procedieron a ser comunicados de las acreencias y votos asignados mediante las publicaciones que se realizaron al interior del recinto, clasificados por grupo de acreedor así: acreencias de los trabajadores y pensionado (grupo 1), acreencias de las entidades públicas y de seguridad social (grupo 2) y a los demás acreedores externos (grupo 4).
[…]
Aquellos acreedores que se encontraban de acuerdo con los montos arriba registrados finalizaron su participación en el evento. Se reiteró en que los asistentes que no estuvieren de acuerdo con la cuantía de las acreencias, la determinación de los derechos de voto o quienes no aparecieran como acreedores en los listados publicados y quienes presentaran diferentes inconsistencias objeto de comunicación, podían efectuar observaciones diligenciando el formato diseñado para tal efecto, explicando los motivos de inconformidad y anexando los documentos probatorios necesarios para efectuar las modificaciones respectivas. Al respecto se recibieron 16 observaciones, las cuales fueron resueltas en su totalidad en presencia de cada uno de los equipos de administración municipal y de la promotoría.
Así las cosas, y una vez resueltas todas las observaciones presentadas por los acreedores se dio por terminada la reunión de determinación de acreencias y derechos de voto del municipio de Ayapel a las 4 pm, tal y como fue anunciado en la convocatoria del mismo 17 de septiembre de 2009, quedando determinadas las acreencias y derechos de votos, más las modificaciones que se aceptaron con base en las observaciones presentadas por los acreedores antes mencionados.
El siguiente cuadro muestra el monto total de las acreencias y los derechos de voto definitivos después de resolver las observaciones presentadas en la reunión.
GRUPO
ACREENCIAS
VOTOS
PARTICIPACIÓN
1
$5.762.008.943
7.879.472.046
42.4%
2
$6.343.040.362
7.183.122.319
39.2%
4
$3.127.811.939
3.424.684.774
18.4%
Total
$15.232.861.244
18.487.279.139
100%
54.3 De acuerdo con lo pactado en el acuerdo de reestructuración de pasivos, el alcalde municpal de Ayapel expidió la Resolución 164 de 28 de marzo de 2011, por la cual ordenó pagar a Colfondos la suma de $88.235.401, por concepto de:
«Pago de cesantías de los empleados activos de la Alcaldía Mcpal de Ayapel, correspondiente a los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005 y 2008), que por petición de los empleados y según certificación del fondo donde se encuentran afiliados actualmente serán consignadas en el mencionado fondo; con cargo al Sector 20 Acuerdo de Reestructuración de Pasivos – Proyecto 01 financiación del Acdo. De Reestructuración de pasivos.» (Se resalta)
54.4. En el listado de los empleados afiliados a Colfondos, como fondo administrador de cesantías, se observa a la señora Leny Luz Gutiérrez Ruíz
54.5 Se evidencia asimismo, la copia de la orden de pago 223 de 29 de marzo de 2011, por la suma dineraria reconocida ($88.235.401) y en tal virtud, el comprobante egreso 2011-0368 correspondiente, entre otros, al auxilio de cesantías por la anualidad del 2008, el cual se efectuó el 14 de abril de 2011.
55. De acuerdo con la valoración en conjunto de los elementos de prueba aportados al proceso dentro de la oportunidad legal, se encuentra acreditado que en virtud de la reclamación elevada el 26 de agosto de 2009, la demandante solicitó la inclusión del auxilio de cesantías y la sanción moratoria correspondiente al año 2008, pero solo se efectuó la cancelación de la prestación social el 14 de abril de 2011 a través de la consignación en Colfondos; sin embargo, ello no ocurrió con la sanción moratoria en tanto no fue incluida en el convenio de reactivación económica y financiera de la entidad territorial, frente a lo cual la actora no presentó objeción formal en la reunión de determinación de acreencias y derechos de voto llevada a cabo el 22 de septiembre de 2009 como lo señala el artículo 23 ibídem, ni ante la Superintendencia de Sociedades dentro del término que señala el artículo 26 de la misma disposición normativa.
56. Así las cosas, conforme lo establecido en la Ley 550 de 1999 y en atención a la jurisprudencia de esta Corporación, debido a la aprobación del acuerdo de reestructuración por la mayoría requerida para su celebración y dado que la demandante no ejerció los mecanismos legales para manifestar su desacuerdo frente a la no inclusión de la sanción moratoria, la Subsección establece que en el presente caso operó la suspensión de aquella durante el término de desarrollo del acuerdo, es decir, a partir del 29 de mayo de 2009 cuando se aceptó la solicitud de promoción del acuerdo y se designó el respectivo promotor, hasta el 26 de noviembre de 2009, fecha en la que se celebró el acuerdo según la certificación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
57. Ahora bien, no es de recibo el argumento de la entidad demandada relativo a la condonación de la penalidad en virtud de lo estipulado en la cláusula 10 del acuerdo de pasivos referida a la condonación de intereses sobre el valor de capital de las acreencias incorporadas y el compromiso de no iniciar procesos con ocasión de la penalidad por mora prevista en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, por cuanto el hecho generador de la sanción prevista en la Ley 50 de 1990, se configura cuando el empleador incumpla el plazo para efectuar la consignación de la prestación social dentro de la oportunidad legal, esto es, con anterioridad al 15 de febrero de cada anualidad; a diferencia de la prevista en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, que se causa cuando la entidad incumple los términos para el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas directamente al servidor público.
58. En consecuencia, del análisis de los elementos de prueba aportados al proceso, la Sala de decisión encuentra acreditado que en el caso de la señora Leny Luz Gutiérrez Ruíz no se configuró la condonación o renuncia a la sanción moratoria por la consignación tardía del auxilio de cesantías del 2008, sino que aquella se SUSPENDIÓ durante el desarrollo del acuerdo de reestructuración de pasivos del municipio de Ayapel, esto es, desde el 29 de mayo al 26 de noviembre de 2009, tal como se expone a continuación:
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59. Así, la penalidad solicitada por la actora se causó desde el 15 de febrero de 2009 al 28 de mayo de 2009, cuando se suspendió, y entre el 27 de noviembre de 2009 hasta el 13 de abril de 2011, día anterior a la fecha de consignación en Colfondos, período de sanción que corresponde a 1 año, 8 meses y 2 días, equivalente a 602 días de sanción moratoria.
60. Igualmente, la Sala señala que la penalidad será liquidable con base en la ASIGNACIÓN BÁSICA percibida en el 2009, correspondiente al período en que surgió la mora, tal como lo ha considerado la Sección Segunda en la Sentencia de Unificación CE-SUJ004 de 25 de agosto de 2016.
61. Finalmente, en cuanto al cargo de la entidad demandada relativo a que el acuerdo de reestructuración de pasivos, «al ser una manifestación de voluntad de la administración» goza de presunción de legalidad, la Sala de decisión señala que esta figura jurídica se encuentra definida en el artículo 5º de la Ley 550 de 1999, a saber:
«Se denomina acuerdo de reestructuración la convención que, en los términos de la presente ley, se celebre a favor de una o varias empresas con el objeto de corregir deficiencias que presenten en su capacidad de operación y para atender obligaciones pecuniarias, de manera que tales empresas puedan recuperarse dentro del plazo y en las condiciones que se hayan previsto en el mismo.
El acuerdo de reestructuración deberá constar por escrito, tendrá el plazo que se estipule para su ejecución, sin perjuicio de los plazos especiales que se señalen para la atención de determinadas acreencias, y del que llegue a pactarse en los convenios temporales de concertación laboral previstos en esta ley.
Para la solicitud, promoción, negociación y celebración de un acuerdo de reestructuración, el empresario y sus acreedores podrán actuar directamente o por medio de cualquier clase de apoderados, sin que se requiera la intervención a través de abogados. Un solo apoderado podrá serlo simultáneamente de varios acreedores.»
62. De la norma trascrita se establece que el legislador creó el acuerdo de reestructuración como un mecanismo por el cual el empresario y sus acreedores acuerdan plazos especiales para el pago de las acreencias, a fin de atender todas los pasivos de la empresa, así como propender por la recuperación económica y financiera de la misma.
63. En consecuencia, al constituir una negociación que se celebra entre una entidad territorial y sus acreedores, no puede entenderse como una manifestación unilateral de la administración, y en todo caso, debido a que es un acto bilateral como lo señaló el apelante, aquel no creó la situación jurídica en virtud de la cual demanda la señora Leny Luz Gutiérrez Ruiz, ya que la decisión del alcalde de Ayapel por la cual se le negó la sanción moratoria bajo el argumento de que no había sido incluido en el convenio de reestructuración económica es el acto definitivo que decidió directamente la petición, la cual como se expuso adolece de falsa motivación, según lo probado a través de este medio de control, toda vez que la actora sí reclamó la penalidad; sin embargo, al no manifestar su desacuerdo en la oportunidad legal operó la suspensión durante el desarrollo del convenio.
64. Por todo lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia proferida el 27 de agosto de 2015 por el Tribunal Administrativo de Córdoba - Sala Cuarta de Decisión, en tanto accedió al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía del auxilio de cesantías del 2008, con modificación del numeral tercero de la parte resolutiva, en tanto se debe condenar al municipio de Ayapel al reconocimiento de un día de ASIGNACIÓN BÁSICA por cada día de retardo desde el 15 de febrero de 2009 hasta el 28 de mayo de 2009, y desde el 27 de noviembre de 2009 hasta el 13 de abril de 2011, equivalente a 602 días de mora, liquidable con base en la asignación básica percibida por la actora en el 2009, de acuerdo con las razones expuestas en precedencia.
Condena en costas
65. En el numeral sexto de la parte resolutiva del fallo controvertido, se condenó en costas a la parte demandada. Al respecto, la Sala reitera lo expuesto por ambas subsecciones de la Sección Segunda de esta Corporación sobre el particular, en la medida que el artículo 188 del CPACA, impone al juez la facultad de disponer sobre su condena, lo cual debe resultar de analizar diversos aspectos dentro de la actuación procesal, tales como la conducta de las partes, y que principalmente aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes con el contenido del artículo 365 del CGP; descartándose así una apreciación que simplemente consulte quien resulte vencido para que le sean impuestas.
66. En el sub lite, no se observa que la demandada haya reflejado un interés más allá de la simple defensa de la legalidad del acto administrativo acusado, así como tampoco la existencia de factores, tales como, la temeridad y la mala fe, lo que conlleva a que se modifique el numeral sexto de la parte resolutiva de la providencia apelada, en tanto no hay lugar a condenar en costas.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida el 23 de octubre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Córdoba - Sala Tercera de Decisión, en tanto accedió a las pretensiones de la demanda presentada por la señon Leny Luz Gutiérrez Ruíz, salvo los numerales tercero y sexto, los cuales se modifican, y en su lugar, se dispone:
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, condenar al municipio al municipio de Ayapel a reconocer y pagar a favor de la señora Leny Luz Gutiérrez Ruíz, la sanción moratoria consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, generada por la consignación tardía del auxilio de cesantías por la anualidad de 2008, equivalente a un día de ASIGNACIÓN BÁSICA por cada día de retardo desde el 15 de febrero de 2009 hasta el 28 de mayo de 2009, y desde el 27 de noviembre de 2009 hasta el 13 de abril de 2011, equivalente a 602 días de mora, liquidable con base en la ASIGNACIÓN BÁSICA percibida por la actora en el 2009, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEXTO: Abstenerse de condenar en costas a la parte vencida en el proceso.
SEGUNDO: Por Secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
El proceso de la referencia subió al Despacho con el informe de la Secretaría de la Sección Segunda de la Corporación el 26 de abril de 2019, visible en el folio 421 del expediente.
El 20 de noviembre de 2012 (FF. 1), en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011
«Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.»
Folios 2 y 3 del expediente.
De acuerdo con la constancia secretarial del Juzgado Promiscuo de Ayapel expedida el 17 de octubre de 2013, que reposa a folio 123 del expediente.
«Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones»
Folios 3 - 9.
Acuerdo aprobado en la Asamblea General de Acreedores celebrada el 26 de noviembre de 2009.
Contestación que obra a folios 70 a 75 del expediente.
Folios 114 a 118.
Decisión que se adoptó al reanudar la audiencia inicial el 25 de octubre de 2013 (FF. 225 – 230
.
Folios 235 a 243.
Folios 327 - 335.
Reverso del folio 333.
Folios 341 a 349.
Folios 381- 385.
Folio 116.
« ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo»
«Artículo 334. HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43214" \l "1" Modificado por el art. 1, Acto Legislativo 003 de 2011, La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario.
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.
[…]
Artículo 335 Constitución Política. Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito.»
«Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley».
Sentencia SL16884-2016. Rad. 40272. Acta 43. M.P.: Rigoberto Echeverri Bueno.
Al respecto, en la sentencia de casación, la Corte Suprema de Justicia citó las siguientes providencias: CSJ SL, 5 marzo 2009, rad. 32529; CSJ SL, 20 jun. 2012, rad. 41836; CSJ SL4933-2014; CSJ SL13187-2015 y CSJ SL15507-2015, entre muchas otras).
Al respecto citó: CSJ SL, 1 jul. 2007, rad. 28024; CSJ SL, 20 abr. 2010, rad. 33275; CSJ SL, 1 jun. 2010, rad. 34778; CSJ SL, 24 abr. 2012, rad. 39319; CSJ SL884-2013 y CSJ SL10551-2015, entre otras.
A través de la cual resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 14 y 79 parciales de la Ley 550 de 1999. M.P.: Dr. Álvaro Tafur Galvis.
También denominado Procedimiento Concursal. Conformado por las disposiciones que relativas a la quiebra, concurso de acreedores, concordato preventivo, liquidación forzosa y convenios universales. Regido entre otros por los principios de publicidad, igualdad, generalidad, y unidad patrimonial.
Artículos 16, 58, 95, 333 y 334 C.P.-
Ib. 14.
Cita extraída de la sentencia de unificación.
Rad. 23-001-23-33-000-2012-90129-01 (0094-2015). C.P. William Hernández Gómez. En el mismo sentido: Sentencia del 26 de noviembre de 2018. Rad. 2012-00103-01. (1025-2015). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
Según se observa en la copia auténtica aportada por Ministerio de Hacienda y Crédito Público (folios 162 a 180), en virtud de la prueba decretada a petición de la parte demandada, en la Audiencia Inicial del 18 de junio de 2014 (fls. 150 – 154).
Folios 67 -78.
Folio 165.
Folio 171.
Consultado en el sitio web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el link: www.irc.gov.co/webcenter/content/conn/MHCPUCM/path/Contribution%20Folders/SitioWeb/Home/asistenciaentidadesterritoriales/Cordoba/Pasivos/Ayapel/CertficadosXRegistro_Ayapel.pdf
Folios 387 y 338.
Folio 417.
Folios 415 y 416.
Folio 401.
Folio 398
Folio 395
Folio 394.
« por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.»
« por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.»
«Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.»
« por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.»
« por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.»
De conformidad con la regla jurisprudencial establecida en la Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación dentro del proceso con radicación 73001-23-33-000-2014-00580-01 (4961-2015), que se transcribe a continuación:
«Sentar jurisprudencia señalando que, tratándose de cesantías definitivas, el salario base para calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica vigente al momento de la causación de la mora, sin que varíe por la prolongación en el tiempo.» (Se resalta).
C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
«Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley».
De conformidad con la regla jurisprudencial establecida en la Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018.
Estas erogaciones económicas son aquellos gastos en que incurre una parte a lo largo del proceso en aras de sacar avante la posición que detenta, tales como gastos ordinarios, cauciones, honorarios a auxiliares de la justicia, publicaciones, viáticos, entre otros; que encuadran en lo que se denomina como expensas. Así mismo, se comprenden los honorarios del abogado, que en el argot jurídico son las agencias en derecho. (Artículos 361 y ss. CGP).
Sentencia del 19 de enero de 2015, No. Interno 4583-2013, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, No. Interno 4044-2013, Consejera Ponente (e) Sandra Lisset Ibarra Vélez.
“ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.”
“ARTÍCULO 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las […]
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción.” (Negrillas y subrayado fuera del texto original).
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