Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2013-00385-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2013-00385-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2013-00385-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
26 de enero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
S AL A DE LO CONTENCIOSO AD MINISTR ATIVO
SECCIÓN SEGUND A – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: G ABRIEL V ALBUE N A HE RN ÁNDEZ
Bogotá, D.C. veintiséis (26) de enero de dos mil veintitré s (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 23001 23 33 000 2013 00385 01 (0091 -2015)
Demandante: Ernestina Josefa Cogollo Espitia .
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social
Temas: Reconocimiento pensión gracia. Vinculación territorial . Ley
1437 de 2011.
SENTENCI A DE SEGUND A I NST AN CI A
AS UNTO
Conoce la Sala de la Subsección A, Sección Segunda del Consejo
de Estado el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia del 2 6 de junio de 2014 , prof erida
por el Tribunal A dministrativo de Córdoba que accedió a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECE DENTES
1. L A DEM AND A 1
La señora Ernestina Josef a Cogollo Espitia , en ejercicio de l medio
de control de nulid ad y restablecimie nto del derecho previsto en el
artícu lo 138 de la Ley 1437 de 2011 2, f ormuló en síntesis las
sigu ientes:
1 Folios 1 a 8, modificación obrante a folios 44 a 56.
2 «Porla cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo», en adelante CPACA.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 23001233300020130038501 (0091-2015)
Demandante: Ernestina Josefa Cogollo Espitia
1.1. Pretensiones
Declarar la nulid ad de las resoluciones (i) 63316 del 21 de
diciembre de 2006 , mediante la cual la Caja Nacional de Pre visión
Social EICE –CAJANAL negó el reconocimiento y pago de la
pensión gracia de la ac cionante ; (ii) 56389 del 14 de noviembre
de 2008 que, al resolve r un recurso de reposición , conf irm ó la
decisión anterior; (iii) UGM 006875 del 7 de septi embre de 2011 ,
a tra vés de la cual resolvió desf avorablemente una nueva solicitud
de reconocimiento de pensión gracia y (i v) el auto ADP 001665 del
13 de agosto de 2 012 que ordenó el archivo de la solicit ud , dejando
en f irme lo resuelto en la Resolución UGM 006875 del 7 de
septiembre de 2011 .
A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la
entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia en los
términos de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933, 91 de
1989 y 4 de 1966 ; (ii) indexar las sumas reconocidas y, (iii) cumplir
la sentencia en los términos de los artícu lo s 176, 177 y 178 del
CCA.
1.2. Fundamentos fácticos
La señora Ernestina Josefa Cogollo Espitia expuso que:
a) Nació el 1 de f ebrero de 1952 .
b) Prestó los servicio s como docente departamental y municipal
por más de 20 años .
c) Mediante la Resolución 63316 del 21 de diciembre de 2006 ,
CAJANAL negó el reconocimiento de la pensión gracia , por
considerar que no cumple con el requisito de 20 años de servicio al
Estado, pues, de los documentos allegados se debían desestim ar
los períodos prest ados en cumplimiento de órdenes de prestación
de servicios.
d) La accionante interpuso recurso de reposición indicando que
ni la doctrina ni la jurisprudencia h a n señalado que los tiempos
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Demandante: Ernestina Josefa Cogollo Espitia
docentes en calidad de supernumerarios, remplazos, contratos y/o
orden de prestación de servicios sea n desestimados para acceder
a la pensión gracia , ya que la norma es clara y se re f iere a los
maestros del orden municipal, departamental y distrita l.
e) A través de la Resolución 56389 del 14 de noviembre de
2008, la entidad demandada conf irmó la decisión con los mismos
argumentos.
f) El 12 de junio de 2009 la demandante presentó una nueva
solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia .
g) A tra vés de la Res olución UG M 006875 del 7 de septie mbre
de 2011, la entidad accionada resolvió en f orma negativa la
solicitud y adujo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1
de la Ley 114 de 1913 y teniendo en cuenta los tiempos de servicio,
no cuenta con los 20 años requeridos , ya que fue vinculada a partir
del 1 de f ebrero de 1995 , mediante contrato s de trabajo y a l tenor
de lo dispuesto en la Ley 91 de 1991, se entiende que todo
nombramiento efectuado con posterioridad a la vige ncia de la
mencionada normativa corresponde al orden nacional, por lo que
tan solo acredita tiempos como docente nacionalizada y no alcanza
los 20 años.
h) La actora reiteró su petición el 8 de junio de 2012 y , en
respuesta f ue emitido el Auto ADP 001665 del 13 de agosto de
2012, a través del cual se indicó que no debía existir nuevo
pronunciamiento al no encontrar nuevos elementos de juicio, por lo
que debía tenerse en cuenta la Resolución UGM 006875 del 7 de
septiembre de 2011.
1.3. Normas violadas y concepto de vi olación
La accionante invocó como disposiciones vulneradas las sigu ientes:
artícu los 2, 6, 25 y 58 de la Constitución Política; 1 y 5 de la Ley
114 de 1913 ; 4 de la Ley 4 de 1966 ; 1 de la Le y 33 de 1985; 1 de
la Ley 62 de 1985 y 91 de 1989 .
Al desarrollar el c oncepto de vi olación , exp resó que la entidad
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demandada no tuvo en cuenta que es benef iciaria del régimen
especial creado a f avor de los docent es qu ienes a 31 de diciembre
de 1980 hayan estado vincu lados en el orden municipal, distrital o
nacionalizado , ra zón por la cual le debe ser reconocida la pens ión
gracia.
Indicó que el criterio e xpuesto por la entidad demandada solo se
aplica si son nuevos los nombramientos .
2. CONTEST ACIÓN DE L A DE M AND A 3
La Unidad Administrativa Especia l de Gestión Pensional y
Contribuciones Paraf iscales de la Protección Social 4 se opuso a las
pretensiones de la demanda por carecer de sustento jurídico y
probatorio .
En su def ensa f ormul ó la excepción de legalidad de los actos
demandado s, por considerar que la accionante laboró al servicio
del departamento de Córdoba con vincu lación nacionalizada ,
mediante el Decreto 000355 , desde el 31 de marzo de 1 975 hasta
el 13 de julio de 1 990, acumulando 15 años, 3 meses y 3 días; con
posterioridad s e vinculó al municipio de Lorica mediante contratos
de prestación de servicios, es decir, no ostentó vinculación laboral
con la entidad territorial.
Indicó que de acuerdo con lo establecido en el artículo 105 de la
Ley 115 de 1994, solo se ostenta la cal idad de docente en virtud
del nombramiento realizado mediante decreto por la entidad
respectiva, pre via selección del personal que ha ya cumplido los
requisitos establecidos para ocupar el cargo de docente a través de
concurso.
En ese orden, sostuvo que con los actos administrativos
3 Folios 133 a 136.
4
En adelante UGPP
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demandados, la entidad no violentó preceptiva legal a lguna.
3. AUDIENCI A INI CI AL 5
El 20 de junio de 2014 se llevó a cab o la audiencia inicial por parte
del Tribunal Administrativo de Córdo ba , oportunidad en la que (i )
determinó que no existe ninguna irre gularidad que genere nulidad;
(ii) dif irió el aná lisis de las excepciones propuestas para el
momento de prof erir sentencia y (iii) delimitó el proble ma jurídico
en los siguientes t érminos:
«Deben ser declar a das nulas las Reso l uciones No. 63316 d e 21 de
diciem br e de 2 006 , 56389 de 14 d e noviem br e de 2 008, y
UG M006875 de 7 de sept iem br e de 2011, y e l Aut o No. ADPO 0 01665
de 13 de ag ost o de 2012 , m ediant e las cuales se neg ó la pensión
g r acia a la señor a Er nest ina Josef a Cog ollo Espit ia al de m ost r ar
q ue cum ple con los 20 años de ser vici o exig idos par a su obtención.
( T r anscr ipción t ext ual) »
4. L A SENTENCI A DE PRIMER A INS T ANCI A 6
El Tribunal Administrativo de Córdob a en sentencia del 26 de junio
de 2014 resolvió: d eclarar (i) la nulida d de las Resoluciones 63316
del 21 de diciembre de 2006, 56389 de l 14 de noviembre de 2008 y
UGM006875 de l 7 de septiembre de 2011, así como del Auto
ADPO001665 de l 13 de agosto de 2012, actos mediante los cuales
la UGPP negó el reconocimiento de la pensión graci a y (ii) no
probada la excepción de «Legalidad del acto demandado»
propuesta por la accionada.
Como consecuencia de la s anteriores declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho, ordenó a la entidad demandada (a )
reconocer la pensión gracia en cuantía del 75% del pro medio de la
asignación básica y demás f actores salariales de vengados en el
año anterior a la causación del derecho , con los reajust es de ley a
partir del 6 de dicie mbre de 2008; (b) actualizar las sumas aplicando
la formula establecida por el Conse jo de Estado; (c) declarar
5 Folios 147 a 152.
6 Folios 174 a 178 Vto.
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probada de of icio la excepción de prescripción trienal respecto de
las mesadas causadas con anteriorid ad al 8 de junio de 2009 y (d)
suf ragar las costas procesales y las agencias en derecho
equivalentes al 3% del valo r resu ltante de las pretensiones
reconocidas en la sentencia.
Como f undamentos de su decisión expuso que:
De acuerdo con el material probatorio allegado encontró probado
que:
(i) La accionante nació el 1 de f ebrero de 1952 es decir cumplió 50
años de edad el 1 de f ebrero de 2002.
(ii) Respecto del tiempo de servicios y vinculación con anterioridad
al 31 de diciembre de 1980, advirt ió que fue nombrada en propiedad
a partir del Decreto Departamental 000355 del 31 de marzo de 1975,
como docente en la Escuela Rural Mixta de La Selva del municipio
de San Pelayo, tomando posesión el 10 de abril de 1975 y siendo
retirada del mismo mediante Decreto Departamental 000431 del 13
de julio de 1990, por lo que acumuló un total de 15 años, 3 meses
y 3 d ías.
(iii) I gualmente , encontró acreditado que la demandante f ue (a)
nombrada en provisionalidad , a tra vé s del Decreto Mun icipal 045
del 8 de marzo de 2004 , como docente en el Centro Educativo El
Remolino del municipio de Santa Cru z de Lorica , acto que (b) f ue
ratif icado median te el Decreto Municip al 113 del 2 de mayo de 2005 ,
tomando posesión el 13 de mayo de 2005 ; (c) por Decret o Municipal
160 del 14 de agosto de 2006 , el cual se materializó del 30 de
agosto de 2006 al 9 de junio del 2011 , última f echa en la que cesó
su vinculación pre caria , por lo cual acumuló un total de 7 años, 3
meses y 1 día.
(iv) De otro lado, advirtió que si bien el municipio de Santa Cru z del
Lorica certif icó que la docente laboró tiempo completo en los
sigu ientes p eríodos: del 1 de f ebrero al 30 de noviembre de 1995;
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del 22 de abril al 30 de julio de 199 8; del 1 de agosto al 30 de
noviembre del 1988; del 15 de marzo al 15 de junio de 1999 y de l 1
de agosto al 30 de noviembre de 1999 para un total de 3 años, 7
meses y 6 d ías, co nsideró que no contabilizaría dicho s interregnos
puesto que no f ue posible determinar el ca rácter territ orial de las
vinculaciones . Este mismo criterio aplicó respecto del tiempo de
servicio laborado en el mismo centro educativo del 12 de febrero al
30 de abril de 2002, del 1 de julio al 8 de diciembre de 2002, de l 20
de febrero al 30 de junio de 2003, y desde el 7 de julio hasta el 13
de diciembre de 2003, para un total de 1 año, 5 meses y 3 días.
(v) En conclusión, e stableció que las vinculaciones re alizadas a
través de l Decreto Departamental 355 del 31 de marzo d e 1975 , los
Decretos Municipal es 045 del 8 de marzo de 2004 y el 11 3 del 2 de
mayo de 2005 , así como del 160 del 14 de agosto de 2006 son de
carácter territorial y no naci onal pues los actos administrativos de
nombramiento f ueron prof eridos por autoridades del orden local, y
en ese orden , consideró que cumplía con los tiempo s requerido s.
(vi) Ello, aunado al hecho de haber cumplido con el requisito de
haber ejercido la labor docente con honradez y consagra ción según
se constata con la declaración juramentada allegada y el certif icado
de antecedentes disciplinarios e xpedido por la Procuraduría
General de la Nación donde consta que no regist ra sanciones ni
inhabilidades vige ntes y que no f ueron tachados por la entidad
demandada .
(vii) Adicionalmente, señalo que alcanzó la edad de 50 años [el 1
de f ebrero de 20 02 (sic, f olio 177 Vto. )] y 20 años de servicio el 6
de diciembre de 2008 , f echa en la que adqu irió el estatus de
pensionada .
(viii) Ad virtió que la demandante elevó la petición de
reconocimiento pensional el 8 de junio de 2012 , por lo que declaró,
prescrita s las mesadas causadas con anterior idad al 8 de junio de
2009.
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5. EL RECURSO DE AP EL ACIÓN 7
La entidad demanda da solicitó re vocar la decisión y, en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda por considerar que la
accionante no cumplió con la totalidad de los requisitos
establecidos en la Ley 114 de 1913. Lo anterior, con fundamento
en lo que sigue:
(a) Si b ien es cierto que la accionan te demostró una vinculación
anterior al 31 de diciembre de 1980 , acumulando 15 años, 3 meses
y 3 días, no se pueden considerar los tiempos bajo la modalidad de
contratos de prestación de servicio correspondientes al per íodo que
va del 1 de f ebrero de 1995 y al 8 de noviembre de 2005, pues no
provienen de una vinculación le gal y reglamentaria de carácter
territorial de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2277 de
1979. Al respecto, relacionó el siguie nte cuadro:
(b) Para calcu lar la prestación se debe acudir a la regla general
establecid a en el Decreto 1158 de 1994, es decir, solo se pueden
incluir los f actores establecidos de f orma taxativa.
(c) La condena en costas debe revo carse teniendo en cuenta que
el a quo las impuso por el s olo hecho de haber prosperado las
pretensiones «sin dar un a razón de peso que soporte la sanción».
7 Folios 183 a 188,.
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6. ALEG ATOS DE SE GUND A I NST ANCI A
6.1 La parte demanda nte 8 ratif icó todos los hechos y las
pretensiones contenidas en la demanda .
6.2 La entidad demandada 9 reiteró lo s expuestos en el recurso de
apelación.
El Ministerio Público guardó silencio según el inf orme secretarial
visible a f olio 231 y así se constata en el aplicativo SAMAI.
II. CONSIDER ACI ONES
2.1. Competencia
De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y d e lo Contencioso Administrativo 10, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto.
Asimismo, conf orme a lo dispuesto en el artícu lo 328 11 del Código
8 Folios 226 a 229
9 Folio 230.
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
10
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de juri sprudencia.[…]»
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
11
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
c a s o s p r e v i s t o s p o r l a l e y.
S i n e m b a r g o , c u a n d o a m b a s p a r t e s h a ya n a p e l a d o t o d a l a s e n t e n c i a o l a q u e
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, co ndenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que, en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
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General del Proceso, la competencia del juez de se gunda instancia
está circunscrita a los argumentos expuestos por l a apelante.
2.2. Problema jurí dico
De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada, le corresponde a la Sala det erminar si:
a) ¿es dable computar el tiempo laborado por la docente Ernestina
Josef a Cogollo Espitia con el municipio de Lorica (Córdoba ), en el
período comprendido entre el 1 de f ebrero de 1995 y el 8 de
noviembre de 2005?
En caso af irmativo ,
b) ¿en qué f orma debe liquidarse la p ensión gracia?
Igualmente, deberá determinarse si
c) ¿hay lu gar a la condena en costas y agencias en derecho en la
f orma en la que f ueron liqu idadas?
Para resolve r el asunto, se desarrolla rá el siguiente orden
metodológico: (i) la pensión gracia ; (ii) de los servicios p restados a
través de contrato s y (iii) el análisis del caso concreto.
2.3. Marco normati vo y jurisprudencial
2.3.1 La pensión gracia
La pensión gracia f ue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley
114 de 1913, en favor de los maestros de las escuelas primarias
of iciales que ha yan servido en el magisterio por un t érmino no
menor de 20 años.
íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se po drán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
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En ese sentido, respecto de los condicionan tes para acceder a la
pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran
a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo
sigu iente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez,
consagración y bu ena conducta; ii) no haber recibido o recibir ot ra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años
de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el
docente se haya vinculado al servicio of icial con anterioridad al 1
de enero de 1981.
Posteriormen te, el artículo 6 de la Le y 116 de 1928 extendió el
benef icio de la pensión gracia a los empleados y prof esores de las
escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública.
De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en
dive rsas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección con el f in de completar el tiempo
requerido para acceder a la pensión.
Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el benef icio gra tuito de la
pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que
hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en
establecimientos de enseñanza secundaria.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1, distinguió
entre los conceptos de docente «nacional» y «naciona lizado», así:
«ART Í CULO 1. Para los ef ect os de la pr esent e Ley, los siguient es
t ér m inos t endr án el alcance ind icado a cont inuaci ón de cada uno de
ellos:
Per sonal naci onal . Son los docent es vi n culados por nombra mi ent o
del G obi erno Naci onal .
Per sonal naci onal i zado. Son los docent es vincu lad os por
nombrami ent o de ent i dad t erri t ori al ant es del 1 de ener o d e 1976
y los vincu lados a par t ir de est a f echa, de conf orm idad con lo
dispuest o por la Le y 43 de 1975.
Per sonal t erri t orial . Son los docent e s vi ncula dos por
nombrami ent o de ent i dad t errit ori al , a par t ir del 1 de ener o de
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1976, sin e l cum pl im ient o de l r eq uisit o e st ablecido en e l ar t ículo 10
de la Le y 43 de 197 5. » [ Neg r illas f uer a de t ext o] .
El numeral 2 del artículo 15 de dicha ley limitó el r econocimiento
de la pensión gracia para los docentes al establecer lo siguiente:
«[ …] A. Los docent es vincul ados hast a e l 31 de di ci embre de 1980
q ue por m andat o de las Le yes 1 14 de 1913, 116 de 19 28, 37 de
1933 y dem ás nor m as q ue las hubier an desar r ollad o o m odif icado ,
t uvies en o lleg ar en a t ener der echo a la pensión d e g r acia, se les
r econocer á siem pr e y cuando cum plan con la t ot alidad de los
r eq uisit os . Est a pensión seg uir á r econociéndos e por la Caj a
Nacion al de pr e vis i ón Socia l conf or m e al D ecr et o 081 de 1976 y
ser á com pat ible con la pensi ón or din ar i a de j ubilac ión, aún en el
event o de est ar ést a a carg o t ot al o par cial de la nac ión. [ …] »
De las dif erentes normas enunciadas, la jurisprudencia de esta
Corporación ha ad vert ido que la pen sión g racia no es un derecho
para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que
en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de
carácter territorial y nacionalizado, es decir, exclu yendo a los
docentes nacionales de su reconoc imiento. Sobre el particular, la
Sala Plena del Co nsejo de Estado en sentencia S -699 del 26 de
agosto de 1997 12 señaló:
«[ …] dent ro del grupo de benef i ci ari os de l a pensi ón grac i a no
quedan i ncl ui dos los docent es naci onal es sino, exclus i va m ent e,
los nacion a li zados q ue, com o dice la Ley 91 de 1989, adem ás de
haber est ado vi ncula dos hast a el 31 de di ciem br e de 1980 “ t uviesen
o lleg ar en a t ener d er echo a la pe nsión de g r acia ( …) siempr e y
cuando cum plan con la t ot alidad de r eq uisit os” . Y por últ im o, q ue
sin la le y 91 de 198 9, en especial la no r m a cont enida en el lit er al
A, num er al 2, de su ar t ícu lo 15, dich os ser vi dor es no p odr ían
benef iciar se del r econocim ient o de t al pensión, pues habié ndose
naciona li zado la ed ucación pr im ar ia y secundar ia of iciales , dicha
pr est ación, en r eali dad, no t endr ía e l car áct er de g r aciosa q ue
inic ialm ent e le as ig nó la le y. [ …] . »
Ahora bien, con el f in de determinar el carácter o naturale za del
docente (nacional, nacionalizado o territo rial), la Sala Plena de la
12C o n s e j o
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
núm. S-699 de 26 de agosto de 1997, actor: W ilberto Therán Mogolló n.
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Sección Segunda del C onsejo de Estado en sentencia de
unificación CE -S UJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 13 previó las
sigu ientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los r ecur sos del si t uado f i scal q ue ot r or a t r ansf er ía o c ed ía l a
Nación a las ent id ad es t er r it or iales, en vig encia de la Car t a de 1886
y hast a cu ando per m anecier on en vig or en la Const it ució n de 1991,
no obst ant e su or ig en o f uent e nacional, una ve z se incor po r aban a
los pr esupuest os lo cales pasaban a se r de pr opiedad exc l usi va de
los r ef er idos ent es en calida d de r ent as exógenas .
ii) Los ent es t err it oriales son los t it ular e s dir ect os o pr opiet ar ios de
los r ecur sos q ue les g ir a la Nación, pr oveni ent es del si st ema
general de part i ci paci ones , por asig nación dir ect a del ar t ículo 356
de la Car t a Pol ít ica de 1991.
ii i) La f inanciac ión de los g ast os q ue g ener aban los f ondos
educat i vo s regi ona l es no solo depend í a de los r ecur sos q ue g ir aba
la Nac ión a l as en t idades t er r it or iales por concept o del si t uado
f i scal , sino q ue t am bién cor r espond ía a los ent es locale s dest inar
par t e de su pr esupuest o par a at end er al sost enim ient o de los
r ef er idos f ondos educat ivos ( ar t ícul os 29 del Decr et o 3157 de 1968;
y 60, incis o 2. º , de la Ley 24 de 1988) .
i v) Así com o los f ondos educat i vos reg i onal es at end ían lo s g ast os
q ue g ener aban los ser vic ios educat i vos de los docent es naciona les
y nac iona li za dos 1 2 , r esult a f act ible cole g ir de m aner a r azon ada q ue
lo pr opio acont ec ía con alg unas de las er og aciones salar ia les
or ig inadas por el ser vicio q ue pr est aban los educador es t er r it or iales,
ya q ue los r ecur sos dest inados par a t al f in pr oven ían t ant o de la
Nación —si t uado fi scal — com o de las ent idades t er r it oriales, y
adem ás, en uno y ot r o caso, el uni ver so de es os r ec ur sos le
per t enec ía de f or m a excl usi va a lo s ent es loca les d ado q ue
ing r esaban a sus pr esupuest os en cali dad de
r ent as exógenas y e ndógenas .
v) Por t ant o, no es dable inf er ir q ue los docent es t er r it oriales y/ o
naciona li zados se c onvier t en en ed uca dor es nacion ales ( i) cuando
en el act o de su vi nculac ión int er vien e , adem ás del r epr esent ant e
leg al de la ent idad ter r it or ial, el deleg ado per m anent e del Mi nist er io
de Educación Nacion al com o m iem br o de la junt a
admi ni st radora del r espect ivo f ondo ed ucat i vo regi onal , as í, est e
últ im o, cer t if iq ue la vacanci a del car g o j unt o con la disponibi li dad
pr esupuest al 1 3 ; y ( i i) por el arg um ent o de q ue los r ecur sos dest inados
par a su sost enim ien t o t ienen su or ig en o f uent e en la Nación .
13 P r o c e s o identificado con radicación 25000 -23-42-000-2013-04683-01
( 3 8 0 5 - 2 0 1 4 ) , d e G l a d ys A m a n d a H e r n á n d e z T r i a n a c o n t r a l a U G P P .
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vi) Prueba de cal i dad de docent e t erri t ori al . Se r eq uier e copia de
los act os adm inist r at i vos donde const e el vínc ulo, en los q ue adem ás
se pueda est ablece r con suf icient e clar idad q ue la pla za a ocupar
sea de aq uellas q ue el leg isla dor ha pr evist o com o t er r it or iales, o en
su def ect o, t am bién se pued e acr edit ar con la r espect i va cer t i f icación
de la aut or idad nom inador a q ue dé cuenta de m aner a ineq uívoca q ue
el t ipo de vincu lació n al cual se encuent r a som et ido el docent e of icial
es de car áct er t er r itor ial.
vii) O ri gen de l os recursos de l a ent i dad nom i nadora . Lo
esencia lm ent e r elevant e, f r ent e al r econocim ient o de la pensión
g r acia, es la acr edit ación de la p la za a ocupar , est o es, q ue sea de
car áct er t er r it or ial o naciona li zada, pues conf orm e a los lineam ient os
f ij ados por la Sala en est a pr ovidenc ia , en lo q ue r espect a a los
educador es t er r it or iales, e l pag o de sus acr eencias pr oven ía
dir ect am ent e de las r ent as endógenas de la r espect i va loc alid ad, o
de las exógenas —si t uado f i scal — cuando se suf r ag aban los g ast os
a t r avés de los f ondos educat i vos reg i onal es ; y en lo q ue tiene q ue
ver con los e ducad or es naciona l i zados , las er og aciones q ue est os
g ener aban se enm ar can en los r ecur sos del si t uado f i scal , hoy
si st ema general de part i ci paci ones . » (Resaltado del texto
original)
Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ -030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 2022 14 la Sección Segunda, incorporó
adicionalmente como regla jurisp rudencial sobre la interpretación
que debe darse al artícu lo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de
1989, para ef ectos del rec onocimiento de la pensión gracia, que
« Los docent es pueden acceder a la pensión g r acia ant es y después del
29 de diciem br e de 1989, siem pr e y cuando acr edit en una vincul ación
t er r it or ial o nacional i zada con ant elac ió n al 31 de diciem br e de 1980 y
cum plan c on los d em ás r eq uisit os leg alm ent e est ablecid os par a su
r econocim ient o».
Las anteriores providencias de unif icación jurisprudencial
def inieron que las mismas tendrían ef ectos retrospectivos, ra zón
por la cual son de obligatoria aplicación para a quellos c asos
pendientes de resolución tanto en sede administrativa como
judicial.
14 P r o c e s o
identificado con radicación 15001 -23-33-000-2016-00278-01 (3018-
2017), de Hirma Nubia Jiménez Lozano contra la U GPP.
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Así las cosas y según las preceptivas antes expuestas, queda claro
que para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe
acreditar que él o la docente laboró 20 años en establecimientos
of iciales, departamentales o municipales, en primaria o en
secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o
en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de
adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se
demuestre que se ostentó dicha vinculación con ante rioridad al
31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos e xigidos por la Ley 114 de 1913.
2.3.2. Interpretación del artículo 6 .º de la Le y 116 de 1928 15
En sentencia del 29 de junio de 2017, radicado 17001 -23-33-000-
2015-00452-01(4570 -16), la subsección B de la Secc ión Segunda
de esta Corporació n reiteró la línea ju risprudencial sostenida en la
sentencia del 6 de abril de 2006, por la Sección Segunda,
Subsección B 16, sobre el espíritu del artícu lo 6 de la Ley 116 de
1928, desde la exposición de motivos en los anales d el Congreso
de la República y de los mismos se inf iere lo siguiente:
1. Amplió el beneficio de la pensión gracia a los docentes de las
escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública.
2. El cómputo tendría en cuenta los tiempos de servicio ejercidos
en diversas épocas tanto en la educación primaria como en la
normalista.
3. Los servicios e jercidos en las escuelas normalistas, tendrían
validez siempre y cuando se cumplan las exigencias contempladas
en el marco normativo de la pensió n gracia, es decir, qu e se hayan
prestado bajo una vinculación territorial o nacionalizada, pero
15 “ P o r l a c u a l s e a c l a r a n y r e f o r m a n v a r i a s d i s p o s i c i o n e s d e l a L e y 1 0 2 d e
1927.”
16 C o n s e j e r o P o n e n t e D r . T a r s i c i o C á c e r e s T o r o , R a d . 1 0 0 9 - 0 5 .
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nunca contravinien do lo dispuesto en el artículo 4º, numeral 3º de
la Ley 114 de 1913, es decir que el docente no reciba recompensa
o pensión de la Nación, est o debe entenderse, de que la vinculación
en la escuela normal no sea nacional.
La Ley 91 de 1989, artículo 15, numeral 2º, literal a) 17, condicionó
el acceso al reconocimiento de la prestación, a que los docentes
hubieran iniciado la labor en el magis terio territorial o
nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980 y que
completaran los demás requisitos de ley, disposición que contempló
también la compatibilidad con la pensión ordinaria de jubilación.
“ Art í cul o 15. Numeral 2º, l it eral A) . Los docent es vincu lados hast a
el 31 de d iciem br e de 1980 q ue por m andat o de las le yes 114 de
1913, 116 de 192 8, 37 de 1933 y dem ás nor m as q ue las hubier e
desar r ollad o o m odif icado, t uviesen o ll e g ar en a t ener der echo a la
pensión de g r acia, se les r econoc er á sie m pr e y cuando cum plan con
la t ot alid ad de los r eq uisit os. Est a pensión seg uir á r econoci éndos e
por la Caj a Nacio na l de Pr e vis ión Soc ia l conf or m e al Decr et o 081
de 1976 y ser á compat ible con la pensi ón or dinar ia de j ubil ación,
aun en el e vent o de est a r ést a a car g o t ot al o par cia l de l a Na ción. ” .
De los antecedentes normativos precitados, se inf iere que la
pensión gracia no puede limitarse a los maestros de escuelas
primarias of iciales como se concibió en un principio, sino que ella
cobija a aquello s que hubieren prestado servicios como empleados
y prof esores de escuela normal, o inspectores de instrucción
pública o maestros de establecimientos de enseñanza secundaria,
siempre y cuando la vinculación sea de carácter municipal,
departamental o regiona l, y por lo menos haber demostrado que
la haya ejercido hasta el 31 de diciembre de 1980.
Si bien la pensión gracia f ue concebida inicialmente para los
maestros of iciales del nivel de prim aria, posteriormente con las
Leyes 116 de 1928 y 37 de 1937, se extendió a los empleados con
f unciones estrechamente ligadas a la docencia y a los docentes de
17 “ P o r l a c u a l s e c r e a e l F o n d o N a c i o n a l d e P r e s t a c i o n e s S o c i a l e s d e l
Magisterio.”
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las escuelas normales, as í como a los inspectores de instrucción
pública y a los maestros del nivel de secundaria, ejercidos en
escuelas of iciales territo riales o nacionalizadas, y se tendrá
derecho a ella, siempre y cuando el docente cumpla los demás
requisitos contemplados en la s Leyes 114 de 1913 y 91 de 1989,
entre otras, tal como se ha expuesto en recientes sentencias de
ésta Subsección del 9 de f ebrero 18 y del 8 de junio 19 de 2017.
Así las cosas, es claro que quien pretenda acceder a la pensión
gracia debe acreditar que no ha recibido recompensa o pensión de
carácter nacional, de conformidad con lo dispuesto en el art ículo
4º, numeral 3º de la Ley 114 de 1913 «Que no ha recibid o ni recibe
actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional », es
decir que el docente no r eciba recompensa o pensión de la Nación,
esto debe entenderse, de que la vinculación en la escuela normal
no sea nacional.
2.4. Caso concreto
2.4.1. Hechos demostrados
En el presente caso se encuentra acreditado lo siguiente:
a) Nació el 6 de f ebrero de 1951 20, por lo que alcanzó los 50 años
de edad el mismo mes y día del año 2001.
b) Certif icado de antecedentes emitido por la Procuraduría
General de la Nación en el que se indica que a la fecha de su
expedición no registra sanciones o inhabilidades. 21
c) El f ormato único para la expedición d e certif icado de historia
laboral del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
18 C o n s e j e r a Ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Exp. 4558 -2014.
19 C o n s e j e r a Ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Exp. 3066 -2016
20 A s í consta en la fotocopia de la cédula de ciudadanía a folio 30 y folio 84.
21 O b r a n t e a folio 83, expedido el 20 de en ero de 2009.
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emitido por la Secretaría de Educación de Córdoba 22 a solicitud de
esta instancia, hace constar que la accionante estuvo vinculada
como docente nacionalizada, en el período comprendido entre el 10
de abril de 1975 y el 12 de julio de 1990, es decir, por 15 años, 3
meses y 3 días.
d) La Alcaldía Municipio de Santa Cru z de Lorica expidió
constancia 23 en la que se indica que la accionante laboró como
docente de tiempo completo en la Escuela Nueva La Selva en
Educación Básica Primaria así:
• Desde el 1 de f ebrero hasta el 30 de noviembre de 1995.
• Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 1996.
• Desde el 17 de f ebrero hasta el 15 de junio; del 28 de
julio hasta el 28 d e septiembre y desde el 1 de octubre
hasta el 30 de noviembre de 1997.
• Desde el 22 de abril hasta el 30 de junio y desde el 1 de
agosto hasta el 30 de noviembre de 1998.
• Desde el 15 de marzo hasta el 15 de junio y desde el 1
de agosto hasta el 30 de noviembre de 1999.
TIEMPO LABORADO: tres (3) años, siete (7) meses y seis
(6) días.
e) El Área de Talento Humano de la Secretaría de Educación
Municipal de Lorica, hizo constar respecto a la accionante lo
sigu iente 24:
«[ …]
Docent e con asig na ción sal ar ial as im i l ado al Decr et o 127 8 del
2002 por encont r ar se nom br ada en pr ovi siona lida d, g r ado 2A.
Pr est a sus ser vicio s al Mag ist er io O f icial de ese m unici pio en
vir t ud de los sig uien t es act os adm inist r at ivos:
Nom br ada pr ovis ion alm ent e m ediant e Decr et o Mun icip al No . 045
expe dido por la A lcal d ía Sant a Cr uz de Lo r ica, de f echa 8 de mar zo
de 2004 y posesi ona da el d ía 9 de m ar zo de 2004, com o Secciona l
del Cent r o Educat i vo El Rem oli no, m unicipio de Lor ica; m ediant e
Decr et o Mun icip al N o. 113 del 2 de m ayo de 2005, f ue r at if icada
22 F o l i o s 250 y 251, emitido el 17 de abril de 2018.
23 V i s i b l e a folio 81, expedido el 24 de octubre de 2011.
24 F o l i o 8 0 , e x p e d i d o e l 9 d e m a yo d e 2 0 1 0 .
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en pr ovision al idad y poses ionada e l 1 3 de m ayo de 2005 en el
Cent r o Educat i vo El Rem olino, m unicip i o de Lor ica, y m ediant e
Decr et o No. 160 del 14 de ag ost o de 2006 f ue r at if icada en
pr ovision al idad y p osesionad a el 30 d e ag ost o del 2006 en el
Cent r o Educat i vo el Rem olin o, m unicipi o de Lor ica .
SE EX PI DE PARA E FECT O S DE: PENSI Ó N G RACI A.
T OT AL T I EMPO DE SERVI CI O S: seis ( 6) años, dos ( 2) m eses y
cer o ( 0) días.
FECH A Q UE SE T OMA P ARA L A LI Q UI DACI Ó N DE EST E T I EMPO
DE SER VI CI O : de 9 de m ar zo de 2004 a m ayo 9 de 2010.
[ …] »
f) En respuesta a la solicitud ele vada de manera of iciosa en auto
de mejor proveer 25, el secretario de educación municipal ratif icó la
inf ormación antes relacionada agre gando tiempos comprendidos
entre el 20 de abril de 2012 y el 30 de noviembre de 2017, f echa en
la que f ue retirada del servicio por haber alcanzado la edad de retiro
f orzoso.
g) La anterior información coincide con la allegada en el f ormato
único para la expe dición de certif icado de historia laboral del Fondo
Nacional de Prest aciones Sociales del Magisterio, emitido por la
Secretaría de Educación de Santa Cruz de Lorica, Có rdoba 26.
En este se indica a dicionalmente que se trata de una docente cuya
vinculación es territorial, municipal.
25 F o l i o 232.
26 F o l i o s 241 y 242, emitido el 13 de abril de 2018.
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h) La accionante presentó solicitud de reconocimiento y pago de la
pensión gracia el 17 de noviembre de 2005, la cual fue resuelta
mediante la Resolución 63316 del 21 de diciembre de 2006 27, a
través de la cual CAJANAL negó la prestación por con siderar que
no cumple con el requisito de 20 años de servicio al Estado, toda
ve z que desestimó los tiempos en cumplimiento de órdenes de
prestación de servicios.
i) A tra vés de la Re solución 56389 del 14 de noviembre de 2008 28,
la entidad demandada conf irmó la decisión recurrida , porque los
períodos desempeñados mediante órdenes de prestación de
servicios, como contratista y no como docente territoria l, no pueden
ser tenidos en cuenta.
h) El 12 de junio de 2009 , la demandante presentó nuevamente
solicitud de reconocimient o y pago de la pensión graci a que f ue
resuelta a través de la Resolución UGM 006875 del 7 de
septiembre de 20 11 29, en el sentido de negarla y adujo que de
acuerdo con lo dispuesto en el artícu lo 1 de la Ley 114 de 1913 y
teniendo en cuenta los tiempos de servicio, no cuenta con los 20
años requeridos , ya que f ue vinculad a a partir del 1 de f ebrero de
1995, mediante contratos de trabajo y a l tenor de lo dispuesto en la
Ley 89 de 1991, por lo que se entiende que todo nombramiento
ef ectuado con pos terioridad a la vigencia de la mencionada
normativa corresp onde al orden nacional, por lo qu e tan solo
acredita tiempos como docente nacionalizada y no alca nza los 20
años.
i) El 8 de junio de 2 012 30 la accionante presentó petición por
considerar que «existían nuevos elementos de juicio» para
acceder a la pensión gracia, reite rando los antes expuestos.
27 F o l i o s 9 a 11.
28 F o l i o s 12 a 14.
29 F o l i o s 16 a 21.
30 F o l i o s 71 a 74.
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j) A tra vés del Auto ADP 001665 del 13 de agosto de 2 012 31,
la entidad accionada indicó que la señora Cogollo Espitia f ue
notif icada de la Resolución UGM 00 6875 del 7 de septiembre de
2011, no hizo uso de los recursos quedando el acto administrativo
en f irme y en consideración a que no fueron aportados nuevos
elementos de juicio, no había lugar a emitir un nuevo
pronunciamien to respecto de la prestación que reclama.
2.4.2. Análisis sustancial
2.4.2.1. ¿Es dable computar el tiempo laborado por l a docente
Ernestina Josefa Cogoll o Espitia con el municipio de Lorica
(Córdoba), en el periodo comprendido entre el 1 de febrero de
1995 y el 8 de noviembre de 2005 ?
El objeto de la controversia , su rge f rente al interregno de
vinculación comprendido entre el 1 de f ebrero de 1995 y el 8 de
noviembre de 2005 − en f orma interrumpida−, en tanto que, según
se desprende de las con sideraciones expuestas en el recurso de
apelación, la pensión gracia f ue negada por considerar que dicho
lapso corresponde a la labor como contratista en el municipio de
Lorica, la cual no genera una vincula ción lega l o re glam entaria por
no derivarse de un nombramiento por decreto o resolución.
Al respecto , advierte la Sala que los periodos comprendido s entre
el 1 de febrero de 1995 y el 30 de noviembre de 1999 y , entre el 12
de f ebrero y el 13 de diciembre de 2003 f ue ron desestimado s por el
tribunal que te xtu almente advirtió sobre los mismos que «[ …] no
cont abil i zar á d icho t iem po par a acceder a la pens ión g r acia, puest o q ue
no es posible det er m inar el car áct er t err it or ial de las vi ncul aciones. »
En ese orden, el a quo tuvo en cuenta únicamente las
designaciones realizadas a través de los siguientes decretos:
✓ Decr et o 355 del 31 de m ar zo de 1975,
✓ Decr et o 045 del 8 de m ar zo de 2004
31 F o l i o s 75 a 77.
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✓ Decr et o 113 del 2 de m ayo de 2005 y
✓ Decr et o 160 del 14 de ag ost o de 2006.
Del recurso de apelación, se tiene que no existe discusión respecto
del tiempo de servicios comprendido entre el 10 de abril de 1975 y
el 12 de julio de 1990 −15 años, 3 meses y 3 d ías−.
De este modo, e l objeto de la apelación se limita a determinar el
tipo de vinculación de la docente desde el 9 de marzo de 2004 hasta
el 8 de noviembre de 2005, según se relacionó en el cuadro
allegado en el recurso y que f ue relacionado en precedencia.
En ese orden de ideas, d e acuerdo con el marco normativo e xpuesto
en párraf os anteriores y del análisis crítico del acervo probatorio
allegado a ef ectos de acreditar los 20 años de ejercicio de la
docencia requerido s en el artículo 1.° de la Ley 114 de 1913 para
ser benef iciaria del derecho pensional reclamado, esta Sala debe
determinar la clase de vinculación para establecer si es del orden
territorial o nacional.
De la certif icación de historia laboral emitida por la Secretaría de
Educación de Lorica, se establece que la accionante f ue nombrada
por el Decreto 045 del 8 de marzo de 2004 con vinc ulación de
carácter territoria l municipal vigente hasta el 12 de febrero de
2011. Posteriormente , mediante el Decreto 319 del 16 de abril de
2012 estuvo vinculada hasta el 22 de septiembre de 2012.
En ese orden de idea s, se tiene que el tiempo en que laboró la
señora Cogollo Espitia desde el 9 de marzo de 2004 para el
municipio de Lorica , debe tenerse en cuenta a ef ectos de acreditar
los 20 años de ejercicio de la docencia requeridos en el artícu lo 1.°
de la Ley 114 de 1913 para ser beneficiaria del derecho pensional
reclamado, dado que en dicho tiempo el tipo de vinculación f ue de
carácter municipal según consta en el certif icado de historia laboral
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magiste rio
expedido por la Secretaría de Educación de Santa Cruz de Lorica.
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Así las cosas, de acuerdo con lo expuesto en la se ntencia de
unif icación del 21 de junio de 2018, en el presente caso se permitió
demostrar la calidad de docente territorial a tra vés de la respectiva
certif icación de la autoridad nominadora que da cuenta de manera
inequívo ca del tipo de vinculación al cual se encontraba sometida
la docente of icial.
Se tiene entonces que la accionante alcanzó los 20 años de servicio
así:
Acto Administrativo Carácter plaza Desde Hasta Tiempo de
ocupada servicio
Decreto 000355 del Nacionalizado 10 de abril 12 de julio 15 años, 3
31 de marzo de de 1975 de 1990 meses y 3 días
197532
Decreto 045 del 8 de Territorial 8 de marzo 6 de 4 años, 8
marzo de 200433 Municipal de 2004 diciembre meses y 27
de 2008 días
Por lo anterior , a esta Sala no le queda duda de que la señora
Ernestina Josefa Cogollo Espitia prest ó sus servicios como docente
de carácter nacionalizado y te rritorial con vinculación anterior al 31
de diciembre de 1980 y superó el tiempo establecido de 20 años
(alcan zó los 20 años el 6 de diciembre de 2008) ; además acreditó
50 años de edad (6 de febrero de 2001) y no existen pruebas de
que haya incurrido en causal de mala conducta, lo que indica que
es benef iciaria de la pensión gracia.
2.4.2.2 ¿En qué forma debe liquidarse la pensión gracia?
Manif iesta la entidad apelante que la pensión gracia no puede
liquidarse teniendo en cuenta todos los f actores salariales
devengados, sino que debe atenerse a lo dispuesto en el Decreto
32 C e r t i f i c a d o de historia laboral folios 250 y 251.
33 C e r t i f i c a d o de historia laboral visible a folios 241 y 242.
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1158 de 1994 y calcular el valor de la pensión con base en los
f actores taxativam ente expuestos.
En providencia del 12 de noviembre de 2020 34, esta Sala dispuso:
«La pens ión g r acia es calif icada com o una pr est ación d e c ar áct er
especia l ot or g ada a los docent es, com o r econocim ient o a sus
esf uer zos, capacida d, dedicac ión y con ocim ient os a l ser vic i o de la
act ividad educat i va, p or un lapso no m enor de 20 años, entre ot r as
exig encias. Su r eg ulació n se encuent r a consag r ada en el ar t ícu lo
1. º de la Ley 114 de 1913, en los sig uient es t ér m inos:
“ [ …]
A cont inuac ión, l a Ley 116 de 1928 , am plió e l ben ef icio de la
pensión g r acia a los m aest r os de escuelas nor m ales e inspe ct or es,
as í:
“ Ar t ícu lo 6. Los e m pleados y pr of esor es de las Escu elas
Nor m ales y los I nsp ect or es de I nst r ucción Públ ica t i enen de r echo
a la j ubilación en lo s t érm inos q ue contem pla la ley 114 de 1913
y dem ás q ue a ést a com plem ent an. Par a el cóm put o de los años
de ser vicio se sum a r án los pr est ados e n di ver sas époc as, t ant o
en el cam po de la enseñan za pr im ar ia com o en el de la
nor m alist a, pudiénd ose cont ar en aq uella l a q ue im plica la
inspecc ión.
Al r em it ir se la nor m a t r ansc r it a a la Ley 114 de 1913, dej ó vigent e
su exig encia de no r ecibir ot r a pensi ón nacion al par a p oder
acceder a la pensió n g r acia de j ubilaci ó n, es decir , m ant uvo esa
incom pat ib il idad, q ue t iene su f uent e en la pr ohi bic ión d e la
Const it ución de 188 6 de no r e cib ir dobl e asig nación de l er ar io
( ar t ícu lo 64) , nor m a q ue a su vez f ue repr oducida en el ar t ículo
128 de la Car t a Pol í t ica de 1991.
Más adelant e la Le y 37 de 1933 «Por la cual se decr et a el pago
de una pensión a un ser vidor púb lico y sobr e j ubilació n de
alg unos em pleados ». t am poco int r odujo m odif icaciones a las
condic iones est able cidas en las Leyes 114 de 1913 y 116 de
1928, sino q ue hi zo ext ens i va l a pens ión de g r acia a los m ae st r os
q ue pr est ar an sus ser vic ios en el n i vel s ecundar io.
Con post er ior id ad, se exp id ió la L e y 4. ª de 1966 «por la c ua l se
pr ovee d e nue vos r ecur sos a la Caj a Naciona l de Pr evi sión
34Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Segunda. Subsección "A". Consejero Ponente: Rafael Francisco Suárez
Vargas. Bogotá, doce (12) de noviembre de dos mil veinte (2020). Radicación
número: 41001-23-33-000-2013-90282-01(4102-18)
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Socia l, se r eaj ust an las pension es de j ubilac ión e in val ide z y se
dict an ot r as disposic iones» y en su ar t íc ulo 4 dispuso:
A par t ir de la vig encia de es t a ley, las pensiones de j ubilac i ón e
in val ide z a q ue t eng an der echo los t r abaj ador es de una o m ás
ent idades de d er ech o públ ico, se l iq uida r án y pag ar án t om ando
com o base el set e nt a y cinc o por cie nt o ( 75%) del pr omedio
m ensual obt enido e n el últ im o año de ser vic ios.
La m ent ada disposi ción f ue post er ior ment e r eg lam ent ada por el
Decr et o 1743 de 1 966, en cuyo ar t íc ulo 5 dis puso q ue las
pensiones s er ían li q uidadas t om ando com o base el 75% del
pr om edio m ensual de salar ios deve ng ados dur ant e el últ im o año
de ser vic ios.
Es pr eciso r eseñar q ue la ap l icació n esp ecial de l a nor m a ant er ior
im pide hacer uso de disposici ones del r ég im en or dinar io, t ales
com o la Ley 33 de 1985, la Ley 62 de 1985, el ar t ícu lo 9 de la
Ley 71 de 1988 y el ar t ículo 10 el Decr et o 1160 de 1989, dado
q ue la pensión gr acia es una pr est ación especial q ue no se
liq uida con base en el va lor de apor t es dur ant e el últ im o año de
ser vic ios. Est a pensión, a pesar de encont r ar se a carg o del
T esor o Nacional, no r eq uier e af iliaci ón del benef iciar i o a la Caj a
Nacion al de Pr e vis ió n Social n i hacer ap or t es par a el ef ect o.
As í las cosas, a las r eg las de los ar t ículos 1. º de la Ley 33 de
1985, 9. º de la Ley 71 de 1988 y 10 de l Decr et o 1160 de 1989,
no est án suj et os los em pleados of ic iales q ue t r abaj an en
act ividades q ue por su nat ur ale za j ust if iq uen la exc epció n q ue la
Ley h a ya det er m inad o expr esam ent e, ni a q uellos q ue disf r ut en de
un r ég im en especial de pensiones, com o es el caso de la par te
dem andada, a q uien le f ue r econocida la pensión g r acia.
Sig uiendo las ant er i or es dir ect r ices, es clar o q ue en la liq uidación
de la pensi ón g r acia se deben inc luir t od os los f act or es salar i ales
per cibid os por el benef iciar io dur ant e el año inm ed iat am ent e
ant er ior a aq uél en q ue cum plió con los r eq uisit os de t iem po y
edad, va le dec ir los q ue r eg ían p ar a el m om ent o en q ue consolid ó
el der echo.
En sum a, las norm as especiales q ue g obier nan el r econocim i ent o
de la pensión g r acia, se aplican baj o el ent endido de q ue el
set ent a y cinco ( 75%) del pr om edio obtenido en el últ im o a ño de
ser vic ios, es el año inm ediat am ent e ant er ior a aq uél a la
consol idaci ón de l st at us de pensio nado. ” ( …) (Subraya f uera de
texto)
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Conf orme al antecedente ref erido, queda claro que al momento de
liquidarse la pensión gracia, se debe tener en cuenta la totalidad
de los f actores salariales de vengad os por el docente en el año
inmediatamente anterior en que cumplió los requ isitos pa ra acceder
a esta prestación, razón suf iciente para conf irmar en ese sentido la
decisión prof erida por el tribunal de primera instancia .
2.4.2.3 ¿Ha y l ugar a la condena en costas y agencias en derecho
en la forma en la que fueron liquidadas?
Esta Sección había sostenido la tesis de que el concepto de las
costas del proceso estaba relacionado con todos los gastos
necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y
comprendía los d enominados gastos o e xpensas del proceso
llamados en el CP ACA gastos o rdina rios del p roceso y otros como
son los necesar ios para traslado de t estigos y para la p ráctica de
la prueba pericia l, los honorarios de auxiliares de la justicia como
peritos y secuestre s, transporte de expediente al superior en caso
de apelación, pólizas, copias, etc.
A ra íz de la e xpedición del CPA CA, la Subsección A, in icialmente
sostuvo que el art ículo 188 de la Ley 1437 de 2011 no implicaba la
condena de manera «automática» u «objetiva», f rente a aquel que
resultara vencido en el litigio.
Ello, en consideración a que debían observarse una serie de
f actores tales como la temeridad, la mala f e y la e xistencia de
pruebas en el proceso sobre los gast os y costas en el curso de la
actuación, en donde el juez debía ponderar dichas circun stancias y
sustentar la decisión, existiendo un margen de aná lisis mínimo en
el que el jue z e valuara las circunstan cias para imponerla o no.
Posteriormente, esta subsección en providencia de 7 de abril de
2016 35, va rió aquella posición y acogió el crite rio objetivo -valo rativo
35 A l
respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492 -2013,
demandante: María del Rosario Mendoza Parra y 1291 -2014, demandante:
José Francisco Guerrero Bardi.
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al concluir que no se debe evaluar la co nducta de las partes –
temeridad o mala f e –, sino los aspectos previstos en el Código
General del Proce so, con el f in de darle plena aplica ción a su
artícu lo 365:
Ar t í cul o 365 . Condena en cost as. En los pr ocesos y en las
act uaciones post er i or es a aq uellos en q ue haya cont r over sia la
condena en cost as se suj et ar á a las sig uient es r eg las:
1. Se condenar á en cost as a la par t e vencida en el pr oceso , o a
q uien se le r esuelva desf avor ablem ent e el r ecur so de apelación,
casación, q uej a, súplic a, anulaci ón o r evisión q ue haya
pr opuest o. Adem ás, en los casos especiales pr e vist os en est e
códig o.
Adem ás, se condenar á en cost as a q uien se le r esuel va de
m aner a desf avor abl e un inc ident e, la f orm ulación de e xcepci ones
pr evias, una sol ic it ud de nul idad o de am par o de pobr ez a, sin
per j uicio de lo d ispu est o en r elación con la t em er idad o m ala f e.
2. La condena se har á en sent encia o aut o q ue r esuelva la act u ación
q ue dio lug ar a aq uella.
3. En la pr o videnc ia d el super i or q ue conf ir m e en t odas sus p ar t es
la de pr im er a inst ancia se co ndenar á al r ecur r ent e en las cost as
de la seg unda.
4. Cuando la sent enc ia de seg unda inst ancia r evoq ue t ot alm ent e la
del i nf er ior , la par t e venc ida ser á c onde nada a pag ar las co st as
de am bas inst ancias .
5. En caso de q ue pr osper e par cialm ent e la dem anda, el j uez podr á
abst ener se de cond enar en cost as o pr onunciar conden a par cial,
expr esan do los f undam ent os de su decisión.
6. Cuando f uer en dos ( 2) o m ás lit ig antes q ue deban pag ar las
cost as, el j uez los condenar á en pr opor ción a su int er és en el
pr oceso; si nada se dispone al respect o, se ent ender án
dist r ibui das por par t es ig uales ent r e ello s.
7. Si f uer en var ios lo s lit ig ant es f avor eci dos con la conden a en
cost as, a cada uno de ellos se les r eco nocer án los g ast os q ue
hubier e suf r ag ado y se har án por separ ado las liq uidac iones.
8. Solo habr á lug ar a cost as cuando en el expe dient e apar e zc a q ue
se causar on y en la m edida de su com pr obación.
9. Las est ipul acion es d e las par t es en m at er ia de cost as se t en dr án
por no escr it as. Sin em barg o, podr án r enunciar se después de
decr et ada s y en los casos de desist im ie nt o o t r ansacción.
Al respecto expuso los siguientes f undamentos que concretaron su
posición y se resumen así:
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a) «El leg isla dor int r oduj o un cam bio sust ancial r espect o de la
condena en cost as, al pasar de un cr it erio «subjet ivo» –CC A - a
uno «objet iv o valor a t ivo» –CPA CA- .
b) Se conclu ye q ue es «objet ivo» por q ue en t oda sent encia se
«dispondr á» sobr e c ost as, es decir , se decidir á, bien sea pa r a
condenar t ot al o par cialm ent e, o bien par a abst ener se, según
las pr ecisas r eg las del CG P.
c) Sin em bar g o, se le calif ica de «valor at i vo» por q ue se r eq uier e
q ue en el expedie nt e el j uez r evise si l as m ism as se causar on
y en la m edida d e su com pr obación. Tal y com o lo or dena el
CG P, est o es, con el pag o de g ast os or dinar ios del pr oces o y
con la act ividad de l abog ado ef ect ivam e nt e r eali zada dent r o del
pr oceso. Se r ecalca, en esa valor ac ión no se incluye la m ala f e
o t em er idad de las par t e s.
d) La cuant ía de la condena en ag encias en der echo, en m ater ia
labor al, se f ij ar á at endiendo la pos i ción de los suj et os
pr ocesales, pues var ía seg ún sea la par t e vencida el em plead or ,
el t r abaj ador o el j ubil ado, est os últ im os m ás vul ner ables y
g ener alm ent e de escasos r ecur sos, así com o la com plej idad e
int ensida d de la part icipac ión pr ocesal ( Acuer do núm . 1887 de
2003 Sala Adm in i st r at iva del Cons ej o Super ior de la
Judicat ur a) .
e) Las est ipul acion es de las par t es en m at er ia de cost as se
t endr án por no escr i t as , por lo q ue el j uez en s u l iq uidaci ón no
est ar á at ado a lo así pact ado por ést as.
f ) La liq uidac ión de las cost as ( inclu idas las ag encias en
der echo) , la har á el despacho de pr im era o única inst ancia, t al
y com o lo indica el CG P 36, pr evia elabor a ción del secr et ar io y
apr obación de l r espect ivo f uncionar io j u dicia l.
g ) Pr ocede condena en cost as t ant o en pr im er a com o en seg unda
inst ancia. »
De acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales, la Sala advie rte
que la razón que indicó el a quo para condenar en costas a la
36 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán
l i q u i d a d a s d e m a n e r a c o n c e n t r a d a e n e l j u zg a d o q u e h a ya c o n o c i d o d e l
proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la
providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento
a lo dispuesto por el superior, co n sujeción a las siguientes reglas: […]».
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demandante –por haber sido vencida –, se encuentra prevista en el
artícu lo 365 de la Ley 1564 de 2012.
En ese orden, no habrá lugar a revocar la condena en costas y
agencias en derecho impuestas por el a quo.
En estas condiciones, carecen de f undamento legal todos los
argumentos de la entidad demandada, lo que impone a la Sala
conf irmar la decisión de prim era instancia que accedió a las
pretensiones de la demanda.
3. Conclusión
Conf orme a lo expuesto, a la señora Ernestina Josef a Cogollo
Espitia le asiste e l derecho a la pensión gracia, por lo que esta
Subsección considera que debe conf irmarse la sentenci a del 26 de
junio de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba ,
por medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda.
4. Condena en costas de segunda instancia
De acuerdo con el numeral 1 del artículo 365 del Código General
del Proceso sería del caso condenar en costas a la parte recurrente
por cuanto el recurso de apelación presentado le fue resuelto
desfavorablemente, sin embargo, no se condenará en costas en
esta instancia toda ve z que la p resente decisión es el re sultado del
cambio jurisprudencial ocurrido en el curso del presente proceso.
En mérito de lo expuesto, el Con sejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justici a en nombre de la República y por autoridad
de la Ley.
F A L L A:
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Demandante: Ernestina Josefa Cogollo Espitia
PRIMERO. CONFI RM AR la sentencia del 26 de junio de 2014 ,
prof erida por el Tribunal Administrativo de Córdoba que accedió a
las pretensiones de la demanda presentada por la señora
ERNESTINA JOSEFA COGOLLO ESPITIA contra la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONE S PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
–UGPP–, de conf ormidad con las con sideraciones e xp uestas en la
parte motiva de la presente sentencia.
SEGUNDO. Sin co ndena en costas en esta instancia .
TERCERO. En f irme esta decisión devuélvase el e xp ediente al
Tribunal de orige n y ef ectúese las anotaciones en el programa
SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPL ASE
La anterior provid encia fue discutida y aprobada por la Sala en
sesión de l veintiséis (26) de enero de dos mil veintit rés (2023) .
G ABRIEL V ALBUEN A HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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