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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2016-00136-01

Fecha
28 de abril de 2022
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2016-00136-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Modificar el ordinal tercero bis de la sentencia del 6 de septiembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Estella Elena Contreras Machado contra de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en el que fueron vinculados los señores Oswaldo López Gómez y Lucineth Galván Segura; el cual quedará de la siguiente forma: «TERCERO BIS: En consecuencia, se ordena a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), reconocer y pagar a favor de la señora Estella Elena Contreras Machado, la sustitución en un 50% del valor total de la pensión que en vida percibía el señor Oswaldo López Garcés, ello con efectividad desde el 19 de noviembre de 2011, pero con efectos fiscales a partir del 25 de abril de 2013 por prescripción trienal.» Segundo: Confirmar en todo lo demás la providencia apelada. Tercero: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada y a favor de la demandante, las cuales serán liquidadas por el a quo. Cuarto: Reconocer personería adjetiva como apoderada sustituta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) a la abogada Belcy Bautista Fonseca identificada con cédula de ciudadanía n.° 1.020.748.898 y portadora de la tarjeta profesional 205.097 del Consejo Superior de la Judicatura, ello en los términos del poder que le fue conferido por el apoderado general de la autoridad en comento, el cual obra en el índice 12 del registro en SAMAI. Quinto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 23001-23-33-000-2016-00136-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

28 de abril de 2022

1

Radicado: 23001-23-33-000-2016-00136-01 (0315-2020)
Demandante: Estella Elena Contreras Machado

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00136-01 (0315-2020)
Demandante: ESTELLA ELENA CONTRERAS MACHADO
Demandada: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL1
Vinculados: LUCINETH GALVÁN SEGURA Y OSWALDO LÓPEZ
GÓMEZ

Temas: Reconocimiento de sustitución pensional. Acreditación de
la calidad de compañera permanente del causante.
Tiempo demostrado de convivencia de la beneficiaria con
el de cuius para efectos de determinar el derecho
prestacional. No procede orden de descuento de
mesadas causadas sobre el valor del retroactivo, por ser
posterior a tales pagos la fecha de efectos fiscales del
restablecimiento del derecho.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-079-2022

ASUNTO

Decide la Subsección los recursos de apelación formulados por las partes
demandante y demandada contra la sentencia proferida el 6 de septiembre de
2019 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que accedió parcialmente a
las pretensiones del libelo.

ANTECEDENTES

La señora Estella Elena Contreras Machado en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la
Ley 1437 del 20112 formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones (Folios 7 a 9, C1)

1 En adelante UGPP.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,

o CPACA.

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Radicado: 23001-23-33-000-2016-00136-01 (0315-2020)
Demandante: Estella Elena Contreras Machado

1. Declarar la nulidad parcial de la Resolución RDP 002291 del 10 de mayo
de 2012, por medio de la cual la UGPP reconoció y ordenó el pago de una
pensión de sobrevivientes, efectiva a partir del 19 de noviembre de 2011,
a favor de la señora Contreras Machado en un porcentaje del 50% por
ostentar la calidad de compañera permanente del causante, el señor
Oswaldo López Garcés. Asimismo, a través de dicho acto administrativo se
dejó en suspenso el posible derecho que le pudiera corresponder al señor
Oswaldo López Gómez por figurar como hijo discapacitado del de cuius.

2. Declarar la nulidad de la Resolución RDP 015899 del 19 de noviembre de
2012, conforme a la cual la entidad demandada excluyó de la nómina de
pensionados a la libelista.

3. Declarar la nulidad de la Resolución RDP 18518 del 7 de diciembre de
2012, con la que la UGPP en cumplimiento de la sentencia de tutela
proferida por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Lorica reconoció
de manera provisional a favor del señor Oswaldo López Gómez el pago de
la prestación en comento en un porcentaje equivalente al 50%.

4. Declarar la nulidad del Auto ADP 013158 del 20 de octubre de 2015 a
través del cual la autoridad demandada dejó en suspenso el derecho
pensional en comento.

5. Declarar que la señora Lucineth Galván Segura y el señor Oswaldo López
Gómez no tienen derecho a ninguna proporción sobre la prestación
causada con ocasión del fallecimiento del señor Oswaldo López Garcés.

6. Que como consecuencia de estas declaraciones y a título de
restablecimiento del derecho, se ordene a la demandada reconocer y pagar
a favor de la señora Estella Elena Contreras Machado el 100% de la
pensión de sobrevivientes y que por lo tanto sea nuevamente incluida en
la nómina respectiva con el consecuente abono del retroactivo por las
mesadas a las que tenía derecho desde junio de 2012 en adelante, y
adicionalmente reajustadas de manera anual de conformidad con el IPC.

7. Que se ordene a la UGPP actualizar el valor del retroactivo pensional
adeudado y que aquella entidad sea condenada en costas.

Supuestos fácticos relevantes de la demanda (Folios 1 a 6, C1)

1. El señor Oswaldo López Garcés fue pensionado por vejez por parte de la
extinta Cajanal de acuerdo con la Resolución 12380 del 17 de octubre de
1986, ello en cuantía de $122.517.

2. El referido causante falleció el 18 de noviembre de 2011. En vida, aquel
convivió de manera permanente con la señora Estella Elena Contreras
Machado desde el año 2001 hasta la fecha de su deceso. Durante este
período aquellos compartieron techo, lecho y mesa, pues hacían vida
marital, tanto así que la correspondencia de aquel llegaba a la residencia
de la libelista.

3. El señor López Garcés sufría de párkinson y por lo tanto fue tratado en vida
por el médico neurólogo Julio César Villalobos Comas, quien en la

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Radicado: 23001-23-33-000-2016-00136-01 (0315-2020)
Demandante: Estella Elena Contreras Machado

anamnesis de las diferentes consultas refería que este llegaba
acompañado de la demandante en calidad de compañera permanente.

4. El de cuius radicó solicitud el 9 de julio de 2010 ante el Patrimonio
Autónomo Buenfuturo, a fin de que al momento de su muerte fuera
transferida su pensión de jubilación a favor de quien aquel mismo indicó
que era su compañera permanente, esto es, la señora Contreras Machado.
A esta petición se anexó una declaración extrajudicial rendida ante notario
en la fecha referida, por medio de la cual, tanto el causante como la libelista
manifestaron bajo la gravedad de juramento que hicieron vida marital por
más de 10 años.

5. La demandante asumió los gastos funerarios generados por el fallecimiento
del señor López Garcés, tal como consta en la factura expedida por la
compañía Auxilia Exequiales Ltda., razón por la cual aquella solicitó el 23
de noviembre de 2011 ante la UGPP, el pago del correspondiente auxilio
funerario que efectivamente fue reconocido conforme a la Resolución RDP
008630 del 31 de agosto de 2012.

6. La entidad demandada profirió la Resolución RDP 002291 del 10 de mayo
de 2012 con la que ordenó el pago de una pensión de sobrevivientes a
favor de la señora Contreras Machado en calidad de compañera
permanente del de cuius, ello con efectividad a partir del 19 de noviembre
de 2011 y en un monto equivalente al 50%. El porcentaje restante de la
prestación se dejó en suspenso mientras se estudiaba el posible derecho
que le correspondería al señor Oswaldo López Gómez, quien era el hijo
discapacitado del causante.

7. La UGPP expidió la Resolución 015899 del 19 de noviembre de 2012,
mediante la cual negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a
favor de la señora Lucineth Galván Segura en calidad de compañera
permanente del señor López Garcés. Asimismo, a través de este acto
administrativo se excluyó de nómina de pensionados a la demandante en
aplicación de la Ley 1204 de 2008, toda vez que se advirtió una convivencia
simultánea de ambas reclamantes con el de cuius.

8. En cumplimiento de un fallo de tutela proferido el 19 de noviembre de 2012
por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Lorica, la parte
demandada dictó la Resolución 18518 del 7 de diciembre de 2012 a través
de la cual reconoció y ordenó el pago de una pensión de sobrevivientes a
favor del señor Oswaldo López Gómez por su calidad de hijo discapacitado
del causante, esto con efectividad desde el 19 de noviembre de 2011 y
determinada en un 50% del valor total de la prestación.

9. A la libelista no le fue pagada la pensión con los debidos reajustes anuales
desde mayo de 2012 hasta el mes de noviembre de 2013 cuando dejó de
percibir el derecho en mención por haber sido retirada de la nómina de
pensionados.

10. La autoridad demandada denunció penalmente a la señora Contreras
Machado por los delitos de falso testimonio, fraude procesal y estafa al
asegurar que no eran ciertas las declaraciones extrajudiciales sobre la
convivencia que sostuvo con el causante. No obstante, en el curso del
proceso penal se determinó por parte de la Fiscalía Novena Seccional de
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Radicado: 23001-23-33-000-2016-00136-01 (0315-2020)
Demandante: Estella Elena Contreras Machado

Montería que no se tipificaba como conducta punible el actuar de aquella,
de suerte que el Juzgado Tercero Penal de Descongestión del Circuito de
Montería resolvió precluir la investigación en comento.

11. A través de auto del 20 de septiembre de 2016 (folios 156 a 157, C1), el
tribunal de primera instancia vinculó a la actuación como terceros con
interés directo a los señores Oswaldo López Gómez y Lucineth Galván
Segura, para lo cual ordenó su emplazamiento conforme al artículo 171 del
CPACA y 108 y 293 del CGP, por cuanto se desconocía el lugar de
notificaciones de ambos.

12. Este trámite se cumplió en debida forma (folios 167, 197, C1 y 201 a 209,
C2), y ante la inasistencia de aquellos para intervenir directamente en el
proceso, les fue designado un curador ad litem (ver auto del 26 de octubre
de 2017 a folio 219, C2), quien efectivamente tomó posesión (folio 225,
C2), se notificó en nombre de los vinculados (folio 224, idem), contestó la
demanda (folios 226 a 231, ídem) e intervino en las demás etapas del
proceso: audiencia inicial (folios 248 a 254, C2), audiencia de pruebas
(folios 280 a 282 idem) y presentación de alegatos de conclusión (folios
304 a 305, ídem).

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»3, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los
sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo
y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 26 de julio de 2018.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

No se emitió pronunciamiento al respecto dado que ni la entidad demandada
ni los vinculados formularon este tipo de medios de defensa. (Folio 249 y CD
obrante a folio 259, C2).

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

3 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).

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Radicado: 23001-23-33-000-2016-00136-01 (0315-2020)
Demandante: Estella Elena Contreras Machado

«[…] Determinar si es nula parcialmente la Resolución RDP002291 de 10 de mayo
de 2012, mediante la cual la parte demandada reconoció una pensión de
sobrevivientes a la actora Estella Contreras Machado en un 50% y dejó en suspenso
el porcentaje restante que le pudiera corresponder al señor Osvaldo López Gómez,
en calidad de hijo del finado. Y si son nulas las Resoluciones RDP 015899 de 19 de
diciembre de 2012, mediante la cual se excluyó de nómina de pensionados a la
actora; la Res. RDP 18518 de 7 de diciembre de 2012, mediante la cual en
cumplimiento de un fallo de tutela se reconoce a favor del señor Osvaldo López
Gómez, el pago de pensión de sobrevivientes en un 50%, con ocasión del
fallecimiento del señor Oswaldo López Garcés; la Res. 013158 de 20 de octubre de
2015, que dejó en suspenso el derecho a la pensión de sobrevivientes que se causó
como consecuencia del fallecimiento del señor López Garcés.

En consecuencia, determinar si de hallarse nulos dichos actos, le asiste derecho a la
sra Estella Contreras Machado al reconocimiento y pago del 100% de la pensión de
sobrevivientes a la que se viene haciendo mención, en calidad de compañera
permanente del causante; y el correspondiente pago del retroactivo pensional; o si
por el contrario tal derecho les asiste al señor Oswaldo López Gómez y a la señora
Lucineth Galván Segura, en calidad de hijo inválido y compañera permanente,
respectivamente.

Para resolver el litigio, planteado se deberán despejar como mínimo los siguientes
interrogantes:

1.-¿Cuáles son los requisitos para que opere la sustitución pensional de
sobrevivientes en relación con la compañera permanente; y respecto a hijos en
situación de invalidez?
2.- ¿Se encuentran probados en el sub lite los requisitos que exige la ley y la
Jurisprudencia con respecto a las señoras Estella Contreras Machado y Lucineth
Galván Segura -ambas en calidad de compañeras permanentes?
3.-Se encuentran probados los requisitos legales con respecto al señor Osvaldo
López Gómez en calidad de hijo del causante- para obtener el reconocimiento y pago
de la sustitución pensional?
4.- Examinar si es factible que en caso de salir avantes las pretensiones, se disponga
la indexación de las sumas reconocidas; y si ha operado el fenómeno de la
prescripción de las mesadas pensionales.
5.- ¿Hay lugar a condenar en costas a la parte vencida? […]» (Folios 249 a 250 y
CD que reposa a folio 259, C2).

SENTENCIA APELADA
(Folios 334 a 346, C2)

El a quo profirió sentencia escrita el 6 de septiembre de 2019 por medio de la
cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demandante, ello con
fundamento en las siguientes consideraciones:

El tribunal inicialmente destacó que la finalidad esencial de la pensión de
sobrevivientes es la protección de la familia como núcleo fundamental de la
sociedad, pues a través de dicha prestación se pretende amparar a las
personas que compartían su vida con el causante y dependían
económicamente de aquel.

Adicionalmente señaló que el requisito legal de la convivencia con el de cuius
durante los últimos 5 años anteriores al fallecimiento, busca evitar
conveniencias económicas de personas que no constituyen una verdadera
familia con vocación de permanencia, afecto, solidaridad, intención de ayuda
y socorro mutuo. Igualmente precisó al respecto que bajo la línea de
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Radicado: 23001-23-33-000-2016-00136-01 (0315-2020)
Demandante: Estella Elena Contreras Machado

intelección de la Corte Constitucional en sentencia C-1035 de 2008, en caso
de convivencia simultánea entre un cónyuge y una compañera o compañero
permanente con el causante, se debe otorgar la pensión en forma proporcional
al tiempo convivido.

A partir del material probatorio recaudado en el proceso, estimó en primer lugar
que frente al reconocimiento pensional deprecado por la señora Contreras
Machado, este solo sería posible analizarlo en cuantía de un 50% sobre el
monto total de la prestación, toda vez que el 50% restante ya fue otorgado en
cumplimiento de un fallo de tutela definitivo a favor del señor Oswaldo López
Gómez en calidad de hijo discapacitado del causante.

Con esta aclaración, señaló que en lo que respecta a la situación jurídica de
la señora Lucineth Galván Segura, quien fue vinculada a la actuación por
haber asegurado que ostentaba la calidad de compañera permanente del de
cuius, no obra prueba alguna en el expediente que permita verificar si entre
estos existió algún tipo de vínculo que le haga acreedora a una proporción
sobre el derecho pensional debatido, más aún cuando en el expediente
administrativo solo obran dos declaraciones extrajuicio sobre el particular, las
cuales no fueron ratificadas. En todo caso, lo cierto es que de las pruebas
testimoniales practicadas se extrae que los deponentes fueron coincidentes
en afirmar que no conocieron de relación sentimental alguna entre aquellos,
por lo que no es procedente ordenar el reconocimiento de la prestación a favor
de la señora Galván Segura.

Por otro lado, en lo atinente a la controversia frente a la reclamación de la
señora Estella Elena Contreras Machado, el a quo estimó que los declarantes
afirmaron con claridad que esta sí convivió con el señor Oswaldo López
Garcés por espacio de más de diez años anteriores al fallecimiento de este
último ocurrido el 18 de noviembre de 2011. Aunado a ello sostuvo que los
testigos fueron contestes en señalar que no conocieron de interrupción alguna
de dicho vínculo, y menos aún, que el causante de manera simultánea
mantuviera otra relación marital.

Destacó que a partir del acervo probatorio se extrajo que entre la demandante
y el causante se prodigaron compañía y auxilio mutuo, pues era ella quien lo
acompañó en sus últimos momentos de vida, tanto así que estuvo a su lado
durante su enfermedad para brindarle los cuidados que requería. Por lo
anterior aseguró que en la actuación se demostró que la libelista convivió con
el señor López Garcés durante más de los 5 años anteriores a su deceso, pues
así lo indicó la testigo Cecilia Arrieta Ricardo al aseverar que conoció de
aquella unión desde el año 2001, y que además en el año 2006 cuando aquel
vio afectada su salud, se mudó a la casa de la libelista, tal como esta misma
lo ratificó al momento de absolver el interrogatorio de parte.

En tal sentido destacó que los referidos medios de convicción dan cuenta de
que con anterioridad al año 2006, la referida pareja también mantenía un
vínculo con fines maritales, toda vez que la señora Contreras Machado
prestaba sus cuidados y atención al causante, y según se afirma, compartía
techo y lecho con este en el lugar donde residía inicialmente, sin que haya
lugar alguno a restar credibilidad a tal unión por el hecho de que la libelista
afirmara que iba y venía al lugar donde vivía su madre, pues, como lo
menciona, volvía todos los días a compartir con su compañero.

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Radicado: 23001-23-33-000-2016-00136-01 (0315-2020)
Demandante: Estella Elena Contreras Machado

Por lo expuesto adujo que, a la demandante le asiste el derecho a percibir el
50% restante de la pensión causada por el señor Oswaldo López Garcés, tal
como lo determinó en su momento la UGPP mediante la Resolución RDP
002291 de 10 de mayo de 2012, por lo que no habría lugar a declarar la nulidad
sobre este acto, sino frente a la Resolución RDP 015899 de 19 de noviembre
de 2012 que ordenó excluirla de nómina, así como del Auto ADP013158 de
20 de octubre de 2015 que dejó en suspenso dicha prerrogativa.

En cuanto a la excepción de prescripción, manifestó que el derecho para la
señora Contreras Machado a reclamar la prestación en comento, se concretó
a partir del 19 de noviembre de 2011 que corresponde al día siguiente al
deceso del de cuius. Seguidamente afirmó que mediante petición del 24 de
noviembre de 2011, aquella solicitó lo propio y obtuvo respuesta favorable
mediante la Resolución RDP 002291 de 10 de mayo de 2012. No obstante,
mediante Resolución RDP 015899 de 19 de noviembre de 2012, la libelista fue
excluida de nómina de pensionados y se dejó en suspenso el derecho que le
pudiera corresponder a quienes concurrieron en calidad de compañeras
permanentes hasta que se dirimiera por la jurisdicción competente la
controversia, por lo que el término de prescripción se debe empezar a
contabilizar desde la fecha de notificación de tal acto, acaecida el 20 de
diciembre de 2012.

Con base en esta precisión, planteó que como la parte activa radicó la
demanda solo hasta el 25 de abril de 2016, efectivamente estarían prescritas
las mesadas causadas con anterioridad al 25 de abril de 2013.

Acorde con estos razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió
sentencia que se resume en su parte resolutiva así: i) declaró no probada la
excepción de «presunción de legalidad del acto administrativo demandado»
respecto de la situación jurídica de la demandante, no así frente al derecho de
la señora Lucineth Galván Segura; ii) declaró la nulidad de la Resolución RDP
015899 del 19 de noviembre de 2012 y del Auto ADP 013158 del 20 de octubre
de 2015; iii) a título de restablecimiento del derecho ordenó a la demandada
reconocer y pagar a favor de la libelista en condición de compañera
permanente del causante, el 50% de la pensión de sobrevivientes efectiva a
partir del 19 de noviembre de 2011, pero con efectos fiscales desde el 25 de
abril de 2013 por prescripción trienal. Asimismo conminó a la UGPP a
descontar del valor del retroactivo a abonar, las mesadas pensionales
causadas y pagadas a la señora Contreras Machado en virtud de la Resolución
RDP 002291 del 10 de mayo de 2012 que le había concedido inicialmente
dicha prestación; iv) denegó las demás pretensiones del libelo; y v) negó el
reconocimiento del derecho pensional a favor de la señora Lucineth Galván
Segura.

RECURSOS DE APELACIÓN

Parte demandada (Folios 350 a 352, C2): formuló recurso de apelación
contra la decisión reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada a
fin de que se nieguen las pretensiones de la parte activa.

Al respecto manifestó que el tribunal de primera instancia obvió estudiar en
conjunto tanto el interrogatorio de parte como los testimonios que se rindieron
en las audiencias de pruebas, medios de convicción a partir de los cuales se
concluye que entre la demandante y el causante no existió una relación marital
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Radicado: 23001-23-33-000-2016-00136-01 (0315-2020)
Demandante: Estella Elena Contreras Machado

dentro de los últimos 5 años anteriores al fallecimiento de este último, tal como
lo exigen los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 a fin de reconocer la
prestación debatida.

Aseguró que es preciso revisar el material probatorio de acuerdo con la carga
de la prueba de que trata el artículo 167 del Código General del Proceso,
según el cual le correspondía aportar a la parte demandante toda la evidencia
que demostrara los supuestos de hecho respecto de sus pretensiones, lo cual
no ocurrió.

Al respecto, señaló que si bien se practicaron una serie de pruebas
testimoniales, los declarantes no acreditaron la convivencia entre el causante
y la señora Contreras Machado, pues no describieron a detalle las
características de la supuesta relación que sostuvieron. Adujo que una de las
deponentes fue la señora Cecilia Ricardo, quien resaltó que había conocido al
señor López Garcés desde el año 1987, y que desde el año 2001 advirtió que
la señora Estella Contreras pernoctaba en el apartamento del de cuius y que
todas las mañanas la veía irse del edificio. Asimismo, de esa declaración se
evidencia que solo desde el año 2006 la libelista vivió en el mismo lugar con
su compañero debido a su delicado estado de salud.

Por lo expuesto recalcó que la relación que en vida mantenía el causante con
la señora Contreras Machado no era constante, y tampoco se podría asumir
como una convivencia real, pues según el dicho de la testigo, la mentada
beneficiaria solo iba a dormir a la casa del primero, es decir, que sus
encuentros eran esporádicos y sin vocación de permanencia.

Añadió que frente al deponente Víctor Eugenio de la Osa Díaz, es dable
concluir que no acreditó la idoneidad a fin de dar certeza respecto de los
supuestos de hecho que interesan al proceso, pues este precisó que nunca
tuvo conocimiento de la existencia de hijos del causante, e igualmente
manifestó que al asistir a una reunión en la casa donde presuntamente el señor
López Garcés convivía con la libelista, le dijo al primero: «¡te lo tenías
calladito!», lo que implica que el referido declarante no tenía conocimiento de
esa relación amorosa a pesar de haber indicado que era de la entera confianza
del causante.

Igualmente, de la ratificación de la declaración extrajuicio rendida por el señor
Pedro María de León, destacó su referencia a que el vínculo de la referida
pareja solamente era de índole sexual, por lo que no se desprende que se
haya colmado el requisito de convivencia exigido por la norma para acceder a
esta prestación, más aún cuando del mismo interrogatorio de parte realizado
a la señora Contreras Machado esta afirmó que «iba y venía» del apartamento
del de cuius, pues pernoctaba en esa residencia y en la mañana se dirigía a la
casa de su madre para ir a trabajar. Bajo este entendido sostuvo que no se
puede colegir que existía una verdadera unión con ánimo marital entre
aquellos.

Reiteró finalmente que de conformidad con la normativa que gobierna el
derecho pensional pretendido, la exigencia fundamental para el
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes no es la dependencia
económica, ni el vínculo matrimonial, ni la existencia de una unión marital de
hecho, así como tampoco el haber procreado hijos, sino la demostración de
una convivencia ininterrumpida entre el beneficiario y el compañero o cónyuge
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Demandante: Estella Elena Contreras Machado

fallecido, esto durante los últimos 5 años de vida de aquel. Sobre el punto
aseguró que dicha circunstancia no se logró comprobar con las pruebas
testimoniales practicadas, pues los declarantes son conocían los detalles de
la intimidad de la pareja.

Parte demandante (Folios 367 a 372, C2): presentó recurso de apelación
adhesiva de manera parcial contra el fallo de primera instancia, a fin de que se
revocara la decisión de descontar del total del retroactivo, el valor de las
mesadas causadas y pagadas a la libelista en virtud de la Resolución RDP
002291 del 10 de mayo de 2012.

Sobre el punto planteó que la orden de descontar del retroactivo causado los
dineros pagados con anterioridad al 25 de abril de 2013, los cuales fueron
reconocidos en virtud del acto administrativo precitado, no fue solicitada en la
demanda ni deprecada por la UGPP en su contestación, pues dicha entidad
solo propuso la excepción de prescripción que estaba encaminada a evitar que
se generara el pago de las mesadas que se encontraban cobijadas por tal
fenómeno, no a que como consecuencia de dicha declaratoria se generara una
devolución de lo ya abonado.

Añadió que aun en el entendido de que el acto con base en el cual la libelista
recibió por algún tiempo la pensión de sobrevivientes fue demandado, ello lo
fue de manera parcial, solo en lo referente al reconocimiento del 50% que
había quedado en suspenso debido a que el señor Oswaldo López Gómez no
había acreditado su calidad de hijo discapacitado del causante. Por esta razón,
solo era procedente que se estudiara la posibilidad que dicho porcentaje
pudiera ser reconocido a la demandante en un 100%, sin que por esa razón
se hubiese habilitado al a quo para pronunciarse sobre aspectos no
formulados en el libelo ni fijados en el litigio, tal como sucede con la referida
devolución de mesadas, toda vez que al extralimitarse en este estudio se
vulnera el principio de congruencia consagrado en el artículo 281 del CGP.

Adicionalmente indicó que independientemente a la declaratoria de
prescripción, lo cierto es que las sumas de dinero que por concepto de
mesadas pensionales devengó la señora Contreras Machado con ocasión a la
Vigencia de la Resolución RDP 02291 del 10 de mayo de 2012, fueron
producto del reconocimiento que precisamente efectuó la propia entidad
demandada, sin que para la fecha en que se realizaron los respectivos abonos
se tuviera conocimiento de otras posibles beneficiarias, razón por la cual no
existe razón o fundamento jurídico que invalide la causación de tales pagos,
más aún si se tiene en cuenta que el acto administrativo en mención gozaba
de la presunción de legalidad, que técnicamente es confirmada en esta causa
judicial al haberse demostrado que la libelista era la única beneficiaria en
calidad de compañera permanente del causante.

Por último, resaltó que debe revocarse la orden en comento, en la medida en
que las mesadas reconocidas y pagadas inicialmente a la demandante están
amparadas por la garantía prevista en el artículo 164, numeral 1.°, literal c) del
CPACA que reza: «[…] no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas
a particulares de buena fe.», presupuesto que además fue respaldado por el
Consejo de Estado en sentencia del 8 de febrero de 2018.

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Demandante: Estella Elena Contreras Machado

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Parte demandada (índice 18 del registro en SAMAI): solicitó nuevamente
que se revoque la sentencia apelada. Para ello reiteró sus argumentos de
apelación y recalcó que, el material probatorio recaudado dentro del proceso
no permite determinar si la demandante y el causante mantuvieron una
convivencia ininterrumpida en los 5 años anteriores a la muerte de este último,
toda vez que no se allegaron medios de convicción idóneos que demostraran
con suficiencia tal unión que es el requisito sine qua non a fin de reconocer
una prestación como la reclamada.

Parte demandante (índice 21 del registro en SAMAI): instó que se confirme
la providencia recurrida, a excepción del ordinal tercero frente al cual deprecó
la revocatoria parcial, en punto a la orden de descuento de mesadas pagadas
sobre el valor del retroactivo adeudado. Frente a la declaración de la señora
Cecilia Esther Arrieta Ricardo, adujo que contrario a lo considerado por la
UGPP, la testigo sí da cuenta de la relación de convivencia que sostuvieron el
causante y la libelista, pues relató con naturalidad y espontaneidad los hechos
que enmarcaron dicha relación desde sus inicios y hasta el final, al punto de
que en su dicho narró situaciones relacionadas con el cuidado que le brindó la
señora Contreras Machado al señor López Garcés, tanto así que desde el año
2006 ambos se mudaron a la residencia de la primera donde convivió con
aquel hasta el día de su muerte.

Añadió que lo propio se extrae de las manifestaciones efectuadas por los
demás deponentes, así como de la diversa documentación recaudada en la
actuación que permiten extraer cómo se consolidó esa relación de apoyo
mutuo por más de 10 años entre el de cuius y la demandante, situación que
permite acreditar la satisfacción del requisito legal para acceder al
reconocimiento y pago de la prestación debatida.

Frente a la solicitud de revocatoria de la orden de descuento de mesadas
causadas y pagadas, la parte activa reprodujo en su totalidad los mismos
argumentos esbozados en el recurso de alzada.

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal según
constancia visible a folio 396 del cuaderno 2.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos. De igual
forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de
segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en las respectivas alzadas, toda vez que no se impugnó la totalidad
del fallo. En el presente caso los mentados recursos fueron presentados por
las partes demandante y demandada, sin que los vinculados hubieran hecho
lo propio.

Problema jurídico

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En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se circunscribe
a los motivos de impugnación de las partes apelantes, los cuales se resumen
en las siguientes preguntas:

¿La señora Estella Elena Contreras Machado en calidad de compañera
permanente del señor Oswaldo López Garcés, acreditó el cumplimiento del
requisito de tiempo de convivencia anterior al fallecimiento del causante
conforme a los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, así como de las demás
exigencias previstas en dicha normativa, y en consecuencia, tiene derecho a
que le sea reconocida la sustitución del 50% del valor total de la pensión de
jubilación que aquel percibía?

En caso afirmativo,

¿Debe ordenarse el descuento sobre el retroactivo adeudado de las mesadas
causadas y pagadas a favor de la libelista en virtud de la Resolución RDP
002291 del 10 de mayo de 2012, por medio de la cual inicialmente la UGPP
le había reconocido aquel derecho prestacional?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: la demandante sí demostró
los requisitos legales para consolidar el derecho a que le sea reconocida la
sustitución pensional en litigio en un 50% del valor total de la prestación. No
obstante, no debía ordenarse el descuento de mesadas abonadas sobre el
monto del retroactivo adeudado, dado que este se reconoce por prescripción
en una fecha posterior al momento en que aquella ya había sido retirada de
la nómina de pensionados, tal como se explica a continuación:

➢ Marco normativo de la pensión de sobrevivientes

Conforme al artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social es un
derecho fundamental y un servicio público obligatorio que se presta bajo la
dirección, coordinación y control del Estado, ello con observancia de los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
determine la ley.

A través de la Ley 100 de 1993, el Legislador organizó el Sistema de Seguridad
Social Integral. En lo relativo el régimen de pensiones, su objetivo fue
garantizar a la población el amparo contra las eventualidades derivadas de la
vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y
prestaciones que se determinan en la citada norma.

Así pues, con la finalidad de atender la contingencia derivada de la muerte, se
previó de manera general la denominada pensión de sobrevivientes como una
prestación dirigida a suplir la ausencia repentina del apoyo económico que
brindaba el afiliado al grupo familiar y, por ende, evitar que su deceso se
traduzca en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia
de las personas beneficiarias de dicha prestación. Es decir, su reconocimiento
se fundamenta en normas de carácter público y constituye un desarrollo del
principio de solidaridad.

Sobre el punto, la Corte Constitucional en sentencia C-1094 de 2003, expuso:

«[…] Por su parte, el legislador ha dispuesto que el sistema general de
pensiones tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las

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contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el
reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en ley, así
como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos
de población no cubiertos con un sistema de pensiones.

La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos
instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad
social antes mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la
protección de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte
que las personas que dependían económicamente del causante puedan
seguir atendiendo sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la
situación social y económica con que contaban en vida del pensionado o
afiliado que ha fallecido. Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un
determinado orden de prelación, las personas más cercanas y que más
dependían del causante y compartía con él su vida, reciban una pensión para
satisfacer sus necesidades. […]» .

En cuanto a la normativa que debe gobernar la pensión de sobrevivientes o
sustitutiva en cada caso concreto, esta Subsección en diferentes
oportunidades4 ha considerado que la regulación aplicable debe ser la vigente
al momento del fallecimiento del causante. Bajo esta precisión, si se tiene en
cuenta que la muerte del señor Oswaldo López Garcés ocurrió el 18 de
noviembre de 20115, resultaría evidente que la Ley 100 de 1993 en sus
artículos 46 y 47 (modificados por la Ley 797 de 2003), corresponderían al
marco legal que rige efectivamente el análisis del asunto sub lite. Los cánones
en comento preceptúan lo siguiente:

«[…] Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de
sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por
riesgo común que fallezca y,
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre
y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos
años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes
condiciones:

a) <Literal INEXEQUIBLE>
b) <Literal INEXEQUIBLE>

PARÁGRAFO 1o. Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas
mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento,
sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión
de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los
beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a
la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley.

El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que a partir de la vigencia
de la Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este parágrafo será del
80% del monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez.

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo INEXEQUIBLE>.

4 Ver, entre otras, sentencias del 10 de noviembre de 2005. Exp. No.3496-04. y del 2 de octubre de 2008.

Exp. No. 2638-2014.
5 De conformidad con el Registro Civil de Defunción visible a folio 30 del cuaderno 1.

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Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de
la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera
o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo
vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido
no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante,
tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La
pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración
máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para
obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el
causante aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera
permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir
parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha
pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con
el fallecido.

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del
fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero
permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será
la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene
vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o
compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente
al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante
siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge
con la cual existe la sociedad conyugal vigente;

c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25
años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían
económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando
acrediten debidamente su condición de estudiantes y, los hijos inválidos si
dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos
adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar
cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley
100 de 1993; […]».

Conforme a la normativa en cita, se infiere que en lo que respecta a los titulares
de la prestación en litigio, estos corresponden a los miembros del núcleo
familiar del pensionado por vejez o del afiliado a determinada entidad de
previsión que fallezca, los cuales en todo caso se dividen en tres grupos de
beneficiarios que se excluyen entre sí y que pueden ser catalogados de la
siguiente forma: «[…] (i) cónyuge o compañera permanente e hijos con derecho; (ii)
padres con derecho; y (iii) hermanos con derecho. […]» 6. (Negrilla conforme a la
transcripción).

6 Este planteamiento deviene de la sentencia proferida por esta Subsección el 12 de noviembre de 2020

en el proceso con número interno 5013-2019.

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En efecto, la referida normativa prevé los siguientes escenarios respecto al
cónyuge o compañero permanente, que se pueden sintetizar así:

Modalidad
Beneficiario Causante de la Condiciones
pensión
Cónyuge o Edad cumplida al momento del
Compañero Afiliado o fallecimiento y demuestre vida
Vitalicia
permanente mayor pensionado marital durante los 5 años anteriores
de 30 años de edad. a la muerte.
Cónyuge o
Compañero Afiliado o Temporal-20 No haber procreado hijos con el
permanente menor pensionado años- causante.
de 30 años de edad.
Cónyuge o Haber procreado hijos con el
Compañero Afiliado o causante y demuestre vida marital
Vitalicia
permanente menor pensionado durante los 5 años anteriores a la
de 30 años de edad. muerte.
Compañero Sociedad anterior conyugal no
Pensionado Cuota parte
permanente disuelta.
Cónyuge y
Afiliado o Partes Convivencia simultánea durante los
Compañero
pensionado iguales 5 años anteriores a la muerte.
permanente7
Inexistencia de convivencia
Cónyuge con simultánea, acreditación por parte
separación de hecho Afiliado o Partes del cónyuge de la separación de
y compañero pensionado iguales hecho, compañero permanente con
permanente convivencia durante los 5 años
anteriores a la muerte.

Por otro lado, vale la pena precisar que frente al requisito de convivencia para
determinar la calidad de beneficiario de la prerrogativa bajo estudio, debe
acreditarse la vocación de estabilidad y permanencia. Por lo tanto, no se tienen
en cuenta aquellas relaciones casuales, circunstanciales, incidentales,
ocasionales, esporádicas o accidentales que haya podido tener en vida el
fallecido pensionado. Asimismo, se precisa que respecto de la separación de
hecho, esta figura hace referencia a aquel distanciamiento físico de cuerpos o
suspensión de la vida en común entre los cónyuges que no haya sido
declarada judicialmente8.

En tal sentido, cobra vital importancia verificar el cabal cumplimiento del
requisito consagrado en el artículo 47, literal a) de la Ley 100 de 1993, esto
para determinar qué persona tiene derecho a la sustitución pensional sin tener
que verificar aspectos relacionados con la voluntad del jubilado o las

7 Es pertinente tener en cuenta que si bien en el inciso tercero del literal b) del artículo 47 de la Ley 100
señala que en caso de convivencia simultánea los últimos 5 años, será beneficiario de la pensión de
sobrevivientes el esposo o la esposa, ese aparte fue declarado condicionalmente exequible por la Corte
Constitucional mediante la Sentencia C-1035 de 2008, bajo el siguiente tenor literal:

«[…] PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE, únicamente por los cargos analizados, la expresión "En caso de
convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge
y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de
sobreviviente será la esposa o el esposo" contenida en el literal b del artículo 13 de la Ley 797 de 2003,
que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en el entendido de que además de la esposa o esposo,
serán también beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que dicha pensión se dividirá
entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido […]» (Subraya la Sala).
8 Corte Constitucional sentencia C-336 de 2014.

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condiciones hereditarias de sus causahabientes. Por ello, en el caso de las
reclamaciones prestacionales de una cónyuge o compañera permanente, e
incluso de ambas, es un factor determinante, «[…] el compromiso efectivo y de
comprensión mutua de la pareja existente entre la pareja, al momento de la muerte
de uno de sus integrantes […]» 9.

Asimismo, en la citada providencia se reitera lo considerado en la sentencia
C-389 de 199610, en cuanto a que en la normativa nacional se prioriza un
criterio material, esto es, la convivencia efectiva al momento de la muerte del
de cuius por un término no menor de 5 años, ello como elemento indispensable
para determinar quién es el beneficiario de la sustitución pensional y si en
efecto había consolidado o no tal prerrogativa.

Por otro lado, la Subsección resalta que tanto la pensión de sobrevivientes
como la sustitución pensional a las que se ha hecho referencia, equivalen en
realidad a una prestación periódica que tiene en ambos casos la misma
finalidad, esto es, cubrir la contingencia económica de la familia de un
pensionado o de un afiliado sin el derecho consolidado cuando este fallece.

No obstante, la aludida diferencia en cuanto a la condición en la que se
encuentre el de cuius, resulta ser esencial para denotar la divergencia en la
causa del derecho, tanto así que cada evento se contempla como requisito
independiente para la estructuración de la prerrogativa, pues lo propio se
verifica respectivamente en los numerales 1.° y 2.° del artículo 46 de la Ley
100 de 1993.

En el primer caso, se contempla la sustitución pensional como aquella
prestación que se le otorga al núcleo familiar de quien fallece bajo cualquiera
de los siguientes supuestos: i) que sea jubilado con el derecho formal y
expresamente reconocido mediante acto administrativo, o ii) que sea afiliado
con acreditación efectiva de los requisitos legalmente exigibles para tener
como estructurado su respectivo estatus jurídico. Por su parte, el segundo
precepto normativo hace alusión a la pensión de sobrevivientes, la cual se
define como la prerrogativa económica que se concede a los beneficiarios del
afiliado no pensionado que muere sin cumplir con los requerimientos mínimos
para obtener la pensión11.

Acorde con lo expuesto, se torna patente que el derecho en litigio en el caso
sub iudice es la sustitución pensional derivada de la muerte del señor Oswaldo
López Garcés, esto en la medida en que según lo planteado anteriormente,
aquel al momento de su fallecimiento (18 de noviembre de 2011), tenía
efectivamente reconocida la pensión de jubilación otorgada por la UGPP
conforme a la Resolución 12380 del 17 de octubre de 1986 (ver folio 21, C3),
la cual se había condicionado en cuanto a su efectividad a la demostración del
retiro definitivo del servicio.

➢ De la situación particular de la libelista

9 Ibidem.
10
Corte Constitucional. Sentencia del 26 de agosto de 1996. Referencia: Expediente D-1148.
11 Esta postura jurídica se ha desarrollado y confirmado en recientes sentencias proferidas por esta

misma Subsección de fechas: 12 de noviembre de 2020, radicado: 25000-23-42-000-2017-00772-
01(5013-19) y 21 de enero de 2021, radicado: 73001-23-33-000-2015-00165-01(5095-18).

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Inicialmente, se destaca que en atención a la competencia del ad quem fijada
a partir de los motivos de inconformidad de las partes apelantes, esto es, la
libelista y la entidad demandada, claramente la discusión en punto al
reconocimiento de la sustitución pensional bajo examen, debe recaer solo
frente a la señora Contreras Machado y no respecto de los sujetos vinculados
a esta actuación, como lo son la señora Lucineth Galván Segura y el señor
Oswaldo López Gómez, toda vez que estos no formularon impugnación alguna
sobre lo resuelto en su caso por el a quo.

Ahora, luego de la anterior precisión, resulta necesario analizar el acervo
probatorio recaudado y practicado, que sea relevante en el presente proceso
a fin de evidenciar cuáles fueron las condiciones factuales sobre las que tuvo
lugar la relación entre la demandante y el causante, ello con el ánimo de
determinar no solo la calidad de beneficiaria de la primera, sino también la
concreción del derecho en litigio que es lo que discute la autoridad
demandada.

Al respecto se observa que en el expediente reposan las siguientes pruebas
documentales para la resolución de la controversia:

Escrito del 9 de julio de 2010 signado por el causante y dirigido al gerente del
Patrimonio Autónomo Buenfuturo, a través del cual aporta la documentación
necesaria para que en caso de su deceso, la pensión de jubilación que le fue
reconocida en virtud de la Resolución 12380 del 17 de octubre de 1986, fuera
traspasada a la señora Estella Contreras Machado a quien reconoció
expresamente como su compañera permanente. (Folio 31, C1).

Oficio PABF-CDP-2010-98929 del 15 de septiembre de 2010 suscrito por la
directora jurídica de la unidad de gestión del Patrimonio Autónomo Buenfuturo,
con el que se confirma el recibido del mentado escrito del de cuius en el siguiente
sentido: «[…] Acuso recibo de la declaración de designación como beneficiaria de
sustitución de su pensión a la señora Estella Contreras Machado, identificada con cédula
de ciudadanía No. 50893433, y de manera atenta le informo que los documentos se
anexarán al expediente y se tendrán en cuenta por la entidad en la debida oportunidad.
[…]». (Folio 33, C1).

Declaración extraprocesal rendida en conjunto por el señor López Garcés y por la
libelista ante la Notaría Segunda del Círculo de Montería el 9 de julio de 2010, a
través de la cual aquellos manifestaron lo siguiente: «[…] hacemos vida marital de
hecho entre sí desde hace más de diez (10) años, bajo el mismo techo, durante los cuales
la compareciente ha dependido y depende del otro compareciente económicamente. Que
no han tenido ni tienen descendencia. Que el compareciente siempre ha sostenido el hogar
cubriendo los gastos domésticos tanto en la habitación como en el vestuario, la
alimentación y la salud. Que la compareciente no recibe salario ni pensión, ni renta,
conforme lo indica el Art. 25 de la Ley 962 de 2005. Así lo dijeron y suscribieron, por ante
mí y conmigo, el Notario que doy fe. […]». (Folio 32, C1).

Declaración extrajudicial juramentada rendida por el señor Pedro María de León
Pompo ante el notario primero de Montería el 2 de diciembre de 2010, en la que
el primero indicó lo siguiente: «[…] que conozco de vista, trato y comunicación al señor
OSWALDO LÓPEZ GARCÉS, quien se identifica con la CC. No. 3.792.773 de Cartagena,
quien reside en la carrera 30ª No. 9 27 urbanización VILLA ANA 2 en la ciudad de Montería,
desde hace mas de (40) años, tengo conocimiento y me consta que convive en unión
marital de hecho con la señora ESTELA CONTRERAS MACHADO, desde hace más de
(10) años, unión en la cual no ha habido ni hay descendencia, la pareja viven (sic) bajo el
mismo techo en la dirección antes mencionada, tengo conocimiento y me consta que la
señora ESTELA CONTRERAS MACHADO depende económicamente de su compañero y

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este le suministra a ella todos los recursos económicos para su subsistencia. […]».
(Mayúscula de acuerdo con el texto. Folio 35, C1).

Declaración extrajudicial juramentada rendida por el señor Antonio José Zuluaga
Cuello ante el notario primero de Montería el 2 de diciembre de 2010, en la que el
primero indicó lo siguiente: «[…] que conozco de vista, trato y comunicación al señor
OSWALDO LÓPEZ GARCÉS, quien se identifica con la CC. No. 3.792.773 de Cartagena,
quien reside en la carrera 30ª No. 9 27 urbanización VILLA ANA 2 en la ciudad de Montería,
desde hace más de (30) años, tengo conocimiento y me consta que convive en unión
marital de hecho con la señora ESTELA CONTRERAS MACHADO, desde hace más de
(10) años, unión en la cual no ha habido ni hay descendencia, la pareja viven (sic) bajo el
mismo techo en la dirección antes mencionada, tengo conocimiento y me consta que la
señora ESTELA CONTRERAS MACHADO depende económicamente de su compañero y
este le suministra a ella todos los recursos económicos para su subsistencia. […]».
(Mayúscula conforme a la transcripción. Folio 36, C1).

Registro civil de defunción del señor Oswaldo López Garcés en el que consta que
aquel falleció el día 18 de noviembre de 2011. (Folio 30, C1).

Certificado emitido el 22 de noviembre de 2011 por el gerente de la Funeraria
Auxilia Exequiales Ltda., en el que se indica que la señora Estella Contreras
Machado pagó un servicio fúnebre para la atención del cuerpo del fallecido
Oswaldo López Garcés por un valor de $3.605.000. (Folio 42, C1).

Resolución RDP 002291 del 10 de mayo de 2012 expedida por la UGPP, en virtud
de la cual se reconoció a favor de la demandante en calidad de compañera
permanente del causante, una pensión de sobrevivientes en cuantía del 50% del
valor total de la prestación que le había sido reconocida a aquel conforme a la
Resolución 12380 del 17 de octubre de 1986, lo anterior con efectividad desde el
19 de noviembre de 2011. Igualmente, a través de este acto administrativo se dejó
en suspenso el restante 50% del aludido derecho a favor del señor Oswaldo López
Gómez en calidad de hijo discapacitado del referido de cuius, ello hasta tanto se
allegara el dictamen expedido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez,
sentencia de interdicción judicial y acta de posesión de la curadora de dicho
beneficiario. (Folios 49 a 55, C1).

Resolución RDP 015899 del 19 de noviembre de 2012 por medio de la cual la
entidad demandada negó el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a
favor de la señora Lucyneth Galván Segura, quien aducía ser compañera
permanente del señor López Garcés. Asimismo ordenó excluir de nómina de
pensionados a la señora Estella Elena Contreras Machado y nuevamente dejó en
suspenso el respectivo derecho que podría corresponder al señor Oswaldo López
Gómez. Para adoptar esta decisión, la entidad demandada planteó la siguiente
motivación: «[...] De acuerdo a la declaraciones aportadas se evidencia que las señoras
GALVAN SEGURA LUCYNETH y CONTRERAS MACHADO ESTELLA ELENA tuvieron
convivencia simultánea con el causante, en calidad de COMPAÑERAS PERMANENTES.
[…] De conformidad con lo anterior y en virtud de que esta Entidad que es de carácter
eminentemente administrativa no tiene facultades para evaluar pruebas allegadas al
expediente administrativo por lo anterior hasta tanto la justicia ordinaria no dirima dicho
conflicto esta entidad no procede a reconocer prestación alguna.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto debe negarse la pensión de sobrevivientes a la
señora GALVAN SEGURA LUCYNETH ya identificada, y debe ser excluida de nómina la
señora CONTRERAS MACHADO ESTELLA ELENA ya identificada hasta tanto la justicia
ordinaria dirima el conflicto entre las solicitantes en calidad de COMPAÑERAS
PERMANENTES. […]». (Mayúscula del texto original. Folios 62 a 66, C1).

Certificación suscrita el 29 de enero de 2014 por el médico neurólogo Julio César
Villalobos Comas, según la cual se indica que: «[…] El señor OSWALDO LÓPEZ
GARCÉS (q.e.p.d) quien en vida se identificó con la cedula de ciudadanía No. 3'782.773

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Radicado: 23001-23-33-000-2016-00136-01 (0315-2020)
Demandante: Estella Elena Contreras Machado

de Cartagena (Bolívar) quien padeció de la enfermedad de PARKINSON, lo atendí y traté
particularmente por mucho tiempo con los medicamento LEVODOPA-CARDIDOPA25 mg
1250 y AMANTADINA DE 100 mg tomándose una tableta diaria con un control de cada 45
días. También declaro que tal atención médica la llevaba a cabo en el Centro Médico
Neurológico Integral de Córdoba de esta ciudad, ubicado en la calle 28 No 10-21 de
Montería, consulta a la cual siempre iba acompañado de su compañera permanente
ESTELLA CONTRERAS MACHADO, identificada con la cédula de ciudadanía No
50'893433 de Montería, estado civil que confió él durante la anamnesis que le llevé a cabo
en una de sus citas médicas y me ratificó la misma señora. […]». (Negrilla y mayúscula
según la transcripción. Folio 92, C1).

Acta de audiencia celebrada el 15 de septiembre de 2014 por el Juzgado Tercero
Penal de Descongestión con Funciones de Conocimiento del Circuito de Montería,
ello en el proceso penal con radicado 11001600005020130485000 que se inició
por la denuncia efectuada por la UGPP contra la señora Estella Elena Contreras
Machado y los señores Antonio Julio Montes de la Ossa y Víctor Eugenio de la
Ossa Díaz, por la supuesta comisión de los delitos de falso testimonio, fraude
procesal y estafa en grado de tentativa (folio 91, C1). En esta diligencia se resolvió
precluir la investigación por solicitud expresa de la Fiscalía 29 Seccional de
Montería bajo la causal de atipicidad de la conducta (folios 83 a 87, C1).

También se practicaron en primera instancia los siguientes testimonios,
ratificaciones de declaraciones extraprocesales y declaración de parte, de los
cuales, procede la Subsección a efectuar un resumen:

Ratificación de declaración extrajudicial del señor Pedro María de León
Pombo. (Archivo de video que se encuentra en el CD visible a folio 284
del cuaderno 2).

«[…] Preguntado: manifieste si usted conoció al señor Oswaldo López
Garcés, indicando desde cuándo y qué trato tuvo con él. Contestó: lo conocí
desde la universidad, o sea, hace más de cincuenta años y tuvimos una
amistad muy íntima, bastante bastante íntima que creo que no la he tenido con
otra persona Preguntado: ¿conoce usted con quién y por cuánto tiempo
convivió o hizo vida marital el finado señor Oswaldo López Garcés?, en caso
afirmativo, indique el nombre de la compañera o cónyuge de aquel Contestó:
bueno, yo como amigo íntimo de él sabía que ellos tenían relaciones íntimas
o sexuales desde antes del año 2000, porque yo lo visitaba mucho en su
oficina que a la vez era su apartamento donde vivía, y ahí por la amistad que
teníamos me contó de esa relación que tenía y yo también lo supe porque la
misma Estella Contreras me lo contó, y muchas veces hablé con ellos en ese
lugar. Preguntado: Sírvase manifestar durante cuánto tiempo le consta que
tuvieron esa relación Contestó: como más de 10 años quizás, porque del
apartamento donde él vivió, se mudaron para la casa de ella y allá estuve yo
con mi señora visitándolos muchas veces. […]».

Ratificación de declaración extrajudicial del señor Antonio José Zuluaga
Cuello. (Archivo de video que se encuentra en el CD visible a folio 284 del
cuaderno 2).

«[…] Preguntado: sírvase manifestar si usted conoció al señor Oswaldo
López Garcés. En caso tal diga desde hace cuánto lo conoció y qué trato tuvo
con él Contestó: Sí, lo conocí porque yo tenía la oficina de los pensionados
de comunicaciones en la calle veintinueve con carrera primera y segunda
frente al Banco Popular, allí hay un edificio pequeño de cuatro pisos, en el
segundo piso alquilé para tener la oficina de los pensionados y allí estaba el
doctor López alquilado y vivía allí. Ahí conocí a la señora Estella que iba
permanentemente, ella trabajaba en el edificio Bancoquia, pero venia

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Demandante: Estella Elena Contreras Machado

permanente a la oficina del doctor López allí en la calle veintinueve, que él era
el marido de ella. Preguntado: sírvase manifestar, ya que usted ha afirmado
que conoce a la señora Estella Contrera Machado, o se refiere al señor
Oswaldo López como el marido de la señora Estella, sírvase manifestar,
¿cuánto tiempo tuvo dicha relación, cuánto tiempo le consta a usted que duró
dicha relación? Contestó: eso fue bastante tiempo, fueron varios años, no sé
cuántos pero fueron varios años, por ahí como unos 8 o 10 años Preguntado:
sírvase manifestar si la relación del señor Oswaldo López Garcés con la
señora Estella Contreras Machado obedecía a que ellos hubieran contraído
matrimonio o mantuvieran otro tipo de relación, si eran compañeros, ¿qué tipo
de relación? Contestó: no, eran compañeros básicamente, matrimonio no,
eran compañeros. Preguntado: sírvase manifestar, si usted sabe, si la citada
señora que usted manifiesta era compañera, dependía económicamente del
señor Oswaldo López Garcés, en caso tal, ¿por qué le consta? Contestó: no,
ella vivía con él, pero ella trabajaba. Él le daba pero ella también aportaba,
porque ellos no vivían juntos en ese momento, porque después él si se fue a
vivir con ella, inclusive murió viviendo con ella.

Testimonio de la señora Cecilia Esther Arrieta Ricardo. (Archivo de video
que se encuentra en el CD visible a folio 284 del cuaderno 2).

«[…] Preguntada: ¿Qué puede usted contarle al despacho aparte de lo que
ya manifestó acerca de esa relación, que más puede usted contarnos?.
Contestó: Que yo a partir del 2001 más o menos, yo llegaba de misa a las
seis y media de la mañana, para las siete de la mañana cuando yo llegaba
Estelita salía, yo me fui conociendo más y más con ella y ahí fuimos teniendo
vínculo de vecina, como lo tenía con el doctor López, era mi único vecino que
yo tenía, yo no tenía más vecino. Preguntada: ¿Alrededor de cuanto duro esa
relación de la señora Estella con el señor Oswaldo? Contestó: Imagínese
usted eso fue una relación de años atrás, yo comienzo ya a ver la cosa en
firme como desde el 2001, ya yo veía que la jovencita entraba salía y
amanecía con él, porque si yo me la encontraba bajando las escaleras y yo
subiendo, lógico ella bajaba del apartamento del doctor. Preguntada: Que
conocimiento tiene usted de la duración de esa relación en ese apartamento
ahí donde usted vive, en el edificio donde usted vive. Contestó: Bueno para
mí la relación de esa niña con el doctor López fue de varios años porque yo
de conocer a esa niña tengo más de 20 años de conocerla Preguntada: Sabe
usted hasta cuando duro esa relación de la señora Estella con el señor
Oswaldo. Contestó: Esa relación duró hasta que él se murió, por qué razón
le digo yo hasta que él se murió, porque a ese señor le dio creo que una
enfermedad que las manos le temblaban, párkinson, ese señor estaba ahí y
ella amanecía con él, pero como ella se iba a trabajar ella me pedía el favor a
mí, me decía señora tenga la amabilidad y me le da vuelta al doctor, y como
era mi único vecino que yo tenía, yo bajaba y le daba los buenos días y a
veces hasta el tinto le llevaba. Por ahí, eso del 2006 ya él se agravó y el
hombre se agravó y nos tocó bajarlo a él por qué casi no podía caminar, entre
Estella y yo y otra señora que a veces se quedaba ahí cuidándole.
Preguntada: Cuando usted dice se agravó ¿a qué se refiere? Contestó:
Bueno que ya de ahí salió el para la clínica y de la clínica se lo llevo Estella
para su casa, y por eso sé que él no pudo vivir más allí porque él no quería
salir de ahí, yo le decía doctor usted que hace aquí, mientras Estella viene
usted puede morirse solo y el día que el doctor le dio un desmayo le echó un
pasador a la puerta por dentro y nosotras tuvimos que romperle la puerta
porque la llave a estela no le servía, y todo eso me acuerdo yo en el 2006 que
sucedió eso. Preguntada: En su relato, o en su declaración a lo largo de ella,
usted ha manifestado en sus palabras que el finado señor Oswaldo López
tenía una relación con la demandante, la señora Estella Contreras, sírvase
aclararle a esta judicatura, esa relación a la que usted aduce, de qué tipo de

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Demandante: Estella Elena Contreras Machado

relación era, es decir, si era laboral, porque la señora Estella lo cuidaba, si era
de mantenimiento de su hogar donde él vivía, o qué tipo de relación era ésta
a la que usted se refiere. Contestó: a lo que yo me refiero es que ella era la
mujer de él porque ella amanecía con él. Preguntada: En su relato manifestó
que el señor López padeció una enfermedad y que posteriormente él se fue a
vivir a otro lugar, puede indicarle usted al despacho ¿a qué lugar se refiere?
Contestó: Cuando el doctor se enferma él se va para la casa de Estella, no
sé, dónde vivía la mama, ella lo saco de ahí del apartamento, por que
anteriormente el doctor no quería salir del apartamento, entonces ella se veía
obligada a dormir allí porque ajá, era su mujercita, ella lo cuidaba y lo
acompañaba y era su mujer de eso si tengo yo bien claro. Preguntada: Dígale
a este despacho si sabe y le consta y por qué le consta, si esa relación fue
publica, fue continua, es decir que nunca hubo brechas donde se separaron,
es decir, si esta relación fue permanente, si lo sabe dígale a este despacho
desde cuándo y hasta cuándo. Contestó: Yo conocí esa niña fijo con el doctor
ahí desde el 2001, 2002, esa relación duro hasta cuando el doctor murió,
porque ella cuando el doctor se agrava en el año 2006, ella se lo lleva para la
clínica y de ahí lo saca y se van a vivir a otra parte ya porque él no se podía
quedar solo. Preguntada: ¿En qué lugar vive o vivió usted que según su relato
que igualmente en vida vivió el señor Oswaldo López Garcés, usted se refiere
a un apartamento, donde queda ubicado ese edificio? Contestó: Yo vivo en
la calle veintinueve en el edificio que queda en todo el frente del Banco Popular
en el 4 piso, y el doctor López vivía en el segundo piso, inclusive ese edificio
no tenía agua la única persona que tenía agua era yo y él me pagaba el agua,
y después ¿cómo me doy cuenta yo que Estela frecuenta como marido y
mujer?, porque ella era la que me pagaba el agua, ella me llevaba los 20 mil
pesos todos los meses. […]».

Testimonio del señor Víctor Eugenio de la Ossa Díaz. (Archivo de video
que se encuentra en el CD visible a folio 284 del cuaderno 2).

«[…] Preguntado: sírvase indicar al Despacho el conocimiento que usted
tiene acerca de la relación que tuvo la señora Estella Contreras con el doctor
Oswaldo López Garcés Contestó: conozco perfectamente la relación
existente entre el doctor Oswaldo López Garcés y la señora Estella Contreras
desde hace más de 20 años. Empezando por el señor Oswaldo López Garcés,
lo conocí en el año de 1985, 1986 cuando yo me desempeñaba como juez
promiscuo municipal de Puerto Escondido. Lo conocí por intermedio del señor
Dagoberto Garcés Núñez que en ese momento era el alcalde municipal de esa
localidad. Yo me desempeñaba como juez promiscuo. Ahí conocí al doctor
Oswaldo López Garcés que se desempeñaba en ese entonces como juez de
instrucción criminal ambulante. Allá tenía amistad con el alcalde y él me lo
presentó, que era un primo y ahí nació la relación entre nosotros, en el año 85
86 más o menos. En el año 87 fui trasladado como juez de instrucción criminal
de aquí de Montería. Cuando llego a Montería, me encuentro con que el doctor
Oswaldo López es muy amigo del doctor Diego Roberto de la Ossa Velásquez
que era mi primo hermano que en paz descanse que lo mataron hace cuatro
o cinco años y eso incrementó nuestra amistad. Yo visitaba con mucha
frecuencia la oficina del doctor Oswaldo López, que queda aquí en la segunda,
entre veintiocho y veintinueve, segundo piso o tercer piso si no estoy mal. 306
creo que era la oficina y ahí conocí a Estellita, te estoy hablando de hace más
de 20 años. Toda la vida ha tenido una relación muy cordial con mi persona,
muy cariñosa, casualmente la conocí como secretaria del doctor Oswaldo
López. Después el doctor Oswaldo López, cuando yo llegue a montería
acababa de pensionarse y estaba viviendo en una oficina frente al banco
popular yo iba a visitarlo y ahí yo veía a Estella. Después lo vi muchas veces
en los bancos, vi siempre acompañado a Estella con Oswaldo, a las citas
médicas, como era amigo mío le decía mira, se rumoraba que ya convivían,

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Radicado: 23001-23-33-000-2016-00136-01 (0315-2020)
Demandante: Estella Elena Contreras Machado

pero yo lo puse en duda, como él era soltero supuestamente, yo no le conocí
familia jamás, ni nunca tocó el tema de familia, ni nunca supe que tuvo hijos,
ni que había sido casado, ese tema no lo tocaba él, pero si se rumoraba que
tenía una relación con Estella. Me nombran juez de instrucción fiscal en Cereté
después fui fiscal en Ayapel, perdimos el contacto con el doctor Oswaldo lopez
y Estella, fueron 3 o 4 años, ya había sido trasladado aquí a Montería me
encuentro con Estella, y me dice lo vine a buscar doctor para decirle que
Oswaldito me lo lleve para la casa, vive conmigo en la casa, entonces quiere
verlo y saludarlo, ese día fuimos a la casa de Estella que queda por donde
queda Sanchopan, estuvieron varias personas, tomamos whisky. Cuando yo
llego lo encontré bien tenido, me alegro mucho que lo encontré limpiecito
impecable con su pijama puestecita, una persona bien atendida, y cuando yo
lo veo, le digo la tenías callada, él sonrió y me hizo un gesto que sí, le puedo
dar fe, con todo, bajo la gravedad de juramento que eso pasó así. Departimos
ese día y todos ya sabíamos que era la mujer de él, la que lo atendía, me
mostró el cuarto donde dormían, las habitaciones bien arregladitas, la casa
bien bonita, y yo digo, bueno excelente me pareció esto, porque o me
preocupaba mucho que él vivía solito ahí, ahí podía morirse de un infarto. A
eso fuimos varias veces, 3 o 4 veces, eso está documentado, Estellita tiene
fotografías. Es más, yo le dije a él, Oswaldo, antes de morirte no dejes a esta
niña en la calle, trata de solucionarle, que le quede la pensioncita a ella y
Álvarez Machacón también estaba ahí, el doctor Montes de la Ossa que era
mi pariente lejano que también estaba ahí, que también le dijo, porque
estábamos interesados en que ayudara a esta niña que se había sacrificado
tantos años con él porque yo sé doctor que desde que él vivía ahí ella lo
atendía y ya se rumoraba que eran marido y mujer, porque yo lo veo, ella se
sentaba en las piernas, lo afeitaba, lo atendía, la droga a su tiempo, entonces
por eso me consta y le doy fe de que las cosas son como se las estoy diciendo,
es más el día en que el murió yo estuve en su entierro y las personas se
acercaban era a darle el pésame a ella a Estela, a la señora, ella fue la que
vino y pago la funeraria, todos los servicios funerarios, ese día fue que yo me
enteré que él tenía uno o dos hijos y que una mujer, que había sido casado,
no tenía conocimiento, entonces después que pasó eso nos denuncian,
automáticamente nos precluyeron la investigación porque documentamos
todo, nosotros no estamos echando mentiras, ahora acabo de enterarme que
una señora presentó otros hechos diciendo que él murió en Ralito, entonces
ahí sí le dije ya a las niñas, a Estellita y todo que me busquen esa
documentación porque eso hay que denunciarlo penalmente, no se pueden
echar mentiras en esas cosas. Preguntado: sírvase manifestarle al
Despacho, si usted aparte de todo lo que ya manifestó, si usted tiene
conocimiento de los extremos temporales que pudo durar esa relación de la
señora Estella con el doctor Oswaldo. Contestó: por la información que
obtuve posteriormente y que se sonaba que convivían ahí más de 10 años
muchos más de 10 años y allá en la casa, 6, 7 años, más de 5 años. Preguntado: ¿doctor, usted tiene conocimiento si la señora Estella Contreras
dependía económicamente del doctor Oswaldo? Contestó: sí, sí dependía
económicamente de él. Es más, de eso me pude percatar las veces que estuve
allá, porque es que Estella era una mujer pobre, era de muy jovencita cuando
empezó a andar con Oswaldo.

Y puedo decirle su señoría que era
desinteresadamente porque cuando ella iba a la oficina de él y se encerraba
con él ahí, no había ni todavía se prosperaba que se iba a morir para decir que
era por la pensión, no no, eso no se veía venir, y ella siempre le llevaba la
coladita, le llevaba las cosas, lo atendía bien, le lavaba la ropa, le planchaba,
lo atendía como si fuera la mujer de la persona. Preguntado: En su relato dijo
que cuando llego de Ayapel se encontró con la señora Estella en las
inmediaciones del Palacio de Justicia y que organizaron una especie de
integración donde incluso asistieron otros abogados, puede indicarnos ¿para
qué fecha fue eso? Contestó: No le puedo precisar la fecha, fue hace un par

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Demandante: Estella Elena Contreras Machado

de años, se podría partir de la fecha de la muerte de él, estuvimos como 3 o 4
veces donde él, se alegraba inmensamente cuando uno iba allá. Antes de
morirse él sácale como 2, 3 años, ahí están las fotos de las fechas. Nosotros
lo hicimos como un acto de recuerdo. Preguntado: Acaba de decir a usted
que hicieron alrededor de 4 o 5 integraciones o que lo visitó 5 veces, ¿con qué
frecuencia o cada cuanto se hacían estas visitas, teniendo en cuenta que
desde su dicho la primera integración fue 2 o 3 años antes de su muerte?
Contestó: Eso fue si mal no recuerdo eso era para las fechas de su
cumpleaños. Preguntado: Teniendo en cuenta que antes de la muerte de él,
en su relato tuvieron 4 o 5 integraciones, incluso fue para el cumpleaños del
finado, puede usted decirle a este despacho si esta pareja o si esta relación
fue continua, fue pública y permanente. En caso afirmativo, si lo sabe, ¿desde
cuándo y hasta cuando permaneció este vínculo o si alguna vez hubo un
quebranto del mismo? Contestó: Estella por todo lo que conozco es un ángel
de la guardia del doctor Oswaldo además de ser su compañera, y nunca le he
conocido otro vínculo a Estella como tampoco al doctor Oswaldo López, la
relación siempre lo veía con él en los bancos, en la citas médicas en la calle,
ella agarrándole la mano, y ella allí, yo iba a visitarlo y siempre la encontraba
a ella, y si se escuchaba que ella se encerraba con él ahí. […]».

Declaración de la parte demandante, señora Estella Elena Contreras
Machado. (Archivo de video que se encuentra en el CD visible a folio 284
del cuaderno 2).

«[…] Preguntada: Señora Estella, conteste sí o no, y yo afirmo que no lo es,
que usted nunca tuvo una convivencia en calidad de marido y mujer con el
señor Oswaldo López Garcés. Contestó: Sí la tuve. Preguntada: En
respuesta anterior usted manifestó que sí tuvo una relación con el señor López
Garcés, indíquele a este despacho, de ser así, ¿desde cuándo inició esta y
cuándo finalizó? Contestó: Nosotros nos conocimos en 1991, yo trabajaba
con el doctor Jairo Gracia Madrid, él tenía oficina al lado de la oficina de donde
yo trabajaba, compartió oficina, compartía oficina con el doctor Luis Solano
Flórez esa oficina actualmente es del doctor Guillermo Álvarez Machacón. Él
pasaba todos los días por el frente de mi oficina y ahí me empezó a enamorar,
yo primero no le correspondía como al pasar dos o tres años. Él me fue
ganando con sus regalos, detalles y de allí empezó ese noviazgo y hubo un
momento me quedaba en su apartamento, me quedaba donde mi mamá, iba,
venía hasta el último día de su fallecimiento que murió en mis brazos.
Preguntada: En respuesta anterior le manifestaba al despacho que usted se
quedaba en su apartamento y que iba y venía; indíquele a este despacho si
esa relación fue de esa manera, es decir, siempre y venía de su hogar, y en el
hogar donde vivía el señor Oswaldo López. Contestó: Bueno digo que iba y
venía porque yo trabajaba, yo amanecía con él iba donde mi mamá, me
bañaba me cambiaba le traía comida y otra vez me regresaba a la oficina.
Preguntada: Indíquele a este despacho, y yo digo que si lo es, que la relación
con el señor Oswaldo Garcés fue esporádica en cuanto a su relato a que iba
y venía más no era permanente en su formación como pareja. Contestó: Sí
era permanente, después que yo me quedaba en el apartamento, Oswaldo me
iba a visitar donde mi mamá, fuera de eso el me ayudo a construir mi casa,
para allá él se fue a vivir definitivamente conmigo. Preguntada: Acorde a lo
manifestado anteriormente, indíquele al Despacho cuándo se fue a vivir él con
usted. Contestó: Bueno para mi casa que ya se fue Oswaldo se fue en el
2006. […]».

Una vez valoradas las pruebas documentales y testimoniales que obran en el
expediente y que fueron practicadas en el presente proceso, de acuerdo con
las reglas de la sana crítica, la Subsección llega a la conclusión de que la
señora Estella Elena Contreras Machado logró demostrar una convivencia

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Demandante: Estella Elena Contreras Machado

continua y permanente con el causante por más de 5 años anteriores a la
muerte de este último. Lo anterior por las siguientes razones:

En primer lugar, respecto de la calidad de beneficiaria del de cuius, así como de
la satisfacción de los requisitos exigidos para consolidar el derecho a percibir de
manera sustitutiva la pensión que aquel percibía en vida, se recuerda que el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993 (modificado por la Ley 797 de 2003) contempla
tales presupuestos, los cuales se concretan para el caso sub examine bajo el
siguiente postulado:

Modalidad
Beneficiario Causante de la Condiciones
pensión
Cónyuge o
Edad cumplida al momento del
Compañero
Afiliado o fallecimiento y demuestre vida
permanente mayor Vitalicia
pensionado marital durante los 5 años
de 30 años de
anteriores a la muerte.
edad.

Pues bien, frente a estos presupuestos se destaca inicialmente que la
demandante en efecto ostentaba la calidad de compañera permanente del señor
Oswaldo López Garcés, toda vez que lo propio se extrae de las diferentes
pruebas practicadas en el sub iudice, aun ante la ausencia de escritura pública,
acta de conciliación o sentencia judicial que así lo haya determinado, tal como
en principio lo consagra para efectos de la declaración de dicho vínculo, el
artículo 4.° de la Ley 54 de 1990 (modificado por el artículo 2.° de la Ley 979 de
2005).

Lo anterior se aduce en la medida en que, para la demostración de la existencia
de una unión marital de hecho como la alegada por la parte activa, al margen del
tiempo de 2 años de convivencia requerido por el artículo 2.°, literal a) de la Ley
54 de 1990 para configurar una sociedad patrimonial, lo cierto es que existe
libertad probatoria para corroborar esta clase de vínculo, sin limitarse a los
medios contemplados en la normativa en cita, tal como lo planteó la Corte
Constitucional12 en sentencia C-131 del 28 de noviembre de 2018, según la cual:

«[…] 14. La Ley 54 de 1990, que principalmente regula los efectos patrimoniales
de la unión marital de hecho, no establece un término para que la misma surja,
dado que el artículo 1º de dicha norma la define de la siguiente manera: “para
todos los efectos civiles, se denomina Unión Marital de Hecho, la formada entre
un hombre y una mujer, que sin estar casados, hacen una comunidad de vida
permanente y singular”.

Lo anterior ha sido reafirmado por la doctrina, la cual precisa que la existencia de
un término únicamente tiene relación con la presunción de existencia de la
sociedad patrimonial. Al respecto, Lafont Pianetta señala que es facultad y función
del juez entrar a definir, según las pruebas aportadas, si existe o no la
permanencia y estabilidad suficiente en la convivencia de la pareja para valorar la
conformación de una unión que genere efectos legales.

De igual modo, el citado autor se refiere a la permanencia de los compañeros
como la estabilidad reflejada en el acompañamiento constante entre ellos durante
12 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-131 del 28 de noviembre de 2018. Expediente: D-12134.

Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 1° (parcial) del artículo 2º de la Ley 1060 de 2006 “Por
la cual se modifican las normas que regulan la impugnación de la paternidad y la maternidad.”

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Demandante: Estella Elena Contreras Machado

un período de vida. Así, recalca que el término o plazo no está establecido ni es
dado al Legislador formularlo, pues puede variar en cada caso: “(…)
generalmente se descubre el carácter permanente con posterioridad a la
iniciación. Algunas veces su establecimiento resulta sencillo, como cuando,
establecida la vida común en hogar familiar (residencia o habitación)
independiente, se desarrolla la convivencia en varios días (V.gr. 5, 7, 9 o más
días), pues, dada esa convivencia general de pareja que antes no se tenía,
demuestra que se trata de una relación marital con principio de estabilidad y, en
consecuencia, permanente.”

De lo anterior, es pertinente señalar que el surgimiento de la unión marital de
hecho no depende de un término concreto, más si de la voluntad para
conformarla, de la singularidad de la relación, y del acompañamiento constante y
permanente, que permita identificar un principio de estabilidad y compromiso de
vida en pareja. Cosa distinta es el surgimiento de la sociedad patrimonial que
regula las relaciones económicas de esta forma de familia, que sí requiere un
tiempo mínimo de dos (2) años para que sea presumida por ministerio de la ley.

15. Ahora bien, asunto diferente es la prueba de la unión marital. El artículo 4º de
la Ley 54 de 1990, modificado por el artículo 2º de la Ley 979 de 2005, estableció
que “La existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes,
se declarará por cualquiera de los siguientes mecanismos: 1. Por escritura pública
ante Notario por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes. 2. Por
Acta de Conciliación suscrita por los compañeros permanentes, en centro
legalmente constituido. 3. Por sentencia judicial, mediante los medios ordinarios
de prueba consagrados en el Código de Procedimiento Civil, con conocimiento
de los Jueces de Familia de Primera Instancia.”

16. De una primera lectura podría considerarse que solo mediante tales
elementos es posible demostrar la existencia de la unión marital de hecho. Sin
embargo, la existencia de diferentes medios probatorios para demostrar la unión
marital de hecho ha sido aceptada por la jurisprudencia de esta Corporación, tanto
en sede de control abstracto como concreto. En efecto, en la Sentencia C-521 de
2007 referida en el acápite anterior, esta Corporación expuso que para demostrar
la unión marital de hecho, con el fin de afiliar como beneficiario al compañero o
compañera permanente al Plan Obligatorio de Salud, era suficiente una
declaración juramentada ante notario. Asunto que se estableció en los siguientes
términos: “(…) La condición de compañero (a) permanente debe ser probada
mediante declaración ante notario, expresando la voluntad de conformar una
familia de manera permanente, actuación a la que deben acudir quienes
conforman la pareja y que supone la buena fe y el juramento sobre la verdad de
lo expuesto; por lo tanto, el fraude o la ausencia de veracidad en las afirmaciones
hechas durante esta diligencia acarrearán las consecuencias previstas en la
legislación penal y en el resto del ordenamiento jurídico”.

17. En control concreto de constitucionalidad, la Corte ha aceptado el
reconocimiento de otros medios probatorios diferentes de aquellos que conforme
con la Ley 54 de 1990 sirven para declarar la unión marital. Así, en la Sentencia
T-489 de 2011[42] esta Corporación, para proteger los derechos invocados y
ordenar el desacuartelamiento del conscripto, aceptó la validez probatoria de la
declaración juramentada celebrada por los compañeros permanentes […]

Además, esta Corporación precisó que, si bien era posible que personas
inescrupulosas intentaran incumplir sus obligaciones constitucionales a través de
falsas uniones maritales, era necesario tener en cuenta que la buena fe ha de
presumirse de acuerdo con el artículo 83 Superior. No obstante lo anterior,
advirtió que en caso de evidenciarse una actuación contraria a tal principio, las
autoridades públicas y los particulares debían denunciarlas.

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Demandante: Estella Elena Contreras Machado

Aunado a lo anterior, esta Corporación mediante Sentencia T-247 de 2016 precisó
que, para efectos de demostrar la existencia de la unión marital de hecho, opera
un sistema de libertad probatoria en virtud del cual, dicho vínculo puede
acreditarse a través de cualquiera de los medios ordinarios de prueba previstos
en el Código General del Proceso. Por consiguiente, al no existir tarifa legal en
esta materia, resultan válidos la declaración extrajuicio, el interrogatorio de parte,
el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial,
los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la
formación del convencimiento del juez. Para tal efecto, la Corte recordó que la
unión marital se rige fundamentalmente por los principios de informalidad y
prevalencia de la realidad sobre las formas, en tanto la relación emerge y produce
efectos jurídicos con la sola voluntad de las personas de construir un proyecto de
vida común, sin la necesidad de solemnizar y oponer la convivencia ante la
sociedad. […]». (Subrayado intencional).

Bajo la referida línea de intelección jurisprudencial, resulta evidente que la
comprobación de la calidad de compañera permanente de la demandante,
efectivamente puede extraerse sin dificultad a partir de medios de convicción
documentales y testimoniales como los recaudados en esta oportunidad, ello
siempre y cuando sea evidente la manifestación de voluntad de aquella y del
causante para conformar una pareja estable, singular, y con un compromiso de
acompañamiento y apoyo mutuo. Pues bien, en el presente caso se observa
inicialmente que a folio 32 del cuaderno 1, reposa una declaración extrajudicial
del 9 de julio de 2010, rendida en vida ante notario por el señor Oswaldo López
Garcés en conjunto con la señora Contreras Machado, según la cual estos
manifestaron expresamente que: «[…] hacemos vida marital de hecho entre sí
desde hace más de diez (10) años, bajo el mismo techo, durante los cuales a (sic)
compareciente ha dependido y depende del otro compareciente económicamente.
[…]».

Lo propio fue corroborado por la libelista en su declaración de parte, practicada
en audiencia de pruebas llevada a cabo el 17 de septiembre de 2018 (folios
280 a 282 y CD obrante a folio 284, C1), pues no solo reafirmó que en efecto
sostuvo una relación con el de cuius a quien conoció desde 1991, sino que al
pasar 2 o 3 años entabló un «noviazgo» con este, el cual perduró hasta el
momento de su deceso ocurrido el 18 de noviembre de 2011. De hecho, en
desarrollo de esta diligencia, lo cierto es que la UGPP no logró obtener una
confesión de la demandante en un sentido contrario a dicho presupuesto
fáctico. De manera opuesta, las preguntas formuladas generaron respuestas
que técnicamente ampliaron la especificidad de los hechos sobre los cuales
aquella basa sus pretensiones.

Incluso, de la evidencia documental aportada se destaca el escrito del 9 de
julio de 2010 signado por el propio causante y dirigido al gerente del Patrimonio
Autónomo Buenfuturo, a través del cual aporta la documentación necesaria
para solicitar que su pensión de jubilación fuera traspasada a la señora Estella
Contreras Machado cuando este falleciera, luego al reconocerla expresamente
como su compañera permanente (folio 31, C1).

Solicitud que en su momento conoció dicha entidad al confirmar el recibido
mediante Oficio PABF-CDP-2010-98929 del 15 de septiembre de 2010 (folio
33, C1). Si bien estos elementos no constituyen pruebas plenas que por sí
solas evidencien el cumplimiento de los requisitos para acceder a la prestación
en litigio, sí pueden ser estimados como indicios que valorados con la totalidad
del acervo probatorio, logran develar bajo la égida del principio de la buena fe,

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Demandante: Estella Elena Contreras Machado

la exteriorización de la intención de aquella pareja de conformar una unión
marital de hecho.

Ahora bien, igualmente se encuentra que la existencia de esta comunión de
vida también fue respaldada por las ratificaciones de declaraciones
extraprocesales que presentaron los señores Pedro María de León Pombo y
Antonio José Zuluaga Cuello, esto en el sentido de que conocieron
personalmente a la aludida pareja, cuya convivencia señalaron que se
consolidó por al menos 10 años, pues presenciaron la permanencia de ambos
tanto en la residencia inicial del señor López Garcés donde pernoctaba la
libelista, así como en el lugar de habitación de esta última donde finalmente
vivieron los dos hasta el día del fallecimiento del primero.

Adicionalmente se advierte que además de la consolidación de la mentada
unión marital de hecho, tanto la permanencia, singularidad, compromiso e
intención de apoyo mutuo entre la señora Contreras Machado y el causante,
puede verificarse a partir de los testimonios de los señores Víctor Eugenio de
la Ossa Díaz y Cecilia Esther Arrieta Ricardo, dado que en sus
manifestaciones fueron claros y precisos sobre el contexto fáctico de este
litigio, al punto de coincidir en el hecho de que la demandante desde el año
2001 estaba pendiente del señor López Garcés en calidad de su compañera
de vida, y viceversa.

Lo anterior no solo en el sentido de compartir lecho por haber evidenciado que
la libelista salía todos los días del lugar de residencia de aquel, sino también
por cuanto era ella quien lo acompañaba a diferentes diligencias, por ejemplo
bancarias, y a su vez se presentaba como «su mujer», ante sus vecinos como
la señora Arrieta Ricardo, al igual que sus amigos como el señor De la Ossa
Díaz, e incluso frente al médico neurólogo Julio César Villalobos Comas que
trataba la enfermedad de párkinson que el de cuius padecía, esto según se
advierte de la certificación suscrita por dicho profesional de la salud (folio 92,
C1).

Del mismo modo, se verificó a partir de la mentada prueba testimonial que,
ese apoyo y compromiso entre los referidos compañeros no obedecía a una
relación laboral, sino a una verdadera intención de conformar un hogar estable
bajo un precepto de ayuda correlativa entre ambos, habida cuenta de que
desde el año 2006 cuando el señor Oswaldo López Garcés vio agravado su
estado de salud, fue la demandante quien estuvo ahí para él como su apoyo
tanto físico como emocional, luego de que aquellos hubiesen decidido vivir
juntos a partir de esa fecha, de manera definitiva en la residencia de la libelista
hasta el 18 de noviembre de 2011 cuando falleció el causante, período durante
el cual además realizaron reuniones sociales con diferentes conocidos como
el testigo Víctor Eugenio de la Ossa Díaz, quien corroboró el trato con fines
maritales de la pareja en comento hasta el último momento, tanto así que fue
la señora Contreras Machado la persona que asumió los gastos fúnebres para
el tratamiento del cuerpo de su compañero (ver folio 42, C1).

Con base en lo expuesto hasta este punto, no resultan plausibles los reparos
de la UGPP en su recurso sobre el análisis probatorio del a quo, respecto de
la demostración de la unión de vida permanente y continua entre la libelista y
el causante, toda vez que los testigos que rindieron su declaración y frente a
los cuales la entidad consideró que existían dudas, en realidad son creíbles y
no denotan parcialidad ni contradicción en sus dichos, dado que se expresaron
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Demandante: Estella Elena Contreras Machado

de manera espontánea, sin aparentes preparaciones discursivas, fueron
contestes a pesar de las diferentes formas de expresión, no manifestaron
dubitación, reiteraron con vehemencia que bajo la gravedad de juramento les
constaba todo lo afirmado y adujeron haber sido conocedores de manera
directa y presencial de los detalles acerca de la relación entre la señora
Contreras Machado y el señor López Garcés, sin que reportaran algún tipo de
vínculo familiar o laboral con tales sujetos, ni intenciones personales de
favorecimiento con la eventual decisión que acceda a lo pretendido.

De hecho, las mentadas declaraciones se corroboran con las pruebas
documentales que analizadas en conjunto, demuestran no solo la presencia
de una relación entre la demandante y el de cuius, sino también el compromiso
de apoyo mutuo, así como de permanencia y continuidad, al margen de que la
parte apelante aduzca que la expresión de la primera, relacionada con que
«iba y venía» de la residencia del segundo, evidenciaba la falta de tales
criterios.

Lo expuesto se afirma puesto que la estabilidad a la que se hace mención y
que es la que efectivamente justifica la consolidación de la pensión de
sobrevivientes, no se predica exclusivamente del hecho de vivir durante todo
el día y en todo momento en el mismo lugar desde el primer contacto de la
pareja, porque incluso puede haber eventos en los que la separación de
cuerpos temporal y justificada, como en este caso sería el hecho de que la
demandante salía todos los días del apartamento del causante a trabajar y
volvía en la noche a compartir con este, no es elemento suficiente para
desvirtuar la intención de los sujetos de estar unidos con fines maritales.

Lo que se corroboró fue que desde el comienzo de la relación siempre se
brindaban apoyo mutuo y actuaban socialmente como compañeros hasta el
día del deceso del señor López Garcés, ello sin interrupciones o intermitencias
a lo largo del vínculo para poder afirmar como lo hace la UGPP, que no era
una comunidad continua y con fines de permanencia, más aún cuando en el
año 2006 se tornó más clara esa convivencia en un mismo lugar de habitación.

En todo caso, tal como lo precisó la Corte Constitucional en sentencia T-667
de 2012, la conformación de una unión marital de hecho efectivamente puede
comprobarse a través de los diferentes medios de prueba previstos en el
ordenamiento jurídico como lo son las declaraciones extraprocesales, esto en
observancia directa del principio de la buena fe respecto de las
manifestaciones que se hagan en tales documentos, no obstante, puntualizó
que en caso de que se advierta falsedad en los dichos, es decir, mala fe, son
las autoridades y los particulares conocedores de tales hechos quienes deben
denunciar lo propio.

En el sub lite se encuentra que, en efecto, la UGPP denunció penalmente a la
señora Estella Elena Contreras Machado y al testigo Víctor Eugenio de la Ossa
Díaz por la supuesta comisión de los delitos de falso testimonio, fraude
procesal y tentativa de estafa, esto al aducir que no eran ciertas sus
declaraciones tendientes a demostrar la convivencia de la libelista con el
causante, en orden de que le fuera reconocido el derecho prestacional bajo
estudio.

No obstante, conforme al acta de la audiencia celebrada el 15 de septiembre
de 2014 por el Juzgado Tercero Penal de Descongestión con Funciones de
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Demandante: Estella Elena Contreras Machado

Conocimiento del Circuito de Montería, resulta palmario que en su oportunidad
se resolvió precluir la investigación contra aquellos por solicitud expresa de la
Fiscalía 29 Seccional de Montería bajo la causal de atipicidad de la conducta
(folios 83 a 87 y 91, C1), lo que implica que no existieron elementos fácticos ni
jurídicos para endilgarles dichas conductas punibles, al punto de poder tener
como ciertos y válidos sus dichos en esta causa judicial.

Conforme a lo expuesto hasta este punto, para la Subsección es dable deducir
que la demandante acreditó con suficiencia su calidad de compañera
permanente del señor Oswaldo López Garcés, pues no solo se comprobó la
existencia de una relación personal entre los dos, sino que se advirtió que
dicha pareja tenía una intención de estabilidad, permanencia y apoyo mutuo
que permitía entender el vínculo como una verdadera unión marital de hecho.

Ahora, aunado a lo anterior, frente a la exigencia normativa relacionada con el
estado etario de la compañera permanente que debía acreditar a la fecha de
fallecimiento del causante, para poder adquirir la condición de beneficiaria de la
prestación debatida (30 años o más), se encuentra que la señora Contreras
Machado cumple con lo propio en la medida en que al 18 de noviembre de 2011
cuando aquel falleció, esta acreditaba 41 años de edad, habida cuenta de que
nació el 7 de enero de 1970 como se aprecia de la copia de su registro civil de
nacimiento que reposa a folio 28 del cuaderno 1.

Por otra parte, en punto a la necesidad de comprobar la referida convivencia
marital permanente de la beneficiaria con el de cuius a lo largo de los últimos 5
años de vida de aquel, para la Sala este punto resulta suficientemente colmado
en la medida en que de acuerdo con el material probatorio recaudado y
practicado, es dable entender que desde el año 2001 la señora Estella Elena
Contreras Machado y el señor Oswaldo López Garcés conformaron una unidad
de vida con fines maritales, basada en el apoyo mutuo y la intención de
permanencia de la relación, la cual perduró hasta el 18 de noviembre de 2011
cuando este último falleció, es decir, por un lapso de al menos 10 años continuos
previos a ese lamentable acontecimiento.

En tal sentido, efectivamente la libelista satisfizo las exigencias legales
necesarias para adquirir el derecho a percibir la pensión de sobrevivientes con
motivo de la muerte de su compañero permanente pensionado por parte de la
UGPP.

Lo anterior se aduce no solo por lo desarrollado previamente, sino en la medida
en que la propia entidad demandada había reconocido tal calidad y la titularidad
de dicha prerrogativa en un 50% del valor total de la prestación a favor de la
aludida demandante, efectiva a partir del 19 de noviembre de 2011, ello según
lo adoptado en la Resolución RDP 002291 del 10 de mayo de 2012 (folios 49 a
55, C1), decisión que la mentada autoridad suspendió posteriormente en virtud
de la Resolución RDP 015899 del 19 de noviembre de 2012 (folios 62 a 66, C1),
ello hasta que se resolviera en sede judicial la situación jurídica de todos los
reclamantes del derecho en litigio, esto es, de las señoras Contreras Machado y
Lucineth Galván Segura, así como del señor Oswaldo López Gómez en calidad
de hijo discapacitado del causante.

Bajo el presente contexto, el hecho de que en esta causa judicial se haya
determinado que efectivamente la señora Galván Segura no tenía derecho a
devengar la pensión de sobrevivientes por el deceso del de cuius, y que además
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Demandante: Estella Elena Contreras Machado

el señor López Gómez efectivamente era titular del 50% de la prestación por
haberse declarado lo propio de manera definitiva en sede de tutela ante la
demostración de su condición de discapacidad y de hijo del causante, tornaba
evidente la desaparición del fundamento motivacional de la Resolución RDP
015899 del 19 de noviembre de 2012 respecto de la prerrogativa de la señora
Contreras Machado, al punto de cobrar vigencia la decisión contenida en la
Resolución RDP 002291 del 10 de mayo de 2012 que le había otorgado la
pensión de sobrevivientes a esta última en una proporción del 50% restante del
monto de la prerrogativa, tal como se decidió en primera instancia.

➢ Acerca de la orden de descuento de mesadas causadas y pagadas
sobre el valor del retroactivo

Debido a la respuesta afirmativa del primer cuestionamiento que conforma el
problema jurídico en esta instancia, resulta necesario absolver el segundo
interrogante que se planteó de la siguiente forma:

¿debe ordenarse el descuento sobre el retroactivo adeudado de las mesadas
causadas y pagadas a favor de la libelista en virtud de la Resolución RDP
002291 del 10 de mayo de 2012, por medio de la cual inicialmente la UGPP le
había reconocido aquel derecho prestacional?

Pues bien, al respecto la Subsección destaca que la orden impartida por el
quo sobre la cual la libelista formuló reparos es la siguiente:

«[…] TERCERO: En consecuencia, se dispondrá el reconocimiento y pago de
la sustitución pensional en cuantía del 50% a favor de la señora Estella Elena
Contreras Machado -en calidad de compañera permanente del finado- a partir
del 19 de noviembre de 2011 (día siguiente al fallecimiento del señor Oswaldo
López Garcés), con efectos fiscales desde el 25 de abril de 2013 por
prescripción trienal; debiendo la entidad demandada descontar las
mesadas pensionales causadas y pagadas a aquélla, en virtud de la
Resolución RDP 002291 de 10 de mayo de 2012, mediante la cual
inicialmente se reconoció el mentado derecho a la actora. […]». (Negrita
de la Sala).

La demandante respecto a este punto consideró que la decisión resaltada
vulnera el principio de congruencia de que trata el artículo 281 del CGP, referente
a que la sentencia debe estar en consonancia con lo deprecado en la demanda
y lo fijado como litigio en virtud de los argumentos y excepciones formuladas en
la contestación. Sostuvo que el hecho de ordenar este descuento excedió la
competencia del juez de primera instancia, pues ninguna de las partes había
solicitado lo propio.

Asimismo, la parte activa indicó que las mesadas que percibió en vigencia de la
Resolución RDP 002291 del 10 de mayo de 2012, fueron devengadas de
buena fe y con la plena convicción legítima de ser la única titular del referido
derecho, por lo que sostuvo que en virtud del artículo 164, numeral 1.°, literal
c) del CPACA, no era procedente ordenar la devolución de prestaciones
percibidas bajo la égida de tal principio.

Por último, planteó como argumento adicional que la parte demandada solo
formuló la excepción de prescripción en lo atinente a las mesadas adeudadas,
la cual fue resuelta por el a quo en el sentido de considerar que los efectos

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fiscales del reconocimiento prestacional solo serían causados desde el 25 de
abril de 2013. No obstante, destacó que en este aspecto el tribunal de origen
nuevamente sobrepasó su competencia al haber contemplado un reintegro de
dineros cuando la UGPP nunca instó lo propio al formular dicho medio de
defensa.

Pues bien, para resolver el mentado interrogante, no resulta necesario abordar
los dos primeros argumentos, en la medida en que frente a esta última
formulación jurídica descrita es que realmente se circunscribe la decisión que
habrá de adoptarse en la presente instancia. Al respecto, lo primero que se
resalta es que la libelista no expuso reparo específico acerca del cómputo del
fenómeno prescriptivo que se realizó en la sentencia apelada, esto es, no
existe inconformidad sobre el hecho de que se encuentran prescritas las
mesadas pensionales causadas con anterioridad al 25 de abril de 2013, fecha
que se determinó conforme a las siguientes consideraciones:

«[…] En cuanto a la excepción de prescripción, también propuesta por la
mentada entidad, se tiene que el derecho a reclamar la sustitución pensional
por parte de la señora Contreras Machado, se concretó a partir del 19 de
noviembre de 2011, día siguiente al deceso del causante; posteriormente,
mediante petición de 24 de noviembre de 2011, radicada en la entidad el 29 del
mismo mes y año, aquélla solicitó dicha prestación1o, siéndole reconocida
mediante Resolución RDP 002291 de 10 de mayo de 2012, en cuantía del 50%.
No obstante, mediante Resolución RDP015899 de 19 de noviembre de 2012,
la actora fue excluida de nómina de pensionados y se dejó en suspenso el
derecho que le pudiera corresponder a quienes concurrieron en calidad de
compañeras permanentes, hasta que se dirimiera por la jurisdicción
competente la controversia.

De manera que, el termino de prescripción se debe empezar a contabilizar desde
la fecha de la notificación de la resolución que dejó en suspensión la sustitución
pensional, circunstancia que hizo exigible su derecho a reclamar a partir del 20
de diciembre de 201213, y dado que la demanda se presentó el 25 de abril de
2016, según el acta individual de reparto (C.1), se estructura la prescripción
trienal, respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 25 de abril de 2013.
[…]».

En tal sentido, luego de verificar que la orden de restablecimiento del derecho
dictada en primera instancia, implica el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a favor de la señora Contreras Machado en un 50% del valor total
de la prestación, efectiva desde el 19 de noviembre de 2011, pero con efectos
fiscales a partir del 25 de abril de 2013, se estima que el retroactivo adeudado
solo incluirá el monto de las mesadas pendientes de pago desde esta última data
hasta el momento en que se dé el cumplimiento material de la presente sentencia
en punto a la inclusión de la demandante en nómina de pensionados.

Lo expuesto conlleva que si bien el fin de la decisión del a quo sobre el mentado
descuento, era evitar un doble pago con motivo de los abonos por concepto de
pensión de sobrevivientes que percibió la libelista en razón de la RDP 002291
del 10 de mayo de 2012, debe tenerse en cuenta que en el caso de marras,
ante la declaración del fenómeno prescriptivo sobre las mesadas causadas
con anterioridad al 25 de abril de 2013, no habría posibilidad de que en
atención al retroactivo adeudado pudiera consolidarse la circunstancia de

13 «Documento en expediente administrativo N° 2902 notificación acto administrativo edicto –aviso-586-

2017-01-03-134728.»

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Radicado: 23001-23-33-000-2016-00136-01 (0315-2020)
Demandante: Estella Elena Contreras Machado

abonos duplicados, habida cuenta de la señora Contreras Machado solo
devengó dicha prestación hasta el 20 de diciembre de 2012 como lo evidenció
el a quo (ver folio 344 vuelto, C2), es decir, en una fecha previa a aquella en
que surtirá efectos fiscales el restablecimiento del derecho en litigio.

Ello significa que desde el 21 de diciembre de 2012 en adelante, la recurrente
no percibió pensión de sobrevivientes debido a la determinación de la UGPP
de dejar en suspenso tal prerrogativa con base en la Resolución RDP 015899
de 19 de noviembre de 2012, de suerte que, efectivamente como la primera lo
adujo en su recurso, para el 25 de abril de 2013 y con posterioridad, no
pudieron reportarse pagos por concepto de mesadas que tuvieran que ser
descontadas del monto total de la condena impuesta en esta causa judicial.

Por tal motivo, habrá de modificarse parcialmente el ordinal tercero (bis) del
fallo apelado, en el sentido de eliminar el aparte que autorizaba a la entidad
demandada descontar del retroactivo adeudado, el valor de las mesadas
reconocidas a la señora Estella Elena Contreras Machado con fundamento en
la Resolución RDP 002291 del 10 de mayo de 2012.

En conclusión: la libelista en calidad de compañera permanente del señor
Oswaldo López Garcés acreditó el cumplimiento de los requisitos previstos en
los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, a fin de que le sea sustituido el
50% de la cuantía total de la pensión que en vida percibió el referido causante,
especialmente por cuanto colmó la exigencia de tiempo de convivencia
anterior al deceso de aquel, esto es, más de 5 años previos a tal
acontecimiento. Lo anterior, toda vez que conforme al material probatorio
practicado en la actuación y su valoración integral bajo las reglas de la sana
crítica, es posible deducir que la señora Contreras Machado consolidó una
unión de vida permanente, continua y de apoyo recíproco con el de cuius
desde el año 2001 hasta el 18 de noviembre de 2011 cuando este falleció.

Ahora bien, en efecto, no era procedente la orden impartida en primera
instancia tendiente a que la UGPP descontara del valor del retroactivo
adeudado, los montos por concepto de mesadas causadas a favor de la
demandante en vigencia de la Resolución RDP 002291 del 10 de mayo de
2012, habida cuenta de que tales valores solo los percibió hasta el 20 de
diciembre del mismo año, es decir, con anterioridad a la fecha en la que surtirá
efectos fiscales la condena impuesta, esto es, desde el 25 de abril de 2013 por
haberse configurado el fenómeno de la prescripción.

En suma, para el período comprendido entre esta última data y el momento en
que se haga efectiva la presente sentencia, la aludida beneficiaria no habría
devengado mesada alguna que deba descontarse de la suma total a reconocer
en virtud de la orden de restablecimiento del derecho decretada, al punto de
no existir riesgo de que se materialice un doble pago.

Decisión de segunda instancia

Según lo expuesto, se impone modificar el ordinal tercero bis de la sentencia
impugnada proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba el 6 de
septiembre de 2019, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
libelista, ello habida cuenta de que prosperan los argumentos del recurso de
apelación formulado por la parte demandante, en el sentido de que no debía

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Demandante: Estella Elena Contreras Machado

ordenarse el descuento de mesadas reconocidas sobre el valor del retroactivo
objeto de condena.

En todo caso, no hallan eco favorable los reparos de inconformidad de la
entidad demandada, por lo que se confirmará la providencia recurrida en todo
lo demás.

De la condena en costas de segunda instancia

Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201614, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo para la
imposición de tal carga impositiva, ello bajo los siguientes fundamentos:

a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP 15, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público16.

Bajo este hilo argumentativo, se condenará en costas de la presente instancia
a la entidad demandada y a favor de la libelista, ello en la medida que conforme

14 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del

Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
15
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
16 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»

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33

Radicado: 23001-23-33-000-2016-00136-01 (0315-2020)
Demandante: Estella Elena Contreras Machado

el numeral 3.º del artículo 365 del CGP, la primera resultó vencida al
confirmarse la sentencia recurrida que accedió a las pretensiones de la parte
activa, y además aquella intervino en esta oportunidad al presentar escrito de
alegatos de conclusión visible en el índice 21 del registro en SAMAI, tal como
se indica en la constancia secretarial que reposa a folio 396 del cuaderno 2.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Modificar el ordinal tercero bis de la sentencia del 6 de septiembre
de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la
señora Estella Elena Contreras Machado contra de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP), en el que fueron vinculados los señores Oswaldo López
Gómez y Lucineth Galván Segura; el cual quedará de la siguiente forma:

«TERCERO BIS: En consecuencia, se ordena a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP), reconocer y pagar a favor de la señora Estella Elena Contreras
Machado, la sustitución en un 50% del valor total de la pensión que en vida
percibía el señor Oswaldo López Garcés, ello con efectividad desde el 19 de
noviembre de 2011, pero con efectos fiscales a partir del 25 de abril de 2013
por prescripción trienal.»

Segundo: Confirmar en todo lo demás la providencia apelada.

Tercero: Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada y a
favor de la demandante, las cuales serán liquidadas por el a quo.

Cuarto: Reconocer personería adjetiva como apoderada sustituta de la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) a la abogada Belcy Bautista
Fonseca identificada con cédula de ciudadanía n.° 1.020.748.898 y portadora
de la tarjeta profesional 205.097 del Consejo Superior de la Judicatura, ello en
los términos del poder que le fue conferido por el apoderado general de la
autoridad en comento, el cual obra en el índice 12 del registro en SAMAI.

Quinto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

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Radicado: 23001-23-33-000-2016-00136-01 (0315-2020)
Demandante: Estella Elena Contreras Machado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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