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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2016-00102-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2016-00102-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. DECLARAR FUNDADA la manifestación de impedimento realizada por el consejero de Estado Luis Eduardo Mesa Nieves. Por lo tanto, se le separa del conocimiento del presente asunto. Segundo. CONFIRMAR la sentencia proferida el dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Córdoba, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Tercero. CONDENAR en costas, en esta instancia, al demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 18 Radicación: 23001-23-33-000-2016-00102-01 (2833-2025) magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Córdoba. Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 23001-23-33-000-2016-00102-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00102-01 (2833-2025)
Demandantes: Domingo Gracia Ruiz
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro

Tema: Nulidad del acto administrativo por falsa motivación y desconocimiento
del debido proceso. Práctica y valoración probatoria. CONFIRMA
SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra de la
sentencia proferida el dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal
Administrativo de Córdoba, por medio de la cual se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Domingo Gracia Ruiz instauró demanda en contra de la Superintendencia
de Notariado y Registro, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias expedidas el 30 de enero
y el 31 de marzo de 2014, mediante las cuales fue sancionado en primera y segunda
instancia con destitución e inhabilidad general por el término de trece (13) años y de la
Resolución 5071 del 7 de mayo del mismo año, que ejecutó el correctivo.

3. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene su reintegro al cargo y
grado que desempeñaba sin solución de continuidad, junto con el pago de los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir, incluidos los aumentos decretados con
posterioridad a su destitución.

HECHOS

4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

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5. Que se desempeñó como auxiliar administrativo en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos (en adelante ORIP) del municipio de Sahagún (Córdoba) desde el
22 de julio de 2005 hasta la fecha de su desvinculación, y, a partir de septiembre de 2012,
ejerció funciones de cajero.

6. Que fue sancionado como consecuencia de una actuación disciplinaria que se
adelantó por un presunto faltante de $789.790.962, detectado en la oficina en la cual
laboraba para el periodo comprendido entre octubre de 2010 y septiembre de 2012;
procedimiento en el cual se le imputó la falta gravísima del artículo 48.1 de la Ley 734 de
2002, complementada con los punibles de peculado por apropiación y abuso de la función
pública, a título de dolo.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

7. Constitución Política: artículos 2, 6, 25, 29 y 122.

8. Considera que se violó su derecho de defensa y se incurrió en falsa motivación,
pues se le dio «validez probatoria» a los documentos relacionados en el informe final de
inspección y auditoría practicada en los archivos de la ORIP de Sahagún del 20 de abril
de 2013, pese a que estos fueron obtenidos con desconocimiento del debido proceso; en
especial, los investigadores violentaron la cadena de custodia, pues «sacaron de la ORIP
de Sahagún una serie de documentos y se los llevaron hasta la sede de esa entidad en
Cereté, no obstante que dentro de la foliatura disciplinaria no existía orden que los
habilitara para realizar dicho comportamiento».

9. Que, además, la demandada tomó los documentos recolectados por los
investigadores y los convirtió en mensajes de datos, sin tener en cuenta las formalidades
de que trata la Ley 527 de 1999. Que en ambas instancias disciplinarias se omitieron los
requisitos de autenticidad y, con fundamento en la valoración de tales medios, le
impusieron la máxima sanción disciplinaria.

10. Agregó que se encuentra demostrado que la autoridad no le permitió el ejercicio
pleno de su defensa material y técnica, pues no pudo acceder a los documentos que se
condensaron en 8 CDs y, de esa forma, se le restringió la posibilidad de contradicción, lo
que, sumado al rompimiento de la cadena de custodia, implica que la prueba es nula de
pleno derecho.

11. Que el empleo de los medios de prueba obtenidos de manera irregular llevó a la
falsa motivación de los actos demandados, pues no existió certeza acerca de la
ocurrencia de la falta y de su responsabilidad. Que la demandada partió de
consideraciones no acreditadas: en primera instancia, se dijo que no liquidó ni recaudó
el impuesto de registro y, a su vez, registró valores inferiores en las boletas fiscales, que
hubo un «acuerdo de voluntades» de los funcionarios de la ORIP para apropiarse de
recursos del Estado y que algunos ciudadanos entregaban el dinero en efectivo a los
servidores de la entidad para el registro de los documentos. Dijo que en segunda
instancia se confirmó la decisión sancionatoria tras valorar los testimonios de Martha Díaz
Avilez y Cristian Morales Álvarez, pese a que ninguno lo mencionó como autor de las
conductas que le fueron endilgadas.

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12. También señaló que la sanción impuesta es «injusta», porque quedó demostrado
que se desempeñó como cajero desde septiembre de 2012, esto es, después de
ocurridos los hechos que motivaron la investigación; no obstante, los reproches se le
elevaron porque en tal calidad presuntamente participó en anomalías que dejaron un
faltante estimado en $789.790.962.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

13. La demanda fue admitida el 9 de septiembre de 20161. La Superintendencia de
Notariado y Registro guardó silencio2.

14. El 7 de septiembre de 2018 se celebró audiencia inicial, en la cual se resolvió una
solicitud de nulidad formulada por la demandada, se fijó el litigio, se agotó la posibilidad
de conciliación y decretaron pruebas documentales3. Una vez incorporadas, en audiencia
del 6 de noviembre del mismo año4 se corrió traslado por el término de 10 días a las
partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que presentara su
concepto; luego de lo cual se profirió sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por
el demandante.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

15. El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia del dieciocho (18) de
julio de dos mil veinticinco (2025)5, negó las pretensiones, tras concluir que no se
evidenciaba en los actos demandados ninguna contrariedad respecto de los medios de
prueba recaudados, ni de los fundamentos de hecho y de derecho, por lo que no se probó
el cargo de falsa motivación, sumado a que se garantizó el debido proceso durante la
actuación sancionatoria.

16. Respecto del valor probatorio de los documentos relacionados en el informe final de
la inspección y auditoría, encontró que aquella diligencia fue ordenada en auto del 18 de
febrero de 2013 y que los integrantes del equipo auditor señalaron en sus declaraciones
que la información recaudada la trasladaron en medio magnético, previo escaneo, a la
ORIP de Cereté porque allí la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Córdoba les
puso a disposición los demás soportes que se requerían, como las declaraciones
mensuales del impuesto de registro con sus soportes, las boletas de liquidación, las

1 Véanse páginas 370-371 del archivo «01. ExpedienteEscaneado» del expediente digital, disponible en el índice 00002

de SAMAI. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Montería, el
cual, por auto del 2 de marzo de 2015 la rechazó por considerar que habría caducado el medio de control (véanse
páginas 320 a 324 del archivo «01. ExpedienteEscaneado»). Dicha decisión fue revocada por el Tribunal Administrativo
de Córdoba el 20 de agosto de 2015 (véanse páginas 489 a 495 del archivo «01. ExpedienteEscaneado»). En
cumplimiento de dicha providencia, la demanda se admitió por auto del 29 de febrero de 2016 (véanse páginas 346-
347 del archivo «01. ExpedienteEscaneado»). El Ministerio Público solicitó reponer tal decisión, por considerar que el
juzgado no era competente para conocer el asunto (véanse páginas 350 a 352 del archivo «01.
ExpedienteEscaneado»). Por auto del 18 de marzo de 2016 se resolvió declarar la falta de competencia y ordenar la
remisión del proceso al Tribunal Administrativo de Córdoba (véanse páginas 357 a 360 del archivo «01.
ExpedienteEscaneado»); Corporación que avocó conocimiento el 20 de junio de 2016 (véanse páginas 356 a 367 del
archivo «01. ExpedienteEscaneado»).
2 Por auto del 6 de agosto de 2018 se tuvo por no contestada la demanda (véase página 409 del archivo «01.

ExpedienteEscaneado»).
3 Véanse páginas 434 a 439 del archivo «01. ExpedienteEscaneado» del expediente digital, disponible en el índice

00002 de SAMAI.
4 Véanse páginas 455 a 457 del archivo «01. ExpedienteEscaneado» del expediente digital, disponible en el índice

00002 de SAMAI.
5 Véase archivo «12SentenciaPrimeraInstancia» del expediente digital, disponible en el índice 00002 de SAMAI.

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consignaciones y los documentos como escrituras, resoluciones, oficios y sentencias; de
tal forma que no obraba prueba de que los archivos físicos de la ORIP de Sahagún se
hubiesen trasladado a la ORIP de Cereté.

17. Que tampoco resultó irregular que fuera almacenada la información en formato CD,
pues de conformidad con la Ley 527 de 1999 los mensajes de datos son admisibles como
medios de prueba en toda actuación administrativa o judicial y no pierden fuerza
probatoria en razón de no presentarse en su forma original. Además, la misma normativa
dispone que «la información debe ser accesible para su posterior consulta y que de ellos
se pueda determinar el origen y la fecha, lo cual en este caso puede ser verificable por
ser archivos propios de la entidad». Que el demandante no demostró si quiera de manera
sumaria la ilegalidad del contenido de los CDs, ni la alteración del contenido de los
documentos.

18. Que en la actuación se acreditó que al señor Gracia Ruiz se le asignó el usuario
747, que ejercía funciones de cajero, durante los meses de octubre a diciembre de 2010
y, en los actos cuestionados, se precisaron los turnos de radicación en los que se
presentaron faltantes y que fueron tramitados con el referido usuario. De manera que si
bien no existía un oficio mediante el cual se le asignaran las funciones de cajero antes
de septiembre de 2012, «del historial de turnos requeridos dentro del proceso se observa
que en fechas anteriores también ejerció la función de cajero con el citado rol». Sumado
a ello, el informe que se elaboró en el marco de la investigación disciplinaria también
arrojó faltantes para la vigencia 2012, periodo en el cual el demandante ya laboraba como
cajero.

19. Precisó que, si bien no existió una relación de los documentos condensados en
formato CD, lo cierto es que en los informes rendidos por los investigadores se dio cuenta
de la información contenida y que fueron entregados al demandante para que pudiera
ejercer su derecho de defensa. Dijo que, tanto así, que por auto del 3 de octubre de 2013
se resolvió una solicitud de nulidad presentada por su apoderado, relacionada con la
puesta en riesgo de la cadena de custodia.

20. Respecto del testimonio de la señora Martha Díaz Aviléz señaló que en la ORIP de
Sahagún la encargaron de llevar el cuadro de la cuenta de la Gobernación, cuyo
diligenciamiento era función del demandante, de manera que sí formuló un señalamiento
concreto en contra del señor Gracia Ruiz.

21. Concluyó que en la actuación sancionatoria el entonces investigado se limitó a
manifestar que las pruebas fueron obtenidas irregularmente, sin aportar elementos para
desvirtuar la apropiación de los dineros públicos. En todo caso, la demandada valoró sus
argumentos y, confrontados con los medios de prueba, encontró que eran insuficientes
para exonerarlo de responsabilidad.

22. Se abstuvo de condenar en costas.

RECURSO DE APELACIÓN

23. El demandante6 interpuso recurso de apelación, en el cual insistió en que se

6 Véase archivo «14MemorialRecursoApelacion», del expediente digital, disponible en el índice 00002 de SAMAI.

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desconoció el debido proceso porque en el recaudo probatorio se omitió «establecer la
cadena de custodia», a fin de asegurar la integridad y autenticidad de las pruebas desde
su recolección y hasta su presentación en el proceso disciplinario.

24. Que se incurrió en falsa motivación, pues se dijo en la actuación disciplinaria que
dejó de recaudar $789.962.000 entre octubre de 2010 y septiembre de 2012, al tiempo
que se le endilgó haber anotado presuntamente en las boletas fiscales valores inferiores
a la cuantía registrada en los documentos en el mismo lapso; pero que, tales archivos
jamás le fueron puestos en conocimiento porque se condensaron en un CD, convertidos
así en mensajes de datos.

25. Reiteró que, si la autoridad no tuvo en cuenta las formalidades de la Ley 527 de
1999, los documentos recopilados por los investigadores que elaboraron el informe de
auditoría no podían ser valorados y menos tenidos en cuenta para negar sus
pretensiones, porque los referidos funcionarios no llevaron a cabo el procedimiento de
cadena de custodia ni levantaron un acta para relacionar los archivos que retiraron de las
dependencias.

26. Que el Tribunal se apartó de la realidad probatoria y concluyó, de manera errada,
que los documentos no fueron trasladados en formato físico, pese a que los declarantes
dieron cuenta de lo contrario. En cuanto a la decisión de segunda instancia, dice que se
partió de que la señora Martha Díaz Aviléz manifestó que él era quien le pagaba por llevar
las hojas del libro radicador y borrar unas escrituras que no debían aparecer ahí, lo que
resulta en falsa motivación, pues tal no fue el decir de la declarante, quien en ningún
momento lo mencionó.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

27. El 20 de octubre de 20257 fue admitido el recurso de apelación. En esta providencia
se dispuso que dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la decisión el proceso
ingresaría a Despacho para sentencia, salvo que las partes presentaran solicitud
probatoria y se indicó que el Ministerio Público podía emitir su concepto hasta antes de
que el proceso ingresara a Despacho.

28. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

29. Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES
Cuestión previa

30. Mediante escrito del 18 de agosto de 2026 8 el consejero Luis Eduardo Mesa
Nieves manifestó encontrarse impedido para conocer del asunto de la referencia y solicitó
ser apartado de este, con fundamento en la causal prevista en el numeral 2 del artículo
141 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 130 de la Ley
1437 de 2011.

7 Véase índice 00005 de SAMAI.
8 Véase índice 00009 de SAMAI.

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31. Indicó que en su condición de magistrado del Tribunal Administrativo de Córdoba
suscribió, entre otras actuaciones, (i) el auto admisorio de la demanda, (ii) la providencia
que declaró el desistimiento, (iii) la que dejó sin efectos la decisión anterior, (iv) fijó fecha
para la celebración de la audiencia inicial y la llevó a cabo, oportunidad en la que también
resolvió una solicitud de nulidad procesal formulada por la demandada; y (v) celebró la
audiencia de pruebas.

32. Al respecto, cabe precisar que el régimen de impedimentos se fundamenta en la
necesidad de preservar la integridad moral del funcionario que reconoce la existencia de
situaciones de hecho que pueden comprometer su criterio en la decisión y, de otra parte,
constituye una garantía de imparcialidad y transparencia de la justicia en los juicios que
emite en los casos de su conocimiento.

33. La Corte Constitucional ha resaltado la estrecha relación del régimen de
impedimentos y recusaciones con los derechos fundamentales al debido proceso y la
administración de justicia y con la prohibición de las decisiones judiciales arbitrarias. En
ese sentido, ha precisado que su finalidad reside en asegurar la imparcialidad del juez,
“(…) obligándolo a marginarse del proceso del cual viene conociendo cuando se
configura alguna de las causas taxativamente señaladas en la ley”9 y dejando en cabeza
de un funcionario distinto la definición de la prosperidad del impedimento o de la
recusación10.

34. La jurisprudencia constitucional ha precisado, además, que las causales de
impedimento pueden ser de dos tipos: (i) objetivas, en las que es suficiente acreditar que
ocurre el supuesto fáctico de la norma; y (ii) subjetivas, “(…) en las que no basta la
demostración de los hechos que la sustentan, por lo que la manifestación de impedimento
debe acompañarse de una valoración subjetiva de los hechos, estructurada en
argumentos lógicos correlativos y demostrativos que la fundamenten”11.

35. En uno y otro caso, esto es, ya se trate de causales de impedimento objetivas o
subjetivas, corresponde a quien se considera incurso en alguna de ellas acreditar tal
situación, para que quien debe resolverlo valide: (i) en el caso de causales objetivas la
prueba del supuesto normativo; y (ii) en el caso de las causales subjetivas, además,
analizar las razones de la autoridad judicial para considerar que debe ser separada del
conocimiento de un asunto.

36. En punto a la causal invocada, en vigencia del Código de Procedimiento Civil, la
Sentencia C-390 de 1993 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), al analizar la
constitucionalidad del artículo 150 de dicho estatuto, precisó que la causal de
impedimento consistente en «[h]aber conocido del proceso en instancia anterior, el juez,
su cónyuge o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente»,
correspondía a aquellas clasificadas como objetivas, pues de su redacción se concluyó
que bastaba con acreditar que en el caso concreto se configuraba el supuesto de hecho
consagrado en la norma.

9 Corte Constitucional, Sentencia C-573 de 1998. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Se retoma esta providencia

en la Sentencia T-305 de 2017. M.P. Aquiles Arrieta Gómez.
10 Cfr. Corte Constitucional. Ibid. y Sentencia C-496 de 2016. M.P. Maria Victoria Calle Correa.
11 Corte Constitucional. Auto 073 de 2020. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Clasificación que se trae de la Sentencia

C-390 de 1993. M.P. Alejandro Martínez Caballero y del Auto 188A de 2005. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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37. El anterior razonamiento puede trasladarse a la causal segunda del artículo 141
del Código General del Proceso, en la medida en que fue regulada en similares términos
a la que entonces se consagraba en el Código de Procedimiento Civil.

38. Así, al analizar la manifestación del consejero Luis Eduardo Mesa Nieves, la Sala
encuentra que, en efecto, se desempeñó como magistrado del Tribunal Administrativo de
Córdoba y que, en tal condición suscribió las providencias referenciadas y presidió las
audiencias inicial y de pruebas, con lo cual se satisface el supuesto consagrado en la
norma, pues conoció del proceso y adelantó múltiples actuaciones en instancia anterior.
En consecuencia, se declarará fundada su manifestación y será separado del
conocimiento del presente asunto.

39. Agotada la anterior cuestión, corresponde a la Sala determinar si la sentencia
apelada debe revocarse y, en su lugar, es procedente declarar la nulidad de los actos
demandados, pues, en términos del apelante, en su expedición se incurrió en
irregularidades en cuanto al recaudo y valoración probatoria, lo que representó una lesión
al debido proceso y la configuración de la falsa motivación.

40. Con este fin, la providencia se referirá a las causales de nulidad invocadas y
abordará el caso concreto.

Causales de nulidad de los actos administrativos

41. Los actos administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción, desde luego, parte
del cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa, la
necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento de las
reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la materia de
que trate.

42. En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, es posible
perseguir la declaratoria de su nulidad, cuando se advierte que i) se ha expedido con
infracción de las normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia;
iii) en forma irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v)
mediante falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo
profirió12. Adicionalmente, por vía jurisprudencial se ha desarrollado la tesis según la cual
la nulidad de un acto también puede perseguirse por desconocimiento del debido
proceso, concretado en los defectos formales y sustanciales que inciden en su formación.

43. De las enlistadas, interesan al caso concreto la falsa motivación y la violación al
debido proceso, pues el apelante cuestionó el recaudo y valoración de los medios de
prueba, a partir de lo cual sostuvo que se lesionó su garantía constitucional y que los
actos demandados contienen apreciaciones que no corresponden a la realidad.

12 Estas causales se desarrollan en los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011, que regulan los medios de control

de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho.

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Nulidad del acto administrativo por falsa motivación

44. Esta causal tiene lugar cuando las razones que se plasman en la fundamentación
de un acto administrativo resultan contrarias a la realidad fáctica o jurídica, sobre la cual,
la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que guarda estrecha relación con el
principio de legalidad de los actos y con el control de los hechos determinantes de la
decisión administrativa13.

45. En esa misma línea, se ha precisado que la prosperidad de la pretensión de nulidad,
cuando se invoca esta causal, es necesaria la concurrencia de tres elementos:

«(…) (a) la existencia de un acto administrativo motivado total o parcialmente, pues
de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta; (b) la existencia
de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que induce a la
producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente por la
administración pública, y (c) la efectiva demostración por parte del demandante del
hecho de que el acto administrativo se encuentra falsamente motivado»14.

46. El último elemento en cita puede demostrarse acreditando una de dos
circunstancias: i) que los hechos que la autoridad tuvo en cuenta como motivos
determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación
administrativa; o ii) que la autoridad no tuvo en cuenta hechos que sí estaban probados
y que, de haberse considerado, habrían conducido a una decisión sustancialmente
diferente15.

Nulidad del acto administrativo por desconocimiento del debido proceso

47. El artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido proceso se aplica
tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e implica que
nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa,
ante el juez competente y con observancia de las formas propias de cada juicio.

48. En virtud de lo anterior, para determinar si hay lugar a declarar la nulidad por
desconocimiento de esta garantía, se examinan elementos formales y sustanciales en la
formación del acto administrativo que repercuten en la garantía que consagra el artículo
29 constitucional.

49. Su respeto tiene que ver entonces, con la concreción de por lo menos estos
elementos: a) en la perspectiva formal, (i) que la actuación se adelante por el competente,
(ii) permitiendo la participación activa de todos los interesados; (iii) que estos sean
escuchados durante el trámite; (iv) que no existan dilaciones injustificadas; (v) que los
interesados puedan aportar, solicitar y controvertir pruebas; (vi) que las decisiones que
se profieran se notifiquen en debida forma y que se dé el trámite oportuno cuando las
decisiones sean impugnadas16; b) en sentido sustancial, (vi) que la autoridad aplique el

13 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-00006-00

(22326). C.P. Milton Chaves García.
14 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 19 de marzo de 2020. Radicado 52001-23-33-

000-2015-00155-01 (3093-16). C.P. William Hernández Gómez.
15 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-00006-00

(22326). C.P. Milton Chaves García.
16 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Radicado 05001-23-31-000-2000-02324-01.

C.P. Guillermo Vargas Ayala.

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Radicación: 23001-23-33-000-2016-00102-01 (2833-2025)

principio de favorabilidad siempre que sea pertinente; (vii) que durante el trámite de la
actuación el investigado se presuma inocente.

50. La Corte Constitucional ha señalado que la vulneración sustancial del derecho al
debido proceso17 puede predicarse tanto de las providencias judiciales como de los actos
administrativos y que esta se concreta en los distintos defectos identificados por la
jurisprudencia constitucional: (i) orgánico (falta de competencia de la autoridad que lo
expide); (ii) procedimental absoluto (la actuación se adelantó al margen del
procedimiento); (iii) fáctico (absoluto desconocimiento de lo probado en el trámite); (iv)
material o sustantivo (la autoridad aplicó normas inexistentes, inconstitucionales, ilegales
o que no resultaban aplicables al caso concreto o que se interpretaron de una manera
irrazonable) (v) error inducido o vía de hecho por consecuencia (se adoptó una decisión
contraria a derecho por causa de la actuación engañosa de un tercero); (vi) falta de
motivación (el acto no expresó las razones fácticas y jurídicas que lo fundamentaban);
(vii) desconocimiento del precedente constitucional vinculante; y (viii) violación directa de
la Constitución18.

51. En todos los supuestos de desconocimiento del debido proceso subyace la
aplicación de los principios estructurales de la actividad sancionatoria, en especial, el in
dubio pro disciplinado, que materializa la idea según la cual toda duda que surja en la
actuación disciplinaria debe resolverse en favor del servidor implicado; lo que, a su vez,
es consecuencia de que la carga probatoria en los procedimientos de esta naturaleza le
corresponda al Estado.

52. En especial, el defecto fáctico –que se configura cuando se valora una prueba de
manera irracional o caprichosa, se analizan medios de prueba que se debieron omitir o
se desconocen las reglas de la sana crítica19– puede llevar al operador disciplinario a la
expedición de actos administrativos sin el cumplimiento del presupuesto procedimental
para la imposición de una sanción: la certeza, más allá de toda duda razonable, de la
existencia de la falta disciplinaria y de la responsabilidad del investigado.

53. Lo anterior se encuentra directamente relacionado con la presunción de inocencia,
arista del derecho al debido proceso según la cual «[t]oda persona se presume inocente
mientras no se la haya declarado judicialmente culpable»20 y de la que hace eco la
normativa disciplinaria aplicable al demandante, pues el artículo 9 de la Ley 734 de 2002
dispone que «[a] quien se atribuya una falta disciplinaria se presume inocente mientras
no se declare su responsabilidad en fallo ejecutoriado. Durante la actuación toda duda

17 Cabe destacar que esta Corporación ha precisado que la irregularidad que vicia el acto administrativo es la sustancial,

en línea con lo señalado por la Corte Constitucional: «Una irregularidad acaecida en el curso de un procedimiento
administrativo se considera como sustancial, cuando incide en la decisión de fondo que culmina con la actuación
administrativa, contrariando los derechos fundamentales del administrado, es decir, que de no haber existido tal
irregularidad, el acto administrativo que define la situación jurídica debatida hubiese tenido un sentido sustancialmente
diferente. Por el contrario las irregularidades o vicios, que no afectan el fondo del asunto discutido, esto es, que de no
haber ocurrido, la decisión definitiva hubiese sido en igual sentido, no tienen la relevancia para generar la nulidad del
mismo, pues esto no desconoce la finalidad del debido proceso administrativo, es decir, la protección de los derechos
fundamentales de los ciudadanos» Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril
de 2019. Exp. 05001-23-33-000-2014-02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
18 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Sentencia T-076 de 2011.

M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y, analizados como causales específicas de la acción de tutela contra providencias,
cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-453 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
19 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-117 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
20 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-289 de 2012. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. En relación con la

presunción de inocencia, señaló: «[s]ignifica que cualquier persona es inicial y esencialmente inocente, partiendo del
supuesto de que sólo se puede declarar responsable al acusado al término de un proceso en el que deba estar rodeado
de las plenas garantías procesales y se le haya demostrado su culpabilidad».

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razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla», en
tanto el artículo 142 de la Ley 734 de 2002 señala que «[n]o se podrá proferir fallo
sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la
existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado».

54. En otras palabras: en materia sancionatoria disciplinaria la presunción de inocencia
tiene influencia directa en la carga de la prueba e impacta el principio in dubio pro
disciplinado, pues corresponde a quien ostenta el poder punitivo encaminar su despliegue
probatorio a desvirtuar la presunción y si, examinadas las pruebas existen dudas sobre
la responsabilidad, la decisión solo puede ser absolutoria21.

Caso concreto

55. Del análisis del expediente de la actuación disciplinaria22, la Sala destaca que:

• El 18 de febrero de 2013 la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Superintendencia de
Notariado y Registro abrió una investigación disciplinaria en contra del señor Domingo Matías
Gracia Ruiz, auxiliar administrativo de la ORIP de Sahagún, y otros funcionarios, con
fundamento en el informe oficial del 15 del mismo mes y año, elaborado por el director de
interventoría, que daba cuenta de faltantes por concepto de impuesto de registro reportado al
departamento de Córdoba para el periodo comprendido entre enero a julio de 2012, que
ascendía, para ese momento, a la suma de $220.879.29623.

Esta decisión fue notificada personalmente al demandante el 20 de febrero de 201324.

• Por auto del 2 de septiembre de 2013 la autoridad formuló dos cargos al señor Gracia Ruiz
((sic) en toda la cita):

«CARGO PRIMERO: (…) en su calidad de cajero de la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos de Sahagún Córdoba, con su conducta presuntamente incurrió en
falta disciplinaria, por no haber liquidado y recaudo el Impuesto de Registro, lo cual
conllevo que se dejará de percibir por parte de la Gobernación de Córdoba, la suma de
dinero por un valor de SETECIENDOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES
SETENCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
($789’790.962,oo), durante el lapso de Octubre de 2010 a Septiembre de 2012, lo cual
vulnero normas de carácter disciplinario (Art. 23, Num. 1 Art.. 34, Num 1 Art. 35, y Nun. 1
Art. 48 de la Ley 734/02); que rayan con las normas del Estatuto Registral (Art. 22 al 30
Decreto-Ley 1250/70) y a su vez con la Ley que creó el Impuesto de Registro (Art. 226 al
236 Ley 223/95) y su Decreto reglamentario (DR No. 650/96) la Ordenanza Departamental
(OD No. 21/94) y por último la Resolución No. 1464 del 12 Junio de 2010.

CARGO SEGUNDO: (…) con su conducta presuntamente incurrió en falta disciplinaria,
por haber registrado valores inferiores en las Boletas Ficales diferentes a la cuantía que
se establecían en el documento sometido a registro, durante el lapso de Octubre de 2010
a Septiembre de 2012, lo cual vulnero normas de carácter disciplinario (…)».

Estas conductas se calificaron provisionalmente como constitutivas de la falta gravísima

21 Sobre el alcance de la presunción de inocencia, cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-289-2012. M.P. Humberto

Antonio Sierra Porto: «La presunción de inocencia ‘se constituye en regla básica sobre la carga de la prueba’ de
acuerdo con la cual ‘corresponde siempre a la organización estatal la carga de probar que una persona es responsable
de un delito (…) lo que se conoce como principio onus probandi incumbit actori. La actividad probatoria que despliegue
el organismo investigador debe entonces encaminarse a destruir la presunción de inocencia de que goza el acusado,
a producir una prueba que respete las exigencias legales para su producción, de manera suficiente y racional, en el
sentido de acomodarse a la experiencia y la sana crítica. Así pues, no le incumbe al acusado desplegar ninguna
actividad a fin de demostrar su inocencia, lo que conduciría a exigirle la demostración de un hecho negativo, pues por
el contrario es el acusador el que debe demostrarle su culpabilidad’».
22 Disponible en la carpeta « 02. CDExpedienteAdministrativo» del expediente digital, disponible en el índice 00002 de

SAMAI.
23 Véanse páginas 8 a 15 del archivo «2013-2926 (1)».
24 Véase página 27 del archivo «2013-2926 (1)».

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contenida en el artículo 48.1 de la Ley 734 de 2002, complementada con los punibles de
peculado por apropiación y abuso de función pública (artículos 397 y 428 de la Ley 599 de
2000). La forma subjetiva de la responsabilidad se determinó como dolosa25.

• El 30 de enero de 2014 se expidió la Resolución 0889, contentiva de la decisión disciplinaria
de primera instancia. En esta se ratificó la calificación de la falta y de la forma de culpabilidad,
tras encontrar insuficientes los argumentos expuestos por la defensa del demandante en
relación con la ausencia de prueba de su responsabilidad. Sobre esta cuestión, se destacó
que en el expediente se contaba con la trazabilidad de todos los turnos de radicación de los
documentos que fueron sometidos a registro en la ORIP de Sahagún para el periodo
investigado, en los que se presentaron menores valores y falta de pago, lo que permitió
individualizar la participación de cada funcionario investigado y establecer las circunstancias
de tiempo, modo y lugar respecto del ingreso al aplicativo del sistema de información registral.

También se precisó que el señor Gracia Ruiz no solo ejerció como cajero a partir del 26 de
septiembre de 2012, pues las pruebas recaudadas dieron cuenta de que para la vigencia 2010
tenía asignado en el sistema el usuario 747 y que, con este, se ejecutaban roles de cajero de
forma ocasional ya que «en varias oportunidades reemplazaba a otros funcionarios cuando
estos salían a almorzar, permiso, vacaciones, licencias, turnos de semana santa o turno de
navidad».

Se dijo, además, que no se refutaron ni controvirtieron las pruebas recaudadas y que el
informe técnico se valoró en conjunto con la información que arrojó el sistema de registro y el
contenido de las pruebas testimoniales, lo que permitió identificar a los servidores implicados
y obtener el grado de certeza necesario para endilgarles responsabilidad26.

• Esta decisión se confirmó mediante la Resolución 3642 del 31 de marzo de 2014. En esta
oportunidad se resolvieron los reproches relacionados con la certeza respecto de la
responsabilidad del señor Gracia Ruiz, sobre lo cual se reiteró que los medios de prueba
permitieron acreditar que tenía asignado el usuario 747 en el sistema de registro, con el rol
de «cajero o solicitud»; a lo que se sumó la trazabilidad de la totalidad de turnos de radicación
en los que aparecían los faltantes por concepto de impuesto de registro; luego de lo cual se
dijo:

«En criterio del defensor a lo largo del análisis probatorio no figura prueba alguna que
señale a su defendido apropiándose en provecho suyo de los bienes del estado (sic).
Sobre este punto aplica la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Penal, citada en precedencia. Cuando el servidor público maneja dinero del
Estado, por la disposición directa que tiene sobre el mismo no se requiere la prueba de
su apropiación, basta que se cause la lesión al buen jurídico, y en este caso se causó
toda vez que el dinero despareció en manos de los disciplinados.
(…)
Respecto de lo anotado en precedencia basta reiterar que la prueba documental muestra
que el señor Gracia Ruiz, generaba Boletas Fiscales por un menor valor del que aparecía
en la escritura materia de registro, y en otros asuntos no aparece la Boleta Fiscal (…)».

Se advirtió que no era posible considerar que la conducta correspondiera a otro tipo
disciplinario, pues su ocurrencia revelaba verdaderos actos de corrupción, en la medida en
que desapareció una importante suma de dinero del Estado por la intervención de los
funcionarios investigados, quienes pretendieron mostrarse ajenos a la situación, pese a que
tuvieron total dominio colectivo del hecho ilícito y que, inclusive, contrataron personal ajeno a
la ORIP, «(…) como el caso de la tramitadora señora MARTHA LUZ DIAZ AVILEZ, quien
expresamente señaló que DOMINGO GRACIA, le pagaba $100.000, para llevar unas hojas
del libro radicador de documentos del día en el cual tenía que borrar las escrituras que no
debían aparecer ahí (…)»27.

56. La Sala encuentra que los reproches del apelante no se dirigen a cuestionar los

25 Véanse páginas 1 a 160 del archivo «2013-2926 (5)».
26 Véanse páginas 119 a 218 del archivo «2013-2926 (10)» y páginas 1 a 124 del archivo «2013-2926 (11)».
27 Véanse páginas 201 a 250 del archivo «2013-2926 (11)».

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elementos estructurales de la responsabilidad disciplinaria. De sus manifestaciones no
se advierten inconformidades dirigidas a la adecuación típica del comportamiento, la
afectación o no del deber sustancial ni la forma de culpabilidad; aspectos que, en
perspectiva de control sustancial de la actuación, se desarrollaron conforme a los
parámetros de la normativa disciplinaria, de tal forma que las conclusiones en cada punto
se fundaron en la valoración conjunta de las pruebas legal y oportunamente practicadas.

57. En el recurso se insistió en que la responsabilidad se estructuró con base en
pruebas que se obtuvieron con desconocimiento del debido proceso, porque para su
recaudo no se observó la cadena de custodia y se convirtieron en mensajes de datos al
margen de la normativa aplicable. Además, reiteró el cargo por falsa motivación, tras
referirse al contenido de una prueba testimonial valorada en la segunda instancia
disciplinaria, de la cual se extrajo una conclusión contraria a la realidad.

58. Sobre la primera cuestión, en el trámite disciplinario, en la demanda y en el recurso
de apelación, el señor Gracia Ruiz argumentó que no podían valorarse los documentos
recaudados por el funcionario que elaboró los informes de auditoría, porque no se siguió
la «cadena de custodia» para el aseguramiento de los medios de prueba.

59. Al respecto, cabe advertir que el concepto de «cadena de custodia» está
directamente relacionado con el aseguramiento de los elementos materiales probatorios
y evidencias físicas28 (EMP y EF) en las actuaciones de naturaleza penal. Su importancia
radica en que, bajo el sistema acusatorio, estos solo se conocen cuando son
descubiertos29. Antes de ello, la normativa procesal penal exige que se garantice la no
alteración de lo que constituirá la prueba. En ese contexto, la Sala de Casación Penal de
la Corte Suprema de Justicia la ha definido así:

«La cadena de custodia es el conjunto de procedimientos encaminados a asegurar y
demostrar la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física.
Está conformada, entonces, por los funcionarios y personas bajo cuya
responsabilidad se encuentren elementos de convicción durante las diferentes etapas
del proceso; se inicia con la autoridad que recolecta los medios de prueba desde el
momento en que se conoce la conducta punible, y finaliza con el juez de la causa y
los diferentes servidores judiciales. Así, al momento de recolectar las evidencias -
llamadas a convertirse en prueba en el juicio oral- es necesario registrar en la
correspondiente acta la naturaleza del elemento recogido, el sitio exacto del hallazgo
y la persona o funcionario que lo recogió, así como los cambios que hubiere sufrido
en su manejo»30.

28 Definidos en el artículo 275 del Código de Procedimiento Penal.
29 Código de Procedimiento Penal. «Artículo 344. Inicio del descubrimiento. Dentro de la audiencia de formulación de

acusación se cumplirá lo relacionado con el descubrimiento de la prueba. A este respecto la defensa podrá solicitar al
juez de conocimiento que ordene a la Fiscalía, o a quien corresponda, el descubrimiento de un elemento material
probatorio específico y evidencia física de que tenga conocimiento, y el juez ordenará, si es pertinente, descubrir,
exhibir o entregar copia según se solicite, con un plazo máximo de tres (3) días para su cumplimiento.
La Fiscalía, a su vez, podrá pedir al juez que ordene a la defensa entregarle copia de los elementos materiales de
convicción, de las declaraciones juradas y demás medios probatorios que pretenda hacer valer en el juicio. Así mismo
cuando la defensa piense hacer uso de la inimputabilidad en cualquiera de sus variantes entregará a la Fiscalía los
exámenes periciales que le hubieren sido practicados al acusado.
El juez velará porque el descubrimiento sea lo más completo posible durante la audiencia de formulación de acusación.
Sin embargo, si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física muy
significativos que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez quien, oídas las partes y considerado el
perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente
admisible o si debe excluirse esa prueba».
30 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 17 de abril de 2013. Radicado 35127. M.P. José

Luis Barceló Camacho. El procedimiento de cadena de custodia se encuentra regulado en los artículos 254 a 266 del
Código de Procedimiento Penal.

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60. La cadena de custodia cumple un cometido directamente relacionado con la
autenticidad de los EMP y EF31, que adquiere especial relevancia si se considera que,
previa acusación, se surten las etapas de indagación, investigación e imputación, en el
marco de las cuales se recaudan, sin presencia del implicado, los medios que después
constituirán la prueba sobre la que se funde la acusación.

61. No es una categoría que, por tanto, se traslade sin matices al ámbito disciplinario y,
menos, puede pretenderse que la actividad probatoria de la autoridad se circunscriba a
una ritualidad que no tiene cabida en un trámite que se caracteriza por el acceso
inmediato del servidor investigado a los medios de prueba.

62. Además, lo cierto es que la Sala advierte una confusión en los reproches del
apelante, pues los documentos a los que se refiere de manera genérica, que a su juicio
se trasladaron «sin cadena de custodia» de Sahagún a Cereté, constituyeron, según se
extrae de la actuación disciplinaria, los insumos con fundamento en los cuales se elaboró
el informe requerido por la autoridad disciplinaria. De esto dan cuenta los siguientes hitos:

• En el auto que abrió la investigación disciplinaria se decretó la siguiente prueba:

«VISITA ESPECIAL E INSPECCIÓN32
En aplicación del principio de inmediación de la prueba, y en aras garantizar (sic) el
principio de celeridad33 de las actuaciones administrativas disciplinarias en tomar las
medidas correctivas y preventivas ante la gravedad que existe dentro de los
considerándos (sic) de la presente providencia, se hace necesario recabar e
inspeccionar la siguiente documentación, que reposa en la multicitada ORIP [/]
1. documentación relacionada con el Impuesto de Registro objeto de la intervención
por parte del Director (sic) de la intervención VICTOR FARID PINTO CASTILLO.
2. Los demás documentos relacionados con la misma que tengan un fin propio para
establecer las diferencias y faltantes en el pago y liquidación del Impuesto de
Registro.
Por tanto, llévese a cabo tal diligencia en la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Sahagún, Córdoba, desde el 25 de Febrero (sic) al 01 de Marzo (sic)
de 2013.
QUINTO: COMISIÓNESE para la práctica y el recaudo probatorio al doctor VICTOR
FARID PINTO CASTILLO, Director de la Intervención a la ORIP de Sahagún,
Córdoba, y de igual manera a ANA MARÍA GÓMEZ ROIJAS de la Dirección
Financiera y a JHONSON MARTÍNEZ MONTOYA de la Dirección Financiera»34
(negrillas y mayúsculas en el original).

• El 27 de marzo de 2013 los funcionarios comisionados rindieron un informe parcial,
en el cual señalaron que revisaron los documentos que ingresaron a la ORIP de
Sahagún durante los años 2010, 2011 y 2012 y encontraron faltantes en el impuesto
de registro: $258.561.416 para 2012, $389.587.968 para 2011 y $141.641.578 para
2010. También dejaron la siguiente anotación: «[p]ara culminar el informe final de la
ORIP Sahagún falta imprimir y organizar toda la documentación que soporta la
auditoría y terminar de escanear todos los documentos que aporto (sic) la Secretaría
de Hacienda del Departamento de los años 2010 y 2012»35.

31 Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 21 de febrero de 2007. Radicado 25920.

M.P. Javier Zapata Ortiz.
32 Artículo 130 de la Ley 734 de 2002 (cita del acto administrativo).
33 Artículo 12 Ley 734 de 2002 (cita del acto administrativo).
34 Véanse páginas 14-15 del archivo «2013-2926 (1)».
35 Véanse páginas 109 a 115 del archivo «2013-2926 (1)».

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• El 12 de abril de 2013 se rindió un segundo informe parcial, en el cual se remitieron
(i) los cuadros mensuales con la relación de documentos radicados que debían pagar
impuesto de registro, con el pago o faltante según el caso; (ii) los cuadros mensuales
con la relación de los documentos radicados que no presentaban boleta de rentas ni
pago del impuesto, (iii) los cuadros con el resumen de los valores liquidados y
pagados y el respectivo faltante y (iv) el cuadro resumen acumulativo para el periodo
auditado con el faltante y gráficos de análisis. Además, se adjuntó, en medio
magnético la documentación soporte36.

• El 20 de abril de 2013 se presentó el «informe final de la inspección y auditoría a los
archivos de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sahagún-Córdoba,
dentro del Expediente con Radicación No. 2929 de 2013». En este se explicó la
metodología empleada, la documentación evaluada y se relacionaron los respectivos
anexos37.

63. Luego, en diligencia de declaración juramentada, los funcionarios Víctor Farid Pinto
Castillo38 y Jhonson Martínez Montoya39 explicaron cómo llevaron a cabo la actuación
que se les encomendó por parte de la autoridad disciplinaria. El primero manifestó que
los archivos analizados en el informe, como libros diarios de radicación, copias de
escrituras, boletas fiscales, consignaciones realizadas en el banco, «(…) como son
documentos que pertenecen a la Gobernación y las declaraciones como dije
anteriormente fueron facilitados para su análisis y escaneo de los mismo (sic) en CD’S
DVD y luego devueltos a la oficina de origen de la Gobernación como a la Secretaría de
Rentas».

64. Señaló que la realización de diligencias en la ORIP de Cereté se debió a que eran
varias Oficinas objeto de auditoría (Cereté, Lorica, Sahagún, Ayapel y Chinú) y que allí
se contaba con disponibilidad de medios como escáner, además de que allí se
encontraban también los documentos facilitados por la Gobernación de Córdoba.

65. Por su parte, el funcionario Martínez Montoya, en cuya declaración estuvo presente
el señor Gracia Ruiz, explicó:

«(…) primero se tomo (sic) de aquí la Oficina de Sahagún la documentación necesaria
para verificar el impuesto de registro, como los libros diarios radicadores de
documentos y el informe diario de ingresos de documentos de los años 2010, 2011 y
2012, esa información nos la llevamos para la ORIP de Cereté, donde la Secretaría
de Hacienda de la Gobernación de Córdoba, puso a disposición las declaraciones
mensuales del impuesto de registro con todos sus soportes las boletas de liquidación,
consignaciones, y el documento soporte (escrituras, resoluciones, oficios,
sentencias), estando ya con todo (sic) la documentación a la mano se empezó a
confrontar todos los documentos que fueron radicados en la ORIP de Sahagún y que
era objeto del pago del impuesto de registro, verificando el respectivo pago del
impuesto de registro en las cuentas de la Gobernación de Córdoba, de esta manera
se fueron determinando los documentos que no presentaban ningún tipo de pago,
consolidándose mes a mes, hasta obtener el acumulado para los tres años
($790.000.000) aproximadamente (…) se elaboraron los cuadros e informes para
remitirlos a la Oficina de Control interno Disciplinario (…)».

36 Véanse páginas 117-118 del archivo «2013-2926 (1)» y los anexos en las páginas 119 a 265 del archivo «2013-2926

(1) y páginas 1 a 53 del archivo «2013-2926 (2)».
37 Véanse páginas 55 a 57 del archivo «2013-2926 (2)». Anexos visibles en las páginas 58 a 79 del mismo archivo.
38 Véanse páginas 96 a 110 del archivo «2013-2926 (4)».
39 Véanse páginas 164 a 168 del archivo «2013-2926 (4)».

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66. Para la Sala es claro que a los referidos funcionarios se les encomendó la práctica
de un medio de prueba de los enlistados en el artículo 130 de la Ley 734 de 2002,
concretamente, una «visita especial o inspección», cuyo objeto consistió en analizar la
documentación de la ORIP de Sahagún y confrontarla con la información que sobre el
impuesto de registro reposaba en la Gobernación de Córdoba, para determinar si en
efecto existían irregularidades relacionadas con el impuesto de registro y, en caso
afirmativo, determinar los periodos en que se presentaron y su cuantía.

67. Quedó acreditado que los archivos analizados por los servidores se obtuvieron tanto
de la ORIP como de la Gobernación y que de esta se dio cuenta en los respectivos
informes y se incorporó a la actuación disciplinaria. Las dudas expuestas por el señor
Gracia Ruiz confunden, en ese orden, la prueba practicada con los documentos que le
sirvieron de soporte y, sobre los últimos, más allá de decir que desconocieron el trámite
de la «cadena de custodia», ningún argumento expuso en punto a su autenticidad, no
objetó ni controvirtió el contenido de los informes ni brindó elementos que llevaran a la
autoridad disciplinaria o al juez de lo contencioso administrativo a dudar respecto de su
veracidad.

68. Esto no implica que la Sala esté trasladando al demandante, entonces investigado,
cargas probatorias que no le correspondían. Se trata de precisar que la sola pretensión
de que se trasladara al trámite disciplinario una ritualidad que le es ajena (la «cadena de
custodia») no basta para concluir que se lesionó el debido proceso o que en la expedición
de los actos demandados se incurrió en alguna irregularidad.

69. El señor Gracia Ruiz contó con las oportunidades que la normativa procedimental
consagra para ejercer la garantía de contradicción, pues, contrario a lo afirmado en la
demanda y en el escrito de apelación, en el expediente consta que solicitó copia de la
actuación el 19 de julio de 2013, en los siguientes términos:

«(…) que se me entreguen copia de todos y cada uno de los documentos que sirvieron
de base para que la Superintendencia de Notariado y Registro emitiera un informe
oficial de “verificación impuesto de Registro oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Sahagún”, así como todas las versiones de todos los implicados que se
han llevado a la fecha, puesto que dichos documentos serán revisados y
controvertidos legalmente, dentro del libre desarrollo de los derechos que me cobijan
en mi condición de investigado»40.

70. Esta solicitud se atendió por auto del 25 de julio de 2013, en el cual se señaló que
los investigados aportaron CDs en formato DVD para la obtención de copias y, en
consecuencia, se ordenó su remisión a sus respectivos apoderados 41. Para entonces, el
demandante ya contaba con uno, a quien le fue reconocida personería en la diligencia de
versión libre que se practicó el 19 de julio de 201342.

71. De manera que en la recolección de los insumos para la elaboración del informe
producto de la inspección ordenada en la investigación disciplinaria no se observa
ninguna irregularidad derivada de lo que el apelante denominó el desconocimiento de la
«cadena de custodia». Sumado a ello, que el análisis de los documentos se hubiese
40 Véase página 174 del archivo «2013-2926 (4)».
41 Véanse páginas 182 a 184 del archivo «2013-2926 (4)».
42 Véanse páginas 169 a 173 del archivo «2013-2926 (4)».

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realizado en la ORIP de Cereté no representa una irregularidad, pues la información
estudiada correspondía a la generada en las dependencias de Sahagún, su contraste se
debía hacer con los soportes aportados por la Gobernación de Córdoba y ni en la
actuación disciplinaria ni a instancias de este medio de control obra prueba que permita
concluir que su inspección en una instalación distinta hubiese arrojado un resultado
diferente.

72. Similar conclusión se deriva del reproche relacionado con la forma de
almacenamiento de los medios de prueba. En la actuación disciplinaria se consolidó la
información producto de los informes de la inspección en CDs43. Estos tienen el
tratamiento de mensajes de datos en los términos del literal a) del artículo 2 de la Ley 527
de 199944 y, por mandato del artículo 10 de la misma normativa, «[e]n toda actuación
administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a
todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por el sólo hecho que se trate
de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma original».

73. De manera que el solo hecho de que la documentación anexa se hubiese
almacenado en CDs no basta para restarle fuerza probatoria, sumado a que, como bien
se precisó en la sentencia apelada, el señor Gracia Ruiz no planteó cuestionamientos
que de manera concreta atacaran la autenticidad de los documentos analizados, no
aportó elementos que llevaran a dudar de su contenido, ni, en ejercicio de su derecho de
contradicción, formuló alguna tacha.

74. En ese sentido, el cargo por violación al debido proceso, en lo que corresponde al
recaudo y almacenamiento de los documentos, no está llamado a prosperar.

75. El segundo reproche de la apelación tiene que ver con el cargo de nulidad por falsa
motivación, relacionado con el alcance que en segunda instancia disciplinaria se le dio a
la declaración juramentada de la señora Martha Luz Díaz Aviléz. El apelante manifestó
que la conclusión plasmada en dicho acto no corresponde a la realidad, pues la testigo
no dijo que él era quien le pagaba por sus servicios.

76. Sobre esta cuestión, la Sala encuentra que, como se expuso en párrafos anteriores,
en la Resolución 3642 del 31 de marzo de 2014 (decisión disciplinaria de segunda
instancia) se dijo que los investigados, entre ellos el demandante, tenían pleno dominio
del hecho ilícito, pues inclusive contrataron a una persona ajena a la entidad, «(…) como
el caso de la tramitadora señora MARTHA LUZ DIAZ AVILEZ, quien expresamente
señaló que DOMINGO GRACIA, le pagaba $100.000, para llevar unas hojas del libro
radicador de documentos del día en el cual tenía que borrar las escrituras que no debían
aparecer ahí (…)».

77. Confrontada dicha anotación con el contenido del relato de la señora Díaz Aviléz, la
Sala encuentra que, sus manifestaciones no fueron del todo precisas en ese punto. En
diligencia del 16 de diciembre de 2013, la referida manifestó ((sic) en toda la cita):

«PREGUNTADO: Manifieste que honorarios devengaba y quien los cancelaba.

43 Así consta en las páginas 54 y 79 del archivo «2013-2926 (2)».
44 Ley 527 de 1999, «Artículo 2. Definiciones. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

a) Mensaje de datos. La información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos,
ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo
electrónico, el telegrama, el télex o el telefax (…)» (subrayas de la Sala).

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CONTESTO: Cuando empecé a trabajar a calificar me pagaban ($200.000),
después que se fue Maribel que tome todas la funciones me pagaban ($400.000)
además ganaba ($100.00) por llevar el cuadro Excel de la cuenta de la
Gobernación de los ingresos (…) ese cuadro le correspondía llevarlo DOMINGO
GRACIA, y me pagaban otros ($100.000) por llevar unas hojas del diario
Radicador de documentos del día el cual tenía que borrar x o y escritura que no
debía aparecer ahí, los honorarios los cancelaba el Señor Registrador»45
(negrillas y mayúsculas en el texto origina).

78. El marco de la pregunta que se formuló se dirigió a determinar qué le correspondía
hacer –partiendo de que estaba vinculada como «tramitadora», pues no pertenecía a la
planta de la ORIP– y quién le pagaba por sus actividades. En efecto, aunque su
manifestación no se dirigió a indicar que era el demandante quien le pagaba por la
prestación de sus servicios, lo cierto es que, de manera directa, afirmó que se le encargó
la gestión de un archivo que era responsabilidad del señor Gracia Ruiz.

79. De manera que, aunque la conclusión en cuanto a la fuente de los recursos pagados
a la declarante no se ajusta a las manifestaciones de esta, ello no basta para concluir que
los actos demandados se encuentran viciados por falsa motivación, ni que ello bastara
para exonerar de responsabilidad al demandante. La conclusión de la autoridad,
sustentada en el análisis integral de los medios de prueba, consistió en el compromiso
disciplinario del señor Gracia Ruiz, derivado de los dos comportamientos que
constituyeron los cargos formulados, con los cuales se incurrió en una falta gravísima,
representada en dos tipos penales.

80. En ese marco, no era objeto de prueba la vinculación de la señora Díaz Aviléz, ni el
reproche disciplinario se dirigió a la contratación de personal externo ni a la titularidad de
los recursos con los que este era remunerado. Si se repara en el contenido íntegro de los
actos, el referido testimonio se valoró para dar respuesta a un argumento del recurso de
apelación formulado por la defensa del señor Gracia Ruiz, relacionado con la tipificación
de la conducta.

81. En aquella ocasión, el apoderado consideró que el comportamiento debió
adecuarse a una falta leve o grave, en los términos del artículo 50 de la Ley 734 de 2002;
la demandada desestimó tal argumento tras advertir que los medios de prueba daban
cuenta de la pérdida de una suma de dinero como consecuencia de la intervención directa
de los investigados, quienes desde los roles asignados tenían pleno dominio de la
situación, de lo que resultaba particularmente revelador el testimonio de la señora Díaz
Aviléz.

82. De manera que la referida declaración no dio cuenta de que existiera un pago por
parte del demandante, lo que significa que, en punto a esa prueba particular y
específicamente valorada, la conclusión de la demandada se alejó de la realidad. Pero
ello no vicia los actos cuestionados en conjunto, porque la responsabilidad del señor
Gracia Ruiz en la pérdida de los recursos por concepto de impuesto de registro,
representada en la ausencia de liquidación y recaudo del referido tributo (cargo primero)
y en el registro de valores inferiores en las boletas fiscales (cargo segundo), que
realmente constituyó el objeto de la actuación, se acreditó con los demás medios de
prueba, decretados, incorporados y valorados conforme a las exigencias de la normativa

45 Véanse páginas 43 a 51 del archivo «2013-2926 (10)».

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disciplinaria.

83. En síntesis, la Sala no encuentra deficiencias sustanciales en la práctica y
valoración probatoria contenida en los actos demandados; razones suficientes para
confirmar la sentencia apelada.

De la condena en costas

84. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

85. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.
Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad
y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene
incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso.

86. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

87. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte demandante,
por cuanto se negarán las pretensiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Córdoba.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. DECLARAR FUNDADA la manifestación de impedimento realizada por el
consejero de Estado Luis Eduardo Mesa Nieves. Por lo tanto, se le separa del
conocimiento del presente asunto.

Segundo. CONFIRMAR la sentencia proferida el dieciocho (18) de julio de dos mil
veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Córdoba, por medio de la cual se
negaron las pretensiones.

Tercero. CONDENAR en costas, en esta instancia, al demandante. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el

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magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Córdoba.

Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Con manifestación de impedimento

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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