Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-33-000-2016-00152-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 23001-23-33-000-2016-00152-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 23001-23-33-000-2016-00152-01
Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez
20 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026).
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00152-01 (73.352)
Actor: Registraduría Nacional del Estado Civil
Demandado: Néstor Tabares Muñoz y otros
Referencia: Repetición
Temas: CARGA ARGUMENTATIVA – ELEMENTO SUBJETIVO – Correspondía a la parte
demandante argumentar cómo la función en cabeza de cada demandado podría
encuadrarse en la categoría de culpa grave y, además, demostrar cómo tal actuación fue
la causa de la condena que tuvo que asumir la entidad demandante, carga que no fue
cumplida. No puede perderse de vista que la responsabilidad que se analiza en un medio
de control como el que nos ocupa es subjetiva, por lo que tales demostraciones resultan
fundamentales. / VALORACIÓN PROBATORIA - encuentra la sala que si bien en las
normas reseñadas se incorpora un catálogo de funciones generales, lo cierto es que dicha
enunciación resulta insuficiente pues la sola enumeración de las funciones o su existencia
no basta para poder entender configurada la responsabilidad individual del agente o
exagente estatal / CONDENA EN COSTAS - El proceso que se adelanta en ejercicio de la
pretensión de repetición es uno de aquellos en los que se ventila un interés público, pues
con este se busca la protección del patrimonio público. Así, no hay lugar a condenar en
costas a la entidad demandante -parte vencida-.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandante contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.
Se demanda1 el reembolso de la suma pagada por la Registraduría Nacional del
Estado Civil como consecuencia de una condena judicial que le fue impuesta en un
proceso de reparación directa.
1 Las pretensiones de la demanda en su tenor literal fueron las siguientes: “PRIMERA: Que se declare
responsable a los señores NÉSTOR TABARES MUÑOZ, RHENALS GUZMÁN RODOLFO ANTONIO,
CASTELLANO GUEVARA ENEIDA, NEGRETE DURANGO ISRAEL ELADIO, CRUZ BEGAMBRE
LEONARDO ENRIQUE, DOV
AL CALDERÍN DELCY, PACHECO VARGAS VICENTE FERRER, ARROYO RODRÍGUEZ TOMAS
ANTONIO, HERRERA DÍAZ DELIS YANETH, LOBO NORIEGA EVER MANUEL Y OTERO PADILLA
EDUVIGES MARÍA, del actuar doloso o gavemente culposo, lo cual infringió DAÑO ANTIJURÍDICO AL
ERARIO PÚBLICO, por lo cual a su turno han de ser declarados RESPONSABLESN del desembolso del monto
que del ERARIO – PATRIMONIO PÚBLICO que se tuvo que girar (detrimento patrimonial) en cumplimiento
de la Sentencia condenatorias contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, proferidas en primera instancia
por el Tribunal Administrativo de Córdoba y confirmada mediante sentencia de la Sala de lo Contencioso
Administrativo – Sección Tercera Subsección B del Consejo de Estado de fecha 29 de agosto de 2013, Rad No.
23001-23-31-000-1998-11016-01 – expediente No. 24193, (Reparación Directa) a través de las cuales se
condenó a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, a pagar, por concepto de perjuicios morales,
la suma de ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta
providencia a favor del señor Aníbal Ortíz Naranjo y a su cónyuge la señora Mareloy Ávila Lugo en calidad de
tercera damnificada y sus hijos Marolyn Enith Ortíz Ávila, Caroline Ortiz Ávila y Aníbal Andrés Ortiz González la
suma de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno. Igualmente, por concepto de lucro
cesante la suma de Doscientos Treinta Millones Cuatrocientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Tres
Pesos moneda corriente ($230.446.653), a favor del señor Aníbal Ortiz Naranjo, para un total de TRESCIENTOS
SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
M/L (371.926.653).
1
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00152-01
Actor: Registraduría Nacional del Estado Civil
Demandado: Néstor Tabares Muñoz y otros.
Referencia: Repetición
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la decisión proferida el 15 de mayo de 20252 por el Tribunal
Administrativo de Córdoba que negó las pretensiones de la demanda presentada
por la Registraduría Nacional del Estado Civil el 12 de mayo de 2016 3, en contra de
Néstor Tabares Muñoz, Rodolfo Antonio Rhenals Guzmán, Eneida Castellano
Guevara, Israel Eladio Negrete Durango, Leonardo Enrique Cruz Begambre, Delcy
Doval Calderín, Vicente Ferrer Pacheco Vargas, Tomas Antonio Arroyo Rodríguez,
Delis Yaneth Herrera Díaz, Ever Manuel Lobo Noriega y Eduviges María Otero
Padilla, con el propósito de que los demandados sean declarados responsables y
reembolsen el valor que la entidad tuvo que pagar con ocasión de la condena que
le fue impuesta en el proceso de reparación directa con radicado No. 1998-11016.
2. Los fundamentos de hecho y de derecho sobre los que se pronunció el Tribunal
fueron los siguientes:
Hechos4
3. El señor Aníbal Antonio Ortiz participó como candidato a la alcaldía de Tierralta
Córdoba para el periodo constitucional 1995-1997, comicios en los que resultó
ganador el señor Marcio Argel Yanes. No obstante, en proveído del 30 de abril de
1996, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la mencionada
elección.
4. Como consecuencia de las irregularidades que derivaron en la nulidad de la
referida elección, el señor Aníbal Antonio Ortiz Naranjo presentó demanda de
reparación directa en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil, proceso
en el que se declaró a la entidad administrativamente responsable y se le condenó
a pagar indemnizaciones a título de perjuicios morales y materiales en favor del
señor Ortiz Naranjo y su familia.
5. El 13 de junio de 2014 la Registraduría pagó la suma de $371’926.653, conforme
lo ordenó la sentencia de segunda instancia que puso fin al proceso de reparación
directa.
6. El
17 de febrero de 2015 el comité de conciliación y defensa judicial de la
Registraduría Nacional del Estado Civil dispuso dar inicio a la acción de repetición,
SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior, y de conformidad con el Ártículo 142 del C.P.A.C.A (Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011) y Artículos 1, 2, 5, 7, y
ss de la Ley 678 de 2001, se condene a los demandados señores NÉSTOR TABARES MUÑOZ, RHENALS
GUZMÁN RODOLFO ANTONIO, CASTELLANO GUEVARA ENEIDA, NEGRETE DURANGO ISRAEL
ELADIO, CRUZ BEGAMBRE LEONARDO ENRIQUE, DOVAL CALDERÍN DELCY, PACHECO VARGAS
VICENTE FERRER, ARROYO RODRÍGUEZ TOMAS ANTONIO, HERRERA DÍAZ DELIS YANETH, LOBO
NORIEGA EVER MANUEL Y OTERO PADILLA EDUVIGES MARÍA, a pagar a LA REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL , el monto total que la entidad tuvo que desembolsar con ocasión al concepto
ya citado, valor que sin indexar, asciende a la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES
NOVECIENTOS VEINTESEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/L ($371.926.653); más los
intereses e indexación a que hubiera lugar al momento del pago.
2 Índice 68 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
3 Índice 68 SAMAI, actuaciones de primera instancia PDF Pág. 36.
4 Índice 68 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
2
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00152-01
Actor: Registraduría Nacional del Estado Civil
Demandado: Néstor Tabares Muñoz y otros.
Referencia: Repetición
soportado en los razonamientos de las sentencias de nulidad electoral y reparación
directa.
Fundamentos de derecho
7. La entidad demandante atribuyó responsabilidad a los demandados a título de
culpa grave, pues producto de sus omisiones culposas se configuraron las
irregularidades que derivaron en la anulación de la elección y justificaron las
condenas impuestas en el proceso de reparación directa5.
Las contestaciones de la demanda6
Eduviges Otero y Vicente Ferrer Pacheco7
8. El apoderado de los demandados se opuso a los hechos y pretensiones
propuestos por el extremo actor y formuló las siguientes excepciones: (i)
imposibilidad jurídica de acreditar la calidad de agente del Estado; (ii) imposibilidad
jurídica de demostrar que los demandados actuaron con dolo o culpa grave, en sus
actuaciones como supernumerarios8.
La contestación de la demanda presentada por el curador ad litem de los
demás demandados9
9. El curador ad litem designado en representación de los demás demandados se
opuso a los hechos y pretensiones y presentó como único medio exceptivo la
excepción previa de inepta demanda, pues consideró que la Registraduría, al ser
la entidad para la cual los demandados prestaron su servicio, estaba en la
posibilidad de suministrar la dirección de notificaciones de cada uno de ellos.
Audiencia inicial, etapa probatoria y alegaciones
10. Agotada la audiencia inicial10 y la etapa probatoria11, se corrió traslado para
alegar de conclusión, oportunidad en la que los sujetos procesales guardaron
silencio.
5 Se dijo en la demanda que los accionados permitieron que sufragaran personas con nombres y apellidos que
no correspondían al de las cédulas cuyo número utilizaron con falsa identidad o suplantación de votantes;
personas con cédulas no inscritas o dadas de baja en el censo electoral y personas con cédulas inscritas
ilegalmente.
6 Mediante auto del 21 de abril de 2017 (visible en índice 68 SAMAI, actuaciones de primera instancia) se admitió
la demanda, se ordenó notificar personalmente de ella a los señores Néstor Tabares Muñoz y Eduviges María
Otero Padilla y el emplazamiento de los demás demandados. Los señores Eduviges Otero y Vicente Ferrer
ejercieron su defensa por intermedio de su apoderado de confianza y los demás demandados fueron
representados por curador ad litem. El curador ad litem fue designado mediante auto del 30 de abril de 2018
(visible en índice 68 SAMAI, actuaciones de primera instancia PDF Pág. 285) y tomó posesión el 25 de mayo
de 2018 (visible en índice 68 SAMAI, actuaciones de primera instancia PDF Pág. 290).
7 Índice 68 SAMAI, actuaciones de primera instancia, PDF Pág. 211 y 220.
8 Se pone de presente que si bien se presentaron dos escritos distintos su contenido es idéntico.
9 Índice 68 SAMAI, actuaciones de primera instancia, PDF pág. 302.
10 El 5 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la audiencia inicial en la que se negó la excepción previa de inepta
demanda propuesta por el curador ad litem de algunos de los demandados y se fijó el litigio en los siguientes
términos: El problema jurídico determinado por el a quo consistió en lo siguiente: “establecer si hay lugar a
declarar que los demandados son responsables del desembolso de la suma de $371.926.653 que tuvo que
hacer la entidad demandada en cumplimiento de sentencias condenatorias proferidas en primera instancia por
el Tribunal Administrativo de Córdoba, confirmada por el Consejo de Estado”. (índice 68 SAMAI, actuaciones
de primera instancia PDF Pág. 333).
11 Conforme consta en el acta del audiencia inicial celebrada, las pruebas decretadas fueron las siguientes:
DOCUMENTALES: Sentencia del 30 de abril de 1996, proferida por el Consejo de Estado que declaró la nulidad
del acto de elección del señor Marcio Argel Yanez; Sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
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Radicación: 23001-23-33-000-2016-00152-01
Actor: Registraduría Nacional del Estado Civil
Demandado: Néstor Tabares Muñoz y otros.
Referencia: Repetición
La decisión del tribunal12
11. El Tribunal Administrativo de Córdoba negó las pretensiones de la demanda al
considerar que si bien se probaron los elementos objetivos13, no se acreditó en el
proceso el elemento subjetivo de la acción de repetición, consistente en “una
conducta dolosa o gravemente culposa” de los demandados que haya dado lugar
a la condena que tuvo que pagar la entidad demandante en el marco del proceso
de reparación directa con radicado No. 1998-11016.
12. Concluyó el Tribunal que los criterios de culpa grave y dolo aplicables al caso
eran los previstos en el Código Civil y en los artículos 6, 90 y 91 Constitucionales,
dado que los hechos materia del litigio ocurrieron en 1994, con anterioridad a la
expedición de la Ley 678 de 2001.
13. Expuso el a quo que si bien estaban demostradas las irregularidades en la
elección del alcalde de Tierralta – Córdoba, todo lo cual derivó en la anulación de
la elección del candidato ganador y justificó la condena impuesta en contra del
Estado en sede de reparación directa, estas circunstancias no eran suficientes para
la prosperidad de la acción de repetición, pues no se probó cuáles fueron las
funciones que desarrolló cada uno de los demandados en la contienda electoral y
si estos tuvieron una incidencia en la alteración de los documentos y resultados
electorales.
14. Destacó el Tribunal que al expediente se aportó un documento expedido por la
Registraduría Nacional del Estado Civil según la cual la entidad no podía certificar
que la vinculación de los supernumerarios estuvo relacionada con la elección
anulada.
Administrativo de Córdoba del 3 de octubre de 2002; Sentencia de segunda instancia proferida por la Sección
Tercera del Consejo de Estado del 29 de agosto de 2013; Certificación del 14 de mayo de 2015 y sus anexos;
Oficio No. 910-GTH de 7 de enero de 2015; Resolución No. 000244 de 16 de agosto de 1994; Resolución No.
0239 de 19 de agosto de 1994; Oficio No. 1955 de 11 de septiembre de 2014; Resolución No. 136 de 16 de
mayo de 2014; Acta No. 3 del comité de conciliación y defensa judicial de la Registraduría; Acta de vinculación
No. 5540; Acta de vinculación No. 3550; Acta de vinculación No. 4410; Acta de vinculación No. 3370; Acta de
vinculación No. 3450; Acta de vinculación No. 5630; Acta de vinculación No. 5530; Acta de vinculación No.
5340; Acta de vinculación No. 3420. OFICIOS: Copias simples de la demanda, contestación, alegatos y fallo de
la demanda de nulidad electoral; Copia del dictamen pericial de dactiloscopia practicado en el marco del proceso
de nulidad electoral que determinó la inscripción fraudulenta de cédulas. PRUEBA DE OFICIO: A la
Registraduría para que aporte constancia y/o comprobante de consignación de la suma ordenada en la
sentencia de segunda instancia del 29 de agosto de 2013 proferida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado; A talento humano de la Registraduría Nacional para que certifique si los señores demandados tienen
anotaciones o sanciones disciplinarias en su hoja de vida, en caso afirmativo, aporten los documentos que así
lo soporten; A la Secretaría del Tribunal Administrativo de Córdoba para que expida copia simple del proceso
de reparación directa identificado con el radicado 1998-11016.
12 Índice 68 SAMAI, actuaciones de primera instancia.
13 La sentencia de primera instancia concluyó que la existencia de la obligación de reparar por parte de la entidad
demandante estaba probada pues obraba como prueba la sentencia del 3 de octubre de 2002, que fue
confirmada por la sentencia del 29 de agosto de 2013 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado,
en la que se condenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil al pago de perjuicios morales y materiales
(lucro cesante) a quien demandó a la entidad en el proceso de reparación directa. Respecto del pago, el Tribunal
concluyó que estaba acreditado pues obraba como documental la Resolución No. 136 de 16 de mayo de 2014
donde se ordenó dar cumplimiento a la sentencia judicial que impuso la condena, además obra como prueba el
CDP del 28 de junio de 2014 y la certificación expedida por el coordinador del grupo de pagaduría de la
Registraduría Nacional del Estado Civil en donde se en donde se afirma que la condena fue pagada el 13 de
junio de 2014 mediante el desembolso de $371.926.653. Respecto de la calidad de servidor o exservidor
público, afirmó el Tribunal que estaba probada con las diferentes resoluciones aportadas al proceso en las que
constaba la vinculación de los demandados a la Registraduría como Supernumerarios y Registrador Municipal.
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Radicación: 23001-23-33-000-2016-00152-01
Actor: Registraduría Nacional del Estado Civil
Demandado: Néstor Tabares Muñoz y otros.
Referencia: Repetición
15. Respecto de la situación especial del señor Néstor Tabares Muñoz como
Registrador Municipal de Tierralta, dijo el Tribunal que tampoco estaba probado que
sus actuaciones incidieran en la configuración de las irregularidades electorales,
mucho menos que pudieran ser calificadas como “dolosas o gravemente culposas”.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
16. Laentidad demandante cuestionó la decisión y planteó que se encontraba
probada la conducta gravemente culposa de los demandados, pues se realizó una
indebida valoración de los hechos que justificaron la condena en contra de la
demandante, las funciones intrínsecas que los demandados tenían como
funcionarios públicos y las funciones propias de los cargos que ocuparon14.
17. Enel trámite de segunda instancia el Procurador Cuarto Delegado ante el
Consejo de Estado presentó concepto15 en el que solicitó confirmar la sentencia de
primera instancia.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Objeto del recurso de apelación
18. Laruta decisoria en esta instancia impone revisar si en el proceso resultó
probado el elemento subjetivo del medio de control de repetición invocado desde la
demanda, esto es, la acreditación de una conducta gravemente culposa por parte
de alguno de los demandados.
Sobre la acreditación del elemento subjetivo del medio de control de
repetición
19. Si bien en la sentencia de primera instancia se negaron las pretensiones de la
demanda por considerar el tribunal de manera indistinta que no se acreditó un
actuar “doloso o gravemente culposo” de los demandados, el recurso de apelación
formulado plantea que con los elementos de prueba obrantes en el expediente, sí
se encuentra probado que los accionados incurrieron en conductas gravemente
culposas.
20. Tratándose de la responsabilidad personal de los agentes del Estado, quien
demanda tiene una carga probatoria mayor, pues debe acreditar e individualizar las
conductas que reprocha y cómo estas conductas pueden ser encuadradas en la
categoría de dolo o culpa grave que invoque como fundamento de su pretensión de
repetición.
21. Para el caso que nos ocupa, los esfuerzos probatorios que debió desplegar la
parte actora tienen una mayor exigencia, toda vez que la categoría de culpa grave
que se analiza está circunscrita a las normas del Código Civil, pues la Ley 678 de
14 Índice 68, SAMAI, actuaciones de primera instancia.
15 Índice 18 SAMAI, actuaciones de segunda instancia.
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Radicación: 23001-23-33-000-2016-00152-01
Actor: Registraduría Nacional del Estado Civil
Demandado: Néstor Tabares Muñoz y otros.
Referencia: Repetición
2001, que consagra algunas presunciones sobre la materia, no había entrado en
vigencia para la época de los hechos16.
22. Según lo previsto en el artículo 63 del Código Civil17 el dolo y la culpa
corresponden a conductas distintas que no pueden equipararse en tanto entrañan
acciones y juicios distintos, excluyentes entre sí desde el punto de vista volitivo. Por
su parte, la culpa grave se circunscribe al ámbito de la negligencia, la imprudencia
o la impericia.
23. De esta manera, tratándose de la responsabilidad personal del agente estatal, el
análisis que se haga no puede limitarse a una afirmación abstracta o genérica de
la conducta que se reprocha; por el contrario, exige identificar con precisión los
hechos que permiten ubicar la conducta dentro de esta categoría, premisa que
resulta aplicable como exigencia a la parte demandante y al juzgador en su análisis.
24. Se precisa lo anterior pues a lo largo de la demanda no se observa una
argumentación que permita determinar e individualizar la conducta que se reprocha
frente a cada uno de los accionados. El escrito de la demanda solo hace referencia
a una narración genérica de argumentos y circunstancias fácticas que
supuestamente encuadran en la categoría de culpa grave, sin que verdaderamente
se haya desplegado una argumentación tendiente a explicar por qué se enmarca
en dicha categoría.
25. Precisado lo anterior, el apelante distinguió entre la conducta de quien fue el
Registrador Municipal de Tierralta (Néstor Tabares Muñoz) y los demás
demandados que fueron supernumerarios. Sin embargo, dicha distinción solo
resulta útil para abordar el supuesto incumplimiento de las funciones relacionadas
en la Resolución 3560 de 1998 y el Decreto 2241 de 1986, en tanto corresponde a
funciones propias de la calidad de Registrador. Los demás argumentos responden
a los mismos fundamentos, por lo que se abordarán de manera conjunta.
26. En síntesis, los argumentos comunes que el apelante utilizó para justificar la
conducta gravemente culposa de los demandados y su relación con los hechos que
justificaron la condena en contra del Estado fueron dos: (i) las fallas del servicio
eran contundentes y estaban probadas en los distintos fallos judiciales aportados;
(ii) que si bien no se habían aportado manuales de funciones, la calidad de
16 “Por último, respecto del cuarto requisito consistente en la cualificación de la conducta del agente
determinante del daño reparado por el Estado, como dolosa o gravemente culposa, la Sala ha explicado en
diferentes oportunidades que, para efectos de determinar la culpa grave o dolo, se debe acudir a las normas
vigentes para la época de los hechos (…)” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección C, Sentencia del 9 de septiembre de 2016. Rad: 49764. C.P. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa.
17 ARTICULO 63. CULPA Y DOLO. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con
aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios
propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la
falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa
o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia
o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es
responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que
un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone
a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad
de otro. (se destaca).
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Radicación: 23001-23-33-000-2016-00152-01
Actor: Registraduría Nacional del Estado Civil
Demandado: Néstor Tabares Muñoz y otros.
Referencia: Repetición
exagentes del estado de los demandados exigía el correcto ejercicio de las
funciones implícitas de los servidores públicos.
27. Respecto al primero de los argumentos esgrimidos, es importante relievar que la
sola existencia de la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado no
implica la presunción o responsabilidad automática en el marco del medio de control
de repetición.
28. Lo anterior tiene fundamento en que los juicios de responsabilidad en uno y otro
medio de control son distintos, pues en el proceso de reparación directa se estudió
la falla del servicio a la luz de sus elementos, sin calificar la conducta personal de
los agentes estatales, reproche propio y necesario del medio de control de
repetición.
29. Dicho lo anterior, si bien en el proceso obran las sentencias de primera 18 y
segunda instancia19 del proceso de reparación directa en donde resultó condenada
la Registraduría Nacional, así como el fallo del proceso de nulidad electoral 20, en
estas sentencias no se especifica ni se individualiza quienes habrían cometido las
irregularidades que condujeron a la nulidad electoral y posteriormente a la condena
patrimonial contra el Estado.
30. En los fallos reseñados, especialmente en el de nulidad electoral21, se estableció
que efectivamente existieron irregularidades en la elección del alcalde de Tierralta
18 Índice 68 SAMAI, actuaciones de primera instancia. PDF pág. 54.
19 Índice 68 SAMAI, actuaciones de primera instancia. PDF pág. 68.
20 Índice 68 SAMAI, actuaciones de primera instancia. PDF pág. 37.
21 “En efecto, entre el primero (1) de junio y el treinta de agosto de dicho año fueron inscritas en el municipio de
Tierralta, imponiendo una huella dactilar que no correspondía a la del índice de la mano derecha de los titulares,
un total de 227 cédulas, con lo que se produjo la falsedad de las listas de sufragantes (formularios E-10) de las
mesas que se instalaron en ese municipio para los comicios del treinta (30) de octubre de mil novecientos
noventa y cuatro (1994), pues su confrontación se tomó en cuenta esa falsa inscripción. A su vez, de los así
ilegalmente inscritos se encontró que, en algunas mesas relacionadas por el actor para solicitar la nulidad de
sus registros electorales, sufragaron las siguientes personas: (…) en los aludidos comicios, porque contra sus
registros electorales nada solicitó el actor. La indebida votación de las personas enumeradas produjo falsedad
de los registros de votantes (Formulario E -11) y, consiguientemente, de las actas de escrutinio de las
correspondientes mesas (Formulario E-14), cuyo cómputo en el escrutinio municipal determinó a su vez la
falsedad del acta allí resultante. Esto, sin comentar el hecho de que también fueron inscritas 1.509 cédulas con
impresión digital indeterminable, pues no se puede establecer si a ese acto concurrieron los titulares de los
respectivos documentos por cuanto "...no fue posible efectuar el cotejo técnico dactiloscópico por deficiencia al
tomar la impresión del Índice Derecho en el formulario E3 (falta nitidez, rodamiento, empastado, tinta adecuada).
Esta última circunstancia, que por lo menos cabe tener como indicio grave de fraude, no demuestra la falsedad
de la inscripción por cuanto pudo darse en razón de los materiales utilizados, por falta de técnica de los
inscriptores o, incluso, por actuación delictuosa de estos. Con relación a la falsa inscripción determinada atrás
conviene observar que ella puede dar lugar a proceso penal por el delito previsto en el Artículo 199 del Código
Electoral y a la invalidación de la inscripción decretada por el Consejo Nacional Electoral. Pero sin con cédula
indebidamente inscrita, como ocurrió en los casos atrás determinados, se ejercita el derecho del sufragio, con
elemento falso se está mutando la verdad del acta del escrutinio, por cuanto la realidad que ésta expresa como
resultado de los votos depositados en la urna contiene elementos falsos. Es de advertir que la práctica
comúnmente conocida como de "trasteo de votos", prohibida conforme a lo previsto en el Artículo 316 de la
Constitución Política y 4 de la Ley 136 de 1994, da lugar a las sanciones penales y administrativas que esta
disposición prevé. Ello es así cuando la inscripción se realiza en legal forma, personalmente por el titular de la
cédula que marca su huella digital en el lugar exigido. Pero a esa sanción no cabe limitar los efectos cuando la
inscripción de la cédula se efectúa ilegalmente, por persona distinta a la del cedulado. Por ello habrá de
ordenarse la expedición de copia de este fallo, del dictamen de los peritos dactiloscopistas de la Registraduría
Nacional del Estado Civil y las actas de la inscripción de cédulas en Tierralta (Córdoba) entre julio y agosto de
mil novecientos noventa y cuatro (1994), para que se adelante la investigación penal a que haya lugar.
Conclusión de lo aquí expuesto es la declaratoria de nulidad del acto acusado, por el que la Comisión
Escrutadora de Tierralta declaró elegido alcalde de ese municipio al señor Marciano Argel Yáñez, para que se
practique nuevo escrutinio con exclusión de las actas de escrutinio de las mesas afectadas con la acción
fraudulenta atrás señalada. A la misma conclusión se llega, además, porque conforme al dictamen de los peritos
que actuaron en la diligencia de inspección judicial practicada en Montería sobre los documentos
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Radicación: 23001-23-33-000-2016-00152-01
Actor: Registraduría Nacional del Estado Civil
Demandado: Néstor Tabares Muñoz y otros.
Referencia: Repetición
Córdoba para el periodo constitucional 1995-1997, tales como: (a) el sufragio de
ciudadanos que no podían ejercer el derecho al voto; (b) personas cuyos nombres
no correspondían a la cédula que usaron al momento de la votación; (c) se
registraron votos de personas no inscritas o dadas de baja en el censo electoral; y,
(d) votaron personas con huellas falsas o apócrifas. Respecto de estos hechos no
se hizo ningún razonamiento que vinculara a los aquí demandados.
31. Frente al valor probatorio de las providencias judiciales reseñadas en el marco
de la demanda y el recurso de apelación, huelga resaltar que si bien dichas piezas
documentales deben ser valoradas en virtud de que fueron legalmente aportadas
al proceso, ello no significa que el juez de la repetición esté atado a su contenido,
así como tampoco puede derivarse en una condena al agente o exagente estatal
de forma automática, pues corresponde al juez del proceso efectuar sus propias
valoraciones a la luz de la responsabilidad que se analiza en cada medio de
control22-23.
correspondientes a la elección acusada, ejercieron el derecho del sufragio, suplantado a los titulares de las
cédulas, Carlos Cogollo Corrales en la mesa No. 1 de Bonivento; Luis Enrique Osorio Vásquez en la mesa No.
2 de Caramelo; Marlene Rivas López, Omar Cabrales, Judith Martínez, Pedro Miranda López, Juan Rizo
Morales, Juan Carlos Villalba,, Janeth Merlano Otero, Carmen Escobar Flórez en la mesa No. 2 de El Águila;
Arturo Díaz en la mesa No. 1 de San Felipe de Cadillo; Luis Miguel Hernández Padilla en la mesa No. 1 de
Santa Marta, no se toman en cuenta otros casos determinados por el experticio, por cuanto ofrecen duda de
posible error en la anotación de los nombres en los formularios E - 11 (Registro de votantes). También
sufragaron personas en interdicción de derechos y funciones públicas, así: María Dolores Tamayo de Jaramillo
y Camilo Bedoya Muñoz en la mesa No. 3 de la cabecera municipal. Ejercieron el derecho al sufragio sin estar
inscritos en las respectivas mesas así: en la mesa No. 1 del corregimiento Santa Fe de Ralito la señora
Carmenza Suárez Pastrana con la cédula No. 50'906.829; en la mesa No. 2 del mismo corregimiento Delsy
Doval Calderón; en la mesa No. 2 de Santa Marta, Vicente Pacheco Vargas con la cédula de ciudadanía No.
15'608.388; Luz Dary Ruiz González con la C.C. No. 50'977.801 en la mesa No. 1 de Bonivento; Cesar Herazo
con la C.C. 15'611.752 y Eduviges Otero con la C.C. 26'229.633 en la mesa No. 1 de San Felipe de Cadillo.
Otras personas lo hicieron del mismo modo en la mesa No. 53 de la cabecera municipal, posiblemente,
autorizados por el Registrador Municipal como lo infiere el fallo apelado. Las actuaciones ilegales que se dejan
relacionadas configuran un complejo proceso de fraude electoral que impone excluir de los escrutinios las mesas
de votación cuyos registros son falsos por habérselos producido con apoyo en elementos falsos, por lo cual
habrá de anularse el acto declaratorio de la elección de alcalde de Tierralta, producido en favor del señor
Marciano Argel Yánez para el período 1995-1997 y ordenar la práctica de nuevo escrutinio con exclusión de las
actas de los jurados de votación correspondientes a las mesas afectadas. Por lo expuesto el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección quinta, en desacuerdo con el concepto de la señora Procuradora
Décima colaboradora y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, (…)”. Índice
68 SAMAI, actuaciones de primera instancia. PDF pág. 49.
22 “Al respecto, es indispensable señalar que al juez le corresponde valorar y sopesar las pruebas que militan en
el plenario, con miras a formarse su propio juicio acerca del asunto debatido, pues considerar “acreditados los
hechos tenidos como ciertos en la motivación de una sentencia proferida en otro proceso, (sic) podría suscitar
eventos ‘incompatibles con principios básicos de derecho procesal, pues entonces no sería el juez de la causa
a quien correspondería valorar y analizar las pruebas para formar su propia convicción sobre los hechos
controvertidos (…)’”. Conforme a esto último, si bien la copia de una providencia acredita su existencia, su autor,
la fecha y la decisión que ella contiene, si la misma concluye, por ejemplo, que la muerte de un civil ocurrió con
ocasión de una falla del servicio en la que incurrieron sus agentes, como ocurrió en este caso, el juez de la
acción de repetición está obligado a aceptarla, pero excluyendo, por supuesto, las motivaciones que le sirvieron
de sustento, salvo que éstas se encuentren respaldadas probatoriamente en el proceso que él debe fallar”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 25 de
enero de 2017. Rad: 42350. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
23 “La Sala debe precisar que la sentencia condenatoria que da lugar a la demanda de repetición no constituye
plena prueba de la conducta gravemente culposa de los demandados. Cabe decir que la decisión del juez
contencioso administrativo en el fallo de responsabilidad patrimonial o en sede de legalidad no ata al juez de la
repetición, ya que, como lo ha sostenido esta Sección, en esta sede judicial pueden hacerse valoraciones y
calificaciones distintas, en la medida en que la decisión ya no versa sobre la responsabilidad del Estado o la
legalidad de sus actuaciones administrativas, sino sobre la conducta del agente. En otras palabras, dado el
carácter autónomo e independiente que el legislador le imprimió al ejercicio de la acción de repetición, la
condena a una entidad estatal a través de un juicio previo y totalmente diferente al de la referencia no implica
automáticamente la responsabilidad del agente o ex agente estatal que eventualmente hubiere dado lugar a la
misma o que hubiere participado en los hechos correspondientes, pues la conducta que se le endilga a este
debe quedar establecida de manera plena e individualizada en el respectivo proceso de repetición. Como ya se
dijo, la sentencia por la que se repite, a lo sumo, podría servir de punto de partida para determinar cuál es el
hecho o la conducta que se predican constitutivas de dolo o culpa grave. Consejo de Estado, Sala de lo
8
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Actor: Registraduría Nacional del Estado Civil
Demandado: Néstor Tabares Muñoz y otros.
Referencia: Repetición
32. Como segundo argumento, señaló el recurrente que al ser los demandados
exagentes del Estado, de dicha calidad se desprendían unos deberes implícitos que
no se cumplieron, pues se materializaron las irregularidades en el proceso de
elección del alcalde de Tierralta, Córdoba.
33. Conforme lo prevé la Constitución Política24, para el caso de los particulares la
regla de conducta es la cláusula general de libertad, consistente en que podrán
hacer todo lo que no les esté prohibido. Para quienes son agentes del Estado, la
regla de conducta se delimita en el sentido de que solo estarán facultados para
hacer lo que sus competencias estrictamente les permitan, por lo que solo podrán
ser hallados responsables como consecuencia de la desatención de alguno de
estos deberes y siempre que aquello pueda encuadrarse en el dolo o la culpa grave.
34. La jurisprudencia constitucional ha indicado que la responsabilidad de los
agentes estatales no necesariamente se restringe a lo previsto en el artículo 6º
superior, pues una misma conducta de un agente estatal puede derivar en distintos
tipos de responsabilidad25.
35. Para enjuiciar la responsabilidad de un agente o exagente del Estado, no es
posible acudir a competencias genéricas o indeterminadas y mucho menos
implícitas, pues para que el reproche de responsabilidad personal salga avante es
necesario individualizar la conducta, describirla, probarla, calificarla y explicar la
relación causal que tuvo con la condena que la entidad estatal se vio obligada a
pagar26.
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 5 de marzo de 2020. Rad: 56485.
C.P. María Adriana Marín
24 ARTICULO 6o. Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las
leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus
funciones.
25 “El marco constitucional de la responsabilidad no se restringe al principio consagrado en el artículo 6°
constitucional, pues (i) corresponde a la ley determinar la responsabilidad de los servidores públicos y la manera
de hacerla efectiva (art. 124 C.N); (ii) “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le
sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la
conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste” (art. 90 C.N)[7];
(iii) “cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad competente la aplicación de las sanciones
penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas” (art. 92 C.N); (iv) “ninguna
autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley (art. 121
C.N); (v) “no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento (...) Ningún servidor
público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los
deberes que le incumben (...) Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, el servidor público
que sea condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, quedará inhabilitado para el desempeño de
funciones públicas” (art 122 C.N), y (vi) “los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad;
ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. La ley determinará el
régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su
ejercicio” (art. 123 C.N). 10.- Dentro de este marco, una misma conducta de un servidor público puede dar lugar
a distintos tipos de responsabilidad. Así, el desconocimiento culposo o doloso, de estas obligaciones, al
desbordar el ordenamiento jurídico, puede generar responsabilidad civil, penal, contractual, fiscal, patrimonial y
disciplinaria de los servidores públicos. Cada uno de estos tipos de responsabilidad se analiza de conformidad
con las funciones asignadas. Así por ejemplo, un funcionario que no tenga por función el manejo de dineros
públicos, no podrá incurrir en responsabilidad fiscal; o el funcionario que no realice actividad contractual pública
con o a nombre del Estado no podrá incurrir en responsabilidad contractual”. Corte Constitucional, sentencia C-
908-2013 del 3 de diciembre de 2013.
26 “Dado lo anterior, no puede ser irrelevante el hecho de que la norma constitucional (art. 90) haya establecido
expresamente que el deber de las entidades estatales de repetir contra sus funcionarios o ex funcionarios, sólo
surge en la medida en que el daño a cuya reparación patrimonial hayan sido condenadas, pueda imputarse a
la conducta dolosa o gravemente culposa de los mismos, lo cual, por otra parte, se explica por la necesidad de
ofrecer unas mínimas garantías a los servidores públicos, en el sentido de que no cualquier error en el que
9
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Demandado: Néstor Tabares Muñoz y otros.
Referencia: Repetición
36. En el proceso, tal como lo reconoció el apelante27, no se aportó como prueba
documental el manual de funciones del entonces registrador municipal, así como
tampoco de los supernumerarios, omisión probatoria que expone la ausencia de
argumentación encaminada a individualizar la conducta y su relación causal con la
condena que se busca recobrar, lo que impide al juzgador efectuar un análisis en
ese sentido.
37. En este caso, extraña la Sala de manera especial que al ser tantos los sujetos
que componen el extremo pasivo de la controversia, la parte actora no haya
individualizado sus conductas; más aún cuando se trata de exfuncionarios que
tenían responsabilidades diferentes, situación que acentúa la necesidad de
distinguir el actuar de cada uno de ellos.
38. Correspondía a la parte demandante argumentar cómo la función en cabeza de
cada demandado podría encuadrarse en la categoría de culpa grave y, además,
demostrar cómo tal actuación fue la causa de la condena que tuvo que asumir la
entidad demandante, carga que no fue cumplida. No puede perderse de vista que
la responsabilidad que se analiza en un medio de control como el que nos ocupa
es subjetiva, por lo que tales demostraciones resultan fundamentales.
39. Específicamente, respecto de los supernumerarios, en el recurso se enrostró un
yerro del a quo consistente en que desconoció que tales funcionarios fueron
contratados específicamente para que fungieran como servidores públicos en el
trámite electoral anulado. Frente a este particular se destaca que en el expediente
obra como prueba documental la comunicación del 7 de enero de 201528,
identificada con la radicación 910-GTH, de la oficina de talento humano de la
Registraduría. En dicha comunicación la entidad demandante, respecto de la
vinculación de los supernumerarios y su vinculación con el proceso electoral
expresó que “se podría presumir, mas (sic) no certificar, que esta vinculación estuvo
relacionada con el proceso de cierre de inscripción de cédulas en los puestos de
votación del municipio”.
40. Derivado del contenido de este documento, la Sala concluye que la afirmación
del recurrente relativa a circunscribir la vinculación de los supernumerarios
exclusivamente al procedimiento electoral carece de fundamento, pues la misma
entidad demandada no pudo certificar que dicha situación fuera así.
puedan incurrir de buena fe, podrá servir para imputarles responsabilidad patrimonial ante la respectiva entidad
estatal, lo cual podría conducir a un ejercicio temeroso, ineficiente e ineficaz de la función pública. Así las cosas,
la determinación de si una conducta es dolosa o gravemente culposa, reviste un carácter probatorio, debido a
que el actor debe demostrar que resulta probada tal circunstancia, solo en tal caso habrá lugar a endilgarle
responsabilidad patrimonial a los demandados”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 9 de septiembre de 2016. Rad: 49764. C.P. Jaime Orlando
Santofimio Gamboa.
27 “Si bien no se adjuntó certificado de funciones del registrador municipal, no puede el despacho ignorar que el
señor Néstor Tabares Muñoz como representante de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el municipio
de Tierralta – Córdoba, estaba revestido de suficiente autoridad administrativa, encargado de ejercer actividades
propias de su cargo tales como las relacionadas en la resolución N° 3560 de 14/12/88, (…)” (…)”. Índice 68
SAMAI, actuaciones de primera instancia.
28 Índice 68 SAMAI, actuaciones de primera instancia. PDF pág. 113.
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Demandado: Néstor Tabares Muñoz y otros.
Referencia: Repetición
41. Para el caso especial del señor Néstor Tabarez Muñoz, quien tuvo la calidad de
registrador Municipal para la época de la elección, en el recurso de apelación se
aludió especialmente a que se había omitido valorar el contenido del Decreto 2241
de 198629 y la Resolución 3560 de 198830, cuyo extracto se incorporó en el recurso.
42. Respecto de la valoración probatoria de los actos administrativos mencionados,
precisa la Sala que ninguno de ellos fue aportado como prueba documental en el
expediente. En tal virtud importa diferenciar su procedencia de cara a la posibilidad
de valorarlos como prueba en el proceso.
43. El Decreto 2241 de 1986 corresponde a una norma de alcance nacional, pues
fue expedido por el presidente de la República y contiene el código electoral. En tal
virtud, a la luz de lo previsto en el artículo 177 del Código General del Proceso31 no
es necesario que se aporte como prueba al expediente, pues las únicas normas
jurídicas que necesitan prueba son aquellas de alcance territorial.
44. En cuanto a la Resolución 3560 de 1988, como también lo señala el artículo ya
citado, si bien su texto no se aportó pues solo fue incorporado un extracto en el
recurso de apelación, lo cierto es que está disponible en la página de la entidad
demandante32, motivo por el cual también resulta procedente su valoración en la
medida en que el último inciso del ya citado artículo 177 dispone que podrán
valorarse las normas cuyo contenido pueda ser encontrado en la página de la
entidad pública correspondiente.
45. Sibien en las normas reseñadas se incorpora un catálogo de funciones
generales, lo cierto es que dicha enunciación resulta insuficiente, pues la sola
enumeración de las funciones o su existencia no basta para poder entender
configurada la responsabilidad individual del agente o exagente estatal.
46. En el recurso de apelación no se hizo expresa referencia a una serie de
decisiones disciplinarias donde el entonces Registrador Municipal resultó separado
de su cargo33; sin embargo, los hechos que fundamentaron tales decisiones no
corresponden a los mismos por los cuales se pretende la responsabilidad de este
ex agente del estado, motivo por el cual los juicios de reproche conductual que allí
se realizaron no pueden trasladarse a este análisis, así como tampoco resulta
posible presumir que su actuar fue gravemente culposo porque fue sancionado y
29 “Por el cual se adopta el código electoral”.
30 “Por el cual se derogan las resoluciones # 2511 del 6 de noviembre de 1987 y 1196 del 12 de abril de 1988 y
se establece el manual de funciones y requisitos mínimos para los cargos de la planta de personal de la
Registraduría Nacional del Estado Civil”
31 “Artículo 177. Prueba de las normas jurídicas. El texto de normas jurídicas que no tengan alcance nacional y
el de las leyes extranjeras, se aducirá en copia al proceso, de oficio o a solicitud de parte. La copia total o parcial
de la ley extranjera deberá expedirse por la autoridad competente del respectivo país, por el cónsul de ese país
en Colombia o solicitarse al cónsul colombiano en ese país. También podrá adjuntarse dictamen pericial rendido
por persona o institución experta en razón de su conocimiento o experiencia en cuanto a la ley de un país o
territorio fuera de Colombia, con independencia de si está habilitado para actuar como abogado allí. Cuando se
trate de ley extranjera no escrita, podrá probarse con el testimonio de dos o más abogados del país de origen
o mediante dictamen pericial en los términos del inciso precedente. Estas reglas se aplicarán a las resoluciones,
circulares y conceptos de las autoridades administrativas. Sin embargo, no será necesaria su presentación
cuando estén publicadas en la página web de la entidad pública correspondiente. PARÁGRAFO. Cuando sea
necesario se solicitará constancia de su vigencia”.
32 https://wsp.registraduria.gov.co/normatividad/index.php#resul
33 Índice 68 SAMAI, actuaciones de primera instancia. PDF pág. 360 a 411.
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Referencia: Repetición
separado de su cargo, teniendo en cuenta que el reproche de conducta es propio
de cada caso concreto.
47. También se argumentó en el recurso que el señor Tabares Muñoz había incurrido
en culpa grave al no haber puesto en conocimiento de las autoridades las
irregularidades que se materializaron en el proceso electoral.
48. Al margen de si se efectuó o no la denuncia, pues no es este el escenario de
discusión de conductas penales, para los fines de este proceso y la responsabilidad
que se pretende, la omisión de denuncia no resulta ser un hecho causalmente
relevante para imputar responsabilidad por las irregularidades que justificaron la
nulidad de la elección y la posterior condena al Estado. Reprochar esta conducta
resulta irrelevante y presume, sin ningún tipo de sustento, que el entonces
registrador conoció inmediatamente de tales hechos.
49. En todo caso, aun bajo el supuesto de que el entonces Registrador Municipal
haya omitido su deber de denuncia, este argumento resulta insuficiente para
soportar la responsabilidad subjetiva que en este proceso se pretende endilgar,
toda vez que la jurisprudencia34 de esta corporación ha reseñado que no cualquier
actuación que desconozca el ordenamiento jurídico conlleva la responsabilidad
personal del agente o exagente estatal, pues siempre resulta relevante probar la
gravedad de la falla en su conducta y la relación que esta tiene con la condena que
le fue impuesta al Estado, lo que en este proceso no ocurrió.
50. Aunado a lo anterior, el argumento relativo a que se impute responsabilidad por
la omisión de denuncia fue presentado en el recurso de apelación y no en la
demanda, pues la responsabilidad aludida fue apoyada en las irregularidades que
se presentaron en los comicios y su permisión, más no en el deber de denunciarlos,
motivo por el cual este argumento, además de impróspero, excede la causa
petendi.
51. Así las cosas, concluye la Sala que no se probó que los demandados hayan
incurrido en una conducta gravemente culposa que permita endilgarle
responsabilidad personal respecto de la condena pagada por la Registraduría.
52. Por todo lo aquí expuesto la Sala confirmará la sentencia del 15 de mayo de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba.
Condena en costas
53. Elartículo 188 de la Ley 1437 de 2011 señala que la condena en costas
procederá de manera objetiva, excepto en los procesos en los que se ventila un
interés público35.
34 “Frente a este argumento, la Sala enfatiza que no cualquier actuación que desconozca el ordenamiento
jurídico, permite deducir la responsabilidad del funcionario en la acción de la repetición y resulta necesario
comprobar la gravedad de la falla en su conducta”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 26 de julio de 2021. Rad: 55403. C.P. Alberto Montaña Plata.
35 Consultar: Providencias del 8 de mayo de 2023, expediente 61860, del 22 de agosto de 2023, expediente
67371, del 1 de marzo de 2024, expediente 70456, del 18 de noviembre de 2024, expediente 71.731.
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Demandado: Néstor Tabares Muñoz y otros.
Referencia: Repetición
54. El proceso que se adelanta en ejercicio de la pretensión de repetición es uno de
aquellos en los que se ventila un interés público, pues con este se busca la
protección del patrimonio público36. Así, no hay lugar a condenar en costas a la
entidad demandante -parte vencida-.
IV. PARTE RESOLUTIVA
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 15 de mayo de 2025, emitida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, incorporarla al expediente digital y
remitirla al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código
QR que aparece a la derecha.
VF
36 Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que “la acción de repetición tiene una finalidad de
interés público como es la protección del patrimonio público el cual es necesario proteger integralmente para la
realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, como lo señala el artículo 2 de la
Constitución Política”. Corte Constitucional. Sentencia C-832-01 de 8 de agosto de 2001. M.P. Rodrigo Escobar
Gil. En igual sentido Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias de 7 de noviembre de
2025, expediente 72537 y de 25 de noviembre de 2025, expediente 72189.
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