Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2016-00055-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 23001-23-33-000-2016-00055-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2016-00055-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2016-00055-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
24 de noviembre de 2022
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00055-01 (3207-2019)
Demandante: Elina del Rosario Pico Durango
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00055-01 (3207-2019)
Demandante: ELINA DEL ROSARIO PICO DURANGO
Demandada: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL1
Tema: Reconocimiento de sustitución pensional. Pensión gracia.
Requisito de convivencia
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
ASUNTO
La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada, en contra de la sentencia
proferida el 21 de febrero de 2019 por el Tribunal Administrativo de Córdoba
que accedió a las pretensiones de la demanda presentada.
ANTECEDENTES
La señora Elina del Rosario Pico Durango en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20112 y formuló, en síntesis, las siguientes:
Pretensiones3
1. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución
RDP 018674 del 7 de diciembre de 2012, por medio de la cual la UGPP
negó la pensión de sobrevivientes a la señora Pico Durango en su
condición de cónyuge supérstite del causante Darío Miguel Guerra Sáez y
la ii) Resolución RDP 002304 del 21 de enero de 2013, mediante la cual la
UGPP resolvió el recurso de reposición contra el acto administrativo inicial,
al confirmarlo en todas sus partes.
2. Como consecuencia de esta declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, condenar a la demandada a: i) reconocer y pagar
retroactivamente la pensión de sobrevivientes a favor de la señora Pico
Durango, en su condición de cónyuge supérstite del causante Darío Miguel
1 En adelante UGPP.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
o CPACA.
3 Folios 116 y 117.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00055-01 (3207-2019)
Demandante: Elina del Rosario Pico Durango
Guerra Sáez, desde el día siguiente de su muerte y con los ajustes sobre
el monto inicial de la pensión; ii) que las sumas resultantes de la condena
sean indexados; iii) se dé cumplimiento a la sentencia en los términos del
CPACA y; iv) a pagar las costas y agencias en derecho.
Supuestos fácticos relevantes4
1. La señora Elina del Rosario Pico Durango convivió de manera singular,
pública e ininterrumpida con el señor Darío Miguel Guerra Sáez, desde el
15 de febrero de 1980, cuando contrajeron matrimonio y hasta el 4 de enero
de 2012, cuanto falleció.
2. El señor Guerra Sáez se desempeñó como docente oficial del
departamento de Córdoba, motivo por el cual a través de la Resolución
35526 del 31 de octubre de 2005 se le reconoció la pensión gracia,
prestación que fue reliquidada por las Resoluciones 10591 del 9 de abril de
2007 y 09479 del 27 de febrero de 2009.
3. La señora Pico Durango, invocando su condición de cónyuge sobreviviente
solicitó ante la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión sustitución
pensional del educador. Por conducto de las Resoluciones RDP 018674
del 7 de diciembre de 2012 y RDP 002304 del 21 de enero de 2013 la
UGPP negó el reconocimiento pensional deprecado al encontrar que ella y
el causante se encontraban afiliados a la EPS Solsalud en calidad de
cotizantes, cabeza de familia.
4. No obstante, señaló la demandante que ninguno de los dos se encontraba
afiliados a la citada entidad, pues el docente figuraba como activo a
Medicina Integral desde el 1.° de noviembre de 2008 y hasta el día de su
muerte y ella, como beneficiaria de su esposo.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
En el marco de la parte oral del proceso, bajo la Ley 1437 de 2011, la principal
función de la audiencia inicial es la de fijar el objeto del proceso y de la prueba5.
En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la
contestación o de la reconvención. Además, se conciertan las principales
decisiones que guiarán el juicio.
Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia
inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
Bien podría decirse que esta figura, insertada en la audiencia inicial, es
también una faceta del despacho saneador o del saneamiento del proceso, en
la medida que busca, con la colaboración de la parte demandada, que la
verificación de los hechos constitutivos de excepciones previas, o advertidos
por el juez, al momento de la admisión, se resuelvan en las etapas iniciales del
4 Folio 116.
5 (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00055-01 (3207-2019)
Demandante: Elina del Rosario Pico Durango
proceso, con miras a la correcta y legal tramitación del proceso, a fin de
aplazarlo, suspenderlo, mejorarlo o corregirlo.6
En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:
«Se tiene que la demandada, mediante apoderado debidamente constituido, dio
contestación a la demanda dentro de los términos legales (fls. 174-180),
proponiendo las siguientes excepciones:
Inexistencia de la obligación,
Falta de pruebas que fundamenten el derecho pretendido
Prescripción trienal
Buena fe
Por secretaría, se corrió traslado de las excepciones; y la parte actora guardó
silencio.
Considera el despacho que los argumentos expresados tiene directa relación con
la materia que ha de configurar el litigio en el presente caso, y por lo tanto sobre
dichas excepciones se resolverá en Sala al momento de proferir sentencia.
RESUELVE:
PRIMERO: Resuélvase sobre las excepciones propuestas por la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social -UGPP- al momento de fallar. […]».
Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación
entre ella y la sentencia es la de “tuerca y tornillo”, porque es guía y ajuste de
esta última.7
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«Determinar la legalidad de las Resoluciones RDP 018674 del 7 de diciembre de
2012 y RDP 002304 del 21 de enero de 2013, que denegaron la sustitución
pensional a la señora Elina Pico Durango.
En el evento, de encontrase ilegales tales actos administrativos, y por consiguiente
anulables, se debe determinar si la parte, señora ELIANA (sic) PICO DURANGO
en calidad de cónyuge supérstite, tiene derecho a que la pensional (sic); pagando
las sumas a que haya lugar debidamente actualizadas. O si por el contrario, como
lo arguye la demandada, la señora Pico Durando no cumple los requisitos exigidos
por la ley.
Para resolver el litigio, plantado se deberán despejar como mínimo los siguientes
interrogantes:
1- ¿Cuáles son los requisitos para que opere la sustitución pensional de
sobrevivientes en relación con la cónyuge supérstite?
2- ¿Se encuentran probados en el sub lite los requisitos que exigen la ley y la
Jurisprudencia con respecto a la seria Eliana (sic) Pico Durango en calidad de
cónyuge supérstite?
6 (2012). Módulo El juicio por audiencias en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. EJRLB.
7 (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00055-01 (3207-2019)
Demandante: Elina del Rosario Pico Durango
3.- ¿Se encuentra probado en el plenario que la actora está afiliada en salud como
cabeza de familia y no como beneficiaria o integrante del grupo familiar del finado
causante señor Darío Miguel Guerra Sáez? En caso afirmativo, ¿ello es prueba
suficiente para determinar que la actora no cumplía con el requisito de convivencia
continua con el causante durante los últimos cinco (5) años anteriores a la muerte
de aquél?
3.- Examinar si es factible que en caso de salir avante las pretensiones, se
disponga la indexación de las sumas reconocidas.
4.- Hay lugar a condenar en costas a la parte vencida?»
Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos.
SENTENCIA APELADA8
El a quo profirió sentencia escrita el 21 de febrero de 2019, por medio de la
cual accedió a las pretensiones del demandante, con fundamento en las
siguientes consideraciones:
El Tribunal inicialmente hizo un análisis de la normativa y jurisprudencia
aplicable a la pensión gracia y el derecho a la sustitución pensional, así como
al material probatorio, tanto documental como testimonial, concluyó que la
señora Elina del Rosario Pico Durango y el señor Darío Miguel Guerra Sáez
convivieron desde el 15 de febrero de 1980 -fecha en la que contrajeron
matrimonio- y hasta la fecha del fallecimiento de este, de forma continua e
ininterrumpida.
Así mismo, señaló que no existe duda de la dependencia económica que
mantuvo la demandante con el causante, toda vez que en el interrogatorio que
absolvió, indicó que nunca laboró al dedicarse siempre al hogar, hecho que
fue corroborado por el deponente Alejandro de Jesús Berrocal Petro.
Sostuvo que la entidad demandada para negar la sustitución pensional en
beneficio de la señora Pico Durango por desestimar la convivencia de esta con
el causante al argumentar que se encontraban cada uno vinculado a la EPS
Solsalud en calidad de cotizantes con afiliación tipo cabeza de familia. Al
respecto, indicó que esta Corporación, en un caso con similitudes fácticas,
precisó que la afiliación a la EPS no es un requisito para obtener la sustitución
pensional y mucho menos es prueba fehaciente para demostrar la convivencia
entre ellos. Para el efecto, transcribió apartes de la aludida providencia9 en tal
sentido.
Así mismo, resaltó que la certificación aportada por la libelista, emitida por
Medicina Integral SA, en la que se da cuenta que el señor Darío Miguel Guerra
Sáez se encontraba afiliado a esa EPS desde el 1.° de noviembre de 2008 y
hasta la fecha de su fallecimiento y que tenía como beneficiaria a su cónyuge
supérstite, no fue tachado por la parte demandada, sumado a que la
demandante aseveró en el interrogatorio de parte su afiliación a la aludida EPS
como beneficiaria del señor Guerrero Sáez y; que igualmente obra certificación
emanada por Solsalud EPS el 20 de diciembre de 2012 en la que se informa
8 Folios 220 a 229 C. 2.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 19 de abril de 2018, expediente
con radicado 05001-23-33-000-2015-00416-01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00055-01 (3207-2019)
Demandante: Elina del Rosario Pico Durango
que el docente fallecido y la aquí demandante no se encuentran afiliados a
dicha empresa.
Acorde con estos razonamientos, el tribunal de primera instancia procedió a
declarar la nulidad de las Resoluciones RDP 018674 del de diciembre de 2012
y 002304 del 21 de enero de 2013, que desconocieron el derecho de la
demandante a que le fuera sustituida la pensión gracia que devengaba su
fallecido esposo y ordenó a la demandada su reconocimiento a favor de esta,
a partir del 5 de enero de 2012. En ese sentido, declaró no probada la
excepción de inexistencia de la obligación y falta de pruebas que fundamenten
el derecho pretendido propuestas por la entidad.
Finalmente, destacó que el derecho pensional se hizo exigible el 5 de enero
de 2012 y la reclamación administrativa para solicitar la sustitución se presentó
el 7 de marzo de 2012, con lo que se produjo la interrupción del término
prescriptivo; así mismo, que la demanda se presentó el 21 de julio de 2014, es
decir, antes de transcurridos los 3 años a los que se refieren los artículos 41
del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969.
Se abstuvo de condenar en costas a la parte demandada.
RECURSO DE APELACIÓN10
La parte demandada formuló recurso de apelación en contra de la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que ésta sea revocada, toda vez que el a
quo no realizó una debida valoración probatoria de todos los medios de prueba
allegados al dossier, concretamente los testimonios recaudados, que resultan
confusos y contradictorios a las circunstancias de tiempo y lugar que fueron
narrados en la demanda. Por consiguiente, señaló que la señora Pico Durango
no logró demostrar la totalidad de los requisitos exigidos por la ley para
hacerse acreedora de la pensión de sobreviviente que depreca, pues de ellos
no existe certeza de la convivencia entre esta y el causante Guerra Páez.
Destacó que el señor Alejandro Berrocal, declaró que no puede dar fe con
certeza, de cómo vive y como se sostiene la señora Elina Pico, declaración
que arroja un margen de duda respecto de las deposiciones de las
circunstancias que narró en la diligencia de pruebas y el grado de cercanía de
este con la pareja y, por tanto, no debía dársele valor probatorio a sus dichos.
Adicionalmente, sostuvo que el hecho de la libelista no hiciera parte del grupo
familiar del causante en el sistema de salud, es otra circunstancia que crea
duda respecto de la relación entre la demandante y el docente fallecido y en
especial, de su convivencia hasta el momento de su muerte, circunstancia que
no fue aclarada en el trámite del proceso.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La entidad demandada11 reiteró los argumentos expuestos frente a los
testimonios rendidos en el proceso y en especial la declaración dada por el
señor Alejandro Berrocal, para concluir que estos no son idóneos para dar
certeza de la convivencia entre el causante y la libelista.
10 Folios 232 a 234 vto.
11 Folios 277 a 280.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00055-01 (3207-2019)
Demandante: Elina del Rosario Pico Durango
La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio según se
desprende de la constancia secretarial visible a folio 281.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en
la siguiente pregunta:
¿La señora Elina del Rosario Pico Durango acreditó el requisito de convivencia
con el causante, durante no menos de cinco años con anterioridad a la fecha
del fallecimiento de este, para hacerse acreedora a la sustitución de la pensión
gracia que en vida devengaba el señor Darío Miguel Guerra Sáez?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: La señora Elina del Rosario
Pico Durango acreditó el requisito de convivencia con el causante, durante
más de 5 años con anterioridad a la fecha del fallecimiento del señor Guerra
Sáez y, en consecuencia, es acreedora a la sustitución de la pensión gracia
que en vida devengaba este, tal como se expone a continuación:
Sustitución de la pensión de jubilación gracia
La pensión de jubilación gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la
Ley 114 de 1913, en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales
que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.
Posteriormente, el artículo 6.º de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de
la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto
a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de
los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la
enseñanza primaria, la normalista y la inspección con el fin de completar el
tiempo requerido para acceder a la pensión.
Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia
de jubilación se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren
completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de
enseñanza secundaria.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo numeral 2 del artículo 15 de la
anterior norma limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00055-01 (3207-2019)
Demandante: Elina del Rosario Pico Durango
La referida disposición fue objeto de análisis por la Sala Plena del Consejo de
Estado12, pronunciamiento en el cual se fijaron algunos lineamientos sobre la
pensión gracia y en el que a propósito del artículo 15 trascrito, puntualizó:
«[…] También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no
quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los
nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho
a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de
requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida
en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la
educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría
el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley. […]”
La Sala Plena en la sentencia S-699 de 1997, explicó ampliamente las
razones por las cuales concluyó que la pensión gracia se conservaría en favor
de los docentes que se hubiesen visto afectados por el proceso de
nacionalización.
Por eso, aunque el artículo 15 ordinal 2.º literal a) de la Ley 91 de 1989 utilice
solo la palabra «docentes», no puede olvidarse que se refiere a quienes
«tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia», y estos son solo los
que hubiesen laborado en el orden territorial conforme a las normas que le
dieron origen a esta prestación.
En este orden de ideas, como lo ha señalado esta Corporación13 es necesario
concluir que la pensión gracia, es una pensión especial de origen legal cuya
gratuidad, es decir, la ausencia de aportes o cotizaciones para tal efecto, no
impide su consolidación como derecho adquirido con justo título y por ende su
aptitud para ser sustituida en caso de muerte del beneficiario, toda vez que
una vez configurados los elementos que permiten su otorgamiento, se
entiende que el derecho ingresa al patrimonio del docente tornándose
potencialmente sustituible dada su naturaleza pensional y la categoría de
derecho adquirido que obtiene una vez consolidado.
Debe aclararse además que dentro de nuestro ordenamiento legal el régimen
de sustitución pensional se consagró como un mecanismo de seguridad social
orientado a proteger el núcleo familiar inmediato del empleado que muere
siendo titular de una pensión, de manera que éstos gocen del mismo grado de
seguridad social y económica con que contarían en vida del fallecido, lo que
independiza la viabilidad del derecho a la sustitución pensional de la existencia
de aportes para conformar el derecho pensional primigenio.
Ahora, si bien la normativa especial que regula la pensión gracia no contempló
específicamente la sustitución de aquella a favor de los beneficiarios del
docente luego de su deceso, lo cierto es que tampoco la prohibió, ni señaló -
12Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia n° S-699 de 26 de agosto
de l997, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
de 4 de marzo de 2010, consejero ponente Gustavo Gómez Aranguren, radicación 08-001-23-31-000-
2006-00004-01, Sentencia del 22 de marzo de 2018. Consejero ponente: William Hernández Gómez.
Radicación expediente: 15-001-23-33-000-2013-00077-01. Número interno: 4526-2013 y Sentencia del
321 de abril de 2016, consejero ponente: Luis Rafael Vergara Quintero. Radicación número: 41001-23-
33-000-2012-00125-01(2368-14).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00055-01 (3207-2019)
Demandante: Elina del Rosario Pico Durango
para quienes lograron obtenerla o gozan de una expectativa válida frente a la
misma por virtud del régimen de transición de la Ley 91 de 1989- causal alguna
de extinción del derecho, mucho menos su cese o pérdida con ocasión del
fallecimiento del pensionado o docente con derecho.
Bajo la motivación precedente, se concluye la vocación de sustituibilidad que
asiste a la pensión gracia con los mismos parámetros legales y criterios
aplicables a las pensiones ordinarias, pues si bien su causa jurídica es
diferente, estas comparten por voluntad del legislador la misma naturaleza, y
en materia de sustitución, idéntica finalidad de amparo a la familia más próxima
de quien antes de fallecer adquirió el derecho, de manera pues, que resultan
aplicables en tal sentido las normas generales que regulan la materia, vigentes
al momento del deceso del docente14
Régimen jurídico aplicable para la sustitución pensional.
Acerca de la sentencia de unificación SUJ-029-CE-S2 del 11 de agosto de
2022 y su aplicación en el presente caso
Al respecto, se resalta que la sentencia SUJ-029-CE-S2 del 11 de agosto de
2022 fue dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado, con el fin de
fijar las reglas jurisprudenciales de interpretación para la resolución judicial y
administrativa de asuntos como el analizado en dicha providencia y el que es
objeto de examen en esta oportunidad, correspondiente a la acreditación del
requisito de convivencia por parte del beneficiario que, en calidad de cónyuge
o compañero permanente, reclame la sustitución de la pensión gracia del
docente fallecido.
En punto a los efectos de esta decisión, es válido anotar que la misma
sentencia los contempló de manera retrospectiva según el ordinal segundo de
su parte resolutiva7, ello a fin de que estos se extendieran a todas las
situaciones pendientes de definición jurídica que no hayan sido objeto de
consolidación del fenómeno de cosa juzgada, por lo que claramente su estudio
y sometimiento para resolver el asunto sub lite es pertinente y necesario,
puesto que el proceso de la referencia se encuentra pendiente de definición
judicial en segunda instancia y se ajusta a los criterios temáticos de dicha
providencia.
Ahora, la sentencia unificadora aludida abordó el estudio sobre las normas
que regulan la sustitución de la pensión gracia, las cuales hacen referencia a
las vigentes para la fecha del fallecimiento del pensionado o del docente, bajo
la aclaración de que cuando se presenta el deceso del trabajador que tenía
un derecho consolidado se está en el campo de la sustitución pensional,
mientras que cuando quien muere es el afiliado se habla de pensión de
sobrevivientes.
En ese orden, se destaca que en lo relativo a las precisiones efectuadas en el
proveído en mención frente al marco normativo que gobierna a los casos como
el particular, se partió de la premisa general según la cual la norma aplicable
es la contenida en el Sistema General de Pensiones, siempre que esta se
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
de 4 de marzo de 2010, consejero ponente Gustavo Gómez Aranguren, radicación 08-001-23-31-000-
2006-00004-01, demandante Francisco Coronel Vásquez, demandado Cajanal, número interno: 0824-
2009
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00055-01 (3207-2019)
Demandante: Elina del Rosario Pico Durango
encontrare vigente a la fecha del fallecimiento del causante, conforme se
señaló:
«[…] 105. En el marco de unificación en el que se elabora el presente estudio,
corresponde a la Sala definir si en el caso de la pensión gracia la norma aplicable
para el requisito de convivencia de los beneficiarios de la sustitución pensional y
pensión de sobrevivientes son las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, que exigen
5 años de convivencia del cónyuge supérstite o compañero permanente con el
causante; o la Ley 71 de 1988, reglamentada por el Decreto 1160 de 1989, que en
el caso del cónyuge supérstite solo exige el vínculo matrimonial y que al momento
del deceso hiciere vida en común con el causante; y para el compañero
permanente requería que hubiere hecho vida marital con el docente durante el año
inmediatamente anterior al fallecimiento.
[…]
107. En este punto es pertinente destacar que el artículo 279 de la Ley 100 de
1993, también exceptuaba a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio. Posteriormente, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003
dispuso que los docentes vinculados después de su entrada en vigencia tendrán
“los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003”. Y, para los vinculados antes “gozan del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985”8. Entonces tal como lo ha dicho la
jurisprudencia de esta Corporación los docentes en materia pensional gozan de
una pensión que no es especial, sino que dependiendo de la fecha de vinculación
se rige por las normas para la pensión ordinaria de jubilación anteriores o las del
SGSSP.
108. Ahora bien, retomando el carácter especial de la pensión gracia se tiene que,
en todo caso, la referida característica no excluye la procedencia de la sustitución
pensional conforme las previsiones generales vigentes para la fecha de
fallecimiento del docente. No obstante, en este punto se resalta que como la
pensión gracia no requiere aportes ni afiliación a la Caja Nacional de Previsión
Social, la aplicación de las normas generales procederá en tanto sean compatibles
con aquella.
109. La remisión a las normas generales consta en el Acto Legislativo 01 de 2005,
el cual constitucionalizó que: “Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho
a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes
del Sistema General de Pensiones". Por ello, la Corte Constitucional consideró que
“Esta regla constitucional impide la aplicación ultractiva de regímenes de
pensiones de sobrevivientes anteriores a la Ley 100 de 1993”. En consecuencia,
para el caso de la pensión gracia, en materia de sustitución pensional es
improcedente aplicar la Ley 71 de 1988, reglamentada por el Decreto 1160 de
1989, por ser normas anteriores a la Ley 100 de 1993. Sin perjuicio de la protección
de los derechos adquiridos o situaciones consolidadas bajo su vigencia.
[…]
122. De esta forma, la aplicación de la Ley 100 de 1993 en materia de pensión
gracia sobre la convivencia para los beneficiarios del docente que laboró 20 años
de servicio, se explica en tanto como norma general complementa una pensión
especial; pero, a la luz de los principios de razonabilidad y proporcionalidad no
puede conllevar a que también proceda el reconocimiento de la pensión gracia de
sobrevivientes con 50 semanas de cotización, porque la vocación de sustituibilidad
de una pensión creada como especial y transitoria no puede llevar a perpetuar una
regulación de un tiempo pretérito (1913), creada para compensar salarialmente a
los maestros de primaria de las regiones apartadas. […]». (Negritas del texto).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00055-01 (3207-2019)
Demandante: Elina del Rosario Pico Durango
En igual sentido, a lo largo de este proveído el Consejo de Estado indicó que
el Acto Legislativo 01 de 2005 introdujo a nuestro ordenamiento nuevos
criterios como el de la equidad y la sostenibilidad financiera del sistema de
seguridad social, por cuanto este dispone de recursos limitados que debían
ser distribuidos de acuerdo con las necesidades de la población.
Puntualmente respecto a la pensión de sobrevivientes, la referida adición
normativa trazó que para su reconocimiento debía remitirse a las leyes del
Sistema General de Pensiones (Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797
de 2003), que son las que contienen los requisitos para lo propio; ello bajo la
regla general según la cual, la norma que gobierna la situación pensional es la
vigente para la fecha del deceso del causante.
Lo anterior, precisamente con el propósito de fortalecer el sistema pensional,
tal como fue invocado por la sentencia unificadora, al sostener textualmente
que: «el requisito de convivencia de 5 años en materia de pensión de
sobrevivientes responde a las necesidades de robustecer el sistema
pensional, blindándolo de fraudes pensionales que lo desfinancian, con
matrimonios o convivencias de último minuto, a las que se refieren las
sentencias C-1176 de 2001 y SU 149 de 2021». Sin perderse de vista que la
finalidad de la sustitución pensional y de la pensión de sobrevivientes, en el
marco de las referidas disposiciones normativas, es que la pareja del
trabajador o pensionado hubiese tenido un proyecto de vida con permanencia,
solidaridad y apoyo mutuo.
En suma, se colige que la circunstancia de muerte del docente o del
pensionado habilita a los beneficiarios para reclamar la sustitución de la
pensión gracia, pues esta resulta sustituible conforme a las reglas generales
en materia pensional, lo que fuerza a remitirse a los preceptos vigentes para
la fecha del deceso. Entendimiento anterior el cual excluye la aplicación de la
Ley 71 de 1988 y el artículo 7.º del Decreto 1160 de 1989, si el fallecimiento
ocurre en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Bajo los términos expuestos en la sentencia unificadora del 11 de agosto de
2022, es dable concluir frente a la sustitución pensional o pensión de
sobrevivientes de la pensión gracia que:
i.La norma aplicable es la vigente para la fecha del deceso del maestro o del
docente pensionado.
ii.Los requisitos de los beneficiarios en su calidad de cónyuge o compañero o
compañera permanente son los previstos en el artículo 47 de la Ley 100 de
1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que exige la
acreditación de no menos de 5 años de convivencia, siempre que sean las
normas vigentes para la fecha del fallecimiento del causante.
iii.La aplicación del Sistema General de pensiones no habilita a reconocer la
prestación con fundamento en el numeral 2.º del artículo 46 de la Ley 100 de
1993 modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 9, esto es, a la luz de
la acreditación de 50 semanas de cotización, sino únicamente en cumplimiento
de 20 años de servicios, al tratarse de una pensión de carácter especial.
Régimen legal de la sustitución pensional
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00055-01 (3207-2019)
Demandante: Elina del Rosario Pico Durango
Conforme al artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social es un
servicio público obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, con observancia de los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que determine la ley.
A través de la Ley 100 de 1993, el legislador organizó el Sistema de Seguridad
Social Integral, en lo que tiene que ver con el régimen de pensiones, su
objetivo fue garantizar a la población el amparo contra las eventualidades
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de
las pensiones y prestaciones que se determinan en la citada ley.
Así pues, con la finalidad de atender la contingencia derivada de la muerte, el
legislador previó la denominada pensión de sobrevivientes y sustitución
pensional, como una prestación dirigida a suplir la ausencia repentina del
apoyo económico que brindaba el afiliado al grupo familiar y, por ende, evitar
que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones
mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha prestación. Es
decir, que su reconocimiento se fundamenta en normas de carácter público y
constituye un desarrollo del principio de solidaridad.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-1094 de 2003, manifestó:
«[…] Por su parte, el legislador ha dispuesto que el sistema general de pensiones
tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las
pensiones y prestaciones que se determinan en ley, así como propender por la
ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con
un sistema de pensiones.
La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos
instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social
antes mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección
de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las
personas que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo
sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación social y
económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido.
Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las
personas más cercanas y que más dependían del causante y compartía con él su
vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades. […]» (Se subraya).
En este punto es relevante aclarar que, si bien ambas figuras tienen la misma
finalidad, la sustitución pensional es aquella prestación que se le otorga al
núcleo familiar de un pensionado que fallece o del afiliado que cumple con los
requisitos legalmente exigibles para pensionarse y fallece; en cambio la
pensión de sobrevivientes es aquella prestación que se le otorga al núcleo
familiar del afiliado no pensionado, que muere sin cumplir con los requisitos
mínimos para obtener la pensión11.
Beneficiarios de la sustitución pensional
En cuanto a la normativa que prevé la sustitución pensional, esta Subsección
en diferentes oportunidades12, así como en la sentencia de unificación SUJ-
029-CE-S2 del 11 de agosto de 2022, ha considerado que las disposiciones
aplicables son aquellas vigentes al momento del fallecimiento del causante.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00055-01 (3207-2019)
Demandante: Elina del Rosario Pico Durango
En este sentido, en razón a que el deceso de la señora María Betty Cajar de
Zabala (causante de la pensión en controversia) se produjo el 7 de septiembre
de 200513, es por lo que, frente a la sustitución pensional, estaba vigente la Ley
100 de 1993 que en lo pertinente fue modificada por la Ley 797 de 2003 y
preceptúa:
«[…] Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o
compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida
marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no
menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; […]».
(Resaltado del texto).
Conforme a la normativa en cita, se observa que para que el compañero
permanente o cónyuge supérstite sea beneficiario de la sustitución pensional,
se debe probar, en este caso, que el aquí demandante hizo vida marital con la
causante hasta la fecha de su deceso no menos de cinco años continuos con
anterioridad a su muerte.
El aparte subrayado de la norma citada fue declarado exequible por la Corte
Constitucional, que en sentencia C-1094 de 200314 consideró:
«[…] La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos
instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social
antes mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección
de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las
personas que dependían económicamente del causante puedan seguir
atendiendo sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación
social y económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha
fallecido. Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de
prelación, las personas más cercanas y que más dependían del causante y
compartía con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades.
[…]
En relación con los cargos formulados, la Corte encuentra que, en principio, la
norma persigue una finalidad legítima al fijar requisitos a los beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes, lo cual no atenta contra los fines y principios del
sistema. En primer lugar, el régimen de convivencia por 5 años sólo se fija
para el caso de los pensionados y, como ya se indicó, con este tipo de
disposiciones lo que se pretende es evitar las convivencias de última hora
con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión de
sobrevivientes. […]». (Negrilla del texto).
En este orden de ideas, se observa que la exigencia de ese requisito no es
otra cosa que evitar que con base en vínculos adquiridos a último momento y
convivencia que no tenga el carácter de permanencia, se origine el derecho a
sustituir, en forma vitalicia, una prestación.
Ahora bien, en lo que respecta a la convivencia y lo que se ha entendido como
tal, esta Subsección15 ha sostenido:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00055-01 (3207-2019)
Demandante: Elina del Rosario Pico Durango
«[…] La “convivencia” entendida no solamente como "habitar juntamente" y "vivir
en compañía de otro" sino como acompañamiento espiritual y moral permanente,
auxilio, apoyo económico y vida en común es el cimiento del concepto de familia.
Núcleo básico de la sociedad que, como ya se indicó, es el objeto principal de
protección de la sustitución pensional.
Es necesario precisar que la voluntad de conformar hogar y mantener una
comunidad de vida, son elementos distintivos y esenciales del grupo familiar, los
cuales, en criterio reciente y reiterado de la Corte Suprema de Justicia16, no se
pueden desvirtuar por la “separación”, cuando esta eventualidad se impone por la
fuerza de las circunstancias:
“El grupo familiar lo constituyen aquellas personas entre las que se establecen
lazos afectivos estables que deben trascender el plano de un mero
acompañamiento emocional y social, y alcanzar el nivel de un proyecto común de
vida; es esencial a la familia el prestarse ayuda mutua, que no es cualquier
clase de apoyo sino la que se encamina a realizar el propósito familiar
común.
De esta manera el acompañamiento espiritual y material ha de estar referido
a lo que la jurisprudencia ha reiterado: una verdadera vocación de constituir
una familia.
En sentencia de 8 de septiembre de 2009, rad. N° 36448, precisó la Corporación:
‘En el diseño legislativo de la pensión de sobrevivientes tal como fue concebida en
la Ley 100 de 1993, la convivencia ha estado presente como condición esencial
para que el cónyuge o la compañera o compañero permanente accedan a esa
prestación.
‘Este ha sido también el criterio reiterado de la jurisprudencia de la Corte,
que ha visto en la convivencia entendida como acompañamiento espiritual
permanente, apoyo económico y con vida en común que se satisface
cuando se comparten los recursos que se tienen, con vida en común o aún
en la separación cuando así se impone por fuerza de las circunstancias, ora
por limitación de medios, ora por oportunidades laborales, el cimiento del
concepto de familia en la seguridad social y requisito indispensable para que la
cónyuge o la compañera o compañero permanente puedan tener la condición de
miembros del grupo familiar, y vocación para ser beneficiarios de la prestación por
muerte del afiliado o pensionado.
‘Lo anterior significa que en principio para que haya convivencia se exige
vida en común de la pareja, y que no se desvirtúa el concepto de familia en
la separación siempre que ésta obedezca a una causa razonable que la
justifique, porque de lo contrario lo que no existiría es esa voluntad de
conformar un hogar y tener una comunidad de vida’”(resaltado y subrayas
fuera del texto).”17 […]» (Subrayas conforme a la transcripción).
En virtud de lo citado en precedencia y conforme lo consideró en aquella
oportunidad el Consejo de Estado que la convivencia no se refiere, en forma
exclusiva, a compartir el mismo techo y habitar junto al otro, sino que los
elementos que en mayor medida definen esa convivencia se relacionan con el
acompañamiento espiritual, moral y económico y el deber de apoyo y auxilio
mutuo. Además de ello, es preciso tener en cuenta el factor volitivo de la pareja
de mantener un hogar y tener la vocación y convicción de establecer, constituir
y mantener una familia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00055-01 (3207-2019)
Demandante: Elina del Rosario Pico Durango
Respecto al requisito de la convivencia, esto es, los 5 años continuos
inmediatamente anteriores a la muerte del causante, la Sección Segunda 18 ha
señalado que «[…] el legislador lo previó como un mecanismo de protección, ello
para salvaguardar a los beneficiarios legítimos de quienes pretenden solo buscar
provecho económico […]».
Asimismo, que debe acreditarse la vocación de estabilidad y permanencia,
por lo tanto, no se tienen en cuenta aquellas relaciones casuales,
circunstanciales, incidentales, ocasionales, esporádicas o accidentales que
haya podido tener en vida el fallecido pensionado.
Finalmente, no es factor determinante para desvirtuar la convivencia efectiva,
el que los cónyuges o compañeros permanentes no vivan juntos en un
momento dado. En efecto, debe valorarse cada circunstancia en concreto, las
razones por las que no vivieron en el mismo techo, así como los demás
factores determinantes de la convivencia, como los son el auxilio o apoyo
mutuo, la comprensión y la vida en común, que en últimas son los que
legitiman el derecho reclamado19.
Ahora, a fin de desatar el recurso de apelación de la entidad demandada,
procederá la Subsección a revisar si en el caso sub examine se cumple con el
tiempo de convivencia de 5 años anteriores al fallecimiento del causante para
que la señora Elina del Rosario Pico Durango sea acreedora de la sustitución
de la pensión gracia que en vida disfrutaba el señor Darío Miguel Guerra Sáez.
En este orden de ideas, en el expediente se tiene probado lo siguiente:
i) Mediante Resolución 35526 del 31 de octubre de 200515, Cajanal EICE le
reconoció pensión gracia al señor Darío Miguel Guerra Sáez, efectiva a
partir del 30 de octubre de 2004. Reliquidada mediante Resoluciones 10591
del 9 de abril de 2007 y 09479 del 27 de febrero de 200916.
ii) El señor Guerra Sáez falleció el 4 de enero de 2012.17
iii) A efectos de obtener el reconocimiento de la sustitución de la pensión gracia
de que era beneficiario el señor Guerra Sáez, acudió como beneficiarios del
causante la señora Pico Durango, en calidad de cónyuge supérstite.
iv) Es así como mediante Resolución RDP 018674 del 7 de diciembre de
201218, la UGPP negó la solicitud de pensión de sobrevivientes hasta tanto
se aclare por qué no aparece en el grupo familiar, bajo el argumento de
que:
«[…] se consultó la base del FOSYGA en cuanto a la vinculación en salud del
grupo familiar del causante, encontrando que el señor DARIO (sic) MIGUEL
GUERREA SAEZ (sic) se encontraba vinculado a la EPS SOLSALUD, en el
régimen subsidiado en calidad de cotizante con afiliación tipo CABEZA DE
FAMILIA, y la señora ELINA DEL ROSARIO PICO DURANGO, se encuentra
afiliada en el régimen subsidiado a la EPS SOLSALUD con tipo de afiliación
CABEZA DE FAMILIA.
15 Documento 21 del expediente administrativo, visible en CD folio 170.
16 Documentos 28 y 34 del expediente administrativo, visible en CD folio 170.
17 Folio 8.
18 Folios 11 a 13.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00055-01 (3207-2019)
Demandante: Elina del Rosario Pico Durango
Que de lo anterior se deduce que la solicitante no se encuentra vinculada
dentro del grupo familiar en la EPS de la causante.
Que en consecuencia, no es procedente el reconocimiento y pago de una
pensión de sobrevivientes a favor de la señora ELINA DEL ROSARIO PICO
DURANGO con ocasión del fallecimiento del señor DARIO (sic) MIGUEL
GUERRA SAEZ (sic), por cuanto si bien es cierto se aportaron declaraciones
extraproceso en las cuales se acredita el requisito de convivencia de cinco (5)
años continuos con anterioridad a la muerte de la (sic) pensionada, hasta tanto
no se aclare por que (sic) no aparece como parte del grupo familiar de la (sic)
causante, en el Sistema General de Salud. […]» (Subrayas de la Sala).
v) Por medio de la Resolución RDP 002304 del 21 de enero de 20119, la UGPP
resolvió el recurso de reposición contra el acto inicial, al confirmarla en
todas sus partes así:
«[…] Que No (sic) obstante aun cuando el (sic) recurrente allega las precitadas
certificaciones expedidas por la EPS SOLSALUD una vez revisada la base del
FOSYGA se encuentra que:
DARIO (sic) MIGUEL GUERREA SAEZ (sic) se encontraba vinculado a la EPS
SOLSALUD, en el régimen subsidiado en calidad de cotizante con afiliación
tipo CABEZA DE FAMILIA, y la señora ELINA DEL ROSARIO PICO
DURANDO, se encuentra afiliada en el régimen subsidiado a la EPS
SOLSALUD con tipo de afiliación CABEZA DE FAMILIA.
Que por lo anterior se desestima el requisito de convivencia exigido por la ley
para acceder a la prestación solicitada ya que es en la base única de datos del
FOSYGA donde se evidencia la afiliación de las personas al Sistema General
de Seguridad Social. […]».
vi) Copia del Registro Civil de Matrimonio celebrado entre los señores Darío
Miguel Guerra Sáez y Elina del Rosario Pico Durango el 15 de febrero de
198020.
vii) Certificaciones emitidas por la Coordinadora de Operaciones de la EPS
Solsalud Departamental Córdoba, de fecha 20 de diciembre de 2012 21, que
da cuenta que los señores Pico Durango y Guerra Sáez no se encontraban
registrados en la base de datos del Régimen Subsidiado de esa empresa.
viii) Certificación expedida por el Coordinador de Afiliaciones de Medicina
Integral -UT Norte R3 Córdoba el día 26 de diciembre de 201222, que
informa que el señor Darío Miguel Guerra Sáez se encontraba activo desde
el 1.° de noviembre de 2008 hasta el 4 de enero de 2012, día de su
fallecimiento. Así mismo, que tenía como beneficiaria a la señora Elina del
Rosario Pico Durango.
ix) Adicionalmente, se cuenta con las siguientes declaraciones extrajuicio:
De los señores Alejandro de Jesús Berrocal Petro y Nhazly María Bertel
Escudero, rendidas ante la Notaría Única de Círculo de Cerete el 13 de
febrero de 201323, en la cual manifestaron que conocieron personalmente
19 Folios 18 a 21.
20 Folio 9.
21 F o l i o s
23 y 24
22 F o l i o
25.
23 Folio 26.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00055-01 (3207-2019)
Demandante: Elina del Rosario Pico Durango
al señor Darío Miguel Guerra Sáez, fallecido el 4 de enero de 2012, quién
convivió en matrimonio con la señora Elina del Rosario Pico Durango,
con quien compartió mesa, techo y lecho de manera ininterrumpida
desde el 15 de febrero de 1980. Igualmente declararon que la señora
Pico Durango dependida económicamente de su esposo fallecido, ya que
esta no estaba vinculada laboralmente con ninguna persona natural o
jurídica.
De la señora Elina del Rosario Pico Durango, rendida ante la Notaria
Única del Círculo de Cerete el 13 de febrero de 201324, quien manifestó
que convivió en matrimonio con señor Darío Miguel Guerra Sáez,
fallecido el 4 de enero de 2012, y conformó un hogar, compartiendo
mesa, techo y lecho de manera ininterrumpida desde el 15 de febrero de
1980. De otro lado, depuso que dependía económicamente de su esposo
fallecido, ya que no estaba vinculada laboralmente con persona natural
o jurídica.
x) También se recepcionaron dentro del proceso los siguientes testimonios,
quienes manifestaron respecto de la convivencia de la demandante y su
dependencia económica del causante lo siguiente:
Nhazly María Bertel Escudero
«[…] PREGUNTADO: Sírvase manifestar señora Nhazly si Usted conoció al Señor
Darío Miguel Guerra Sáez, en caso, tal diga desde hace cuánto lo conoce y que
trato tuvo con él. CONTESTADO: Lo conocí desde el 2005, el trato éramos amigos,
ellos de mi casa y yo de la de ellos. PREGUNTADO: Señora Nhazly María Bertel
Escudero manifieste si Usted sabe, si el señor Darío Miguel Guerra Sáez convivió
con alguna mujer, en caso tal manifieste con quién y desde cuando tuvo
conocimiento de esa vida en pareja del señor Darío Miguel Guerra Sáez.
CONTESTADO: Pues la esposa que le conocí era la señora Elina Pico, desde el
2005 que los conocí, los conocí siempre como pareja. PREGUNTADO: Sírvase
manifestar señora Nhazly María Bertel, ya que Usted está aseverando que conoció
como pareja del señor Darío Miguel Guerra Sáez a la señora Elina Pico, manifieste
si sabe, donde residían ellos, en lo posible suministrar la dirección en la cual
conoció Usted que ellos residieran. CONTESTADO: Pues siempre vivieron en
Martínez, Martínez en un corregimiento de Cereté, ahí tenían su casa, tiene todavía
su casa donde vivía. PREGUNTADO: Sírvase manifestar señora Nhazly, de
acuerdo a su conocimiento, quién proveía para el sostenimiento del señor Darío
Miguel Guerra Sainz y la señora Elina Pico Durango. CONTESTADO: Siempre el
señor Darío. PREGUNTADO: Diga Usted por qué le consta de ello y si le consta,
de qué manera o de dónde se producía el origen de los recursos con los cuales se
sostenía está pareja. CONTESTADO: Porque ella era, es ama de casa y él era el
que trabajaba como docente y el que llevaba el sustento de su casa. […]
PREGUNTADO: Sírvase manifestar señora Nhazly si tiene conocimiento si
la señora Elina Pico Durango con posterioridad a la muerte del señor Darío
Miguel Guerra Sáez ha realizado o ha desarrollado alguna actividad de tipo
laboral que le permita su sostenimiento. CONTESTADO: No señor, sigue
siendo ama de casa.»
Al absolver el interrogatorio del apoderado de la entidad demandada
sostuvo:
24 Folio 27.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00055-01 (3207-2019)
Demandante: Elina del Rosario Pico Durango
«[…] PREGUNTADO: Indíquele a este despacho entonces sí sabe, si entre el
profesor Darío Guerra y la señora Elina Pico, durante el tiempo que Usted conoció
existió alguna ruptura de su matrimonio. CONTESTADO: No, nunca, siempre los
vi juntos.»
Frente a las preguntas efectuadas por el agente del Ministerio Público
indicó:
«[…] PREGUNTADO: Usted conoce de manera puntual, sí para la fecha del 4 de
enero del año 2007, hasta el 4 de enero de 2012, la señora Elina Pico de manera
permanente, pública, tuvo vida de pareja afectiva con el señor Darío Guerra o en
algún momento se vio interrumpida o existió alguna situación que pudiera decir
que no fue constante. CONTESTADO: Siempre estuvieron juntos, ósea, desde la
fecha en que los conocí y hasta la fecha de su muerte, como pareja, ellos iban a
mi casa y yo iba a la de ellos y ellos siempre estaba juntos. PREGUNTADO: Usted
sabe si en algún momento de la vida del señor Darío Guerra Sáez, él vivió solo en
su residencia, permaneció allí sin pareja. CONTESTADO: Nunca, ósea nunca he
escuchado de que tuvieran, ni vi de que hayan tenido una separación, ni que él
haya vivido solo en su casa ni aparte y ni he escuchado de que antes de que los
conociera tampoco se hubiesen separado, nunca tuve ese conocimiento.
PREGUNTADO: Usted sabe si la señora Elina Pico en algún momento procreó
hijos de otra persona o vivió con otra persona o en algún momento pudo depender
económicamente de ella. CONTESTADO: No, sus tres hijos, son hijos del señor
Darío y nunca convivió, ósea nunca he tenido ese conocimiento de que haya vivido
por otro lado con otra persona. PREGUNTADO: […] Usted sabe si en algún
momento la señora Elina Pico fue madre cabeza de familia. CONTESTADO: Sí
señor toda la vida, todavía lo es, todavía sigue siendo ama de casa […]»
Alejandro de Jesús Berrocal Petro
«[…] PREGUNTADO: Sírvase manifestar señor Berrocal si Usted conoció al Señor
Darío Miguel Guerra Sáez, en caso tal diga desde hace cuánto lo conoció y qué
trató tuvo con él. CONTESTADO: Al profesor Darío Guerra lo conocí yo desde muy
pequeño, ya que vivimos en el mismo pueblo y tuve la fortuna de que fue mi
profesor en el año 79 y 80 del Colegio Diocesano Pablo Sexto en quinto y sexto
de bachillerato, en el año 80 el profe se casó con la señora Elina Pico Durango,
tuve la fortuna de inclusive asistir al matrimonio de él. PREGUNTADO: Señor
Berrocal sírvase manifestar ya que ha dicho Usted en su respuesta anterior que el
señor Guerra Sáez contrajo matrimonio con la señora Elina Pico, si ellos a partir
de esa celebración de ese matrimonio convivieron de manera ininterrumpida y
continua y o si hubo algún tipo de interrupción y en caso tal hasta cuándo.
CONTESTADO: Desde que se casaron nunca vi inconvenientes en su relación de
pareja, todo el tiempo vivieron en el corregimiento de Martínez, en un hogar donde
le conocí a sus hijos a Luis Darío. Keli y Paola y actualmente los conozco y sé de
toda la vida de ellos, fuera una pareja muy estable toda la vida, no le conocí ningún
problema de otras relaciones, ni nada por el estilo. PREGUNTADO: Sírvase
manifestar cómo se generaba la manutención del hogar que Usted relata fue
conformado por el señor Darío Miguel Guerra Sáez y la señora Elina Pico Durango,
quién proveía para el sostenimiento del hogar. CONTESTADO: Bueno el profe
siempre fue el jefe de hogar porque la señora Elina todo el tiempo ha sido la ama
de casa, o sea nunca le conocí un trabajo independiente a ella, de ninguna forma,
ella siempre dedicada al hogar, a sus hijos y atenderlo a él siempre. […]
PREGUNTADO: Bien, sírvase manifestar, yo entiendo que Martínez es una
especie de corregimiento, de vereda, a qué distancia queda la casa que habitaba
el señor Guerra Sáez y la señora Elina de la que Usted habitaba en esa, en ese
corregimiento. CONTESTADO: Más o menos a unos 400 metros de distancia, de
la casa de donde ellos vivieron toda la vida a mi casa.»
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00055-01 (3207-2019)
Demandante: Elina del Rosario Pico Durango
A raíz del interrogatorio del apoderado de la parte demandada sostuvo:
«[…] PREGUNTADO: En respuesta anterior Usted afirmó, manifestó que la señora
Elina Pico siempre ha sido ama de casa, no sé si me equivoco si lo dijo en esas
palabras, indíquele a este despacho una vez es causado el deceso, la muerte
profesor Darío Guerra, sí lo sabe, cuál es el sostenimiento la mantención de la
señora Elina a quién se la debe o cómo ha sido desde ese entonces, desde la
muerte, el deceso del profesor Darío a la presente, indíquele a este despacho si lo
sabe. CONTESTADO: Bueno en realidad no sé porque ya son cuestiones
personales, de la familia, a ver como ellos han superado su cuestión a través del
tiempo después del descenso del profe porque no me atrevo a decirle ni cómo
comen, no cómo vive actualmente, ni que le dan sus hijos, ni que no le dan.»
Al responder las preguntas del Ministerio Público precisó:
«PREGUNTADO: Desde la fecha que usted manifestó haber asistido al matrimonio
entre Darío Guerra Sáez y Elina Pico hasta la fecha de la muerte, en algún
momento Usted pudo percatarse de algún tipo de interrupción o suspensión de la
vida que tuvieron en pareja. CONTESTADO: En ningún momento, toda la vida lo
conocí en una unión cordial.»
xi) Igualmente, obra interrogatorio de parte de la señora Elina del Rosario Pico
Durango, quien al absolver las preguntas de la entidad demandada indicó:
«PREGUNTADO: Elina cuénteme, indíquele a este despacho perdón, si conoce o
conoció, en razón o por qué conoció al profesor Darío Guerra. CONTESTADO: Lo
conocí desde uf, que yo tenía que 15 años, nos conocimos y nos casamos en 1980,
estuvimos bien, tuvimos tres hijos y hasta la fecha en que él murió.
PREGUNTADO: Señora Elina indíquele a este despacho, en respuesta anterior
Usted indicó que se casaron en el año 1980 y convivió con él hasta la fecha que
murió correcto, indíquele a este despacho si durante ese lapso de tiempo, entre
Ustedes hubo alguna ruptura, separación que los conllevarán a cada uno estar por
separado. CONTESTADO: No nunca, fuimos un matrimonio feliz, nunca tuvimos
ningún desacuerdo ni nada, todo fue normal, todo. PREGUNTADO: Señora Elina
en hogar que conformaba o que manifiesta Usted que conformaba con el profesor
Darío Guerra, indíquele a este despacho quién sufragar los gastos de
alimentación, recreación, vivienda, vestido, en el hogar que conformaron Usted y
él. CONTESTADO: Bueno todo era él, yo nunca supe que fue trabajar, no supe
nada nada, porque era él, vestido, alimentación, todo. Yo era en la casa y él
trabajaba. […]»
Respecto a las preguntas del agente del Ministerio Público comentó:
«PREGUNTADO: Usted para efecto de su aseguramiento en materia de salud
pertenece al régimen subsidiado de salud o contributivo […] Usted podría aclarar
acá a esta audiencia por qué aparece Usted registrada en alguna base de datos
qué es madre cabeza de familia. CONTESTADO: No sé, yo todo el tiempo viví con
él y él era el que pagaba todo, yo nunca trabajé, él siempre era el que me daba
todo, yo nunca tuve otro subsidio, otra cosa de esas. PREGUNTADO: Le pregunto,
en algún momento Usted diligenció ante una entidad pública algún tipo de afiliación
para ser beneficiaria, tal vez de un régimen de salud, de un aseguramiento por
salud que fuera otorgado por el Estado. CONTESTADO: No […]»
Al absolver el interrogatorio del magistrado absolvió:
«PREGUNTADO: […] Señora Elina Pico Durango yo quiero hacerle una pregunta
relativa precisamente a, relacionada con el tema de su salud que es lo que motiva
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00055-01 (3207-2019)
Demandante: Elina del Rosario Pico Durango
a esto. Usted en forma directa, hizo algún tipo de diligencia ante alguna entidad,
cualquiera que fuera, para obtener sus servicios de salud y el de sus hijos.
CONTESTADO: No nunca, yo nunca he hecho esos trámites. PREGUNTADO:
Uste recuerda, usualmente cuando una persona se afilia a una EPS se le entrega
un carnet, Usted recuerda haber tenido un carnet para poder acceder a los
servicios de salud. CONTESTADO: Si yo tenía carnet, pero de Medicina Integral,
cuando iba a las consultas de Medicina Integral. […] PREGUNTADO: Señora Elina
sírvase manifestar lo siguiente, le explico la pregunta, Usted acaba de manifestar
que Usted accedía a los servicios de salud a través de Medicina Integral, cuál fue
la forma a través de la cual o qué trámite fue necesario que se realizará para que
Usted pudiera acceder a ese tipo de servicios, el día que usted tuvo que ir donde
un médico, de qué manera Usted se enteró que podría ser beneficiaria a través de
Medicina Integral de un servicio de salud. CONTESTADO: Este, no yo iba a
consulta por mi esposo me abrió, me decía aquí tiene una consulta, porque yo
nunca saque una consulta, él me sacaba la consulta y me la llevaba a la casa,
entonces yo no sé, el me llevaba eso, tiene una consulta en Medicina Integral y
pues yo iba a Medicina Integral. PREGUNTADO: Sírvase manifestar a través de
que EPS accedían a los servicios de salud sus hijos. CONTESTADO: El mismo de
Medicina Integral.»
Para efectos de dar solución al problema jurídico planteado, sea lo primero
precisar que el motivo de inconformidad expuesto por la entidad demandada
en el recurso de apelación, consiste en afirmar que la señora Pico Durango no
acreditó el requisito de convivencia con el causante, durante los 5 años
anteriores a su muerte como lo exige el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, toda
vez que: i) los testimonios recaudados -en especial el del señor Alejandro de
Jesús Berrocal- resultan confusos y contradictorios a las circunstancias de
tiempo y lugar en que fueron narrados en la demanda, y; ii) el hecho de que
esta no hiciera parte del grupo familiar del causante en el sistema de salud, es
otra circunstancia que crea duda respecto de la relación entre la demandante
y el docente fallecido hasta el momento de su muerte, circunstancia que no
fue aclarada en el trámite del proceso.
Bajo el anterior contexto y al efectuar por parte de esta Subsección, la
valoración probatoria de forma conjunta, armónica y en aplicación del principio
de la sana crítica, se observa que tanto el causante como la señora Pico
Durango, convivieron de forma ininterrumpida por más de 5 años y hasta la
fecha del deceso. De ello dan cuenta las pruebas que a continuación se
destacan:
El Registro civil de matrimonio obrante a folio 9 del expediente, a través del
cual la señora Elina del Rosario Pico Durango acreditó la condición de
cónyuge supérstite del causante, toda vez que en él se indica que esta
contrajo nupcias con el docente fallecido, el 15 de febrero de 1980 en la
Parroquia San Antonio del municipio de Cereté (Córdoba), sin que se
evidencia anotación alguna que muestre la disolución del mismo.
Declaraciones extrajuicio allegadas al proceso, rendidas por los señores
Alejandro de Jesús Berrocal Petro y Nhazly María Bertel Escudero, rendidas
ante la Notaría Única de Círculo de Cereté el 13 de febrero de 2013, en las
cuales manifestaron que conocieron personalmente al señor Darío Miguel
Guerra Sáez quien convivió en matrimonio desde el 15 de febrero de 1980
y hasta la fecha de su fallecimiento – 4 de enero de 2012- con la señora
Elina del rosario Pico Durango. Igualmente declararon que la señora Pico
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00055-01 (3207-2019)
Demandante: Elina del Rosario Pico Durango
Durango dependida económicamente de su esposo fallecido, ya que esta
no estaba vinculada laboralmente con ninguna persona natural o jurídica.
Así mismo, la declaración rendida por la misma demandante ante la Notaria
Única del Círculo de Cerete el 13 de febrero de 2013, en la que bajo la
gravedad del juramento aseveró que convivió en matrimonio y conformó un
hogar, compartiendo mesa, techo y lecho de manera ininterrumpida desde
el 15 de febrero de 1980 con señor Darío Miguel Guerra Sáez, fallecido el
4 de enero de 2012. De otro lado, depuso que dependía económicamente
de este, ya que no estaba vinculada laboralmente con persona natural o
jurídica.
Por su parte, los testimonios recepcionados en la audiencia de pruebas
llevada a cabo el día 25 de septiembre de 2017 coinciden en la relación de
convivencia entre la señora Elina del Rosario y Darío Miguel (q.e.p.d.) por
más de 5 años continuos con anteriores a su fallecimiento, circunstancia
que por demás es reconocida por la parte demandada en la Resolución
RDP 018674 del 7 de diciembre de cuando afirma «[…] por cuanto si bien es
cierto se aportaron declaraciones extraproceso en las que se acredita el requisito
de convivencia de cinco (5) años continuos con anterioridad a la muerte de la (sic)
pensionada, hasta tanto no se aclare el por que (sic) no aparece como parte del
grupo familiar de la (sic) causante, en el Sistema General de Salud.»
En ese sentido, pese que el Tribunal le restó mérito probatorio al testimonio
de la señora Nhazly María Bertel Escudero, lo cierto es que sus dichos son
consecuentes con el testimonio del señor Berrocal Petro y el interrogatorio
absuelto por la libelista, lo que confirma la veracidad de los mismos.
Además, si bien la entidad recurrente consideró que el testimonio del señor
Alejandro de Jesús Berrocal Petro arrojó un margen de duda respecto de
las circunstancias por él narradas en la diligencia de pruebas y el grado de
cercanía de este con la pareja cuando declaró que no tenía certeza de cómo
vive y se sostiene la señora Elina Pico después del deceso de su esposo;
lo cierto es que sus dichos son claros y coherentes en la forma en que
convivió el docente y la demandante desde que contrajeron matrimonio y
hasta la fecha en que falleció el señor Guerra Sáez, como también de la
dependencia económica de la señora Pico Durango con su esposo fallecido.
De otro lado, contrario a lo expuesto por la entidad demandada, no puede
desestimarse el requisito de convivencia que exige la ley, el hecho de que la
señora Elina del Rosario no figure como beneficiaria de su esposo fallecido en
el sistema general de seguridad social, pues tal como lo expuso el a quo este
requisito no está contenido en la ley para acceder a la pensión de
sobrevivientes y, por ende, no se puede exigir para obtener derecho a ella.
Criterio que quedó claramente expuesto en el aparte jurisprudencias transcrito
y que por demás corresponde a un lineamiento fijado por esta Subsección.
Adicionalmente, las dudas respecto de la relación de pareja entre la
demandante y el docente hasta el momento de la muerte de este último, fueron
disipadas no solo con las declaraciones rendidas por los testigos, sino también
con la documental allegada al dossier.
Repárese además que las certificaciones aportadas por la demandante y que
fueron expedidas por la EPS Solsalud y Medicina Integral en el mismo mes y
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00055-01 (3207-2019)
Demandante: Elina del Rosario Pico Durango
año en el que fue emitido el acto administrativo que negó la sustitución
pensional a favor de la demandante (diciembre de 2012), dan cuenta que esta
no estaba afiliada a Solsalud EPS, cuando certificó que los señores Pico
Durango y Guerra Sáez no se encontraban registrados en la base de datos del
Régimen Subsidiado de esa empresa y, por su parte, Medicina Integral informó
que el señor Guerra Sáez se encontraba activo en ese sistema desde el 1.° de
noviembre de 2008 hasta el 4 de enero de 2012 -día de su fallecimiento- y que
tenía como beneficiaria a la libelista. Documentación que, por demás, no fue
tachada por la entidad demandada. Lo anterior se convalida con lo dicho por
la misma demandante al absolver el interrogatorio de parte, cuando afirmó que
nunca realizó diligencias tendientes a obtener servicios de salud para ella y
sus hijos ante una entidad del Estado y que los servicios de salud los recibía
a través de Medicina Integral.
En este sentido y teniendo en cuenta que la demostración de convivencia
puede probarse a través de sendos medios probatorios, entre los cuales la
afiliación a la EPS de la cónyuge del causante puede ser tomado como indicio
de la protección que se prodigan los cónyuges, las pruebas enunciadas en
precedencia permiten llevar al convencimiento de la convivencia
ininterrumpida bajo el mismo techo y lecho, con vocación de vida común,
afecto, auxilio y apoyo mutuo entre la pareja Guerra Sáez y Pico Durango,
durante algo más de 31 años de vida del causante, es decir, que se demostró
la convivencia entre el señor Guerra Sáez (q.e.p.d.) y la aquí demandante,
hecho que no fue desvirtuado por la entidad demandada.
En este sentido, no se trató de una convivencia casual, por el contrario, fue
una cohabitación caracterizada por la permanencia que hace a la demandante
acreedora de la protección. Al respecto, destaca la Sala que el objetivo de esta
prestación es que el beneficiario, una vez demostrados los requisitos, pueda
contar con los medios suficientes para su adecuada subsistencia; así como
proteger a la persona que le prestó asistencia y compañía al trabajador o a la
persona pensionada hasta el momento de su fallecimiento.
En ese orden, al existir certeza de la convivencia mínima de 5 años entre la
demandante y el causante, anteriores a la muerte de este, procede el
reconocimiento pretendido.
En conclusión: Se acreditaron los requisitos previstos en los artículos 46 y 47
de la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003, para reconocer a la
señora Elina del Rosario Pico Durango en su calidad de cónyuge supérstite, la
sustitución de la pensión gracia que en vida percibía el señor Darío Miguel
Guerra Sáez, en la medida en que se demostró que convivieron
ininterrumpidamente, con vocación de vida común, afecto, auxilio mutuo y
apoyo por más de 31 años, lo que se traduce en convivencia efectiva de
hecho.
Decisión de segunda instancia
Por lo anterior, se confirmará la sentencia de primera instancia, que accedió a
las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00055-01 (3207-2019)
Demandante: Elina del Rosario Pico Durango
Esta Subsección en providencias de 7 de abril de 201625, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo, para
la imposición de condena en costas, bajo los siguientes fundamentos:
a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado
efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa
valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos
últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como
la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm.
1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará
el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP26,
previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario
judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
De conformidad con lo expuesto, no se condenará en costas de la segunda
instancia a la entidad demandada, comoquiera que, si bien los argumentos de
la alzada no le prosperaron, la parte demandante no intervino en esta
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 21 de febrero de 2019 por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, en el proceso que en ejercicio del medio de control
25 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, actor: María del Rosario
Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.
26«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00055-01 (3207-2019)
Demandante: Elina del Rosario Pico Durango
de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Elina del rosario
Pico Durango contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.
Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia por lo brevemente
expuesto.
Tercero: Por Secretaría, realizar las adecuaciones que correspondan, tanto
en la plataforma del Consejo de Estado como en el expediente físico, el
nombre de la demandante, el cual corresponde a Elina del Rosario Pico
Durango y no Eliana del Rosario Pico Durango.
Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma del Consejo
de Estado denominada «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.