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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2014-00204-01

Fecha
7 de abril de 2022
Consejero ponente
Cesar Palomino Cortes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2014-00204-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 15 de diciembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, por las razones esbozadas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Se deja constancia que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 23001-23-33-000-2014-00204-01

Consejero ponente: Cesar Palomino Cortes

7 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

MAGISTRADO PONENTE: CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Bogotá, D.C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)

Radicado : 230012333000201400204 01
Número interno : 1609-2017
Demandante : Luis Quinto Burgos Álvarez
Demandado : Nación – Instituto Nacional de Vías - INVIAS
Acción : Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Ley 1437
de 2011
Tema : Insubsistencia de un cargo de libre nombramiento y
remoción, no se trata de un cargo con fuero de
estabilidad, ni desconoció la ley de garantías
electorales.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 15 de diciembre de 2016 dictada por el Tribunal
Administrativo de Córdoba que no accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el señor Luis Quinto Burgos Álvarez, por
conducto de apoderado judicial, solicita las siguientes declaraciones y
condenas:

1.1 Pretensiones

Que se declare la nulidad de la Resolución 06069 del 02 de diciembre de 2013
por la cual se declaró insubsistente al señor Luis Quinto Burgos Álvarez y a
su vez se declare la nulidad de la Resolución 00016 del 03 de enero de 2014,

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Número interno: 1609-2017
Demandante: Luis Quinto Burgos Álvarez
Demandado: Nación – Instituto Nacional de Vías - INVIAS

por la cual se rechaza el recurso de reposición interpuesto contra la resolución
antes mencionada; expedidas por el señor Leónidas Narváez Morales,
representante legal de la entidad demandada.

Como consecuencia de la declaración anterior, y a título de restablecimiento
del derecho, solicita se condene a la entidad demandada a: i) reintegrar al
actor en el cargo de director territorial Código 0042 grado 14, asignado a la
Dirección Territorial Córdoba o a otro de igual o superior jerarquía; ii) al total
restablecimiento económico de sus salarios y prestaciones sociales dejadas
de percibir durante el tiempo comprendido desde cuando fue retirado del
mencionado cargo, hasta cuando se produzca efectivamente el reintegro al
mismo; iii) que, se disponga que para todos los efectos legales no hubo
solución de continuidad en la prestación de los servicios prestados por el
demandante, desde cuando fue desvinculado hasta cuando sea
efectivamente reintegrado al cargo que venía ejerciendo; iv) que la condena
respectiva sea actualizada aplicando los ajustes de valor (Indexación) desde
la fecha de la desvinculación hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que
le ponga fin al proceso y reconocer los intereses moratorios desde la
ejecutoria de la sentencia hasta cuando se haga efectivo el pago total y v) que
se dé cumplimiento a la sentencia, en los términos del artículo 192 al 195 del
C.P.A.C.A.1.

Los hechos que fundamentan las pretensiones son los siguientes:

Narra que mediante concurso público de meritocracia Nº INV/2011-004, se
convocó a las personas interesadas en la conformación de la terna para la
designación de director territorial código 0042 grado 14 de la Dirección
Territorial de Córdoba del Instituto Nacional de Vías.

1
Folio 28 del cuaderno principal

3

Número interno: 1609-2017
Demandante: Luis Quinto Burgos Álvarez
Demandado: Nación – Instituto Nacional de Vías - INVIAS

Afirma que, una vez efectuado el correspondiente concurso de méritos por el
Departamento Administrativo de la Función Pública, se conformó la terna con
las personas que aprobaron todas las pruebas.

Menciona que mediante oficio 0928 del 08 de noviembre de 2011, el
Gobernador del Departamento de Córdoba, informó de la selección del señor
Luis Quinto Burgos Álvarez, para que sea designado como director territorial
Código 0042 Grado 14, Dirección Territorial de Córdoba, del Instituto Nacional
de Vías.

Explica que a través de la Resolución No 06069 del 02 de diciembre de 2013,
sin ninguna motivación, se declaró insubsistente el nombramiento efectuado
al señor Luis Quinto Burgos Álvarez, como Director Territorial de Córdoba del
Instituto Nacional de Vías.

Argumenta que el demandante presentó ante el INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS-INVIAS, recurso de reposición contra la Resolución Nº 06069 del 02 de
diciembre de 2013 y este mediante Resolución Nº 00016 de fecha 03 de enero
de 2014, fue rechazado2.

1.2 Normas violadas y concepto de violación

Como normas violadas cita el demandante las siguientes:

De la Constitución Política, los artículos 2º, 6º, 13, 25, 29, 83, 125 y 209.
De la ley 996 de 2005, el artículo 32, y el inciso 4º, del parágrafo del artículo
38.
Del decreto Ley 2400 de 1968, el artículo 26 inciso 1º
Decreto 1972 de 2002 artículo 1º, 2º, 3º y 4º.

2
Folio 27 del cuaderno principal.

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Número interno: 1609-2017
Demandante: Luis Quinto Burgos Álvarez
Demandado: Nación – Instituto Nacional de Vías - INVIAS

Indica el accionante que las citadas normas prohíben de manera expresa
cualquier modificación de la nómina estatal, en la rama ejecutiva del poder
público, durante los 4 meses anteriores a las elecciones presidenciales o
cualquier otra elección, es decir, en el caso que nos ocupa, entre el 9 de
noviembre de 2013 y el 9 de marzo de 2014, cuando se realizaron las
elecciones para elegir los congresistas. Este hecho es de notoriedad pública
y tal naturaleza lo exonera de probarlo.

Alega que quien expidió el acto administrativo demandado se apartó del
interés general, y de las finalidades de la administración pública, pues su
despido nada tuvo que ver con la mejora del servicio, entonces la
insubsistencia se originó con desviación de poder.

Arguye el accionante que hubo un desconocimiento de la constitución y la ley,
por cuanto el gerente se extralimitó en el ejercicio de sus funciones; por lo que
no podía modificar la nómina de la entidad pública demandada y en efecto no
podía declarar la insubsistencia de nombramiento de ningún empleado de la
rama ejecutiva, en el período previo al debate comicial para la Presidencia de
la República, aplicable igualmente para cualquier otra elección, como lo fue
las elecciones de congresistas.

Argumenta que, la declaración de insubsistencia que recayó en contra del
demandante no puede entonces tener motivaciones distintas de las
circunstancias políticas circunstanciales que rodearon el momento. Asimismo,
menciona que el Consejo de Estado, en repetidas oportunidades, ha
sostenido que la desvinculación en casos semejantes encaja perfectamente
en el concepto de desvío de poder, circunstancia que conduce
necesariamente a la nulidad de los actos demandados.

Agrega, que habiéndose aclarado, por parte de la Procuraduría General de la
Nación y el Consejo de Estado, que la prohibición consagrada en el inciso final
del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, aplica para los cargos de

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Número interno: 1609-2017
Demandante: Luis Quinto Burgos Álvarez
Demandado: Nación – Instituto Nacional de Vías - INVIAS

elección popular, y que entre ellos se cuenta la elección de Senadores de la
República y de Representantes a la Cámara, no hay duda que los Gerentes o
representantes legales de las entidades del orden Nacional, con función
nominadora de gerentes regionales, en los cuales interviene el Gobernador,
escogidos mediante concurso, están llamados a respetar la prohibición de no
modificar la nómina de su respectiva entidad, dentro de los cuatro meses
anteriores a la elección del Presidente de la República, del Vicepresidente y
de los Congresistas, o cualquier otra elección popular, restricción que al ser
desconocida en el acto demandado conduce a la invalidación de la respectiva
actuación administrativa por configurarse la causal de nulidad de infracción de
normas superiores contenida en el artículo 137 del C.P.A.C.A.

Manifiesta que existe violación del debido proceso, consagrado en el artículo
29 de la Constitución Política, así como los derechos fundamentales al
principio de legalidad, a la presunción de inocencia y al principio de la Buena
fe, al ser retirado de la administración, motivado por la comisión de presuntas
irregularidades en el ejercicio de la dirección seccional de INVIAS, sin antes
haber sido escuchado y sin previo juicio en el cual se le dieran las garantías
para el ejercicio de su defensa. El acto de insubsistencia, además, se
constituye en una verdadera sanción disciplinaria, sin garantía del derecho de
defensa y contradicción, el derecho de audiencia.3

2. La contestación de la demanda

2.1. Instituto Nacional de Vías - INVIAS

El INVIAS, a través de apoderado, contestó la demanda y se pronunció
respecto de los hechos de esta.

3
Folios 28 al 42 del cuaderno principal

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Número interno: 1609-2017
Demandante: Luis Quinto Burgos Álvarez
Demandado: Nación – Instituto Nacional de Vías - INVIAS

Explica que se opone a todas y cada una de las pretensiones deprecadas por
el demandante, por considerar que no existe fundamento de hecho ni de
derecho que las sustenten.

Argumenta que, la ley 909 de 2004 establece que los cargos de director
territorial son de libre nombramiento y remoción, y pertenecen al nivel directivo
en el sector descentralizado de la rama ejecutiva; y a su vez la Resolución No.
3104 del 2004 expedida por la entidad demandada, que estableció el manual
de funciones y requisitos de los cargos de la Planta Global del INVIAS, en ella
se dijo que el cargo de Director Territorial es del nivel Directivo, por lo tanto,
es de libre nombramiento y remoción del Director General del Instituto.

Después de trascribir apartes del artículo 38 de la Ley 996 del 2005, expresa
que lo que pretende el apoderado del demandante es que se aplique la
restricción en término de seis (6) meses consagrado en el artículo 90 de la
misma ley, prevista al Presidente de la República que estando en ejercicio
aspire a la reelección inmediata y al Vicepresidente de la República que aspire
a la elección presidencial, para todas las elecciones, cuando su término para
los demás órganos o entidades del Estado, tanto del nivel Nacional como
Territorial, se les aplica el término de cuatro (4) meses anteriores a la fecha
de la elección presidencial para los efectos de las restricciones y limitaciones
establecidas en los artículos 32, 33 y 38 parágrafo de la ley 996 de 2005.

Añade que el Instituto Nacional de Vías INVIAS, es un establecimiento Público
del orden nacional, creado mediante Decreto 2171 del año 1992 y
reestructurado por Decreto No. 2618 del 20 de noviembre de 2013, por lo que
el término de restricción para no desvincular de su planta de empleo, a ningún
servidor público, se le aplica el término de cuatro (4) meses anteriores a la
fecha de la elección presidencial para los efectos de las restricciones y
limitaciones establecidas en los artículos 32, 33 y 38 parágrafo de la ley 996
de 2005.

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Número interno: 1609-2017
Demandante: Luis Quinto Burgos Álvarez
Demandado: Nación – Instituto Nacional de Vías - INVIAS

Menciona que la declaración de insubsistencia del demandante, Luis Quinto
Burgos Álvarez, se profirió mediante Resolución No. 06069 del 02 de
diciembre del año 2013; la elección presidencial fue el día 25 de mayo del año
2014, queriendo esto decir que los cuatro meses de restricciones comenzarán
a contarse del 25 enero del año 2014; por lo que el acto administrativo que
declaró la insubsistencia del actor fue expedido antes del término, que
prohibía su expedición.

Expone que la desviación de poder se funda en el hecho de que la autoridad
con la competencia suficiente para dictar un acto lo ejecuta orientándolo hacia
un fin distinto, con motivos ocultos o circunstancias de hecho que provocan
una decisión administrativa desviada de sus objetivos, en cuyo caso el cargo
puede consistir en abuso o desviación de las atribuciones propias del
funcionario que lo profiere, demostrándose fehacientemente lo acontecido.
Que como quiera que se trata de un cargo de libre nombramiento y remoción,
donde el elemento fundamental es la existencia de la confianza, la desmejora
del servicio no puede presumirse, sino que debe probarse con la confrontación
de las dos gestiones en igualdad de circunstancias, situación no probada por
el demandante.

Finalmente, sobre la declaratoria de insubsistencia de un empleado de libre
nombramiento y remoción, como es el caso del actor, sostiene que es
procedente de forma inmotivada, sin procedimientos o condiciones, y goza de
presunción de legalidad tal como ha sostenido la jurisprudencia del Consejo
de Estado4.

3. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la sentencia del 15 de
diciembre de 2016, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en
los siguientes argumentos:

4
Folios 59 al 99 del cuaderno principal.

8

Número interno: 1609-2017
Demandante: Luis Quinto Burgos Álvarez
Demandado: Nación – Instituto Nacional de Vías - INVIAS

Frente a la naturaleza del cargo ocupado por el demandante, aclara que en la
demanda se afirma que el actor fue elegido por una terna previo concurso. La
Ley 909 de 2004, en artículo 5, dispone que los empleos de los organismos y
entidades regulados por la misma son de carrera administrativa, a excepción
de "1. Los de elección popular, los de período fijo, conforme a la Constitución
Política y la ley, los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones deban
ser ejercidas en las comunidades indígenas conforme con su legislación. 2.
Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los
siguientes criterios: los de dirección, conducción y orientación institucionales,
cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices. Y en la
administración descentralizada del nivel nacional: Presidente… Director o
Gerente Territorial”.

Agrega que el Instituto Nacional de Vías -INVIAS- es un establecimiento
público del orden nacional creado por el Decreto 2171 de 1992, por el cual se
reestructura el Ministerio de Obras Públicas y Transporte como Ministerio de
Transporte y se suprimen, fusionan y reestructuran entidades de la rama
ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, autonomía
administrativa, patrimonio propio y adscrito al Ministerio de Transporte. La
estructura de dicho establecimiento se encuentra en el Decreto 2056 de 2003,
el cual señala en su artículo 7 que el Director General tenía la facultad, entre
otras, de "7.13 Nombrar, dar posesión, remover, promover e incorporar, de
acuerdo con las disposiciones legales Pertinentes, al personal de la entidad;
dirigir la actividad de administración de Personal, dictar los actos
correspondientes y establecer las políticas generales en la materia"; función
que quedó establecida en los mismos términos en la Resolución Nº 3104 de
2004, mediante la cual "se ajusta el manual específico de funciones y de
competencias laborales para los empleos de la planta de personal del
INVIAS".

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Número interno: 1609-2017
Demandante: Luis Quinto Burgos Álvarez
Demandado: Nación – Instituto Nacional de Vías - INVIAS

Añade que en el Decreto 1972 de 2002, se reguló lo atinente a la "designación
de los Directores o Gerentes Regionales o Secciónales o quienes hagan sus
veces, en los Establecimientos Públicos de la Rama Ejecutiva del orden
nacional", señalando que la escogencia o designación del cargo de director
territorial del INVIAS se hará de terna enviada por el representante legal del
establecimiento público respectivo, la cual deberá estar integrada por
personas que cumplan con los requisitos exigidos en el Manual de Funciones
y Requisitos de la Entidad y sean escogidos mediante un proceso de selección
público abierto, que tendrá en cuenta criterios de mérito, capacidad y
experiencia para el desempeño del empleo, la práctica de una entrevista y una
valoración de antecedentes de estudio y experiencia (arts. 1º y 2º).

Advierte que dicho proceso de selección no implica el cambio de la naturaleza
jurídica de los empleos a proveer y tampoco limita la facultad discrecional del
nominador (artículo 3) y el nombramiento y remoción del director o Gerente
Regional o Seccional se efectuará por el representante legal del respectivo
establecimiento público y en caso de vacancia temporal del empleo, este será
provisto por aquel mediante la figura del encargo.

Concluye que como ha quedado demostrado que el cargo desempeñado por
el demandante es de libre remoción, el acto administrativo contentivo de la
declaratoria de insubsistencia objeto de controversia no requiere de
motivación alguna a pesar de haber sido expedido en vigencia de la Ley 909
de 2004, pues tal exigencia no se predica en esta naturaleza del empleo
público.

Anota que quien se desempeña en un empleo de libre remoción puede ser
declarado insubsistente por el nominador de manera discrecional, sin que
exista obligación de sentar motivación alguna en el acto administrativo que
así lo disponga, pues se entiende que ese ejercicio de la potestad de retiro
del servicio tiene sustento en el mejoramiento del servicio, que goza de
presunción legal, correspondiéndole al actor desvirtuarla.

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Número interno: 1609-2017
Demandante: Luis Quinto Burgos Álvarez
Demandado: Nación – Instituto Nacional de Vías - INVIAS

En cuanto al cargo de desviación de poder y desconocimiento de la ley, lo
hace consistir el demandante, en síntesis, en que los actos demandados
violan de manera directa el artículo 32 y el inciso 4 del parágrafo del artículo
38 de la ley 996 de 2005, conocida como ley de garantías electorales, debido
a que esas normas prohíben de manera expresa cualquier modificación a la
nómina estatal en la rama ejecutiva del poder público durante los 4 meses
anteriores a las elecciones presidenciales o cualquier otra elección, concluye
la sala, según lo expuesto y explicado en la jurisprudencia mencionada que el
cargo ocupado por el actor era un cargo de libre nombramiento y remoción,
además, la entidad a la cual estaba vinculado, Instituto Nacional de Vías
INVIAS, es una entidad descentralizada del orden nacional, que pertenece a
la rama ejecutiva del poder público; conforme a la jurisprudencia de la H. Corte
Constitucional (sentencia C295/1995) y los criterios adoptados por el Consejo
de Estado en la Sala de Consulta y Servicio Civil, se debe tener en cuenta
cual es la autoridad nominadora, para establecer a que autoridad se aplica la
prohibición. Y se encuentra que quien ejerce dicha facultad es el
representante legal de INVIAS, entidad nacional, y aun cuando el Gobernador
interviene en el proceso de selección, éste no ejerce la facultad nominadora,
el Gobernador no nombra, solo escoge de una terna postulada por el Director
General de la entidad nacional.

Expresa, que por tratarse de normas que consagran prohibiciones en cuanto
al ejercicio de competencias regladas, no puede acudirse a interpretaciones
extensivas o finalísticas, como lo plantea la parte actora, pues tales criterios
hermenéuticos no son atendibles, ya que las normas prohibitivas son de
interpretación restrictiva.

Considera que como las elecciones presidenciales se efectuaron el día 25 de
mayo de 2014, por lo que la restricción para modificar la nómina por parte del
representante legal del INVIAS operó desde el día 25 de enero de 2014, y al
haberse declarado la insubsistencia del actor el día 02 de diciembre de 2013,

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Número interno: 1609-2017
Demandante: Luis Quinto Burgos Álvarez
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existía plena habilitación legal para hacerlo en relación con el cargo que se
examina, y por lo cual no prospera.

Finalmente, expresa que, si bien es cierto que en la demanda se invoca la
sentencia de 18 de octubre de 2007, radicado No.
73001233100020060042002 (00420). C.P. Dra. Susana Buitrago Valencia,
considera que la misma no es aplicable al caso concreto, pues en dicho
proceso se revisó la nulidad de un acto de nombramiento hecho por el
Gobernador del Tolima a una empleada de carácter departamental; lo que no
acontece en el caso bajo estudio, en el cual el demandante ocupaba un cargo
de carácter nacional y la autoridad nominadora es de ese mismo rango.

Frente al cargo de violación al debido proceso, así como los derechos
fundamentales al principio de legalidad, a la presunción de inocencia y al
principio de la Buena fe, al ser retirado de la administración, motivado por la
comisión de presuntas irregularidades en el ejercicio de la dirección seccional
de INVIAS, sin antes haber sido escuchado y sin previo juicio en el cual se le
dieran las garantías para el ejercicio de su defensa, expresó que, el Consejo
de Estado ha precisado que la facultad discrecional es independiente de la
acción disciplinaria, por lo cual se pueden adelantar en forma autónoma,
inclusive, el artículo 72 de la Ley 734 de 2002, permite investigar y sancionar
disciplinariamente a quien esté retirado del servicio por las faltas cometidas
en ejercicio de sus funciones.

Argumenta que, no puede establecerse como regla que cuando se advierta la
posible comisión de una falta disciplinaria se deba adelantar primero el
respectivo proceso y no disponer el retiro en forma discrecional, pues se
trataría de una restricción carente de respaldo normativo.

En este orden de ideas, arguye que no era necesario esperar los resultados
de un proceso disciplinario para declarar insubsistente el nombramiento del
demandante, pues su ejercicio no significa la imposición de una sanción, ni

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Número interno: 1609-2017
Demandante: Luis Quinto Burgos Álvarez
Demandado: Nación – Instituto Nacional de Vías - INVIAS

implicaba el adelantamiento de un procedimiento en tal sentido. Resalta que
la facultad discrecional que la ley confiere al nominador no encuentra
limitación alguna en la Ley 734 de 2002, precisamente, porque persiguen
finalidades distintas.

Señala que una interpretación contraria llevaría a establecer unan especie de
fuero de estabilidad a empleados de libre nombramiento y remoción, a los
cuales se le iniciara una investigación disciplinaria, a pesar de haber perdido
la confianza por parte del nominador, lo que no tiene fundamento legal5.

4. El recurso de apelación

Sustenta la parte actora el recurso incoado en que, la forma de integración de
las ternas se hace a través de un proceso de selección público abierto, en
virtud del cual se evalúan los méritos y capacidades de los aspirantes a
desempeñar tales cargos con el fin de buscar la eficiencia de la administración
pública.

Argumenta que el nombramiento del demandante se efectúo mediante un
proceso de selección público abierto de mérito, es decir, quien materialmente
nombra es el gobernador, de una preselección de tres, cuyo nombramiento se
formaliza mediante un acto administrativo que suscribe el director Nacional
del ente descentralizado.

Insiste que dicho proceso de selección tuvo en cuenta criterios de mérito,
capacidad y experiencia para el desempeño del empleo y comprendió la
aplicación de varias pruebas dirigidas a evaluar los conocimientos o aptitudes
requeridos para el desempeño del empleo, la práctica de una entrevista y una
valoración de antecedentes de estudio y experiencia.

5
Folios 626 al 636 del cuaderno principal.

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Demandante: Luis Quinto Burgos Álvarez
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En conclusión, la selección del demandante para el cargo de director regional
de INVIAS, lo fue por parte del señor Gobernador y precisamente, a estos
servidores, les está prohibido ejercer la facultad nominadora dentro de los
cuatro meses anteriores a cualquier proceso de elección popular.

Afirma que lo anterior es tan cierto, que, sin la intervención del señor
gobernador, no se hubiese designado legalmente al demandante, el
gobernador es nada más y nada menos, quien escoge la persona.

Arguye que, en el nombramiento del demandante, interviene el gobernador y
según la Corte Constitucional, la prohibición cobija a los cargos, cuya
nominación hace el gobernador. Asimismo, argumenta que, en la sentencia
de la mencionada Corte, dice que está prohibido hacer nombramientos donde
participe el gobernador y en el caso que compete este participó.

Finalmente reitera los argumentos expuestos en la demanda respecto del
desconocimiento del artículo 125 de la Constitución Nacional, y del artículo 26
de la Ley 2400 de 1968, porque el nominador no ha explicado ninguna razón
o motivo para la expedición del acto demandado6.

5. Alegatos de conclusión

Mediante auto del 2 de agosto de 2017, el Despacho sustanciador corrió
traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público
para que rindiera el concepto7.

5.1 Parte demandante.

6
Folios 639 al 655 del cuaderno principal.
7
Folio 683 del cuaderno principal.

14

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El apoderado del actor presentó alegatos de conclusión, reiterando lo
manifestado en el recurso de apelación interpuesto8.

5.2 Parte demandada

No presentó alegatos de conclusión según constancia secretarial de fecha
octubre 24 de 2017.9

5.3 Ministerio Público

El representante del Ministerio Público no rindió concepto, según constancia
secretarial de fecha octubre 24 de 201710.

II.CONSIDERACIONES
1. Competencia

El presente asunto es competencia de esta Corporación de conformidad con
lo establecido en inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo
de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

2. Problema jurídico

De acuerdo con los motivos de inconformidad expuestos en el recurso de
apelación elevado por el demandante, el problema jurídico en esta instancia
se contrae a establecer si se debe revocar la sentencia de primera instancia
al incurrirse en infracción de la ley, por declararse insubsistente el
nombramiento efectuado como empleado público en un cargo de libre

8
Folios 689 al 701 del cuaderno principal
9
Folio 702 del cuaderno principal
10
Folio 702 del cuaderno principal

15

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nombramiento y remoción elegido por el sistema de méritos para la
conformación de la terna del cargo de Director Regional de Córdoba, así como
haber sido expedido en vigencia de la prohibición contenida en el artículo 38
de la Ley 996 de 2005 "de garantías electorales" y constituir una sanción
disciplinaria anticipada.

2.1 Actos Administrativos demandados

Resolución No 06069 de 2 de diciembre de 2013 suscrito por el Director General
del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, mediante la cual se declara
insubsistente el nombramiento del actor en el cargo de Director Territorial
Código 0042 grado 14 asignado a la Dirección Territorial Córdoba del Instituto
Nacional de Vías11.

La decisión anterior invocó como fundamento legal el numeral 13 del artículo 7
del Decreto 2056 de 24 de julio de 2003.

El otro acto administrativo demandado es la Resolución No 00016 de 3 de enero
de 2014 proferido por el Director General del Instituto Nacional de Vías, que al
resolver el recurso de reposición lo rechazó por improcedente12.

En esta resolución se dijo: “Que la declaratoria de insubsistencia del
nombramiento de los empleados de libre nombramiento y remoción mediante
acto no motivado, tiene fundamento legal en el literal a) del artículo 41 de la Ley
909 de 2004 y el parágrafo 2º de la misma disposición, que determinan su
naturaleza discrecional y por consiguiente no sujetos a los recursos en la vía
gubernativa, al tenor de lo dispuesto en la parte final del inciso segundo del
artículo 2º del Código Contencioso Administrativo”.

2.2 Naturaleza del cargo ocupado por el actor

11
Folio 11 del cuaderno principal
12
Folios 19 al 20 del cuaderno principal

16

Número interno: 1609-2017
Demandante: Luis Quinto Burgos Álvarez
Demandado: Nación – Instituto Nacional de Vías - INVIAS

Por mandato del artículo 125 de la Constitución Política, los empleos en los
órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción de los de
elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores
oficiales y aquellos que determine la ley.

Respecto al campo de aplicación de la Ley 909 de 2004, el artículo 3 dispuso
que sería aplicable a quienes desempeñan empleos pertenecientes a la
carrera administrativa en las entidades de la Rama Ejecutiva del nivel
Nacional y de sus entes descentralizados.

Ahora bien, en cuanto a la clasificación de los empleos, consagró:

“ARTÍCULO 5. Clasificación de los empleos. Los empleos de los
organismos y entidades regulados por la presente ley son de carrera
administrativa, con excepción de:

1. Los de elección popular, los de período fijo, conforme a la
Constitución Política y la ley, los de trabajadores oficiales y aquellos
cuyas funciones deban ser ejercidas en las comunidades indígenas
conforme con su legislación.

2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de
los siguientes criterios:

a) Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo
ejercicio implica la adopción de políticas o directrices así:

En la Administración Central del Nivel Nacional:
(…)

En la Administración Descentralizada del Nivel Territorial:

Director o Gerente Territorial, Regional, Seccional o Local”.

De otra parte, el parágrafo único del artículo 78 de la Ley 489 de 1998,
consagra lo siguiente:

“ARTICULO 78.- Calidades y funciones del director, gerente o
presidente. El director, gerente o presidente será el representante legal
de la correspondiente entidad, celebrara en su nombre los actos y

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contratos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y funciones,
tendrá su representación judicial y extrajudicial y podrá nombrar los
apoderados especiales que demande la mejor defensa de los intereses
de la entidad.

(…)
PARAGRAFO .- Los establecimientos públicos nacionales, solamente
podrán organizar seccionales o regionales, siempre que las funciones
correspondientes no estén asignadas a las entidades del orden
territorial. En este caso, el gerente o director seccional será escogido
por el respectivo Gobernador, de ternas enviadas por el representante
legal”.

La designación de los Directores o Gerentes Regionales de los
establecimientos públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional, se
encuentra establecida en el Decreto 1972 de 2002, como sigue:

“Artículo 1°. El Director o Gerente Regional o Seccional o quien haga
sus veces será escogido por el Gobernador del Departamento donde
esté ubicada físicamente la Regional o Seccional, de terna enviada por
el representante legal del establecimiento público respectivo, la cual
deberá estar integrada por personas que cumplan con los requisitos
exigidos en el Manual de Funciones y Requisitos de la Entidad y sean
escogidos de conformidad con el proceso de selección público abierto
que se establece en el presente decreto.

Cuando el área de influencia de una Regional o Seccional abarque dos
o más departamentos, el Director o Gerente Regional o Seccional o
quien haga sus veces deberá ser escogido de la terna correspondiente,
por votación unánime en el primer caso y por la mitad más uno de los
respectivos gobernadores, en el segundo caso.

Artículo 2°. La conformación de las ternas de que trata el artículo
anterior, se efectuará con las personas que sean escogidas mediante
un proceso de selección público abierto.

Los representantes legales de las entidades objeto del presente
decreto, efectuarán los trámites pertinentes para la realización del
proceso de selección público abierto, el cual podrá efectuarse
directamente por la entidad pública, o con universidades públicas o
privadas, o con entidades privadas expertas en selección de personal,
o a través de convenios de cooperación.

Dicho proceso de selección tendrá en cuenta criterios de mérito,
capacidad y experiencia para el desempeño del empleo y por lo menos
deberá comprender la aplicación de una o varias pruebas dirigidas a
evaluar los conocimientos o aptitudes requeridos para el desempeño

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del empleo, la práctica de una entrevista y una valoración de
antecedentes de estudio y experiencia.

Parágrafo. El proceso de selección público abierto que se realice en
cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, se efectuará bajo
los criterios de objetividad, transparencia, imparcialidad y publicidad,
teniendo en cuenta la idoneidad de los aspirantes para el ejercicio de
las funciones.

Artículo 3°. El proceso de selección público abierto para la integración
de las ternas no implica el cambio de la naturaleza jurídica de los
empleos a proveer y tampoco limita la facultad discrecional del
nominador”.

2.3. Prohibición de los nombramientos en época preelectoral

La Ley 996 de 2005 “Por medio de la cual se reglamenta la elección de
Presidente de la República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la
Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto
Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones”, ordena:

“ARTÍCULO 32. VINCULACIÓN A LA NÓMINA ESTATAL. <Artículo
CONDICIONALMENTE exequible> Se suspenderá cualquier forma de
vinculación que afecte la nómina estatal, en la Rama Ejecutiva del Poder
Público, durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección
presidencial y hasta la realización de la segunda vuelta, si fuere el caso.
Se exceptúan de la presente disposición, los casos a que se refiere el
inciso segundo del artículo siguiente.

PARÁGRAFO. <Parágrafo CONDICIONALMENTE exequible> Para
efectos de proveer el personal supernumerario que requiera la
Organización Electoral, la Registraduría organizará los procesos de
selección y vinculación de manera objetiva a través de concursos
públicos de méritos.

ARTÍCULO 38. PROHIBICIONES PARA LOS SERVIDORES
PÚBLICOS. A los empleados del Estado les está prohibido:

1. Acosar, presionar, o determinar, en cualquier forma, a subalternos
para que respalden alguna causa, campaña o controversia política.
2. Difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido,
agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, estaciones
oficiales de televisión y de radio o imprenta pública, a excepción de lo
autorizado en la presente ley.
3. Favorecer con promociones, bonificaciones, o ascensos indebidos, a
quienes dentro de la entidad a su cargo participan en su misma causa
o campaña política, sin perjuicio de los concursos que en condiciones

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públicas de igualdad e imparcialidad ofrezcan tales posibilidades a los
servidores públicos.
4. Ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato e
indebido para los ciudadanos o para las comunidades, mediante obras
o actuaciones de la administración pública, con el objeto de influir en la
intención de voto.
5. Aducir razones de “buen servicio” para despedir funcionarios de
carrera.
La infracción de alguna de las anteriores prohibiciones constituye falta
gravísima.

PARÁGRAFO. <Ver modificación temporal Notas de Vigencia> Los
gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios,
gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden
municipal, departamental o distrital, dentro de los cuatro (4) meses
anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios
interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar,
promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo,
como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas
directivas, en o para reuniones de carácter proselitista.

Tampoco podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de
carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos
a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Congreso de la
República, gobernaciones departamentales, asambleas
departamentales, alcaldías y concejos municipales o distritales.
Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos.
No podrán autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de
carácter público para actividades proselitistas, ni para facilitar el
alojamiento, ni el transporte de electores de candidatos a cargos de
elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros
de los candidatos.

La nómina del respectivo ente territorial o entidad no se podrá modificar
dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones a cargos de
elección popular, salvo que se trate de provisión de cargos por faltas
definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo
correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de aplicación de
las normas de carrera administrativa.

La Corte Constitucional mediante sentencia C-1153 de 2005, al analizar la
constitucionalidad del artículo 32 de la Ley Estatutaria de Garantías
Electorales, dijo lo siguiente:

“De otra parte, para la Sala el inciso primero se ajusta a la Constitución,
pues la suspensión de las vinculaciones que afecten a la nómina estatal
durante el periodo en que el candidato Presidente puede estar en
campaña electoral sí es garantía de una mayor equidad de condiciones

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entre este candidato y los demás aspirantes a la presidencia de la
República, en cuanto a través de esas vinculaciones se pueden buscar
favores políticos.

Ahora, si bien la limitación garantiza la igualdad de condiciones, también
es necesario que tal limitación que pretende la igualdad no termine
yendo en detrimento de intereses públicos cuya garantía está en cabeza
del ejecutivo, como son los inmersos en las excepciones para la
prohibición de contratación.

En efecto, las excepciones de limitación protegen diversos tipos de
urgencias de defensa, salud, educación, infraestructura vial y de
servicios públicos y ecológicas tienden a no limitar
desproporcionadamente la acción del Estado en el cumplimiento de sus
fines, en procura de la igualdad entre candidatos como garantía
electoral. Por su parte, la no restricción en la celebración de contratos
de crédito público es razonable, pues le permite al Estado mantener la
estabilidad fiscal toda vez que tanto el endeudamiento interno como el
externo permiten conseguir los recursos necesarios para el pleno
cubrimiento de las previsiones presupuestales.

Ahora bien, esta Corporación considera que la prohibición de suspender
cualquier forma de vinculación que “afecte” la nómina estatal hace
referencia a la imposibilidad de creación de nuevos cargos y a la
provisión de los mismos, salvo que se trate de solventar situaciones
tales como renuncia, licencia o muerte que sean indispensables para el
cabal funcionamiento de la Administración Pública.

Frente a la constitucionalidad del artículo 38 de la referida ley, consideró que:

(…)
De otra parte, contrario a lo indicado por el Procurador, para la Sala es
exequible el numeral 5º del artículo 38. En efecto, desconoce los
principios del régimen de carrera administrativa despedir a un
funcionario de carrera por razones de buen servicio. Es más, tal
situación es tan contraria al régimen de carrera -que consagra causales
y procedimientos específicos para el despido del personal que se
encuentra en la misma- que respeta plenamente la Constitución y el
régimen de carrera el prohibirla. El hecho de que el despido de un
funcionario de carrera por razones del buen servicio sea un aspecto que
sea inconstitucional de bulto no implica que su prohibición sea
inexequible, como insinúa la Vista Fiscal.

De otra parte, la Sala comparte con el Procurador la objeción de la
limitación en el tiempo de la prohibición de despido bajo las condiciones
señaladas. En efecto, siendo una conducta tan contraria a la
Constitución el despedir por motivos de buen servicio a un funcionario
de carrera más aún si esto se da por razones políticas, la conducta debe
estar prohibida en todo tiempo.

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Por tanto, la Sala declarará inexequible la expresión “durante los cuatro
(4) meses anteriores a las elecciones” contenida en el numeral 5 del
artículo 38 del proyecto de ley.

(…)
Por último, la Sala también encuentra ajustada a la Carta la prohibición
de modificar la nómina de los entes territoriales que dirijan o en los
cuales participen Gobernadores, Alcaldes, Secretarios, Gerentes y
directores de Entidades Descentralizadas del orden municipal,
departamental o distrital durante los cuatro meses anteriores a las
elecciones a cargos de elección popular, pues esto garantiza que no se
utilice como medio para la campaña electoral en la cual pueden llegar a
participar los funcionarios públicos autorizados por la Carta para actuar
en política y, por tanto, promueve la transparencia del actuar
administrativo.

Ahora bien, las excepciones a esta prohibición, consignadas en el inciso
cuarto del parágrafo, respetan el equilibrio que debe existir entre la
guarda de la moralidad administrativa y la eficacia de la administración,
a través de la autorización de vincular en nómina (a) cuando se trate de
proveer cargos por faltas definitivas derivada de muerte o renuncia y
(b) los cargos de carrera administrativa.

En efecto, si se trata de proveer un cargo por necesidad del servicio,
toda vez que quien lo desempeñaba no está en capacidad de seguirlo
haciendo, es claro que la vinculación no se tratará de un cargo
creado ad hoc en épocas de campaña, sino de una necesidad
permanente de la administración que no puede dejar de ser satisfecha
por encontrarse en periodo de campaña. De otra parte, si con la
prohibición de modificación de nómina pretende evitar la vulneración de
la moralidad administrativa, las vinculaciones que se presenten
aplicando las normas de carrera administrativa serán admisibles por
todas las garantías de transparencia y objetividad que deben rodear el
régimen de carrera.

Por último, el límite de tiempo para la prohibición de modificación de
nómina es razonable, pues en los cuatro meses indicados, época de
campaña, es que se presentan el mayor riesgo de aprovechamiento del
cargo público para fines políticos.

Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil al conceptuar sobre las
restricciones y prohibiciones contenidas en los artículos 32 y 33 de la Ley 996
de 2005 señaló que13:

"(…) El hecho de que los artículos 32 y 33 de la ley 996 de 2.005
contengan prohibiciones y restricciones aplicables, las primeras en la

13
CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 4 de febrero de 2010. Radicado 11001-
03-06-000-2010-00006-00 (1985). Consejero Ponente Dr. Enrique José Arboleda Perdomo.

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Rama Ejecutiva; las segundas a todos los entes del Estado,
específicamente para el periodo que precede las elecciones
presidenciales, mientras que el parágrafo del artículo 38 ibídem, abarca
un periodo preelectoral más genérico, con prohibiciones aplicables sólo
a autoridades territoriales, hace que en sana hermenéutica no sea
posible hacer extensivas las excepciones que el artículo 33 consagra
para las prohibiciones y restricciones de los artículos 32 y 33, a las
prohibiciones del artículo 38 parágrafo, pues no sólo se refiere a dos
postulados de conducta diferentes, sino que se trata de normas de
carácter negativo cuya interpretación es restrictiva; y además no puede
olvidarse que el legislador en el artículo 32 de la ley en comento,
expresamente extendió la excepción a las restricciones contenidas en
el artículo 33, únicamente para los casos de prohibición enunciados por
dicho artículo 32 (…)".

3. El caso en estudio

3.1 De lo probado en el proceso

-El demandante fue nombrado en el cargo de Director Territorial Código 0042
Grado 14, Dirección Territorial Córdoba mediante Resolución No 06567 de 30
de noviembre de 201114.
-A través de la Resolución No 06069 de 2 de diciembre de 2013, expedida por
el Director General del Instituto Nacional de Vías declaró insubsistente el
nombramiento del señor Luis Quinto Burgos Álvarez en el cargo de Director
Territorial Código 0042 Grado 14, asignado a la Dirección Territorial Córdoba
del Instituto Nacional de Vías15.
-Con escrito de fecha 13 de diciembre de 2013 interpuso el actor recurso de
reposición en contra de la Resolución 06069 de diciembre 2 de 2013 16.
-Por medio de la Resolución 00016 de 3 de enero de 2014 se rechaza por
improcedente el recurso incoado17.
-Certificado de ingresos laborales expedido por el Coordinador del Área de
Gestión del Talento Humano del INVIAS18.

14
Folio 12 del cuaderno principal
15
Folio 15 del cuaderno principal
16
Folio 16 del cuaderno principal
17
Folio 19 al 20 del cuaderno principal
18
Folio 21 del cuaderno principal

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-Citación al actor a versión libre de la investigación disciplinaria dentro del
expediente No 562-201319.
-Copia del expediente disciplinario No 562-201320.

Frente a los cargos planteados entra la Sala a analizarlos como sigue:

1.- Desconocimiento del artículo 125 de la Constitución Política en razón
a que el demandante fue nombrado producto del sistema de méritos y
no puede considerarse como empleado de libre nombramiento y
remoción

Sustenta la parte actora el recurso incoado en que, la forma de integración de
las ternas se hace a través de un proceso de selección público abierto, en
virtud del cual se evalúan los méritos y capacidades de los aspirantes a
desempeñar tales cargos con el fin de buscar la eficiencia de la administración
pública.

Argumenta que el nombramiento del demandante se efectúo mediante un
proceso de selección público abierto de mérito, es decir, quien materialmente
nombra es el gobernador, de una preselección de tres, cuyo nombramiento se
formaliza mediante un acto administrativo que suscribe el director Nacional
del ente descentralizado.

Insiste que dicho proceso de selección tuvo en cuenta criterios de mérito,
capacidad y experiencia para el desempeño del empleo y comprendió la
aplicación de varias pruebas dirigidas a evaluar los conocimientos o aptitudes
requeridos para el desempeño del empleo, la práctica de una entrevista y una
valoración de antecedentes de estudio y experiencia.

19
Folio 46 del cuaderno principal
20
Folios 118 al 319 del cuaderno principal

24

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Para resolver el fondo del asunto observa la Sala que de conformidad con el
parágrafo del artículo 78 de la Ley 489 de 1998, los representantes legales de
los establecimientos públicos del orden nacional deberán enviar ternas a los
Gobernadores para el escogimiento de los gerentes o directores regionales o
seccionales de tales entidades, en desarrollo de lo dispuesto en el numeral 13
del artículo 305 de la Constitución Política.

El señor Luis Quinto Burgos Álvarez fue nombrado en el cargo de Director
Territorial Código 0042 Grado 14, Dirección Territorial Córdoba mediante
Resolución No 06567 de 30 de noviembre de 2011, en virtud del proceso de
selección público abierto de meritocracia No INV/2011-004.

Con oficio 0928 del 8 de noviembre de 2011, el gobernador del departamento
de Córdoba informa la selección del actor para ser designado como Director
Territorial Córdoba del Instituto Nacional de Vías.

Si bien se trata de una designación producto de un concurso de méritos,
donde el gobernador interviene en el proceso al escoger de una terna
presentada por el Director General de la entidad nacional, el nombramiento lo
efectúa el Director General del Instituto Nacional de Vías.

La ley 909 de 2004, dispuso que los empleos de los organismos y entidades
regulados por dicha ley son de carrera administrativa, con excepción de los
de libre nombramiento y remoción que correspondan a los de la
administración descentralizada del nivel nacional como son el de director o
gerente territorial.

A su vez, el Decreto 1972 de 2002 “Por el cual se reglamenta la designación
de los Directores o Gerentes Regionales o Secciónales o quienes hagan sus
veces, en los Establecimientos Públicos de la Rama Ejecutiva del orden
nacional”, consagra en su artículo 1, que:

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Artículo 1°. El Director o Gerente Regional o Seccional o quien haga
sus veces será escogido por el Gobernador del Departamento donde
esté ubicada físicamente la Regional o Seccional, de terna enviada por
el representante legal del establecimiento público respectivo, la cual
deberá estar integrada por personas que cumplan con los requisitos
exigidos en el Manual de Funciones y Requisitos de la Entidad y sean
escogidos de conformidad con el proceso de selección público abierto
que se establece en el presente decreto.

De conformidad con la ley los cargos son de carrera o de libre nombramiento
y remoción no existe una tercera clasificación que haga referencia a los
empleos de libre nombramiento y remoción producto de una vinculación en
donde se haga referencia a un proceso de selección público abierto de
meritocracia y que estos por dicha condición tengan algún fuero de
estabilidad.

A pesar que el proceso de selección donde participó el actor, tuvo en cuenta
criterios de mérito, capacidad y experiencia para el desempeño del empleo y
se impusieron varias pruebas dirigidas a evaluar los conocimientos, dicho
proceso per se no significa que el demandante se encuentre protegido por
normas de estabilidad especial, por cuanto no se trató de un trámite de
concurso de méritos efectuado bajo la ley que regula la materia, además
porque el cargo no es considerado de carrera administrativa, todo lo contrario
es de libre nombramiento y remoción.

A través de la Resolución No 06069 de 2 de diciembre de 2013 se declaró
insubsistente el nombramiento del señor Luis Quinto Burgos Álvarez en el
cargo de Director Territorial Código 0042 grado 14 asignado a la Dirección
Territorial de Córdoba, decisión que se profirió en ejercicio de la facultad
discrecional consagrada en el numeral 13 del artículo 7 del Decreto 2056 de
2003, es decir que el nominador obedeció a la potestad legal de la cual estaba
investido en virtud de la naturaleza del cargo al ser de libre nombramiento y
remoción.

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Al momento de ejercer la facultad discrecional no existe obligación de motivar
los actos administrativos en razón a que esta se presume y es la necesidad
de mejorar el servicio público.

Por consiguiente, tratándose de empleados que ocupan cargos como los de
libre nombramiento y remoción para los cuales, el ejercicio de la facultad
discrecional le permite al nominador designar a nuevos empleados públicos
que considere idóneos para la realización de ciertas funciones (facultad
discrecional de nombramiento); y cuando no lo son, autoriza al empleador
para reemplazarlos por otras personas cuya capacidad, idoneidad y eficiencia
se adecúen a los requerimientos institucionales (retiro discrecional), no
significa que dicha facultad pueda ejercerse en forma arbitraria, ya que no
puede sustentarse en razones diferentes a las del buen servicio (art. 44
C.P.A.C.A), la cual debe ejercerse en consonancia con el interés general (art.
2º C.P.), por lo que no puede inspirarse entonces dicha potestad, en motivos
de orden personal o para favorecer intereses propios o de terceros.

Frente a la obligación de dejar constancia en la hoja de vida del desvinculado
de las razones que ocasionaron el retiro ha sido reiterada la jurisprudencia de
esta alta corporación en el sentido que la omisión de lo estipulado en el
artículo 26 del Decreto 2400 de 1968, no genera nulidad del acto de retiro del
empleado de libre nombramiento y remoción, al tratarse de una actividad que
debe realizarse en forma posterior y si bien en el caso concreto no se dejó
constancia en la hoja de vida de cuáles fueron los motivos que dieron lugar a
la remoción, ya que, como se evidencia en las pruebas que obran el
expediente, con posterioridad a la expedición de la Resolución 06069 de 2 de
diciembre de 2013, no se hizo, ello no da lugar a la nulidad del acto
administrativo demandado, pues no es requisito de validez del mismo, tan solo
daría lugar a una investigación disciplinaria respecto de la persona que no
cumplió con el referido deber.

27

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Este artículo fue objeto de control por parte de la Corte Constitucional, que lo
encontró exequible sin condicionamiento alguno en la sentencia C-734 de
2000, con base en los siguientes argumentos:

“10. De esta manera, la lectura completa de la disposición acusada,
lleva a concluir sobre su exequibilidad. No sólo la falta de motivación de
los actos administrativos de funcionarios de libre nombramiento y
remoción, como se vio, no se opone a la Constitución, sino que en el
caso presente, la exigencia de motivación posterior excluye la
posibilidad de que la desvinculación así efectuada se erija en un acto
arbitrario y caprichoso contra el cual no exista la posibilidad de ejercer
el derecho de defensa, como lo aduce la demanda. No hay en este caso,
excepción al principio de publicidad de los actos administrativos, pues
el interesado puede conocer la motivación que originó su retiro. En
virtud de lo anterior, la Corte declarará la exequibilidad de la proposición
jurídica completa conformada por el Artículo 26 del Decreto Ley 2400
de 1968, toda vez que la expresión parcialmente acusada, no puede ser
considerada en sus efectos jurídicos independientemente del resto del
texto de la norma21»

Por consiguiente, en el evento en que no se deje la constancia en la respectiva
hoja de vida, el servidor puede solicitar a la administración que proceda a
cumplir con el contenido del Artículo 26 del Decreto 2400 de 1968, pero su
ausencia no constituye un vicio del acto administrativo en el que se adoptó la
decisión.

2.- La prohibición de alterar la nómina en época preelectoral, por
disposición de la Ley 996 de 2005: restricción legal a la facultad
discrecional del nominador.

Asevera el actor que la selección del demandante para el cargo de director
regional de INVIAS, lo fue por parte del señor Gobernador y precisamente, a
estos servidores, les está prohibido ejercer la facultad nominadora dentro de
los cuatro meses anteriores a cualquier proceso de elección popular.

21
Corte Constitucional, sentencia C – 734 de 21 de junio de 2000, magistrado ponente: Vladimiro Naranjo Mesa.

28

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Afirma que lo anterior es tan cierto, que, sin la intervención del señor
gobernador, no se hubiese designado legalmente al demandante, el
gobernador es nada más y nada menos, quien escoge la persona.

Arguye que, en el nombramiento del demandante, interviene el gobernador y
según la Corte Constitucional, la prohibición cobija a los cargos, cuya
nominación hace el gobernador. Asimismo, argumenta que, en la sentencia
de la mencionada Corte, dice que está prohibido hacer nombramientos donde
participe el gobernador y en el caso que compete este participó.

Reitera la Sala, que el proceso de designación del actor en el cargo está
integrado en primer lugar por una terna que debe enviar el director general del
ente nacional al gobernador, para que este escoja de la misma, pero a su vez
la facultad nominadora la tiene el Director General del Instituto Nacional de
Vías.

No son de recibo las afirmaciones hechas por el demandante, relacionadas
con que la prohibición que contiene el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996
de 2005, deba hacerse extensiva a los funcionarios de los entes
descentralizados nacionales, cuando se trate de elecciones del orden
nacional, como se trató de la elección de congresistas para el 9 de marzo de
2014, ya que respecto de esta prohibición, que fue estudiada su
constitucionalidad en sentencia C-1153 de 2005, donde concluyó que no
había duda del alcance del condicionamiento en materia de las restricciones
y limitaciones a que se refieren los artículos 30, 32, 33 y 38 de la Ley 996 de
2005.

Las normas que regulan dichas prohibiciones son del siguiente tenor literal:

Artículo 32 de la Ley 996 de 2005 Artículo 38 de la Ley 996 de 2005
ARTÍCULO 32. VINCULACIÓN A LA ARTÍCULO 38. PROHIBICIONES
NÓMINA ESTATAL. <Artículo PARA LOS SERVIDORES
CONDICIONALMENTE exequible> Se

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suspenderá cualquier forma de PÚBLICOS. A los empleados del
vinculación que afecte la nómina Estado les está prohibido:
estatal, en la Rama Ejecutiva del Poder
Público, durante los cuatro (4) meses 1. Acosar, presionar, o determinar, en
anteriores a la elección presidencial y cualquier forma, a subalternos para que
hasta la realización de la segunda respalden alguna causa, campaña o
vuelta, si fuere el caso. Se exceptúan de controversia política.
la presente disposición, los casos a que
se refiere el inciso segundo del artículo 2. Difundir propaganda electoral a favor
siguiente. o en contra de cualquier partido,
agrupación o movimiento político, a
través de publicaciones, estaciones
oficiales de televisión y de radio o
imprenta pública, a excepción de lo
autorizado en la presente ley.

3. Favorecer con promociones,
bonificaciones, o ascensos indebidos, a
quienes dentro de la entidad a su cargo
participan en su misma causa o
campaña política, sin perjuicio de los
concursos que en condiciones públicas
de igualdad e imparcialidad ofrezcan
tales posibilidades a los servidores
públicos.

4. Ofrecer algún tipo de beneficio
directo, particular, inmediato e indebido
para los ciudadanos o para las
comunidades, mediante obras o
actuaciones de la administración
pública, con el objeto de influir en la
intención de voto.

5. Aducir razones de “buen servicio”
para despedir funcionarios de carrera.

La infracción de alguna de las anteriores
prohibiciones constituye falta gravísima.

PARÁGRAFO. <Ver modificación
temporal Notas de Vigencia> Los
gobernadores, alcaldes municipales y/o
distritales, secretarios, gerentes y
directores de entidades
descentralizadas del orden municipal,
departamental o distrital, dentro de los
cuatro (4) meses anteriores a las
elecciones, no podrán celebrar
convenios interadministrativos para la
ejecución de recursos públicos, ni

30

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participar, promover y destinar recursos
públicos de las entidades a su cargo,
como tampoco de las que participen
como miembros de sus juntas
directivas, en o para reuniones de
carácter proselitista.

Tampoco podrán inaugurar obras
públicas o dar inicio a programas de
carácter social en reuniones o eventos
en los que participen candidatos a la
Presidencia y Vicepresidencia de la
República, el Congreso de la República,
gobernaciones departamentales,
asambleas departamentales, alcaldías y
concejos municipales o distritales.
Tampoco podrán hacerlo cuando
participen voceros de los candidatos.

No podrán autorizar la utilización de
inmuebles o bienes muebles de carácter
público para actividades proselitistas, ni
para facilitar el alojamiento, ni el
transporte de electores de candidatos a
cargos de elección popular. Tampoco
podrán hacerlo cuando participen
voceros de los candidatos.

La nómina del respectivo ente
territorial o entidad no se podrá
modificar dentro de los cuatro (4)
meses anteriores a las elecciones a
cargos de elección popular, salvo
que se trate de provisión de cargos
por faltas definitivas, con ocasión de
muerte o renuncia irrevocable del
cargo correspondiente debidamente
aceptada, y en los casos de
aplicación de las normas de carrera
administrativa.

La posición de la parte actora se limita en que al momento de declarar
insubsistente el nombramiento del demandante se incurrió en la prohibición
estipulada en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, toda vez que
se hizo dentro del término de cuatro (4) meses anterior a la elección de
congresistas, es decir en el periodo de 9 de noviembre de 2013 al 9 de marzo
de 2014.

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Número interno: 1609-2017
Demandante: Luis Quinto Burgos Álvarez
Demandado: Nación – Instituto Nacional de Vías - INVIAS

La perspectiva de la entidad accionada la fundamenta en que la prohibición
de no modificar la nómina de los entes que conforman la Rama Ejecutiva del
poder se encuentra regulada en el artículo 32 de la Ley 996 de 2005 y al ser
norma especial es la que se aplica para estos entes públicos, no la contenida
en el parágrafo del artículo 38 de dicha ley, que es lo que se pretende por el
demandante que se haga extensiva a los entes públicos del orden nacional.

De lo anterior concluye, que la declaración de insubsistencia del actor se
efectuó con la Resolución No 06069 de 2 de diciembre de 2013, y la elección
presidencial fue el día 25 de mayo de 2014, quiere decir que las restricciones
comenzaron a contarse desde el 25 de enero de 2014, por lo tanto, el acto
acusado fue expedido antes del término, que prohibía su expedición.

Para efecto de lo señalado, debe precisarse que el Instituto Nacional de Vías
INVIAS, es un establecimiento público de orden nacional creado mediante
Decreto 2171 de 1992 reestructurado por Decreto 2618 de 2013.

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto 2618 de 2013, para el desarrollo de
sus funciones y procesos el Instituto Nacional de Vías (Invías) tendrá la
siguiente estructura:

4.1 Consejo Directivo
4.2 Dirección General
4.2.1 Oficina Asesora de Planeación
4.2.2 Oficina Asesora Jurídica
4.2.3 Oficina de Control Interno
4.3 Dirección Técnica
4.3.1 Subdirección de Estudios e Innovación
4.3.2 Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social
4.3.3 Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias
4.4 Dirección Operativa
4.4.1 Subdirección de la Red Nacional de Carreteras
4.4.2 Subdirección de la Red Terciaria y Férrea
4.4.3 Subdirección Marítima y Fluvial
4.4.4 Direcciones Territoriales
4.4.4.1 Dirección Territorial Antioquia
4.4.4.2 Dirección Territorial Atlántico

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Número interno: 1609-2017
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4.4.4.3 Dirección Territorial Bolívar
4.4.4.4 Dirección Territorial Boyacá
4.4.4.5 Dirección Territorial Caldas
4.4.4.6 Dirección Territorial Caquetá
4.4.4.7 Dirección Territorial Casanare
4.4.4.8 Dirección Territorial Cauca
4.4.4.9 Dirección Territorial Cesar
4.4.4.10 Dirección Territorial Chocó
4.4.4.11 Dirección Territorial Córdoba
4.4.4.12 Dirección Territorial Cundinamarca
4.4.4.13 Dirección Territorial Guajira
4.4.4.14 Dirección Territorial Huila
4.4.4.15 Dirección Territorial Magdalena
4.4.4.16 Dirección Territorial Meta
4.4.4.17 Dirección Territorial Nariño
4.4.4.18 Dirección Territorial Norte de Santander
4.4.4.19 Dirección Territorial Putumayo
4.4.4.20 Dirección Territorial Quindío
4.4.4.21 Dirección Territorial Risaralda
4.4.4.22 Dirección Territorial Santander
4.4.4.23 Dirección Territorial Sucre
4.4.4.24 Dirección Territorial Tolima
4.4.4.25 Dirección Territorial Valle
4.4.4.26 Dirección Territorial Ocaña
4.5 Dirección de Contratación
4.6 Secretaría General
4.6.1 Subdirección Administrativa
4.6.2 Subdirección Financiera
4.7 Órganos de Asesoría y Coordinación
4.7.1 Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno
4.7.2 Comisión de Personal

En cuanto al Manual Específico de Funciones y Requisitos para los empleos
del Instituto Nacional de Vías INVIAS se profirió la Resolución 3104 del 2004
la cual, en lo relacionado con el cargo de Director Territorial «cargo que
ocupaba el demandante» señaló que:

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO DIRECTOR TERRITORIAL
CÓDIGO GRADO 0042 – 14
UBICACIÓN Secretaria General Técnica
Dirección territorial donde se ubique el
DEPENDENCIA cargo
Secretario General Técnico
SUPERIOR INMEDIATO 26
NUMERO DE CARGOS

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Número interno: 1609-2017
Demandante: Luis Quinto Burgos Álvarez
Demandado: Nación – Instituto Nacional de Vías - INVIAS

Se infiere de lo indicado que el Instituto Nacional de Vías Invias es una entidad
de carácter nacional y que el cargo ejercido por el señor Luis Quinto Burgos
Álvarez, es considerado de libre nombramiento y remoción, al ser el
encargado de i) garantizar los procesos a su cargo, mediante una evaluación
permanente y el efectivo cumplimiento de la misión y visión del Instituto; ii)
supervisar y evaluar el estado de la infraestructura nacional a su cargo; iii)
garantizar en coordinación con la policía de carreteras el cumplimiento de las
normas referentes al uso de las vías, derechos de las zonas de carreteras y
protección de la seguridad de los usuarios de las mismas; iv) establecer
indicadores de gestión que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia
del área; v) prestar apoyo técnico a los entes territoriales en el proceso de
descentralización vial e informar sobre ello a la Secretaría General técnica; vi)
atender las emergencias en coordinación con la Oficina de Prevención y
Atención de Emergencias; vii) supervisar dentro de su jurisdicción, la
ejecución de los contratos de infraestructura a cargo de la entidad; viii)
ejecutar conforme a los direccionamientos dados por el nivel central del
Instituto, las actividades relacionadas con la administración del talento
humano, la gestión administrativa, financiera, legal, contractual y de
ordenamiento de gasto y pagos, entre otras, las cuales implican la necesaria
confianza de quien tiene a su cargo dicho tipo de responsabilidades.

Visto lo anterior se resalta las conclusiones a las que llegó la Sala de Consulta
y Servicio Civil del Consejo de Estado respecto de la interpretación de las
restricciones señaladas en la Ley 996 de 2005, las cuales se concretan en:

“i) Las normas establecen restricciones aplicables durante las
elecciones presidenciales y demás cargos de elección popular.

ii) Mientras el artículo 32 aplica a los servidores de la Rama Ejecutiva,
los artículos 33 y 38 cubren a todos los servidores públicos:

“A manera de colofón, debe precisar esta agencia judicial, que
la limitación contenido (sic) en el artículo 32 de la ley 996 de
2005, debe interpretarse en su sentido restrictivo- tal como lo
realizó la H. Corte Constitucional-, es decir, que los destinatarios
de la misma solo resultan ser los servidores de la rama ejecutiva

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Número interno: 1609-2017
Demandante: Luis Quinto Burgos Álvarez
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del poder público, quienes tiene (sic) un mayor poder de
nominación y un alto componente político, todo ello en aras de
salvaguardar los principios de la función administrativa
contenido el artículo 209 de la Carta Superior. A contrario sensu,
el contenido prohibitivo prescrito en el artículo 33 y 38 de la
prenombrada ley 996 de 2005, resulta aplicable a todos los
servidores públicos, incluidos por supuesto, los órganos que
inicialmente habían sido exceptuado por la misma normativa,
valga decir, los órganos del poder judicial, de control, electorales
y de seguridad, ello debido a los efectos de la sentencia C-1153
de 2005, pero en lo atinente a la prohibición de retiro del servicio,
solo deviene aplicable a funcionarios de carrera administrativa”.

iii) La prohibición de afectar o modificar la nómina contenida en los
artículos 32 y 38 de la Ley 996 de 2005 comporta en principio la
suspensión temporal de la facultad que tiene la autoridad pública
nominadora para realizar nuevas vinculaciones o desvincular a los
actuales servidores. Asimismo, implica que no se pueden crear nuevos
cargos.

iv) Las prohibiciones no son absolutas, pues la ley establece una serie
de excepciones, las cuales tienen como propósito mantener el equilibrio
entre los principios de moralidad administrativa y eficacia. Asimismo,
buscan proteger los intereses públicos y el cumplimiento de los fines del
Estado”.

Igualmente, el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil en
concepto del 1 de abril de 2014. Radicación número: 11001-03-06-000-2014-
00074-00. Radicación interna: 2207, precisó que los artículos 32 y 38
parágrafo de la Ley 996 de 2005, fijaron una serie de restricciones respecto
de las vinculaciones o modificaciones que se hagan a la nómina de las
entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional y
territorial en época preelectoral o de campaña electoral, cuyo ámbito material
se concreta en la imposibilidad de crear nuevos cargos y proveerlos. b) La
finalidad de dichas restricciones es procurar por la transparencia en el actuar
administrativo e impedir que las vinculaciones se hagan en busca de favores
políticos.

Asegura el accionante que en el sub-judice debe darse aplicación del inciso
final del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 lo que fundamenta en la sentencia
de la Corte Constitucional dado que en el nombramiento del demandante

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Número interno: 1609-2017
Demandante: Luis Quinto Burgos Álvarez
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interviene el señor Gobernador, por lo que la prohibición cobija a los cargos,
cuya nominación la hace el señor Gobernador.

Concluye el demandante que, si el cargo por el desempeñado era de orden
nacional, pero con funciones en el orden departamental y donde quien escoge
para la designación, es el Gobernador, existe la prohibición de su remoción
en el periodo prelectoral.

Aclara la Sala que el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, no atribuye en cabeza
de los establecimientos públicos nacionales funciones propias de las
entidades territoriales, sino que permite que éstos organicen seccionales o
regionales cuando las funciones correspondientes no estén asignadas a
aquellas.

Además, se reitera que el cargo desempeñado por el actor en el INVIAS, al
tratarse de una entidad del orden nacional, la restricción vigente era la
estipulada en el artículo 32 de la Ley 996 de 2005, precisamente por su
carácter especial pues es aplicable solo a la rama ejecutiva, mientras que las
prohibiciones establecidas en el artículo 38 de la misma norma resultan
extensibles a todos los entes del Estado.

Lo anterior tiene su sustento en que, la suspensión de las vinculaciones que
afecten a la nómina estatal durante el periodo en que el candidato Presidente
puede estar en campaña electoral, constituye una garantía de una mayor
equidad de condiciones entre este candidato -presidente- y los demás
aspirantes a la presidencia de la República, en cuanto a través de esas
vinculaciones se pueden buscar favores políticos, tal como lo consideró la
Corte Constitucional en la sentencia C-1153 de 2005.

De manera que aquellas normas que contienen prohibiciones como las
analizadas no pueden ser objeto de interpretación extensiva ya que su
aplicación debe ser restrictiva.

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Por consiguiente, como la declaración de insubsistencia del actor se efectuó
con la Resolución No 06069 de 2 de diciembre de 2013, y la elección
presidencial fue el día 25 de mayo de 2014, quiere decir que las restricciones
comenzaron a contarse desde el 25 de enero de 2014, por lo tanto, el acto
acusado fue expedido antes del término, sin que para ese momento estuviera
prohibida su expedición.

Al analizar un tema similar el Consejo de Estado mediante sentencia de fecha
de 29 de abril de 2021 con ponencia de la Doctora Sandra Lisset Ibarra
Vélez22, dijo:

“En el caso en concreto la recurrente sustentó el cargo de ilegalidad en
la presunta vulneración de las normas en que debió fundarse, puesto
que se desconoció el artículo 38 de la Ley 996 de 200523 por expedir el
acto de insubsistencia el 19 de noviembre de 2013, esto es, dentro de
los cuatro meses anteriores a las elecciones legislativas, como quiera a
partir del 9 de noviembre de 2013 empezó a regir el periodo de ley de
garantías electorales para elecciones legislativas,24 que prohibió iniciar,
continuar y concluir procesos de contratación directa durante los 4
meses anteriores a la elección.

Vistas las cosas de esa manera, en principio, sería dable amparar al
reclamo presentado por la señora María del Pilar Escovar Parra, por
cuanto resulta evidente que el acto acusado se produjo dentro de los 4
meses a que hace referencia el citado artículo; sin embargo, tal y como
se expuso anteriormente, es necesario tener en cuenta que esta
prohibición avanza de manera diferente dependiendo de la naturaleza
de la entidad.

22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 29 de abril de 2021. Magistrada Ponente Dra
Sandra Lisset Ibarra Vélez Radicado No. 250002342000201603884 01, No. interno: 4681-2017, Actora: María del
Pilar Escovar Parra, ddo: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
23
“(…) Por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de conformidad con el
artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo
02 de 2004, y se dictan otras disposiciones.
(…)
ARTÍCULO 38. PROHIBICIONES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS. A los empleados del Estado les está
prohibido:
(…)
PARÁGRAFO. Los gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de
entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital, dentro de los cuatro (4) meses anteriores
a las elecciones, no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni
participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen
como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista.
(…)”.
24
El artículo 207 del Código Electoral dispuso que las elecciones para integrar corporaciones públicas se realizarán
el segundo domingo de marzo del respectivo año, es decir, para elecciones de corporaciones públicas que hace
alusión la demandante transcurrieron el 9 de marzo de 2014.

37

Número interno: 1609-2017
Demandante: Luis Quinto Burgos Álvarez
Demandado: Nación – Instituto Nacional de Vías - INVIAS

Si es del orden territorial se aplica la prohibición de que trata el
parágrafo artículo 38 de la Ley 996 de 2005, lo cual implica que los
Gobernadores, Alcaldes Municipales y/o Distritales, Secretarios,
Gerentes y directores de Entidades Descentralizadas del orden
Municipal, Departamental o Distrital no puedan vincular o desvincular
personal o modificar la nómina estatal 4 meses antes de las elecciones
de los miembros del Congreso, Gobernadores, Alcaldes y otros;
mientras que si es del orden nacional, se debe dar aplicación a lo
establecido en el artículo 32 ibídem, ello quiere decir que los
nominadores de las entidades de la rama Ejecutiva del poder público en
sus diferentes órdenes «nacional y territorial», no pueden vincular o
desvincular personal o modificar la nómina estatal 4 meses antes de las
elecciones presidenciales.

Por ello, como en el sub-lite se trata de una entidad del orden nacional
adscrito al Ministerio de Defensa, no es posible acoger el argumento
que trajo en su defensa el recurrente, concretamente, porque la
prohibición de vincular o desvincular personal o modificar la nómina
estatal de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
empezó a partir del 25 de enero de 2013, cuando ya se había proferido
la Resolución 20137000077907 de 19 de noviembre de 2013 «acto
acusado».

Al compartir la Sala los argumentos transcritos en la parte pertinente se
declarará no probado el cargo estudiado.

3.- Violación al debido proceso

Sustenta el cargo el recurrente en que a pesar de que el director del INVIAS
no dejó constancia de los motivos por los cuales declaró la insubsistencia del
demandante, si existen hechos que permiten conocer cuales fueron esos
motivos.

Asegura que si el día 25 de noviembre de 2013, informaron al director
Nacional del INVIAS, sobre presuntas anomalías cometidas por el
demandante y el día 03 de diciembre del mismo año, este mismo director
general, declaró insubsistente el nombramiento, indica con claridad que la
remoción está motivada por estas razones de presuntas irregularidades, con
lo que se violó el debido proceso, porque esta insubsistencia, en realidad fue
una destitución sin haberle dado la oportunidad de ejercer su defensa.

38

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Demandante: Luis Quinto Burgos Álvarez
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Advierte la Sala, que efectivamente en contra del demandante se dispuso la
apertura de indagación preliminar el día 1º de abril de 2014, dentro del
expediente 562-2103, por parte del Grupo de Control Disciplinario Interno del
INVIAS25, en donde se consideró que: “Mediante memorando SGT 76196, de
fecha 20 de noviembre de 2013, el Doctor Germán Grajales Quintero, informa
presuntas anomalías en el proceso de contratación identificado con el No SA-
MC-DT-COR-09-2013, adelantado por personal adscrito a la Dirección
Territorial Córdoba. Posteriormente con memorando OCI 77441 del 25 de
noviembre de 2013, el Jefe de la Oficina de Control Interno, Dr. Juan Manuel
Bello Jaramillo, informa que con memorando OCI 77433 puso en
conocimiento del Director del INVIAS, presuntas irregularidades dentro del
proceso de contratación ya señalado, así como dentro del proceso No SA-
MC-DT-COR-010-2013 de la misma territorial”.

Contrario a lo manifestado debe aclararse que el hecho de estar siendo
investigado disciplinariamente no le confiere fuero de inamovilidad al
funcionario, en razón a que la facultad discrecional de retiro de los empleados
de libre nombramiento y remoción es independiente de la facultad
sancionadora, sería absurdo afirmar que un servidor público cuando está
siendo investigado disciplinariamente no puede el nominador hacer uso de la
potestad discrecional.

Frente a lo señalado se resalta que la actuación disciplinaria y la facultad
discrecional son figuras jurídicas independientes, autónomas y reguladoras
de aspectos diversos de la ley, por lo tanto, no había obligación de sobreponer
la acción disciplinaria sobre la facultad discrecional; lo que si debía cursarse
era el proceso disciplinario en forma independiente, como se hizo al disponer
la apertura de la indagación preliminar en contra del demandante.

25
Folios 496 al 499 del cuaderno principal

39

Número interno: 1609-2017
Demandante: Luis Quinto Burgos Álvarez
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De otra parte, en algunas oportunidades se ha sostenido que cuando es
procedente adelantar la respectiva investigación disciplinaria y no se hace, se
puede estar ante una destitución disfrazada, lo que no ocurrió pues tal como
se afirmó anteriormente en contra del accionante, dentro de la oportunidad se
abrió la respectiva indagación preliminar.

Igualmente, no era necesario esperar el resultado de la investigación
disciplinaria iniciada en contra del demandante por las presuntas
irregularidades dentro de procesos contractuales, para hacer uso de la
facultad discrecional, además que habiéndose adelantado la respectiva
investigación esta fue archivada.

En el caso concreto y revisado el material probatorio, la Sala no encuentra
sustento que permita inferir que el acto expedido por el Director General del
INVIAS que declaró insubsistente el nombramiento del actor fue expedido por
razones distintas al buen servicio público. Los actos administrativos gozan de
presunción de legalidad por lo que quien pretenda desvirtuar dicha
presunción, debe demostrar debidamente dentro del proceso que la
verdadera motivación del acto discrecional obedeció a razones ajenas y
diferentes al buen servicio generándose, en consecuencia, una desviación del
poder lo que no sucedió en el caso estudiado.

En atención a lo previamente señalado, la Sala comparte la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda, pues el demandante no
desvirtuó la presunción de legalidad del acto administrativo a través del cual fue
retirado del servicio.

III. DECISIÓN

Visto lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia del Tribunal
Administrativo de Córdoba que negó las pretensiones de la demanda.

40

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Demandante: Luis Quinto Burgos Álvarez
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En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 15 de diciembre de 2016, proferida
por el Tribunal Administrativo de Córdoba, por las razones esbozadas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Se deja constancia que esta providencia se firma en forma
electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital
que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada
esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CARMELO PERDOMO CUÉTER

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