Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-33-000-2016-00011-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-33-000-2016-00011-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 23001-23-33-000-2016-00011-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
11 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00011-01 (70.495)
Demandante: Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y
Teleasociadas – En liquidación
Demandado: Nación–Rama Judicial
Proceso: Medio de control de reparación directa
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA-En eventos de error judicial se computa
desde el día siguiente de la ejecutoria de la sentencia contentiva del yerro. EJECUTORIA DE SENTENCIAS DE
TUTELA-Ocurre cuando la Corte Constitucional la excluye de la revisión eventual o, habiéndola seleccionado,
con la ejecutoria de la sentencia de revisión que emita. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ERROR
JUDICIAL-Se exige que la providencia a la que se le acusa de contener el error esté en firme. DAÑOS
CAUSADOS POR PROVIDENCIAS NO EJECUTORIADAS-Se analiza bajo la óptica de la falla en el servicio.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia de 25 de mayo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual se
declaró la caducidad del medio de control. La decisión fue la siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR probada de oficio, la excepción de caducidad del medio de
control de reparación directa de la referencia, conforme la motivación.
SEGUNDO: En consecuencia, DENEGAR las pretensiones de la demanda, por lo ya
expuesto.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, archivar el expediente.”1.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La presente controversia gira en torno al alegado error judicial contenido en las
sentencias de tutela emitidas por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica
1Índice SAMAI 27. expediente 23001233300020160001100 ante el Tribunal Administrativo de
Córdoba.
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00011-01 (70.495)
Demandante: Patrimonio Autónomo de Remanentes de
Telecom y Teleasociadas – En liquidación
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa
y el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica, en primera y segunda
instancia, respectivamente, que le causaron el daño al PAR de Telecom al ordenar
el pago de unas condenas que eran improcedentes, como posteriormente lo resolvió
la Corte Constitucional en sede de revisión mediante sentencia SU-377 de 2014.
II. ANTECEDENTES
La demanda
El 18 de diciembre de 2015, el Consorcio Remanentes Telecom y sus integrantes,
Sociedad de Desarrollo Agropecuario – Fiduagraria S.A. y la Sociedad Fiduciaria
Popular – Fiducar S.A.2, por medio de apoderado judicial, presentaron demanda, en
ejercicio del medio de control de reparación directa, con el fin de que se declarara
patrimonialmente responsable a la Nación–Rama Judicial por los perjuicios
derivados del error judicial en el que se incurrió al proferir las sentencias de primera
y segunda instancia en la acción de tutela con radicado 200900065, en los
siguientes términos:
“1. Que la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, sea declarada responsable por los daños
sufridos por la parte demandante fruto del error judicial cometido dentro de la acción
de tutela iniciada en el Juzgado Promiscuo Municipal de Lorica (Córdoba) bajo la
radicación 200900065, que fue resuelta definitivamente mediante la sentencia SU-
377 de 2014 de la Corte Constitucional.
2. Que como consecuencia de lo anterior, la NACIÓN – RAMA JUDICIAL debe
indemnizar los siguientes perjuicios al PATRIMONIO AUTÓNOMO DE
REMANENTES DE TELECOM Y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN:
a. La suma de dos mil ciento dos millones ochocientos sesenta y cuatro mil ciento
veintiocho pesos ($2.102’864.128,00) actualizados desde el 24 de septiembre de
2009 hasta la fecha de su pago definitivo.
b. Los intereses bancarios corrientes que generaban los anteriores dineros mientras
estaban en la cuenta de la actora, contabilizados desde el 24 de septiembre de
2009 hasta la fecha de pago definitivo.
c. Los intereses de mora sobre la suma descrita en el literal a), calculados desde el
24 de septiembre de 2009 hasta la fecha efectiva de pago total, pues el correcto
manejo que debía dar mi mandante a esos dineros, significa que ellos deben
generar alguna ganancia mientras no se ejecuten, pues de lo contrario se estaría
en detrimento del patrimonio público.
3. Por las costas y agencias en derecho”.
La reforma de la demanda3 añadió las siguientes pretensiones:
“1. Que como consecuencia de la declaración de responsabilidad por error judicial
2 Expediente Digital. Archivo: DemandaConAnexos. Págs. 236 a 259.
3 Archivo: DemandaConAnexos. Págs. 305 a 307.
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Radicación: 23001-23-33-000-2016-00011-01 (70.495)
Demandante: Patrimonio Autónomo de Remanentes de
Telecom y Teleasociadas – En liquidación
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa
cometido dentro del trámite de la acción de tutela 2009-00029 se condene a la
NACIÓN-RAMA JUDICIAL al pago a titulo [sic] de indemnización al PATRIMONIO
AUTONOMO [sic] DE REMANENTES DE TELECOM Y TELEASOCIADAS EN
LIQUIDACIÓN la suma de CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON
OCHO CENTAVOS ($414.746.209.8) o lo que se encuentre probado actualizados
desde su desembolso hasta la fecha de su pago definitivo a favor del PAR.
2. Los intereses bancarios corrientes que generaban los dineros señalados en el
numeral anterior mientras estaban en la cuenta de la demandante, contabilizados
desde se [sic] desembolso hasta la fecha del pago definitivo.
3. Los intereses de mora sobre la suma descrita en el numeral 1), calculados desde
su desembolso hasta la fecha efectiva de pago total, pues el correcto manejo que
debía dar mi mandante a esos dineros, significa que ellos deben generar alguna
ganancia mientras no se ejecuten, pues de lo contrario se estaría en detrimento del
patrimonio público.”
Como hechos de la demanda, se expuso que la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones – Telecom fue liquidada por orden del Gobierno Nacional, por
lo cual, agotado el proceso liquidatorio, se celebró un contrato de fiducia mercantil
entre el liquidador de Telecom y el Consorcio Remanentes Telecom, en virtud del
cual se constituyó el Patrimonio Autónomo de Remanentes –PAR– para la
administración y enajenación de bienes no afectos a la prestación, y el pago de las
obligaciones remanentes y contingentes, entre otros.
Señaló que personas que habían estado vinculadas a Telecom antes de su
liquidación presentaron una acción de tutela, identificada con el número de
radicación 200900065, solicitando que se les incluyera en el Plan de Pensión
Anticipada (PPA), que había sido un programa ofrecido por la empresa a un grupo
de sus trabajadores que reunieran ciertas condiciones, con el fin de pagarles unas
sumas, hasta que el sistema de seguridad social les reconociera definitivamente su
pensión regular.
Manifestó que, en la sentencia del 1 de septiembre de 2009 del proceso de tutela,
el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica tuteló los derechos
fundamentales invocados y ordenó al PAR reconocer, liquidar y cancelar a los
accionantes las mesadas correspondientes desde la fecha de su desvinculación
hasta cuando se reconociera su pensión definitiva, con la respectiva indexación. En
segunda instancia, mediante proveído del 5 de octubre de 2009, el Juzgado
Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica confirmó la decisión.
El extremo activo indicó que el 24 de septiembre de 2009 efectuó los pagos a
órdenes del Juzgado 1 Promiscuo Municipal de Lorica por un valor total de
3
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00011-01 (70.495)
Demandante: Patrimonio Autónomo de Remanentes de
Telecom y Teleasociadas – En liquidación
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa
$2.102’864.128. Adicionalmente, según expuso en la reforma a la demanda, que,
en cumplimiento de la orden de tutela, incluyó a los actores en el Plan de Pensión
Anticipada, de modo que desde el 29 de noviembre de 2009 hasta el 31 de mayo
de 2010 pagó las mesadas pensionales, que ascendieron a $414’746.209,8.
Alegó que, no obstante, en sede de revisión de las anteriores providencias, la Corte
Constitucional emitió la sentencia SU-377 de 2014 en la que revocó “cualquier orden
judicial de embargo” dictada en el proceso de tutela (identificado por esa
Corporación con el radicado T-2484301), se refirió a la improcedencia de esta
medida cautelar y a la imposibilidad de amparar los derechos fundamentales.
De acuerdo con la narración, las sentencias de primera y segunda instancia
constituyen un error judicial, por haber desconocido la cosa juzgada, inobservado el
requisito de inmediatez y amparado los derechos aun cuando no se cumplían las
exigencias previstas para los efectos, todo lo cual se reflejó en la sentencia de
revisión de la Corte Constitucional, que causó el daño alegado por la demandante,
consistente en el pago de la condena impuesta y el reconocimiento de las mesadas
pensionales.
Contestación de la demanda
Por medio de apoderado judicial y de manera oportuna, la Dirección Ejecutiva de la
Administración de Justicia4 contestó la demanda proponiendo la excepción de
ausencia de causa para demandar, en cuya virtud expuso que las decisiones de
primera y segunda instancia de la acción de tutela, así como su ejecución, se
ajustaron a la Constitución y la ley, puesto que las sentencias de tutela debían
cumplirse inmediatamente, sin perjuicio de la impugnación y la revisión eventual de
la Corte Constitucional que, en cualquier caso, se conceden en efecto devolutivo.
Añadió que la demandante tenía la posibilidad de demandar a los beneficiarios con
la sentencia de tutela con el fin de conseguir la restitución de las sumas pagadas.
Sentencia de primera instancia
El 25 de mayo del 2023, el Tribunal Administrativo de Córdoba – Sala Cuarta de
4Índice SAMAI 4. Expediente 23001233300020160001100 ante el Tribunal Administrativo de
Córdoba.
4
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00011-01 (70.495)
Demandante: Patrimonio Autónomo de Remanentes de
Telecom y Teleasociadas – En liquidación
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa
Decisión profirió sentencia5 en la que declaró, de oficio, la caducidad del medio de
control, con fundamento en que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de
Estado, en eventos de responsabilidad por error judicial, el término se computa
desde el siguiente día al de la ejecutoria de la decisión que contiene el aludido yerro.
En este orden de ideas, consideró que, como la ejecutoria de la sentencia de tutela
había transcurrido entre el 6 y el 8 de octubre del 2009, la demanda debía
presentarse a más tardar el 9 de octubre de 2011 y, sin embargo, se presentó el 18
de octubre de 2015.
Consideró que el inicio del término no se desplazaba hasta la sentencia de la Corte
Constitucional SU-377 de 2014 —que revocó los fallos de tutela y evidenció las
falencias en que incurrieron los juzgados— porque esa no era la interpretación
admitida por la jurisprudencia y porque, en el curso de la acción de tutela, la
empresa puso en conocimiento de los jueces de tutela los yerros que ahora
sustentaban la demanda de reparación directa.
Aunó que no existía evidencia alguna en el expediente que diera cuenta del
embargo narrado en la demanda.
Recurso de apelación
La demandante6 reprochó la decisión de declarar la caducidad, pues manifestó que,
con ella, se desconocía que la selección de la tutela por parte de la Corte
Constitucional había suspendido la ejecutoriedad de la sentencia de segunda
instancia del proceso y, así, había afectado la cosa juzgada, por lo que la caducidad
debía computarse desde la sentencia de revisión de la Corte Constitucional.
También se refirió a la procedencia de los intereses corrientes y moratorios sobre el
capital de la demanda, pues negarlos implicaba cercenar la reparación integral, en
cuanto la falta de disponibilidad del dinero generaba la pérdida de su rentabilidad.
5 Índice SAMAI 27. Expediente 23001233300020160001100 ante el Tribunal Administrativo de
Córdoba.
6 Índice SAMAI 30. Expediente 23001233300020160001100 ante el Tribunal Administrativo de
Córdoba.
5
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00011-01 (70.495)
Demandante: Patrimonio Autónomo de Remanentes de
Telecom y Teleasociadas – En liquidación
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa
Trámite en la segunda instancia
Mediante proveído de 22 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de
Córdoba concedió el recurso presentado7 y fue admitido por el Consejo de Estado
en auto del 29 de julio de 20248.
Como no se decretaron pruebas en esta instancia, no se dio traslado para alegar de
conclusión, de conformidad con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 20219. El Ministerio Público guardó
silencio10.
III. CONSIDERACIONES
1. Como la demanda se presentó el 18 de diciembre de 2015, el régimen aplicable
es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA). Conforme al artículo 308 del CPACA, éste empezó a regir el 2 de julio de
2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se
inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren, con posterioridad a
su entrada en vigencia. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este Código,
en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso (CGP)
en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
I. Presupuestos procesales
1.1. Jurisdicción y competencia
2. La jurisdicción contencioso administrativa, como guardián del orden jurídico,
conoce de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones en los que estén involucradas entidades públicas, según
el artículo 104 del CPACA, como ocurre en este caso en el que se atribuye
responsabilidad a la Nación – Rama Judicial.
7 Índice SAMAI 32. Expediente 23001233300020160001100 ante el Tribunal Administrativo de
Córdoba.
8 Índice SAMAI 20 ante el Consejo de Estado.
9 Que entró a regir a partir de su publicación el 5 de enero de 2021.
10 Índice SAMAI 26 ante el Consejo de Estado.
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Radicación: 23001-23-33-000-2016-00011-01 (70.495)
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Telecom y Teleasociadas – En liquidación
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa
3. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este
asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo
615 del CGP, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.
Asimismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de
la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6
del CPACA, esto es, $322’175.00011.
1.2. Medio de control procedente
4. La reparación directa —aquí incoada— es el medio de control idóneo para
perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño
invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra
actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, cuya
legalidad no se cuestiona12.
Como en este caso se reclama un daño causado por el error judicial endilgado a las
sentencias del 1 de septiembre de 2009 dictada por el Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Lorica, y la del 5 de octubre de 2009 proferida por el Juzgado
Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica, este es el medio de control procedente.
1.3. Demanda en tiempo
5. La oportunidad en la que la demanda fue presentada, además de ser un
presupuesto procesal que le concierne al juez evaluar de oficio, se erige en el
presente asunto como uno de los motivos de censura de la demandante, por cuanto
su ocurrencia sirvió de sustento al fallo del a quo.
6. Se recuerda que la primera instancia de este proceso consideró que el término
debía computarse desde el día siguiente al de la ejecutoria de la sentencia a la que
11 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2015 ($644.350) por 500. La pretensión
mayor (artículo 157 CPACA) fue estimada en la suma de $2.517’609.337,8, por concepto del daño
emergente por la condena que se impuso a la demandante en las sentencias de tutela de primera y
segunda instancia (reforma a la demanda. Demanda con Anexos. P. 307).
12 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños
causados por actos administrativos cuya legalidad no se disputa, en casos de responsabilidad por
daño especial. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia del 17 de junio de 1993. Exp: 7.303; y sentencia del 8 de marzo de 2007, Exp: 16.421.
7
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00011-01 (70.495)
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Asunto: Reparación directa
se le atribuye el error judicial. Como en el presente asunto se alegaba que las
sentencias contentivas del error eran la del 1 de septiembre de 2009, emitida por el
Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica, y su confirmatoria, proferida el 5
de octubre de 2009 por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica,
cuyo término de ejecutoria transcurrió entre el 6 y el 8 de octubre del 2009, era claro
que el término de caducidad había iniciado su conteo el 9 de octubre de 2009 y
había vencido el 9 de octubre de 2011, sin que en ese plazo se hubiera interpuesto
la demanda.
La impugnación reprochó tal conclusión con base en que la selección de la tutela
para revisión por parte de la Corte Constitucional había suspendido expresamente
la ejecutoria de la sentencia del 5 de octubre de 2009 y había afectado la cosa
juzgada, pues, según el criterio de esa misma Corporación, “un fallo de tutela queda
amparado por la figura de la cosa juzgada constitucional en los eventos en los que
la Corte Constitucional decide excluir de revisión un fallo o, si el mismo es
seleccionado, esta se configura cuando queda ejecutoriada la providencia que
expida este Tribunal”. En este sentido, estimó que era a partir de la ejecutoria de la
sentencia revisión de la Corte Constitucional que debían computarse los dos años
de caducidad.
7. De acuerdo con el artículo 164.2.i del CPACA, el término para presentar la
demanda en ejercicio de este medio de control es de “dos (2) años, contados a partir
del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de
cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha
posterior (…)”.
La jurisprudencia ha explicado que, en eventos de error judicial, el término de
caducidad inicia su conteo a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la decisión
a la que se le endilga el yerro13, por lo que debe precisarse lo atinente en las
sentencias de tutela.
8. Sobre este aspecto, debe señalarse que, conforme al artículo 86 de la
Constitución Política, los fallos de tutela deben ser enviados a la Corte
13 Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia del 23 de junio de 2010. Exp: 17493; auto del 9 de mayo de 2011. Exp: 40.196; sentencia
del 27 de enero de 2012. Exp: 22.205; sentencia del 28 de febrero de 2020. Exp: 44809; sentencia
del 28 de febrero de 2022. Exp: 57011.
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Radicación: 23001-23-33-000-2016-00011-01 (70.495)
Demandante: Patrimonio Autónomo de Remanentes de
Telecom y Teleasociadas – En liquidación
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa
Constitucional para su eventual revisión, al margen de si fueron impugnados o no,
lo que supone que, de ser seleccionados, pueden ser incluso revocados o
modificados por la alta Corporación14.
De esta manera, la jurisprudencia constitucional ha admitido que la ejecutoria de
estas sentencias únicamente se adquiere cuando la Corte Constitucional las excluye
de la revisión, o cuando, habiéndolas seleccionado, cobra firmeza la providencia
dictada por la Corte15, pues es a partir de esos momentos en los que las sentencias
se tornan inmutables y definitivamente vinculantes, revistiéndose así de los efectos
de cosa juzgada constitucional16:
“(…) la decisión de la Corte Constitucional consistente en no seleccionar para
revisión una sentencia de tutela tiene como efecto principal la ejecutoria formal
y material de esta sentencia, con lo que opera el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional. Salvo la eventualidad de la anulación de dicha sentencia por parte
de la misma Corte Constitucional de conformidad con la ley, la decisión de excluir la
sentencia de tutela de la revisión se traduce en el establecimiento de una cosa
juzgada inmutable y definitiva. De esta forma se resguarda el principio de la
seguridad jurídica y se manifiesta el carácter de la Corte Constitucional como órgano
de cierre del sistema jurídico. (…).
Decidido un caso por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selección
para revisión y precluido el lapso establecido para insistir en la selección de un
proceso de tutela para revisión (art. 33 del Decreto 2591 de 1991 y art. 49 a 52 del
Reglamento Interno de la Corte Constitucional), opera el fenómeno de la cosa
juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.). (…).
Una vez terminados definitivamente los procedimientos de selección y revisión, la
sentencia hace tránsito a cosa juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.), y se
torna, entonces, inmutable y definitivamente vinculante.”17.
(Negrillas fuera del texto original).
Así las cosas, la ejecutoriedad de las sentencias de tutela, en realidad, se difiere
hasta que la Corte Constitucional adopta la decisión de excluirlas de su revisión o,
si las selecciona, hasta la ejecutoria de la sentencia que profiera.
14 Artículo 35 del Decreto 2591 de 1991: “Las decisiones de revisión que revoquen o modifiquen el
fallo, unifiquen la jurisprudencia constitucional o aclaren el alcance general de las normas
constitucionales deberán ser motivadas. Las demás podrán ser brevemente justificadas.”
15 “En esas ocasiones, el efecto jurídico de la no selección es concretamente el de la firmeza del fallo
correspondiente, bien que haya sido de primera instancia, no impugnado, o de segundo grado”. Corte
Constitucional. Auto 027 de 1998. En este mismo sentido: Corte Constitucional. Sentencias T-424
de 1995 y C-1716 de 2000; y Auto 034 de 1996.
16 “Ahora bien, por regla general, un fallo de tutela queda amparado por la figura de la cosa juzgada
constitucional en los eventos en los que la Corte Constitucional decide excluir de revisión un fallo o,
si el mismo es seleccionado, esta se configura cuando queda ejecutoriada la providencia que expida
este Tribunal.” Corte Constitucional. Sentencia SU-027 de 2021.
17 Corte Constitucional. Sentencia SU-1219 de 2001.
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Radicación: 23001-23-33-000-2016-00011-01 (70.495)
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9. En consecuencia, la caducidad en los eventos de error judicial se computa desde
la ejecutoria de la decisión contentiva del yerro, que, en los casos de fallos de tutela,
ocurre cuando la Corte Constitucional no selecciona la sentencia para su revisión o,
en caso contrario, con la ejecutoria de la providencia de dicha Corporación.
10. En el caso que ocupa la atención de la Sala, se advierte que el extremo activo
atribuye el error judicial a las sentencias de primera y segunda instancia de tutela
dentro del radicado 200900065, que fueron escogidas por la Sala número doce de
Selección de la Corte Constitucional mediante auto del 9 de diciembre de 2009 bajo
el radicado T-248430118, con lo que se concluye que su ejecutoria se desplazó hasta
la ejecutoria de la sentencia de revisión, que correspondió a la SU-377 del 12 de
junio de 201419, y que fue notificada mediante oficios enviados el 14 de noviembre
del 201420.
Si bien se desconoce la fecha precisa en la que se surtió la notificación de la
providencia, lo cierto es que ocurrió después del 12 de junio de 2014, de manera
que la demanda, presentada el 18 de diciembre de 201521, fue oportuna.
11. En este orden de ideas, corresponde revocar la sentencia del Tribunal
Administrativo de Córdoba y, en su lugar, analizar el asunto de fondo.
1.4. Legitimación en la causa
12. El PAR de Telecom acreditó haber sido condenado mediante las sentencias de
tutela objeto de este proceso22, de modo que está legitimado en la causa por activa.
13. Por su parte, la Nación está legitimada en la causa por pasiva y concurre al
proceso debidamente representada por la Rama Judicial, pues el Juzgado Primero
Promiscuo Municipal de Lorica y el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de
Lorica emitieron las sentencias objeto del reproche.
18 Expediente Digital. Archivo: Anexo 1. Págs. 505 a 513.
19 Expediente Digital. Archivo: DemandaConAnexos. Págs. 41 a 186.
20 Expediente Digital. Archivo: Anexo 1. Págs. 734 a 740.
21 Habiendo presentado previamente la solicitud de conciliación prejudicial para agotar el requisito
de procedibilidad, el 5 de agosto de 2015, que se declaró fallida el 27 de octubre de 2015 (Archivo:
DemandaConAnexos. Págs. 232 y 233).
22 En el expediente obran las sentencias del proceso de tutela (Archivo: DemandaConAnexos. Págs.
326 a 343 y 344 a 360) que dan cuenta de la condena impuesta.
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Radicación: 23001-23-33-000-2016-00011-01 (70.495)
Demandante: Patrimonio Autónomo de Remanentes de
Telecom y Teleasociadas – En liquidación
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa
II. Problema Jurídico
14. En atención a que la sentencia de primera instancia será revocada y se decidirá
de fondo, le corresponde a esta Sala definir, en línea con la causa petendi, si se
acreditó la responsabilidad de la Nación-Rama Judicial por los fallos de tutela
dictados en el proceso con radicado 200900065.
III. Análisis de la Sala
3.1. Responsabilidad del Estado por error judicial
15. Se recuerda que, en el presente asunto, el extremo activo alega haber sufrido
un daño consistente en el pago de la condena impuesta por parte del Juzgado
Primero Promiscuo Municipal de Lorica, y confirmada por el Juzgado Promiscuo de
Familia del Circuito de Lorica en el trámite de la acción de tutela, que, según aduce,
son fallos constitutivos de error judicial, dado que el fundamento del desembolso fue
desprovisto de sustento, por virtud de la sentencia de la Corte Constitucional que,
en sede de revisión, ordenó su revocatoria.
16. En concordancia con el artículo 90 de la Constitución Política, la Ley 270 de
1996 estableció, expresamente, la responsabilidad del Estado por las acciones u
omisiones de los agentes judiciales, de la siguiente manera:
“Artículo 65: El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que
le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.
En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la
privación injusta de la libertad.”
(Negrillas fuera del texto original).
De acuerdo con el artículo 66 del mismo compendio normativo, el error judicial o
jurisdiccional “[e]s aquel cometido por una autoridad investida de facultad
jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a
través de una providencia contraria a la ley”.
Así, de acuerdo con esta Sección, esta responsabilidad nace de las providencias
judiciales contrarias a derecho que causan un daño antijurídico al destinatario de la
decisión:
11
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00011-01 (70.495)
Demandante: Patrimonio Autónomo de Remanentes de
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Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa
“(…) esta fuente de responsabilidad se refiere a aquellos yerros emanados de una
autoridad jurisdiccional o de particulares investidos transitoriamente de la función de
impartir justicia en un proceso determinado, que se materializan en una
providencia judicial contraria a derecho, mediante la cual se interpreta, se
declara o se hace efectivo un interés o derecho subjetivo y que causa un daño
antijurídico al destinatario de la decisión, pues de haberse dictado conforme al
ordenamiento jurídico, el resultado hubiera sido adecuado y no habría causado la
afectación patrimonial que se pretende resarcir en el juicio de responsabilidad.”23.
(Negrillas fuera del texto original).
El artículo 67 de la Ley 270 ya referida, señala que para que proceda el
reconocimiento del error judicial:
“1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos
en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado
cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.
2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.”
(Negrillas fuera del texto original).
Así las cosas, la providencia que reúna estos presupuestos y que, además, sea
contraria a derecho, será contentiva de error judicial, lo que supone la obligación
indemnizatoria de los daños que se hubieren causado.
17. Resulta especialmente relevante señalar que la exigencia legal de que la
providencia acusada de error judicial se encuentre en firme se sustenta en que, de
lo contrario, ni el daño que se produce ni el yerro que se endilga son ciertos, en
cuanto el fallo aún será susceptible de ser modificado o revocado por las instancias
que correspondan.
En eventos en los que se demandan decisiones que, a pesar de haber adquirido
firmeza, fueron revocadas por otras instancias, pero que, durante su vigencia,
causaron daños, la jurisprudencia de esta Sección ha admitido que se analice la
responsabilidad, no bajo el título de error judicial, sino desde la óptica de la falla en
el servicio:
“(…) cabe destacar que, en los casos en los que la providencia de la que se
predica el error jurisdiccional es dejada sin efectos por un fallo de tutela, como
ocurre en el presente asunto, esta Subsección24 ha establecido que no sería
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 28 de
febrero de 2022. Exp: 57011.
24 Original de la cita: “En sentencia del 12 de octubre de 2017 (exp. 35.337), el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, indicó: ‘(…) se tiene que así como la Corte Constitucional declaró
12
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procedente su estudio bajo el título de imputación del error jurisdiccional, porque no
se cumple con el segundo presupuesto de procedibilidad establecido en el artículo
67 de la Ley 270 de 1996 para analizar la existencia del mismo –que la providencia
atacada se encuentre en firme–, sin embargo, es viable examinar la
responsabilidad del Estado por una falla en el servicio siempre y cuando se
encuentre acreditado que durante el tiempo en que estuvo vigente la decisión
en la que se habría configurado el error, se causó un daño que la víctima no
se encontraba en el deber jurídico de soportar”.25.
(Negrillas y subrayados fuera del texto original).
Una situación similar acontece con las sentencias de tutela en las que, pese a no
haber adquirido firmeza formal y material —según lo ya analizado—, son de
inmediato cumplimiento por virtud del artículo 86 de la Constitución Política, por lo
que su ejecución puede entrañar daños, aun cuando los fallos contentivos de error
sean posteriormente revocados o modificados por la Corte Constitucional26.
Es menester resaltar que, en esos casos, el régimen no corresponde al del error
judicial, en cuanto la providencia a la que se le atribuye el yerro no está en firme —
por cuanto fue revocada o modificada por el alto Tribunal—, sino al de la falla en el
servicio, en el que le corresponde al extremo activo demostrar que el cumplimiento
de la orden de tutela le causó un daño.
3.2. Caso concreto
18. El daño que el demandante aduce haber sufrido en el presente asunto consiste
en el pago de la condena impuesta por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de
la nulidad de la providencia, supuestamente constitutiva de error, también ordenó que la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura profiriera la que habría de
reemplazarla, por lo que así se hizo el 21 de febrero de 2002. // ‘De lo anterior se colige que la
providencia que supuestamente contenía un error judicial dejó de producir sus efectos, por haber
sido retirada del mundo jurídico por la Corte Constitucional mediante la declaratoria de nulidad, razón
por la cual no se cumple con el segundo requisito de procedibilidad exigido por el artículo 67 de la
Ley 270 de 1996 para analizar la existencia de un error jurisdiccional. // Debe decirse que durante el
término que estuvo vigente la providencia proferida el 18 de agosto de 1999 por la Sala Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura generó unos efectos, que la parte demandante catalogó como
constitutivos de un daño antijurídico, los que para el presente caso se reflejan en la privación de la
libertad sufrida por Hernán Orozco Castro, durante el término comprendido entre el 28 de julio de
2000 y el 31 de octubre de 2001, por lo que resulta viable analizar la responsabilidad desde la óptica
de la falla en el servicio, por haberse incurrido en una vía de hecho. // Teniendo en cuenta que se
configuró una falla en el servicio, la Sala pasará a estudiar lo concerniente al daño, que en este caso
corresponde a la privación injusta de la libertad sufrida por Hernán Orozco Castro, durante el término
comprendido entre el 28 de julio de 2000, en cumplimiento de la medida de aseguramiento proferida
por el Juez Especial de primera instancia, y el 31 de octubre de 2001, fecha en la cual el Tribunal
Superior Militar le otorgó el beneficio de la libertad provisional’. Ver también sentencia del 26 de abril
de 2018 (exp. 44.685)”.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 8 de
mayo de 2019. Exp: 46.753. Reiterado en sentencia del 7 de diciembre del 2021. Exp: 65.415.
26 Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia del 4 de septiembre de 2023. Exp: 67.752.
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Lorica, confirmada en segunda instancia por el Juzgado Promiscuo de Familia del
Circuito de Lorica, que se demostró de la siguiente manera:
• Reconocimiento de las mesadas desde la fecha de desvinculación de los
trabajadores hasta el reconocimiento de la pensión definitiva:
Documento Concepto Fecha Valor Folio27
Comprobante de Mesadas pensionales 25/09/2009 $166’679.002 190
depósitos judiciales - 98490
Comprobante de Mesadas pensionales 25/09/2009 $196’542.552 193
depósitos judiciales - 98472
Comprobante de Mesadas pensionales 25/09/2009 $191’070.363 196
depósitos judiciales – 98470
Comprobante de Mesadas pensionales 25/09/2009 $185’555.487 199
depósitos judiciales – 98469
Comprobante de Mesadas pensionales 25/09/2009 $240’385.357 202
depósitos judiciales – 98468
Comprobante de Mesadas pensionales 25/09/2009 $96’648.783 205
depósitos judiciales – 98467
Comprobante de Mesadas pensionales 25/09/2009 $234’659.879 208
depósitos judiciales – 98465
Comprobante de Mesadas pensionales 25/09/2009 $31’129.262 211
depósitos judiciales – 98464
Comprobante de Mesadas pensionales 25/09/2009 $146’906.773 214
depósitos judiciales – 98463
Comprobante de Mesadas pensionales 25/09/2009 $194’447.262 217
depósitos judiciales – 98462
Comprobante de Mesadas pensionales 25/09/2009 $80’329.604 220
depósitos judiciales – 98461
Comprobante de Mesadas pensionales 25/09/2009 $172’647.533 223
depósitos judiciales – 98460
Comprobante de Mesadas pensionales 25/09/2009 $73’995.041 226
depósitos judiciales – 98459
Comprobante de Mesadas pensionales 25/09/2009 $91’867.230 229
depósitos judiciales – 98458
Total $2.102’864.128
• Pago de las mesadas pensionales por haber incluido a los trabajadores en el
Plan de Pensión Anticipada (PPA), desde el 29 de noviembre de 2009 hasta
el 31 de mayo de 2010:
27 Comprobantes de depósitos judiciales. Archivo: DemandaConAnexos.
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Documento Concepto Fecha Valor Folio28
Consulta estado de Nómina PPA 30/11/2009 $51’552.231 308
pagos a terceros noviembre de 2009
Consulta estado de Nómina PPA 22/12/2009 $108’765.434 309
pagos a terceros diciembre de 2009
Consulta estado de Nómina PPA enero 29/01/2010 $28’769.815,829 310
pagos a terceros de 2010
Autorización de débito Nómina PPA enero 29/01/2010 $23’815.239,82 314
por cargue de archivo de 2010
Consulta estado de Nómina PPA febrero 26/02/2010 $28’006.668 315
pagos a terceros de 2010
Consulta estado de Nómina PPA febrero 26/02/2010 $23’815.239 31630
pagos a terceros de 2010
Autorización de débito Nómina PPA marzo 31/03/2010 $23’815.239 321
por cargue de archivo de 2010
Consulta estado de Nómina PPA abril de 29/04/2010 $29’061.907 322
pagos a terceros 2010
Consulta estado de Nómina PPA abril de 29/04/2010 $19’303.329 323
pagos a terceros 2010
Consulta estado de Nómina PPA mayo 31/05/2010 $29’061.907 324
pagos a terceros de 2010
Consulta estado de Nómina PPA mayo 31/05/2010 $19’303.329 325
pagos a terceros de 2010
Total $385’270.338,6231
En este orden de ideas, se concluye que el extremo activo sufrió el daño alegado,
pues se evidenció la merma patrimonial derivada del pago de la antedicha condena,
por un valor de $2.102’864.128, por virtud del reconocimiento de las mesadas desde
la fecha de desvinculación de los trabajadores hasta el reconocimiento de la pensión
definitiva, y por $385’270.338,62, debido a la inclusión en el PPA y el respectivo
pago periódico de las mesadas desde noviembre de 2009 hasta mayo de 2010.
19. En cuanto a la imputación, debe determinarse si el referido daño resulta
atribuible a la Nación-Rama Judicial, para lo cual basta con resaltar que, en efecto,
como se acreditó con los documentos a través de los cuales se hicieron las
28 Comprobantes del Banco Agrario en los que se relaciona la tutela T-2484301 de noviembre del
2009 a mayo del 2010. Archivo: DemandaConAnexos.
29 Si bien en el documento se señaló, con una inscripción hecha a mano, que el valor total de las
sumas pagadas ascendía a $28’769.851,8, lo cierto es que, al verificar la cuantía de los pagos, se
confirmó que el valor total era de $$28’769.815,8.
30 Se aclara que a folio 317 se anexó un estado de pagos a terceros que, no obstante, corresponde
a la tutela T-2471345, que no es coincide con el expediente aquí estudiado, por lo cual esos valores
no serán incluidos en el cálculo.
31 Si bien la pretensión de la reforma a la demanda equivale a $414’746.209,8, se resalta que, al
momento de efectuar la operación matemática de los valores de los que dan cuenta los documentos,
se observa que el valor total asciende a $385’270.338,62.
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consignaciones32 y los estados de pagos33, los desembolsos mencionados tuvieron
como sustento el cumplimiento de las sentencias de tutela proferidas en primera y
segunda instancia por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica y el
Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica.
20. En lo atinente al fundamento del deber de reparar, se observa que este asunto
no corresponde a un error judicial —como lo plantean los demandantes—, en la
medida en la que el daño se deriva de unas providencias que no gozan de firmeza,
en virtud de que las mismas fueron revocadas en su totalidad por la Corte
Constitucional mediante sentencia SU-377 de 2014, de la siguiente manera:
“Séptimo.- En el expediente T-2484301, REVOCAR en su totalidad las sentencias
expedidas, en primera instancia, por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de
Lorica, Córdoba, el primero (1) de septiembre de dos mil nueve (2009) y, en segunda
instancia, por el Juzgado Promiscuo de Familia de Lorica, Córdoba, el cinco (5) de
octubre de dos mil nueve (2009). En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el
amparo invocado por los señores Albeiro Cruz Agudelo, Sandra Patricia Melo
Tarazona, Helman Ricardo Ramírez Leyva, Fair Ramírez Rubio, Edgar Paul
Rodríguez Rodríguez, Jairo Rojas Acuña, Emma Patricia Romero Castro, Luis
Francisco Rueda Maluendas, Francisco Javier Sánchez Fajardo, Víctor Julio Sierra
Canastero, Jaime Enrique Supelano Gómez, José Meidelso Torres Beltrán y Rubén
Norberto Torres Vega. Por su parte, NEGAR la solicitud de tutela a los señores
Genaro Ortiz Muñoz y Pablo Enrique Pardo Ojeda. Por consiguiente, REVOCAR
cualquier orden de protección anterior a esta sentencia, que se hubiera impartido en
el proceso de la referencia.”
(Subrayados fuera del texto original).
No obstante, conforme lo explicado líneas arriba, lo cierto es que, por el inmediato
cumplimiento de las sentencias de tutela, la ejecución de las órdenes causó el daño
antes descrito, al punto que, efectivamente, el actor efectuó los pagos relacionados,
razón por la cual el subjudice se analizará bajo la óptica de la falla en el servicio.
21. De esta manera, se recuerda que los reproches de la demanda se contraen a
exponer que las sentencias acusadas (i) desconocieron la configuración de la cosa
juzgada respecto del accionante Albeiro Cruz Agudelo; (ii) accedieron a la tutela sin
que se cumpliera con el requisito de inmediatez; y (iii) concedieron el derecho de
acceder al PPA, aun cuando los accionantes no cumplían con los requisitos
establecidos en el instructivo correspondiente. A continuación, se estudiarán los
cargos.
32 Comprobantes de depósitos judiciales. Archivo: DemandaConAnexos. Págs. 190 a 231.
33 Comprobantes del Banco Agrario en los que se relaciona la tutela T-2484301 de noviembre del
2009 a mayo del 2010. Archivo: DemandaConAnexos. Págs. 308 a 324.
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3.2.1. Sobre la configuración de la cosa juzgada
22. De acuerdo con el artículo 303 del CGP, “[l]a sentencia ejecutoriada proferida
en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso
verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre
ambos procesos haya identidad jurídica de partes. (…).”
Esta Corporación ha definido que esta figura:
“(...) hace referencia al carácter imperativo e inmutable de las decisiones que han
adquirido firmeza, lo cual implica de suyo la imposibilidad de volver sobre asuntos
ya juzgados, para introducir en ellos variaciones o modificaciones mediante la
adopción de una nueva providencia”34.
En particular, en palabras de esta Sección:
“El efecto obligatorio de la cosa juzgada que la ley le imprime a las sentencias que
se encuentran en firme entraña que éstas vinculan con carácter inmutable y
definitivo. Ello quiere decir que se torna imposible que el asunto sub examine sea
materia de una nueva decisión. La consecuencia de este fenómeno es que dota de
certeza a las relaciones jurídicas con el propósito de poner fin a las controversias
puestas a consideración de los jueces. La cosa juzgada le otorga seguridad,
estabilidad y certeza a la relación sustancial sobre la que versa la decisión contenida
en la sentencia, a la vez que prohíbe volver sobre lo ya resuelto.”35.
Así, para que haya lugar a su declaratoria, es preciso que se reúnan los siguientes
presupuestos: (i) identidad de objeto-eadem res, esto es, que entre la acción que se
tramita y la que ya se juzgó exista el mismo objeto (qué se litiga), esto es, que el
petitum coincida con el del otro proceso ya decidido; (ii) identidad de causa-eadem
causa petendi, vale decir, que se funde en la misma causa (el porqué del litigio),
esto es, el mismo hecho jurídico que sirve de motivo o fundamento a la pretensión;
y (iii) identidad de partes-eadem conditio personarum: que entre ambos procesos
haya identidad jurídica entre las partes, o lo que es igual, que se trate de los mismos
sujetos que comparecieron al proceso anterior36.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 5 de
marzo de 2009. Rad: 11001-03-24-000-2004-00262-01. Reiterada en las sentencias de la Sección
Tercera del 24 de marzo de 2011, Exp: 34396; del 24 de mayo de 2012, Exp: 23221; y del 26 de
junio de 2014, Exp: 36220.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 17 de
junio de 2024. Exp: 44548.
36 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 26 de agosto de
2014. Rad. 11001-03-15-000-2013-00776-00.
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23. En el presente asunto, se observa que la sentencia SU-377 de 2014 consideró
que, en el caso del tutelante Albeiro Cruz Agudelo, se configuró el fenómeno de
cosa juzgada, puesto que, previo a la interposición de tutela, el accionante había
elevado, ante la justicia ordinaria, la pretensión dirigida al PAR de Telecom de que
se le incluyera en el PPA, pedimento que fue negado en segunda instancia por la
Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá:
“Según las pruebas, el señor Albeiro Cruz Agudelo promovió antes de esta tutela
una acción ordinaria contra el PAR de TELECOM, con fundamento en que era
trabajador de TELECOM con derecho a ser incluido en el PPA. En ese contexto,
pedía condenar a la demandada a reconocerle el PPA desde el primero (1) de
febrero de dos mil seis (2006) y hasta que cumpliera los requisitos para acceder a
la pensión convencional de jubilación. Además, solicitaba el pago de las mesadas
pensionales retroactivas y futuras desde el primero (1) de febrero de dos mil seis
(2006), hasta que CAPRECOM asumiera el pago de la pensión de jubilación, con la
debida indexación o actualización. Subsidiariamente, pretendía el pago de la
pensión convencional de jubilación. Hay entonces identidad relevante de partes,
de fundamentos y de peticiones. Las pretensiones las negó en primera instancia
el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá mediante fallo del treinta (30) de marzo
de dos mil nueve (2009). En su sentencia el juzgado argumentó que ‘el único
régimen no tocado por la Ley 100 de 1993 es el de los trabajadores que ocupen
cargos de excepción, para todos los demás se aplica aquella y en consecuencia de
manera ineludible debe usarse el artículo 36, si el trabajador no entra en el régimen
de transición, no puede darse aplicación a las normas especiales que regulaban su
pensión antes de la entrada en vigencia del Régimen de Seguridad Social’. Por lo
anterior, y teniendo en cuenta que el actor no era beneficiario del régimen de
transición, porque al primero (1°) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994)
no contaba con la edad requerida para ello, ni se desempeñó en un cargo de
excepción, negó el reconocimiento del plan de pensión anticipada. En segunda
instancia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 11
de junio de 2009 confirmó la sentencia impugnada, sosteniendo que ‘la pretensión
de los demandantes a la pensión especial de jubilación con veinte (20) años de
servicio sin tener en cuenta la edad, pero sin acreditar haber desempeñado uno de
los cargos [de excepción], resulta infundada, con lo cual la súplica fracasa y conduce
a confirmar la absolución de la primera instancia’. No hay pruebas de que esté en
curso impugnación en su contra. Como tampoco fue cuestionada en esta tutela,
la Corte concluye que hay cosa juzgada y se atendrá a ella.”37.
(Negrillas fuera del texto original).
Si bien la sentencia SU-377 de 2014 es, en sí misma, prueba de la configuración de
la cosa juzgada en los términos descritos, lo cierto es que, en el subjudice no se
demostró que las piezas que condujeron a la Corte Constitucional a adoptar esta
decisión hubieran sido puestas a disposición del Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Lorica o del Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica en el
trámite de la tutela en primera o segunda instancia.
37 Corte Constitucional. Sentencia SU-377 de 2014.
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En efecto, se observa que, de acuerdo con la providencia SU-377, el texto de la
sentencia del 11 de junio de 2009 de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá —que negó, en segunda instancia, las pretensiones en el
proceso ordinario— constaba en los folios 434 a 448 del cuaderno de revisión del
expediente T-256407938. No obstante, se resalta que esa documentación no fue
allegada a este proceso —al que únicamente se remitió el expediente T-
248430139—, motivo por el cual no hay certeza de que sí haya sido aportada ante
los jueces de instancia de tutela.
Es decir, de las pruebas practicadas en este proceso, no es posible establecer
fehacientemente que los jueces Primero Promiscuo Municipal de Lorica o
Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica conocieron de la existencia de las
providencias ordinarias que negaron las pretensiones elevadas por Albeiro Cruz
Agudelo, máxime, en consideración a que el accionado no alegó la cosa juzgada en
su contestación40 o en la impugnación41, en el trámite de tutela.
En consecuencia, para esta Sala es evidente que, en el asunto particular, el haber
fallado de fondo no constituye una falla en el servicio, por cuanto no es posible
concluir que los jueces de tutela hubieran sido enterados de las providencias
ordinarias en virtud de las cuales se configuraba la cosa juzgada.
24. En este orden de ideas, debe concluirse que el daño derivado del pago de la
condena en favor de Albeiro Cruz Agudelo realmente no es antijurídico, pues el PAR
de Telecom estaba obligado a soportarlo, puesto que esta decisión estaba
soportada en el ordenamiento jurídico y, en particular, en la obligación que tenían
los juzgadores de instancia de fallar de fondo ante el desconocimiento de la
existencia de providencias que tuvieran efectos de cosa juzgada sobre la
controversia que se les había planteado en sede de tutela.
38 Nota de pie de página 185 de la sentencia SU-377 de 2014.
39 Como consta en el auto de decreto de pruebas del 28 de septiembre de 2017 (acta de audiencia
inicial simultánea), en el que se señala: “Decretar la prueba documental solicitada por la parte actora,
en consecuencia requerir al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica, para que remita copia
del expediente de tutela con radicado 23-417-40-89-001-2009-00065 partes José Albeiro Cruz
Agudelo y otros vs Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom.” (Archivo
DemandaConAnexos. P. 454). Se resalta que el radicado T-2484301 fue con el que se identificó el
proceso ante la Corte Constitucional, y se refiere al mismo proceso de tutela 23-417-40-89-001-2009-
00065 (Archivo: Anexo 1. P. 341).
40 Expediente Digital. Archivo: Anexo 1. Págs. 1 a 10.
41
Expediente Digital. Archivo: Anexo 1. Págs. 278 a 287.
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3.2.2. Sobre el requisito de inmediatez
25. En casos análogos, esta Subsección se ha referido al requisito de inmediatez
en las acciones de tutela, de la siguiente manera:
“(…) Así las cosas, para determinar la oportunidad y razonabilidad del tiempo
transcurrido entre la violación de un derecho fundamental y la presentación de una
acción de tutela para protegerlo, la jurisprudencia ha insistido que en cada caso
concreto se evalúe el requisito de inmediatez42, a fin de que no se desvirtúe la razón
de ser del mecanismo tuitivo. De esta manera, el juez constitucional debe analizar:
i) si existe un motivo válido para la inactividad de los accionantes; ii) si la inactividad
justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la
decisión; iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado43; y iv) si el fundamento
de la petición surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos
fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de
interposición44.
Debe recordarse, además, que la inmediatez es un principio orientado a la
protección de la seguridad jurídica y los intereses de terceros, y no una regla o
término de caducidad. Por ello, la satisfacción del requisito debe analizarse bajo el
concepto de plazo razonable y en atención a las circunstancias de cada caso
concreto, pues se relaciona con la finalidad de la acción, que supone a su vez la
protección urgente e inmediata de derechos constitucionales de naturaleza
fundamental45.”46.
26. Las pruebas allegadas dan cuenta que la tutela fue radicada el 19 de agosto de
200947, a pesar de que el instructivo del PPA data de marzo de 200348, y todos los
accionantes49 fueron desvinculados de Telecom el 25 de julio de 2003, como lo
demuestran los certificados del coordinador de tercerización de la unidad de
personal del PAR de Telecom, en los siguientes folios:
42 Cita original: “En la sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional estableció unas causales
genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, las cuales deben
ser acreditadas en todos los casos para que el asunto pueda ser examinado por el juez
constitucional. De esta forma, la providencia referida estableció que la tutela debe interponerse en
un término razonable, de acuerdo con el principio de inmediatez. Adicionalmente, señaló que ‘si bien
es cierto que la acción de tutela no está sometida a un término de caducidad, sí debe ser interpuesta
en un plazo razonable y proporcionado a partir del hecho generador de la vulneración, en el caso de
las providencias judiciales, desde que quedó en firme. En razón de ello, esta corporación judicial ha
considerado que un plazo de seis (6) meses podría resultar suficiente para declarar la tutela
improcedente y en otros eventos, un término de dos (2) años se podría considerar razonable para
ejercer la acción de tutela’.”
43 Cita original: “Corte Constitucional. Sentencia SU-961 de 1999.”
44 Cita original: “Corte Constitucional. Sentencia T-814 de 2005. Ver también, sentencias T-728 de
2002, T-189 de 2009 y T-328 de 2010.”
45 Cita original: “Ibídem”.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 24 de
abril de 2024. Exp: 66898; y sentencia del 23 de septiembre de 2024. Exp: 70018.
47 Expediente Digital. Archivo: Anexo 1. P. 342.
48 Expediente Digital. Archivo: Anexo 1. P. 67.
49 Sobre los cuales se refiere en este punto la sentencia SU-377 de 2014.
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Radicación: 23001-23-33-000-2016-00011-01 (70.495)
Demandante: Patrimonio Autónomo de Remanentes de
Telecom y Teleasociadas – En liquidación
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa
Accionante Folio50
Sandra Patricia Melo 31
Jair Ramírez Rubio 43
Helman Ricardo Ramírez 45
Edgar Paul Rodríguez 47
Jairo Rojas Acuña 49
Emma Patricia Romero 51
Luis Francisco Rueda 53
Francisco Javier Sánchez 55
Víctor Julio Sierra 57
José Meidelso Torres 59
Rubén Norberto Torres 62
Jaime Enrique Supelano 64
En este orden de ideas, es posible evidenciar que la acción de tutela fue presentada
más de 6 años después de que los tutelantes sufrieran la alegada lesión a sus
derechos fundamentales, lo que —como lo expone la Corte Constitucional en la
sentencia SU-377 de 2014—, en principio, implica la insatisfacción del requisito de
inmediatez y, de contera, la improcedencia de la acción de tutela.
Debe destacarse que este asunto fue estudiado por los jueces de instancia de tutela,
quienes consideraron que la acción sí cumplía con lo atinente a su oportunidad. Así
lo afirmó la segunda instancia:
“En relación con la falta del requisito de la Inmediatez [sic], por vía jurisprudencial,
se ha dicho que la inminencia persiste, mientras se mantiene la violación a los
derechos fundamentales.
Por el hecho de haber transcurrido un tiempo desde la ocurrencia de los hechos, no
se puede afirmar que la acción de tutela no resulta procedente. Mientras la violación
a los derechos fundamentales persista, entre ellos el mínimo vital y seguridad social,
significa que el peligro está inminente. Por el contrario, en este caso, la situación de
los accionantes está peor que desde la fecha en que fueron despedidos.
Las circunstancias en que se encuentran los actores, permite [sic] afirmar que los
derechos fundamentales siguen siendo violados por la entidad que los discriminó, al
negarles la Pensión Anticipada, que ya se habían ganado; resultado en este caso
particular, como única alternativa, la vía de Tutela, pues la pensión que esperan les
devuelve [sic] los derechos adquiridos.”51.
(Negrillas fuera del texto original).
No obstante, la sentencia SU-377 de 2014 advirtió lo contrario, al establecer que,
respecto de Sandra Patricia Melo, Helman Ricardo Ramírez, Jair Ramírez Rubio,
50 Del archivo: Anexo 1.
51 Sentencia de primera instancia de tutela. Expediente Digital. Archivo: Anexo 1. Págs. 334 y 335.
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Radicación: 23001-23-33-000-2016-00011-01 (70.495)
Demandante: Patrimonio Autónomo de Remanentes de
Telecom y Teleasociadas – En liquidación
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa
Edgar Paul Rodríguez, Jairo Rojas Acuña, Emma Patricia Romero, Luis Francisco
Rueda, Francisco Javier Sánchez, Víctor Julio Sierra, Jaime Enrique Supelano, José
Meidelso Torres Beltrán y Rubén Norberto Torres no se había satisfecho el requisito
de inmediatez, pues:
“En todos los casos de PPA, y no sólo en los que se considerarán a continuación,
se observa para empezar lo siguiente. El PPA fue ofrecido por TELECOM a sus
trabajadores a comienzos del primer semestre del año dos mil tres (2003). No
obstante, las acciones de tutela con esta pretensión se interpusieron en el segundo
semestre del año dos mil nueve (2009). Trascurrieron entonces, entre el
ofrecimiento del Plan y el de la promoción de las tutelas, por lo menos seis (6)
años. Estas personas fueron ciertamente trabajadoras de una empresa que sólo se
liquidó en enero de dos mil seis (2006), fecha en la cual fueron desvinculados
muchos de los actores. En algunas de las tutelas se alega que la inmediatez debe
contarse desde ese momento. Pero conviene precisar, primero, que no todos fueron
desvinculados cuando se liquidó la empresa, y que algunos lo fueron años antes (en
2003); y segundo, que incluso contando el tiempo desde esa fecha, los actores
tardaron cuando menos tres (3) años para presentar sus tutelas, y ese es un
término prima facie irrazonable para efectos de determinar su inmediatez. En
efecto, la jurisprudencia de la Corte ha sostenido que no cumple con la
inmediatez una tutela contra el PAR, en la cual se solicita inclusión en el PPA,
cuando los actores dejan trascurrir, sin justificación razonable, cerca de tres
(3) años o más, contados desde su desvinculación, para presentarla (p.ej.
sentencia T-551 de 2009).”.
(Negrillas fuera del texto original).
A continuación, la Corte Constitucional incluyó un análisis detallado sobre las
personas que habían aportado elementos adicionales para desvirtuar “la impresión
de irrazonabilidad” respecto de la inmediatez, en el que se determinó lo siguiente:
Accionante Conclusión
Jair Ramírez Rubio A pesar de que se aportaron las peticiones del 8 de julio de 2003
y del 6 de marzo de 2006 elevadas por el señor Jair Ramírez
Rubio al PAR para que fuera incluido en el PPA, lo cierto es que
fue desvinculado el 25 de julio de 2003, por lo que las
reclamaciones resultan insuficientes para desvirtuar la falta de
inmediatez, aunado a que no se expuso ninguna otra
circunstancia que justificara el amplio lapso que dejó transcurrir
para exigir la protección judicial.
Helman Ricardo Ramírez Se demostró que fue intervenido por un tumor cerebral el 21 de
julio de 1998, que, según se aduce, justifica la tardanza en la
interposición del amparo. Asimismo, se acreditó que presentó
una solicitud ante el PAR del 3 de marzo del 2006 para que se
le reconociera como beneficiario del PAR. Sin embargo, su
historia médica, en conjunto con la petición referida, no es
suficiente para justificar el trascurso del tiempo para la
interposición de la tutela.
Edgar Paul Rodríguez El 11 de septiembre de 2003, el señor elevó derecho de petición
ante TELECOM para que lo reconociera como beneficiario,
solicitud que resulta insuficiente para desvirtuar la
irrazonabilidad del intervalo que dejó pasar antes de promover
la presente solicitud amparo.
Jairo Rojas Acuña Presentó derecho de petición ante el PAR el 6 de marzo de
2006 con el fin de que ser reconocido como beneficiario del
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Telecom y Teleasociadas – En liquidación
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa
PPA, que resulta insuficiente para desvirtuar la irrazonabilidad
prima facie que surge del intervalo que dejó pasar antes de
promover la presente solicitud amparo.
Emma Patricia Romero Obra la reclamación administrativa y el agotamiento de la vía
gubernativa, que inició el 20 de febrero de 2009, con el fin de
que se le reconociera su derecho a ser incluida en el PPA. Dejó
pasar 6 años aproximadamente, no sólo para interponer su
amparo, sino también para adelantar una gestión
administrativa. Eso resulta insuficiente para desvirtuar la
irrazonabilidad prima facie que surge del intervalo que dejó
pasar antes de promover la presente solicitud amparo.
Luis Francisco Rueda Se allegó un derecho de petición ante el PAR el 6 de marzo de
2006 para que se le incluyera dentro del grupo de beneficiarios
del PPA, que resulta insuficiente para desvirtuar la
irrazonabilidad prima facie del intervalo que dejó pasar antes de
promover el amparo.
Francisco Javier Sánchez Hay evidencia de que interpuso una petición en marzo de 2006
ante el PAR, solicitando la inclusión en el PPA, que resulta
insuficiente para desvirtuar la irrazonabilidad prima facie del
intervalo que dejó pasar antes de promover el amparo.
Víctor Julio Sierra Obra copia de una petición presentada ante el PAR, que data
del 6 de marzo de 2006, en la que se solicitaba que se le
reconociera su derecho a ser incluido en el PPA, que resulta
insuficiente para desvirtuar la irrazonabilidad prima facie que
surge del intervalo que dejó pasar antes de promover la
presente solicitud amparo.
José Meidelso Torres Presentó una reclamación administrativa ante el PAR el 13 de
marzo de 2006 que, sin embargo, resulta insuficiente para
desvirtuar la irrazonabilidad prima facie que surge del intervalo
que dejó pasar antes de promover la presente solicitud amparo.
Rubén Norberto Torres Obra copia de una petición, en la cual no resulta legible ni la
fecha ni la entidad ante la cual se presentó que, en cualquier
caso, no es suficiente para desvirtuar la irrazonabilidad prima
facie del intervalo que dejó pasar antes de promover el amparo.
Jaime Enrique Supelano Presentó dos reclamaciones, el 28 de febrero y el 4 de marzo
de 2006 con la solicitud de que se le reconociera su derecho a
ser incluido en el PPA. Sin embargo, no son suficientes para
desvirtuar la conclusión prima facie de irrazonabilidad que pesa
sobre un término tan amplio para promover el amparo. No hay
justificación para haber dejado trascurrir antes y después de
esos trámites ante la administración sendos períodos de
aproximadamente tres (3) años. Tampoco obran elementos
suficientes que lleven a la Sala a pensar que el tutelante sea
una persona en especiales circunstancias de vulnerabilidad,
que hubiese estado sometido a una fuerza mayor, o algo del
mismo rigor.
Respecto de Sandra Patricia Melo, la Corte resaltó que esta accionante no sólo
tardó un “periodo demasiado extenso para presentar sus amparos”, sino que,
además, dejó “de aportar —teniendo oportunidad de hacerlo— elementos de juicio
adicionales para desvirtuar la impresión inicial de falta de inmediatez”, aunado a que
no era una persona de la tercera edad, ni se acreditó que hubiera actuado con la
suficiente diligencia para solicitar lo que ahora reclamaba, así como que no había
estado sometida a fuerza mayor, o que fuera “desproporcionado adjudicarle la carga
de acudir a un juez con prontitud, debido por ejemplo a su estado de indefensión,
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Telecom y Teleasociadas – En liquidación
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Asunto: Reparación directa
interdicción, abandono, minoría de edad o incapacidad física”.
27. Esta Sala coincide con las argumentaciones de la Corte Constitucional en el
sentido de establecer que, en lo atinente a estos accionantes, la tutela fue
presentada en desconocimiento del requisito de inmediatez, por manera que así lo
han debido concluir los juzgados de instancia de tutela, a quienes, en consecuencia,
les correspondía declarar la improcedencia de la acción.
Por lo expuesto, se concluye que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica
y el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica, al haberse pronunciado
de fondo, inobservando la falta de satisfacción de inmediatez de la tutela respecto
de estos tutelantes, incurrieron en una falla en el servicio.
3.2.3. Sobre la concesión del derecho de acceder al PPA
28. Este reproche se centra en que el PPA se regía por el instructivo elaborado por
Telecom, en el que se establecía que tenían derecho a acceder a este beneficio los
empleados que estuvieran cubiertos por el régimen de transición previsto en la Ley
100 de 1993 —es decir, que al 1 de abril de 1994, tuvieran 35 años o más de edad
(en caso de las mujeres) o 40 años o más (en el caso de los hombres), y 15 años o
más de servicio—, además de que hubieran estado vinculados a la planta de
personal de Telecom al momento de su transformación en Empresa Industrial y
Comercial del Estado —que ocurrió el 29 de diciembre de 1992—. Adicionalmente,
que (i) estuvieran cubiertos por alguno de los regímenes especiales de pensión, si,
además, al 31 de marzo de 2003, les restaban 7 años o menos para adquirir la
pensión; o (ii) que estuvieran en cargos de excepción, siempre que al 31 de marzo
de 2004 hubieran acumulado 20 años de servicio a Telecom en uno de estos cargos.
Se adujo, en el presente trámite, que los señores Genaro Ortiz Muñoz y Pablo
Enrique Pardo Ojeda no cumplían con estos requisitos, pues al 1 de abril de 1994
no contaban con las condiciones para estar cubiertos por el régimen de transición
de la Ley 100 de 1993, por lo que no tenían el derecho material de acceder al PPA,
a pesar de lo cual el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica ordenó
incluirlos en el plan, decisión que fue confirmada por el Juzgado Promiscuo de
Familia del Circuito de Lorica.
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29. En efecto, el instructivo del PPA52 reseñaba que:
“2. A quiénes va dirigido el plan de pensión anticipada.
El plan de pensiones anticipadas está dirigido a los trabajadores oficiales de la
Empresa cobijados por alguno de los regímenes especiales de pensión y que les
falten 7 años o menos para cumplir con los requisitos de pensión al 31 de marzo de
2003, si el trabajador ocupa un cargo ordinario. (…)
3. ¿Cuáles trabajadores se encuentran cobijados por los regímenes especiales
de pensiones de Telecom y cuáles son las modalidades de pensión?
El trabajador que cumpla con los siguientes requisitos:
• Estar cubierto por el régimen de transición de la ley 100 de 1993, es decir, quien
al 01 de abril de 1994, tenía 40 años si es hombre o 35 años si es mujer o haber
cotizado o trabajado durante más de quince (15) años; y,
• Estar vinculado a la planta de personal de Telecom al momento de su
transformación en Empresa Industrial y Comercial del Estado (Decreto 2123 del 29
de diciembre de 1992).
De acuerdo a lo establecido en la Addenda extra convencional, en la Empresa se
vienen reconociendo a la fecha los siguientes regímenes especiales de pensiones:
• 20 años al servicio del Estado y 50 años de edad;
• 25 años al servicio del Estado y cualquier edad;
• 20 años en cargos de excepción y cualquier edad.”
(Subrayados fuera del texto original).
Y, sin embargo, se observa que la sentencia de segunda instancia proferida por el
Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica consideró que:
“Además, el PLAN DE PENSIÓN ANTICIPADA, propuesto por TELECOM,
flexibilizaba los requerimientos, permitiendo que a las personas que le faltaban
menos de 7 años para cumplir con los requisitos previstos en los tres regímenes
especiales, tuvieran acceso a la pensión de jubilación, al igual que las personas que
al cierre de la misma, ya los completaban. Y como lo demuestran las pruebas, para
la fecha de 2010, es decir, a menos de 7 años contados desde la fecha de liquidación
de la empresa 31 de marzo de 2003, los actores cumplen con los requerimientos de
la edad y tiempo de servicios (25 años de servicios continuos o discontinuos, sin
consideración a la edad; 20 años de servicios y 50 años de edad o 20 años de
servicios ocupando un cargo de excepción.
Pero no obstante estar vinculados en la empresa TELECOM, desde antes de que
se transformara en Empresa Industrial y Comercial del Estado; cumplir con los
requisitos de edad y tiempo de servicios, dispuestos en los regímenes especiales,
con la garantía de faltarles menos de 7 años para completarlos a marzo de 2010; la
extinta TELECOM no les ofreció el Plan de Pensión Anticipada, exigiéndoles que
debían estar cubiertos por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
Sin embargo, fueron muchos trabajadores, con menos años de servicios, a quienes
sí se les ofreció el Plan de Pensión Anticipada; exigiéndoles a los accionantes que
debían cumplir unos requisitos adicionales, (régimen de transición) desconociendo
52 Archivo: Anexo 1. P. 68.
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Asunto: Reparación directa
que la Convención Colectiva suscrita entre la empresa y los trabajadores, debe ser
aplicada aún en vigencia de la ley [sic] 100 de 1993. Así las cosas, haber
despedido a los actores, sin ofrecerles la Pensión Anticipada que fue brindada
a otros, en iguales circunstancias, vulnera flagrantemente los derechos
fundamentales ala DIGNIDAD HUMANA, LA SEGURIDAD SOCIAL, LA SALUD
EN CONEXIDAD CON LA VIDA Y EL MÍNIMO VITAL.”53.
(Negrillas fuera del texto original).
30. Por su parte, la sentencia SU-377 de 2014, determinó que no se trataba de una
flexibilización de los requerimientos, en la medida en la que, según el instructivo,
para acceder al beneficio, además de cumplir con otras exigencias, era necesario
estar cubierto bajo el régimen de transición de la Ley 100 de 1993:
“12. Antes de que se decretara el inicio del proceso liquidatorio, TELECOM ofreció
un Plan de Pensión de Anticipada para un grupo de trabajadores de la compañía.
Los demandantes y el PAR aportaron pruebas suficientes para concluir que las
discusiones sobre el Plan de Pensión Anticipada ocurrieron en el siguiente contexto
general. TELECOM era a comienzos de dos mil tres (2003) una empresa industrial
y comercial del Estado, que no se encontraba aún en proceso de liquidación. En
esas condiciones, y concretamente en marzo del año dos mil tres (2003), TELECOM
ofreció un Plan de Pensión de Anticipada. ¿En qué consistía dicho Plan?
Básicamente, en ofrecer una pensión anticipada a un grupo de trabajadores
relativamente próximos a pensionarse –proximidad que se determinaba tomando
como punto de partida el mes de marzo de 2003-. El conjunto de potenciales
beneficiarios estaba conformado por personas que habían prestado sus servicios
por amplios períodos o en ocupaciones de especial relevancia para la compañía. La
pensión anticipada había de pagarse hasta que un ente del sistema de seguridad
social les reconociera definitivamente la pensión regular. Los requisitos para ser
incluidos en el PPA los precisó TELECOM en un ‘Instructivo’ aportado al proceso,
cuyo contenido se señala a continuación.
13. El instructivo que elaboró TELECOM decía que el PPA estaba dirigido: primero,
a los trabajadores oficiales cubiertos por alguno de los regímenes especiales de
pensión, si además el treinta y uno (31) de marzo de dos mil tres (2003) les faltaban
siete (7) años o menos para adquirir la pensión; y segundo, a los trabajadores en
cargos de excepción, si al treinta y uno (31) de marzo de dos mil cuatro (2004) tenían
‘veinte (20) años de servicio a Telecom en uno de esos cargos’. Los regímenes
especiales eran tres (3), de acuerdo con el instructivo. Uno permitía pensionarse con
veinte (20) años al servicio del Estado y cincuenta (50) años de edad; otro con
veinticinco (25) años al servicio del Estado y cualquier edad; y uno más con veinte
(20) años en cargos de excepción y cualquier edad. Estos eran los grupos a los
cuales en principio se dirigía el Plan. Pero el instructivo aclaraba que la pertenencia
a estos grupos no bastaba para ser incluido en el PPA.
14. Para estar en uno de estos grupos, y beneficiarse del PPA en calidad de
trabajador en cargo ordinario, era indispensable cumplir con otros requisitos. Por
una parte, el trabajador oficial debía estar cubierto por el régimen de transición
de la Ley 100 de 1993; es decir, haber tenido al primero (1°) de abril de mil
novecientos noventa y cuatro (1994) treinta y cinco años o más de edad en el
caso de las mujeres, o cuarenta años o más de edad en el caso de los hombres,
o quince (15) años o más de servicio en cualquier caso. Y por otra parte,
cualquier aspirante debía haber estado vinculado a la planta de personal de
TELECOM al momento de su transformación en Empresa Industrial y Comercial del
53 Archivo: Anexo 1. P. 330.
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Estado, lo cual ocurrió el veintinueve (29) de diciembre de mil novecientos noventa
y dos (1992), por virtud del Decreto 2123 de esa misma fecha. Quienes incumplían
uno o más de esos requisitos, quedaban fuera del ámbito del PPA.”.
(Negrillas fuera del texto original),
31. Siendo así, la Corte Constitucional expuso que el señor Genaro Ortiz Muñoz no
cumplía con los requisitos previstos en el instructivo del PPA para acceder al
beneficio, motivo por el cual la acción de tutela ha debido negarse:
“El actor no tenía el primero (1) de abril de mil novecientos noventa y cuatro
(1994) las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la
Ley 100 de 1993. De un lado contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y
de otro tenía menos de quince (15) años de servicios en la compañía. No prueba
que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente para
completar los quince (15) años exigidos por la Ley para estar en el régimen de
transición. Tal condición era indispensable para estar en el PPA. Como no la
cumple, su acción de tutela debe negarse.”.
(Negrillas fuera del texto original).
Igualmente, en lo concerniente a Pablo Enrique Pardo, señaló que:
“El actor no tenía el primero (1) de abril de mil novecientos noventa y cuatro
(1994), las condiciones para adquirir el derecho al régimen de transición de la
Ley 100 de 1993. De un lado contaba con menos de cuarenta (40) años de edad, y
de otro tenía menos de quince (15) años de servicios en la compañía. No prueba
tampoco que hubiese prestado sus servicios a otra entidad, por el tiempo suficiente
para completar los quince (15) años exigidos por la Ley para estar en el régimen de
transición. La condición era indispensable para estar en el PPA. Ya que no la
cumple, también su acción de tutela debe ser negada.”.
(Negrillas fuera del texto original).
32. De esta manera, la argumentación de la Corte Constitucional evidenció que los
juzgados de instancia de tutela habían efectuado un análisis erróneo sobre la
aplicación del instructivo del PPA, que había redundado en que se ordenara la
inclusión de los señores Genaro Ortiz Muñoz y Pablo Enrique Pardo al beneficio,
aun cuando no cumplían con las exigencias para acceder al mismo.
Dicho de otro modo, de haber interpretado el instructivo del PPA de manera correcta
—sujetándose a la literalidad de su texto—, el Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Lorica y el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica
habrían debido concluir que estos tutelantes no cumplían con las condiciones para
acceder al mencionado plan y, en consecuencia, negar la solicitud de amparo. En
estos términos, la decisión de despachos constituye una falla en el servicio.
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IV. Conclusión
33. En criterio de esta Sala, se acreditó el daño reclamado, consistente en los
desembolsos efectuados por el PAR de Telecom por $2.102’864.128, para el
reconocimiento de las mesadas desde la fecha de desvinculación de los
trabajadores tutelantes hasta el reconocimiento de la pensión definitiva, y por
$385’270.338,62, correspondientes a la inclusión de los mismos en el PPA y el
respectivo pago periódico de las mesadas desde noviembre de 2009 hasta mayo
de 2010.
Igualmente, se demostró que el daño era atribuible a la Nación-Rama Judicial, en la
medida en la que los antedichos pagos se hicieron en orden a cumplir con la
sentencia proferida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lorica y
confirmada por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Lorica.
En atención a que las decisiones de instancia de tutela no gozan de firmeza, pues
fueron revocadas en su integridad por la Corte Constitucional mediante sentencia
SU-377 de 2014, el fundamento del deber de reparar no es el error judicial, sino la
falla en el servicio.
En este contexto, se observa que, de acuerdo con los reproches planteados en la
demanda en contra de las sentencias de instancia, (i) no se probó que la falta de
determinación sobre la configuración de la cosa juzgada frente al accionante Albeiro
Cruz constituyera una falla de las providencias de tutela, puesto que no se evidenció
que dichos despachos conocieran de las sentencias ordinarias de las cuales
emanaran dichos efectos; (ii) la decisión de fondo respecto de los accionantes
Sandra Patricia Melo, Helman Ricardo Ramírez, Jair Ramírez Rubio, Edgar Paul
Rodríguez, Jairo Rojas Acuña, Emma Patricia Romero, Luis Francisco Rueda,
Francisco Javier Sánchez, Víctor Julio Sierra, Jaime Enrique Supelano, José
Meidelso Torres Beltrán y Rubén Norberto Torres sí se erigió como una falla en el
servicio, por cuanto éstos no cumplieron con el requisito de inmediatez, por lo que
los juzgados han debido declarar la improcedencia de la acción; e igualmente (iii) la
concesión del amparo a favor de Genaro Ortiz Muñoz y Pablo Enrique Pardo es
constitutiva de falla del servicio, en virtud de que estos tutelantes no satisfacían con
las exigencias previstas en el instructivo del PPA para acceder al beneficio, razón
por la cual, a los juzgados de instancia, les correspondía negar la tutela.
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Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa
Así las cosas, se reitera que el daño ocasionado por el pago a favor de Albeiro Cruz
Agudelo no es antijurídico, teniendo que soportarlo el PAR de Telecom, puesto que
los juzgados de instancia estaban obligados a fallar de fondo ante el
desconocimiento de la existencia de las providencias de las cuales se desprendían
los efectos de cosa juzgada.
34. En estos términos, en atención al problema jurídico esbozado, se concluye que
se acreditaron los elementos de la responsabilidad de la Nación-Rama Judicial,
salvo por lo relacionado con el pago efectuado a Albeiro Cruz Agudelo, que —se
itera— no es un daño antijurídico.
Por esta virtud, corresponde revocar la sentencia de primera instancia para, en su
lugar, acceder parcialmente a las pretensiones.
V. Liquidación de perjuicios
5.1. Daño emergente
35. Se recuerda que el daño acreditado ascendió a $2.102’864.128, originado en el
reconocimiento de las mesadas desde la fecha de desvinculación de los
trabajadores hasta el reconocimiento de la pensión definitiva, y a $385’270.338,62
por la inclusión de los tutelantes en el PPA y el respectivo pago periódico de las
mesadas desde noviembre de 2009 hasta mayo de 2010.
Dentro de esos valores están comprendidos aquellos pagados a favor de Albeiro
Cruz Agudelo, a pesar de que ya se ha explicado que ese daño en particular no es
antijurídico, de modo que, a estas sumas totales deberán restárseles los montos
pagados a favor del referido accionante.
36. Según el comprobante de depósito judicial 9845854, el PAR de Telecom giró
$91’867.230, con destinación a José Albeiro Cruz Agudelo, por las mesadas desde
la fecha de desvinculación hasta el reconocimiento de la pensión definitiva, por lo
54 Archivo: DemandaConAnexos. P. 228. Si bien el nombre está cortado en la copia aportada al
expediente, se puede desprender que se trata de este tutelante, en la medida en la que es el único
con ese nombre. Además, así lo confirma la tabla allegada con la totalidad de los valores girados en
cumplimiento de la decisión (Archivo: DemandaConAnexos. P. 231).
29
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00011-01 (70.495)
Demandante: Patrimonio Autónomo de Remanentes de
Telecom y Teleasociadas – En liquidación
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa
cual a la suma de $2.102’864.128 habrá que restarle dicho valor, de modo que, por
este concepto, el daño que se reconocerá asciende a $2.010’996.898.
La anterior suma será actualizada, con el fin de evitar la pérdida del valor adquisitivo
del dinero por el paso del tiempo, desde la fecha en la cual se efectuó el desembolso
—25 de septiembre de 2009—, hasta la fecha de la presente sentencia, de
conformidad con la siguiente operación:
ACTUALIZACIÓN Ca=Ch*(IPC Final/IPC Inicial)
IPC Inicial = agosto 2009 71,35
IPC final = julio 2025 150,3
Capital actualizado $4.247’755.325,82
37. En cuanto a las mesadas pensionales por haberse incluido a los accionantes en
el PPA desde el 29 de noviembre de 2009 hasta el 31 de mayo de 2010, los
siguientes son los pagos efectuados a favor de José Albeiro Cruz, así como la
deducción que corresponde respecto de cada desembolso. Igualmente, se señalan
los valores actualizados desde la fecha de los respectivos pagos hasta la presente
sentencia.
Concepto Fecha de Valor total Valor a favor de Valor a Valor
pago pagado Albeiro Cruz reconocer actualizado
Nómina PPA 30/11/2009 $51’552.231 $1’883.897 $49’668.334 $105’148.400,30
noviembre de
2009
Nómina PPA 22/12/2009 $108’765.434 $3’954.094 $104’811.340 $222’042.691,19
diciembre de
2009
Nómina PPA 29/01/2010 $28’769.815,8 $1’921.700,94 $26’848.114,86 $56’829.766,72
enero de 2010
Nómina PPA 29/01/2010 $ 23’815.239,82 0 $23’815.240 $50’479.626,27
enero de 2010
Nómina PPA 26/02/2010 $28’006.668 0 $28’006.668 $58’876.899,63
febrero de
2010
Nómina PPA 26/02/2010 $23’815.239 0 $23’815.239 $50’065.485,70
febrero de
2010
Nómina PPA 31/03/2010 $23’815.239 0 $23’815.239 $49’656.816,13
marzo de 2010
Nómina PPA 29/04/2010 $29’061.907 1’921.701 $27’140.206 $56’449.081,51
abril de 2010
Nómina PPA 29/04/2010 $19’303.329 0 $19’303.329 $40’149.112,80
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Radicación: 23001-23-33-000-2016-00011-01 (70.495)
Demandante: Patrimonio Autónomo de Remanentes de
Telecom y Teleasociadas – En liquidación
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa
abril de 2010
Nómina PPA 31/05/2010 $29’061.907 1’921.701 $27’140.206 $56’193.164,53
mayo de 2010
Nómina PPA 31/05/2010 $19’303.329 0 $19’303.329 $39’967.093,19
mayo de 2010
Total $385’270.338,62 $11’603.093,94 $373’667.244,68 $785’858.137,97
En esta medida, el daño que se reconocerá, indexado a la actualidad, equivale a
$785’858.137,97.
Así las cosas, el daño emergente total, actualizado a la presente fecha, al que se
accederá corresponde a $5.033’613.463,80.
5.2. Intereses bancarios corrientes y moratorios
38. La Sala no pasa por alto que la demanda pretendió, sobre el antedicho capital,
el reconocimiento de los intereses bancarios corrientes que generaban los dineros
mientras estaban en la cuenta de la parte actora, así como los intereses de mora,
en ambos casos, calculados desde la fecha en la que se efectuaron los
desembolsos y hasta que se realizara el pago definitivo.
39. Sobre este asunto, se resalta que —contrario a lo insistido en la impugnación—
no es procedente reconocer los intereses bancarios corrientes que el capital pagado
generaba en la cuenta de la parte actora, en cuanto, como se ha expuesto, el
desembolso que efectuó el PAR de Telecom tuvo como sustento el legítimo
cumplimiento de la orden emitida por los jueces de tutela, que —hasta su
revocatoria por la sentencia SU-377 de 2014— gozó de ejecutoria. En este sentido,
el demandante tenía la obligación de realizar dichos pagos, y de ahí deviene la
certeza del daño emergente reconocido, sin que hubiera justificación —en ese
momento— para negar u omitir la satisfacción de los respectivos desembolsos. En
otras palabras, los pagos se sustentaron en un justo título, como lo eran las
sentencias de instancia de tutela y, de esta manera, no se causaron los antedichos
intereses.
Sumado a lo anterior, se advierte que, antes de la ejecutoria de la presente
providencia, no existía certeza acerca de la obligación de indemnización en cabeza
de la Nación-Rama Judicial, por lo cual a la demandada no le corresponde el deber
de reconocer los intereses bancarios corrientes que, en gracia de discusión, se
31
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00011-01 (70.495)
Demandante: Patrimonio Autónomo de Remanentes de
Telecom y Teleasociadas – En liquidación
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa
hubieran generado antes de la firmeza de esta decisión.
40. Similares consideraciones aplican a la solicitud del pago de intereses
moratorios, puesto que se recuerda que, según el artículo 1617 del Código Civil,
éstos se deben ante el incumplimiento de una obligación dineraria, y constituyen los
perjuicios derivados del retardo, sin que deban justificarse o demostrarse. Así las
cosas, para su reconocimiento, la obligación dineraria debe ser cierta, así como su
incumplimiento; en estos eventos, la certeza del débito únicamente sucede con la
decisión judicial en firme. Así lo ha explicado esta Sección en casos análogos:
“los intereses moratorios constituyen la indemnización de perjuicios a que tiene
derecho el acreedor de una obligación dineraria incumplida, que no es el caso en el
sub-lite, toda vez que la obligación de pagar la suma de dinero a cargo de la
entidad demandada, surge con ocasión de la presente providencia y en virtud
de la condena que aquí se proferirá en su contra, razón por la cual no puede
hablarse de mora en el pago de dicha obligación”55.
(Negrillas fuera del texto original).
En efecto, al tenor del artículo 192 del CPACA:
“(…) Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o
devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10)
meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto,
el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad
obligada. Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o
liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses
moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según
lo previsto en este Código. Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la
providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una
conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable
para hacerla efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta
cuando se presente la solicitud (…)”.
(Negrillas fuera del texto original).
41. De conformidad con lo expuesto, la Sala no accederá a la súplica consistente
en el pago de los intereses moratorios o bancarios corrientes sobre el capital
reconocido.
5.3. Parámetros de la liquidación
42. Se destaca que la Corte Constitucional revocó las decisiones aquí reprochadas
55 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de
diciembre de 2013, Rad.: 27593. Reiterado en la sentencia con expediente 70018 que definió un
asunto paralelo a este.
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Radicación: 23001-23-33-000-2016-00011-01 (70.495)
Demandante: Patrimonio Autónomo de Remanentes de
Telecom y Teleasociadas – En liquidación
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Asunto: Reparación directa
mediante sentencia SU-377 de 2014, y dispuso explícitamente lo siguiente en el
Auto 503 de 201556:
“5.5.4. El hecho de que el PAR hubiere cancelado sumas de dinero a favor de
algunos peticionarios en cumplimiento de las sentencias de instancia, a pesar de
que las mismas eran objeto de revisión por la Corte, no impacta la resolución a los
problemas jurídicos que se plantearon, ni tampoco significa que se omitió resolver
algunos de los extremos de la litis. La Sala Plena no dispuso la restitución de dineros
a favor del PAR de TELECOM, porque dicha entidad puede hacer uso de los
instrumentos legales que tiene a su disposición para lograr la devolución de lo
pagado con fundamento en el principio del enriquecimiento sin causa, en tanto la
fuente de la obligación desapareció. Bastaba con revocar todas las órdenes de las
sentencias de instancia para entender que los pagos efectuados en virtud de las
mismas carecen de justificación legal y constitucional, por lo que la restitución de las
cosas al estado inicial debe procurarse mediante los mecanismos dispuestos en el
ordenamiento jurídico para ello”.
Con fundamento en lo anterior, y como se ha definido en casos fácticamente
similares resueltos por esta Subsección57, el pago de la condena estará sujeto a las
siguientes condiciones, para evitar un enriquecimiento sin justa causa:
i) Si se verifica que el PAR TELECOM no pudo recuperar a través de
procesos ordinarios (civiles, laborales, ejecutivos o penales) lo pagado
con ocasión de la acción de tutela aquí señalada, la Rama Judicial estará
obligada a pagar la totalidad del capital adeudado y actualizado a la fecha
de esta sentencia.
ii) En caso de acreditarse la recuperación de alguna suma de dinero, la
Nación–Rama Judicial, después de actualizar el rubro pertinente, deberá
descontarlo de la suma total reconocida.
Para el efecto, la Nación-Rama Judicial i) contará con la información registrada en
el sistema de consulta judicial Siglo XXI o podrá valerse de los datos que recaude
directamente en los despachos judiciales, y ii) dispondrá de la certificación que el
PAR de Telecom radique con la solicitud de pago, en la que indique, bajo la
gravedad del juramento, si el dinero desembolsado se recaudó total o parcialmente.
Los documentos que aporte el extremo activo deberán contener información clara,
precisa y detallada de los respectivos tutelantes, procesos, cuantía y condena, si
56 Corte Constitucional. Auto 503 de 2015 que decidió la adición y aclaración de la SU-377 de 2014.
P. 461 de la sentencia publicada en la página web de la Corte Constitucional.
57 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 24 de abril de 2024. Exp: 66.898. Igualmente, en la sentencia con expediente 70018.
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Radicación: 23001-23-33-000-2016-00011-01 (70.495)
Demandante: Patrimonio Autónomo de Remanentes de
Telecom y Teleasociadas – En liquidación
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa
existiera. Para verificar cualquiera de las dos situaciones descritas y proceder al
pago correspondiente, se dispondrá de un plazo máximo de 10 meses a partir de la
ejecutoria de esta decisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 192 del
CPACA.
VI. Costas
43. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, en la sentencia
se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirá por
el CGP, que, a su turno, en el numeral 4 de su artículo 365, establece que “cuando
la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida
será condenada a pagar las costas de ambas instancias”, y en su numeral 8 que
sólo se reconocerán “cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación”.
44. De acuerdo con el artículo 361 ibídem, las costas “(…) están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso de proceso y por las
agencias en derecho (…)”, estas últimas, vale aclarar, las determina el juez de cada
instancia por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la
Judicatura. Las expensas y agencias se liquidan de manera concentrada por el juez
de primera instancia, según el artículo 366.
Como en el presente asunto se revocará la totalidad de la sentencia de primera
instancia, y se accederá parcialmente a las pretensiones, en los términos de la ley,
se condenará en costas a la parte vencida, que es el extremo pasivo.
45. En la fijación de las agencias, de conformidad con lo previsto en el numeral 4
del artículo 366 del mismo estatuto, en concordancia con el Acuerdo No. 1887 de
2003 del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se
presentó la demanda58, se tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la
gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las
hubiere.
58 El Acuerdo 1887 de 2003 fue derogado por el Acuerdo 10554 de agosto 5 de 2016 y aplicó en los
procesos judiciales iniciados a partir de su publicación. La demanda se presentó el 18 de diciembre
de 2015.
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Radicación: 23001-23-33-000-2016-00011-01 (70.495)
Demandante: Patrimonio Autónomo de Remanentes de
Telecom y Teleasociadas – En liquidación
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa
De acuerdo con el numeral 3.1.2 del citado Acuerdo, en los procesos con cuantía y
que se adelantan ante esta jurisdicción, las agencias en derecho en primera
instancia se fijan hasta el 20% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas
en la sentencia, mientras que, según el numeral 3.1.3, para la segunda instancia
se establece un tope de hasta el 5%.
Se observa que, en primera instancia, el demandante actuó diligentemente,
acudiendo a la audiencia inicial y de práctica de pruebas y presentando alegatos de
conclusión59, con lo cual se estima que ejerció una gestión diligente en el proceso.
En segunda instancia, se destaca que fue quien interpuso el recurso de apelación
en contra de la providencia del Tribunal Administrativo de Córdoba.
Por esta virtud, las agencias en derecho correspondientes a la primera instancia se
fijan en el equivalente al 0,1% de las pretensiones reconocidas, esto es por
$5’009.850,3460, al igual que frente a la segunda instancia, es decir, por valor de
$5’009.850,34. En estos términos, la parte demandada deberá pagar en favor de la
demandante la suma total de $10’019.700,68.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 25 de mayo de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba y, en su lugar, disponer:
“1°.- DECLARAR la responsabilidad de la Nación-Rama Judicial por los
daños sufridos por el PAR de Telecom, por la falla en el servicio en que se
incurrió en la sentencia proferida por el Juzgado Primero Promiscuo
Municipal de Lorica, confirmada por el Juzgado Promiscuo de Familia del
Circuito de Lorica, en el proceso con radicado 200900065 (identificada con el
radicado T-2484301 ante la Corte Constitucional), salvo por lo desembolsado
a favor de José Albeiro Cruz, por las razones expuestas en la parte motiva
de este proveído.
2°.- En consecuencia, CONDENAR a la Nación-Rama Judicial a pagar a la
59 Archivo: DemandaConAnexos. Págs. 500 y 501.
60 Se recuerda que, de conformidad de la reforma de la demanda, se solicitaron perjuicios por un
total de $5.009’850.339,57.
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Radicación: 23001-23-33-000-2016-00011-01 (70.495)
Demandante: Patrimonio Autónomo de Remanentes de
Telecom y Teleasociadas – En liquidación
Demandado: Nación–Rama Judicial
Asunto: Reparación directa
demandante la suma de $5.033’613.463,80, por concepto de la
indemnización del daño emergente, consistente en los respectivos
desembolsos, actualizados a la fecha de esta providencia, salvo por lo que
atañe a los pagos efectuados a favor de José Albeiro Cruz, de acuerdo con
los parámetros establecidos en la parte motiva de esta providencia.
3°.- NEGAR las demás pretensiones.
4°.- DAR cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y
195 del CPACA.”.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la demandada, para lo cual se fijan las
agencias en derecho correspondientes a la primera y segunda instancia en
$10’019.700,68.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE61
NICOLÁS YEPES CORRALES
61 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en
el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
VF
36
Sigue leyendo
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