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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2013-00397-01

Ingreso base de liquidación en el régimen de transición pensional: determinación

Fecha
6 de junio de 2019
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernández
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2013-00397-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia de quince (15) de julio de dos mil catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que accedió a las pretensiones de la demanda y en su lugar NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas de segunda instancia según las consideraciones expresadas en este fallo. TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen. CUARTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en el programa “Justicia Siglo XXI” y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 23001-23-33-000-2013-00397-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández

6 de junio de 2019

INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PENSIONAL – Determinación / PENSIÓN POR APORTES- Ingreso base de liquidación

El IBL de las personas beneficiarias de la transición consagrada en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a quienes se les aplique Ley 71 de 1998, será el determinado por la regla y subreglas dispuestas en la sentencia de unificación referida del 28 de agosto de 2018, según la cual esté se determinará en los términos del inciso tercero del artículo 36 o del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y del Decreto 1158 de 1994, y no con fundamento en el artículo 6.° del Decreto 2709 de 1994. (…) Ahora bien, toda vez que el demandante cumplió su estatus pensional el 27 de mayo de 2009, fecha en la que obtuvo la edad -60 años- para pensionarse según las previsiones de la Ley 71 de 1988, quiere decir que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, le faltaban más de 10 años, en consecuencia, de conformidad con la primera subregla definida en la sentencia de unificación, el IBL de su pensión corresponde el 75% del promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión.(…) En consonancia con la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, los factores salariales que se deben tener en cuenta son los consagrados en el Decreto 1158 de 1994 que el señor MIGUEL AMBROSIO OLIVELLA MORA devengó y sobre los que efectivamente cotizó, esto es, sueldo básico y bonificación por servicios como consta en las certificaciones allegadas en el CD a folio 114 que dan cuenta de los factores que cotizó durante los 10 años anteriores al reconocimiento pensional.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de transición pensional del inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ver: C. de E, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, rad 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ), C.P. César Palomino Cortés

FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 36 INCISO 3 / LEY 71 DE 1988 / DECRETO 1160 DE 1989 / DECRETO 2709 DEL 13 DE 1994

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D. C., seis (6) de junio de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 23001-23-33-000-2013-00397-01(4627-14)

Actor: MIGUEL AMBROSIO OLIVELLA MORA

Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/LEY 1437 DE 2011

Tema: Reliquidación pensión de jubilación

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala de Subsección el recurso de apelación presentado por la parte demandada contra la sentencia del quince (15) de julio de dos mil catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que accedió a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

1.1.- PRETENSIONES

El señor MIGUEL AMBROSIO OLIVELLA MORA, a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó lo siguiente:

« DECLARACIONES:

1º.-Declarar PARCIALMENTE NULA, la Resolución #PAP 04145 del dieciséis (16) de marzo de dos mil once (2011), mediante la cual LA CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL “CAJANAL” E.I.C.E., En Liquidación, resolvió el reconocimiento de la Pensión de Jubilación.

2º.- Declarar que es NULA, la Resolución #UGM 014660 del veinticuatro (24) de octubre de dos mil once (2011), mediante la cual LA CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL “CAJANAL” E.I.C.E., En Liquidación Resolvió negar la solicitud de La Reliquidación de La Pensión con todos los factores salariales devengados durante el último año laborado.

3º.- Declarar que es NULA, la Resolución #UGM 045934 del once (11) de mayo de dos mil doce (2012), mediante la cual el LIQUIDADOR DE LA CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL “CAJANAL” E.I.C.E.E, desató el recurso de reposición interpuesto a la Negativa de Reliquidación, resolviendo confirmar la negación de la reliquidación de la Pensión de Vejez de mi cliente con todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio.

4º.- Declarar que es NULA, la Resolución ## RDP 012323 del trece (13) de marzo de dos mil trece (2013), emanada de en donde LA UNIDAD ADMINSITRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP”, Resolvió negar la solicitud de La Indexación de la Primera Mesada Pensional.

5º.- Declarar que es NULA, la Resolución #RDP 023779 del veintitrés (23) de mayo de dos mil trece (2013), mediante la cual LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONALY CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP”, desató el recurso de apelación de la resolución anterior y Resolvió negar la Indexación de la Primera Mesada Pensional.

CONDENAS:

COMO CONSECUENCIA DE ESTAS DECLARACIONES Y A TITULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO:

6º.- Se condene a la demandada a Indexar la Primera Mesada Pensional de mi cliente, como lo ordena nuestra Carta Magna y así lo ha decantado la jurisprudencia constitucional y contenciosa.

7°.- Se condene a la demandada a reliquidar la pensión mensual de Jubilación del Señor MIGUEL AMBROSIO OLIVELLA MORA, identificado con la Cédula de Ciudadanía número 2 754.782 de Ciénaga de Oro, y que fuera reconocida por la Caja Nacional de Previsión Social EICE, mediante la Resolución número PAP 044145 del dieciséis (16) de marzo de dos mil once (2011), con aplicación en forma integral del régimen y/o las normas más favorables, que en este caso es la ley 71 de 1988 y demás normas y jurisprudencia concordante, en cuantía de $2.030.448.96, equivalente al 75% del promedio mensual de los factores salariales devengados en el último año de servicio.

6°.- Teniendo en cuenta la anterior petición, Religuidar la Pensión de mi cliente a partir del veintisiete (27) de mayo del año dos mil nueve (2009), con los siguientes factores salariales: Bonificación por Servicios Prestados, Prima de Servicios, Prima de Diciembre, Prima de Vacaciones, Subsidio Alimentación, Auxilio de Transporte y Viáticos que fueron devengados por más de 180 días,. Ateniéndonos a la certificación dada por el último empleador del último año de servicio tenemos;
CON LA FORMULA: R= RH índice final
Índice inicial
INDICE FINAL AÑO 2009 = 100.0 (SE TOMA AÑO ANTERIOR DICIEMBRE DE 2008) INDICE INICIAL AÑO 1.992 = 13.90 (SE TOMA AÑO ANTERIOR DICIEMBRE DE 1991) INDICE INICIAL AÑO 1.993 = 17.40 (SE TOMA AÑO ANTERIOR DICIEMBRE DE 1992)
REEMPLAZANDO:
SALARIO PROMEDIO MENSUAL AÑO 1992 = $439.439.04 X 100.00/13.90 = $3.161.431.94 SALARIO PROMEDIO MENSUAL AÑO 1993 = $392.039.16X100.00/17.40= $2.253.098.62 _ TOTAL $5.414.530.56
ENTONCES: DIVIDIENDO POR DOS PARA SACAR EL PROMEDIO MENSUAL DEL ÚLTIMO AÑO TENEMOS:
PENSION = $5.414.530.41/2 = $ 2.707.265.28 X 75% = $2.030.448.96 .Vigencia fiscal mayo 27 de 2009

7º.- Que el sueldo y los factores salariales a tener en cuenta sean los del último año de servicios prestados por mi cliente.

8º.- Que la suma resultante como base de liquidación que es de $2.030.448.96 mensualmente a partir del 27 de mayo de 2009 se incremente anualmente, como se incrementaron las pensiones desde el 2010, a partir del primero de enero de todos años, hasta la fecha en que se cancele y siga de esa manera en adelante, quedando de la siguiente forma:

[…]

9º.- CONDENAR a la demanda a efectuar los reajustes pensionales legales que se causen con posterioridad al mes de octubre del año 2013.

10º.- Que se paguen todas y cada una de las sumas, como mesadas correspondientes, mensualmente indexadas hasta el día que su pago se haga efectivo. Al liquidar las sumas dinerarias en favor del demandante, los valores serán ajustados en los términos del artículo 187 del C.P.A.C.A., utilizando la siguiente formula:

R= Rh X Índice final
Índice inicial

[…]

11º.- Que se ordene al ente demandado que sobre la cuantía antes indicada se practiquen los reajustes automáticos e indexaciones de ley a que haya lugar, comenzando con los reajustes desde el veintisiete (27) de mayo de 2009, fecha a partir de la cual se le reconoció la pensión en una cuantía de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 13/100 M/CTE ($592.656.13), para lo cual y. por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula anterior se aplicará y se pagará separadamente, es decir, mes por mes para cada mesada pensional, toda vez, que el índice inicial es el vigente al momento de la acusación de cada uno de ellos.

12º.- Condenar a la demandan a pagar a favor de mi representado las nuevas sumas y las diferencias de las mesadas pensionales que resulten entre la fecha de adquisición del derecho y hasta cuando se haga efectivo el pago (inclusión en nómina) con los verdaderos valores, entre lo ya efectivamente cancelado y los que resulten de la nueva liquidación.

13º.- Ordenar a la demandada que sobre las sumas que resulte condenada a pagar a mi prohijado, le reconozca y pague las cantidades necesarias para hacer los ajustes de valor conforme al índice de precios al consumidor certificado por el Banco de la República, conforme a lo ordenado en el artículo 187 del C.P.A.C.A.

14º.- Los intereses a que haya lugar. Los intereses serán reconocidos en la forma señalada en el artículo 141 de la Ley 100 de 1990.

15º.- Ordenar a la demandada que dé cumplimiento a la sentencia dentro del término de veinte (20) días contados a partir de la comunicación e la providencia, según lo estipulado en la primera parte del inciso 7º del artículo 89 del C.P.A.C.A.

16º.- Imponer al Ente Demandado, en caso de incumplimiento al respectivo fallo dentro de término legal a cancelar a favor de mi mandante los intereses comerciales durante los tres primeros meses a partir de la ejecutoria de la sentencia y a los intereses moratorios después del término citado, conforme lo prescriben los incisos 5 y 6 del artículo 192 del C.P.A.C.A.

17º.- Que se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada, conforme ha prescrito en el artículo 188 de C.P.A.C.A. y 392 del C.P.C.» Destacado del texto. Sic en toda la cita.

1.2.- HECHOS

El apoderado de la parte demandante expuso como fundamentos fácticos del medio de control, los siguientes:

El señor MIGUEL AMBROSIO OLIVELLA MORA, nació el 27 de mayo de 1949 y al 1 de abril de 1994 contaba con más de 20 años de servicio.

A través de Resolución 044145 del 16 de marzo de 2011, CAJANAL ordenó el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación teniendo en cuenta los diez últimos años de servicio y un solo factor salarial, efectivo a partir del año 2009.

En razón a lo anterior, el 1 de julio de 2011, solicitó la reliquidación de la prestación social referida con todos los factores salariales devengados, sin embargo, CAJANAL a través de Resolución UGM 014660 del 24 de octubre de 2011 resolvió negar esa petición.

Contra el acto administrativo adverso a sus intereses presentó recurso de reposición pero la Entidad decidió confirmarlo por medio de Resolución UGM 045934 del 11 de mayo de 2012.

Posteriormente, requirió la indexación de su primera mesada pensional, no obstante, la UGPP la negó a través de Resolución RDP 012323 del 13 de marzo de 2013, confirmada por Resolución RDP 023779 del 23 de mayo de 2013, que resolvió el recurso de apelación interpuesto.

1.3.- DISPOSICIONES VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se invocó en la demanda la violación de las siguientes disposiciones normativas: artículos 1, 2, 4, 13, 25, 48, 53, 58, 150 y 209 de la Constitución Política, Ley 71 de 1988 y su Decreto Reglamentario 2907 del 13 de diciembre de 1994, artículo 4 del Decreto 2527 de 2000, artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, artículo 1 de la Ley 33 de 1985 y Ley 62 de ese mismo año, artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Como concepto de violación el apoderado del señor MIGUEL AMBROSIO OLIVELLA MORA, en síntesis, adujo que los actos administrativos demandados incurrieron en una vulneración directa de la Constitución y la Ley y en una falsa motivación pues desconocieron que por encontrarse su representado en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, le asistía el derecho a la reliquidación de su pensión teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados en el último año de servicios como la nominación por servicios prestados, prima de servicios, prima de diciembre, prima de vacaciones, prima de alimentación, auxilio de transporte y viáticos.

1.4.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El apoderado de la UGPP, se opuso a las pretensiones de la demanda pues indicó que los actos administrativos demandados se ajustaron a la Constitución y la Ley, en especial a las normas pensionales vigentes y aplicables al demandante a quien se le reconoció una pensión por aportes según lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 71 de 1988.

Asimismo, en relación con la indexación de la primera mesada pensional, resaltó que al momento del reconocimiento de prestación social el IBL que se tuvo en cuenta se actualizó de acuerdo con el índice de variación de precios al consumidor del año anterior a la fecha de adquisición del estatus.

1.5.- AUDIENCIA INICIAL

El 2 de junio de 2014, el Tribunal Administrativo de Córdoba, celebró audiencia inicial en la que resolvió (i) reconocer personería al apoderado de la UGPP para actuar en el proceso, (ii) manifestar que las excepciones propuestas por la demandada denominadas «inexistencia de norma legal y/o constitucional que ordene liquidar la pensión al peticionario teniendo en cuenta el salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio tratándose de la pensión por aportes», «pretensión cumplida-Legalidad de los actos demandados», y «excepción genérica del artículo 306 del CPC» no las resolvería en esa etapa proceso porque no constituyen excepciones previas (iii) fijar el litigio en los siguientes términos: «I) se deberá determinar si la pensión del señor Miguel Ambrosio Olivella Mora, debe ser reliquidada teniendo en cuenta el promedio de los salarios y de los factores salariales devengados durante el último año de servicio; y II) Si es procedente indexar la mesada de la pensión de jubilación del señor Miguel Ambrosio Olivella Mora, de acuerdo con índice de precios del consumidor (IPC) certificado por el DANE; en caso afirmativo deberá determinarse desde que fecha hasta que fecha se debe realizar la indexación.» (iv) tener como pruebas las documentales aportadas y prescindir del periodo probatorio (v) correr traslado para alegar de conclusión e (vi) indicar el sentido del fallo.

La parte demandante no asistió a la diligencia y la parte demandada no interpuso recurso contra las decisiones del Tribunal pues se mostró conforme con ellas.

1.6.- SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante providencia del 15 de julio de 2014, el Tribunal Administrativo de Córdoba decidió acceder a las pretensiones de nulidad y condenar a la UGPP a la reliquidación de la pensión de jubilación por aportes del demandante teniendo en cuenta el salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, integrado por el sueldo básico, subsidio de alimentación, subsidio de transporte, prima de servicio, viáticos, bonificación por servicios prestados, prima de vacaciones y prima de diciembre, devengados desde el 30 de junio de 1992 hasta el 30 de junio de 1993.

Adicionalmente, ordenó a la demandada efectuar los descuentos de los aportes correspondientes a los factores sobre los cuales no se realizó la deducción legal, pagar la diferencia resultante entre la respectiva liquidación y lo efectivamente cancelado, actualizar el salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios de acuerdo con el IPC certificado por el DANE y reconocer y pagar las diferencia entre la mesada pensional inicialmente concedida y la mesada actualizada.

Lo anterior, luego de señalar que, de conformidad con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 proferida por el Consejo de Estado el señor MIGUEL AMBROSIO OLIVELLA MORA tiene derecho a la reliquidación requerida puesto que de las pruebas aportadas al expediente se tiene certeza de que es beneficiario del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 lo cual supone que su pensión debió ser reconocida según las previsiones de la Ley 71 de 1988 y el Decreto 2709 de 1998.

Por otra parte, declaró probada la excepción «pretensión cumplida-Legalidad de los actos demandados» toda vez que encontró probado que la asignación básica y la bonificación por servicios prestados tenidas en cuenta en la Resolución que reconoció la pensión fueron actualizadas con base en el IPC certificado por el DANE para los años 1983 a 2008 y condenó a la UGPP al pago de las costas en tanto resultó vencida en el proceso de acuerdo con el artículo 188 del CPACA y 366 del CGP.

1.7.- LA APELACIÓN

• El apoderado de la UGPP impugnó la decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba pues afirmó que no hay lugar a la reliquidación solicitada porque para el caso del señor MIGUEL AMBROSIO OLIVELLA MORA, quien se encuentra en el régimen de transición del Sistema General de Seguridad Social, se debe aplicar es la regla general del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, no la normatividad especial como fue ordenado.

De igual forma, indicó que no es procedente la indexación de la primera mesada pensional toda vez que no existe fundamento legal que así lo ordene, lo que sí se actualiza son los ingresos que sirven de base para calcular el IBL según el IPC certificado por el DANE, en los términos del artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

Finalmente, advirtió, en cuanto a la condena en costas, que las mismas fueron impuestas solo por el hecho de haber prosperado la demanda pero no se dio una razón que soportara la sanción.

En ese orden de ideas, solicitó que se revocara la sentencia cuestionada y se absolviera a la Entidad que representa de las condenas impuestas.

1.8.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

El apoderado del señor MIGUEL AMBROSIO OLIVELLA MORA reiteró los argumentos expuestos en la demanda y por su parte, el abogado de la UGPP, ratificó las manifestaciones consignadas en el recurso de apelación.

1.9.- CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio de Público guardó silencio.

CONSIDERACIONES

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala de Subsección a decidir previas las siguientes consideraciones.

2.1.- Problemas jurídicos

Los problemas jurídicos que se resolverán serán los siguientes:

(i) ¿Para la reliquidación de la pensión del señor MIGUEL AMBROSIO OLIVELLA MORA, por ser beneficiario del régimen de transición, debe aplicarse el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o el régimen integral de la Ley 71 de 1988 en concordancia con el Decreto 2709 de 1994?

(ii) ¿Cuáles son los factores salariales que se deben tener en cuenta?

(iii) ¿Hay lugar a ordenar la indexación de la primera mesada pensional?

2.2.- Marco normativo y jurisprudencial aplicable

2.2.1.- De la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 y el IBL de pensiones reconocidas bajo el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Recientemente, en sentencia del 28 de agosto de 2018, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación, unificó su jurisprudencia en relación con el Índice Base de Liquidación-IBL de las pensiones reconocidas con fundamento en el régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en los términos que se transcriben a continuación:

«[…]

92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sienta la siguiente regla jurisprudencial:

“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos de liquidar el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado fija las siguientes subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:

Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

[…]

96. La segunda subregla es que los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones.

97. Esta subregla se sustenta en el artículo 1° de la Constitución Política que consagra el principio de solidaridad como uno de los principios fundamentales del Estado Social de Derecho.

98. El artículo 48 constitucional define la Seguridad Social como “un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley”. El legislador (artículo 2 de la Ley 100 de 1993) explica este principio como “[…] la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil”.

99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es aquella según la cual en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada pensional.

100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones.

101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la Corporación, en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos estaban simplemente enunciados y no impedían la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicio, va en contravía del principio de solidaridad en materia de seguridad social. La inclusión de todos los factores devengados por el servidor durante el último año de servicios fue una tesis que adoptó la Sección Segunda a partir del sentido y alcance de las expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el entendido que “constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios” con fundamento, además, en los principios de favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para esta Sala, dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de su libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de liquidación pensional y a ellos es que se debe limitar dicha base.

102. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo considera que el tomar en cuenta solo los factores sobre los que se han efectuado los aportes, no afecta las finanzas del sistema ni pone en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de habitantes del territorio colombiano, cuya asegurabilidad debe el Estado, en acatamiento de los principios constitucionales de universalidad y eficiencia.

103. Por el contrario, con esta interpretación (i) se garantiza que la pensión de los beneficiarios de la transición se liquide conforme a los factores sobre los cuales se ha cotizado; (ii) se respeta la debida correspondencia que en un sistema de contribución bipartita debe existir entre lo aportado y lo que el sistema retorna al afiliado y (iii) se asegura la viabilidad financiera del sistema.

[…]» (Destacado fuera del texto original.)

En ese sentido, se advierte que la Sala Plena unificó su criterio sobre el IBL de las pensiones reconocidas bajo el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, específicamente, fijó dos subreglas referentes (i) al periodo que se debe tener en cuenta para liquidar el IBL de las mismas y (ii) los factores salariales que se deben observar para esos efectos.

Así, dispuso que tratándose de personas que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 les faltare más de 10 años para adquirir el derecho prestacional, el IBL será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales hubiere cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, de lo contrario, esto es, si faltare menos de 10 años, el IBL será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior.

De igual forma, precisó que los factores salariales a considerar son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones y que se encuentren consagrados expresamente en la Ley.

2.2.2.- Sobre la pensión por aportes consagrada en la Ley 71 de 1988 y la aplicación de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018

De acuerdo con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se debe tener presente como referente normativo aplicable a quienes se encuentren amparados por el mismo, no sólo la Ley 33 de 1985, reguladora del régimen pensional general para el sector público, en caso de que quien reclame la pensión jubilatoria únicamente haya laborado para ese sector, sino también la Ley 71 de 1988, que consagró la pensión de jubilación por acumulación de aportes, y que concede la posibilidad de computar el tiempo servido tanto en el sector público como en el privado.

Esta Ley fue reglamentada en principio por el Decreto 1160 de 1989 y después por el Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, que en su artículo 1°, determinó que la pensión a la que la mencionada Ley 71 de 1988 se refería, se denomina pensión de jubilación por aportes y a la misma tenían derecho «[…] quienes al cumplir 60 años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social del sector público»

Por otra parte, en sus artículos 6 y 8 estableció el salario base para la liquidación de la pensión y el monto de la misma, en los siguientes términos:

«ARTICULO 6o. SALARIO BASE PARA LA LIQUIDACION DE LA PENSION DE JUBILACION POR APORTES. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por aportes.  El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, salvo las excepciones contenidas en la ley.

Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario base sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto deberá certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período correspondiente.

[…]

ARTICULO 8o. MONTO DE LA PENSION DE JUBILACION POR APORTES. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión de jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación. El valor de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley.»

Posteriormente el artículo 6 transcrito fue derogado por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997, sin embargo esa determinación fue anulada por esta Sección a través de sentencia del 15 de mayo de 2014, en la que se expuso lo siguiente:

«Así, en el presente caso, tratándose de una situación análoga a nivel reglamentario, se destaca que la norma que disponía el salario base para la liquidación de la pensión por aportes fue derogada, situación que originó un vacío normativo y obligó a remitirse a la Ley 100 de 1993, aun cuando el legislador dispuso que el Gobierno Nacional debía reglamentar las condiciones para el reconocimiento y pago de la pensión por aportes (inc. 2, art. 7, Ley 71 de 1988).

Visto lo anterior, la derogatoria del artículo 6 del Decreto 2709 de 1994, desconoció no solamente la Ley 71 de 1988; sino también la Ley 100 de 1993, ya que ésta previó un régimen de transición, como un mecanismo de protección ante un tránsito legislativo para las personas que tenían la expectativa de adquirir su derecho pensional bajo una normatividad anterior, en este sentido no puede el ejecutivo en virtud del ejercicio de la facultad reglamentaria reducir de manera desproporcionada e irrazonable los beneficios de la normatividad pensional anterior, pues dejaría sin eficacia la finalidad del régimen de transición pensional.»

En ese orden de ideas, toda vez que el artículo 6 del Decreto 2709 de 1994, había cobrado vigencia nuevamente a partir de dicha declaratoria de nulidad, la Corporación entendió en su momento que la regla que debía tenerse en cuenta sobre el IBL de las personas beneficiarias de la transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 con derecho a la pensión por aportes era la dispuesta en esa norma, posición que se encontraba acorde con la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, de acuerdo con la cual el periodo y el ingreso base de liquidación de las pensiones amparadas por el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debía ser el 75% de lo devengado por el trabajador en el último año de servicios, sin embargo, como fue señalado recientemente por esta Sección en un caso similar al que hoy es de conocimiento:

«No obstante, resulta lógico que esta postura, relacionada con el IBL de la pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988 sea recogida, ajustada e interpretada armónicamente, en todo, a lo dispuesto en la referida sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, mediante la cual la Sala Plena de la Corporación concluyó que el ingreso base de liquidación del inciso 3.° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas que se benefician de éste, y que el artículo 36 contiene todos los elementos y condiciones para que puedan adquirir su pensión con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior y con el ingreso base de liquidación previsto en el mismo artículo 36, inciso 3.°, o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según sea el caso.

La anterior conclusión responde a la interpretación y lectura que dio la Sala Plena al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 al establecer que esta disposición normativa contiene todos los elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen de transición puedan adquirir su pensión con la edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen anterior, y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3.°, o en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.
Esta nueva tesis jurisprudencial dictada en sentencia de unificación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 270 de la Ley 1437 de 2011 por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo y órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se erige en una decisión que cuenta con alto grado de seguridad, certeza y fuerza vinculante, gracias a la función especial y específica que cumple de ordenar y clarificar el precedente aplicable, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional en la sentencia C-588 de 2012.

Así, el contenido y la regla y subreglas que expuso la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, se caracterizan por su permanencia, identidad, carácter vinculante y obligatorio. En este sentido, cuando la Corte Constitucional en la sentencia C-634 de 2011 declaró la exequibilidad condicionada del artículo 10.° de la Ley 1437 de 2011, ordenó a las autoridades dar aplicación uniforme de las normas a situaciones con los mismos supuestos fácticos y jurídicos de la mano de las sentencias de unificación jurisprudencial, y entendió que dicho precepto no hizo otra cosa que reconocer a la jurisprudencia de las altas cortes el carácter de fuente formal de derecho con efecto vinculante, pues el acatamiento del precedente judicial constituye no solo el presupuesto fundamental del Estado Social y Constitucional de Derecho sino también el desarrollo de sus fines esenciales dentro de los que se encuentran la garantía de la efectividad de principios y derechos, tales como el de la igualdad, la buena fe, la seguridad jurídica y la garantía de la imparcialidad.»

En ese orden de ideas, el IBL de las personas beneficiarias de la transición consagrada en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a quienes se les aplique Ley 71 de 1998, será el determinado por la regla y subreglas dispuestas en la sentencia de unificación referida del 28 de agosto de 2018, según la cual esté se determinará en los términos del inciso tercero del artículo 36 o del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y del Decreto 1158 de 1994, y no con fundamento en el artículo 6.° del Decreto 2709 de 1994.

2.2.3.- Indexación de la primera mesada pensional

En reiteradas ocasiones esta Sala de Subsección ha sostenido que pese a la inexistencia de una norma expresa que disponga la actualización de las sumas provenientes de una pensión, la jurisprudencia ha desarrollado un criterio fundamentado en los principios constitucionales, especialmente los dispuestos en los artículo 48, 53 y 230, de acuerdo con el cual la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y el fenómeno inflacionario son hechos notorios que afectan negativamente al trabajador y que éste no debe soportar.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-1073 de 2012, destacó que «la indexación es un mecanismo para garantizar la actualización del salario base para liquidación de la primera mesada pensional, cuando ha mediado un tiempo sustancial entre el momento en que el trabajador se retira de su empresa y el reconocimiento de la pensión.»

Lo mismo consideró la Corte Suprema de Justicia cuando advirtió que «(i) que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es un fenómeno que puede afectar a todos los tipos de pensiones por igual; (ii) que al no existir prohibición expresa alguna por parte del legislador, de indexar la primera mesada causada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, no hay cabida para hacer discriminaciones fundadas en la naturaleza de la prestación o en la fecha de su reconocimiento y (iii) que cualquier diferenciación al respecto, resulta injusta y contraria al principio de igualdad.»

En igual sentido esta Corporación, resaltó:

«Como lo ha sostenido la Sala, el ajuste de valor obedece al hecho notorio de la constante y permanente devaluación de la moneda de nuestro país, que disminuye en forma continua el poder adquisitivo del ingreso, por lo que disponer la indexación de la base salarial de liquidación pensional en casos como éste, aun cuando dicho aspecto no hubiese sido objeto directo del recurso de apelación constituye un punto íntimamente relacionado con el mismo, además una decisión ajustada a la Ley y un acto de equidad, cuya aplicación por parte del Juez encuentra sustento en nuestro máximo ordenamiento jurídico, como expresamente lo consagra el artículo 230 de la Carta, razón por lo que se adicionará el fallo del a quo en sentido de ordenar la actualización del promedio devengado por el actor en el último año de servicios laborado con anterioridad a la consolidación de su status jurídico de pensionado hasta la fecha en que se hizo efectiva la pensión.» Destacado fuera del texto original.

En ese orden de ideas, en esta oportunidad se ratificará que «ante el vacío normativo existente en relación con la indexación del ingreso base de liquidación de la pensión, la jurisprudencia de las altas cortes ha sido pacífica en determinar que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y el fenómeno inflacionario, son hechos notorios que el servidor no está obligado a soportar y que, por tal razón, tiene derecho a que su prestación sea indexada con el fin de no ver transgredidos sus derechos fundamentales y, en tal virtud, debe darse aplicación a la fórmula adoptada por cada una de ellas para que la pensión garantice su poder adquisitivo.»

2.3.- De lo probado en el proceso

La Caja Nacional de Previsión Social EICE-En Liquidación le reconoció al señor MIGUEL AMBROSIO OLIVELLA la pensión de jubilación a través de Resolución No. PAP044145 del 16 de marzo de 2011 de acuerdo con las previsiones de la Ley 71 de 1988, el Decreto 2709 de 1994 y el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Al respecto, quedó consignado en el acto administrativo que el demandante (i) nació el 27 de mayo de 1949, (ii) laboró un total de 7235 días, entre ellos, en el Instituto de Seguros Sociales (iii) fue retirado del servicio a partir del 1 de julio de 1993 y (iv) la liquidación de la prestación se realizaría de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, teniendo en cuenta el 75% del salario promedio devengado en los últimos 10 años, entre el 1 de julio de 1983 y el 30 de junio de 1993 y los factores salariales denominados: asignación básica y bonificación por servicio, según lo dispuesto en el Decreto 1158 de 1994.

El 9 de septiembre de 2011, el señor MIGUEL AMBROSIO OLIVELLA MORA solicitó la reliquidación de su pensión de conformidad con el último año de servicio y con todos los factores salariales que devengó durante ese periodo con fundamento, entre otras, en la sentencia proferida el 4 de agosto de 2010 por el Consejo de Estado.

Mediante Resolución UGM 014660 del 24 de octubre de 2011 CAJANAL negó la solicitud realizada por el demandante con fundamento en que el IBL de las pensiones reconocidas en régimen de transición corresponde a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

El 23 de noviembre de 2011, el señor MIGUEL AMBROSIO OLIVELLA interpuso recurso de reposición en subsidio de apelación contra el acto administrativo que le negó la reliquidación pretendida.

A través de Resolución UGM 045934 del 11 de mayo de 2012, CAJANAL negó el recurso de reposición toda vez que la liquidación de la pensión se realizó de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no hay lugar a reconocer otros factores diferentes a los taxativamente señalados en el Decreto 1158 de 1994.

El 6 de diciembre de 2012, el señor MIGUEL AMBROSIO OLIVELLA requirió la indexación de la primera mesada pensional.

La UGPP por medio de Resolución Número RDP 012323 del 13 de marzo de 2013 negó la petición realizada sustentada en que le era aplicable en lo referente el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.

En vista de lo anterior, el aquí demandante presentó recurso de apelación en el que aclaró que lo pedido no es la reliquidación sino la indexación de la primera mesada pensional.

La UGPP a través de Resolución RDP 023779 del 23 de mayo de 2013, confirmó la decisión recurrida pues aseguró que a la prestación social reconocida se le aplicó el IPC desde el año 1983 al 2008, «razón por la cual no hubo una ruptura entre el valor histórico de la pensión y el valor reconocido al momento de la efectividad de la pensión, de tal manera que no se afectó el poder adquisitivo de la mesada pensional.». Afirmación que está debidamente acreditada en el acto de reconocimiento pensional en folios 8 a 11 del expediente.

2.4.- Caso concreto

2.4.1.- ¿Para la liquidación de la pensión del señor MIGUEL AMBROSIO OLIVELLA MORA, por ser beneficiario del régimen de transición, debe aplicarse el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o el régimen integral de la Ley 71 de 1988 en concordancia con el Decreto 2709 de 1994?

Según los argumentos expuestos en el numeral anterior y de conformidad con la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, el IBL que se debe tener en cuenta al momento de liquidar la pensión del señor MIGUEL AMBROSIO OLIVELLA MORA corresponde al dispuesto en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no al consagrado en el Decreto 2709 de 1994.

En ese orden de ideas, si al momento de entrar en vigencia la Ley precitada le faltare más de 10 años para adquirir el derecho prestacional, el IBL será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales hubiere cotizado la afiliada durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, de lo contrario, esto es, si faltare menos de 10 años, el IBL será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior.

Ahora bien, toda vez que el demandante cumplió su estatus pensional el 27 de mayo de 2009, fecha en la que obtuvo la edad -60 años- para pensionarse según las previsiones de la Ley 71 de 1988, quiere decir que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, le faltaban más de 10 años, en consecuencia, de conformidad con la primera subregla definida en la sentencia de unificación, el IBL de su pensión corresponde el 75% del promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión.

2.4.2.- ¿Cuáles son los factores salariales que se deben tener en cuenta?

En consonancia con la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, los factores salariales que se deben tener en cuenta son los consagrados en el Decreto 1158 de 1994 que el señor MIGUEL AMBROSIO OLIVELLA MORA devengó y sobre los que efectivamente cotizó, esto es, sueldo básico y bonificación por servicios como consta en las certificaciones allegadas en el CD a folio 114 que dan cuenta de los factores que cotizó durante los 10 años anteriores al reconocimiento pensional.

(iii) ¿Hay lugar a ordenar la indexación de la primera mesada pensional?

En el caso sub examine no hay lugar a ordenar la indexación de la primera mesada puesto que está probado que CAJANAL al momento de reconocer la pensión de jubilación indexó los valores reconocidos conforme con el IPC certificado por el DANE para los años 1993 a 2008, teniendo en cuenta que el señor MIGUEL AMBROSIO OLIVELLA MORA se retiró del servicio el 1 de julio de 1993 y la prestación se hizo efectiva el 27 de mayo de 2009.

2.5.- Conclusión

De acuerdo con los argumentos expuestos anteriormente la Sala de Subsección revocará la sentencia de primera instancia y en su lugar negará las pretensiones de la demandada pues la pensión de jubilación reconocida al señor MIGUEL AMBROSIO OLIVELLA MORA fue liquidada según las reglas jurisprudenciales fijadas por esta Corporación en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, esto es, de acuerdo con el 75% del promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la prestación y teniendo en cuenta los factores salariales dispuestos en el Decreto 1158 de 1994, que devengó y sobre los que efectivamente cotizó. Asimismo, se demostró que la primera mesada pensional fue indexada de acuerdo con el IPC certificado por el DANE.

En ese orden de ideas los actos administrativos demandados se encuentran conformes a derecho de modo que no hay lugar a declarar su nulidad como lo había considerado el Tribunal Administrativo de Córdoba.

2.6.- De la condena en costas en segunda instancia

El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que incluye los honorarios de abogado o agencias del derecho , los llamados en el CPACA gastos ordinarios del proceso y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y de secuestres, transporte de expediente al superior en caso de apelación.

En cuanto a la condena en costas en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo este Despacho y la Corporación ya lo ha analizado con detenimiento, de modo que en atención a esa orientación y de conformidad con el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, la Sala de Subsección se abstendrá de condenar en costas toda vez que no resultaron probadas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de quince (15) de julio de dos mil catorce (2014), proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que accedió a las pretensiones de la demanda y en su lugar NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas de segunda instancia según las consideraciones expresadas en este fallo.

TERCERO: DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

CUARTO: Efectuar las anotaciones correspondientes en el programa “Justicia Siglo XXI” y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Folios 51 a 53 del expediente.
Folios 54 a 55 del expediente.
Folios 64 a 71 del expediente.
Folios 116 a 120 del expediente.
Folios 131 a 137 del expediente.
Folio 134 del expediente.
Folios 145 a 153 del expediente.
Folios 162 a 172 del expediente.
Folios 202 a 207 del expediente.
Folio 214 del expediente.
Esta decisión judicial cuenta con salvamento parcial de voto, con ponencia de quien se ocupa de esta providencia, donde se analizaron temas tales como las competencias constitucionales de las Cortes de cierre; los efectos de las sentencias que profiere la Corte Constitucional en ejercicio del control de constitucionalidad en abstracto y en revisión de las sentencias de tutela; la fuerza vinculante de la interpretación de la Constitución por vía de autoridad y como doctrina constitucional integradora; la doctrina constitucional como criterio auxiliar de la interpretación de la ley; el caso de las sentencias de unificación jurisprudencial; la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional en sede de revisión de tutelas, así como las sentencias SU-230 de 2015, C-258 de 2013, SU-427 de 2016, SU-395 de 2017 y SU-023 de 2018. Igualmente se analizaron los alcances y efectos de la sentencia C-258 de 2013 y los efectos de la sentencia de unificación proferida el 4 de agosto de 2010 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la inescindibilidad del régimen de transición pensional y los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional.

A partir de allí se concluyó que en ese caso « el "régimen de transición" previsto en la Ley 100 de 1993 protegía la expectativa legítima de la demandante de pensionarse con sujeción al régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985, esto es, una pensión de jubilación liquidada conforme lo dispuso el artículo 10 de esa ley, esto es, ni más ni menos, el "equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio".»

Expediente: 52001-23-33-000-2012-00143-01
Ley 71 de 1988 «Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones». Artículo 24. Vigencia y derogatorias. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación, modifica los siguientes artículos del Decreto 1748 de 1995: 3º, 9º, 12, 15, 16, 17, 24, 28, 35, 36, 37, 41, 44, 52 y 57 y deroga el numeral 2º del artículo 3º, el artículo 25, el inciso 3º del artículo 29, el literal c) del artículo 36, el inciso 7º del artículo 47, el artículo 51 y el parágrafo transitorio del artículo 52 del mismo Decreto 1748 de 1995. Así mismo, modifica el artículo 8º del Decreto 1887 de 1995, y deroga el artículo 6º del Decreto 2709 de 1994 y todas las demás normas que le sean contrarias. (Negrilla fuera del texto). C.P.: Gerardo Arenas Monsalve. Expediente 11001-03-25-000-2011-00620-00 (2427-2011). Ibídem. C.P.: Víctor Hernando Alvarado
Ley 1437 de 2011. Artículo 270. «Sentencias de unificación jurisprudencial. Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11de la Ley 1285 de 2009». Corte Constitucional. Sentencia C-588 de 25 de julio de 2012. Magistrado ponente: Mauricio González Cuervo. En esta providencia con relación a las sentencias de unificación del Consejo de Estado se consideró que: «por su naturaleza se deriva un alto grado de seguridad y certeza. En efecto, es este órgano el definido por la Constitución como máximo tribunal de lo contencioso-administrativo y órgano de cierre del mismo (CP, 237), y como tal, ostenta el mandato de unificación jurisprudencial en su jurisdicción, condición que le imprime fuerza vinculante a determinadas decisiones que profiere. Restantes decisiones del tribunal supremo de lo contencioso administrativo, diferente de las de unificación, no cuentan con el poder vinculante de las anteriores, y para el Legislador son las sentencias unificadoras las que válidamente se hallan llamadas a dotar a esta jurisdicción y a la administración en general de reglas de interpretación “claras, uniformes e identificables”, en virtud del mandato constitucional aludido. [...] téngase en cuenta que, como bien se ha dicho, estas sentencias de unificación cumplen la función especial y específica de ordenar y clarificar el precedente aplicable. En este sentido, es plenamente razonable que sean estas sentencias y no otras del Consejo de Estado, las llamadas a ser aplicadas en el mecanismo de extensión de jurisprudencia. Las demás sentencias del Consejo de Estado siguen teniendo su valor como precedente del órgano de cierre de lo contencioso-administrativo, pero son un tipo especial de providencias -las sentencias de unificación jurisprudencial- a las que el Legislador, en ejercicio de su poder de configuración normativa, asignó la potestad de ser aplicadas en el mecanismo de extensión de jurisprudencia, que tienen la virtud de evitar la realización de un proceso y de facilitar el acceso directo al Consejo de Estado». Corte Constitucional. Sentencia C-634 de 24 de agosto de 2011. Magistrado ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. Ley 1437 de 2011. Artículo 10. «Deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos. Con este propósito, al adoptar las decisiones de su competencia, deberán tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se interpreten y apliquen dichas normas».

En esta sentencia de señaló: «[…] 11. El reconocimiento de la jurisprudencia como fuente formal de derecho, opción adoptada por el legislador en la norma demandada, se funda en una postura teórica del Derecho que parte de considerar que los textos normativos, bien sea constitucionales, legales o reglamentarios, carecen de un único sentido, obvio o evidente, sino que solo dan lugar a reglas o disposiciones normativas, estas sí dotadas de significado concreto, previo un proceso de interpretación del precepto. Esta interpretación, cuando es realizada por autoridades investidas de facultades constitucionales de unificación de jurisprudencia, como sucede con las altas cortes de justicia, adquiere carácter vinculante». En la misma providencia se determinó que:  «La anterior afirmación se fundamenta en que la sujeción de las autoridades administrativas a la Constitución y a la ley, y en desarrollo de este mandato, el acatamiento del precedente judicial, constituye un presupuesto esencial del Estado Social y Constitucional de Derecho –art.1 CP-; y un desarrollo de los fines esenciales del Estado, tales como garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución -art.2-; de la jerarquía superior de la Constitución –art.4-; del mandato de sujeción consagrado expresamente en los artículos 6º, 121 y 123 CP; del debido proceso y principio de legalidad -art.29 CP; del derecho a la igualdad -art.13 CP-; del postulado de ceñimiento a la buena fé de las autoridades públicas -art.83 CP-; de los principios de la función administrativa –art. 209 CP-; de la fuerza vinculante del precedente judicial contenida en el artículo 230 superior; así como de la fuerza vinculante del precedente constitucional contenido en el artículo 241 de la Carta Política”». La igualdad, consagrada en el artículo 13 superior, que debe entenderse como la obligación de los jueces de aplicar la igualdad frente a la ley y de brindar la igualdad de trato, es decir, que los casos iguales deben ser resueltos en forma semejante a como se solucionaron casos anteriores, salvo que existan motivos razonables para apartarse del precedente. La buena fe, normada por el artículo 83 constitucional, entendida como la confianza legítima en el respeto del acto propio de las autoridades judiciales, a las cuales «[…] les están vedadas [...] actuaciones que desconozcan la máxima latina venire contra factum proprium non valet; desde este punto de vista, el derecho de acceso a la administración de justicia implica también la garantía de la confianza legítima en la actividad del Estado como administrador de justicia […]». La seguridad jurídica del ciudadano respecto de la protección de sus derechos, entendida como la predictibilidad razonable de las decisiones judiciales en la resolución de conflictos o de coherencia de las decisiones judiciales y «[…] por la necesidad de realizar lo que la doctrina denomina la regla de la universalidad […]». Y en cuanto a la universalidad, en la teoría del discurso de Alexy, el fundamento del valor del precedente radica precisamente en dicho principio, denominado Universalisierbarkeitsprinzip, que tiene sus orígenes en el stare decisis, expresión que proviene del latín «stare decisis et non quieta movere» y que lo define así: (X) FX ORX; es decir, una norma según la cual para toda situación similar a F se dará la consecuencia OR. A su turno, para efectos del cambio de precedente, el mismo autor planteó la regla de «la carga de argumentación» nombrada Argumentationslastregel, de acuerdo con la cual, quien quiera apartarse de un precedente está obligado a justificar sus razones, con el fin de garantizar los principios constitucionales fundamentales de igualdad de trato ante las autoridades y seguridad jurídica.

La interdicción de la arbitrariedad y la garantía de la imparcialidad y objetividad, implican que el juez se encuentra motivado a decidir con base en reglas normativas derivadas del precedente, pese a que en un momento dado se aparte fundadamente de este, ello permite que el ciudadano y la administración sujetos a su juicio, confíen plenamente en que aquel lo hizo dentro del marco jurídico vigente y no movido por sus propias e irracionales convicciones o por la calidad de alguno o algunos de los sujetos que intervienen en el proceso. Sección Segunda. Subsección “A”. C.P.: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS. Sentencia del 2 de mayo de 2019. Radicación: 250002342000201503216 01 (2240-17. Actor: Olga Polanco Patiño. Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-
CSJ SL736-2013
Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 15 de junio de 2000. Consejero ponente: Alejandro Ordóñez Maldonado. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. C.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas. Sentencia del siete (7) de mayo de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 23001-23-33-000-2013-00208-01(0228-15. Actor: Mariano José Fernández Berna

Folios 8 a 11 del expediente.
Folio 15 a 16 del expediente.
Folios 17 a 19 del expediente.
Folios 21 a 28 del expediente.
Folios 29 a 30 del expediente.
Folio 33 a 35 del expediente.
Folios 38 a 39 del expediente.
Folio 41 a 47 del expediente.
Folios 48 a 49 del expediente.
Reverso folio 48 del expediente.
Nació el 27 de mayo de 1949 de acuerdo con el Registro Civil de Nacimiento aportado en folio 2 del expediente.

Folios 8 a 11 del expediente.
De conformidad con el certificado suscrito por la Directora del Instituto Geográfico Agustín Codazzi aportado en folios 4 a 7 del expediente que coincide con la fecha indicada en el acto de reconocimiento pensional en folios 8 a 11 del expediente.

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Radicado: 11001-03-15-000-2018-04452-00
Accionante: José Gabriel Ortega Gómez

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