Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2013-00386-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2013-00386-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2013-00386-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 23001-23-33-000-2013-00386-01 (5883-2018)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Demandado: Rubén Darío Correa Sánchez
Tema: reliquidación de pensión de jubilación de exservidor de la Rama Judicial.
Subtema: incompatibilidad del reconocimiento de la bonificación por compensación y
la bonificación por gestión judicial.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve los recursos
de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 22 de febrero de 2018,
proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, mediante
la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por la
UGPP.
1. Síntesis del caso
La UGPP demandó el acto administrativo que cumplió un fallo de tutela que ordenó
reliquidar la pensión del señor Rubén Darío Correa Sánchez incluyendo las
bonificaciones por gestión judicial y por compensación. El tribunal de primera instancia
excluyó la bonificación por gestión judicial por ser incompatible con la bonificación por
compensación y negó la pretensión de reintegro de las sumas pagadas en exceso. Se
confirmará la sentencia en atención a que las mencionadas acreencias son
incompatibles, su coexistencia afecta la sostenibilidad fiscal; además no es procedente
ordenar la devolución de lo pagado de más teniendo en cuenta que no se desvirtuó la
buena fe del demandado.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. La UGPP, por conducto de apoderado judicial, presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho1 de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos
jurídicos que a continuación se enuncian2.
1
El referido medio de control está regulado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, CPACA La demanda fue presentada el 17 de octubre de 2013, de acuerdo con el «INFORME AL
DESPACHO» visible en el folio 757 del cuaderno principal.
2
La demanda se encuentra en los folios 726 a 756 de cuaderno principal.
Radicación: 23001-23-33-000-2013-00386-01 (5883-2018)
Demandante: UGPP
Demandado: Rubén Darío Correa Sánchez
2.1.1. Pretensiones
2.La demandante solicitó la nulidad de la Resolución 00982 del 23 de enero de 2007,
expedida por la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL – EICE), en cumplimiento
de un fallo de tutela que ordenó reliquidar la pensión del señor Rubén Darío Correa
Sánchez, con la inclusión de la bonificación por gestión judicial y la bonificación por
compensación.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene que: i) la UGPP
expida un nuevo acto administrativo en el sentido que se mantenga la liquidación del
monto de la pensión de vejez al señor Rubén Darío Correa Sánchez, teniendo en cuenta
solamente la suma de $6.461.214,93, efectiva a partir del 11 de enero de 2004, que
corresponde al cumplimiento del fallo proferido por el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Montería; ii) el demandado reintegre a la UGPP las sumas de dinero que de
manera ilegítima e ilegal percibió en exceso a su mesada pensional desde el 27 de
septiembre de 2006 hasta la fecha; iii) todas las sumas que resulten reconocidas a favor
de la demandante se cancelen en forma retroactiva e indexada; y iv) el demandado
asuma las costas procesales.
2.1.2. Hechos
4. La Sala sintetiza los principales hechos del caso de la siguiente manera:
a) El señor Rubén Darío Correa Sánchez prestó sus servicios en la Rama Judicial así:
CARGO DESDE HASTA
Juez segundo penal 16/03/1973 06/09/1973
Municipal
Juez quinto de instrucción 21/08/1973 31/08/1979
criminal
Juez catorce de instrucción 01/09/1979 30/06/1982
criminal
Juez tercero de instrucción 19/06/1982 15/06/1996
criminal
Magistrado de la Sala Penal 16/06/1996 11/01/2004
de tribunal superior
Tabla 1. Tiempos de servicios en la Rama Judicial
b) El demandado acreditó un total de tiempo laborado de 10.185 días, nació el 12 de
octubre de 1942 y el último cargo que desempeñó fue el de magistrado de la Sala Penal
del Tribunal Superior de Montería.
c) El 5 de septiembre de 2001, el señor Correa Sánchez solicitó el reconocimiento y
pago de una pensión mensual vitalicia de vejez.
d) Mediante la Resolución 12373 del 27 de mayo de 2002, CAJANAL – EICE reconoció
y ordenó el pago de la pensión mensual vitalicia por vejez a favor del demandado, en
cuantía de $4.009.992,39, con efectividad a partir del 1 de julio de 2001, previo retiro
definitivo del servicio. Para el reconocimiento de dicha pensión, la entidad
2
Radicación: 23001-23-33-000-2013-00386-01 (5883-2018)
Demandante: UGPP
Demandado: Rubén Darío Correa Sánchez
administradora aplicó el Decreto 546 de 1971, la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de
1994.
e) Contra la anterior decisión el accionado interpuso los recursos de ley, los cuales
fueron resueltos confirmando el acto administrativo impugnado.
f) Posteriormente, CAJANAL – EICE, mediante la Resolución 2289 del 30 de abril de
2003, dio cumplimiento al fallo de tutela proferido, como mecanismo transitorio, por el
Juzgado Tercero Civil de Circuito de Montería el 17 de febrero de 2002, el cual ordenó
reliquidar el derecho pensional del demandado. En consecuencia, se modificó el
artículo primero de la Resolución 12373 de 2002, elevando la cuantía de la pensión a
$6.127.384, efectiva a partir del 1 de julio de 2001, previo retiro definitivo del servicio.
g) El accionado instauró demanda ordinaria laboral contra CAJANAL – EICE, la cual
conoció el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Montería, que mediante sentencia
ordenó a esta pagar a Rubén Darío Correa Sánchez la pensión de jubilación en cuantía
de $6.461.214,93. En cumplimiento de dicha decisión judicial, la entidad profirió la
Resolución 20359 del 1 de octubre de 2004, a través de la cual reliquidó la prestación
reconocida, con efectividad a partir del 11 de enero de 2004, fecha en la que el
demandado acreditó el retiro del servicio.
h) El señor Correa Sánchez instauró una nueva acción de tutela contra CAJANAL -
EICE, con el fin de obtener la reliquidación de la pensión de vejez incluyendo la
bonificación por compensación.
i) El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Montería, mediante sentencia de tutela del
27 de septiembre de 2006, amparó los derechos del demandado. En cumplimiento de
dicho fallo CAJANAL - EICE expidió la Resolución 00982 del 23 de enero de 2007, en
la que ordenó la reliquidación de la pensión de vejez con la inclusión de la bonificación
por gestión judicial y la bonificación por compensación, elevando la cuantía de la
mesada pensional a $7.573.736,62, efectiva a partir del 11 de enero de 2004.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
5. La UGPP citó como normas violadas los artículos 13 y 48 de la Constitución Política;
el artículo 6 del Decreto 546 de 1971; el Decreto 610 de 1998; el Decreto 4040 de 2004;
y el Acto Legislativo 01 de 2005. Asimismo, refirió la sentencia del Consejo de Estado,
Sección Segunda, rad. 18001233100020080010502 (1550-11).
6. Sostuvo que el acto administrativo acusado fue expedido en abierta infracción de las
normas y disposiciones superiores, especialmente del principio de sostenibilidad
financiera; la remuneración mínima, vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad
del trabajo; y la primacía de la realidad. Lo anterior, toda vez que el reconocimiento de
la «bonificación por servicios» se efectuó sin apego a lo señalado por la ley.
7.Indicó que el fallo de tutela del 27 de septiembre de 2006 se sustentó en una
verdadera ilegalidad y no en una disidencia razonada sobre el contenido del texto legal.
En ese sentido, agregó que no cabe duda de que el acto cuya nulidad se pretende (la
Resolución 00982 del 23 de enero de 2007), obedece a que la entidad se vio obligada
3
Radicación: 23001-23-33-000-2013-00386-01 (5883-2018)
Demandante: UGPP
Demandado: Rubén Darío Correa Sánchez
a cumplir una providencia que creó un derecho nuevo al incluir dos factores excluidos
entre sí, las bonificaciones por compensación y gestión judicial.
8. Afirmó que cualquier juez incurriría en una gravedad inusitada al tutelar
arbitrariamente un presunto derecho, sin que se haya establecido un respaldo jurídico,
y que la administración pública no tendría la posibilidad de remediar dicho yerro. Por el
contrario, estas circunstancias refuerzan la conclusión de que, en casos como este, es
procedente la acción «de lesividad», con el fin de retornar a los causes de la plena
legalidad.
9. Finalmente, la entidad accionante insiste en que el demandado no tiene derecho al
reconocimiento y pago de la reliquidación de la pensión de vejez, dado que la ley no
permite incluir la «bonificación por servicios y la bonificación por gestión judicial», salvo
que exista una conciliación, transacción o demanda en la que se haya ventilado
expresamente la renuncia para acceder a dichos beneficios.
2.2. Contestación de la demanda
10. Rubén Darío Correa Sánchez3 se opuso a las pretensiones de la demanda.
Consideró que con base en los principios de irrenunciabilidad de los derechos
fundamentales al trabajo y a la seguridad social se le reliquidó la pensión de vejez,
mediante el acto acusado, en aplicación de las normas superiores: artículos 48 y 53 de
la Constitución Política; artículo 6 del Decreto 546 de 1971; artículo 12 del Decreto 717
de 1978; el Decreto 4040 de 2004 (vigente para la época); y el Decreto 610 de 1998, a
partir de la sentencia de nulidad del 24 de enero de 2013, proferida por el Consejo de
Estado.
11. Finalmente, propuso como excepciones de: i) carencia de causa para demandar, (ii)
ausencia de violación a la norma superior, (iii) cosa juzgada, (iv) buena fe del
pensionado, (v) inexistencia de causa para demandar y (vi) prescripción.
2.3. Sentencia de primera instancia
12. El Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, mediante sentencia
del 22 de febrero de 20184, dispuso lo siguiente:
PRIMERO: Decláranse no probadas las excepciones propuestas por el demandado
que denominó: “Carencia de causa para demandar”, “ausencia de violación a la norma
superior” y “prescripción”
SEGUNDO: Declárase probada la excepción denominada “buena fe del pensionado”
formulada por la parte demandada.
TERCERO: Declárase la nulidad de la Resolución Nº 982 de 23 de enero de 2007
emanada de la Caja Nacional de Previsión Social EICE –Hoy UGPP- por la cual se da
cumplimiento a un fallo de tutela proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de
3 Folios 2 al 38 del cuaderno 2.
4 Folios 239 a 248 del cuaderno 2.
4
Radicación: 23001-23-33-000-2013-00386-01 (5883-2018)
Demandante: UGPP
Demandado: Rubén Darío Correa Sánchez
Montería – Córdoba que ordenó reliquidar la pensión del señor Rubén Darío Correa
Sánchez, conforme lo expuesto en la parte considerativa.
CUARTO: Ordénase a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, que expida un acto
administrativo mediante el cual se establezca el valor de la mesada pensional del
demandado con un porcentaje del 75% del Ingreso Base de Liquidación, para lo cual
deberá tener como parámetro la suma más alta devengada en el último año de servicios
que, de acuerdo con la certificación que milita a folio 195 C.1 asciende a la suma de
$9.108.730, y por lo tanto, para la fecha en que se produjo el retiro definitivo del servicio
-11 de enero de 2004-, la mesada correspondía, en realidad a la suma de SEIS
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE
PESOS M/Cte ($6.831.547). Lo anterior implica que la entidad demandante deberá
hacer las operaciones aritméticas a fin de determinar el valor actual de la mesada.
QUINTO: Negar la pretensión de reintegro o devolución de los dineros que le hubiesen
sido cancelados al señor Rubén Darío Correa Sánchez por concepto de mesadas
pensionales, retroactivos, incrementos y demás conceptos derivados del
reconocimiento efectuado mediante el acto acusado.
SEXTO: Absténgase de imponer costas en esta instancia por lo expresado en la parte
considerativa de este proveído
SEPTIMO Ordénase a la entidad demandada, dar cumplimiento a esta sentencia en los
términos previstos en los artículos 192, 194 y 195 del C.P.A.C.A.
[…]»
13. Señaló que para abordar el problema jurídico planteado se parte de la premisa de
que el demandado es beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 100 de
1993. En consecuencia, dado su carácter de exfuncionario de la Rama Judicial,
debidamente acreditado y conforme a la jurisprudencia, se debe aplicar de manera
integral el régimen del Decreto 546 de 1971.
14. Indicó que en ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que la asignación mensual
más elevada utilizada para determinar la base de liquidación de la pensión de jubilación
en el régimen especial aplicable a los funcionarios y empleados de la Rama
Jurisdiccional y del Ministerio Público, comprende tanto la asignación básica mensual
fijada por la ley para el cargo, como todas las sumas que reciba el funcionario o
empleado como retribución por sus servicios, salvo aquellas que estén expresamente
excluidas por la ley.
15. Adujo que en el sub judice5, se evidencia que el señor Rubén Darío Correa Sánchez
cumplió 55 años de edad el 12 de octubre de 1997. Asimismo, se estableció que durante
el último año de servicio, comprendido entre el 11 de enero de 2003 y el 10 de enero
de 2004, devengó los siguientes factores salariales: asignación básica mensual;
bonificación por compensación; prima especial del servicio; bonificación por gestión
judicial; primas de servicio, vacacional y de navidad; y bonificación por servicios
prestados.
5 Pendiente de una resolución judicial, https://dle.rae.es/sub%20iudice.
5
Radicación: 23001-23-33-000-2013-00386-01 (5883-2018)
Demandante: UGPP
Demandado: Rubén Darío Correa Sánchez
16. Precisó que la asignación mensual más elevada devengada por el señor Rubén
Darío Correa Sánchez fue equivalente a la suma de $9.108.730 y, por lo tanto, este
valor debía tomarse como Ingreso Base de Liquidación (IBL) para aplicar la tasa de
reemplazo del 75%, fijando así el monto de la pensión mensual vitalicia en favor del
demandado en $6.831.547.
17. Destacó la exclusión del valor percibido por concepto de bonificación por gestión
judicial, debido a que el accionado recibió dos factores incompatibles entre sí: la
bonificación por compensación y la bonificación por gestión judicial, creadas mediante
los Decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004 (este último declarado nulo el 14 de diciembre
de 2011), respectivamente. Para sustentar lo anterior, citó el artículo 1 del Decreto 4040
de 2004, el cual prescribe lo siguiente:
Artículo 1º. A partir de la vigencia del presente Decreto, créase una Bonificación de
Gestión Judicial, con carácter permanente, que sumada a la asignación básica y demás
ingresos laborales iguale al setenta por ciento (70%) de lo que por todo concepto
devenguen los Magistrados de las Altas Cortes, para los funcionarios de la Rama
Judicial, incluida la Fiscalía General de la Nación, y el Ministerio de Defensa Nacional,
que a partir de la misma fecha se vinculen al servicio en los empleos que se señalan a
continuación:
(…)
Parágrafo 1º. Los funcionarios descritos en el presente artículo tendrán derecho a
percibir única y exclusivamente la Bonificación de Gestión Judicial en los términos del
presente artículo, la cual es incompatible para todos los efectos con la Bonificación por
Compensación.
18. Recordó que mediante sentencia del 13 de julio de 2010 proferida por el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Montería, se resolvió inaplicar, para el
caso concreto del señor Rubén Darío Correa Sánchez, el Decreto 4040 de 2004. Esta
decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala de Decisión de
Conjueces, mediante fallo del 24 de enero de 2013. Así las cosas, es evidente que el
acto administrativo contenido en la Resolución 00982 del 23 de enero de 2007 adolece
de ilegalidad, en tanto incluyó en la determinación del IBL del demandado valores
improcedentes, dada su incompatibilidad legal y constitucional, previamente revisada6.
19. Resaltó que tal como se dejó sentado en la audiencia inicial, si bien el acto acusado
fue expedido en cumplimiento de un fallo en sede de tutela, este es susceptible de ser
cuestionado, pues debe recordarse que el juez de tutela limitó su examen a la revisión
de la constitucionalidad de la actuación de la aquí demandante –UGPP– frente a la
aplicación del régimen de transición y del régimen especial del cual es beneficiario el
demandado (Decreto 546 de 1971). Añadió que el referido juez no orientó su estudio a
analizar la procedencia de los factores salariales devengados por el señor Correa
Sánchez conforme a la normativa vigente, pues tal análisis corresponde a la autoridad
jurisdiccional de naturaleza ordinaria, por implicar un examen de legalidad.
6 Sobre la incompatibilidad de la bonificación por compensación y la bonificación por gestión judicial ver sentencias:
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de octubre de dos mil trece (2013). Rad. 73001-23-31-000-
2008-00224-02 (0863-12); Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 7 de febrero de dos mil trece 2013.
Rad. 05001-23-31-000-2010-00323-01 (2117-12).
6
Radicación: 23001-23-33-000-2013-00386-01 (5883-2018)
Demandante: UGPP
Demandado: Rubén Darío Correa Sánchez
20. Finalmente, señaló que se impone declarar no probadas las excepciones propuestas
por el demandado que denominó «carencia de causa para demandar» y «ausencia de
violación a la norma superior».
2.4. Recursos de apelación
2.4.1. La parte demandada
21. A través de su apoderado solicitó que se revocara parcialmente la decisión de
primera instancia y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda.
Argumentó que según los principios de igualdad, progresividad y no regresividad de los
derechos sociales, el derecho a la seguridad social y la línea jurisprudencial del Consejo
de Estado consignada en las sentencias de unificación del 4 de agosto de 2010 y del
25 de febrero de 2016, cuando una persona está cobijada por un régimen de transición
anterior, este debe aplicarse de manera integral y completa, sin desconocer ninguno de
los elementos que lo componen.
22. Sostuvo que para la fecha del reconocimiento o reliquidación pensional efectuada
mediante la Resolución 00982 del 23 de enero de 2007, el demandado tenía derecho
a la inclusión de los factores salariales: bonificación por compensación, bonificación por
servicios y bonificación por gestión judicial, toda vez que constituyen factores salariales
efectivamente devengados, sobre los cuales se realizaron aportes para pensión y no
están excluidos por la ley.
23. Señaló que el principio de «sostenibilidad fiscal» no puede ser invocado ni aplicado
para desconocer expectativas legítimas y, menos aún, como en este caso, derechos
adquiridos bajo el imperio de una ley anterior. Esto resulta improcedente cuando la
Corte Constitucional, en concordancia con el Consejo de Estado, se han pronunciado
reiteradamente en el sentido de que la aplicación del régimen de transición de la Ley
100 de 1993 está soportada en los conceptos jurídicos de unidad normativa e
inescindibilidad de la norma.
24. Finalmente, precisó que se encuentran acreditados todos los supuestos jurídicos
para la aplicación del régimen especial, toda vez que al 1 de abril de 1994 contaba con
más de 40 años y 15 de servicios, y laboró por más de 30 años en la Rama Judicial,
por lo que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 6 del Decreto 546 de
1971 y el artículo 4 del Decreto 717 de 19787.
2.4.2. La parte demandante
25. La entidad demandante, por conducto de su apoderado judicial, interpuso recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia, pidió que se revoque
parcialmente, al considerar procedente el reintegro de la totalidad de las sumas
pagadas en exceso a favor del señor Rubén Darío Correa Sánchez. Argumentó que el
demandado interpuso acción de tutela para obtener la reliquidación de su pensión de
jubilación, con el propósito de incluir los factores de bonificación por compensación y
bonificación por gestión judicial, a pesar de existir una prohibición legal que impide su
7
Folios 251 a 256 del cuaderno 2.
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Demandante: UGPP
Demandado: Rubén Darío Correa Sánchez
inclusión simultánea en la liquidación de prestaciones pensionales, circunstancia que
conocía8.
2.5. Intervenciones en segunda instancia
26. Los recursos de apelación fueron admitidos por el despacho sustanciador a través
de providencia del 5 de marzo de 20199. Mediante proveído del 20 de mayo de 201910
se corrió traslado a las partes para sus alegaciones finales y al Ministerio Público para
que rinda concepto.
2.5.1. Parte demandante
27.La UGPP presentó alegatos de conclusión en los cuales reiteró los argumentos
expuestos en la demanda y en el recurso de apelación11.
2.5.2. La parte demandada
28. El señor Rubén Darío Correa Sánchez presentó sus alegaciones finales y reiteró
los argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda y en la alzada12.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
29. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Cuestión previa
30. Es importante precisar que la Resolución 982 del 23 de enero de 2007 (acto
acusado) incorporó una modificación sustancial en el derecho pensional reconocido a
Rubén Darío Correa Sánchez a través de la Resolución 12373 del 27 de mayo de 2002.
Esta última se fundamentó en el Decreto 546 de 1971, la Ley 100 de 1993 y el Decreto
1158 de 1994, esto es, «con el 75% del promedio de 7 años, 3 meses, conforme a lo
establecido en el artículo 36 de la Ley 100/1993, y [la] sentencia 168 del 20 de abril de
1995 de la Corte Constitucional, entre el 01 de abril de 1994 y el 30 de junio de 2001»13.
31. Lo anterior cobra relevancia frente al asunto a decidir, toda vez que el acto acusado,
en cumplimiento de una sentencia de tutela del 27 de septiembre de 2006, proferida
por el Juzgado 4 Penal del Circuito Judicial de Montería, confirmada por el Tribunal
Superior de Distrito Judicial de Córdoba, ordenó reliquidar la pensión de Rubén Darío
Correa Sánchez en los términos del Decreto 546 de 1971, pero con el «75% con la
8 Folios 271 a 275 del cuaderno 2.
9 Folio 235 del cuaderno 2.
10 Folio 242 del cuaderno 2.
11
Folios 247 a 249 del cuaderno 2.
12
Folios 251 a 257 del cuaderno 2.
13 Resolución 12373 del 27 de mayo de 2002.
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Radicación: 23001-23-33-000-2013-00386-01 (5883-2018)
Demandante: UGPP
Demandado: Rubén Darío Correa Sánchez
asignación mensual más elevada devengada durante el último año de servicios», con
inclusión de la bonificación por gestión judicial y la bonificación por compensación, entre
otros.
32. Así, se advierte que la UGPP cuestionó la legalidad de la Resolución 982 del 23 de
enero de 2007, en cuanto ordenó tener en cuenta para la liquidación de la pensión las
bonificaciones por gestión judicial y compensación, más no frente a la aplicación del
Decreto 546 de 1971, por ejemplo, en cuanto al periodo del IBL; de manera tal que el
estudio correspondiente debe circunscribirse al primer asunto, que se itera, fue el que
motivó que se cuestionara la legalidad del referido acto administrativo, alrededor del
cual se fijó el litigio14 y frente al cual se pronunció la sentencia impugnada.
3.3. Problemas jurídicos
33. Aclarado lo anterior, con base en los recursos de apelación y teniendo en cuenta
que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia
debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la alzada,
corresponde a la Sala definir si:
a) ¿Es procedente incluir la bonificación por compensación y la bonificación por gestión
judicial como factores salariales para efectos de la reliquidación de la pensión del señor
Rubén Darío Correa Sánchez, conforme a la normativa aplicable?
b) En caso negativo, ¿procede la devolución de los dineros pagados en exceso al señor
Rubén Darío Correa Sánchez, producto de incluir para el cálculo de su mesada
pensional las referidas bonificaciones?
34. Para resolver los interrogantes planteados, la Sala realizará algunas
consideraciones sobre las bonificaciones por compensación y por gestión judicial.
Finalmente, se destacarán los hechos probados más relevantes, y en el acápite de
análisis del caso concreto se resolverá los problemas jurídicos propuestos.
3.4. Marco normativo
3.4.1. Bonificación por compensación
35. La bonificación por compensación fue creada por el Gobierno nacional dentro de
una política de nivelación para los destinatarios de la prima especial de servicios del
artículo 14 de la Ley 4 de 1992, pues esta había sido insuficiente y se requería una
nueva política salarial. Por ello, el Gobierno tomó la decisión de fijar los ingresos de los
magistrados15 de segundo nivel tomando como referencia cierto porcentaje de lo
14
«Corresponde a la Sala revisar la legalidad del acto administrativo demandado contenido en la Resolución N° 982
de 23 de enero de 2007 proferido por la extinta Caja Nacional de Previsión Social EICE hoy UGPP, por medio de la
cual se da cumplimiento al fallo de tutela de 20 de septiembre de 2006, proferido por el Juzgado Cuarto Penal del
Circuito de Montería y se reliquida una pensión de vejez a favor del señor Rubén Correa Sánchez incluyendo la
bonificación por gestión judicial, bonificación por servicios prestados y la bonificación por compensación, así como
también, si es viable ordenar a título de restablecimiento del derecho, que se liquide el monto pensional del
demandado en la suma de $6.461.214,93, efectiva a partir del 11 de enero de 2004 y condenarlo a reintegrar el valor
total que le hubiere sido cancelado en exceso por haberse tasado su mesada pensional desde el 27 de septiembre
de 2006 hasta la fecha».
15 Y autoridades equivalentes.
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Demandado: Rubén Darío Correa Sánchez
percibido por los magistrados de alta corte. Esto se realizó a través de un mecanismo
de anclaje, frente a lo devengado por todo concepto, por los magistrados del primer
nivel del artículo 15 de la citada Ley 4 de 1992. Dicho contexto fue explicado por la
Corte Constitucional, en la sentencia C-244 de 201316, en los siguientes términos:
En el año de 1998 se dio otro acontecimiento normativo fundamental en la política salarial
del sector justicia: mediante un Decreto reglamentario de la Ley 4a, el Decreto 610 de
1998, el Gobierno reaccionó a la protesta organizada de los jueces para considerar que
la prima especial concedida en 1992 al segundo nivel funcional de funcionarios judiciales
(definido en el artículo 14 y que sólo había sido del 30% de sus ingresos salariales hasta
ese entonces reconocidos) había sido insuficiente y que se requería una nueva política
salarial. Para responder a este reclamo, el Gobierno tomó la decisión de fijar los ingresos
de los magistrados de segundo nivel como un cierto porcentaje del de los Magistrados de
alta Corte (que, a su vez, habían sido igualados a los de los Congresistas en el artículo
15 de la Ley 4a). Esta fijación o anclaje entre niveles jerárquicos de la Rama Judicial ya
había sido intentado, de hecho, en Leyes de finales de los ochentas (Ley 10/1987 y Ley
63/88), que, sin embargo, no habían sido debidamente ejecutadas. El nuevo Decreto
610/98 buscaba crear un mecanismo gradual de cumplimiento de tales esquemas de
anclaje para generar, ahora sí, una política de "nivelación salarial". Para el año de 1998,
el segundo nivel de la jerarquía ganaba el 46% de los ingresos de los magistrados del
primer nivel. Según el Decreto, esto constituía una "desigualdad económica entre los dos
niveles" y, para superarla, propuso un sistema escalonado de nivelación a tres años en
el que en el primero recibirían el 60% de lo percibido, por todo concepto, por los
Magistrados del primer nivel del artículo 15; para el segundo y tercer año tales porcentajes
serían aumentados al 70 y luego al 80%. Con ello se adoptaba un mecanismo de anclaje
proporcional del salario idéntico al que ya se había intentado en la Ley 4a entre
funcionarios del primer nivel y los propios congresistas. Para ejecutar este nuevo
esquema de nivelación salarial, la "prima especial" de la Ley 4a pasó a denominarse
"Bonificación por compensación" y se aclaró en el artículo 1º del Decreto 610 que sólo
constituía factor salarial para las pensiones, tal y como ya se había afirmado en la Ley
332/96.
36.En consecuencia, el presidente de la República, en desarrollo de las normas
generales de la Ley 4 de 1992, profirió el Decreto 610 de 1998 17, que creó la
bonificación por compensación, así:
ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2o del presente
decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter permanente, que sumada a la
prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta
por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y
Consejo Superior de la Judicatura. La Bonificación por Compensación sólo constituirá
factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los
Magistrados de las Altas Cortes.
16 M.P. Diego López Medina. En esta providencia, la Corte Constitucional se estuvo a lo resuelto en la sentencia C-
681 de 2003, que declaró inexequible la expresión "sin carácter salarial", contenida en el artículo 15 de la Ley 4 a de
1992, pero sólo para efectos de la cotización y liquidación de la pensión de jubilación.
17 Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
Los Decreto 610 y 1239 de 1998 fueron derogados por el Decreto 2668 de 1998, sin embargo, este último fue
declarado nulo por el Consejo de Estado, en sentencia de la Sección Segunda del 25 de septiembre de 2001,
ejecutoriada el 5 de octubre de 2001, exp. 395-99, M.P. Álvaro Lecompte Luna, actor: Pablo Julio Cáceres Corrales.
10
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37. El reconocimiento de esta bonificación se extendió para los secretarios generales
de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional, y al
secretario judicial del Consejo Superior de la Judicatura, a través del Decreto 1239 de
199818 dictado por el presidente de la República.
38.En este orden de ideas, la bonificación por compensación tiene las características
que a continuación se enuncian:
a) Carácter permanente;
b) solo constituye factor salarial para efectos pensionales en los mismos términos
que la prima especial de servicios de los magistrados de altas cortes;
c) desde el Decreto 1102 de 2012 constituye base de cotización para los aportes
a salud;
d) los beneficiarios son los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los Magistrados
Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, y el Consejo
Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; a los
Fiscales y Jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de Distrito, y los jefes de Unidad de
Fiscalía ante Tribunal de Distrito; los secretarios generales de la Corte Suprema
de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional, y al secretario Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura;
e) se paga mensualmente;
f) con efectos fiscales desde el 1 de enero de 1999;
g) inicialmente correspondía al 60% de los ingresos laborales que por todo
concepto perciben los magistrados de alta corte (1999). Para la vigencia fiscal
siguiente aumentó al 70% (2000);
h) en la tercera vigencia fiscal aumentó al 80% (2001), de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte;
i) la bonificación «sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos
laborales actuales» debe igualar el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los magistrados de alta corte.
39. Ahora bien, la sentencia del 18 de mayo de 201619, dictada por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda, consideró que la prima especial de servicios del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992 «tiene clara incidencia en la determinación de la
bonificación por compensación de los servidores públicos que se encuentran sujetos al
Decreto 610 de 1998, pues el mismo, de manera semejante al artículo 1º del Decreto
18 Por el cual se adiciona el Decreto número 610 del 26 de marzo de 1998.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del
18 de mayo de 2016, Rad. 25000-23-25-000-2010-00246-02(0845-15).
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10 de 1993, previó la nivelación salarial al 60%, 70% y 80% “… de lo que por todo
concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la
Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado”
(subraya fuera del texto), para los años 1998, 1999, 2000 y siguientes,
respectivamente».
40. A renglón seguido, señaló que las cesantías de los magistrados de alta corte
también son un emolumento que se incluye en «todo lo devengado», comoquiera que
«el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera permanente por los
jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente que resultaría
violatorio del principio de igualdad que surge del artículo 13 de la Constitución Política
de Colombia el señalar que esta prestación social carece de tal naturaleza únicamente
con el propósito de disminuir la base de liquidación de la bonificación por compensación
de la que son acreedores los funcionarios mencionados en el artículo 2º del Decreto
610 de 1998».
41. En la misma línea, señaló que para calcular la diferencia entre lo devengado por
los congresistas y lo percibido por los magistrados de alta corte, se debían tener en
cuenta las cesantías de los parlamentarios, «para, así, determinar el valor de la prima
especial de servicio a la que tienen derecho estos últimos [magistrados de alta corte]».
42. A modo de conclusión, cabe precisar entonces que el valor de la bonificación por
compensación «es el resultado de la diferencia entre lo proyectado como ingresos
anuales que “por todo concepto” reciban los magistrados de Alta Corte y los ingresos
anuales de magistrado de Tribunal y demás cargos equivalentes, para fijar el ingreso
laboral de éstos últimos en un 80% a partir del año 200120».
43. Con posterioridad, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda, en la sentencia
del 2 de septiembre de 201921, reiteró que la bonificación por compensación hace parte
de un sistema de anclaje diseñado de forma escalonada, tal como lo explicó la Corte
Constitucional en la sentencia C-244 de 2013. La referida providencia también señaló
que, en virtud del Decreto 610 de 1998, los ingresos laborales de sus destinatarios, a
partir del año 2001, serían iguales al ochenta por ciento (80 %) de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte. Ciertamente, resaltó
que «el 80% de la bonificación por compensación para los magistrados y cargos
homologados es un límite que no puede ser superado con el reconocimiento de la
prima especial de servicios y de ningún otro beneficio económico laboral».
44.El citado Decreto 610 de 1998 fue derogado por el Decreto 2668 de 1998, en
consecuencia, cada año el Gobierno Nacional expidió los decretos para regular la
bonificación por compensación22. En efecto, el Gobierno nacional dictó los Decretos
664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001, 663 de 2002 y 3570 de 2003,
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del
8 de octubre de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2015-05188-02 (3217-2022), M.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del
2 de septiembre de 2019, Rad. 41001-23-33-000-2016-00041-02(2204-18). Aclarada en auto del 7 de octubre de
2019.
22 En efecto, el Gobierno nacional expidió los Decretos 664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001,
663 de 2002 y 3570 de 2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por ejemplo,
para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los siguientes montos: $2.030.717 (1999),
2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410 (2002) y 2.491.911 (2003).
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que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por ejemplo,
para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los siguientes montos:
$2.030.717 (1999), 2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410 (2002) y 2.491.911
(2003).
45. Ahora bien, el Decreto 2668 de 1998 fue anulado por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2001, expediente 395-
99, con efectos «ex tunc». Por consiguiente, volvió a ser aplicable el Decreto 610 de
1998.
3.4.2. Bonificación de gestión judicial
46. El Decreto 4040 de 200423, en el artículo 1, creó la bonificación de gestión judicial;
determinó que era incompatible con la bonificación por compensación, y que el valor
correspondía a un porcentaje del 70% del valor integrado por la asignación básica y los
demás ingresos laborales de lo que por todo concepto devengaran los magistrados de
las altas cortes, cuyos destinatarios eran los funcionarios de la Rama Judicial, la
Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa.
47. La norma indicaba que la bonificación solo era factor salarial para efectos de
determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y era parte integral del
ingreso base de liquidación, debiendo cotizarse mensualmente sobre lo devengado.
48. Los destinatarios eran los magistrados de Tribunal y Consejo
Seccional, magistrados auxiliares de las altas cortes, abogados asistentes y abogados
auxiliares del Consejo de Estado, fiscales delegados ante Tribunales de Distrito,
fiscales auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, directores ejecutivos seccionales
de Administración Judicial, y secretarios generales de la Corte Suprema de Justicia,
Consejo de Estado y Corte Constitucional y secretario judicial del Consejo Superior de
la Judicatura. Igualmente, tenían quienes ingresaron, con posterioridad a la publicación
de este decreto, a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que actúen
de manera permanente como agentes del Ministerio Público ante los magistrados de
Tribunal a que se refiere el presente artículo.
49. En el artículo 2 se indicó que los destinatarios «podrán optar al reconocimiento y
pago de la Bonificación de Gestión Judicial, […] siempre y cuando se encuentren en
una de las siguientes situaciones: a) Quienes han iniciado acciones judiciales
relacionadas con la Bonificación por Compensación y desistan de sus pretensiones,
renunciando expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente acciones, en los
términos del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil; b) Los que no han
efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de transacción para precaver
litigios futuros relacionados con la Bonificación por Compensación».
50. Sin embargo, la Sección Segunda, Sala de Conjueces, en sentencia del 14 de
diciembre de 201124, declaró la nulidad del citado Decreto 4040 de 2004, en atención a
que, para tener derecho a la bonificación de gestión judicial, los destinatarios debían
23 Por el cual se crea una Bonificación de Gestión Judicial para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
24Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Rad. 11001-03-25-000-2005-
00244-01 (10067-05), M.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora.
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desistir de las demandas para obtener el pago de la bonificación por compensación del
Decreto 610 de 1998 o celebrar contratos de transacción. Se estimó que el Decreto
4040 de 2004 otorgó validez a la transacción sobre el pago de la bonificación por
compensación del 80%, pese a que los derechos laborales no pueden ser objeto de
negociación por las partes, dada su naturaleza de derecho adquirido y porque se violó
el principio de progresividad. Insistió entonces en que constitucionalmente está
prohibido renunciar a los derechos adquiridos o transar sobre derechos ciertos e
indiscutibles.
51. La Sala de conjueces precisó que, para una misma categoría de servidores
judiciales, con idénticas funciones, horarios, responsabilidades y requisitos, coexistían
dos regímenes vigentes: el Decreto 610 de 1998, que fijaba la asignación mensual en
el 80% de lo devengado por los magistrados de altas cortes, mientras que el Decreto
4040 de 2004 la establecía en el 70%, con lo cual se materializó un trato diferenciado
injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones.
52. En este orden de ideas, se estableció que el Decreto 4040 de 2004 violó los
derechos al trabajo, a la igualdad y a la prohibición de transigir o conciliar sobre
derechos ciertos e indiscutibles.
53. Luego de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el presidente de la
República dictó el Decreto 1102 de 201225, según el cual, a partir del 27 de enero de
2012, la bonificación por compensación que venían percibiendo los beneficiarios26
equivaldría al 80% de lo que por todo concepto devengaran los magistrados de alta
corte, con la connotación de ser «factor salarial para efecto del ingreso base de
cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad
Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003».
54. El artículo segundo del referido Decreto 1102 de 2012 indicó que «como
consecuencia de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, los servidores
que venían percibiendo la Bonificación de Gestión Judicial percibirán, a partir de la
fecha de ejecutoria de dicha sentencia, la bonificación por compensación en los mismos
términos y condiciones señaladas para su reconocimiento en el artículo 1° del presente
decreto».
3.5. Hechos probados
55. Rubén Darío Correa Sánchez nació el 12 de octubre de 1942, según se observa en
la cédula de ciudadanía27.
56.El 5 de septiembre de 2001 solicitó a CAJANAL – EICE el reconocimiento
pensional. La entidad mediante la Resolución 12373 del 27 de mayo de 200228
25 Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
26 Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado,
Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, Directores
Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo
de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los funcionarios
vinculados a la Procuraduría General de la Nación.
27
Folio 17 del cuaderno principal.
28
Folios 26 a 29 del cuaderno principal.
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reconoció y ordenó el pago de la pensión mensual vitalicia por vejez a favor del
demandado, en cuantía de $4.009.992,39, con efectividad a partir del 1 de julio de 2001,
previo retiro definitivo del servicio. Para el reconocimiento de dicha pensión, la entidad
administradora aplicó las disposiciones establecidas en el Decreto 546 de 1971, la Ley
100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
57. Inconforme con la anterior decisión, el 20 de junio de 200229, el demandado
interpuso recurso de apelación.
58. A través de la Resolución 8572 del 31 de diciembre de 200230, se resolvió el recurso
de apelación contra la Resolución 12373 de 2002, en el sentido de confirmar la decisión
inicial.
59. Por medio del fallo de tutela proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de
Montería el 17 de febrero de 200331, se accedió a las pretensiones del accionante y se
ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social reajustar la pensión del señor Rubén
Darío Correa Sánchez, en atención a su condición de beneficiario del régimen de
transición, conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 546 de 1971.
60. CAJANAL mediante la Resolución 2289 del 30 de abril de 200332, dio cumplimiento
al fallo de tutela proferido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Montería, en el
sentido de ordenar la revocatoria de la Resolución 008572 de 31 de diciembre de 2002
y, en su lugar, modificar la Resolución 12737 de 27 de mayo de 2002, elevando la
cuantía pensional a favor del señor Rubén Darío Correa Sánchez a la suma de
$6.127.384 con efectividad a partir del 1 de julio de 2001, previo retiro de servicio
definitivo.
61. Para la liquidación del monto se tuvo en cuenta el 75% de la asignación mensual
más elevada que hubiera devengado en el último año de servicio, comprendido entre
el 1 de julio de 2000 al 30 de junio de 2001, con la inclusión de los siguientes factores
salariales: asignación básica, prima especial de servicios, prima de vacaciones,
bonificación por servicios, primas de servicios y de navidad, y bonificación por
compensación.
62. A través de la sentencia del 2 de septiembre de 200333, el Juzgado Segundo
Laboral del Circuito de Montería ordenó a CAJANAL pagar al señor Rubén Darío Correa
Sánchez la pensión de jubilación por un valor de $6.461.214,93. Esta suma
corresponde al 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios
compuesto por: salario de $7.961.261, más $115.475,83 equivalente a la doceava parte
de la bonificación por servicios; $169.776,91 correspondiente a la doceava parte de
prima de servicios; y $368.437 equivalente a la doceava parte de la prima de navidad.
63. Por medio de la sentencia del 30 de agosto del 2004, el Juzgado Primero Penal del
Circuito de Montería amparó los derechos al debido proceso, a la dignidad humana y
29
Folios 30 a 35 del cuaderno principal.
30 Folios 58 a 66 del cuaderno principal.
31
Folios 71 a 76 del cuaderno principal.
32
Folios 85 a 90 del cuaderno principal.
33 Folios 111 a 114 del cuaderno principal.
15
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de petición. En consecuencia, ordenó a CAJANAL el reajuste de la mesada pensional,
teniendo como referencia la condena del 2 de septiembre de 2003 dictada por el
Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial.
64. Mediante la Resolución 20359 del 1 de octubre de 200434, se dio cumplimiento al
fallo proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Montería, por
consiguiente, se aumentó la mesada de la pensión de jubilación a la cuantía de
$6.461.214,93, efectiva a partir del 11 de enero de 2004, fecha del retiro oficial.
65. Conforme a la constancia expedida el 9 de septiembre de 2005 35 por la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería, el demandado laboró para
la Rama Judicial como magistrado de tribunal superior, sala penal y devengó entre el 1
de enero de 2003 y el 10 de enero de 2004 los siguientes factores: asignación básica
mensual; bonificación por compensación; prima especial de servicios; bonificación por
gestión judicial; primas de servicios, de vacaciones y de navidad; y bonificación por
servicios prestados.
66. Dicha certificación señaló que en el 2003 percibió la bonificación por compensación,
en la suma de $2.913.124, y que en el 2004 recibió la bonificación por gestión judicial
por $989.585, situación que llevó a que al reliquidarse su pensión en cumplimiento de
un fallo de tutela mediante la Resolución 00982 del 23 de enero de 2007, se incluyeran
ambas bonificaciones de manera concurrente en los valores antes señalados, como se
ilustrará a continuación.
67. El 7 de octubre de 200536 solicitó la reliquidación de la pensión de vejez, teniendo
en cuenta el 75 % de la asignación básica mensual más elevada devengada en el último
año de servicio, con la inclusión de los siguientes factores salariales: asignación básica,
prima especial de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, bonificación por
servicios, bonificación por compensación y bonificación por gestión judicial.
68. A través de la Resolución 15743 del 5 de abril de 2006, CAJANAL negó la solicitud
de reliquidación de la pensión por vejez presentada por el señor Rubén Darío Correa
Sánchez, al considerar que «no es posible incluir dentro de la reliquidación de la
pensión de vejez, la bonificación de gestión judicial y la bonificación por compensación,
ya que ambas son incompatibles, tal y como lo consagra el Decreto 4040 de 2004».
69. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Montería, mediante sentencia de tutela del
27 de septiembre de 200637, ordenó dejar sin efecto la Resolución 15743 del 5 de abril
de 2006 y, en su lugar, reliquidar el monto pensional con base en el 75 % de la
asignación básica más elevada devengada durante el último año de servicio, con la
inclusión de los gastos de representación, la prima de antigüedad, la prima de
capacitación, la prima vacacional, la prima de vacaciones, la prima semestral, la prima
de navidad, la bonificación por servicios prestados, la bonificación por gestión judicial,
la prima especial de servicios, la bonificación por compensación, entre otros factores.
Además, señaló lo siguiente: «también se precisa que el monto de la pensión de
34 Folios 182 a 184 del cuaderno principal.
35 Folio 195 del cuaderno principal.
36 Folios 192 a 194 del cuaderno principal.
37 Folios 243 a 252 del cuaderno principal.
16
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jubilación por vejez debe fijarse en 81% del sueldo ponderado, o lo que es lo mismo en
seis (6) puntos adicionales al 75%».
70. El Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Penal, mediante providencia del 7 de
noviembre de 200638, confirmó la decisión anterior.
71. CAJANAL a través de la Resolución 00982 del 23 de enero de 2007, dio
cumplimiento al fallo de tutela del 27 de septiembre de 2006, proferido por el Juzgado
Cuarto Penal del Circuito de Montería. En consecuencia, reliquidó la pensión de vejez
del demandado incluyendo la bonificación por gestión judicial y la bonificación por
compensación. Como resultado, la cuantía de la mesada pensional se elevó a
$7.573.736,62, a partir del 11 de enero de 2004. En cuanto a los factores a tener en
cuenta el referido acto administrativo indicó lo siguiente:
[...] FACTORES VALOR
ASIGNACIÓN BÁSICA – 2003 $ 4,098,137
PRIMA DE NAVIDAD – 2003 $ 389,705
BONIFICACIÓN SERVIC. PRESTADOS – 2003 $ 119,529
PRIMA DE SERVICIOS – 2003 $ 175,736
PRIMA DE VACACIONES – 2003 $ 183,048
PRIMA ESPECIAL – 2003 $ 1,229,441
BONIFICACIÓN POR GESTIÓN JUDICIAL – 2003 (sic39) $ 989,585
BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN – 2003 $ 2,913,124
TOTAL = $10.098,315.49
Pensión: ($10.098.315.49 x 75%) = $7.573.736.62
[...]
Efectiva a partir del 11 de enero 2004 [...]
72. El Juzgado Quinto Administrativo de Montería, mediante sentencia del 13 de julio
de 201040, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
2009-00163, aplicó la excepción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 4 de la
Constitución Política, en concordancia con el artículo 5 de la Ley 57 de 1887, respecto
del Decreto 4040 de 2004. En consecuencia, declaró la nulidad de la Resolución 005
del 8 de enero de 2007, proferida por la DEAJ, y la condenó al pago de la bonificación
por compensación establecida en el Decreto 610 de 1998 a favor del señor Rubén Darío
Correa Sánchez por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2001 y el 10 de
enero de 2004. Esta decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Córdoba
por medio de la sentencia del 24 de enero de 201341.
38 Folios 253 a 267 del cuaderno principal.
39 Se recuerda que según la constancia expedida el 9 de septiembre de 2005 por la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Montería, esta bonificación se percibió en el año 2004.
40 Folios 99 a 115 del cuaderno 2.
41 Folios 87 a 97 del cuaderno 2.
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3.6. Análisis del caso concreto
3.6.1. De la reliquidación de la pensión de vejez
73. La parte demandada en el recurso de alzada alegó que tiene derecho a que se le
incluya la bonificación por compensación y la bonificación por gestión judicial como
factores salariales para efectos de la reliquidación de la pensión, toda vez que
constituyen factores salariales efectivamente devengados, sobre los cuales se
realizaron aportes para pensión y no están excluidos por la ley.
74. Frente a esta consideración, es importante resaltar que en efecto, de conformidad
con la constancia del 9 de septiembre de 200542, expedida por la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Montería, el demandado recibió las acreencias
creadas por medio de los decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004 (declarado nulo el 14
de diciembre de 2011), la primera durante el año 2003, la segunda en el 2004. Estos
dos regímenes se diferencian en que en el primero se tiene en cuenta el 80%, y en el
segundo el 70%, de lo devengado por los magistrados de las altas cortes.
75. Se precisa que aunque la bonificación por gestión judicial se creó a partir del
Decreto 4040 del 3 diciembre de 2004, este en el parágrafo 2 del artículo 2 reconoció
la prestación con efectos fiscales desde el 1.º de enero de 2004, lo que permitió que el
demandado la devengara de la fecha antes señalada hasta el 10 de enero del mismo
año.
76. En ese orden de ideas, la cuestión radica en establecer si por el hecho de que se
percibieron las dos bonificaciones durante el último año de servicios (del 10 de enero
de 2003 al 10 de enero de 2004), estas deben incluirse como base de liquidación de la
pensión.
77. Como lo señaló el Tribunal, la anterior alternativa no es viable debido a la
incompatibilidad entre las acreencias mencionadas. Como se explicó en el marco
teórico, ambas bonificaciones fueron creadas para avanzar en la nivelación salarial de
los funcionarios de la Rama Judicial. Primero, el Decreto 610 de 1998 estableció una
bonificación por compensación que sumada a los demás ingresos laborales iguale el
80 % de lo que devengan anualmente los magistrados de alta corte. Posteriormente, el
Decreto 4040 fijó una bonificación para alcanzar el 70 % de lo percibido por estos, pero
para acogerse a ella era necesario renunciar a la del Decreto 610. Es decir, desde la
expedición del Decreto 4040 se precisó que solo podía recibirse una u otra acreencia,
nunca ambas.
78. En efecto, el Decreto 4040 de 2004, en el parágrafo 1 del artículo 1 establecía lo
siguiente:
«Parágrafo 1º. Los funcionarios descritos en el presente artículo, tendrán derecho
a percibir única y exclusivamente la Bonificación de Gestión Judicial en los
términos del presente artículo, la cual es incompatible para todos los efectos con
la Bonificación por Compensación».
42 Folio 195 del cuaderno principal.
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Demandado: Rubén Darío Correa Sánchez
79. A su vez, el parágrafo 2 del artículo 2 ibidem, precisaba que la bonificación tendría
efectos fiscales desde el 1 de enero de 2004, así:
Parágrafo 2º. La Bonificación de Gestión Judicial tendrá efectos fiscales a partir del 1o
de enero de 2004 y es incompatible con la Bonificación por Compensación, que hasta la
fecha de expedición del presente Decreto se viene reconociendo a los servidores citados
en el presente artículo.
80.Nótese como el citado marco normativo, aplicable al momento de retiro del
demandante, dispuso que no es viable el pago de las dos prestaciones, circunstancia
que a juicio de la Sala debía considerarse al liquidar la pensión con la asignación
mensual más alta, en atención al régimen aplicable al señor Correa Sánchez.
81. La incompatibilidad entre ambas bonificaciones es evidente. Ahora, en atención a
que el Decreto 4040 fue anulado, quedó únicamente vigente la bonificación del Decreto
610 de 1998, luego ratificada por el Decreto 1102 de 2012. Por ello, como la acreencia
que a luz del ordenamiento jurídico debe considerarse para efectos pensionales es la
bonificación por compensación, que resulta más favorable que la de gestión judicial, no
es de recibo que para efectos pensionales se tengan en cuenta las dos acreencias,
pues al momento de establecer la asignación mensual más alta (bajo el régimen
aplicable al demandado), lo que conlleva definir cuáles son las prestaciones a tener en
cuenta, no pueden considerarse simultáneamente dichas bonificaciones, incompatibles
entre sí, sino una u otra, prevaleciendo la de compensación que es más favorable y
respecto de la cual, como se determinó en sede de simple nulidad, no puede
desconocerse con ocasión del Decreto 4040.
82. En un caso similar, esta Subsección mediante sentencia del 7 de febrero de 201343
se manifestó en los siguientes términos:
En el presente caso se evidencia que la actora devengó durante el último año de servicio,
comprendido entre el 27 de mayo de 2004 al 26 de mayo de 2004 (sic), los siguientes
factores: sueldo básico, gastos de representación, bonificación por compensación,
bonificación por servicios, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad y
bonificación por gestión judicial.
Sobre el particular es importante resaltar que la demandante recibió dos factores que
son incompatibles entre sí, estos son, la bonificación por compensación y la bonificación
por gestión judicial creados por medio de los Decretos Nos. 610 de 1998 y 4040 de 2004
(declarado nulo el 14 de diciembre de 20117), respectivamente. Estos dos regímenes
laborales referentes al monto de la asignación mensual, se diferencian en que en el
primero, el salario es del 80% y en el segundo es el 70% de lo devengado por los
Magistrados de las Altas Cortes.
Ahora bien, a la anterior conclusión se aborda después de comparar la Certificación de
lo que devengó la señora Martha Lucia López Mora con el Decreto No. 944 de 2005, el
cual reza lo siguiente:
43
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de
febrero de 2013, Rad. 05001-23-31-000-2010-00323-01(2117-12), M.P. Víctor Hernán Alvarado.
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“ARTÍCULO 1o. <Decreto derogado por el artículo 2 del Decreto 401 de 2006> A
partir del 1o de enero de 2005, los funcionarios a que se refiere el presente decreto
que no hayan optado por el régimen de Bonificación de Gestión Judicial de que trata
el Decreto 4040 de 2004, continuarán devengando la Bonificación por
Compensación con carácter permanente, así:
(…)
Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito 3.197.202”
Nótese como el citado marco normativo, aplicable al momento de retiro de la
demandante, dispuso que no es viable el pago de las dos prestaciones, sin embargo, se
observa en la citada Certificación que le realizaron pagos tanto por bonificación por
compensación como por gestión judicial.
En ese orden de ideas, se ordenará en virtud del principio de favorabilidad, que se aplique
solamente una de las dos bonificaciones antes mencionadas, al momento de tener en
cuenta la asignación mensual más elevada durante el último año de servicios, incluyendo
las doceavas partes a que tiene derecho por concepto de todas las primas devengadas
y demás factores prestacionales y, los reajustes establecidos en la Ley 71 de 1988, ya
que constituyen factor de salario para los empleados de la Rama Jurisdiccional y del
Ministerio Público, de conformidad con los Decretos 546 de 1971 y 717 de 1978. Cosa
distinta es que pueda la Caja descontarle los aportes correspondientes a los factores
sobre los cuales no se haya efectuado la deducción legal.
83. De lo ilustrado hasta aquí se concluye que, al momento de establecer la asignación
mensual más elevada (art. 6 del Decreto 546 de 1971), debía verificarse en cuanto a
las mencionadas bonificaciones que solo una de ellas puede tenerse en cuenta. De lo
contrario, considerar que hacen parte de lo percibido mensualmente para liquidar la
pensión y, por ende, sumar los valores reconocidos con ocasión de ellas, como lo hizo
el acto acusado (ver párrafo 71), termina avalando su carácter simultáneo para
determinar el monto de la pensión, aunque son incompatibles como acaba de
exponerse.
84. Finalmente, respecto al argumento según el cual un régimen de transición debe
aplicarse de manera integral, sin desconocer sus elementos, y que el principio de
sostenibilidad fiscal no puede invocarse para afectar expectativas legítimas ni derechos
adquiridos bajo una ley anterior, se estima que tampoco constituyen razones válidas
para justificar que se mantenga para efectos pensionales dos acreencias incompatibles,
en la medida que ninguna regla del régimen de transición implica mantener el
reconocimiento de factores prestacionales incompatibles; además, en consideración a
que la protección de los derechos adquiridos es procedente cuando tiene como
fundamento un justo título (art. 58 superior), situación que no puede predicarse del
reconocimiento de las referidas bonificaciones, al momento de liquidarse la pensión,
por las razones expuestas, aunado al impacto negativo para la sostenibilidad del
Sistema General de Pensiones que tendría que mantener para el caso del demandado
la aludida compatibilidad.
85. Bajo este entendido, la Sala comparte los argumentos expuestos por el Tribunal al
destacar la exclusión del valor percibido por concepto de bonificación por gestión
judicial.
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3.6.2. Del reintegro de las sumas devengadas de buena fe
86. La entidad accionante en el recurso de apelación solicitó la revocatoria parcial de la
sentencia de primera instancia, al considerar procedente el reintegro de la totalidad de
las sumas pagadas en exceso a favor del señor Rubén Darío Correa Sánchez.
Argumentó que el demandado interpuso acción de tutela para obtener la reliquidación
de su pensión de jubilación, con el propósito de incluir los factores de bonificación por
compensación y bonificación por gestión judicial, a pesar de existir una prohibición legal
que impide su inclusión simultánea en la liquidación de prestaciones pensionales,
circunstancia que era de su conocimiento.
87. Conforme al artículo 83 de la Constitución Política, «[l]as actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena
fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas».
88. En relación con el contenido del principio de buena fe, la jurisprudencia constitucional
lo define como «aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar
sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que
podrían esperarse de una ‘persona correcta (vir bonus)’. Así, la buena fe presupone la
existencia de relaciones reciprocas con trascendencia jurídica y se refiere a la
confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada».44
89. De esta manera, el constituyente de 1991 dispuso que el principio de buena fe
comportaría un patrón rector de las actuaciones de los particulares y las autoridades.
Adicionalmente, la Carta Política establece que el referido principio se presume en las
diligencias que los primeros adelanten ante las segundas; así pues, bajo la idea de esa
presunción, quien pretende desvirtuarla debe asumir la carga probatoria que permita
demostrar la trasgresión de dicho principio45.
90. En igual sentido, el artículo 164 de la Ley 1437 de 201146 (CPACA) precisó:
«Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser
presentada:
1. En cualquier tiempo, cuando:
[…]
c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe;
[…].» [Resaltado de la Sala].
91. De conformidad con lo anterior, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha
sostenido que «[…] no habrá lugar a recuperar las prestaciones periódicas pagadas a
los particulares de buena fe, salvo que se pruebe por la entidad Estatal que el
44
Corte Constitucional, sentencia C-1194 del 3 de diciembre de 2008.
45
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de junio de 2020,
expediente 41001-23-33-000-2012-00237-02 (4076-18).
46
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.»
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demandado incurrió en conductas deshonestas, fraudulentas, dolosas, es decir, que
actuó de mala fe con el fin de obtener un beneficio al cual no tenía derecho»47.
92. Por ende, se colige que no existe la posibilidad de recuperar las prestaciones
periódicas cuando han sido pagadas de buena fe, lo que le impone a la entidad
demandante la carga de probar los actos fraudulentos del beneficiario para obtener el
reconocimiento de un derecho que no le corresponde, como se pudo apreciar en el
acápite precedente.
93. De ahí, le correspondía a la UGPP demostrar que el señor Rubén Darío Correa
Sánchez con maniobras y actos fraudulentos indujo en error a la administración, a fin
de obtener para sí unos beneficios, esto es, la reliquidación de la pensión de vejez con
inclusión de la bonificación por compensación y la bonificación por gestión judicial, pero
de lo allegado al plenario observa la Sala dicha reliquidación obedeció a una orden del
juez constitucional.
94. Asimismo, el hecho de que el actor acudiera al juez de tutela con un criterio de
interpretación, avalado por dos autoridades judiciales, no constituye por sí mismo una
circunstancia que denote mala fe, especialmente cuando no existen elementos
adicionales que permitan concluir que se acudió a la jurisdicción con el propósito de
inducir en error a los jueces de tutela o de ejercer la acción constitucional en abuso del
derecho. En consecuencia, no procede modificar la sentencia de primera instancia.
3.7. Conclusión
95. El señor Rubén Darío Correa Sánchez no tiene derecho a que se incluya
simultáneamente la bonificación por compensación y la bonificación por gestión judicial
en la liquidación de la pensión de vejez, dado que dichos factores son incompatibles
entre sí. Su coexistencia contraviene los principios de proporcionalidad y racionalidad
del gasto público, lo que genera un impacto negativo en la sostenibilidad fiscal del
sistema pensional.
96. Asimismo, en este caso no se desvirtuó la buena fe, presupuesto necesario para
ordenar el reintegro de sumas que correspondan a una prestación periódica ya pagada.
Para estos efectos, dichas sumas fueron entregadas a un particular de buena fe, razón
por la cual no hay lugar a su devolución, conforme a lo previsto en el artículo 164.1,
literal c) de la Ley 1437 de 2011. Por lo tanto, se confirmará la sentencia recurrida.
3.8. Costas
97.La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 48 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de
agosto de 2020, expediente 76001-23-31-000-2010-01578-01 (3388-14).
48 La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
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presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de la
conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que las partes hayan
incurrido en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 22 de febrero de 2018 por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, conforme a las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En consecuencia,
conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
a través del siguiente enlace: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte
Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer
la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de
condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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