Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-33-000-2013-00129-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-33-000-2013-00129-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 23001-23-33-000-2013-00129-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
25 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 25 de mayo de 2023
Radicación: 23001-23-33-000-2013-00129-01(57417)
Actor: Paulina Pimentel de Meneses y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa – Ley 1437 de 2011 –
Temas: reparación directa – Muerte de particular por parte de un integrante de la Fuerza
Pública – Falla no probada.
Síntesis del caso: un ciudadano fue asesinado tras retirar una suma de dinero en un banco.
El responsable de su muerte tenía vínculos con una banda delincuencial y era miembro
activo de la Policía Nacional.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la Sentencia de 17 de marzo de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, en la que se negaron las pretensiones de la
demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un
recurso de apelación en contra de una sentencia proferida por un tribunal
administrativo, de conformidad con los artículos 150, 152 y 157 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma
vigente al momento de la presentación de la demanda.
Contenido: 1. Antecedentes, 2. Consideraciones, 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada,
1.3. Sentencia de primera instancia, 1.4. Recurso de apelación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 30 de abril de 2013, Paulina Pimentel de Meneses, Sandra Patricia
Meneses Pimentel, Liliana María Meneses Pimentel, y Mónica Yolima
Meneses Pimentel presentaron demanda1, en ejercicio del medio de control
1 Folios del 1 al 12 del cuaderno No. 1.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 23001-23-33-000-2013-00129-01(57417)
Actor: Paulina Pimentel de Meneses y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa – Ley 1437 de 2011 –
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia
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de reparación directa, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional y municipio de Cereté, con el fin de obtener la reparación
de los perjuicios ocasionados con la muerte de Gustavo Meneses Vesga, el
4 de febrero de 2011, en Cereté (Córdoba).
2. En la demanda se planteó como pretensión declarativa (se trascribe):
“Que la Nación Colombiana – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y Alcaldía
de Cereté son administrativa y patrimonialmente responsables de los graves
perjuicios causados a las demandantes con motivo de la muerte violenta de que
fue víctima el ciudadano GUSTAVO MENESES VESGA, ocurrida el día 04 de febrero
de 2011 a eso de las 3:00 p.m., en el barrio La Esperanza del municipio de Cereté,
momentos después de haber retirado del Banco de Colombia con sede en dicha
localidad una suma de dinero superior a los tres millones de pesos ($3.000.000.oo),
en compañía de su esposa PAUINA PIMENTEL DE MENESES, por dos sujetos que se
transportaban en una moto (…)”.
3. La indemnización solicitada se resume en los siguientes valores:
Perjuicio Demandante Calidad Monto
Paulina Pimentel de Meneses Cónyuge 300 SMLMV
Sandra Patricia Meneses Pimentel Hija 300 SMLMV
Perjuicios morales
Liliana María Meneses Pimentel Hija 300 SMLMV
Mónica Yolima Meneses Pimentel Hija 300 SMLMV
Paulina Pimentel de Meneses Cónyuge 200 SMLMV
Perjuicios por
“alteración a las Sandra Patricia Meneses Pimentel Hija 200 SMLMV
condiciones de Liliana María Meneses Pimentel Hija 200 SMLMV
existencia”
Mónica Yolima Meneses Pimentel Hija 200 SMLMV
Perjuicios
Paulina Pimentel de Meneses Cónyuge $ 1.130.069.000
materiales2
4. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante refirió, en
síntesis, que el 4 de febrero de 2011, Gustavo Meneses Vesga se dirigió al
banco a retirar una suma de dinero, en compañía de su cónyuge. De
regreso a su casa, fue abordado por dos personas en una motocicleta,
quienes le dispararon en tres ocasiones con un arma de fuego. Por esos
hechos, la Fiscalía General de la Nación inició una investigación penal que
finalizó con la declaratoria de responsabilidad de José Guillermo Fernández
Méndez, quien era miembro activo de la Policía Nacional.
5. La parte actora refirió que la Policía estaba enterada de la conducta
irregular del patrullero involucrado en los hechos, pues, con anterioridad a
la muerte de la víctima, se le había informado que José Fernández tenía
vínculos con un grupo delincuencial, sin embargo, no hizo nada para
retirarlo y prevenir hechos como el ocurrido. Además, señaló que tanto
2 Por “lo que dejó de producirse económicamente por motivo de la muerte de su señor esposo y padre y la pérdida
de las ayudas que en ese sentido él les prodigaba. Asimismo, por concepto de las asesorías jurídicas que tuvieron
que contratar para su representación como víctimas en el desarrollo de la investigación penal que en su momento
se adelantó por causa del hecho criminal”.
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Actor: Paulina Pimentel de Meneses y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa – Ley 1437 de 2011 –
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia
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dicha entidad como la Alcaldía de Cereté incurrieron en una falla por
omisión, al no garantizar la seguridad de los habitantes del municipio, pese
a que conocían que, para esa fecha, habían aumentado los índices de
homicidios y hurtos en las cercanías de las entidades bancarias.
1.2. Posición de la parte demandada
6. El Municipio de Cereté presentó contestación a la demanda3, en la que
solicitó se le exonerara de responsabilidad, toda vez que el daño no fue
ocasionado por la entidad. Señaló que la Policía era la encargada de
proteger a los ciudadanos, asegurar el ejercicio de sus derechos y libertades
y mantener el orden público en el territorio nacional. Asimismo, dicha
entidad tenía el deber de definir, desarrollar y ejecutar las políticas públicas
de defensa y seguridad. De manera que, ante la eventual existencia del
daño reclamado en la demanda, la entidad llamada a responder era la
Policía y no el ente territorial.
7. La Policía Nacional presentó contestación a la demanda4, en la que se
opuso a las pretensiones planteadas por la parte actora. Refirió que la
entidad no era responsable, pues, según la jurisprudencia de Estado, para
que el daño fuera atribuible al Estado se debía demostrar que este se
produjo por un agente suyo, con el uso armas o elementos de dotación
oficial, o valiéndose de la calidad de autoridad, lo cual no ocurrió en este
caso, ya que el agente que cometió el homicidio no se encontraba en
servicio en el momento en que realizó tal conducta que, además, fue ajena
a su actividad y sus funciones como policía. Concluyó que “la simple calidad
de funcionario público que ostente el autor del hecho no vincula
necesariamente al estado, pues dicho funcionario puede actuar dentro de
su ámbito privado separado por completo de toda actividad pública, lo
cual exime de toda responsabilidad a la entidad”.
8. En el escrito, la policía llamó en garantía a José Guillermo Fernández
Méndez5. Seguidamente, este presentó contestación6, en donde refirió que,
pese a que el juez penal en primera instancia lo condenó por el homicidio
de Gustavo Meneses Vesga, en segunda instancia, el tribunal revocó dicha
decisión, por lo que no había sustento fáctico ni normativo para que
procediera el llamamiento en garantía.
3 Folios 283 al 286 del cuaderno No. 1.
4 Folios 1 al 22 del cuaderno No. 2
5 El tribunal admitió el llamamiento en garantía por medio de Auto de 21 de marzo de 2014 (folios 1 y 2 del cuaderno
No. 3).
6 Folios 6 al 12 del cuaderno No. 3.
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1.3. Sentencia de primera instancia
9. El 17 de marzo de 2016, el Tribunal Administrativo de Córdoba profirió
Sentencia de primera instancia7, en la que decidió (se trascribe):
“PRIMERO: DECLÁRESE probada la excepción de hecho de un tercero propuesta
por el Ministerio de Defensa – Policía Nacional; y de oficio la culpa exclusiva de la
víctima.
SEGUNDO: DENIÉGUENSE las suplicas de la demanda, por lo dicho en la parte
considerativa de esta providencia
TERCERO: ABSTENERSE de imponer condena en costas en esta instancia (…)”
10. El Tribunal consideró que se acreditó el daño consistente en la muerte
violenta de Gustavo Meneses Vesga. Sin embargo, no se probó que la
Policía o el municipio incurrieran en una omisión por falta de prestación del
servicio de seguridad, así como tampoco estaba acreditada la relación de
causalidad entre el daño y la actuación de un agente estatal.
11. Refirió que, si bien se advertía que en los meses previos a la ocurrencia
del hecho se presentó un gran número de atracos y aumentó la actividad
de grupos criminales en el municipio, también se evidenció que la Policía
adelantó programas orientados a enfrentar esa situación, tanto así que se
logró una disminución en las cifras de percepción de inseguridad.
12. Indicó que la obligación del Estado de mantener el orden público no era
absoluta, de modo que no podía atribuírsele responsabilidad a las entidades
demandadas por hechos aislados.
13. Señaló que, la víctima no presentó solicitud de protección especial y las
autoridades no estaban enteradas de que se encontrara amenazada o su
vida se encontrara en riesgo, de manera que el hecho no era previsible y no
podía exigirse al Estado una actuación más allá de las medidas de
seguridad generales adoptadas en el municipio.
14. Adujo que la Policía, la alcaldía y las directivas de bancos en Cereté
habían resuelto poner a disposición de la ciudadanía el servicio de escoltas
para las personas que retiraran grandes sumas de dinero, no obstante, la
víctima no hizo uso de ese acompañamiento, lo que evidenciaba que ella
misma se expuso al riesgo que se concretó con su muerte.
15. Finalmente, consideró que la conducta de José Guillermo Fernández
Méndez, quien fue condenado penalmente como el responsable del
homicidio de Gustavo Meneses, no tuvo relación con su calidad de servidor
público, pues “no se probó que el homicida portara uniforme de la policía,
7 Folios 683 al 696 del cuaderno del Consejo de Estado.
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ni que el arma fuera de dotación oficial, y en cambio se probó que, para el
momento de los hechos, el mencionado sujeto estaba de permiso
concedido por su inmediato superior”.
1.4. Recurso de apelación
14. La parte actora interpuso recurso de apelación8, con el fin de que se
revocara la Sentencia de primera instancia. Insistió en que se acreditó una
falla en la prestación del servicio de seguridad, pues en las actas del Consejo
de Seguridad Municipal quedó consignado que en el municipio se
presentaban “múltiples homicidios y hurtos” y la situación no era
adecuadamente atendida por la Policía, pues “se presentan muertes cerca
del comando, no hay judicialización, ni capturas”. Además, pese a las
medidas de seguridad adoptadas por las entidades demandadas, no se
había logrado el restablecimiento de la seguridad ciudadana ni se había
garantizado un efectivo control del orden público.
15. Asimismo, afirmó que estaba probado que integrantes de la Policía
pertenecían a los grupos criminales. En las actas se refirió que en el asesinato
del señor Gustavo Meneses “hubo participación de la Policía Nacional y de
la Sijín” y que “los miembros de la Policía Nacional, retirados y activos, eran
quienes conformaban las bandas de delincuentes que hicieron de Cereté y
sus alrededores su centro de operaciones delictuales”. Explicó que, por ese
hecho, la comunidad no confiaba en la institución de la Policía y ese fue
uno de los motivos por los que la víctima no solicitó acompañamiento tras el
retiro de dinero en la entidad bancaria.
16. Refirió que estaba probado que un integrante de la Policía había
cometido el homicidio y alegó que su calidad de autoridad le permitió
acceder a información privilegiada en materia de seguridad para la
ejecución de actividades ilícitas. Explicó que no se configuró la causal de
exoneración de hecho de un tercero, pues quien ocasionó la muerte
pertenecía a la institución demandada y, aunque se encontrara de permiso,
“la dignidad del cargo que ostenta lo acompaña en todas sus actividades”.
17. Señaló que la Policía estaba en una posición de garante frente a los
ciudadanos, pues tenía pleno conocimiento de la situación de inseguridad
en el municipio y el daño le resultaba previsible. En efecto, los testimonios de
varios agentes de Policía, practicados en el proceso penal, daban cuenta
de que “la ciudadanía informaba que Fernández Méndez José y otro
patrullero apellido Pereira era fleteros”, pese a lo cual no se inició ninguna
investigación disciplinaria o penal.
8 Folios 707 al 715 y 718 al 726 del cuaderno del Consejo de Estado.
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18. Concluyó que tanto la Policía como el municipio eran responsables por
el daño ocasionado, en tanto la primera “no adoptó medidas, no aumentó
el pie de fuerza, no solicitó apoyo, no trasladó a los policías sobre los que
había indicios serios sobre su conducta delictual” y la segunda no
implementó ninguna medida distinta a las reuniones del Consejo de
Seguridad para contrarrestar los casos de inseguridad.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia, 2.2. Análisis sustantivo, 2.3. Condena en costas.
2.1. Síntesis de la controversia
19. En esta providencia, la Sala decidirá el fondo del asunto porque están
reunidos los presupuestos procesales del medio de control de reparación
directa9. La Sala modificará la Sentencia de primera instancia que declaró
probadas las causales de exoneración de responsabilidad de hecho de un
tercero y culpa exclusiva de la víctima, pues no es cierto que Gustavo
Meneses Vesga, por no solicitar acompañamiento policial, influyera en la
ocurrencia de su propia muerte. En su lugar, negará las pretensiones de la
demanda, porque no se probó que la muerte de la víctima ocurriera por la
omisión de alguna de las entidades demandadas en brindarle seguridad y
protección, así como tampoco se acreditó que la acción del agente que
participó en el homicidio tuviera algún vínculo con el servicio público.
22. La Sala precisa que las declaraciones rendidas en el proceso penal, pese
a que no fueron practicadas con audiencia de la parte demandada, serán
valoradas porque fueron decretadas e incorporadas al presente proceso
por solicitud de ambas partes y, en la audiencia inicial y de pruebas, la
entidad demandada estuvo de acuerdo con su decreto y práctica10.
9 La demanda se presentó oportunamente. Gustavo Meneses Vesga falleció el 4 de febrero de 2011, por lo que,
en principio, la demanda podía interponerse hasta el 5 de febrero de 2013. No obstante, el término se suspendió
desde el 4 de febrero de 2013, con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial, hasta el hasta el 30
de abril de 2013, cuando se declaró fallido el trámite. La demanda se presentó ese mismo día (30 de abril de 2013),
esto es, antes del vencimiento del término previsto en el literal i) del artículo 164.2 del CPACA.
10 Esta Corporación ha establecido que la regla general es que, en virtud del principio de inmediación, los
testimonios tienen que practicarse en presencia de los jueces que deben resolver los litigios y, en observancia del
derecho a la defensa, las partes deben tener la posibilidad de contradecir las pruebas que se presenten en su
contra. Por lo que, para la valoración de los testimonios practicados por fuera del proceso se exige su ratificación
en el proceso en el que se pretenden hacer valer. No obstante, el trámite de ratificación se podrá omitir cuando
ambas parte soliciten que se incluya la prueba al expediente; cuando la parte contra la cual se presenta la
prueba, de manera expresa, manifiesta que está de acuerdo con la práctica de la prueba solicitada por la parte
actora; cuando el testimonio ha sido trasladado al trámite contencioso administrativo por solicitud de una de las
partes y la otra utiliza en su defensa lo consignado en esa declaración juramentada; o cuando la prueba se
practicó con la audiencia de la parte contra la cual se aduce o fue recopilado por ella misma, pues en este caso
se cumplen con las condiciones establecidas en los artículos 185 y 229 del Código de Procedimiento Civil. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de septiembre de 2013, Exp.
Radicación: 41001-23-31-000-1994-07654-01(20601). En concordancia, Corte Constitucional, Sentencia T-204 de 28
de mayo de 2018.
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Radicación: 23001-23-33-000-2013-00129-01(57417)
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Referencia: Reparación directa – Ley 1437 de 2011 –
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2.2. Análisis sustantivo
22. La parte actora aportó el registro civil de defunción en el que consta que
Gustavo Meneses Vesga falleció el 4 de febrero de 201111. Asimismo, allegó
el acta de necropsia en la que se concluyó que se trató de una muerte
violenta causada por proyectiles de arma de fuego12.
23. En el proceso no hay denuncias o solicitudes de protección presentadas
por la víctima ante las autoridades, tampoco se demostró que estas
conocieran una situación concreta de riesgo sobre aquella, ni que existiera
una grave alteración del orden público en la que se conociera
públicamente las amenazas en contra de la víctima, por lo que el hecho no
era previsible para el Estado.13
24. En el expediente obra un documento sobre el registro estadístico de los
delitos cometidos en el municipio de Cereté, desde el año 2009 hasta el año
201214, en el que se observa que se mantuvieron constantes las cifras de
homicidios y hurtos en el municipio durante ese lapso15. También algunas
actas del Consejo de Seguridad del municipio correspondientes al periodo
de 4 de mayo de 2009 a 29 de octubre de 2012, en las que se exponen casos
de homicidios y hurtos frecuentes a los alrededores del sector comercial y
de las sedes de entidades bancarias, así como también se refiere que son
frecuentes los hurtos por “raponeo” y atracos con arma de fuego.
25. No obstante, estos documentos no dan cuenta de un conocimiento
previo sobre la exposición de la víctima a una situación de peligro, pues, por
una parte, allí se informa una situación generalizada, pero no la existencia
de riesgo sobre personas determinadas y, por otra parte, se trata de una
información identificada con posterioridad a los sucesos, y no de manera
previa, que hiciera previsible el daño y, en consecuencia, fuera exigible una
actuación concreta por parte de las autoridades en esos casos.
11 Folio 18 del cuaderno No. 1.
12 Acta necropsia: “heridas por proyectil de arma de fuego en pleura derecha lóbulo pulmón derecho – herida en
cayado aórtico que causa gran sangrado en cavidad torácica – homoneumotórax a tensión más lesión de vejiga,
eventos que causan la muerte”. Folios 73 al 76 del cuaderno No. 2.
13 En lo relativo al deber de protección y las consecuencias de su omisión, esta corporación ha señalado que,
pese a que la agresión se cometiera por un tercero, el Estado debía responder cuando: se acredite que la persona
contra quien se dirigió el ataque había solicitado previamente medidas de protección a las autoridades y estas
no se las brindaron o las mismas fueron insuficientes o tardías; la víctima no solicitó las medidas referidas, pero las
fuerzas del orden conocían las amenazas que se cernían contra su vida y, por ende, estaban obligadas a actuar;
o en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, como por ejemplo, la grave alteración
del orden público y el conocimiento público de amenazas por parte de terceros que hacían que el hecho fuera
previsible y susceptible de conocimiento. Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia de 3 de
abril de 2020. Exp. No. 540012331000200601436-01 (47.334).
14 Folios 77 al 79 del cuaderno No.1.
15 En el año 2009 se reportaron 22 homicidios, en el año 2010 se reportaron 25 homicidios, en el año 2011 se
reportaron 25 homicidios y en el año 2012 se reportaron 15 homicidios. En el año 2009 se reportaron 20 hurtos a
persona, en el año 2010 se reportaron 17 hurtos, en el año 2011 se reportaron 13 hurtos y en el año 2012 se
reportaron 34 hurtos.
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26. Por otra parte, es cierto que en el acta de 21 de enero de 2011 (días
antes de la ocurrencia de la muerte de Gustavo Meneses) consta que el
representante de la Policía manifestó (se trascribe): “aquí en Cereté, en los
robos en el banco de Colombia, hemos dado la pista que miembros de la
policía son autores de esos robos”. Asimismo, en el acta de 29 de octubre
de 2010 consta la preocupación de las directivas de entidades bancarias
porque los clientes no usaban el servicio de escolta, dada la desconfianza
hacia la institución de la Policía. No obstante, para el momento de los
hechos, no se había identificado ni demostrado que miembros de la Policía
habían faltado a sus deberes o habían participado en hechos delictivos.
27. Asimismo, en las declaraciones que el alcalde realizó en el juicio oral del
proceso penal se refrió que la comunidad informó sobre los posibles vínculos
de miembros de la fuerza pública con grupos delincuenciales, pero no se
identificó a los presuntos infractores16. También los agentes Rafael Benjamín
Chica Guzmán y los agentes Javier Francisco Arrieta y Héctor Enrique Páez
refirieron que entre los habitantes del municipio se rumoraba sobre ese
hecho17, pero, se reitera, no había pruebas que permitieran identificar e
investigar a los victimarios como para inferir una omisión por falta de
investigación a quienes habían cometido hechos ilícitos.
28. Pese a que el homicidio de Gustavo Meneses fue cometido por un
miembro activo de la Policía Nacional, no se demostró que la acción de ese
agente tuviera alguna relación con el servicio público18. Está acreditado
que José Guillermo Fernández Méndez fue declarado penalmente
responsable por los delitos de homicidio simple y tentativa de hurto
calificado19 y que para el momento de los hechos el mencionado se
16 Rafael Benjamín Chica Guzmán refirió que en los Consejos de Seguridad se tocó muchas veces la denuncia de
que miembros de la Policía Nacional participaron en esos atracos. Afirmó que recibió una llamada en la que le
dijeron que en un atraco que ocurrió en el barrio “Montecristo” participaron miembros de la Policía Nacional.
Asimismo, días después de la muerte de Gustavo Meneses, recibió una llamada en la que se le informó que “en la
muerte del ganadero habían participado policías”. Ante la pregunta de si le habían informado nombres de
quienes participaban en esos atracos, respondió: “no, no me informaron nombres específicos”.
17 El declarante Javier Francisco Arrieta refirió “se escuchaban rumores, que uno de los compañeros estaba
implicado en fleteos (…) decían que era un policía y que vivía en Cereté (…) decían que era apellido Fernández
(…) lo que se escuchaban eran puros rumores”. El declarante Héctor Enrique Páez Valderrama manifestó: “la
primera información que tenemos nosotros es de la ciudadanía, quienes nos hacen saber que posiblemente el
señor patrullero Fernández junto con un patrullero de apellido Pereira pudiera haber estar comprometidos con
hurtos a clientes del sistema financiero bancario de la ciudad de cerete (…) nosotros les decíamos que
denunciaran que si sabían porque no denunciaban”.
18 En los casos de responsabilidad del Estado por daños ocasionados por sus agentes, esta corporación ha
establecido que para que el daño sea imputable al Estado es necesario que la conducta del agente tenga alguna
relación con la actividad estatal, por ejemplo, que el agente actúe en desarrollo de sus funciones, con elementos
o instrumentos propios de dicha actividad, o que se exceda en las funciones asignadas, o que se ampare o
aproveche de su calidad de autoridad, de manera que para la víctima su conducta se derive del ejercicio del
poder público. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 6 de julio
de 2017, exp. No. 54001-23-31-000-2001-00612-01(42088), Sentencia de 28 de abril de 2010, exp. No. 17201,
Sentencia de 17 de marzo de 2010, exp. No. 18526, Sentencia de 17 de marzo de 2010, exp. No. 18526.
19 En Sentencia penal de primera instancia de 11 de octubre de 2012 proferida por el Juzgado Penal del Circuito
de Cereté con funciones de conocimiento se declaró penalmente responsable a José Guillermo Fernández
Méndez por los delitos de homicidio, hurto agravado y fabricación (en grado de tentativa), y tráfico y porte de
armas de fuego y municiones agravado de los cuales fue víctima Gustavo Meneses Vesga (Folios 387 al 403 del
cuaderno No. 1). En la Sentencia penal de segunda instancia de 19 de diciembre de 2013 proferida por la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería se revocó la decisión de primera instancia (Folios 414 al
460 del cuaderno No. 1). No obstante, en Sentencia de casación de 20 de noviembre de 2014, la Corte Suprema
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Radicación: 23001-23-33-000-2013-00129-01(57417)
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desempeñaba como patrullero de la Policía Nacional20. No obstante, no se
probó que el agente, al momento de cometer el hecho delictivo, estuviera
en servicio activo, portara el uniforme, empleara armas u otros elementos
oficiales entregados para su custodia en virtud de su actividad como Policía,
o se valiera de su calidad de autoridad para realizar la conducta típica.
29. De conformidad con el Informe Ejecutivo de la Fiscalía21 y las
declaraciones de Álvaro Antonio Gaviria, Paulina Pimentel y José Julián Soto
Paternina22, testigos de los hechos, el homicidio ocurrió el 4 de febrero de
2011, a las 2.30 p.m. aproximadamente, en las afueras de la casa de
residencia del señor Gustavo Meneses Vesga, cuando este regresaba, en
compañía de su cónyuge, después de realizar un retiro bancario. En esas
declaraciones y en el informe de retrato hablado23 se refiere que se trató de
dos victimarios que se movilizaban en una motocicleta de color rojo, uno de
ellos vestía una camiseta de color claro y el otro una camisa con rayas de
colores negro y blanco, y jean.
30. En las copias del libro de anotaciones de la Estación de Policía en la que
laboraba José Guillermo Fernández Méndez se observa una anotación de 4
de febrero de 2011, a la 1:30 pm, (se trascribe): “salida del señor patrullero
Fernández Méndez José al municipio de Cereté a fin de retirar dinero de su
cuenta en el Banco Colmena, sale con autorización del subintendente
Miranda Causil Álvaro comandante de estación de Rabo Largo, sale sin
novedad”. Asimismo, consta anotación de ese mismo día, a las 4 p.m., (se
trascribe): “Regreso del señor patrullero Fernández Méndez José, sin
novedad (…)”.24
31. En el informe balístico, en el que constan los resultados del estudio del
proyectil recuperado del cuerpo sin vida de Gustavo Meneses Vesga, se
concluye que (se trascribe): “el proyectil descrito en el ítem 3.1. hizo parte
constitutiva de un cartucho calibre 38 spl, tipo revolver, clase común
de Justicia, Sala Penal, resolvió casar parcialmente la sentencia de segunda instancia y, en consecuencia,
confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto a la coautoría de José Guillermo Fernández Méndez en los
delitos de homicidio simple y tentativa de hurto calificado (Folios 606 a 670 del cuaderno No. 1).
20 Oficio de 20 de febrero de 2011, en el que la Policía informa que: “verificada nuestra base de datos del Sistema
de Información para la Administración y Gestión del Talento Humano “SIATH”, me permito informarle que en esta
unidad orgánica territorial efectivamente laboraron unos policiales, los cuales se relacionan más adelante: (…)
Patrullero JOSÉ GUILLERMO FERNÁNDEZ MÉNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 78.381.916 de San
Andrés de Sotavento Córdoba (…) Fue retirado del servicio activo el día 12/02/2011, mediante resolución No. 052
del 10/02/2011. Para la fecha 04/02/22011 estaba vinculado laboralmente a la Estación de Policía de Cereté –
DECOR”. (Folio 130 del cuaderno No. 2). Asimismo, resolución de retiro y notificación (Folios 230 al 236 del cuaderno
No. 2).
21 Folios 48 al 52 del cuaderno No. 2.
22 CD de la audiencia de juicio oral del proceso penal.
23 Informe de investigador de campo FPJ11 de 11 de febrero de 2011 (Folios 92 al 96 del cuaderno No. 2).
Declaración de Álvaro Antonio Gaviria Santos, quien describió a uno de los sujetos así: “Un tipo más o menos alto,
trigueño, ni grueso ni flaco (…) llevaba una camisa negra con unas rayas blancas y un casco blanco” y, respecto
del segundo sujeto afirmó “llevaba una camiseta blanca (…) unos jeans” y José Julían Soto Paternina, manifestó:
“el que venía con el arma en la mano tenía un jean y una camiseta (..) llevaban uso cascos cerrados blancos”.
(CD de la audiencia de juicio oral del proceso penal).
24 Folios 167 al 192 del cuaderno No. 2.
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Radicación: 23001-23-33-000-2013-00129-01(57417)
Actor: Paulina Pimentel de Meneses y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa – Ley 1437 de 2011 –
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia
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encamisado “full metal jacket” (…) y por las características de estriado que
presenta este fue disparado por un arma de fuego tipo revolver cal 38
especial con de seis estrías sentido de rotación a la derecha, de las marcas
más comunes en nuestro medio (…)”25. En el informe no se precisó que el
arma coincidiera con un arma de dotación oficial.
32. En definitiva, no hay prueba de que la acción del agente tuviera alguna
relación con el servicio o que este se valiera de su calidad de autoridad para
cometer el hecho, tan así que los hechos fueron investigados por la justicia
ordinaria y no hubo proceso disciplinario en contra del implicado26.
33. En síntesis, la Sala considera que la parte actora no cumplió con la carga
probatoria que le correspondía. En este caso no se probó que las
autoridades tuvieran conocimiento previo sobre la existencia de un riesgo
sobre la vida o integridad de la víctima; los documentos que informaban
sobre el alto índice de hurtos y homicidios en el municipio contenían cifras
generales y posteriores a la identificación de casos concretos de
afectaciones a la ciudadanía y, en todo caso, reportaron cifras constantes
sobre los índices de inseguridad en el municipio; las afirmaciones y
comentarios sobre el posible vínculo de miembros de la Policía con grupos
delincuenciales no se había corroborado, pues en ese momento no existía
ninguna prueba de ese concierto delictivo; además, no se acreditó que el
agente que ocasionó el daño actuara con ocasión servicio público,
prevalido de su calidad de autoridad o en uso de elementos entregados a
su custodia. Por lo expuesto, la Sala negará las pretensiones de la demanda.
2.3. Condena en costas
34. De acuerdo con el artículo 188 del CPACA y los numerales 1 y 3 del
artículo 365 del Código General del Proceso, la parte demandante será la
condenada en costas en esta instancia. Por una parte, el tribunal de origen
deberá liquidar la condena en costas de manera concentrada, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 366 del CGP. Por otra parte, para la fijación
de las agencias en derecho en la segunda instancia se tendrán en cuenta
los criterios y topes establecidos en el artículo tercero del Acuerdo No. 1887
de 2003 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, es
decir, <<la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por
el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la
cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo
que sean equitativas y razonables>>. La parte demandada estuvo
25 Folios 567 al 569 del cuaderno No. 1.
26 En oficio de 14 de marzo de 2013, la Policía informó que “no se encontró registro de investigación disciplinaria
en contra del servidor judicial [José Guillermo Fernández Méndez] en el sistema jurídico de la Policía Nacional”.
Folio 36 del cuaderno No. 2.
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Radicación: 23001-23-33-000-2013-00129-01(57417)
Actor: Paulina Pimentel de Meneses y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otros
Referencia: Reparación directa – Ley 1437 de 2011 –
Decisión: Confirma la decisión de primera instancia
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representada por apoderado, sin embargo, no participó en el trámite de la
segunda instancia, por lo que, por concepto de agencias en derecho, se
condenará a la parte demandante al pago de 6 SMLMV, es decir, 3 SMLMV
a favor de cada entidad demandada.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia de 17 de marzo de 2016, proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, en la que se declararon configuradas
las causales de exoneración de responsabilidad de hecho de un tercero y
culpa exclusiva de la víctima.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
TERCERO: CONDENAR a la parte actora al pago costas de segunda
instancia, incluidos 3 SMLMV a favor de cada una de las entidades de la
parte demandada. Esta condena se liquidará de manera concentrada por
el Tribunal.
CUARTO: Por Secretaría, una vez ejecutoriado esta providencia, DEVOLVER
el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
11 de 11
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