Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-33-000-2014-00161-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-33-000-2014-00161-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 23001-23-33-000-2014-00161-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
23 de septiembre de 2024
Radicado: 23001-23-33-000-2014-00161-01 (63826)
Demandante: Edwin Guerrero Sermeño y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 23001-23-33-000-2014-00161-01 (63826)
Actor: Edwin Guerrero Sermeño y otros
Demandado: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, y, Municipio de San Bernardo del Viento
(Córdoba).
Referencia: Acción de Grupo
Tema: Medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo. Subtema 1:
Elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado. Daño. Subtema 2: Pago del auxilio
económico a familias damnificadas por ola invernal en el municipio de San Bernardo del Viento en
el año 2011. Subtema 3: Incumplimiento de requisitos para acreditar la calidad de damnificado.
Subtema 4: Incumplimiento de la carga probatoria.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el
apoderado del grupo demandante contra la sentencia expedida el trece (13) de
diciembre de dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal Administrativo de Córdoba,
que declaró probada la excepción de “inexistencia del daño como elemento
indispensable de responsabilidad” formulada por la parte demandada y denegó las
súplicas del líbelo introductorio.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Edwin Guerrero Sermeño y otros, presentaron demanda en ejercicio de la acción
de grupo contra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (en
adelante UNGRD) y el Municipio de San Bernardo del Viento (en lo sucesivo El
Municipio), con el propósito de que se los declare administrativamente
responsables por el daño derivado de la imposibilidad de recibir la asistencia
económica establecida por el Gobierno Nacional para los damnificados directos de
los eventos hidrometeorológicos de la segunda temporada de lluvias acontecidos
durante el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011.
II. ANTECEDENTES
2.1. El señor Edwin Guerrero Sermeño, junto con otras personas1, interpusieron
acción de grupo el 9 de diciembre de 20132 con el fin de que se procediera a la
declaración de responsabilidad de la UNGRD y El Municipio por los perjuicios
materiales ocasionados por la falta del reconocimiento y pago del apoyo económico
a que tenían derecho, de conformidad con lo establecido en la Resolución 074 de
2011 emanada por la referida Unidad. En consecuencia, a título declarativo,
pidieron que sean reconocidos como directos damnificados por la ola invernal
ocurrida en el país durante el último cuatrimestre del año 2011 y por contera que
se reconozca que acreditaron los requisitos establecidos en la aludida resolución
1 Grupo conformado por 2.017 personas. Ver auto admisorio de folio 253 a 255 C.2. en concordancia con
proveído de folio 634 a 636 C.3.
2 Sello de radicación a folio 118 C.1. y acta individual de reparto de folio 251 C.2.
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Demandante: Edwin Guerrero Sermeño y otros
para acceder a la ayuda humanitaria; y, en consecuencia de lo anterior deprecaron
que se condene a los órganos demandados a: (i) pagar a cada uno de los actores
UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500.000,oo) por concepto del
apoyo económico previsto en el aludido acto, (ii) el pago de costas, y (iii) el
cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 187 a 189 y 192 del
CPACA3.
2.1.1. Como sustento fáctico de las pretensiones, el apoderado del grupo expuso,
en síntesis: (i) que con ocasión a la segunda ola invernal registrada en el año 2011,
el Gobierno Nacional a través de la UNGRD dictó la Resolución 074 de 2011
mediante la cual otorgó una ayuda humanitaria de $1.500.000,oo para las familias
damnificadas por el referido fenómeno; (ii) que los artículos 3 y 4 de la aludida
resolución le endilgaron a los municipios, concretamente al CLOPAD (Comité Local
para la Prevención y Atención de Desastres) la competencia para diligenciar el
censo de damnificados; iii) que los demandantes, todos ellos domiciliados en el
Municipio de San Bernardo del Viento, son personas directamente damnificadas
por la ola invernal, y, aunque la mayoría de ellos quedaron incluidos en el censo
que identificó los afectados, algunos no pudieron inscribirse porque no se
encontraban en sus viviendas al momento del muestreo, sin embargo, ello no obsta
para que sean considerados como tal, habida cuenta que fueron censados otros
miembros de su núcleo familiar; (iv) que el 6 de marzo de 2012 se pagaron sesenta
(60) apoyos a habitantes de San Bernardo del Viento por $1.500.000,oo cada uno,
momento a partir del cual, los demandantes se enteraron que no quedaron incluidos
dentro del listado de favorecidos de la ayuda humanitaria, amén de que al igual que
quienes recibieron el apoyo, también quedaron incluidos en el censo, y por tal razón
se consideraban con el mismo derecho; (v) que los demandantes nunca fueron
notificados por parte de las autoridades competentes respecto de alguna
inconsistencia que les imposibilitara acceder al multicitado beneficio económico; y,
(vi) que aun cuando se cumplieron los requisitos establecidos en la Resolución
074/11, no se advierte el contenido de alguna obligación adicional a cargo de los
damnificados, motivo por el cual, si se omitió cierto trámite o actuación
administrativa que imposibilitó el devengo de la ayuda dineraria, dicha situación era
achacable a los órganos demandados.
Como fundamentos de derecho se invocó el preámbulo de la Constitución
Política, así como los artículos 2, 6, 13, 29, 53, 88, 90, 95, 228, 229 y 230
superiores; la Ley 472 de 1998, el Código de Procedimiento Administrativo y varias
sentencias emitidas por la Corte Constitucional y del Consejo de Estado. Al paso
de lo anterior, el mandatario judicial arguyó que las personas que fueron
beneficiarias de la ayuda humanitaria acreditaban las mismas condiciones que los
demandantes, empero, a estos últimos jamás se les explicó el motivo por el cual no
les fue reconocido el apoyo; también alegó que con lo actuado en sede
administrativa se vulneró el debido proceso y se concretó una falla del servicio que
merece ser objeto de indemnización porque de manera tácita se impusieron
requisitos adicionales a los establecidos en la Resolución 074 de 2011, de ahí que
el procedimiento contenido en dicho acto se haya tramitado incorrectamente.
2.2. El Tribunal Administrativo de Córdoba admitió la demanda mediante proveído
del veintiuno (21) de octubre de dos mil catorce (2014), decisión notificada en debida
forma4.
2.3. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, presentó oportunamente
escrito de contestación de la demanda, mediante el cual solicitó el despacho
desfavorable de las pretensiones formuladas por la parte actora 5. Al punto,
inicialmente, realizó una contextualización de la demanda presentada y destacó
varios de los hechos allí expuestos, frente a los cuales hizo especial énfasis en el
surgimiento del apoyo económico creado por el Gobierno Nacional mediante
3 Demanda de folios 1 a 118 del C. 1., pretensiones de folios 38 a 75 íd.
4 Folio 253 a 269 C.2.
5 Folios 282 a 288 C.2.
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Resolución 074 de 2011 como consecuencia de las afectaciones causadas por la
ola invernal acontecida durante el 1 de septiembre al 10 de diciembre de 2011, en
ese sentido, expuso que para el caso del municipio de San Bernardo del Viento,
dicha entidad territorial dentro del plazo otorgado en el referido acto administrativo
reportó sesenta (60) damnificados directos, y que la UNGRD reconoció y ordenó el
pago de la ayuda a cincuenta y seis (56) perjudicados que reunían los requisitos,
sin embargo, precisó que no era posible extenderle dicho beneficio a todas las
personas que sufrieran algún daño por cualquier temporada invernal, ni que el
reconocimiento del referido auxilio fuera indefinido en el tiempo. Agregó que era
responsabilidad del Municipio determinar quiénes eran los beneficiarios de la
ayuda, no obstante, indicó que detentar la condición de afectado por el fenómeno
invernal no implicaba que automáticamente se tuviera el derecho de percibir el
auxilio, pues para ello era necesario demostrar precisamente que se reunían los
requisitos establecidos en el acto que estableció la mencionada ayuda.
Seguidamente realizó un recuento sobre el marco regulatorio del apoyo económico,
y, al paso de aquello, ilustró que mediante sentencia T-648 de 2013, la Corte
Constitucional le ordenó a la UNGRD que actualizara la reglamentación aplicable a
los municipios que no reportaron la información de los damnificados directos en los
términos de la Resolución 074 de 2011, esto con el fin de rehacer el procedimiento
y asegurar la destinación efectiva de los recursos públicos dispuestos para mitigar
los perjuicios que dejó tal fenómeno natural; de ahí que, el órgano demandado
ilustrara que para acatar tal mandato judicial expidió la Resolución 840 de 2014,
acto a través del cual estableció los nuevos términos para rehacer la actuación
administrativa tendiente a entregar los apoyos, y, en ese sentido dispuso un plazo
de dos (2) meses en el cual las entidades territoriales debían validar, verificar y
entregar la información, y, adicionalmente previó un término de diez (10) días para
complementar o aclarar información que se considerara insuficiente.
Así las cosas, la UNGRD, ultimó, para el caso concreto, que de conformidad con la
Resolución 840 de 2014, El Municipio no reportó información adicional tendiente a
reconocer ayudas adicionales a las ya otorgadas, lo que le permitió concluir que no
había más damnificados directos con derechos al auxilio, por lo que no existía
obligación adicional pasible de reclamación judicial. Adicionalmente, advirtió que la
parte actora no probó el daño sufrido por cada uno de los demandantes por la
imposibilidad de percibir la ayuda económica. Con fundamento en lo expuesto,
formuló las siguientes excepciones: (i) falta de legitimación de la causa por activa;
(ii) falta de legitimación de la causa por pasiva; (iii) inexistencia del daño como
elemento indispensable en la responsabilidad; (iv) inexistencia de nexo causal; y,
(v) caducidad de la acción.
2.3.1. El Municipio de San Bernardo del Viento allegó escrito de contestación
de la demanda; sin embargo, este fue presentado de manera extemporánea,
habida cuenta que el término para radicarlo feneció el 11 de noviembre de 2014,
empero, tal como consta en el expediente, fue presentado hasta el 28 de noviembre
siguiente6. Por tal razón no se aludirá a los descargos presentados por dicho sujeto
procesal.
2.4. Mediante auto del 1 de marzo de 2016, el Tribunal abrió a pruebas el proceso,
y, en tal sentido, incorporó los medios de convicción documental aportados por el
representante del grupo y la UNGRD, decretó los testimonios solicitados por la parte
actora, y ordenó expedir los siguientes oficios (i) al IDEAM para que certificara la
fecha exacta en que cesó la segunda temporada de lluvias del año 2011; (ii) al
Municipio para que informara las gestiones y trámites realizados al momento de
enfrentar la problemática de los afectados con la ola invernal del 1 de septiembre al
10 de diciembre de 2011 y para que indicara si había enviado la documentación
respectiva tendiente al reconocimiento y pago del auxilio económico de los
damnificados, entre ellos el censo de personas damnificadas; (iii) al CLOPAD para
6 Folios 298 a 302 C.2.
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que remitiera copia de las emergencias y censos levantados por parte de la
administración municipal referente al aludido fenómeno de precipitaciones, así
como la planilla de apoyo económico para damnificados directos de la ola invernal;
y, (iv) a la UNGRD para que remitiera copia del documento o acto administrativo en
el que se relacionaron las personas beneficiadas con el reconocimiento y pago del
auxilio económico con ocasión a los hechos de la demanda, y le solicitó que
remitiera copia de la Resolución 074 de 20117. El tribunal corrió traslado a las partes
de los documentos allegados, sin inscripción de novedad8.
2.5. En la etapa de alegaciones, los sujetos procesales y el delegado del Ministerio
Público no intervinieron9.
2.6. La Sala Cuarta del Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia
dictada el trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), declaró probada la
excepción de “inexistencia del daño como elemento indispensable de
responsabilidad” formulada por la UNGRD y denegó las súplicas del líbelo
introductorio. Para sustentar su decisión, el a quo inicialmente referenció el
contenido de las Resoluciones 074 de 2011 y 840 de 2014 ─esta última, expedida
con el cometido de rehacer el trámite establecido en la Res. 074/11─ y con base en
lo allí dispuesto, identificó el procedimiento y los requisitos que debían satisfacerse
para acceder al apoyo económico. Sobre esa base, coligió que, si bien el
procedimiento allí regulado estaba dirigido a las autoridades Municipales y a la
UNGRD, en sede judicial, también era imprescindible que los accionantes probaran
la condición de damnificados directos, lo que no se acreditaba con la mera
inscripción en el censo, dado que debieron haberse allegado otros elementos de
convicción que demostraran tal calidad por parte de cada demandante. Acotó que
si en gracia de discusión, los accionantes no hubieren presentado la planilla donde
constara la población censada, pero si hubiesen demostrado a través de cualquier
medio de prueba su condición de damnificados directos a la luz de lo previsto en la
Resolución 074 de 2011, claramente se cumplirían las condiciones para recibir el
apoyo económico reclamado, empero ello así no aconteció.
Con base en lo considerado, concluyó que al no encontrarse demostrada la calidad
de damnificados directos por parte de los accionantes, ni las afectaciones concretas
que daban sustento para acceder a la ayuda, despachó desfavorablemente las
pretensiones por inexistencia del daño alegado10.
2.7. El representante del grupo interpuso recurso de apelación contra la sentencia
anteriormente referida, impugnación presentada con el cometido de que en esta
instancia se proceda a su revocación, y, en su lugar, se acceda a las súplicas de la
demanda. Los motivos de disenso orbitaron en torno a la demostración del daño
antijurídico, tal como así se desprende de los siguientes motivos de inconformidad
expuestos11:
2.7.1. En el proceso quedó probado que los accionantes resultaron directamente
afectados por la ola invernal, muestra de ello es que quedaron incluidos en el censo
realizado por el CLOPAD, de ahí que los daños a inmuebles, muebles, enseres,
vehículos o cualquier otro bien material se entienda causada por la elaboración del
censo y la inclusión de las familias en la planilla de apoyo económico, documentos
que no fueron tachados de falsedad.
2.7.2. De conformidad con lo previsto en la Resolución 074 de 2011, al CLOPAD se
lo responsabilizó por la veracidad del censo y de las planillas de apoyo económico,
razón por la cual, reprochó que el a quo impusiera la carga adicional consistente en
que cada accionante debía probar el daño sufrido, pues la calidad de damnificado
7 Folios 659 a 660 C.3.
8 Folios 736 a 739 y 792 C.4.
9 Folio 792 y 793 C.4.
10 Folio 208 del c. ppal.
11 Folios 806 a 812 Cppl.
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fue corroborada previamente por el equipo dispuesto para el censo de la población
afectada.
2.7.3. Tras aludir a la calidad de damnificado directo, indicó que la UNGRD mediante
Circular del 16 de diciembre de 2011 dirigida a Alcaldes y Gobernadores y demás
autoridades con funciones de atención y prevención de desastres, dispuso otros
requisitos para la asignación de la asistencia económica, los cuales, arguyó, fueron
probados por los demandantes, según se aprecia de la relación probatoria
documental y testimonial debidamente decretada y practicada por el Tribunal de
primera instancia; sin embargo, reprochó que dicho acervo no fue tenido en cuenta
para la resolución del caso.
2.7.4. Cuestionó que el a quo les haya impuesto a los demandantes una carga
adicional a las previstas en las disposiciones recientemente aludidas, pues tal
intelección del asunto conllevó la revictimización de los accionantes, habida cuenta
que estas personas ya pasaron bastantes dificultades inherentes a los estragos que
dejó la ola invernal afrontada por el país durante el año 2011, máxime que ninguna
norma sugería la carga de acreditar el daño particular, de ahí que no resultaba
admisible interpretar las normas en favor de la administración e imponerle
obligaciones adicionales a quienes ya registran como damnificados por disposición
del órgano competente.
2.7.5. Por lo expuesto, le enrostró a la sentencia apelada vulneración al debido
proceso de los demandantes comoquiera que a través de aquella se les impuso una
carga adicional para acceder a la asistencia económica.
2.8. El recurso de apelación interpuesto por el representante del grupo fue
concedido por el Tribunal y admitido por esta Corporación, lo último, mediante
auto del ocho (8) de julio de dos mil diecinueve (2019)12. En auto posterior, el
despacho corrió traslado a las partes para que presentaran alegaciones finales y al
Ministerio Público para que emitiera concepto13. Esta oportunidad fue aprovechada
por el apoderado del grupo accionante, quien reiteró los argumentos de la alzada,
según los cuales, en el proceso quedó suficientemente demostrada la calidad de
damnificados de las personas que conformaron el colectivo demandante, y, de paso,
la responsabilidad de los órganos llamados por pasiva, quienes a causa de sus
omisiones, frustraron el reconocimiento y pago del apoyo económico, finalmente
reprodujo in extenso, un fragmento de la sentencia T-648 de 2013 dictada por la
Corte Constitucional. El apoderado de la UNGRD insistió en los argumentos de
descargos expuestos desde la contestación y enfatizó en la ausencia de prueba
sobre los elementos de la responsabilidad del Estado al no encontrarse acreditadas
las acciones u omisiones supuestamente generadoras de los daños derivados del
no pago del auxilio dinerario. El Municipio y el delegado del Ministerio Público
guardaron silencio14.
III. CONSIDERACIONES
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la accionante,
habida consideración de la competencia que le asiste para ello de conformidad con
los artículos 51 de la Ley 472 de 1998 y 152.1615 del CPACA, pues se trata de un
proceso iniciado en ejercicio de la acción de grupo, contra una autoridad del orden
nacional, que conoce la Sección Tercera en aplicación del “criterio de especialidad”
previsto en el Reglamento Interno del Consejo de Estado16.
12 Folios 814 y 819 C. ppal.
13 Folio 823 del C. ppal.
14 Folios 825 a 833 y 843 a 846 del c. ppal. Constancia de folio 851 ibidem.
15 CPACA, artículo 152. “Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 16. De los relativos a la
protección de derechos e intereses colectivos, reparación de daños causados a un grupo y de cumplimiento,
contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese mismo ámbito desempeñen
funciones administrativas”.
16 Acuerdo 080 de 2019, artículo 13.
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3.1. Problemas jurídicos
De acuerdo con el marco de juzgamiento fijado por el apoderado del grupo en el
recurso de apelación, relacionado con la efectiva acreditación del daño antijurídico
derivado de la imposibilidad de percibir el auxilio económico al que tenían derecho
sus prohijados por resultar directamente damnificados por la segunda ola invernal
del año 2011 y su imputación a los órganos demandados, la Sala procede a resolver
los siguientes interrogantes:
3.2.1. ¿La parte actora acreditó que los integrantes del grupo reunían los requisitos
para ser considerados damnificados directos de la segunda ola invernal que afectó
al municipio de San Bernardo del Viento durante el año 2011, y por contera, que
les correspondía el reconocimiento del apoyo económico dispuesto por el Gobierno
Nacional a través de la Resolución 074 de 2011 y demás actos concordantes?
3.2.2. ¿Los accionantes demostraron que, aun cuando tenían derecho al auxilio
económico previsto por el Gobierno Nacional por su calidad de damnificados
directos de la segunda ola invernal del año 2011, no pudieron acceder al aludido
beneficio por la acción u omisión de la Unidad Nacional para la Gestión del riesgo
de Desastres y el Municipio de San Bernardo del Viento?
3.2. Medios de prueba incorporados al expediente
3.2.1. Al expediente fueron válidamente allegados los siguientes elementos de
convicción:
3.2.1.1. Resolución 074 de 2011 expedida por la UNGRD “Por la cual se destinan
recursos para atender a las familias damnificadas directas por la segunda
temporada de lluvias en el periodo comprendido entre el 01 d septiembre y el 10 de
diciembre de 2011”17.
3.2.1.2. Resolución 002 de 2012 dictada por la UNGRD “Por la cual se modifica la
Resolución No. 074 del 15 de diciembre de 2011”18.
3.2.1.3. Copia del “Censo damnificados por la ola invernal Municipio de San
bernardo del Viento”19.
3.2.1.4. Copia del reporte de “personas beneficiadas por la Unidad Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres (Entre 1 de septiembre y 10 de diciembre de
2011)”20.
3.2.1.5. Acta del Comité de prevención y Atención de Desastres de San Bernardo
del Viento, datada del 23 de febrero de 201221.
3.2.1.6. Certificación emitida el 14 de marzo de 2013 por la Secretaría de Gobierno
de San Bernardo del Viento, en calidad de Coordinador del Consejo Municipal de
Gestión del Riesgo de Desastres22.
3.2.1.7. Resolución 840 de 2014 proferida por la UNGRD “Por la cual se establece
el procedimiento para dar cumplimiento a la Sentencia T-648 de 2013”23.
3.2.1.8. Copia del correo electrónico enviado el 30 de noviembre de 2014 por la
UNGRD a la Secretaría de Planeación de San Bernardo del Viento mediante el cual
17 Folio 707 a 708 C.3.
18 Folio 706 C.3.
19 Folio 121 a 192 C.1.
20 Folio 193 a 239 C.1.
21 Folio 714 a 726 C.4.
22 Folio 119 C.1.
23 Folio 709 a 713 C.4.
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Demandante: Edwin Guerrero Sermeño y otros
le imparte instrucciones para la gestión final de las entregas de apoyo económico
en el municipio, lo anterior en virtud de la Sentencia T-648 de 2013 dictada por la
Corte Constitucional24.
3.2.1.9. Resolución 1262 de 2015 expedida por la UNGRD “Por la cual aprueba y
se ordena realizar el trámite de pago de la ayuda humanitaria establecida en la
Resolución 074 de 2011 de las personas que estando en el censo enviado en tiempo
por los municipios, no han recibido el pago del apoyo económico, en cumplimiento
de la Sentencia T-684 de 2013”25.
3.2.1.10. Resolución 1492 de 2015 emanada por la UNGRD “Por la cual se modifica
la Resolución 1262 del 28 de septiembre de 2015 y se toman otras
determinaciones”26.
3.2.1.11. Informe presentado el 23 de febrero de 2016 por la UNGRD, con el que,
al paso de atender un requerimiento probatorio del Tribunal de primera instancia, se
allegó la siguiente información27:
1. Copia de la planilla y actas remitidas por el municipio de San Bernardo del Viento
en el año 2011.
2. Copia de las planillas de corrección de inconsistencias reportada en su
oportunidad por el municipio de San Bernardo del Viento.
3. Copia de la Resolución núm. 074 de 2011
4. Copia de la Resolución núm. 002 de 2012
5. Copia de la Resolución núm. 840 de 2014
6. Copia del correo electrónico con el cual fue requerido el municipio de San
Bernardo del Viento
7. Archivo Excel "Gestión Apoyo Económico $1.500.000 - San Bernardo del Viento
(Córdoba)", adjunto al requerimiento.
8. Copia de la Resolución núm. 1262 del 28 de septiembre de 2015
9. Copia de la Resolución 1492 del 11 de noviembre de 2015
10. Copia de la comunicación remitida al municipio de San Bernardo del Viento
Córdoba, donde se le informa la expedición de los actos administrativos
3.2.1.12. Informe presentado por el IDEAM el 24 de febrero de 2016 en acatamiento
de una orden probatoria librada por el Tribunal de primera instancia mediante el cual
certificó el comportamiento de las precipitaciones presentadas en el país durante el
año 2011 y su respectivo índice mensual28.
3.2.1.13. En el proceso de practicó el testimonio rendido el 1 de marzo de 2016 por
Rosa Angélica Ladeus Romero y Heber Gómez Bautista29.
3.2.1.14. Informe presentado el 20 de febrero de 2017 por el Municipio de San
Bernardo del Viento mediante el cual absolvió requerimiento probatorio del a quo,
y se sirvió reseñar los trámites y gestiones realizadas para enfrentar la problemática
de los afectados por la ola invernal del 1 de septiembre al 10 de diciembre de 2011,
acompañado con los soportes respectivos30.
3.3. Consideraciones sobre el primer problema jurídico
3.3.1. A manera de síntesis del estado en que llega esta controversia a segunda
instancia, la Sala rememora que el Tribunal de primera instancia denegó las
pretensiones de la demanda por considerar que, en los términos de la Resolución
074 de 2011, la parte actora no honró la carga de demostrar que los miembros del
24 Folio 727 a 729 C.4.
25 Folio 699 a 702 C.4.
26 Folio 703 a 705 C.4.
27 Folio 741 a 742 C.2.
28 Folio 689 C.4.
29 Registro de audio y video a folio 743ª C.4.
30 Folio 772 a 774 y 779 a 792 C.4.
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Radicación número: 23001-23-33-000-2014-00161-01 (63826)
Demandante: Edwin Guerrero Sermeño y otros
grupo eran DAMNIFICADOS DIRECTOS de la segunda ola invernal que afectó al
municipio de San Bernardo del Viento, pues, expuso que la simple inclusión de los
accionantes en el censo general de afectados no implicaba que automáticamente
tuvieran derecho al reconocimiento y pago de la ayuda humanitaria dispuesta por
el Gobierno Nacional, amén de que en el plenario tampoco se demostró que cada
persona censada hubiese sufrido alguna afectación concreta que la hiciera
merecedora de ser incluida en la planilla final de beneficiarios del subsidio. Por su
parte, el representante del grupo demandante arguyó que dicha intelección del caso
resultaba errada porque con el mero hecho de que los demandantes resultaran
censados, se sobreentendía la causación de los perjuicios que los hacían
merecedores del apoyo dinerario que no devengaron por el deficiente actuar de los
órganos demandados.
Así las cosas, le concierne a la Sala establecer si en efecto la parte actora acreditó
que los integrantes del grupo reunían los requisitos para ser considerados
DAMNIFICADOS DIRECTOS de la segunda ola invernal que afectó al municipio de San
Bernardo del Viento durante el año 2011, pues, solo de esa manera se podrá
determinar si efectivamente tenían derecho al reconocimiento del apoyo económico
dispuesto por el Gobierno Nacional a través de la Resolución 074 de 2011 y demás
actos concordantes; aspecto este que reviste cardinal importancia para determinar
si se encuentra acreditado el primer presupuesto de la responsabilidad patrimonial
del Estado: la existencia de un daño antijurídico.
3.3.2. En ese orden, se hace menester referir los antecedentes jurídicos que dieron
surgimiento a la ayuda económica prevista para mitigar las vicisitudes que dejó la
segunda ola invernal del año 2011. Al punto, conviene precisar que la creación del
auxilio se sustentó en el principio constitucional de la solidaridad y en la especial
protección que el Estado debe brindarles a las personas que se encuentran en
condiciones de indefensión y debilidad manifiesta.
Así, la Constitución establece los deberes sociales del Estado frente a las víctimas
de desastres naturales y la solidaridad como una pauta de comportamiento tanto
para las autoridades públicas como para la sociedad en general, mandato que parte
del preámbulo y se concretiza el en artículo 95 ibidem31.
Al respecto, la Corte Constitucional mediante sentencia T-1125 de 2003, consideró:
“(…) En esta medida, en el caso de personas que se encuentran en situaciones de
debilidad manifiesta, debido a su estado de vulnerabilidad a causa del acaecimiento de
un desastre, el principio de solidaridad cobra una dimensión concreta que hace que el
derecho a una vida digna se relacione directamente con la salud, con la seguridad
alimentaria y con la protección mínima de seguridad ante los peligros de la intemperie
entre otros aspectos. Por esta razón tanto el Estado, como la sociedad y la familia deben
concurrir a la protección de este bien jurídico (…)”.
En consonancia con tal cometido constitucional, el Gobierno Nacional, con ocasión
de los estragos que dejó el fuerte fenómeno de la Niña ocurrido en el país durante
los años 2010 y 2011, declaró la situación de desastre en el territorio colombiano
mediante Decreto 4579 de 2010, disposición que en el parágrafo 1º del artículo 3
estableció diez líneas de acción que se ejecutarían con el propósito de manejar las
situaciones de desastre que dicho fenómeno dejó, dentro de las cuales se
encontraba la relacionada con la “recuperación de vivienda (averiada y destruida)”.
31 “Artículo 95. (…)
Son deberes de la persona y del ciudadano:
(…)
2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones
que pongan en peligro la vida o la salud de las personas;
(…)”.
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Con fundamento en lo anterior, mediante Resolución 074 del 15 de diciembre de
2011, la UNGRD creó un procedimiento administrativo32 ─que por demás, es de
obligatorio cumplimiento, al estar contenido en actos administrativos que gozan de
presunción de legalidad por no existir evidencia de que hayan sido anulados por
esta jurisdicción─ a través del cual se dispondrían recursos del Fondo Nacional de
Calamidades33 para la creación de un apoyo económico que se entregaría “como
alivio monetario para ser destinado al restablecimiento de condiciones de bienestar
de las familias damnificadas directas y/o de habitabilidad de la vivienda y de algunos
bienes perdidos o averiados”34. En ese orden, el referido acto compuesto por ocho
artículos estableció que el auxilio dinerario ascendería hasta la suma de un millón
quinientos mil pesos ($1.500.000,oo) para cada DAMNIFICADO DIRECTO de la segunda
temporada de lluvias en el período comprendido entre el 1 de septiembre y el 10 de
diciembre de 2011 (artículo primero).
Lo expuesto, implicó que el mencionado apoyo económico no se tratara de un gasto
público ilimitado o sin condicionamiento, sino que por el contrario, apareciera como
respuesta a la declaración de una situación de desastre que, a juicio del Gobierno
Nacional, apremiaba el surgimiento de un auxilio dinerario tendiente a mitigar ciertas
afectaciones padecidas por sujetos calificados; no en vano es que haya supeditado
el reconocimiento y pago de cada ayuda a la previa acreditación de la calidad de
DAMNIFICADO DIRECTO. Al punto, el articulado del referido acto definió a este especial
sujeto como la: “(f)amilia residente en la unidad de vivienda afectada al momento del
evento que ha sufrido daño directo en el inmueble y bienes muebles al interior del mismo,
ocasionados por los eventos hidrometeorológicos de la segunda temporada de lluvias en el
período comprendido entre el 01 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011 en el territorio
nacional” (parágrafo del artículo primero).
Igualmente, la Resolución 074 de 2011 estableció que los pagos de los auxilios que
por su conducto fueran reconocidos, solo podrían llevarse a cabo en favor de las
personas que el CLOPAD35 le reportara a la UNGRD, muestra de ello es que a dicho
Comité se le atribuyó expresamente el rótulo de “única instancia responsable para
el diligenciamiento veraz de las planillas, inclusión total de damnificados y entrega
32 Por su pertinencia, conviene traer a colación las consideraciones emitidas sobre el aludido apoyo económico
por la Corte Constitucional mediante sentencia T-648 de 2013:
“6. El debido proceso en el desarrollo del trámite contemplado en la Resolución 074 de 2011.
6.1. El artículo 29 de la Carta Política dispone que el “debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas”, acto seguido, establece una serie de garantías que buscan imponer unas reglas
mínimas sustantivas y procedimentales a las cuales deberán acogerse los ciudadanos y los operadores
jurídicos y administrativos. Estas reglas deben ser acatadas por las diferentes partes que intervienen en los
procesos, pues tienen como finalidad proteger los derechos de las partes involucradas en los diferentes
procesos y de imponerle límites al ejercicio desmedido del poder.
El debido proceso es “el conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso, que
le asegura a lo largo del mismo una recta y cumplida administración de justicia, la seguridad jurídica y la
fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a derecho”. Igualmente, la función de administrar
justicia está atada al imperio de las leyes, es decir que debe ser ejercida dentro de los límites fijados en las
distintas disposiciones legales; es decir, que los operadores judiciales tienen prohibido actuar por fuera de sus
competencias y por lo tanto, sólo pueden proceder con base en normas previamente establecidas. A su vez, el
derecho al debido proceso es la garantía con la que cuenta el ciudadano sobre la recta administración de la
justicia.
Esta garantía debe hacerse efectiva desde el inicio mismo del proceso, es decir que comienza con la debida
notificación a todas las partes, con el objetivo de que estas puedan intervenir en todas las etapas procesales,
allegando y solicitando las pruebas que consideren pertinentes y exponiendo los distintos argumentos
constitucionales, legales y jurisprudenciales.
6.2. Esta garantía como ya se expresó aplica para toda clase de procedimientos, esto incluye el procedimiento
establecido en la Resolución 074 del 15 de diciembre de 2011, mediante la cual se dispuso la entrega de un
millón quinientos mil pesos ($1.500.000) para los damnificados directos de la segunda ola invernal
[…] Lo anterior, evidencia que el procedimiento para entregar el apoyo económico anunciado por el Gobierno
Nacional con ocasión de la segunda ola invernal se encuentra regulado en la Resolución 074 de 2011 y en la
circular del 16 de diciembre emitida por el Director General de la UNGRD.”
33 Al respecto consultar Decreto 1547 de 1984.
34 Según así se consignó en el acápite considerativo de la mentada resolución.
35 Comité Local para la Prevención y Atención de Desastres, en cabeza del respectivo alcalde municipal.
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Demandante: Edwin Guerrero Sermeño y otros
de éstas en los términos señalados” (parágrafo del artículo segundo y artículo
quinto) de ahí que hasta el 30 de enero de 2012 se le concedió el plazo máximo
para cumplir la tarea de diligenciar y reportar firmada la “planilla de apoyo
económico de los damnificados directos” en la que se incluirían los datos de cada
beneficiario (artículo tercero y cuarto36).
En complemento de la Resolución 074 de 2011, la UNGRD mediante Circulares del
16 de diciembre de 201137 dispuso que para acceder al apoyo económico, el
interesado debía acreditar los siguientes requisitos: i) ser cabeza de hogar en el
período comprendido entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre de 2011; ii)
habitar el primer piso de la vivienda afectada; iii) estar inscrito en la planilla
correspondiente avalada por los CLOPAD38 y el CREPAD39; iv) la presentación de
la cédula de ciudadanía con holograma, v) el jefe de hogar debería estar registrado
una sola vez en las planillas, y, vi) ser damnificado directo40.
Por último, en cumplimiento de la sentencia T-648 de 2013 expedida con efectos
inter comunis por la Corte Constitucional41, la UNGRD profirió la Resolución 840 del
36 Plazo definido mediante Resolución 002 de 2012 que modificó el inicialmente referido en el artículo cuarto de
la Resolución 074 de 2011.
37 Cuyos asuntos fueron: “[a]signación de asistencia económica destinada a los damnificados por la segunda
temporada de lluvias” y “[a]signación de apoyo económico destinada a las familias damnificadas por la segunda
temporada de lluvias”. Dirigidas a gobernadores, alcaldes, entidades técnicas y operativas del sistema Nacional
para la Prevención y Atención, CREPAD y CLOPAD.
38 Comité Local de Prevención y Atención de Desastres (CLOPAD).
39 Comité Regional de Prevención y Atención de Desastres (CREPAD).
40 A su vez, la Circular del 16 de diciembre de 2011 emitida por la UNGRD, describió paso a paso el
procedimiento que debían surtir las autoridades locales y los CLOPAD para llevar a cabo el trámite de hasta su
pago:
1. Los CLOPAD deberán evaluar y analizar el nivel de afectación que se presenta en su jurisdicción.
2. Deberán ingresar a la página web reunidos.dgr.gov.co e imprimir la planilla de entrega de apoyo económico
de septiembre 01 a diciembre 10 de 2011 y diligenciarla físicamente y elaborar el acta del CLOPAD que la avala.
3. Digitalizar la misma información a través de la página web mencionada.
4. Los CLOPAD harán entrega de las planillas con las firmas del alcalde, el coordinador del CLOPAD y el
personero municipal al CREPAD.
5. El CREPAD debe revisar y firmar las planillas y enviarlas a la UNGRD.
6. La UNGRD una vez verifique los documentos allegados por el CREPAD, enviará a la Fiduprevisora los
registros que cumplan con todos los requisitos y la solicitud de desembolso.
7. La Fiduprevisora transferirá los recursos al Banco Agrario junto con el listado de beneficiarios.
8. Los CLOPAD y los CREPAD deberán hacerle seguimiento al procedimiento de entrega. A su vez, los
CLOPAD deberán realizar un plan de contingencia en el que se contemple todos los riesgos que se puedan
presentar en el proceso de pago.
Finalmente, informó que “la no inclusión de afectados en la planilla a la fecha señalada, es responsabilidad del
CLOPAD en cabeza del respectivo alcalde y por lo tanto la UNGRD no responderá por el apoyo económico
correspondiente”.
41 Por su pertinencia se extracta lo siguiente de su parte resolutiva:
“RESUELVE: (…) TERCERO. ORDENAR a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres-
UNGRD que coordine con los Municipios, con los CLOPAD y los CREPAD de los municipios que no hayan
enviado el reporte de las planillas para que en el término de un (1) mes contado a partir de la notificación de
esta sentencia, le informe y justifique ante la Procuraduría General de la Nación el término que considere
necesario para rehacer el proceso administrativo establecido en la Resolución 074 de 2011 y en la Circular
del 16 de diciembre de 2011, el cual no podrá exceder de 6 meses.
CUARTO. ORDENAR a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres- UNGRD que coordine
con los Municipios, con los CLOPAD y los CREPAD la verificación de la información enviada a tiempo por
parte de los municipios, para que en el término de un (1) mes contado a partir de la notificación de esta
sentencia, le informe y justifique ante la Procuraduría General de la Nación el término que considere necesario
para rehacer el proceso administrativo establecido en la Resolución 074 de 2011 y en la Circular del 16 de
diciembre de 2011, el cual no podrá exceder de 6 meses.
QUINTO. ORDENAR a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo que el pago otorgado a través de la
Resolución 074 de 2011, se deberá realizar una vez culmine la actuación administrativa en cada municipio y
solo a las personas beneficiadas”.
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8 de agosto de 2014. Esta resolución dispuso rehacer el procedimiento
administrativo para el reconocimiento de la ayuda económica establecido en la
Resolución 074 y la Circular de 2011. El artículo primero de la Resolución 840 de
2014 previó: “Objeto: La presente Resolución tiene por objeto establecer el procedimiento
para rehacer el proceso administrativo establecido en la Resolución 074 de 2011 y la
Circular del 16 de diciembre de 2011, únicamente con aquellos municipios que no hayan
enviado el reporte de las planillas a la UNGRD o que las enviaron extemporáneamente, así
como aquellos que enviaron las planillas a tiempo y que deban ser verificadas y avaladas
por las entidades territoriales, cuando las personas reportadas en las mismas se encuentren
en alguno de los siguientes supuestos descritos por la Corte Constitucional: 1. Ser
habitantes del municipio afectado por la segunda ola invernal de 2011, y encontrándose
demostrada su condición de damnificado directo de acuerdo con la definición de la
Resolución 074 de 2011. // 2. Estar registrado en un censo, que no fue enviado o llegó de
forma extemporánea a la UNGRD. // 3. Encontrarse registrado en las planillas enviadas a
tiempo, pero que no se haya realizado el pago a los damnificados. // 4. Personas que hayan
interpuesto acción de tutela por estos mismos hechos o similares antes del 1º de julio de
2014, fecha en la cual la Corte Constitucional notificó a esta entidad la sentencia T-648 de
2013, cuyo fallo haya sido favorable y el mismo se encuentre en firme.
Con base en el anterior recuento, se evidencia que el procedimiento para entregar
el apoyo económico anunciado por el Gobierno Nacional con ocasión de la segunda
ola invernal del año 2011 se reguló en la Resolución 074 de 2011 y en las circulares
del 16 de diciembre emitidas por la UNGRD, procedimiento reformado mediante
Resolución 840 de 2014, pero solamente para el caso de los municipios que no
alcanzaron a reportar la información a tiempo, o que, habiéndola reportado
oportunamente, la misma merecía ser objeto de verificación.
3.3.3. De lo expuesto, se advierte que el apelante presenta confusión sobre el
alcance de las expresiones “damnificado” y “DAMNIFICADO DIRECTO”, pues amén de
que aquel no hizo distinción entre ellas, la Resolución 074 de 2011 sí estableció
criterios para diferenciarlas.
Tal como se ilustró, las condiciones para ser reconocido como DAMNIFICADO DIRECTO
se encuentran definidas con precisión en el parágrafo del artículo primero de la
Resolución 074 de 2011, que, valga decir, constituye el fundamento normativo para
que proceda el pago del apoyo económico que reclama la parte actora, de ahí que
la calidad de damnificado directo no se adquiera por el solo hecho de estar incluido
en el censo general de afectados, sino una vez que la persona haya cumplido con
los requisitos establecidos en la aludida resolución y en la Circulares del 16 de
diciembre dictadas en ese mismo año.
Revisadas las disposiciones en comento, se aprecia que el procedimiento allí
reglado estuvo compuesto por dos (2) fases, a saber:
i) En la primera, los CLOPAD (Comités Locales para la Prevención y Atención de
Emergencias y Desastres), encabezados por las alcaldías municipales, debían
realizar un censo general de las familias damnificadas por la ola invernal. Así,
para que una familia fuera inscrita en el censo general de damnificados, los
CLOPAD debían verificar respecto del solicitante y de la condición de
afectación los siguientes presupuestos42:
“1. Ser cabeza de hogar damnificado por la segunda temporada de
lluvias, periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre
de 2011.
2. Habitar el primer piso de la vivienda afectada.
3. Estar registrado en la Planilla correspondiente, avalada por los
CLOPAD y CREPAD.
4. Presentación de la cédula de ciudadanía amarilla con holograma.
5. Cada jefe de hogar deberá registrarse una sola vez en la planilla”.
42 Ver Circular del 16 de diciembre de 2011 del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres en http://www.sigpad.gov.co/sigpad/noticias_detalle.aspx?idn=1250.
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ii) En la segunda fase, el respectivo CLOPAD, del censo general de afectados,
identificaba a los DAMNIFICADOS DIRECTOS, y, en ese sentido, diligenciaba y
enviaba a la UNGRD a más tardar el 30 de enero de 2012, la “planilla de apoyo
económico de los damnificados directos”, entidad esta última encargada de
gestionar el pago del subsidio a los beneficiarios.
Conviene destacar que en la segunda fase del procedimiento es donde reluce con
especial importancia el concepto de DAMNIFICADO DIRECTO definido claramente en
la Resolución 074 de 2011, habida cuenta que al momento de diligenciarse la
planilla de apoyo económico el CLOPAD no podía incluir a los “damnificados” sino
a los DAMNIFICADOS DIRECTOS, dado que, a la luz de lo dispuesto en la normativa en
comento, el reconocimiento de la ayuda se realizaba en favor de un especial grupo
poblacional que se caracterizaba por (i) residir en el municipio y (ii) que la vivienda
de la unidad familiar o sus bienes muebles ubicados al interior de esta hayan
resultado afectados por los eventos hidrometeorológicos de la segunda temporada
de lluvias en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 10 de diciembre
de 201143.
En conclusión, no cualquier familia afectada o damnificada podía acceder al apoyo
económico, pues era necesario que los comités locales verificaran los presupuestos
especiales dirigidos a establecer la condición de DAMNIFICADA DIRECTA por la ola
invernal.Por consiguiente, el derecho al reconocimiento del subsidio
necesariamente estaba ligado a que la familia tuviera esta última condición y no
simplemente que hubiese resultado afectada.
3.3.4. Del estudio del expediente se observa lo siguiente:
Con ocasión de las nocivas consecuencias que para el país dejó la segunda ola
invernal del año 2011 y las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional para
mitigarlas, tal como así consta en el Decreto 4579 de 2010, Resolución 074 del 15
de diciembre de 2011 y Circular del 16 de diciembre de 2011, el municipio de San
Bernardo del Viento realizó el censo general de damnificados por la ola invernal, y
certificó que la población damnificada ascendió a la cifra de 2.491 personas (Cfr.
3.2.1.3. y 3.2.1.6).
El CLOPAD de San Bernardo del Viento identificó sesenta (60) DAMNIFICADOS
DIRECTOS, motivo por el cual, en acatamiento de lo previsto en la Resolución 074 del
15 de diciembre de 2011 y Circular del 16 de diciembre de 2011, diligenció y envió
a la UNGRD las planillas de asistencia humanitaria a nombre de las personas que
cumplían a cabalidad con los requisitos exigidos en las mentadas disposiciones (Cfr.
3.2.1.11 - 1), gestión frente a la cual se registró que fueron cancelados cincuenta y
seis (56) apoyos económicos (Cfr. 3.2.1.11 - 7).
La UNGRD, en acatamiento de lo ordenado por la Corte Constitucional mediante
Sentencia T--648 de 2013, profirió la Resolución 840 del 8 de agosto de 2014, y, en
ese sentido, mediante comunicación enviada al municipio de San Bernardo del
Viento el 30 de noviembre de 2014 requirió a la aludida entidad territorial para que
verificara la información que se había enviado oportunamente con el cometido de
impartirle aprobación o improbación definitiva y así finiquitar el proceso de entrega
de asistencias económicas, tal como así se aprecia: (Cfr. 3.2.1.11 - 6)
“El municipio de San Bernardo del Viento Córdoba, reportó damnificados en los
tiempos establecidos por la Resolución 074 de 2011 y 002 de 2012, la cual otorga a
cada Jefe de núcleo Familiar una ayuda económica de hasta un Millón Quinientos mil
pesos.
Luego de revisar los pagos que se han hecho efectivos en el municipio y los
beneficiarios que fueron reportados se encontró que aún están pendientes por validar
43 Parágrafo del artículo 1 de la Resolución 074 de 2011.
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y avalar o no para pago por parte del municipio a 4 personas ya que hasta el momento
han sido girados y cobrados un total de 56 pagos de los 60 beneficiarios reportados
por el municipio.
Por lo anterior es importante dar cierre final a las entregas económicas que están
pendientes por pagar en el municipio y así dar cumplimiento a lo ordenado por la
Honorable Corte Constitucional en la Sentencia T648 de 2013, para lo cual se deberá
tener en cuenta las disposiciones lo contenido (sic) en la "Resolución 840 del 08 de
Agosto de 2014" en cuanto a este proceso.
En relación a lo expuesto anteriormente requerimos la colaboración por parte del
municipio para que nos apoye con el proceso de cierre de las Ayudas Humanitarias
de $1.500.000, para lo cual es importante que se verifique la información que a
continuación se envía y con base en esta se diligencien los Formatos de Cierre de
Inconsistencias y Reintegros, para autorizar o no los desembolsos y así dar por
finalizar (sic) el proceso de asistencia económica para los damnificados de la
Segunda Temporada de lluvias ocurrida entre Septiembre 01 y 10 de Diciembre de
2011
(…) Si existen personas que no aparecen registradas en la Base de datos PEAH
(Planilla Económica de Asistencia Humanitaria) pero existen en las planillas
reportadas por el municipio antes del 30 de enero de 2012 deben enviarse como
soporte de la existencia del registro en las mismas o indicar el número de planilla
donde se encuentran registradas para validar la información con las planillas que
tiene la UNGRD”.
Luego del anterior requerimiento, el municipio de San Bernardo del Viento no
reportó novedad alguna a la UNGRD que diera sustento para que se modificara el
listado de beneficiarios de la ayuda económica reportados desde que se envió la
información con fundamento en la resolución 074 de 2011 y las Circulares del 16 de
diciembre del mismo año, lo que permite inferir que para dicho ente territorial no
existían más DAMNIFICADOS DIRECTOS que los sesenta (60) inicialmente reportados.
Ahora, este resultado pudo tener por causa a una omisión imputable al Comité Local
de San Bernardo del Viento, o a un déficit de información por omisión de los
damnificados en lo atinente a la acreditación de su condición de DAMNIFICADOS
DIRECTOS. Y la Sala infiere que, para imputar las consecuencias de esa omisión al
municipio, habría sido preciso que en el marco de este proceso de reparación ─tal
como lo consideró el a quo─ el grupo demandante lo hubiese demostrado. Empero,
eso no ocurrió. Los integrantes del grupo que vino a este proceso entendieron que
la inclusión en el censo subsumía tal carga, razón por la que no demostraron, ni a
la autoridad administrativa, ni a la judicial, la concreción de una afectación a la
vivienda o bienes muebles en los que habitaba su respectiva unidad familiar,
diligencia esta que era necesaria para demostrar que efectivamente había motivos
suficientes para ser incorporados en la lista final de DAMNIFICADOS DIRECTOS. En ese
orden, se infiere que, aun cuando los demandantes arguyeron que debieron ser
incluidos en la planilla de asistencia humanitaria, el CLOPAD no encontró la debida
acreditación de los requisitos para que fueran identificados como DAMNIFICADOS
DIRECTOS, como tampoco los encuentra la Sala, pues su pretensión en tal sentido
se ha quedado huérfana de respaldo probatorio en consideración a la insuficiencia,
para esos efectos, de la prueba de su inclusión en el censo acompañada de los
documentos de identidad que arrimaron a este plenario. En síntesis, no acreditaron
su condición de víctimas por afectación a sus viviendas o bienes muebles, condición
cuya prueba era necesaria para demostrar que los órganos demandados actuaron
en forma abiertamente contraria al marco normativo que creó y reguló el auxilio.
La Sala ha avanzado al análisis de la prueba decretada como testimonial, y ha
encontrado que, Rosa Angélica Ladeus Romero y Heber Gómez Bautista (Cfr.
3.2.1.13.) quienes declararon por solicitud de parte interesada44 y en virtud de auto
que ordenó recibir sus declaraciones como testigos45, no fungían como tales, sino
44 Folio 80 de la demanda. C.1.
45 Auto de pruebas de folios 659 y 660 C.3.
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como parte interesada en las resultas de la litis. En efecto, revisado el expediente,
la sala ha encontrado que estas personas hicieron parte del grupo demandante, tal
como consta a folios 58 y 62 del libelo introductorio, concretamente en las casillas
1353 y 1643 del listado de accionantes, y que en el auto admisorio no se los excluyó
del extremo activo, como sí aconteció con otras dieciséis (16) personas46. De este
modo, aun cuando el a quo valoró estos elementos de prueba bajo el rótulo de
atestación, lo cierto es que, por tratarse de accionantes, deberán apreciarse como
declaraciones de parte (Arts. 198 a 205 CGP).
Por otro lado, y en relación con el contenido de las declaraciones, aprecia esta Sala
que el factor común que las caracteriza es el de la exposición de opiniones
personales sobre lo acontecido; que los precarios hechos que refieren están
huérfanos de material probatorio que permita su corroboración; que sus aserciones
en relación con el reconocimiento del apoyo económico denotan desconocimiento
del marco normativo que lo creó y reguló, y que, algunas de sus respuestas se
apartan abiertamente de los hechos de la demanda. En síntesis, son estos, medios
de convicción que no presentan elementos de juicio que revistan utilidad para la
resolución del asunto.
Así las cosas, aunque en principio los demandantes fueron incluidos en el censo de
afectados realizado por el municipio, de esta circunstancia no se sigue la condición
de que todos sean DAMNIFICADOS DIRECTOS, requisito sine qua non para ser
beneficiarios del apoyo económico en los términos de la Resolución 074 del 2011 y
de la Circular del 16 de diciembre del 2011; de ahí que, como el grupo accionante
no se encuentra en los presupuestos de hecho que le otorgaba la calidad de
beneficiario del auxilio económico referido, solo queda por determinar si el colectivo
sufrió discriminación alguna de la que se siga la afectación del derecho a la igualdad
o al debido proceso alegada desde el escrito inicial y ratificada en la apelación.
Al respecto, la parte actora no demostró que personas en su misma condición, es
decir, que no hubieren acreditado el cumplimiento de los requisitos para ser
calificadas como DAMNIFICADAS DIRECTAS, fueran beneficiarias del auxilio económico
reclamado, motivo por el cual necesariamente se concluye que el colectivo tampoco
recibió trato discriminatorio de los órganos demandados y, por ende, que no fue
vulnerado su derecho a la igualdad.
Y con respecto al debido proceso, revisado el marco normativo que dispuso el
apoyo económico, se advierte que el procedimiento se le asignó a los CLOPAD,
Comité que para el caso del Municipio de San Bernardo del Viento surtió
debidamente las fases asignadas y reportó la información requerida de modo
oportuno; y, a la UNGRD, Unidad que al paso de convalidar los datos reportados
por el municipio, realizó los pagos de los apoyos económicos a órdenes de quienes
demostraron la condición de damnificados directos, motivo por el cual no se aprecia
trasgresión al aludido precepto, pues la actuación se surtió en acatamiento de las
disposiciones que regularon el trámite de reconocimiento y pago del subsidio.
En lo que concierne a los cargos de la alzada asociados a la supuesta imposición
de una carga adicional a la dispuesta en la ley y a que el grupo accionante fue
objeto de revictimización por medio del fallo apelado, no se aprecia que alguno de
ellos prospere habida cuenta que justamente todo lo actuado devino del
agotamiento de un procedimiento administrativo que fue surtido al tenor de las fases
previstas por el Gobierno Nacional al momento de su confección, de ahí que no se
aprecie que en sede administrativa o judicial se hayan impuesto cargas adicionales
a las previstas en la normativa sobre la materia, ni que el fallo censurado contenga
alguna consideración que haya agredido a los accionantes por lo acontecido o les
haya exigido una carga adicional a las que ya detentaban por el mero hecho de
aspirar a la ayuda estatal.
46 Folio 253 a 255 C.2.
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Finalmente, por su pertinencia, sea del caso traer a colación que esta Corporación
se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre demandas en las que se ha
reclamado el pago del auxilio creado mediante Resolución 074 de 2011, tal como
así consta en varias sentencias de tutela y una de acción de grupo47. Al respecto,
se aprecia que, para resolver cada asunto el análisis hilvanado orbitó alrededor de
la acreditación de la calidad de damnificado directo de cada accionante, de modo
que la prueba de las afectaciones exigidas en la normativa sobre la materia prestó
cardinal importancia para considerar si los actores detentaban el rótulo de
damnificados directos, y dependiendo de aquello, se sustentaba el sentido de cada
decisión; metodología que también se siguió en el sub examine.
3.3.5. Conforme a lo expuesto, la Sala concluye que el representante del grupo, a
quien incumbía probar el supuesto de hecho en que cimentó las pretensiones48, no
aportó elementos de juicio para acreditar los elementos constitutivos de la
responsabilidad del Estado, dado que no demostró la condición de damnificado
directo de los demandantes ni comprobó la omisión de las cargas obligacionales de
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ni del Municipio de San
Bernardo del Viento que contribuyeran al no pago de la ayuda humanitaria
dispuesta por el Gobierno Nacional mediante Resolución 074 de 2011 y
disposiciones concordantes.
Por estas razones, la Sala advierte que el problema jurídico halla respuesta
negativa, motivo por el cual ante la ausencia de daño antijurídico confirmará la
sentencia apelada que negó las súplicas de la demanda.
4. Costas
De conformidad con el artículo 65 de la Ley 472 de 199849 y el artículo 365 del
Código General del Proceso, en la presente providencia se impondrá la condena en
costas a cargo de la parte vencida, es decir, a la parte demandante.
La Sala fijará las agencias en derecho correspondientes, para que se tengan en
cuenta en la liquidación de costas, para el efecto, de conformidad con el numeral 4
del artículo 366 del Código General del Proceso, se tiene en cuenta la naturaleza,
calidad y duración de la gestión realizada, la cuantía del proceso y otras
circunstancias especiales si las hubiere.
Se trata de un proceso con pretensiones equivalentes a DOS MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.848.500.000,oo)
asunto en el que la parte demandante resultó vencida en primera instancia 50.
Acerca de la gestión procesal se observa que la UNGRD y el municipio de San
Bernardo del Viento estuvieron vinculados al trámite procesal y, por tanto, esta sola
circunstancia y el hecho de tener un apoderado, conlleva una actividad de vigilancia
del proceso que amerita reconocer agencias en derecho.
47 Al respecto, consultar: Consejo de Estado: Sección Segunda, acción de tutela con radicado 11001-03-15-
000-2012-00177-01 sentencia del 12 de agosto de 2012, radicado 47001-23-31-000-2012-00188-01 sentencia
del 5 de julio de 2012, radicado 47001-23-31-000-2012-00188-01, sentencia del 18 de julio de 2012, radicado
47001-23-31-000-2012-00188-01 sentencia del 16 de agosto de 2012, radicado 47001-23-31-000-2012-00254-01
sentencia del 25 de julio de 2012; Sección Cuarta, acción de tutela con radicado 25000-23-42-000-2013-05155-
01(AC), sentencia del 24 de octubre de 2013; Sección Cuarta, acción de tutela con radicado 25000-23-41-000-
2013-02048-01(AC), sentencia del 24 de octubre de 2013; y, Sección Tercera, Subsección A. Acción de grupo
con radicado 73001-23-33-005-2016-00556-01, sentencia del 2 de julio de 2021
48 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 30 de septiembre de 2019, expediente.
46239. “(…) según lo establecido en el artículo 177 del CPC {167 CGP} es al actor a quien le corresponde
demostrar el hecho que pretende notar a su favor. No basta, entonces, para sustentar un cargo, hacer uso de
referencias, sino acompañar las afirmaciones con la certeza derivada de los hechos probados, pues son estos
los que permiten resolver en uno u otro sentido el fondo del asunto.”.
49 Artículo 65 de la Ley 472 de 1998.
“5. La liquidación de las costas a cargo de la parte vencida, teniendo en cuenta las expensas necesarias para
la publicación del extracto de la sentencia”.
50 Folio 81 de la demanda.
15
Radicación número: 23001-23-33-000-2014-00161-01 (63826)
Demandante: Edwin Guerrero Sermeño y otros
A partir de lo considerado, se fijará por concepto de agencias en derecho el valor
de un (1) salario mínimo legal mensual vigente a favor de cada una de las entidades
públicas demandadas, remitiéndose para el efecto al artículo 3.2. del Acuerdo 1887
de 200351, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, que dispone la tarifa máxima de agencias en derecho, tratándose de
acciones populares y de grupo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Córdoba el trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), que negó las
pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Fijar como agencias en derecho en segunda instancia, la suma
equivalente a un (1) S.M.M.L.V a favor de cada una de las entidades demandadas,
valor que deberá incluirse en la liquidación de costas a cargo de la parte
demandante.
TERCERO: En firme esta decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
Cópiese, Notifíquese y Cúmplase,
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Firmado electrónicamente
WILLIAM BARRERA MUÑOZ NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
OJMZ
51 Esta disposición fue derogada por el Acuerdo 10554 de 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la
Judicatura; no obstante, resulta aplicable al caso concreto, en atención a la regla de transición que estableció
esa última regulación, según se transcribe a continuación: “Artículo 7. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir
de su publicación y se aplicará respecto de los procesos iniciados a partir de dicha fecha. Los comenzados
antes se siguen regulando por los reglamentos anteriores sobre la materia, de manera especial los contenidos
en los Acuerdos 1887 de 2003, 2222 de 2003 y 9943 de 2013 de la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura”.
16
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