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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2014-00352-02

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2014-00352-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR FUNDADA la manifestación de impedimento realizada por el consejero de Estado Luis Eduardo Mesa Nieves. Por lo tanto, se le separa del conocimiento del presente asunto. Segundo. CONFIRMAR la sentencia proferida veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Córdoba, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Tercero. CONDENAR en costas a la parte demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Córdoba. Cuarto. RECONOCER personería al abogado Carlos Felipe Manuel Remolina Botía, identificado con la cédula de ciudadanía 7.166.818 y portador de la tarjeta profesional 113.852 del C.S. de la J., para representar los intereses de la Procuraduría General de la Nación, conforme al poder que obra en el índice 00014 de SAMAI. Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 23001-23-33-000-2014-00352-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 23001-23-33-000-2014-00352-01 (5570-2023)
Demandantes: Maria del Rosario Domínguez Pastrana
Demandado: Procuraduría General de la Nación

Tema: Estructura de la responsabilidad disciplinaria. CONFIRMA
SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante en contra de
la sentencia proferida el veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora María del Rosario Domínguez Pastrana instauró demanda en
contra de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias expedidas el 19 de
julio de 2012 y el 25 de febrero de 2013 por Procuraduría Regional de Córdoba y la
Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal, respectivamente, mediante las
cuales fue sancionada con destitución e inhabilidad general por el término de once
(11) años.

3. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se revoque la sanción
impuesta y se condene al pago de las indemnizaciones económicas que resulten
demostradas, de perjuicios morales estimados en la suma de $50.000.000,
debidamente indexados y se ordene su reintegro al cargo de profesional
especializada, que ocupaba en la ESE Hospital San Jerónimo de Montería cuando

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se hizo efectiva la medida disciplinaria, junto con el pago de los salarios y
prestaciones sociales que dejó de percibir.

HECHOS

4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

5. Que el 25 de junio de 2011 suscribió con la Red Alma Mater un contrato de
arrendamiento de vehículo automotor; acto que se circunscribió a su vez al convenio
interadministrativo suscrito entre la referida red y la Corporación Regional de los
Valles del Sinú y del San Jorge (CAR CVS).

6. Agregó que para la fecha en que celebró el contrato con la Red Alma Máter
ostentaba la calidad de servidora pública, pues tenía el cargo de director
administrativo con funciones de inspección, control y vigilancia en la Secretaría de
Desarrollo de la Salud del departamento de Córdoba; no obstante, su contratante
se identificó como una persona jurídica sin ánimo de lucro.

7. Con fundamento en lo anterior, por auto del 5 de marzo de 2012 la
Procuraduría Regional de Córdoba inició una investigación disciplinaria, en el marco
de la cual se expidió pliego de cargos el 30 de abril del mismo año, porque
presuntamente el 25 de junio de 2011 celebró el contrato de prestación de servicios
RAM-CVS-016-2011-CONV-509-11-030 «(…) incurriendo posiblemente en la
inhabilidad señalada en el literal f) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993
y el artículo 127 de la Norma superior».

8. Que fue destituida e inhabilitada por el término de 11 años por auto del 19 de
julio de 2012, medida que se confirmó el 25 de febrero de 2013 y cuya ejecución
fue suspendida con ocasión de una orden de tutela impartida el 30 de abril de 2013
por el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba-Sala Disciplinaria; luego
revocada el 29 de mayo del mismo año por el Consejo Superior de la Judicatura.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

9. Constitución Política: artículos 2, 6, 13, 49, 51, 58, 64, 65, 78, 80, 87, 90, 122,
150, 208, 209, 331, 339 y 340; Código Civil: artículos 2341, 2344, 2350 y 2351;
Código General del Proceso: artículos 42, 73, 82 y 88; Ley 1437 de 2011: artículos
103, 104, 140, 152.6, 157 y 159 y ss.; Ley 734 de 2002: artículos 4, 5, 6, 9, 13, 15,
17, 18, 20, 21, 90, 92, 07, 100, 129, 141 a 143, 163, 170.

10. Considera que la demandada desconoció el principio de investigación
integral y, en esa medida, desde la indagación preliminar, se ocupó de buscar
sustentos para la «queja etérea» que se formuló, lo que implicó que la autoridad
disciplinaria solo se preocupara por determinar su condición de servidora pública,
situación que nunca se ocultó.

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11. Que en la investigación nunca se hizo referencia a la calidad de entidad
descentralizada indirecta de la Red Alma Mater, ni a la naturaleza de los convenios
interadministrativos y, por lo mismo, no se tuvo en cuenta que las personas jurídicas
sin ánimo de lucro que se conforman por la asociación exclusiva de entidades
públicas se sujetan a las disposiciones previstas en el Código Civil y en las normas
para este tipo de entidades.

12. Que por lo anterior se incurrió en falsa motivación, porque el cargo
disciplinario giró en torno a la supuesta inhabilidad para contratar con el Estado
como servidora pública, cuando el contrato fue celebrado con una persona jurídica
sin ánimo de lucro y de derecho privado, pues la Red Alma Mater, al contratar como
consecuencia de la ejecución de un convenio interadministrativo, lo hace bajo el
régimen privado.

13. Agregó que la falsa motivación también se derivó de una indebida valoración
probatoria, porque la autoridad disciplinaria tergiversó el contenido y alcance de los
medios de prueba y, por ello, no verificó la calidad de la persona jurídica contratante,
ni los problemas que dicha entidad había tenido con los entes de control por cuenta
de su actividad contractual. No se tuvo en cuenta que los estatutos de la Red Alma
Mater señalan que es una entidad descentralizada indirecta con personería jurídica,
sin ánimo de lucro y que se rige por las disposiciones del Código Civil. Además, en
el contrato, dicha organización no indicó que se tratara de una persona jurídica de
derecho público, lo que implica que fue el mismo contratante quien la hizo incurrir
en un error invencible y, aunque el contrato se llamó «de prestación de servicios»,
en realidad tenía por cometido el arrendamiento de vehículos.

14. También sustentó la falsa motivación por inadecuada interpretación o falta de
aplicación de los artículos 9 y 13 de la Ley 734 de 2002, pues se desconoció la
presunción de inocencia por la actuación parcializada de la autoridad disciplinaria y
se imputó responsabilidad objetiva, lo que se explica en la contradicción en que se
incurrió para variar la forma de culpabilidad de dolo a culpa gravísima.

15. Que no existió proporcionalidad en la determinación de la sanción, porque no
se aplicaron los artículos 43, 44 y 47 de la norma disciplinaria y, en esa medida, no
hay valoración de las circunstancias favorables o desfavorables que rodearon la
ejecución de la conducta imputada. Que no es cierto que hubiese «asaltado» la
buena fe de la entidad contratante, porque nunca ocultó su condición de servidora
pública.

16. Además, se desconoció que en su actuación se configuró una causal de
exclusión de la responsabilidad disciplinaria, pues obró con la convicción de que se
conducta no era constitutiva de falta, pues el hecho de no poder contratar con el
Estado nunca le fue puesto de presente, sumado a que la Red Alma Mater estaba
inscrita ante la Cámara de Comercio de Pereira y «cualquier persona sabría que las
entidades públicas no se registran ante las cámaras de comercio» ni se constituyen
por escritura pública, lo que lleva a la configuración de un error invencible.

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TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

17. La demanda fue admitida el 15 de mayo de 20151. En esta providencia se
rechazó la pretensión de reintegro al cargo que la demandante ostentaba en el ESE
Hospital San Jerónimo, pues no se incluyó al agotar el requisito de conciliación
extrajudicial.

18. La entidad demandada se opuso a las pretensiones, por considerar que en
el trámite disciplinario se actuó con apego a la Constitución y la ley y se garantizó
el ejercicio del derecho de defensa y contradicción. Agregó que de acuerdo con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, el juez de lo contencioso administrativo ejerce
un control de legalidad amplio sobre los actos sancionatorios; lo que en modo
alguno significa que la jurisdicción se transforme en una tercera instancia, en la
medida en que sobre ellos no se realiza un examen de corrección sino de validez.

19. Destacó que el objeto del trámite disciplinario consistió en establecer si el
hecho de que la demandante contratara con la Red Alma Mater cuando ostentaba
la calidad de funcionaria pública, daba lugar a una sanción disciplinaria, respecto de
lo cual dijo que, contrario a lo manifestado en la demanda, la autoridad sí analizó la
naturaleza jurídica de la contratante, pues derivado de allí se advirtió que se habría
incurrido en la falta disciplinaria del artículo 48.17 de la Ley 734 de 2002.

20. Que la demandante no puede exculparse con el argumento según el cual fue
la entidad contratante quien la hizo incurrir en un error invencible, porque así la Red
Alma Mater no hubiese realizado reproche alguno, era su responsabilidad verificar
si en su condición de servidora pública podía estar incursa en alguna causal de
inhabilidad, máxime cuando en el mismo contrato que suscribió se estipuló que «el
contratista manifiesta que no se encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad
para la celebración de contratos».

21. Señaló que se está ante una prohibición de rango constitucional, consagrada
en el artículo 127 de la Carta y que el comportamiento de la demandante no se
circunscribió a ninguna de las excepciones que la misma disposición consagra. De
allí que no resulte trascendente el presunto error que alega la señora Domínguez
Pastrana, pues como funcionaria pública debió verificar que su actuación
encuadrara en alguna de las exclusiones del texto constitucional y de las normas
legales.

22. Propuso como excepción el indebido agotamiento del requisito de
procedibilidad2.

1 La demanda se radicó ante el Consejo de Estado, Corporación que por auto del 14 de mayo de 2014 la remitió

por competencia al Tribunal Administrativo de Córdoba (véanse páginas 84 a 87 del archivo «01 expediente
_230012333000201400352», disponible en la carpeta «ED_EXPDIGITA_23001233300020140035(.zip)»,
visible en el índice 00002 de SAMAI). Por auto del 13 de marzo de 2015 fue inadmitida para que se acreditara
el requisito de procedibilidad respecto de la pretensión relacionada con el reintegro al cargo que ocupaba en la
ESE Hospital San Jerónimo (véanse páginas 96 a 98 del archivo «01 expediente _230012333000201400352»,
disponible en la carpeta «ED_EXPDIGITA_23001233300020140035(.zip)», visible en el índice 00002 de
SAMAI).
2 Véanse páginas 125 a 138 del archivo «01 expediente _230012333000201400352», disponible en la carpeta

«ED_EXPDIGITA_23001233300020140035(.zip)», visible en el índice 00002 de SAMAI.

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23. Se celebró audiencia inicial el 31 de mayo de 20173, en la que se declaró no
probada la excepción propuesta por la demandada. La entidad apeló la decisión y
el recurso se concedió en el efecto suspensivo. El Consejo de Estado, en auto del
27 de junio de 20194, confirmó lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Córdoba.

24. La audiencia inicial se reanudó el 3 de marzo de 2021. En esta oportunidad
se fijó el litigo y se ofició a la demandada para que remitiera el expediente de la
actuación disciplinaria, identificado con el radicado IUS 2011-463949/IUC-D-2012-
50-4739495.

25. En respuesta, la entidad informó que dicho expediente fue hurtado de sus
dependencias6. Por auto del 8 de abril de 2022 se cerró el periodo probatorio y se
corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público
para que rindiera su concepto7; luego de lo cual se dictó sentencia, que fue apelada
en el plazo oportuno por la demandante.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

26. El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia del veinticinco
(25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)8, negó las pretensiones, tras concluir que
no se acreditó vicio alguno en la expedición de los actos demandados.

27. Advirtió que no se contaba con pruebas documentales que dieran cuenta de
las actuaciones surtidas, pues no fueron aportadas con la demanda y, por su parte,
la entidad informó que dicho expediente disciplinario fue hurtado de sus
instalaciones.

28. Con todo, se refirió a los antecedentes y actuaciones de las que daban cuenta
los actos demandados, de lo que destacó que la autoridad disciplinaria encontró
acreditado que la señora Domínguez Pastrana celebró el contrato de prestación de
servicios RAM-CVS-016-2011-CONV-509-11-030 con la Red Alma Mater, entidad
que conforme a sus estatutos (Acuerdo 03 del 10 de octubre de 2010) era de
naturaleza pública, lo que significaba que se habría incurrido en la inhabilidad
prevista en el literal f) del artículo 8.1 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 127 de la
Constitución Política. Lo que se calificó como una falta gravísima, en los términos
del artículo 48.17 de la Ley 734 de 2002, ejecutada a título de dolo.

29. Que, por su parte, la demandante no acreditó que la actuación disciplinaria
se hubiese desplegado de forma parcializada ni que los actos se encontraran

3
Véanse páginas 154 a 158 del archivo «01 expediente _230012333000201400352», disponible en la carpeta
«ED_EXPDIGITA_23001233300020140035(.zip)», visible en el índice 00002 de SAMAI.
4 Véanse páginas 172 a 178 del archivo «01 expediente _230012333000201400352», disponible en la carpeta

«ED_EXPDIGITA_23001233300020140035(.zip)», visible en el índice 00002 de SAMAI.
5 Véase archivo «08 Audiencia inicial», disponible en la carpeta
«ED_EXPDIGITA_23001233300020140035(.zip)», visible en el índice 00002 de SAMAI.
6 Véase archivo «10 Agregar memorial», disponible en la carpeta
«ED_EXPDIGITA_23001233300020140035(.zip)», visible en el índice 00002 de SAMAI.
7 Véase archivo «15 Auto concede termino», disponible en la carpeta
«ED_EXPDIGITA_23001233300020140035(.zip)», visible en el índice 00002 de SAMAI.
8 Véase archivo «19 Sentencia», disponible en la carpeta «ED_EXPDIGITA_23001233300020140035(.zip)»,

visible en el índice 00002 de SAMAI.

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falsamente motivados.

30. Que pese a que en el contrato de prestación de servicios se indicó que la
Red Alma Mater era una persona jurídica sin ánimo de lucro, constituida mediante
acta número 00004 e inscrita en la Cámara de Comercio de Pereira, bajo el número
3680; al consultar el Acuerdo 03 de 2010, el artículo 2 dispone que se trata de una
entidad estatal, con personería jurídica, sin ánimo de lucro, de carácter gremial y
académico, que asocia a instituciones de educación superior estatales, en los
términos del artículo 95 de la Ley 489 de 1998; norma que en el inciso segundo
señala que «[l]as personas jurídicas sin ánimo de lucro que se conformen por la
asociación exclusiva de entidades públicas, se sujetan a las disposiciones previstas
en el Código Civil y en las normas para las entidades de este género».

31. De acuerdo con lo anterior, si bien los actos y contratos de la Red Alma Mater
se rige por las normas de derecho privado, ello no muta su naturaleza de entidad
estatal, pues conforme al artículo 2 de la Ley 80 de 1993 a tal categoría pertenecen
las «entidades descentralizadas indirectas», naturaleza a la que tampoco se opone
el registro ante las cámaras de comercio, como también ocurre, por ejemplo, con
Ecopetrol o con La Previsora S.A.

32. Que tampoco resulta relevante la tipología contractual celebrada entre la
demandante y la Red Alma Mater, pues el artículo 127 constitucional prohíbe a los
servidores públicos la celebración de cualquier contrato con entidades públicas; y
tampoco era necesario ahondar en el convenio suscrito entre la Red y la CAR CVS.

33. Destacó que la sanción impuesta resultó proporcional en los términos del
artículo 46 de la Ley 734 de 2002 y que no era de recibo el argumento relacionado
con la configuración de un error invencible, porque a la contratista, dada su calidad
de empleada pública, le correspondía cerciorarse de que con su actuar no incurría
en una inhabilidad, de manera que mal podría atribuir a la contratante la
responsabilidad por no realizar observación alguna.

34. Se abstuvo de condenar en costas.

RECURSO DE APELACIÓN

35. La demandante9 interpuso recurso de apelación, en el cual señaló que la
imposibilidad de la demandada de aportar los antecedentes administrativos no
facilitó la oportunidad de controvertir probatoriamente los hechos en que se funda
la demanda y, en esa media, la decisión se basó en la simple lectura de los actos
demandados.

36. Insistió en que la Red Alma Mater tiene como naturaleza jurídica ser una
entidad descentralizada de orden indirecta, sin ánimo de lucro y que se rige por las
normas del derecho civil, lo que se extrae del artículo 6 de sus estatutos, pues allí
se dice que está facultada para celebrar contratos y convenios con sujeción a las

9 Véase archivo «21RecursoApelaciónParteDemandante», disponible en la carpeta
«ED_EXPDIGITA_23001233300020140035(.zip)», visible en el índice 00002 de SAMAI.

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disposiciones del Código Civil, a lo que se debe agregar que según lo dispone el
artículo 13 de la Ley 80 de 1993 los temas no reglados por el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública se rigen por las normas civiles y
comerciales.

37. Que lo anterior da cuenta de que se trata de una entidad regida por el derecho
privado, lo que implica que el contrato que suscribió con ella, en su condición de
persona natural, se debe catalogar como un simple acto de comercio, que no está
prohibido a ningún funcionario público; situación que además la exonera de dolo o
de culpa y que lo dicho por el Tribunal, respecto de que no era necesario ahondar
en las particularidades del convenio suscrito entre la Red Alma Mater y la CAR CVS
va en contravía de la certificación de la Cámara de Comercio de la primera.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

38. El 20 de octubre de 202310 fue admitido el recurso de apelación. En esta
providencia se dispuso que dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la
decisión el proceso ingresaría a Despacho para sentencia, salvo que las partes
presentaran solicitud probatoria y se indicó que el Ministerio Público podía emitir su
concepto hasta antes de que el proceso ingresara a Despacho.

39. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa
procesal.

40. Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Cuestión previa

41. Mediante escrito del 11 de febrero de 2026 el consejero Luis Eduardo Mesa
Nieves manifestó encontrarse impedido para conocer del asunto de la referencia,
con fundamento en la causal prevista en el numera 2 del artículo 141 del Código
General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 130 de la Ley 1437 de 2011.

42. Indicó que en su condición de magistrado del Tribunal Administrativo de
Córdoba suscribió la providencia apelada11, razón por la cual solicitó ser separado
del conocimiento del asunto.

43. Cabe destacar que el régimen de impedimentos busca garantizar la
imparcialidad e independencia en las decisiones adoptadas por las autoridades
judiciales. En esa medida, a través de esta figura pretende evitarse que existan
situaciones de hecho que puedan comprometer el criterio que asuman aquellas en
las providencias que profieran dentro de los asuntos asignados para su
conocimiento.

10 Véase índice 00004 en SAMAI.
11 Actuación visible en el índice 35 de la plataforma SAMAI de primera instancia .

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44. Así las cosas, cuando un funcionario judicial advierta que se encuentra
impedido, deberá manifestarlo, con el fin de salvaguardar los principios que rigen la
debida administración de justicia.

45. En cuanto a las causales para manifestar impedimento, el artículo 130 de la
Ley 1437 de 2011 prevé como tales para los magistrados y jueces administrativos,
entre otras, las previstas en el artículo 141 del Código General del Proceso el cual,
en su numeral 2º dispone: «[h]aber conocido del proceso o realizado cualquier
actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o
algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente».

46. En vigencia del Código de Procedimiento Civil, la Sentencia C-390 de 1993
(M.P. Alejandro Martínez Caballero), al analizar la constitucionalidad del artículo 150
de dicho estatuto, precisó que la causal de impedimento consistente en «[h]aber
conocido del proceso en instancia anterior, el juez, su cónyuge o algunos de sus
parientes indicados en el numeral precedente», correspondía a aquellas
clasificadas como objetivas, pues de su redacción se concluyó que bastaba con
acreditar que en el caso concreto se configuraba el supuesto de hecho consagrado
en la norma.

47. El anterior razonamiento puede trasladarse a la causal segunda del artículo
141 del Código General del Proceso, en la medida en que fue regulada en similares
términos a la que entonces se consagraba en el Código de Procedimiento Civil.

48. En esos términos, al analizar la manifestación del consejero Luis Eduardo
Mesa Nieves, la Sala encuentra que, en efecto, se desempeñó como magistrado
del Tribunal Administrativo de Córdoba y que, en tal condición, hizo parte de la Sala
de decisión que suscribió la sentencia del 25 de mayo de 202312, con lo cual se
satisface el supuesto consagrado en la norma, pues conoció del proceso en
instancia anterior y, en consecuencia, se declarará fundada su manifestación.

49. Dicho lo anterior, corresponde a la Sala determinar si los actos
administrativos demandados se encuentran viciados de nulidad, porque la autoridad
no analizó, en el marco del juicio de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, la
naturaleza de la entidad que fungió como contratante de la demandante, ni el
régimen jurídico aplicable a sus actos y negocios y, en esa medida, la decisión
apelada debe revocarse, por tratarse de aspectos que el Tribunal Administrativo de
Córdoba no tuvo en cuenta.

50. Con este fin, la providencia se referirá a la estructura de la responsabilidad
disciplinaria y abordará el caso concreto.

Estructura de la responsabilidad disciplinaria

51. De conformidad con el artículo 27 de la Ley 734 de 2002, «las faltas
disciplinarias se realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes

12 Véanse folios 239 a 246 reverso del expediente.

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propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus
funciones». La disposición también prevé que «[c]uando se tiene el deber jurídico
de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo». De
esta forma, el alcance disciplinario de un comportamiento puede provenir, en
términos amplios (i) de una conducta positiva, (ii) de una abstención o (iii) de la
extralimitación en el ejercicio de las funciones13.

52. Advertido que bajo alguna de las formas señaladas se ha incurrido en un
comportamiento con incidencia disciplinaria, a continuación, el régimen normativo
exige el examen de tres elementos: la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad.

53. El primero, íntimamente relacionado con el principio de legalidad contenido
en el artículo 4 de la Ley 734 de 2002, se refiere a que el comportamiento
efectivamente se consagre en las disposiciones aplicables como una falta
disciplinaria; el segundo exige que se evalúe si la conducta afecta el deber funcional
sin justificación alguna, lo que para el caso concreto corresponde al alcance del
artículo 5 del Código Disciplinario Único14; el tercero tiene que ver con la
proscripción de responsabilidad objetiva en materia disciplinaria15 y se concreta en
la exigencia, para el operador disciplinario, de analizar si ese comportamiento que
la norma aplicable consagra como falta disciplinaria, con el cual se lesionó un deber
funcional sin justificación alguna, se ejecutó de manera dolosa o culposa.

54. Si bien las disposiciones disciplinarias del régimen aplicable al demandante
no contienen una noción de dolo, en virtud del principio de integración normativa del
que trata el artículo 21 de la Ley 734 de 2002, es posible acudir al sentido de dolo
consagrado en el artículo 22 de la Ley 599 de 2000, según el cual «[l]a conducta es
dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal
[entiéndase disciplinaria] y quiere su realización. También será dolosa la conducta
cuando la realización de la infracción penal [entiéndase disciplinaria] ha sido
prevista como probable y su no producción se deja librada al azar» (corchetes fuera
del texto original).

55. Por su parte, el parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 contiene un
sentido para la culpa en sus formas gravísima y grave. Según esta disposición, la
culpa es gravísima cuando «(…) se incurra en falta disciplinaria por ignorancia
supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio
cumplimiento» y es grave «(…) cuando se incurra en falta disciplinaria por
inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a
sus actuaciones».

13 Al respecto, cfr. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Providencia del 28 de septiembre de

2006. Radicado 11001-03-06-000-2006-00105-00 (C). Consejero Ponente: Luis Fernando Álvarez Jaramillo: «El
legislador identificó los tipos de conducta que pueden llevar a un servidor público a incurrir en faltas
disciplinarias, al señalar en el artículo 27 de la Ley 734 de 2002, que éstas se presentan por acción u omisión
en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de
sus funciones».
14 Ley 734 de 2001. «Artículo 4. Ilicitud sustancial. La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin

justificación alguna».
15 Ley 734 de 2002. «Artículo 13. Culpabilidad. En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de

responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa».

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56. En términos generales, ambas formas de culpabilidad requieren, para su
configuración, del conocimiento que el servidor público tiene acerca de cumplir
adecuadamente sus funciones y de aquellas actuaciones que le están proscritas.
Ahora, para concluir que un comportamiento es doloso, hay que sumar a ese
conocimiento un elemento volitivo, que tiene que ver con un direccionamiento
consciente a la obtención de un resultado que contraríe los deberes o configure una
prohibición o, con la decisión de dejar librado al azar la producción de un resultado
contrario a derecho.

57. Ahora bien, para concluir que un comportamiento es culposo es necesario
validar que con la actuación se desatendió el deber objetivo de cuidado, esto es,
que, estando un servidor público en posibilidad de conocer los deberes y
prohibiciones propios de su cargo o función, actuó de manera negligente y, en
consecuencia, se configuró la conducta disciplinable16.

Caso concreto

58. Como quedó acreditado en el trámite ante la primera instancia, la
Procuraduría General de la Nación informó que el expediente contentivo de la
actuación disciplinaria adelantada en contra de la señora Maria del Rosario
Domínguez Pastrana fue hurtado de sus dependencias.

59. Esta circunstancia, como se advierte en el recurso de apelación, imposibilita
el estudio de los medios de prueba recaudados en el procedimiento sancionatorio,
pero no implica que la autoridad judicial no pueda analizar la legalidad de los actos
que se demandan, máxime cuando en el ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho es la parte quien tiene la carga de probar que estos se
encuentran viciados por alguna o algunas de las causas que contempla el artículo
137 de la Ley 1437 de 2011 o porque resultan lesivos del debido proceso, en los
términos decantados por la jurisprudencia de esta Corporación.

60. Lo anterior, para destacar que el análisis desplegado por el Tribunal
Administrativo de Córdoba se enmarcó en las exigencias jurisprudenciales vigentes
y, en ese marco, encontró que la demandante no acreditó que en la expedición de
las decisiones disciplinarias se hubiese incurrido en falsa motivación o que la
autoridad hubiese actuado de manera parcializada.

61. Aclarado este aspecto, el recurso de apelación se sustenta en que, en virtud
de la naturaleza jurídica y del régimen jurídico aplicable a la Red Alma Mater, el
contrato que se celebró entre aquella y la demandante no pasa de ser un mero acto
de comercio regido por las normas de derecho privado, en virtud de los estatutos de
la contratante y de las previsiones normativas de la Ley 80 de 1993.

62. Dicho argumento, visto desde la óptica de la responsabilidad disciplinaria
significaría que no se acreditaron los presupuestos para la existencia de una

16 Sobre el análisis del dolo y la culpa disciplinarias, cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A.

Sentencia del 24 de enero de 2019. Radicado 11001-03-25-000-2012-00340-00 (1338-2012). Consejero
Ponente: William Hernández Gómez.

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Radicado: 23001-23-33-000-2014-00352-01 (5570-2023)

conducta disciplinable, pues si la señora Domínguez Pastrana celebró un mero acto
privado, no habría lesionado el régimen de inhabilidades que le era aplicable en su
condición de servidora pública y, por esa vía, el comportamiento investigado
resultaría atípico.

63. En la actuación disciplinaria quedó claro que la demandante, para la fecha
en que celebró el contrato RAM-CVS-016-2011-CONV-509-11-030 tenía la calidad
de servidora pública. De manera concreta, se desempeñaba como directora
administrativa con funciones de inspección, control y vigilancia de la Secretaría de
Desarrollo de la Salud, código 009, grado 01 del Departamento de Córdoba17;
asunto que de hecho no fue objetado por la demandante, ni en el trámite
sancionatorio ni en sede del medio de control.

64. También se acreditó la celebración del contrato RAM-CVS-016-2011-CONV-
509-11-030, con fecha de suscripción del 25 de julio de 2011, entre la demandante
y la Red Alma Mater, con el siguiente objeto:

«El contratista se compromete con la Red Alma Mater en desarrollo del Contrato
Interadministrativo No. 016 de 2011 a prestar los servicios de alquiler de
vehículos tipo camioneta para el transporte de personal de la Corporación
en los 30 Municipios y cada una de las veredas y corregimientos en el área
de su jurisdicción, para ejercer el control y seguimiento a licencias
ambientales, permisos, concesiones y apoyar los diferentes proyectos,
programas adelantados por la CVS.»18 (negrillas y subrayas en el original).

65. Para la Procuraduría General de la Nación, lo anterior implicó que la señora
Domínguez Pastrana incurrió en la prohibición del artículo 127 constitucional, según
el cual, «[l]os servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta
persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con
personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las
excepciones legales» y, con ello, en la causal de inhabilidad del artículo 8.1, literal
f) de la Ley 80 de 1993, que dispone que «[s]on inhábiles para participar en
licitaciones y para celebrar contratos con el Estado [/] f) Los servidores públicos».

66. En los actos cuestionados se destacó que esta circunstancia llegó a que el
30 de abril de 2012 se formulara el siguiente cargo:

«Haber celebrado el 25 de junio de 2011 el Contrato de Prestación de Servicios
No. RAM-CVS-0169-2011-CONV-509-11-030 cuyo objeto es (…); con la RED
DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS DEL EJR CAFETERO PARA EL
DESARROLLO REGIONAL- RED ALMA MATER; pese a su condición de
servidora pública - DIRECTOR ADMINISTRATIVO CON FUNCIONES DE
INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO DE LA SALUD, CÓDIGO 009, GRADO 01 en el Departamento
de Córdoba- incurriendo posiblemente en la inhabilidad señalada en el literal f)

17 En la decisión disciplinaria de primera instancia, como pruebas del supuesto fáctico, se relacionó la constancia

expedida el 14 de marzo de 2012 por el director administrativo con funciones de personal del Departamento de
Córdoba, que daba cuenta de que «(…) la investigada, estuvo al servicio del departamento de Córdoba desde
el 1° de septiembre de 2008 al 28 de diciembre de 2011 (…)». (véase página 9 del archivo «01 expediente
_230012333000201400352», disponible en la carpeta «ED_EXPDIGITA_23001233300020140035(.zip)»,
visible en el índice 00002 de SAMAI).
18 Véanse páginas 24 a 29 del archivo «01 expediente _230012333000201400352», disponible en la carpeta

«ED_EXPDIGITA_23001233300020140035(.zip)», visible en el índice 00002 de SAMAI.

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del numeral 1° del artículo 8 de la ley (sic) 80 de 1993 y vulnerando
posiblemente con su actuar la prohibición contenida en el artículo 127 de la
Norma Superior» (mayúsculas en el texto original).

67. El comportamiento se adecuó típicamente al artículo 48.17 de la Ley 734 de
2002, según el cual constituye falta disciplinaria gravísima «[a]ctuar u omitir, a pesar
de la existencia de causales de incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses,
de acuerdo con las previsiones constitucionales y legales».

68. Llegados a este punto, cabe recordar que el juicio de tipicidad, primer
elemento de la responsabilidad disciplinaria exige que la conducta que se reprocha
a un servidor público esté prevista en el ordenamiento como una falta disciplinaria,
bien sea de aquellas que de manera taxativa señala el artículo 48 de la Ley 734 de
2002, o que se trate de las que, bajo la categoría de los tipos abiertos o en blanco,
se deban complementar por remisión a otras disposiciones legales o
reglamentarias.

69. Lo que significa que el correcto análisis de este elemento debió llevar a
concluir que una servidora pública actuó o incurrió en una omisión, pese a existir
una causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés, lo que, como se
indicó en los párrafos previos, ocurrió cuando se determinó que al celebrar el
contrato de prestación de servicios con la Red Alma Mater se incurrió en la causal
de inhabilidad del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,
en la medida en que aquella era una entidad pública y la demandante tenía
prohibido, por expresa disposición legal y constitucional, celebrar cualquier contrato
con ella.

70. La naturaleza jurídica de la Red Alma Mater quedó suficientemente ilustrada
en los actos demandados y fue analizada a profundidad en la sentencia que
apelada. La autoridad disciplinaria, al pronunciarse en segunda instancia, y luego
de aclarar que ese punto no se había discutido por parte de la investigada, destacó
que «ALMA MATER es una ENTIDAD ESTATAL, de conformidad con el artículo 2°,
numeral 1!, literal a) de la ley (sic) 80 de 1993, y el artículo 95 de la Ley 489 de
1998; tal y como es reconocido por sus estatutos (Acuerdo 03 del 10 de octubre de
2010)»19.

71. El Tribunal Administrativo de Córdoba ahondó en el análisis del referido
Acuerdo y encontró que se trataba de una entidad descentralizada indirecta, es
decir, de aquellas entidades descentralizadas por servicios creadas con la
participación de otras ya establecidas20, tras precisar que:

• Según el artículo primero de sus estatutos, la Red Alma Mater se encuentra
conformada por las universidades de Caldas, Quindío, Tecnológica de Pereira y
del Tolima, como socios fundadores; la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia como asociada; y la Universidad Nacional de Colombia-Sede

19 Véase página 20 del archivo «01 expediente _230012333000201400352», disponible en la carpeta
«ED_EXPDIGITA_23001233300020140035(.zip)», visible en el índice 00002 de SAMAI.
20 Cfr. Departamento Administrativo de la Función Pública. Concepto 20166000167881 del 10 de agosto de

2016 y Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Providencia del 22 de febrero de 2023. Exp. 11001-
03-06-000-2022-00250-00 (2496). C.P. Ana María Charry Gaitán.

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Manizales, la ESAP, el Colegio Integrado Nacional del Oriente de Caldas, la
Unidad Central del Valle y la Universidad del Valle-sede Cartago, como invitados
permanentes.

• El artículo 2 del Acuerdo 03 del 10 de octubre de 2010 dispone, en cuanto a la
naturaleza jurídica de la Red Alma Mater que:

«(…) conforme al artículo 2 numeral 1, literal a) de la Ley 80 de 1993, el
artículo 81 de la Ley 30 de 1992 y el artículo 95 de la Ley 489 de 1995 (sic),
es una Entidad Estatal, con personería jurídica, sin ánimo de lucro, de
carácter gremial y académico, que asocia a instituciones de educación
superior estatales; se rige por las disposiciones del Código Civil, las normas
para las entidades de este género y sus estatutos, goza de autonomía
presupuestal, administrativa y financiera, y esta (sic) vinculada a las IES que
la conforman y sujeta a ellas mediante la tutela administrativa»21.

72. En efecto, el artículo 95 de la Ley 489 de 1998 faculta a las entidades públicas
para asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones
administrativas o de prestar conjuntamente servicios a su cargo y, pese a que el
inciso segundo de esta disposición señala que las personas jurídicas que se
conformen como resultado de estas asociaciones se sujetan a las disposiciones
previstas en el código civil, lo cierto es que ello no muta la naturaleza jurídica de la
entidad, que está definida por el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública22.

73. Según se da cuenta en los actos sancionatorios, la apelante ha confundido
la naturaleza jurídica de la entidad con el régimen jurídico que se aplica a sus actos
y contratos en sus distintas intervenciones, lo que se refleja en la alusión al artículo
13 de la Ley 80 de 1993, norma que no puede leerse de forma aislada, pues se
adscribe a un estatuto que, en su articulado previo, ha definido, entre otras cosas,
a qué se le denomina «entidad estatal» (artículo 2), quiénes tienen capacidad para
contratar (artículos 6 y 7), sobre quiénes recaen las inhabilidades e
incompatibilidades para contratar con el Estado (artículo 8), cuándo se configuran
las inhabilidades sobrevinientes (artículo 9).

74. El artículo 13 de la Ley 80 de 199323 consagra una remisión general a la
normativa que se aplica a los contratos que celebran todas las entidades definidas
en el artículo 2 y no una regla residual como lo propone la apelante; asunto que, en
cualquier caso, en nada varía la condición bajo la cual la Red Alma Mater actuó
como contratante.

21 El Acuerdo puede consultarse en: https://sueje.edu.co/wp-content/uploads/2021/03/7_estatutos.pdf. Visto.

15/12/20258.
22 Respecto del segundo inciso del artículo 95 de la Ley 489 de 1998 cabe destacar que mediante la Sentencia

C-671 de 1999 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) la Corte Constitucional condicionó su exequibilidad «(…) bajo el
entendido de que "las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se conformen por la asociación exclusiva de
entidades públicas, se sujetan a las disposiciones previstas en el Código Civil y en las normas para las entidades
de este género", sin perjuicio de que, en todo caso el ejercicio de las prerrogativas y potestades públicas, los
regímenes de los actos unilaterales, de la contratación, los controles y la responsabilidad serán los propios de
las entidades estatales según lo dispuesto en las leyes especiales sobre dichas materias» (subrayas fuera del
original).
23 Ley 80 de 1993. «Artículo 13. De la normatividad aplicable a los contratos estatales. Los contratos que

celebren las entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto se regirán por las disposiciones
comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley. (…)».

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75. De manera que entre la demandante y la Red Alma Mater no se suscribió un
simple acto de comercio, como se expuso en el recurso de apelación, sino un
contrato, cuya celebración implicó la incursión en (i) una prohibición constitucional,
(ii) una causal de inhabilidad y, en consecuencia, (iii) la configuración de una falta
disciplinaria gravísima, con lo que se satisfizo el juicio de adecuación típica.

76. La antijuridicidad, segundo elemento de la responsabilidad, supone que, para
que un comportamiento sea sustancialmente ilícito, se deben concretar dos
elementos: un deber funcional afectado y la ausencia de una justificación. A su vez,
la jurisprudencia de esta Corporación ha destacado que el deber funcional se
compone de tres aspectos: (i) las funciones propias del cargo, (ii) la obligación de
actuar acorde con la Constitución y la ley; y (iii) la garantía de una adecuada
representación del Estado, por lo cual la infracción que demanda la normativa
disciplinaria solo tiene lugar cuando se ejecuta un comportamiento capaz de
menoscabar cualquiera de esas dimensiones24, sumado a que no se cuente con
una justificación para ello.

77. La demandada encontró que la señora Domínguez Pastrana se apartó de su
obligación de actuar conforme a la constitución y la ley, sin ninguna justificación, lo
que para la Sala significa la concreción de la segunda dimensión de la
antijuridicidad. Sumado a ello, no obra en el expediente ningún medio que permita
extraer una conclusión distinta y, en esa medida, resulta claro que la ilicitud del
comportamiento devino de una actuación contraria a la normativa que estaba
obligada a cumplir.

78. Como lo advirtió el Tribunal, no podría excusarse la conducta sancionada en
que la Red Alma Mater no hubiese advertido a la demandante acerca de la posible
inhabilidad porque, aun si lo ocurrido hubiese derivado en responsabilidades para
los funcionarios de la entidad, en el reproche disciplinario se analiza el
comportamiento del servidor público de forma individual y personal, pues es este
quien tiene la obligación de conocer las limitaciones que bajo la forma de
inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés, le impone el ordenamiento
jurídico.

79. Agotada de ese modo la antijuridicidad, la Sala también encuentra un análisis
adecuado respecto del tercer elemento de la responsabilidad, la culpabilidad.

80. Según se detalló en los actos demandados, en el pliego de cargos se

24 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 31 de enero de 2018. Exp. 11001-03-25-

000-2012-00679-00 (2360-2012). C.P. César Palomino Cortés. En similar sentido: Consejo de Estado. Sección
Segunda. Subsección A. Sentencia del 12 de mayo de 2014. Exp. 11001-03-25-000-2011-00268-00 (0947-
2011). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
La Corte Constitucional, en la Sentencia C-452 de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), proferida a propósito
de la falta disciplinara prevista en el artículo 35.3 del régimen especial de la Policía Nacional, se refirió al
concepto de «antijuridicidad» como presupuesto para imputar responsabilidad disciplinaria, en los siguientes
términos: «12. Bajo esta misma línea argumentativa, la sentencia en comento aclara que la antijuridicidad del
ilícito disciplinario se concentra en la mencionada infracción del deber funcional. En otras palabras, solo podrá
adscribirse responsabilidad disciplinaria al servidor público cuando se demuestre, de manera fehaciente, que la
acción u omisión afectó el ejercicio de las funciones asignadas por la Constitución y la ley. De allí que se
concluya, de manera general, que las faltas disciplinarias no tengan víctimas, consideradas como sujetos
particulares y concretos, en tanto la antijuridicidad en el derecho disciplinario no se predica de bienes jurídicos
de los cuales estos sean titulares, sino de la actividad estatal afectada por la falta respectiva».

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determinó de forma provisional el dolo como forma subjetiva del comportamiento.
Llegados a la decisión disciplinaria de primera instancia, la Procuraduría Regional
de Córdoba señaló que no era posible mantener la forma dolosa del comportamiento
y la varió a culpa gravísima, en su forma de violación manifiesta de reglas de
obligatorio cumplimiento, tras advertir que la investigada, en sus intervenciones, dijo
estar consciente de su calidad de servidora pública, pero que, como la Red Alma
Mater no objetó la celebración del contrato, no realizó ninguna actuación25.

81. Por su parte, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación
Estatal, en la decisión del 25 de febrero de 2013, encontró que si bien se debía
mantener la forma de la culpa gravísima, no era en su dimensión de la violación
manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento, sino en la forma de desatención
elemental, que tiene lugar cuando el servidor no realiza aquello que resulta obvio e
imprescindible hacer, pues era a la investigada a quien le correspondía verificar si
en su condición de funcionaria del Estado gravitaba alguna causal de inhabilidad,
máxime si se tenía en cuenta que el mismo contrato, en una de sus cláusulas,
estipulaba que:

«El contratista manifiesta que no se encuentra incurso en alguna causal
de inhabilidad para la celebración de contratos de conformidad con el
Manual de Contratación de la Red Alma Mater, lo dispuesto en el
Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades previsto en el Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 (…)»26.

82. Esas consideraciones llevaron a que en ambas instancias disciplinarias se
descartara la configuración de una causal de exclusión de la responsabilidad
disciplinaria, particularmente, aquella que se refiere a la actuación del servidor con
la convicción errada e invencible de que su comportamiento no es constitutivo de
falta, porque esta se alegó bajo un aparente error de hecho, que no era invencible,
porque la diligencia y cuidado de la investigada le habrían permitido obrar sin
apartarse de las normas constitucionales y legales.

83. Sobre este punto, el Tribunal no encontró elementos de juicio para llegar a
una conclusión distinta, aspecto sobre el cual coincide esta Sala, pues, en suma, el
estudio de la estructura de la responsabilidad disciplinaria se sujetó a las exigencias
de la normativa aplicable.

84. Por lo demás, no resulta acertada la afirmación de la apelante según la cual
la ausencia de un pronunciamiento en la sentencia apelada respecto de la relación
contractual existente entre la Red Alma Mater y la CAR CVS va en contravía de la
certificación de la Cámara de Comercio de la primera, pues si lo que se pretende es
plantear alguna problemática en punto a la relación entre tales entidades, lo cierto
es que tal no fue el objeto del debate disciplinario.

25 Véase página 13 del archivo «01 expediente _230012333000201400352», disponible en la carpeta
«ED_EXPDIGITA_23001233300020140035(.zip)», visible en el índice 00002 de SAMAI.
26 Véanse páginas 21-22 del archivo «01 expediente _230012333000201400352», disponible en la carpeta

«ED_EXPDIGITA_23001233300020140035(.zip)», visible en el índice 00002 de SAMAI. La cláusula a la que
se hace referencia es la décimo tercera, citada como tercera en la decisión disciplinaria.

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85. La posibilidad o no de que entre la Red y la CAR se celebrara un contrato
interadministrativo, ni el objeto de este, influyen en el supuesto fáctico que llevó a
que se sancionara a la señora Domínguez Pastrana, porque a ella se le reprochó
que, en su condición de servidora pública, celebrara un contrato con una entidad
pública, pues no solo existía una prohibición de rango constitucional, sino que la
normativa contractual de manera clara dispone que los servidores públicos son
inhábiles para contratar con el Estado.

86. Inclusive, podría decirse que la denominación de «interadministrativo»,
contenida en el contrato que marcó la suscripción del que fue objeto de reproche
disciplinario, debió llamar la atención de la demandante, pues tal calidad solo la
tienen aquellos que se celebran entre entidades públicas, en los términos del
artículo 2.4. literal c) de la Ley 1150 de 2007.

87. En síntesis, no encuentra la Sala elementos que den cuenta de que en los
actos demandados se hubiese incurrido en algún vicio que lleve a su nulidad, por lo
cual lo procedente es confirmar la sentencia apelada.

De la condena en costas

88. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

89. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

90. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

91. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
niegan las pretensiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Córdoba.

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Radicado: 23001-23-33-000-2014-00352-01 (5570-2023)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR FUNDADA la manifestación de impedimento realizada por el
consejero de Estado Luis Eduardo Mesa Nieves. Por lo tanto, se le separa del
conocimiento del presente asunto.

Segundo. CONFIRMAR la sentencia proferida veinticinco (25) de mayo de dos mil
veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Córdoba, por medio de la cual se
negaron las pretensiones.

Tercero. CONDENAR en costas a la parte demandante. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Córdoba.

Cuarto. RECONOCER personería al abogado Carlos Felipe Manuel Remolina
Botía, identificado con la cédula de ciudadanía 7.166.818 y portador de la tarjeta
profesional 113.852 del C.S. de la J., para representar los intereses de la
Procuraduría General de la Nación, conforme al poder que obra en el índice 00014
de SAMAI.

Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Con manifestación de impedimento

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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