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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-33-000-2016-00012-01

Fecha
18 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-33-000-2016-00012-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 17 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba y, en su lugar, se dispone: PRIMERO. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - Rama Judicial por la falla en el servicio en la que incurrió al conceder el amparo constitucional a favor una ex empleada del PAR de Telecom, embargar sus cuentas bancarias y ordenar pagar unos emolumentos laborales, sin fundamento alguno. SEGUNDO. CONDENAR a la Nación - Rama Judicial a pagar a favor del PAR de Telecom, por daño emergente, la totalidad del capital adeudado y actualizado a la fecha de esta sentencia, esto es, mil doscientos veintitrés millones cuatrocientos setenta y un mil doscientos veintinueve pesos ($1.223’471.229), siempre que se verifique que no recuperó la suma reconocida a su favor en la jurisdicción ordinaria con ocasión de la acción de tutela aquí estudiada. La presente sentencia constituirá el título ejecutivo, por lo que el PAR de Telecom podrá exigir el pago de la suma antes mencionada. En caso de acreditarse la recuperación de alguna suma de dinero relacionada con la acción constitucional analizada, la Nación - Rama Judicial, después de actualizar el rubro pertinente, deberá descontarlo del monto antes mencionado, esto es, de los mil doscientos veintitrés millones cuatrocientos setenta y un mil doscientos veintinueve pesos ($1.223’471.229) y realizar el pago del saldo pendiente. La 86 “Artículo. 6. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho (…) III Contencioso Administrativo (…) 3.1.3. Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”. 35 Radicación número: 23001-23-33-000-2016-00012-01 (70.497) Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011 presente sentencia y la resolución expedida por la entidad, en caso de que hubiera reconocido la suma pertinente, constituirán el título ejecutivo. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 23001-23-33-000-2016-00012-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

18 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 23001-23-33-000-2016-00012-01 (70.497)

Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM

Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

Temas: DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Embargo y pago de
unas sumas de dinero por un amparo constitucional / ERROR JUDICIAL - CADUCIDAD -
Por regla general el plazo de dos años para demandar comienza a correr a partir del día
siguiente en el que la providencia que supuestamente contiene el error queda en firme,
siempre que esta coincida con la causación del daño por el cual se demanda su reparación;
no obstante, cuando el daño se produzca o se materialice con posterioridad a la actuación
judicial que le dio origen, el término de caducidad comienza a correr desde que el afectado
pudo evidenciar su existencia o este se manifiesta - No se configuró en el sub lite / DAÑO
• se encuentra probada su causación, mas no su quantum / TÍTULO DE IMPUTACIÓN
INVOCADO - Requiere la existencia de una decisión en firme, cuando no se presenta la
responsabilidad debe estudiarse a la luz de la falla del servicio, como sucede en este caso
• RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - Inobservancia de la cosa juzgada por parte de los
jueces constitucionales, aunado al decreto de un embargo irregular / INDEMNIZACIÓN -
Condena - DAÑO EMERGENTE - La entidad accionada pagará la totalidad del capital
adeudado y actualizado a la fecha de esta sentencia, siempre que se verifique que la parte
actora no recuperó lo pagado con ocasión de la acción de tutela aquí señalada. En caso de
acreditarse la recuperación de alguna suma de dinero relacionada con la acción
constitucional, deberá descontarse - LUCRO CESANTE - No procede el reconocimiento de
los intereses pedidos, tampoco hay lugar a revisar otro concepto, porque no fue pedido en
la demanda.

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 17 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, mediante la cual declaró probada, de oficio, la excepción de caducidad
del medio de control de la referencia.

I.SÍNTESIS DEL CASO

La parte actora estima que los Juzgados Promiscuos Municipal y del Circuito de
Ayapel incurrieron en un error jurisdiccional, puesto que dictaron sendos fallos en
los que concedieron un amparo constitucional a favor de una de sus exempleadas
y, como consecuencia, ordenaron el embargo de sus cuentas bancarias y el pago
de los emolumentos laborales reclamados, a pesar de que ello era abiertamente

Radicación número: 23001-23-33-000-2016-00012-01 (70.497)
Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

improcedente, tal y como lo concluyó la Corte Constitucional, en la sentencia SU-
377 de 2014.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 18 de diciembre de 20151, el Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom,
en adelante PAR de Telecom, presentó demanda de reparación directa contra la
Nación - Rama Judicial, con el fin de que se le indemnizaran los perjuicios que sufrió
por el supuesto error judicial contenido “en la acción de tutela iniciada en el Juzgado
Promiscuo Municipal de Ayapel, la cual fue resuelta definitivamente en la sentencia
SU-377 de 2014 de la Corte Constitucional”.

Por lo anterior, solicitó que se le reconocieran y pagaran (i) por daño emergente, la
suma de $586’714.357, correspondiente al dinero embargado y pagado a favor de
la actora de la acción de tutela 2009-00761; y (ii) por lucro cesante, los intereses
corrientes y moratorios derivados del aludido rubro hasta el pago definitivo.

Como fundamento fáctico de la demanda, la parte demandante, en resumen, explicó
que, por medio de los Decretos 1603 y 1615 de 2003, el Gobierno Nacional ordenó
la supresión y liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom,
junto con las 13 teleasociadas.

Realizado el cierre definitivo de las liquidaciones, el 30 de diciembre de 2005, la
fiduciaria La Previsora, en calidad de liquidadora de las entidades mencionadas, y
el Consorcio Remanentes de Telecom, integrado por la Fiduagraria S.A. y Fiduciaria
Popular S.A., suscribieron un contrato de fiducia mercantil, a fin de constituir un
patrimonio autónomo de remanentes con los activos y bienes no afectados a la
prestación del servicio para atender las obligaciones a su cargo.

La señora Libia del Carmen Trujillo Coronado, ex trabajadora de Telecom, promovió
una petición de amparo contra el PAR de Telecom, por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad y a la seguridad social, en
tanto no fue incluida en el plan de pensión anticipada, a pesar de que reunía los
requisitos para ello. Como consecuencia, pidió su incorporación en el plan, así como
el reconocimiento y pago de las mesadas pensionales que dejó de percibir desde la
fecha de desvinculación hasta el reconocimiento definitivo de la prestación laboral.

1
Paginación 44 del archivo 5 del expediente digital del Tribunal.

2

Radicación número: 23001-23-33-000-2016-00012-01 (70.497)
Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

El Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel concedió las súplicas deprecadas; sin
embargo, el Juzgado Promiscuo del Circuito de ese municipio declaró la nulidad de
todo lo actuado por falta de competencia territorial y remitió la actuación a los
juzgados de Montería. “Ese proceso terminó con sentencia en la que se declaró
improcedente la acción de tutela interpuesta por la peticionaria”.

Luego, la señora Libia del Carmen Trujillo Coronado impetró una nueva tutela contra
el PAR de Telecom por los mismos hechos, la cual conoció una vez más el Juzgado
Promiscuo Municipal de Ayapel, autoridad que, mediante fallo del 1° de septiembre
de 2009, concedió la protección de derechos fundamentales alegada. Para su
cumplimiento, decretó el embargo de las cuentas bancarias del PAR de Telecom
hasta por la cuantía que señaló la actora y dispuso la entrega del título judicial a su
favor.

Cuestionada la decisión por el PAR de Telecom, en sentencia del 22 de septiembre
de 2009, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel, que antes había advertido la
nulidad, confirmó parcialmente el fallo de primer grado.

La Corte Constitucional seleccionó el asunto para revisión y acumuló en un solo
expediente las acciones de tutela semejantes a la de la peticionaria. A su vez, “en
Auto 241 de 2010, suspendió las órdenes emitidas por los jueces de instancia”,
mientras adoptaba una decisión de fondo.

En sentencia SU-377 de 2014, la Sala Plena de la referida Corporación (i) dejó sin
efectos las providencias de instancia y, en su lugar, declaró improcedente la acción
constitucional, porque existía cosa juzgada; y (ii) revocó el embargo dictado a favor
de la actora de ese proceso.

El PAR de Telecom pidió “aclarar y/o adicionar la sentencia, con el propósito de que
se ordenara la devolución de los dineros pagados en cumplimiento de las sentencias
de tutela revocadas”, pero en auto 503 del 22 de octubre de 2015, la Corte resolvió
desfavorablemente la solicitud, con fundamento en que la entidad disponía de otros
instrumentos para lograr la devolución del dinero pagado.

A juicio de la aquí demandante, la entidad estatal accionada incurrió en error judicial,
puesto que los Juzgados Promiscuo Municipal y del Circuito de Ayapel emitieron un
estudio de fondo la acción de tutela, a sabiendas de que era temeraria y se había
configurado la cosa juzgada, aspecto que bien podían advertir, en tanto ya habían
tramitado una petición de amparo idéntica, sumado a que se “otorgó
equivocadamente el derecho al plan de pensión anticipada a quien no cumplía con

3

Radicación número: 23001-23-33-000-2016-00012-01 (70.497)
Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

las directrices del instructivo para ese fin”, según lo advirtió y demostró a lo largo de
ese asunto.

Asimismo, reprochó que se hubiera decretado el embargo de sus cuentas bancarias
y, además, entregado el dinero a favor de la tutelante, sin ni siquiera motivar esa
decisión, sino que solo se tuvo en cuenta la liquidación proveniente de la misma
actora y “lo más grave es que se permitió la entrega del dinero, cuando el proceso
no había culminado y tampoco existía un perjuicio irremediable”.

El PAR de Telecom aseguró que, en razón de los yerros advertidos vía acción de
tutela, efectuó un pago que no debía y sobre el cual tampoco se determinó su
reembolso, situación que “afectó su patrimonio”2.

2. Trámite en primera instancia

2.1. En auto del 12 de agosto de 2016, el Tribunal Administrativo de Córdoba admitió
la demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público3.

2.2. El 12 de octubre de 2016, el PAR de Telecom radicó reforma de la demanda,
para lo cual precisó que, en virtud de las órdenes de tutela, también pagó la suma
$19’239.602, por tal motivo, la pretensión reclamada ascendía en total a la suma de
$605’953.959, obligación soportada en los documentos que acompañaba con el
escrito respectivo4.

2.3. La Nación - Rama Judicial indicó que el error judicial solo se presenta cuando
las providencias carecen de justificación o argumentación jurídica, lo que no sucede
en este caso.

Resaltó que, al margen de las consideraciones expuestas en la sentencia SU-377
de 2014, los jueces de instancia de la acción de tutela, en atención al principio de
autonomía, tuvieron por superados los requisitos para la prosperidad de la acción
de tutela 2009-00761, determinaciones que estaban ajustadas a derecho, en la
medida en que guardaban coherencia con lo dispuesto en los artículos 7, 8, 27, 29
y 31 del Decreto 2591 de 1991 y, en todo caso, la accionante tuvo la oportunidad
de explicar sus inconformidades en el trámite de esa controversia.

Comentó que la Corte Constitucional señaló con claridad que, “como el PAR canceló
un dinero en cumplimiento de los fallos de tutela (…), podía usar los instrumentos

2
Paginación 15 - 41 del archivo 4 del expediente digital del Tribunal.
3
Paginación 86 - 87 del archivo 4 del expediente digital del Tribunal.
4
Paginación 5 - 7 del archivo 5 del expediente digital del Tribunal.

4

Radicación número: 23001-23-33-000-2016-00012-01 (70.497)
Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

para su devolución con fundamento en el principio de enriquecimiento sin causa”;
sin embargo, no se observaba que la entidad hubiera ejercido acciones legales
contra la peticionaria, quien era la llamada a restituir el dinero que pagó y, como no
lo hizo, no podía sacar provecho de su propia culpa5.

Posteriormente, llamó en garantía al señor Luis Manuel Castillo Mercado, uno de lo
jueces que intervino en el proceso de tutela, en el que se dictaron las decisiones
que se tildan de erróneas6.

2.4. En proveído del 27 de abril de 2017 se admitió la reforma de la demanda7,
memorial frente al cual la Nación - Rama Judicial manifestó que se atenía a lo
probado en la controversia8. A la par, el 29 de agosto de esa anualidad se denegó
el llamamiento en garantía propuesto por esa entidad, porque “no se aportó prueba
sumaria del dolo o culpa” del agente estatal referido9.

2.5. El 24 de octubre de 2017, en la audiencia inicial, el a quo subrayó que la
excepción de inexistencia de causa para demandar se atendería al resolver el fondo
de la litis y fijó el litigio en los siguientes términos:

Determinar si procede o no declarar administrativa y patrimonialmente
responsable a la Nación - Rama Judicial por el presunto daño causado a la parte
actora con ocasión del error judicial en que afirma se incurrió al ordenar de
manera ilegal el embargo de cuentas bancarias del Patrimonio Autónomo
Remanentes de Telecom en el expediente de tutela bajo radicado 2009-00761,
por haber concedido el derecho a acceder al Plan de Pensión Anticipada a una
persona que no cumplía con los requisitos para ello y por desconocer la cosa
juzgada; sentencia que fue confirmada parcialmente en segunda instancia por
el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel; y posteriormente revocada por la
Corte Constitucional en sentencia SU-377 de 2014. O Si por el contrario las
actuaciones estuvieron soportadas en las normas legales vigentes, como lo
alega la demandada.

En consecuencia, determinar si la parte actora tiene derecho al reconocimiento
y pago de perjuicios materiales, así como los intereses bancarios corrientes que
generaban las sumas de dinero embargadas desde el 1 de septiembre de 2009
hasta el pago definitivo, así como lo correspondiente a intereses moratorios.

La fijación del litigio fue puesta a consideración de las partes, quienes manifestaron
expresamente su aceptación. A continuación, el magistrado conductor tuvo como
pruebas las allegadas con la demanda y ordenó la práctica de las pedidas por las
partes, así como decretó, de oficio, el recaudo de otros documentos10.

5
Paginación 11 - 21 del archivo 8 del expediente digital del Tribunal.
6
Paginación 32 - 34 del archivo 8 del expediente digital del Tribunal.
7
Paginación 100 - 101 del archivo 8 del expediente digital del Tribunal.
8
Paginación 104 del archivo 8 del expediente digital del Tribunal.
9
Paginación 110 - 112 del archivo 8 del expediente digital del Tribunal.
10
Paginación 144 - 154 del archivo 8 del expediente digital del Tribunal.

5

Radicación número: 23001-23-33-000-2016-00012-01 (70.497)
Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

2.6. El 22 de noviembre de 2017 se dio curso a la audiencia de práctica de pruebas
y se corrió traslado a las partes para que radicaran escrito de alegaciones finales y
al Ministerio Público para que rindiera concepto11.

2.7. La Nación - Rama Judicial aseguró que no ocasionó un daño antijurídico al PAR
de Telecom, pues las providencias judiciales atacadas se ajustaron a las normas
constitucionales vigentes al momento de los hechos y, en gracia de discusión, la
diversidad de interpretaciones jurídicas de los jueces de tutela no implicaba, per se,
un error judicial, máxime si cuentan con sustento fáctico y jurídico, como ocurrió.

A su turno, consideró que en el caso objeto de censura no se conculcó el debido
proceso, ya que durante la acción de tutela la parte actora tuvo la oportunidad de
demostrar que reconoció las prestaciones laborales a las que tenía derecho su
trabajadora, pero ello no sucedió, por lo que era válido el amparo de sus derechos.

Arguyó que la accionante tenía la posibilidad de demandar a la tutelante, a fin de
obtener el reembolso del dinero que le pagó con ocasión de la acción de tutela, por
ende, no podía pretender por esta vía judicial beneficiarse de su negligencia12.

2.8. El PAR de Telecom puntualizó que los operadores judiciales fueron quienes
ordenaron la entrega del dinero embargado y que, pese a que la Sala Plena de la
Corte Constitucional calificó de equivocadas las determinaciones adoptadas en ese
asunto, no fue posible el recaudo del dinero. Insistió en la responsabilidad
patrimonial del Estado, en vista de que los jueces de tutela hicieron un uso indebido
de su poder, despojándolo ilegal e injustificadamente de sus recursos13.

2.9. El Ministerio Público manifestó que las pretensiones elevadas estaban llamadas
a prosperar, habida cuenta de que los jueces de tutela no propusieron argumentos
fácticos y jurídicos que soportaran la procedencia de la acción de tutela, de
conformidad con los supuestos decantados por la jurisprudencia constitucional, por
el contrario, de forma escueta, avalaron la tesis de la peticionaria, quien lo único
que pretendía era obtener, a todas luces, un pronunciamiento favorable.

Destacó que la cosa juzgada fue desatendida por los juzgados que resolvieron la
acción de constitucional impetrada por la señora Libia del Carmen Trujillo Coronado
y sus argumentos no se podían calificar de razonables, para así sostener que la
divergencia de criterios entre lo considerado por estos y la Corte Constitucional
pudiera observarse como simples diferencias interpretativas.

11
Paginación 182 - 188 del archivo 8 del expediente digital del Tribunal.
12
Paginación 190 - 191 del archivo 8 del expediente digital del Tribunal.
13
Paginación 204 - 206 del archivo 8 del expediente digital del Tribunal.

6

Radicación número: 23001-23-33-000-2016-00012-01 (70.497)
Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

En la sentencia del 1° de septiembre de 2009, el Juzgado Promiscuo Municipal de
Ayapel no prestó atención a los argumentos del PAR de Telecom acerca de la cosa
juzgada, sino que dedujo que “el derecho a la pensión se renueva, por lo [que] sus
efectos permanecen en cada periodicidad, por tanto, se puede tutelar cada vez que
nace la necesidad”. Y, en segunda instancia, el Juzgado Promiscuo del Circuito de
Ayapel coligió “la temeridad hay que analizarla desde una óptica concreta del caso
que se controvierte, toda vez que la precisamente la jurisprudencia varía y por ende
las decisiones que un día lo fueron de una forma, en otro día bien pueden serlo de
forma distinta y contraria, por lo cual y frente a la presente tutela no se vislumbra en
lado alguno la transgresión de dicha norma sancionadora”.

A su modo de ver, tales premisas carecían de respaldo legal, puesto que las
variaciones interpretativas no se deben plantear para superar la excepción a la cosa
juzgada. De aceptarse los fundamentos señalados, “jamás existiría cosa juzgada en
materia de pensiones, lo que afectaría la seguridad jurídica”.

Anotó que, si bien pudieron existir razones que excluyeran la temeridad, lo cierto
era que “no era óbice para declarar la cosa juzgada, toda vez que se daban los
requisitos que para el efecto consagraba la norma procesal: unidad de objeto, de
causa e identidad jurídica de partes”.

De otra parte, expresó que era evidente el yerro frente al embargo, según lo anotó
la Sala Plena de la Corte Constitucional, en el sentido en que (i) no se justificó la
gravedad y urgencia de la medida cautelar; y (iii) el dinero retenido y pagado fue
desproporcionado14.

3. Sentencia de primera instancia

En sentencia del 17 de mayo de 2023, el Tribunal Administrativo de Córdoba declaró
probada, de oficio, la excepción de caducidad del medio de control de reparación
directa.

Al respecto, precisó que, en relación con las demandas de reparación directa por
error judicial, la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado ha considerado que
el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria
de la providencia respecto de la cual se predica el yerro judicial, porque desde ese
momento se entiende que el afectado tiene conocimiento cierto del daño.

14
Paginación 192 – 202 del archivo 8 del expediente digital del Tribunal.

7

Radicación número: 23001-23-33-000-2016-00012-01 (70.497)
Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

Al descender al caso concreto, advirtió que la parte actora señaló que se incurrió en
error judicial tanto en la decisión que definió el embargo de sus cuentas como en
las sentencias de primera y segunda instancia que resolvieron la acción de tutela
presentada por la señora Libia del Carmen Trujillo Coronado.

En ese contexto, concluyó que la orden de embargo se impartió el 8 de septiembre
de 2009, auto que no fue objeto de recurso alguno, por ende, quedó ejecutoriado el
12 de ese mismo mes y año. Así, el PAR de Telecom tenía hasta el 12 de septiembre
de 2011 para acudir ante esta jurisdicción, pero la demanda se instauró el 18 de
diciembre de 2015, es decir, de manera extemporánea. Agregó que, si se tuviera en
cuenta la fecha de la providencia que ordenó la entrega del título judicial, la
conclusión sería idéntica, en tanto se expidió el 24 de septiembre de 2009.

En lo tocante a las decisiones que finiquitaron el trámite de la acción de tutela, adujo
que el PAR de Telecom conocía las situaciones que ahora tilda como equivocadas
“desde que se expidió la sentencia de segunda instancia por el Juzgado Promiscuo
de Circuito de Ayapel, que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Promiscuo
Municipal de Ayapel, que amparó los derechos de la tutelante”.

Entonces, dado que esa sentencia quedó en firme el 25 de septiembre de 2009, el
término de caducidad se extendió hasta el 26 de septiembre de 2011; no obstante,
el escrito inicial data del 2015, lo que imponía declarar la caducidad.

Para finalizar, refirió que no había lugar a contabilizar la caducidad del medio de
control a partir de la sentencia SU-377 de 2014, dictada por la Corte Constitucional,
en sede de revisión, comoquiera que “la parte actora conocía con anterioridad las
actuaciones que estimó constituían un yerro judicial”15.

4. Recurso de apelación

La parte actora interpuso recurso de apelación, para lo cual aseveró que la demanda
se presentó en la oportunidad legal establecida para tal fin.

Expresó que el a quo ignoró por completo la sentencia SU-377 de 2014, la cual sí
representaba el parámetro para establecer la oportunidad del medio de control de
reparación directa, puesto que sobre los fallos de primera y segunda instancia del
expediente de tutela 2009-00761, la Corte Constitucional no solo suspendió sus
efectos, sino que, además, las revocó en su integridad.

15
Archivo 15 del expediente digital del Tribunal.

8

Radicación número: 23001-23-33-000-2016-00012-01 (70.497)
Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

En otros términos, el alto tribunal constitucional suspendió la ejecutoria de las
providencias atacadas, de ahí que, como esa decisión fue el último acto del trámite
de la acción de tutela referida, era menester tenerla en cuenta para contabilizar la
caducidad.

En su criterio, el plazo de dos años empezó correr el 12 de junio de 2014, fecha de
expedición de la sentencia SU-377 de 2014 y, tomando en consideración que la
demanda se radicó el 18 de diciembre de 2015, era palmaria su oportunidad.

Acto seguido, reiteró la procedencia del error judicial invocado, de acuerdo con lo
descrito en la demanda, así como el reconocimiento y pago de los intereses
reclamados. En el último punto, citó “el precedente horizontal en el que se ha
atendido ese requerimiento”, aunado a que no se podía obviar la presunción de
derecho prevista en el artículo 1617.2 del Código Civil, el principio de reparación
integral y la causación de intereses de mora por la tardanza de la justicia en resolver
el caso16.

5. Trámite en segunda instancia

En auto del 27 de noviembre de 2023, esta Corporación admitió la alzada formulada
y, dado que no se decretaron ni se solicitaron pruebas en el término de ejecutoria
de tal proveído, dispuso el traslado a las partes y al Ministerio Público para que
presentaran alegatos de conclusión por escrito, oportunidad en la que los sujetos
procesales no intervinieron17.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, establece que
el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, entre
otras, de “las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos”.

El artículo 152.6 del CPACA dispone que los tribunales administrativos conocerán
en primera instancia, entre otros asuntos, “de los de reparación directa, inclusive
aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales”, cuando la
cuantía exceda los 500 SMLMV.

16
Archivo 15 del expediente digital del Tribunal.
17
Archivo 17 del expediente digital del Consejo de Estado.

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Radicación número: 23001-23-33-000-2016-00012-01 (70.497)
Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

En el caso bajo estudio, la pretensión mayor superó la cuantía señalada en la
mencionada norma18, por tal razón, esta Corporación es competente para conocer
el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra el fallo del a quo.

2. Problema jurídico

Con apego a lo decidido por el juzgador de primer grado y a los cuestionamientos
promovidos por la parte recurrente, le corresponde a la Sala, de entrada, definir si
se configuró el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de reparación
directa.

Solo en caso de que la respuesta sea negativa, entrará a examinar si existe un error
judicial respecto de las decisiones cuestionadas y, de ser procedente, analizará la
indemnización de los perjuicios reclamados.

3. Cuestión previa

Para definir los puntos enunciados, la Sala reiterará la tesis pacífica y preponderante
que ha venido adoptando en procesos de contornos fácticos y jurídicos idénticos al
sub lite, la cual, a su vez, resulta congruente con los fallos dictados por varios de
los despachos que integran la Sección Tercera del Consejo de Estado, a fin de
mantener una coherencia en las decisiones judiciales sobre la materia, por manera
que los razonamientos pertinentes se desarrollarán a lo largo del proyecto.

4. Oportunidad

De conformidad con lo previsto en el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del
CPACA, la demanda de reparación directa puede instaurarse dentro de los dos años
“contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión
causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del
mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo
conocido en la fecha de su ocurrencia”.

En los casos en que se discute la responsabilidad del Estado por error judicial, el
término de caducidad por regla general inicia a correr a partir del día siguiente de
aquel en el que quedó ejecutoriada o en firme la providencia que supuestamente lo
contiene, cuando con esta se concreta el daño y si la persona afectada hizo parte
del proceso; no obstante, si el daño se produce o se materializa con posterioridad a

18
La pretensión por daño emergente ascendió a $586’714.357. Para la fecha de presentación de la
demanda, esto es, 2015, 500 SMLMV equivalían a $322’175.000.

10

Radicación número: 23001-23-33-000-2016-00012-01 (70.497)
Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

la actuación judicial que le dio origen, la caducidad comienza a correr desde que el
afectado pudo evidenciar su existencia o desde que este se manifiesta.

El plazo de caducidad no admite suspensión, salvo que se radique una solicitud de
conciliación extrajudicial en derecho. El artículo 21 de la Ley 640 de 2001 establece
que el término de caducidad se suspende con la presentación de la solicitud de
conciliación hasta que (i) se logre el acuerdo conciliatorio; (ii) se registre el acta en
los casos que la ley lo exija; (iii) se expida, entre otras, la constancia de que el
asunto no es conciliable o; (iv) transcurra un término de tres meses, contados desde
la presentación de la solicitud, siempre que el asunto sea conciliable.

Atendiendo a las pretensiones de la demanda, se tiene que el PAR de Telecom
solicitó el reconocimiento de perjuicios derivados de los aparentes errores judiciales
cometidos por los Juzgados Promiscuos Municipal y del Circuito de Ayapel, en el
marco de la acción de tutela 2009-00761, en tanto (i) se concedió el amparo
constitucional a favor de la tutelante; y (ii) se decretó un embargo de sus cuentas
bancarias y se dispuso la entrega del dinero a favor de la misma.

La Sala observa que, a través de la providencia SU-377 de 2014, la Sala Plena de
la Corte Constitucional revocó las decisiones cuestionadas, por tal motivo, debido a
ese pronunciamiento no se puede hablar de un “error jurisdiccional” propiamente
dicho sobre las decisiones enjuiciadas, porque uno de los presupuestos para la
configuración del error judicial es que estas se encuentren en firme -artículo 67.2 de
la Ley 270 de 199619-, cosa que no sucede en este caso.

Así las cosas, como ya lo ha definido esta Corporación, lo correcto es examinar el
asunto como una eventual falla en el servicio20, la cual, sin lugar a equívocos, quedó
finalmente en evidencia con el fallo mencionado, proveído que, además, terminó el
proceso de tutela e hizo tránsito a cosa juzgada constitucional en esa controversia.

Entonces, como el fallo de unificación fue objeto de aclaración y adición por parte
del PAR de Telecom, petición que se negó en auto 503 del 22 de octubre de 201521,
la Sala precisa que la caducidad de las determinaciones enjuiciadas debe

19
“Artículo 67. Presupuestos del error jurisdiccional. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes
presupuestos:
(…) 2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme”.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 9 de abril de 2020, expediente 51.484, M.P. María Adriana Marín y del 24 de abril de
2020 y del 7 de diciembre de 2021, expedientes 57.541 y 65.415, Marta Nubia Velásquez Rico.
21
Consultado en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/SU377-14.htm

11

Radicación número: 23001-23-33-000-2016-00012-01 (70.497)
Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

computarse a partir del día siguiente a la ejecutoria de ese proveído, como ya se
ha decantado22.

Ciertamente, en el expediente no obra constancia de notificación de tal auto; sin
embargo, consultada la página web de la Corte Constitucional23, se corroboró que
se notificó el 3 de noviembre de 2015, luego adquirió firmeza el 7 de ese mes y año.

De este modo, contrario a lo dicho por el a quo, el plazo para ejercer el derecho de
acción se extendió hasta el 8 de noviembre de 2017 y, dado que el 18 de diciembre
de 2015 y el 12 de octubre de 2016 se radicó la demanda y su reforma, previo
agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial24, se concluye que fueron
oportunas, situación que amerita modificar la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, examinar de fondo el asunto, previas las siguientes consideraciones.

5. Legitimación en la causa

La parte actora fue vinculada como demandada en el proceso de tutela, dentro del
cual se dictaron las determinaciones que en este litigio se catalogan de erróneas,
de suerte que le asiste legitimación para actuar en el presente asunto.

La Nación - Rama Judicial se encuentra legitimada en la causa por pasiva, toda vez
que fue a esta entidad a la que se le imputó el daño por el que se demandó; empero,

22
En reciente decisión, esta Corporación precisó: (…) Los artículos 35 y 36 del decreto 2591 de 1991
denotan el alcance de la sentencia de la Corte Constitucional en el marco de la revisión, esto es, el
de revocar o modificar el fallo estudiado, por ello la decisión que desata el recurso extraordinario de
revisión hace tránsito a cosa juzgada constitucional (…).En este sentido, resulta ajeno a cualquier
interpretación posible que una sentencia que ha sido escogida para el estudio de la Corte
Constitucional puede encontrarse en firme. Así lo dijo el máximo Tribunal de la jurisdicción
constitucional, en la sentencia T-291 del 2014:
(…) En múltiples ocasiones la Corte Constitucional ha establecido la finalidad que cumple el recurso
extraordinario de revisión, como excepción al principio de cosa juzgada propio de las sentencias
ejecutoriadas, es permitir enmendar los errores o irregularidades cometidas en determinada
providencia, para que, en aplicación de la justicia material, se profiera una nueva decisión que resulte
acorde al ordenamiento jurídico.
Y en la decisión T-307 de 2015, sostuvo que:
(…) La revisión incluye la protección frente a posibles vías de hecho de los mismos jueces de tutela
comoquiera que es el mecanismo especial de cierre del sistema jurídico bajo la dirección del órgano
máximo de la jurisdicción constitucional.
Por lo tanto, es la decisión que termina con el procedimiento de revisión ante la Corte Constitucional
la que determina la firmeza del fallo de tutela, el máximo tribunal constitucional sólo ahí ha sostenido
que se configura la cosa juzgada definitiva. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 10 de diciembre de 2018, expediente
44.369, M.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas). También se pueden consultar, entre otras: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, providencia del
4 de diciembre de 2019, expediente 63.937, M.P. Ramiro Pazos Guerrero y Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, providencia del 26 de mayo de
2020, expediente 61.414, M.P. Guillermo Sánchez Luque, sentencia del 8 de mayo y 4 de septiembre
de 2023, expedientes 67.752, 63.423 y 64.503, M.P. María Adriana Marín y sentencia del 22 de
agosto de 2023, expediente 66.901, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
23
Al respecto, se puede ver:
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultat/consulta.php?campo=rad_codigo&date3
=2008-01-01&date4=2023-02-
02&radi=Radicados&palabra=T2587255&radi=radicados&todos=%25
24
Paginación 7 - 10 del archivo 5 del expediente digital del Tribunal.

12

Radicación número: 23001-23-33-000-2016-00012-01 (70.497)
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Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

se aclara que está por determinarse el sentido de la sentencia, razón por la cual al
adelantar el estudio de fondo se verificará si existió o no una participación efectiva
en la producción del daño antijurídico alegado.

6. Análisis de fondo

6.1. Hechos probados

Por razones metodológicas, la Sala enunciará los hechos que se encuentran
probados, conforme a las únicas pruebas obrantes al plenario:

• En marzo de 2003, Telecom, en liquidación, ofreció el plan de pensión anticipada
a sus trabajadores oficiales que les faltaran 7 años o menos para cumplir los
requisitos de pensión al 31 de marzo de 2003. Las condiciones para acceder a la
prerrogativa descrita consistían en: (i) ser beneficiario del régimen de transición de
la Ley 100 de 1993; (ii) estar vinculado a la entidad para la fecha en que se convirtió
en una empresa industrial y comercial del Estado; (iii) tener 20 años al servicio del
Estado y 50 años de edad o 25 años de servicio sin distinguir la edad; o (iv) 20 años
en el cargo sin importar la edad25.

• La señora Libia del Carmen Trujillo Coronado y otros ex trabajadores de Telecom
promovieron una acción de tutela contra el PAR de Telecom, por estimar vulnerados
sus derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad y la seguridad social, en
tanto no fueron incluidos en el plan de pensión anticipada, a pesar de reunir los
requisitos para ello. Como consecuencia, pidieron su incorporación en el plan y el
reconocimiento y pago de las mesadas pensionales dejadas de percibir desde la
fecha de desvinculación hasta el reconocimiento definitivo de la prestación laboral26.

• A través de fallo del 16 de febrero de 2009, el Juzgado Promiscuo Municipal de
Ayapel accedió a las súplicas deprecadas; sin embargo, en sede de apelación, el
Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel declaró la nulidad de todo lo actuado por
falta de competencia y remitió las diligencias a los juzgados de Montería27.

• En proveído del 13 de mayo de 2009, el Juzgado Primero Civil Municipal de
Montería rechazó por improcedente la acción de tutela, tomando en consideración
que no se acreditaron los requisitos generales de inmediatez y subsidiariedad,
decisión confirmada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería28.

25
Paginación 92 - 103 del archivo 9 del expediente digital del Tribunal.
26
Paginación 164 - 184 del archivo 9 del expediente digital del Tribunal.
27
Paginación 190 - 199 del archivo 9 del expediente digital del Tribunal.
28
Paginación 200 - 212 del archivo 9 del expediente digital del Tribunal

13

Radicación número: 23001-23-33-000-2016-00012-01 (70.497)
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Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

• El 18 de agosto de 2009, la señora Libia del Carmen Trujillo Coronado formuló una
acción de tutela idéntica a la presentada con anterioridad contra el PAR de Telecom
-el mismo formato de hechos y pretensiones-, así como solicitó el embargo de las
cuentas de la entidad para garantizar el pago de los emolumentos laborales29. Junto
con la demanda anexó una certificación su período laboral, semanas pensionales
cotizadas y la liquidación de lo que, a su juicio, se le adeudaba, a saber, la suma de
$586’714.357”30.

• El PAR de Telecom contestó la demanda y expuso las razones que, desde su
punto de vista, hacían la acción de tutela improcedente. En primer lugar, indicó que
el actuar de la señora Libia del Carmen Trujillo Coronado era temerario, en razón
de que ya había impetrado otra acción constitucional en su contra con el mismo
objeto. En segundo término, expresó que no era viable concederla como amparo
transitorio, puesto que no se configuraba un perjuicio irremediable y, de todos
modos, no cumplía el requisito de inmediatez.

Como elementos de prueba aportó el oficio del 2 de febrero de 2009, por medio del
cual el juzgado de conocimiento remitió a los juzgados de Montería la tutela que con
anterioridad instauró la señora Libia del Carmen Trujillo Coronado, copia de la
acción de tutela pertinente y el instructivo del plan de pensión obligatoria31.

• En sentencia del 1° de septiembre de 2009, el Juzgado Promiscuo Municipal de
Ayapel concedió el amparo constitucional y ordenó al PAR de Telecom que en el
término de 48 horas cumpliera las siguientes órdenes: (i) realizara el ofrecimiento a
la tutelante acerca del plan de pensión anticipada, bajo las mismas condiciones de
los empleados de excepción que al 31 de marzo de 2003 reunían las condiciones
exigidas, teniendo en cuenta la convención colectiva; y (ii) reconociera y pagara la
pensión y las mesadas pensionales indexadas desde la desvinculación.

Como apoyo de su decisión, aclaró que era competente para conocer de la acción
de tutela, porque los decretos reglamentarios del artículo 86 de la Constitución
Política no exigían al extrabajador que estuviera reclamando la protección de un
derecho fundamental acudir al juez del municipio en el que prestó el servicio. Es
más, los únicos conflictos de competencia que existían en esa materia eran los
suscitados por la aplicación del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que regula la
competencia por el factor territorial y les asigna a los jueces del circuito el
conocimiento de las tutelas contra los medios de comunicación, es decir, que no
tenía impedimento para resolver el amparo constitucional.

29
Paginación 11 - 12 del archivo 6 del expediente digital del Tribunal.
30
Paginación 23 del archivo 6 del expediente digital del Tribunal.
31
Paginación 33 del archivo 6 del expediente digital del Tribunal.

14

Radicación número: 23001-23-33-000-2016-00012-01 (70.497)
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Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

También justificó que Telecom prestaba el servicio público de telecomunicaciones
en todo el territorio nacional y, en esa medida, se podían demandar en cualquier
lugar las acciones u omisiones que se consideraran transgresoras de las garantías
fundamentales.

Paralelamente y, sin efectuar una evaluación sobre acreditación de los requisitos
generales de la demanda, aseguró que la señora Libia del Carmen Trujillo Coronado
se hallaba en condiciones similares a los trabajadores que resultaron favorecidos
con el plan de pensión anticipada, circunstancia que evidenciaba la vulneración de
su derecho a la igualdad. Así, advirtió que, si el fin perseguido por ese plan era
garantizar a sus exempleados el mínimo vital durante el tiempo que les faltaba para
cumplir con los requisitos de la pensión, resultaba injustificado e irracional que a
aquella se le hubiera dado un trato discriminatorio, una vez adquirió el status de
desempleada32.

• El PAR de Telecom impugnó la anterior decisión, memorial en el que enfatizó en
que la peticionaria ya había promovido una tutela idéntica a la analizada y esta se
había resuelto de fondo. Insistió en que la supuesta vulneración de los derechos
fundamentales no sucedió en Ayapel, sino en Montería, lo que generó, de manera
previa, que la última autoridad definiera el asunto que hacía tránsito a cosa juzgada.
Así lo dijo:

(…) La señora Libia del Carmen Trujillo Coronado interpuso la acción de tutela
contra el Patrimonio Autónomo de Remanentes - PAR ante su despacho con
otros accionantes, admitida mediante auto de fecha 2 de Febrero de 2009, bajo
radicación No. 2009-00750-00, en la cual resolvió el juzgado mediante
providencia de fecha 16 de febrero de 2009, (...) ACCEDER a los derechos
fundamentales a la vida (mínimo vital), a la igualdad y a la seguridad social de
los accionantes, en consecuencia ordenó se ofrezca a los señores (...) Libia del
Carmen Trujillo Coronado, el plan de pensión anticipada que se les ofrecieron
a otros empleados de Telecom (...). fallo que fue impugnado dentro del término
legal, razón por la cual el Juzgado Promiscuo del Circuito de Ayapel al resolver
nuestro incidente de nulidad propuesto por factor de competencia territorial en
virtud del artículo 37 de lo actuado por el Juzgado Promiscuo Municipal de esta
localidad a partir del auto que admitió la presente acción de tutela fechado
febrero 2 de 2009, por las motivaciones dadas...(...). SEGUNDO. Remitir la
presente acción de tutela al Juez Civil Municipal en turno de Montería, para que
se tramite la misma (se anexa copia para su verificación).

Así las cosas, dicha acción de tutela fue repartida al juzgado Primero Civil
Municipal de Montería, radicación No.2009-00529-00, quien mediante
sentencia de fecha 13 de mayo de 2009, resolvió: DENEGAR por improcedente
la presente acción de tutela instaurada por (…) Libia del Carmen Trujillo
Coronado contra el Par Telecom (...). se anexa copia del fallo para su
verificación.

No obstante, lo anterior los accionantes impugnaron dicha providencia, razón
por la cual le correspondió desatar la alzada al Juzgado Cuarto Civil del Circuito
de Montería, quien resolvió mediante sentencia de junio 12 de 2009, lo
siguiente: (...) Se le informa que esta Dependencia Judicial mediante Fallo de

32
Paginación 17 - 22 del archivo 6 del expediente digital del Tribunal.

15

Radicación número: 23001-23-33-000-2016-00012-01 (70.497)
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Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

fecha Junio doce (12) de 2009, CONFIRMÓ en todas sus partes la decisión de
Primera instancia emitida por el juzgado Primero Civil Municipal de Montería, el
día 13 de Mayo de 2009; en razón de que la acción de Tutela presentada por la
parte actora es improcedente (...), se anexa copia del oficio No. 1173 de Junio
12 de 2009 para su verificación en relación con la acá accionante, significa lo
anterior que existe cosa juzgada por parte de las pretensiones, causa petendi,
objeto y mismas partes lo que demuestra la temeridad de la misma y razón
suficiente para que el presente proceso tutelar sea declarado por su despacho
como improcedente (…).

Replicó la falta de requisitos de subsidiariedad e inmediatez y, en lo referente al plan
de pensión anticipada, acotó que al 31 de diciembre de 2004, la entonces actora no
cumplía 20 años en el cargo, requisito indispensable para acceder a la prestación y
al 1° de abril de 1994 tampoco tenía las condiciones para adquirir el derecho al
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pues contaba con menos de 35 años
de edad, así como tenía menos de 15 años de servicios a favor de la compañía, sin
demostrar que prestaron sus servicios a otra entidad por el tiempo suficiente para
completar los 15 años del régimen33.

• Transcurridos dos días desde la expedición del fallo de primera instancia, la señora
Libia del Carmen Trujillo Coronado pidió al Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel
iniciar el incidente de desacato contra el PAR de Telecom, porque no cumplió las
órdenes impartidas34, a lo que se accedió el 7 de septiembre de 200935.

• Al día siguiente, esa autoridad judicial solicitó al Banco Popular de Montería el
embargo de las cuentas del PAR de Telecom hasta por el monto indicado por la
tutelante, esto es, $586’714.357, el cual se hizo efectivo un día después36; no
obstante, el PAR de Telecom indicó que el valor a descontar y pagar a la tutelante
por la inclusión en el plan de pensión anticipada correspondía a $177’484.394, rubro
que estaba debidamente soportado con su historia laboral y demás documentos de
referente salarial37.

• El 17 de septiembre de 2009, la mencionada entidad financiera consignó a favor
del Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel la suma de $586’714.35738.

• Mediante sentencia del 22 de septiembre de 2009, el Juzgado Promiscuo del
Circuito de Ayapel confirmó parcialmente la sentencia de primer grado39.

33
Paginación 37 - 39 del archivo 6 del expediente digital del Tribunal.
34
Paginación 55 del archivo 6 del expediente digital del Tribunal.
35
Paginación 57 del archivo 6 del expediente digital del Tribunal.
36
Paginación 1 - 3 del archivo 5 del expediente digital del Tribunal.
37
Paginación 34 - 41 del archivo 9 del expediente digital del Tribunal.
38
Paginación 176 del archivo 8 del expediente digital del Tribunal.
39
Modificó solo los parámetros para liquidación de las prestaciones laborales.

16

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Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

Esa autoridad judicial resaltó que la acción de tutela constituía el medio de defensa
judicial procedente para exigir las pretensiones planteadas, dada la cercanía de la
fecha de terminación de las labores del PAR de Telecom. Asimismo, determinó que
esa demanda constituía el medio judicial idóneo para lograr la satisfacción de sus
súplicas, habida cuenta de que “se estaban debatiendo pagos dejados de hacer u
ofrecimientos no hechos, y no lograr una pensión”.

En lo atinente a la falta de competencia, replicó el mismo razonamiento del a quo,
y, de paso, destacó que el hecho de impetrar una nueva acción de tutela no se
calificaba como una actuación temeraria, con fundamento en que las diversas
interpretaciones constitucionales justificaban la adopción de distintas soluciones en
casos concretos.

Sobre el fondo del asunto, determinó40:

(…) Surge de contera que si bien ella no cumplía con el requisito de estar en el
régimen de transición de la Ley 100 de 1.994, como lo establecía en el
instructivo citado, para acceder al PPA, el mismo flexibilizaba tales requisitos ya
que el mismo estatuía que se podía beneficiar del mismo quien le faltare menos
de siete años para cumplir cualquiera de los requisitos de los regímenes
especiales de Telecom, por lo cual debe concluirse que la fecha de tal
prerrogativa es o era el día 31 de Marzo de 2010 y no el 1 de abril de 1994 como
lo aduce el ente accionado para desconocer el derecho de la accionante y su
equivocación al no ofrecerle aquel beneficio pensional futuro.

En ese orden de ideas y tal como lo aduce la tutelante, Telecom no le podía
desconocer el hecho cierto que, a ella, se le debía aplicar la convención
colectiva de trabajadores como norma favorable y por cuanto al 31 de marzo de
2010, cumpliría los requisitos de ley para acceder a la pensión de jubilación.
Hacerlo era desconocer el decreto 2661 de 1960.

Resulta por demás evidente que Telecom, hoy PAR, con esa actitud omisiva no
actuó de forma igualitaria frente a sus empleados, ya que a unos les ofreció
dicho plan, mientras que otros, sin una justificación razonable, no lo hizo, lo que
quebranta palmariamente el principio de igualdad o derecho a la igualdad que
de forma tajante protege la Carta Magna.

(…) Resulta luego válido concluir que a la tutelante le fue cercenado el derecho
a una Pensión cuando Telecom -hoy PAR-, le desconoció el derecho a la
igualdad que debe guiar todas las actuaciones de particulares y más aun de los
servidores públicos, cuando sin razón que así lo justificara no le ofreció el PPA,
afectando no solo aquel derecho fundamental, sino el derecho a la dignidad
humana al dejarla sin trabajo intempestivamente, a su mínimo vital por cuanto
ese trabajo era su único sustento y el de su familia.

• El 24 de septiembre de 2009, el Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel entregó
el título de judicial 427010000005789 por valor de $577’009.065 a favor de la señora
Libia del Carmen Trujillo Coronado, previo las deducciones de IVA y comisión de la
entidad bancaria con cargo al PAR de Telecom41.

40
Paginación 45 - 53 del archivo 6 del expediente digital del Tribunal.
41
Paginación 44 - 48 del archivo 9 y 176 del archivo 8 del expediente digital del Tribunal.

17

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Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

• Además del pago anterior, el Banco de Occidente certificó que el PAR de Telecom
pagó la suma de $19’239.602 a favor de aquella entre noviembre de 2009 y mayo
de 2010, por concepto de mesadas pensionales42.

• La Corte Constitucional seleccionó el asunto para revisión, le asignó el radicado
T-2451880 y dispuso que se acumulara junto con 25 acciones de tutela presentadas
contra el PAR de Telecom y Caprecom ante la identidad de supuestos fácticos43.

En auto 241 de 2010, suspendió las órdenes impartidas en los procesos, mientras
dictaba sentencia definitiva44.

Por medio de sentencia de unificación SU-377 de 2014, la Sala Plena de la Corte
Constitucional revocó los fallos de primera y segunda instancia que ampararon los
derechos fundamentales de la señora Libia del Carmen Trujillo Coronado y declaró
improcedente la acción de tutela por existir de cosa juzgada. A su vez, levantó
cualquier medida de protección decretada.

Sobre el particular, expresó que no tenía argumentos suficientes para sostener que
la peticionaria incurrió en temeridad o mala fe. En este punto, expuso:

(…) Partiendo de la buena fe de todos los actores, debe decirse primero, que
en ninguno de los anteriores casos se advierte que hubiesen obtenido una
respuesta de una autoridad judicial de cierre sobre sus puntos de derecho. Esto
podría dejar en ellos una incertidumbre en torno a sus peticiones, que trataron
de satisfacer con una nueva tutela, impróspera como atrás se mencionó. Su
segunda actuación, no carece entonces de explicación, aunque no haya
razones jurídicas suficientes para abrir la posibilidad de un nuevo
pronunciamiento. Por otra parte, los actores relacionados no presentaron,
además de la otra acción de tutela, una tercera acción con la misma
controversia. Lo cual indica que no hay una evidencia de clara y ostensible
voluntad de afectar el buen funcionamiento de la administración justicia, que es
uno de los motivos para declarar la temeridad (CP art. 95).

En el caso de la señora Libia del Carmen Trujillo se nota que interpuso la tutela
a nombre propio. Los demás peticionarios obraron mediante abogado, pero en
el contexto de un grupo amplio de accionantes, y esto puede ser una causa para
no comprender cabalmente las implicaciones de una nueva tutela sobre los
mismos hechos.

Explicó que cuando se ha resuelto definitivamente una tutela no se puede decidir el
fondo de otra, presentada consecutivamente, que cuente con las mismas partes, los
mismos fundamentos e idéntico objeto o pretensión. Así que cuando no hay mala
fe, la segunda tutela imperativamente deviene en improcedente.

42
Paginación 35 - 40 del archivo de reforma de la demanda.
43
Paginación 37 – 109 del archivo de escrito de demanda.
44
De conformidad con los antecedentes de la decisión de unificación.

18

Radicación número: 23001-23-33-000-2016-00012-01 (70.497)
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Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

Es decir, si existen dos o más acciones de tutelas en iguales aspectos, que se
interpongan simultáneamente o antes de que alguna se hubiera fallado con carácter
definitivo, el juez constitucional debe advertirlo y abstenerse de fallar sobre el fondo
del problema en cada caso. En el evento de que no hubiera mala fe, las solicitudes
de amparo se deben declarar improcedentes.

Con independencia de que no existían suficientes elementos para calificar una
actuación temeraria de la solicitante, la Corporación definió que la acción de tutela
era improcedente, puesto que sobrevino la cosa juzgada.

Lo anterior, por cuanto era claro que la petición de amparo analizada planteaba la
misma controversia que la instaurada por la peticionaria en oportunidad anterior y
que feneció con fallo del 12 de junio de 2009, dictado por el Juzgado Cuarto Civil
del Circuito de Montería, por lo que las sentencias de los Juzgado Promiscuos
Municipal y del Circuito de Ayapel se debía dejar sin efectos.

Para finalizar, reprochó el embargo decretado, en tanto (i) la acción de tutela no
está prevista para adelantar una discusión probatoria como para proceder a una
liquidación apropiada de prestaciones patrimoniales; (ii) se debió presumir la buena
fe del destinatario de las órdenes, sobre todo cuando no se acreditó un temor
fundado de incumplimiento frente a las resoluciones de los jueces; (iii) fue
“desproporcionado embargar sumas del patrimonio autónomo que debe responder
por obligaciones pendientes. El congelamiento obstaculizó la satisfacción de
obligaciones, de las cuales podría depender el goce efectivo de derechos incluso
fundamentales de terceros”; y (iv) no se garantizaron las oportunidades procesales
amplias y suficientes para que el PAR de Telecom controvirtiera las estimaciones
dinerarias presentadas45.

• El PAR de Telecom solicitó aclaración y adición de dicho fallo, porque, según su
dicho, “se omitió la orden de devolución de todos los valores como consecuencia de
los fallos revocados”; no obstante, en auto 503 de 2015, la Corte Constitucional
negó esa petición, bajo el entendido de que la entidad podía utilizar “los mecanismos
dispuestos en el ordenamiento jurídico” para lograr la devolución de lo pagado, con
base en el principio del enriquecimiento sin causa, pues la fuente de la obligación
desapareció46.

45
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/SU377-14.htm
46
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2015/a503-15.htm

19

Radicación número: 23001-23-33-000-2016-00012-01 (70.497)
Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

6.2. Daño

La Sala verificará la existencia del daño, por cuanto es el primer elemento que debe
observarse en el correspondiente análisis de responsabilidad, pues solo ante su
acreditación hay lugar a analizar si aquel resulta imputable o no al Estado47.

El daño para que sea indemnizable requiere estar cabalmente estructurado; por tal
motivo, el Consejo de Estado ha establecido que resulta imprescindible acreditar los
siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya reparación se
reclama (i) que sea antijurídico, esto es, que la persona no tiene el deber jurídico de
soportarlo; (ii) que lesione un derecho, bien o interés protegido por el ordenamiento
legal y; (iii) que sea cierto, es decir, que se puede apreciar material y jurídicamente
y, por ende, no se limita a una mera conjetura y que, además, debe ser personal48.

En el caso examinado, la parte actora alegó que se le causó un daño, porque como
consecuencia de las decisiones de los Juzgados Promiscuos Municipal y del
Circuito de Ayapel pagó una suma de dinero a una extrabajadora por la inclusión en
el plan de pensión anticipada y el pago de varias mesadas pensionales, cuando ello
era abiertamente improcedente.

Para la Sala, no hay duda de la existencia del daño, toda vez que el PAR de Telecom
sufrió una aminoración de su patrimonio, pues está probado que en su contra se
decretó un embargo del dinero depositado en sus cuentas bancarias, el cual se
entregó a quien no tenía derecho; sin embargo, resulta necesario precisar que, por
las particularidades de la controversia, lo que no se puede verificar es el quantum
de dicha afectación económica, como se explicará más adelante, circunstancia que,
en todo caso, no desdibuja la configuración del presupuesto analizado.

En este punto, la Sala no puede dejar de mencionar que, aunque en el auto 503 de
2015, la Sala Plena de la Corte Constitucional afirmó, de forma muy general, que
la parte actora disponía de las herramientas jurídicas para exigir el pago del rubro
pagado, ello no niega la existencia del daño ni limita la posibilidad de que en esta
oportunidad se pueda reclamar el pago sufragado con ocasión de la acción
constitucional. Así lo ha sostenido esta Corporación en asuntos semejantes al sub

47
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de julio de 2015, expediente
28.389, M.P. Hernán Andrade Rincón. La Subsección, de forma pacífica, ha reiterado el criterio antes
expuesto. Al respecto se pueden consultar las siguientes decisiones: i) expediente 38.824 del 10 de
noviembre de 2017; ii) expediente 50.451 del 10 de noviembre de 2017; iii) expediente 42.121 del
23 de octubre de 2017; iv) expediente 44.260 del 14 de septiembre de 2017; v) expediente 43.447
del 19 de julio de 2017; vi) expediente 39.321 del 26 de abril de 2017, entre otras.
48
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, expediente 16.516
MP. Enrique Gil Botero y sentencia del 6 de junio de 2012 dictada por esta Subsección dentro del
expediente 24.633, M.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en sentencia del 24 de octubre de 2017,
expediente 32.985, entre otras.

20

Radicación número: 23001-23-33-000-2016-00012-01 (70.497)
Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

judice49 y ratificado esta Subsección en recientes pronunciamientos 50, y también
por la Subsección C de esta Sección de esta Corporación51, lo que descarta el
argumento de la Rama Judicial, según el cual en esta ocasión no se puede exigir
la reparación del daño causado.

6.3. Imputación

La Sala analizará si a la Rama Judicial le asiste responsabilidad o no por lo resuelto
en los fallos del 1° y 22 de octubre de 2009, proferidos por los Juzgados Promiscuo
Municipal y del Circuito de Ayapel, en el trámite de la acción de tutela 2009-00761.

Conviene resaltar que, aunque esas determinaciones fueron revocadas por la Corte
Constitucional, mediante sentencia SU-377 de 2014, la parte actora alegó un “error
judicial” respecto de estos; pero, tal y como se afirmó en precedencia, la imputación
del daño alegado no debe analizarse desde la perspectiva del error jurisdiccional,
sino bajo la óptica de la falla en el servicio52.

Al analizar la controversia, la Sala advierte que, en efecto, los jueces de primera y
segunda instancia ampararon los derechos fundamentales alegados por la señora
Libia del Carmen Trujillo Coronado, porque, en particular, el PAR de Telecom no le
ofreció el plan de pensión anticipada sobre la base de que no era beneficiaria del
régimen de transición, aunque sí era trabajadora de esa entidad -como los demás
beneficiarios de ese plan- y cumplía con los requisitos de tener derecho a
pensionarse.

49
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
Sentencia del 13 de abril de 2016, expediente 35.539, M.P. Hernán Andrade Rincón; sentencia del
13 de noviembre de 2018, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, expediente 46.518. Este criterio
ha sido reiterado en sentencia del 8 de mayo de 2019, expediente 46.753, M.P. Carlos Alberto
Zambrano Barrera, y en sentencia del 14 de junio de 2019, expediente 44.862, M.P. Carlos Alberto
Zambrano Barrera. También se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia 14 de febrero de 2018, expediente 43.735,
M.P. Danilo Rojas Betancourth.
50
Se pueden consultar: sentencia del 7 diciembre de 2021, expediente 65.415, M.P. Marta Nubia
Velásquez Rico; sentencias del 8 de mayo de 2023, expedientes 63.423 y 64.503, M.P. María
Adriana Marín.
51
Sobre el caso se sostuvo: “(…) El daño está acreditado, pues se probó que, en cumplimiento del
proveído referido, el PAR de Telecom pagó (…) la suma de $1.792.613.310. Asimismo, se evidencia
que el daño tiene el carácter de antijurídico, pues se trata de la afectación de un derecho protegido
por el ordenamiento jurídico, cuya lesión no encuentra justificación legal”. Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de febrero de
2022, expediente 57.011, M.P. Nicolás Yepes Corrales.
52
Se pueden revisar, entre otras decisiones: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de mayo de 2019, expediente
46.753, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia del 7 de diciembre de 2021, expediente
65.415, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico y en sentencia del 3 de marzo de 2022 y 8 de mayo y 4
de septiembre de 2023, expedientes 63.423, 67.752 y 64.503 M.P. María Adriana Marín; y
sentencias del 22 de agosto y 29 de septiembre de 2023, expedientes 66.901 y 64.508, M.P. José
Roberto Sáchica Méndez.

21

Radicación número: 23001-23-33-000-2016-00012-01 (70.497)
Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

De tal forma, ordenaron incluirla en el plan y reconocerle y pagarle los emolumentos
laborales dejados de percibir desde su desvinculación, con la indexación e intereses
correspondientes. Por tanto, se estimó necesario embargar el dinero depositado en
las cuentas del PAR de Telecom hasta por $586’714.357, a fin de garantizar el pago
de las acreencias adeudadas.

Tales decisiones fueron reprochadas por el PAR de Telecom en la demanda, en la
medida en que la acción constitucional no debió resolverse de fondo, ya que era
temeraria y se había configurado la cosa juzgada; igualmente, tildó de desacertado
el reconocimiento del derecho al plan de pensión anticipada y la orden de embargo.

Por su parte, la Nación - Rama Judicial se opuso a esas conclusiones, dado que,
desde su perspectiva, aunque las determinaciones de tutela fueron revocadas por
la Corte Constitucional, se ajustaron a lo previsto en el Decreto 2591 de 1991 y
contaron con pleno respaldo probatorio.

Para resolver lo anterior, en primer lugar, resulta necesario señalar que la Sala no
hará mención a la figura legal de la temeridad ni examinará lo tocante al derecho al
plan de pensión anticipada en el caso concreto, en tanto el único argumento que
utilizó la Sala Plena de la Corte Constitucional para revocar los fallos de tutela giró
en torno a que sobrevino la cosa juzgada, sin adentrarse en otros aspectos.

Aclarado lo anterior, realizará unas breves precisiones sobre la cosa juzgada, con
apego al desarrollo normativo y jurisprudencial.

A partir de lo previsto en el artículo 332 del CPC53, vigente para la época de los
hechos y aplicable a los asuntos de tutela por remisión del artículo 4 del Decreto
306 de 199254, hoy compilado en el artículo 2.2.3.1.1.3. del Decreto 1069 de 2015,
la Corte Constitucional ha definido la cosa juzgada como una “institución jurídico

53
“Artículo 332. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene
fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en
la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. Se
entiende que hay identidad jurídica de partes, cuando las del segundo proceso son sucesores mortis
causa de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con
posterioridad al registro de la demanda, si se trata de derechos sujetos a registro y al secuestro en
los demás casos. La sentencia dictada en procesos seguidos por acción popular produce cosa
juzgada erga omnes. Los efectos de la cosa juzgada en procesos en que se ventilen cuestiones
relativas al estado civil de las personas, se regularán por lo dispuesto en el Código Civil y leyes
complementarias (…)”.
54
“Artículo 4. De los principios aplicables para interpretar el procedimiento previsto por el Decreto
2591 de 1991. Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela
previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código de
Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho decreto.
Cuando el juez considere necesario oír a aquel contra quien se haya hecho la solicitud de tutela, y
dicha persona sea uno de los funcionarios que por ley rinden declaración por medio de certificación
jurada, el juez solicitará la respectiva certificación”.

22

Radicación número: 23001-23-33-000-2016-00012-01 (70.497)
Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y
en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas”55.

Esta figura impide reabrir un asunto concluido con precedencia, a través de un
análisis jurídico agotado en sede judicial, para de esta forma permear de seguridad
las relaciones jurídico procesales consolidadas en el ordenamiento jurídico56.

El alto tribunal constitucional ha identificado los siguientes elementos para evaluar
la posible configuración de la cosa juzgada en los procesos de tutela: “(i) que se
adelante un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia; (ii) que
en el nuevo proceso exista identidad jurídica de partes; (iii) que el nuevo proceso
verse sobre el mismo objeto, o sea, sobre las mismas pretensiones; (iv) que el nuevo
proceso se adelante por la misma causa que originó el anterior, es decir, por los
mismos hechos”57. La identidad entre una acción de tutela en trámite y otra que ha
cobrado ejecutoria frente a estos últimos tres elementos (partes, objeto y causa),
conlleva a declarar improcedente la tutela que se encuentra en trámite58.

A su turno, ha considerado que algunas variaciones en las partes, los hechos o las
pretensiones entre el proceso que hizo tránsito a cosa juzgada y la nueva demanda
no necesariamente conducen a concluir que no existe cosa juzgada, por el contrario,
se trata de un examen más profundo, en el que no basta con la coincidencia formal
sino con una verificación de la concordancia material entre los dos procesos, a pesar
de la posibilidad de identificar pequeñas diferencias entre una y otra acción59.

55
Sentencias C-774 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-249 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo; y T-583 de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
56
Sentencias T-661 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, reiterada en las sentencias T-001 de
2016, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-427 de 2017; y T-219 de 2018, M.P. Alejandro Linares
Cantillo.
57
Sentencias T-019 de 2016, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-427 de 2017, M.P. Alejandro
Linares Cantillo; y T-219 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
58
Sentencias T-019 de 2016, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y T-427 de 2017. M.P. Alejandro
Linares Cantillo. En la Sentencia C-774 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, la Corte se refirió
respecto de cada uno de la siguiente manera: “(i) La identidad de objeto implica que ambas
demandas deben versar sobre las mismas pretensiones, en otras palabras “cuando sobre lo
pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre
una relación jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de
un derecho que no fueron declarados expresamente.” (ii) La identidad de causa implica que, tanto el
proceso que ya hizo tránsito a cosa juzgada, como la nueva demanda, deben contener los mismos
fundamentos fácticos sustentando la pretensión. Lo anterior implica que cuando el segundo proceso
tiene nuevos hechos o elementos, el juez puede pronunciarse únicamente respecto de estos últimos.
(iii) La identidad de partes, hace referencia a que “al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada”.
59
En este sentido, en la Sentencia T-427 de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo, la Sala Tercera
de Revisión concluyó que “algunas alteraciones parciales a la identidad no necesariamente excluyen
la cosa juzgada, ya que, de lo contrario, accionar a una persona más o una menos puede significar,
en todo caso, una identidad de sujetos. De igual modo, una variación de los hechos o un nuevo
elemento que no tiene incidencia en las pretensiones ni en la decisión, tampoco puede ser razón per
se para afirmar que no hay identidad de pretensiones, pues, agregar un hecho nuevo que no tenga
incidencia en la decisión no puede justificar reabrir una controversia que ha cumplido el
correspondiente trámite. Finalmente tener un mismo objetivo y pretensión no significa que deba
existir una redacción idéntica de las pretensiones de las dos acciones, sino, en cambio, que el juez
pueda verificar que materialmente existe una pretensión equivalente”.

23

Radicación número: 23001-23-33-000-2016-00012-01 (70.497)
Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

En suma, la cosa juzgada en materia de tutela se configura cuando existe identidad
de partes, causa y objeto entre dos acciones de amparo, una de las cuales hubiera
cobrado ejecutoria. La existencia de la cosa juzgada implica la improcedencia de la
solicitud de amparo, como garantía de seguridad en las situaciones jurídicas
definidas, pero el advenimiento de hechos novedosos puede ser considerado por el
juez de tutela, de manera eminentemente excepcional60, el cual, además, requiere
que sea alegado por la parte tutelante.

La Corporación ha aseverado que el hecho nuevo adquiere mayor trascendencia y
debe analizarse con mayor cuidado, en los casos relacionados con una prestación
periódica, la imprescriptibilidad de la pensión o los efectos contrarios al derecho a
la igualdad, en el que los afectados pueden acudir nuevamente a la jurisdicción
constitucional, máxime cuando ha existido el derecho, pero este ha sido negado con
base en una tesis que ha fijado su propio intérprete y que ha sido juzgada contraria
a la Constitución Política por ese tribunal.

Descendiendo al sub lite, para la Subsección es claro que en el asunto de tutela
evaluado existía la triple identidad: de partes, objeto y causa respecto de la tutela
que ya se había definido con anterioridad.

Nótese que, en ambos casos, la señora Libia del Carmen Trujillo Coronado ejerció
la acción constitucional contra el PAR de Telecom con el propósito de ser incluida
en el plan de pensión anticipada, alegando que cumplía los requisitos exigidos para
ello. De igual manera, el motivo de su accionar consistía en que se le ordenara a la
aquí demandante su inclusión en ese plan y que le pagara las mesadas pensionales,
así como los emolumentos laborales dejados de percibir desde la desvinculación
hasta el pago definitivo.

60
En reciente decisión, la Sala Plena de la Corte Constitucional, dijo “Específicamente, cuando se
alega un hecho nuevo con base en la expedición de una sentencia judicial, la Corte en diferentes
oportunidades y de manera reciente, se ha ocupado de analizar el alcance de un hecho nuevo y
cuándo se configura.
Así, aclara que no cualquier pronunciamiento puede tomarse como un hecho nuevo, pues para ello
se requiere, por un lado, que tenga vocación de universalidad como las sentencias de
constitucionalidad y las de unificación y de otro lado que, en efecto, el nuevo fallo aborde situaciones
jurídicas novedosas que no se hubiesen desarrollado con anterioridad.
Bajo esta línea argumentativa, la excepción a la cosa juzgada constitucional, cuando se opone como
argumento la expedición de un nuevo fallo, solo procede de manera excepcional para justificar la
presentación de una acción de tutela posterior y deben concurrir los supuestos antes mencionados.
Asimismo, cabe resaltar, que esta Corporación enfatiza acerca de la importancia que tiene un hecho
nuevo cuando la solicitud versa sobre el reconocimiento de prestaciones periódicas como las
pensiones, lo cual, se reitera, no excluye la acreditación de los presupuestos exigidos por la
jurisprudencia constitucional cuando se alega un hecho nuevo como excepción a la cosa juzgada,
tal y como se expuso en párrafos anteriores. Esto es, que se trate de un fallo con efectos universales
y desarrolle una ratio decidendi novedosa”. (sentencia SU-397 de 2022, M.P. Diana Fajardo Rivera).

24

Radicación número: 23001-23-33-000-2016-00012-01 (70.497)
Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

En ese estado de cosas, como la acción de tutela inicial culminó con fallo del 12 de
junio de 2009, dictado por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería, los
juzgados de Ayapel debían declarar la cosa juzgada; sin embargo, no lo hicieron.

Por su parte, pese a que en la contestación de la nueva acción de tutela el PAR de
Telecom advirtió la cosa juzgada y aportó las piezas procesales pertinentes para
que se pudiera verificar ese fenómeno, el Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel
no prestó atención a su razonamiento, sino se limitó a emitir consideraciones acerca
de la “competencia”, lo que no tenía relación con lo propuesto; es más, ni siquiera
llamó su atención que con antelación remitió una acción de tutela idéntica a otro
circuito.

Se probó que el PAR de Telecom en la impugnación persistió, entre otras cosas, en
la declaratoria de cosa juzgada y la respuesta que obtuvo del Juzgado Promiscuo
del Circuito de Ayapel fue que el derecho a la pensión se renovaba, por ende, se
podía “tutelar cada vez que nace la necesidad”, a lo que agregó que los cambios de
la jurisprudencia justificaban la emisión de providencias judiciales distintas.

Aunque no se hizo un análisis de cosa juzgada, al tenor de la jurisprudencia de la
Corte Constitucional, esas premisas tampoco serían válidas, puesto que, como se
vio, para aplicar la excepción a la cosa juzgada la señora Libia del Carmen Trujillo
Coronado debía alegarla y sustentarla, lo que no sucedió. Por cierto, no hubo un
“hecho nuevo” que implica la existencia de una tesis jurisprudencial “con efectos
universales y que desarrolle una ratio decidendi novedosa” para el caso sometido a
estudio, al punto de que el juez no lo invocó y menos desarrolló o calificó.

Entonces, para la Sala no hay razones suficientes y atendibles que justificaran la
interposición y resolución de fondo de una nueva solicitud de amparo, de ahí que
esta se debía declarar improcedente ante la configuración del fenómeno de la cosa
juzgada, según lo coligió la Corte Constitucional:

(…) Obra copia de otra tutela anterior a esta, instaurada por la señora Libia del
Carmen Trujillo contra el PAR. En ella solicitaba también ser incluida en el PPA,
sobre la base de que era trabajadora de TELECOM con derecho a ello y de que,
sin embargo, había resultado excluida del grupo de beneficiarios de dicho Plan.
Pedía entonces, en ese contexto, ordenarle al PAR que la incluyera en el PPA,
y le cancelara las mesadas derivadas de ello, desde el primero (1°) de febrero
de dos mil seis (2006) hasta el día en que se le reconociera la pensión definitiva.
Hay entonces identidad relevante de partes, de fundamentos y de peticiones.
Esta otra acción de tutela fue declarada improcedente en primera instancia por
el Juzgado Primero Civil Municipal de Montería el trece (13) de mayo de dos mil
nueve (2009) y, en segunda instancia, luego confirmada por el Juzgado 4 Civil
del Circuito de Montería mediante fallo del doce (12) de junio de dos mil nueve
(2009). En vista de estos elementos, la Sala Plena concluye que hay cosa
juzgada constitucional y se atenderá a ella.

25

Radicación número: 23001-23-33-000-2016-00012-01 (70.497)
Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

De haberse analizado adecuadamente la demanda de tutela, los elementos de juicio
allegados, la situación del PAR de Telecom y el precedente constitucional sobre la
materia, la conclusión sería diferente, dado que no se hubiera ignorado la cosa
juzgada, para así advertir con criterios razonados que no estaban habilitados para
realizar el estudio de fondo en el asunto, situación que no se dio, lo que configura
una latente falla del servicio.

Por último, en lo relativo al decreto de la medida cautelar de embargo, la Sala debe
poner de presente que el procedimiento que se aplicó fue irregular, toda vez que no
se le respetó al PAR de Telecom su derecho de defensa ni se motivó tal decisión,
de acuerdo con lo previsto por la jurisprudencia constitucional.

Al respecto, cabe mencionar que el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 faculta al
juez de tutela para decretar medidas provisionales cuando advierta la urgencia y
necesidad61 de intervenir transitoriamente, a fin de precaver que: (i) se vulneren
derechos fundamentales de manera irreversible; o (ii) se ocasionen graves e
irreparables daños, especialmente al interés público.

La norma indica que el juez dispone de una amplia competencia que le permite, a
petición de parte o de oficio, “dictar cualquier medida de conservación o seguridad”,
destinada a “proteger un derecho” o a “evitar que se produzcan otros daños como
consecuencia de los hechos realizados”. Su finalidad última es velar por la
supremacía inmediata de la Constitución, sea que esto implique proteger un
derecho fundamental o salvaguardar el interés público62.

Las medidas provisionales no tienen por objeto anticipar o condicionar el sentido del
fallo e incluso pueden ser reversadas en algunos casos, sino que sirven como una
herramienta excepcional al del juez cuando este observe que una amenaza cierta,
inminente y grave sobre un derecho fundamental o el interés público requiera su
intervención inmediata63.

Para evitar el empleo irrazonable de tales medidas, la Corte Constitucional64 formuló
como requisitos para aplicar la norma (i) que estén encaminadas a proteger un
derecho fundamental, evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público, con el
fin de garantizar que la decisión definitiva no resulte inocua o superflua por la
consumación de un daño; (ii) que se esté en presencia de un perjuicio irremediable
por su gravedad e inminencia, de manera que se requieran medidas urgentes e

61
Corte Constitucional, auto A-049 de 1995.
62
Corte Constitucional, auto A-419 de 2017.
63
Corte Constitucional, auto 680 de 2018.
64
Corte Constitucional, autos 241 de 2008 y 680 de 2018.

26

Radicación número: 23001-23-33-000-2016-00012-01 (70.497)
Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

impostergables para evitarlo; (iii) que exista certeza respecto de la existencia de la
amenaza del perjuicio irremediable; (iv) que exista conexidad entre la medida
provisional y la protección de los derechos fundamentales amenazados; y (v) que
la medida provisional se adopte solo para el caso concreto objeto de revisión65.

El Juzgado Promiscuo Municipal de Ayapel, el mismo día que abrió el incidente de
desacato embargó las cuentas del PAR de Telecom, sin respetarle los términos que
en su misma providencia le otorgó -3 días- para que aportara pruebas o excusara
el supuesto incumplimiento.

A su vez, se echa de menos la fundamentación de esa determinación. La única
razón que soportó su decisión fue la necesidad de garantizar “el cumplimiento de la
obligación adeudada” y para ello se tuvieron en cuenta los valores descritos en una
liquidación proveniente de la propia tutelante, como si se tratara de un proceso
ejecutivo e ignorando, a su vez, que no era el escenario para proceder a una
liquidación apropiada de prestaciones económicas; que se debía presumir la buena
fe del destinatario de la órdenes, al no existir indicios de un “temor fundado de
incumplimiento”; que era “desproporcionado embargar sumas de un PAR que debe
responder por obligaciones pendientes y se podían afectar derechos fundamentales
de terceros”; y que era imperativo garantizar la oportunidad para que la ahora
demandante controvirtiera la estimación dineraria presentada.

No puede olvidarse que el PAR de Telecom adjuntó la historia laboral y demás
documentos de referente salarial; asimismo, allegó una liquidación aproximada de
la eventual obligación generada que ascendía $177’484.394 e insistió en esto hasta
antes de que se dejara el dinero a disposición del tutelante, pero los administradores
de justicia guardaron absoluto silencio al respecto.

En criterio de la Sala, existe la convicción de la improcedencia del decreto del
embargo ante la carencia de motivación, así como de fundamentos fácticos posibles
y argumentos jurídicos razonables, en el sentido de que no existía el riesgo efectivo
de que la presunta vulneración se acentuara o se causaran otros daños mientras se
esperaba la decisión que hiciera tránsito a cosa juzgada66.

Para la Sala, no hay duda de que el daño que sufrió el PAR de Telecom le resulta
imputable a la Rama Judicial, a título de falla en el servicio, porque devino de las

65
Aunque en decisión más reciente la Sala Plena de esa Corporación reinterpretó estos requisitos y
los sintetizó en tres exigencias básicas; no se harán alusión a estos, porque no resultaban exigibles
para la época de los hechos (Corte Constitucional, auto 312 de 2018).
66
Se dispuso la entrega del dinero cuando ni siquiera se habían surtido los términos de notificación
del fallo de segunda instancia.

27

Radicación número: 23001-23-33-000-2016-00012-01 (70.497)
Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

actuaciones abiertamente irregulares de los Juzgados Promiscuo Municipal y del
Circuito de Ayapel.

7. Indemnización

7.1. Daño emergente

La demandante pidió el pago de $605’953.95967 con ocasión del monto embargado
y entregado a la señora Libia del Carmen Trujillo Coronado, en virtud de las órdenes
de tutela de los Juzgados Promiscuo Municipal y del Circuito de Ayapel.

La Subsección encuentra acreditado que el PAR de Telecom soportó una afectación
patrimonial por ese monto, discriminado así: $586’714.357 -derivado del embargo
en septiembre de 2009- y $19’239.602 -correspondiente a las mesadas pensionales
que se extendieron a mayo de 2010-, para un total de $605’953.959.

Ahora, al actualizar esos rubros a la fecha de la presente decisión, se advierte que
ascienden en total a $1.223’471.22968; no obstante, en esta ocasión no se ordenará
el reembolso de la totalidad de la última suma referida, teniendo en cuenta que no
se tiene certeza de los rubros que dicha entidad ha logrado recuperar mediante el
ejercicio de otros mecanismos judiciales, para descartar que no se está realizando
un doble pago.

Lo anterior, por cuanto, revisado el sistema de consulta de procesos de la Rama
Judicial se logró constatar que el PAR de Telecom adelanta un proceso ejecutivo
contra la señora Libia del Carmen Trujillo Coronado, radicado 23001-31-05-003-
2017-00244-00, en el marco del cual exige el pago de la sentencia del 13 de agosto
de 2018, dictada por el Juzgado Tercero del Circuito Laboral de Montería, en la que
se le ordenó a aquella reintegrar a su favor del PAR de Telecom lo pagado por
concepto en el proceso de tutela aquí analizado. En ese asunto, el 16 de mayo de
2023 se aprobó la liquidación del crédito por la suma de $749’272.692, sin que hasta
la fecha se hubiera logrado solventar esa obligación69.

67
Lo pedido en la demanda y adicionado en la reforma de la misma.
68
Aplicando la siguiente fórmula:
Ra = Rh x Índice final
Índice inicial
Al reemplazar, se tiene:
$586’714.357 x (144.02)
(71.28)
$1.185’446.151
$19’239.602 x (144.02)
(72.87)
$38’025.078
69
Al respecto, se puede consultar el expediente en el siguiente link:
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NombreRazonSocial

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Radicación número: 23001-23-33-000-2016-00012-01 (70.497)
Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

Bajo esta línea, el reconocimiento y pago de la condena a la que hubiere lugar, en
esta instancia, estará condicionada a los siguientes supuestos:

(i) Si se verifica que el PAR de Telecom no pudo recuperar la suma reconocida a
su favor en la jurisdicción ordinaria con ocasión de la acción de tutela aquí
estudiada, la Nación - Rama Judicial estará obligada a pagar la totalidad del capital
adeudado y actualizado a la fecha de esta sentencia, esto es, $1.223’471.229. La
presente sentencia constituirá el título ejecutivo, por lo que el PAR de Telecom
podrá exigir el pago de la suma antes mencionada.

(ii) En caso de acreditarse la recuperación de alguna suma de dinero relacionada
con la acción constitucional analizada, la Nación - Rama Judicial, después de
actualizar el rubro pertinente, lo descontará del monto antes mencionado, es decir,
$1.223’471.229 y realizará el pago del saldo pendiente. La presente sentencia y la
resolución expedida por la entidad, en caso de que hubiera reconocido la suma
pertinente, constituirán el título ejecutivo.

Para constatar cualquiera de las dos situaciones descritas y proceder al pago al que
hubiera lugar, se tendrá hasta el vencimiento de los 10 meses contados a partir de
la ejecutoria de esta decisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 192 del
CPACA.

7.1.1. Verificación de información y subrogación

Para el pago del perjuicio antes aludido, la entidad demandada (i) contará con la
información registrada en el sistema de consulta judicial Siglo XXI70 o podrá valerse
de los datos que recaude directamente en los despachos judiciales, si a bien lo
tiene; y (ii) dispondrá de la certificación que el PAR de Telecom radique con la
solicitud de pago, en la que indique si el dinero que fue entregado a la tutelante se
recaudó total o parcialmente o si, en su defecto, ello no ocurrió. Los documentos
que aporte la accionante deberán contener información clara, precisa y detallada
del nombre del peticionario, proceso, cuantía y condena, si existiera.

Además, una vez efectúe el pago que corresponda, podrá evaluar la posibilidad de
subrogarse en las acciones que el PAR de Telecom hubiera iniciado contra el
particular que recibió el pago aquí reclamado, incluso las que puedan formularse
luego del pago definitivo.

70
El nombre de la peticionaria respecto de quien se verificará la información se enunció en el acápite
de hechos probados y a lo largo del presente proveído.

29

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Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

7.2. Lucro cesante

La parte demandante solicitó el reconocimiento y pago de los intereses bancarios
corrientes y moratorios. En la alzada manifestó que, de no proceder de conformidad,
se estaría desconociendo el principio de reparación integral y la presunción de
derecho establecida en el artículo 1617.2. del Código Civil.

En este punto, la Sala se remitirá a las consideraciones expuestas en caso iguales71,
oportunidades en las que precisó que los intereses remuneratorios -bancarios-
corresponden a aquellos que se cobran tanto en negocios jurídicos de carácter
comercial como civil72 por el rendimiento de un capital durante un plazo que se le
ha otorgado al deudor para pagarlo. Estos deben ser pactados y se estará a la
voluntad de las partes, siempre que no superen el límite máximo legal establecido;
de no acordarse tasa por este concepto, se debe acudir a la legislación pertinente
para efectos de analizar su procedencia.

En otros términos, para que surja la obligación de reconocer ese tipo de interés, se
requiere la existencia de un acuerdo o una disposición legal que lo consagre. Así lo
ha sostenido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia73 y de la Corte
Constitucional74:

(…) Ciertamente, sobre las presunciones legales en casos como el que se
analiza, en sentencia de esa Sala de Casación del 28 de noviembre de 1989,
esta Corte dijo: convencionalmente se pueden estipular los intereses
remuneratorios; (…) la obligación de pagar intereses remuneratorios como
fruto de prestaciones dinerarias no opera ipso iure, como acontece con los
intereses moratorios, sino que es incuestionablemente necesario que la
obligación de pagarlos dimane de un acuerdo entre las partes o de una
disposición legal que así lo determine.

(…) Ahora bien, desde el punto de vista específico del régimen de intereses
que fija uno y otro estatuto, es claro que, en lo concerniente a los intereses
convencionales, la expresión de voluntad debe respetar los topes máximos
que el legislador señala como protección de los abusos, en ambas

71
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 22 de agosto y 29 de noviembre de 2023, expedientes 66.901 y 64.508, M.P. José
Roberto Sáchica Méndez y sentencia del 4 de septiembre de 2023, expediente 67.752, M.P. María
Adriana Marín.
72
El doctrinante Jaime Alberto Arrubla Paucar señala (…) “los intereses remuneratorios son los
causados por el otorgamiento de un crédito durante el plazo que se ha otorgado al deudor para
pagarlo, los cuales representan no sólo el costo financiero causado para la entidad financiera
otorgante y la ganancia por el no uso de esos recursos, sino la pérdida del poder adquisitivo del
dinero durante el plazo, pero es claro que los mismos siempre se calculan, liquidan y causan sobre
el capital adeudado puesto que, como su nombre lo indica, buscan remunerar al acreedor que ha
puesto su dinero a disposición de un deudor. (Sobre el régimen legal de los intereses en
Colombia, Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Javeriana, ISSN 0120-
3886, Medellín, Colombia, 1982, pág. 54).
73
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 28 de noviembre de 1989, M.P.
Rafael Romero Sierra, reiterada el 23 de septiembre de 2019, expediente STC12891-2019, M.P. Luis
Alonso Rico Puerta.
74
Corte Constitucional, sentencia C-364 de 2000, expediente D-2470, M.P. Alejandro Martínez
Caballero, tesis retirada en sentencia C-604 de 2012, expediente D-8896, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.

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Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

legislaciones. Así, en relación con i) los intereses remuneratorios
convencionales, el código civil permite acordar libremente entre las partes la
cuantía del interés, circunscribiéndose a señalar como límite de tal
autodeterminación, que no se pueda superar en una mitad el interés corriente
(el que se cobra en una plaza determinada), vigente al momento del convenio,
so pena de perder el exceso, mediante solicitud al juez de reducirlo. (art.
2230). En el Código de Comercio se permite a las partes establecer intereses
remuneratorios convencionales a su arbitrio, siempre y cuando no excedan
del interés bancario corriente certificado por la Superbancaria, so pena de
perder la totalidad de los intereses cuando se presente el exceso (art. 884)
(…).

De otro modo, los intereses legales75, son aquellos cuya tasa determina el
legislador. No operan cuando los particulares han fijado convencionalmente
los intereses sino únicamente, en ausencia de tal expresión de voluntad a fin
de suplirla. En la legislación civil se concibe que el mutuo puede ser gratuito u
oneroso, a instancia de las partes, pero en ausencia de manifestación alguna
en cuanto a los iii) intereses remuneratorios, se presume que el mutuo es
gratuito. En el evento en que las partes hayan estipulado la causación de
intereses de plazo, pero hayan omitido su cuantía, el interés legal fijado, es el
6% anual. En el Código de comercio, por el carácter oneroso de la actividad
mercantil se presume el interés lucrativo, por ende, se excluye el carácter
gratuito del mutuo, salvo pacto expreso en contrario, de tal forma que el interés
legal equivale al bancario corriente, salvo estipulación en contrario (…).

En el sub judice, resulta evidente que no concurren los supuestos descritos, puesto
que se fija una indemnización de perjuicios derivada de una falla del servicio por el
embargo y pago irregular de unas sumas de dinero que no fueron reintegradas a la
parte actora y no se acreditó la existencia de un vínculo contractual o una
disposición legal que fundamentara la procedencia de este tipo de intereses durante
el período en que se mantuvo vigente la medida cautelar por las órdenes de los
jueces de tutela, así como tampoco se demostró que la cuenta bancaria en la que
se encontraban depositados los recursos del PAR de Telecom produjera estos o,
en su defecto, que se hubiera se probó una tasa específica de rendimiento
financiero, lo que implica su negativa.

Ahora bien, los llamados intereses moratorios representan el perjuicio causado al
acreedor por el retraso en la ejecución de la obligación76. El artículo 1617 del Código
Civil prevé este tipo de interés como una indemnización derivada del retardo, la cual
podrá ser convencional si es tasada por las partes o legal, caso en el cual será
equivalente al 6% anual77, mientras que el artículo 884 del Código de Comercio

75
Ante la ausencia de pacto expreso.
76
Sobre el particular, la doctrina ha indicado: “Los daños y perjuicios moratorios tienen como carácter
esencial, se acumulables necesariamente con el cumplimiento efectivo de la obligación, puesto que
representan el perjuicio resultante del retraso, perjuicio que no se repara por el ulterior cumplimiento
de la obligación” (Planiol, Marcel, Ripert, George: Derecho Civil, V. 8, Harla, México, 1997, pág. 632;
Hinestrosa Forero, Fernando: Tratado de las Obligaciones, Universidad Externado de Colombia,
Bogotá, 2002, pág. 165).
77
A cuyo tenor: “Indemnización por mora en obligaciones de dinero. Si la obligación es de pagar
una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las reglas siguientes:
1a.) Se siguen debiendo los intereses convencionales, si se ha pactado un interés superior al legal,
o empiezan a deberse los intereses legales, en el caso contrario; quedando, sin embargo, en su
fuerza las disposiciones especiales que autoricen el cobro de los intereses corrientes en ciertos
casos.
El interés legal se fija en seis por ciento anual.

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Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

determina que, a falta de estipulación contractual, serán equivalentes a una y media
veces el interés bancario corriente78, reglas que han sido reconocidas por la Corte
Constitucional79:

(…) Cuando se trata de, iv) intereses moratorios, en el Código Civil, se dispone
que, en ausencia de estipulación contractual sobre intereses moratorios, se
siguen debiendo los intereses convencionales si fueron pactados a un interés
superior al legal, o en ausencia de tal supuesto empieza a deberse el interés
legal del 6%; sin perjuicio de los eventos legales en que se autoriza la causación
de intereses corrientes (art. 1617). En el caso comercial, la inexistencia de
previsión convencional sobre moratorios autoriza que se cobre una y media
veces el interés bancario corriente.

Así pues, se descarta la aplicación de la norma comercial, ya que el PAR de
Telecom alegó específicamente la configuración de la presunción establecida en el
artículo 1617.2 del Código Civil, que establece “el acreedor no tiene necesidad de
justificar perjuicios cuando solo cobra intereses; basta el hecho del retardo”.

Al respecto, no es posible predicar intereses moratorios, en tanto la presente
providencia es la que reconoce el pago indemnizatorio, sin preexistencia de una
obligación insoluta80.

Con todo, se debe señalar que, si bien el cumplimiento de la condena está sometida
al plazo dispuesto el artículo 192 del CPACA, el artículo 195.4 ibidem señala que
“las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una
condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses moratorios a una
tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante, una vez vencido el
término de los diez (10) meses de que trata el inciso segundo del artículo 192 de
este Código o el de los cinco (5) días establecidos en el numeral anterior, lo que
ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del
crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un
interés moratorio a la tasa comercial”. Por consiguiente, los intereses de mora a que

2a.) El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando solo cobra intereses; basta el
hecho del retardo.
3a.) Los intereses atrasados no producen interés”.
4a.) La regla anterior se aplica a toda especie de rentas, cánones y pensiones periódicas”.
78
A cuyo tenor: “cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que
se especifique por convenio el interés, éste será el bancario corriente; si las partes no han estipulado
el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto
sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990. Se probará el interés bancario corriente con
certificado expedido por la Superintendencia Bancaria”.
79
Corte Constitucional, sentencia C-364 de 2000, expediente D-2470, M.P. Alejandro Martínez
Caballero.
80
Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que “no se está frente a una
obligación dineraria incumplida, sino que la obligación de pagar la suma de dinero a cargo de la
entidad demandada, surge con ocasión de la presente providencia y en virtud de la condena que
aquí se proferirá en su contra, razón por la cual no puede hablarse de mora en el pago de dicha
obligación”. (Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 6 de diciembre de 2013, expediente
27.593, M.P. Danilo Rojas Betancourth; y, sentencia del 28 de febrero de 2022, expediente 57.011,
M.P. Nicolás Yepes Corrales).

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Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

hubiere lugar se generarán de acuerdo con lo antes descrito, premisa que encuentra
respaldo en lo sostenido por la Corte Constitucional81:

(…) En primer lugar, el procedimiento para el pago de las obligaciones de la
administración pública es completamente distinto al llevado a cabo por los
particulares, pues éstos no deben cumplir con las normas del presupuesto ni
con los procedimientos internos de las entidades públicas, por lo cual resulta
razonable establecer un plazo distinto para el cumplimiento de las obligaciones
del Estado.

El artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 contempla un procedimiento que deben
llevar a cabo las entidades públicas para el cumplimiento de sus obligaciones
en un plazo de 10 meses, el cual no se encontraba regulado en el Código
Contencioso Administrativo, situación que ha variado las reglas aplicables antes
de la vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

En segundo lugar, la norma sí consagra un interés moratorio en contra de la
administración pública, pues la DTF no solamente tiene un componente
inflacionario, sino también un valor adicional que se reconoce en este caso
como el elemento indemnizatorio.

En tercer lugar, esta Corporación ha reconocido la posibilidad de que existan
diferencias entre las tasas de interés en el ordenamiento jurídico colombiano,
tal como sucede con los intereses civiles y los comerciales. En este sentido,
históricamente las tasas de interés contempladas en el Código de Comercio han
sido muy superiores a la tasa de interés del 6 por ciento anual establecida en el
Código Civil, llegando incluso a ser más de cuatro veces mayor en el año 2001.

Por lo anterior se considera que la norma reconoce el pago de intereses
moratorios por parte del Estado a una tasa especial justificada en virtud del
procedimiento para el plazo del pago que deben cumplir las entidades públicas
según la ley 1437 de 2011 para no desconocer los principios presupuestales y
los trámites administrativos al interior de las entidades públicas.

En definitiva, resulta improcedente reconocer los intereses en los términos pedidos
por la parte actora. Asimismo, la Subsección aclara que, en virtud del principio de
congruencia82 y del alcance de la competencia del superior83, no está facultada para
pronunciarse sobre algún aspecto diferente a los mencionados, habida cuenta de
que la demanda se limitó a lo aquí expuesto.

8. Exhorto

La Sala considera prudente exhortar a la entidad demandada para que estudie la
viabilidad de promover el proceso de repetición contra los funcionarios públicos que

81
Corte Constitucional, sentencia C-604 de 2012, expediente D-8896, M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
82
El artículo 28 del CGP dispone: “la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y
con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. No
podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda ni por causa diferente a la invocada en esta (…)”.
83
El artículo 328 del CGP consagra: “el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la
sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones (…)”.

33

Radicación número: 23001-23-33-000-2016-00012-01 (70.497)
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Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

intervinieron en la acción de tutela, teniendo en cuenta las actuaciones aquí
expuestas.

9. Costas

De conformidad con el artículo 188 del CPACA y el artículo 365.4 del CGP, en el
caso particular se condenará en costas a la parte demandada en ambas instancias,
en razón a la revocatoria total de la sentencia de primera instancia. La liquidación
de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo
366 del CGP.

En relación con las agencias en derecho correspondientes, según lo previsto en el
artículo 366.4 del CGP, se tiene en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la
gestión realizada, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales si las
hubiera.

En ese sentido se observa que el presente caso, en ambas instancias se encuentra
acreditada que la gestión del apoderado de la parte actora fue continúa, pues alegó
de conclusión primera instancia y formuló recurso de apelación contra la sentencia
de primer grado.

El Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la
fecha en que se presentó la demanda, estableció las tarifas de agencias en derecho.
En lo que a este caso interesa, las agencias en derecho en primera instancia, para
los asuntos contencioso administrativos con cuantía, deben fijarse hasta el 20% del
valor de las pretensiones negadas o reconocidas en la sentencia, de conformidad
con lo previsto en el artículo 6 del Acuerdo en cita84.

En tal virtud, las agencias en derecho de dicha instancia se fijan en el equivalente
al 0.5% del rubro mínimo que se espera se cancele de las pretensiones reconocidas,
esto es, $2’981.42385, monto que deberá ser pagado a favor del PAR de Telecom.

84
“Artículo. 6. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho (…) III Contencioso
Administrativo (…) 3.1.2. Primera instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales
legales vigentes. Con cuantía: Hasta el veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones
reconocidas o negadas en la sentencia”.
85
Dado que la condena se condiciona a la verificación de una serie de eventos, no es posible afirmar
que se pagara la totalidad de la suma liquidada por daño emergente; empero, de lo que sí se tiene
certeza es que lo mínimo a pagar sería el capital embargado y pagado al tutelante, por lo que es
procedente fijar las costas a partir de ese rubro, que, en últimas aquí se reconoce, conforme a la
demanda.

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De otra parte, en lo que tiene que ver con las agencias en derecho en segunda
instancia, estas deben fijarse hasta el 5% del valor de las pretensiones reconocidas
o negadas de la sentencia, según lo dispuso el artículo 6 del aludido Acuerdo86.

De este modo, se fijan las agencias en derecho también en la suma de $2’981.423,
a favor de la entidad demandante, con fundamento en la relación porcentual del
0.5% del pago mínimo que se espera se cancele de las pretensiones reclamadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 17 de mayo de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba y, en su lugar, se dispone:

PRIMERO. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación
• Rama Judicial por la falla en el servicio en la que incurrió al conceder el amparo
constitucional a favor una ex empleada del PAR de Telecom, embargar sus cuentas
bancarias y ordenar pagar unos emolumentos laborales, sin fundamento alguno.

SEGUNDO. CONDENAR a la Nación - Rama Judicial a pagar a favor del PAR de
Telecom, por daño emergente, la totalidad del capital adeudado y actualizado a la
fecha de esta sentencia, esto es, mil doscientos veintitrés millones cuatrocientos
setenta y un mil doscientos veintinueve pesos ($1.223’471.229), siempre que se
verifique que no recuperó la suma reconocida a su favor en la jurisdicción ordinaria
con ocasión de la acción de tutela aquí estudiada. La presente sentencia constituirá
el título ejecutivo, por lo que el PAR de Telecom podrá exigir el pago de la suma
antes mencionada.

En caso de acreditarse la recuperación de alguna suma de dinero relacionada con
la acción constitucional analizada, la Nación - Rama Judicial, después de actualizar
el rubro pertinente, deberá descontarlo del monto antes mencionado, esto es, de los
mil doscientos veintitrés millones cuatrocientos setenta y un mil doscientos
veintinueve pesos ($1.223’471.229) y realizar el pago del saldo pendiente. La

86
“Artículo. 6. Tarifas. Fijar las siguientes tarifas de agencias en derecho (…) III Contencioso
Administrativo (…) 3.1.3. Segunda instancia. Sin cuantía: Hasta siete (7) salarios mínimos mensuales
legales vigentes. Con cuantía: Hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones
reconocidas o negadas en la sentencia”.

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Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

presente sentencia y la resolución expedida por la entidad, en caso de que hubiera
reconocido la suma pertinente, constituirán el título ejecutivo.

Para constatar cualquiera de las dos situaciones descritas y proceder al pago al que
hubiera lugar, se tendrá hasta el vencimiento de los 10 meses contados a partir de
la ejecutoria de esta decisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 192 del
CPACA.

TERCERO. Para el pago de perjuicio material, la entidad demandada (i) contará
con la información registrada en el sistema de consulta judicial Siglo XXI o podrá
valerse de los datos que recaude directamente en los despachos judiciales, si a bien
lo tiene; y (ii) dispondrá de la certificación que el PAR de Telecom radique con la
solicitud de pago, en la que indique si el dinero que fue entregado al tutelante se
recaudó total o parcialmente o si, en su defecto, ello no ocurrió. Los documentos
que aporte la accionante deberán contener información clara, precisa y detallada
del nombre del peticionario, proceso, cuantía y condena, si existiera.

Además, una vez efectúe el pago que corresponda, podrá evaluar la posibilidad de
subrogarse en las acciones que el PAR de Telecom hubiera iniciado contra el
particular que recibió el pago aquí reclamado, incluso las que puedan formularse
luego del pago definitivo.

CUARTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO. EXHORTAR a la Nación - Rama Judicial para que, si a bien lo tiene,
estudie la viabilidad de promover un proceso de repetición contra los servidores
públicos que dictaron las decisiones que fueron revocadas dentro de la acción de
tutela de tutela 2009-00761.

SEXTO. CONDENAR EN COSTAS, en ambas instancias, a la Nación - Rama
Judicial a favor del PAR de Telecom.

En primera instancia, las agencias en derecho se fijan en dos millones novecientos
ochenta y un mil cuatrocientos veintitrés pesos ($2’981.423).

En esta instancia, las agencias en derecho se fijan en dos millones novecientos
ochenta y un mil cuatrocientos veintitrés pesos ($2’981.423).

Las costas se liquidarán, de manera concentrada, por a quo.

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Actor: PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE TELECOM
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA - LEY 1437 DE 2011

SÉPTIMO. La condena se cumplirá en los términos de los artículos 192 y 195 del
CPACA.

OCTAVO. Para el cumplimiento de esta sentencia, expedir, con destino a las
partes, las copias auténticas con las constancias previstas en la ley procesal. Las
copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha
venido actuando.

NOVENO. Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado Electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

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