Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 23001-23-33-000-2016-00231-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela: ampara el derecho a la vivienda digna
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 23001-23-33-000-2016-00231-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 23001-23-33-000-2016-00231-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés
30 de marzo de 2017
ACCIÓN DE TUTELA - Ampara el derecho a la vivienda digna / DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA - Vulneración por vencimiento del subsidio de vivienda / SUBSIDIO DE VIVIENDA - Se otorga nuevamente vigencia al subsidio que le había sido asignado en virtud de los efectos inter comunis señalados en la sentencia T-526 de 2016
[L]a Sala concluye que hubo vulneración del derecho a la vivienda de la [actora], toda vez que, sin justificación alguna, atribuible a su conducta, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, omitió declarar la prórroga del subsidio familiar de vivienda que le había sido otorgado. Esta situación llevó a que la accionante no pudiera acceder a la vivienda para la cual había efectuado la postulación en la Urbanización Villa Melisa, no obstante haber cumplido con todos los requisitos para ello. (…) Así las cosas, se confirmará la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Córdoba el 6 de julio de 2016 que amparó los derechos de la [actora] y, con el fin de garantizar la protección del derecho conculcado en condiciones de igualdad, en virtud de los efectos inter comunis señalados de la sentencia T-526 de 2016, se modificarán los numerales segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el a quo.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 13 / LEY 3 DE 1991 / LEY 1469 DE 2011 /DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 32 / DECRETO 2190 DE 2009 - ARTÍCULO 49 / DECRETO 2190 DE 2009 - ARTÍCULO 51 / DECRETO 555 DE 2013 / DECRETO 1077 DE 2015 / DECRETO 2190 DE 2009 - ARTÍCULO 58 / DECRETO 1077 DE 2015
NOTA DE RELATORÍA: En cuanto al derecho a la vivienda digna, ver: Corte Constitucional, sentencia C-359 de 26 de junio de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. En cuanto a las familias que se postularon a una vivienda en el proyecto Villa Melisa, ver: Corte Constitucional, sentencia T-526 de 27 de septiembre de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 23001-23-33-000-2016-00231-01(AC)
Actor: NORLEDYS DEL CARMEN MARTÍNEZ GALEANO
Demandado: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO – FONDO NACIONAL DE VIVIENDA Y OTROS.
Corresponde a la Sala decidir la impugnación presentada por Fonvivienda y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que amparó el derecho fundamental a la vivienda digna de la señora Norledys del Carmen Martínez Galeano.
I.- LA SOLICITUD DE TUTELA
I.1. La señora Norledys del Carmen Martínez Galeano, en el ejercicio de la acción de tutela solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad y a la vivienda digna, así como también del principio de la confianza legítima, cuya vulneración le atribuye a la Nación – Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y al Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, por cuanto le fue reconocido un subsidio de vivienda con un plazo de seis (6) meses de aplicación, para la adquisición de una vivienda nueva, y tiempo después se le declaró vencido pese a cumplir con todos los trámites requeridos para ello.
II.- LOS HECHOS
De conformidad con lo expuesto por la accionante, los hechos en que se fundamenta la demanda de amparo son, en síntesis, los siguientes:
La señora Norledys del Carmen Martínez Galeano manifiesta que es madre cabeza de familia y actualmente habita, en compañía de su hijo, una vivienda arrendada.
Sostiene que le fue adjudicado un subsidio de vivienda urbana por medio de la Resolución Nº 0950 del 22 de noviembre de 2011, por valor de $11.783.200, para ser aplicados en el proyecto Urbanización Villa Melisa, situada en el municipio de Montería – Córdoba, modalidad de adquisición de vivienda nueva, durante los próximos seis (6) meses contados a partir de la fecha de publicación de la resolución de asignación, siempre y cuando lo permitieran las normas de ejecución presupuestal.
Indica que durante cuatro años se ha acercado a la Gobernación de Córdoba para averiguar por la ejecución del proyecto y allí le informaron que el Ministerio desembolsaría el subsidio luego de que el constructor le entregue la vivienda.
Señala que el 10 de diciembre de 2015 la Gobernación de Córdoba le informó que consultado el estado del subsidio constató que registra como “apto con subsidio vencido” desde el 30 de junio de 2015, porque en la Resolución Nº 0521 del 30 de junio de 2015 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, no incluyó la prórroga de la Resolución Nº 0950 del 22 de noviembre de 2011.
Indica que no todos los subsidios otorgados en ésta última resolución aparecen como vencidos, por lo cual estima vulnerado su derecho a la igualdad respecto de aquellos beneficiarios de la misma resolución que conservan vigentes sus subsidios.
Agrega que los beneficiarios no tienen la culpa de las situaciones administrativas que han impedido aplicar los subsidios y la ejecución de la obra, por lo cual eso no puede afectar el derecho a materializar el derecho a acceder a una vivienda digna.
Resalta que durante todo este tiempo ha estado impedida para postularse en otros proyectos de vivienda de interés social.
Manifiesta que la decisión de negarle el subsidio de vivienda lesiona la confianza legítima, es decir, la expectativa cierta que tenía, pues al acercarse a la Oficina de Vivienda de la Gobernación de Córdoba, nunca le expresaron que había inconvenientes con el subsidio, por el contrario, le señalaron que debía estar pendiente sobre la asignación de manzana y lote que le correspondería.
Agrega que la carta de asignación del subsidio de vivienda tiene vigencia de seis (6) meses y se venía prorrogando por tres (3) meses, lo que generaba una expectativa cierta que obtendrían una vivienda, posibilidad que fue desconocida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio cuando decidió dar por vencido el subsidio sin exponer las razones para ello.
Añade que la autoridad accionada vulnera su derecho a la igualdad por cuanto no existe una razón fáctica ni jurídica que permita concluir que él se encuentra en una condición distinta a la de las personas a quienes no se les declaró vencido o expirado el subsidio de vivienda. Considera injusto que para algunos continúe vigente el subsidio familiar de vivienda y para otros no, sin que el Ministerio ofrezca una justificación para que dispusiera el vencimiento del subsidio.
Igualmente estima afectado el derecho a la vivienda digna por cuanto al declarar vencido el subsidio para el proyecto Villa Melisa no podrá obtener una vivienda dado que es una persona de escasos recursos económicos y madre cabeza de familia.
III. LAS PRETENSIONES
La accionante solicitó la tutela de sus derechos fundamentales a la igualdad y a la vivienda digna y del principio de confianza legítima y que, en consecuencia, “se ordene al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y/o Fonvivienda o a quien corresponda, que se me prorrogue y/o renove (sic) el subsidio de vivienda de interés social a mi otorgado a través de la Resolución 950 del 22 de noviembre de 2011. Lo cual implica que se me incluya de nuevo en la lista de beneficiarios del subsidio familiar para el proyecto Urbanización Villa Melisa, para así poder acceder a mi vivienda”.
IV. TRÁMITE DE LA ACCÍÓN
El Tribunal Administrativo de Córdoba admitió la tutela promovida por la señora Norledys del Carmen Martínez Galeano en contra del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, y del Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, y ordenó vincular como accionado al departamento de Córdoba. Así mismo, dispuso notificar a las mencionadas autoridades y las requirió para que presentaran informe sobre los hechos de la demanda.
V. LA INTERVENCIÓN DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS
V.1. El Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda.
Informó que a través de la Convocatoria: Bolsa Concurso de Esfuerzo Territorial Nacional – Resolución 598 de 2011, el grupo familiar del accionante fue beneficiado con la asignación de un subsidio familiar de vivienda, por la suma de $11.783.200, en la modalidad de adquisición de vivienda nueva, para la aplicación en el proyecto Urbanización Villa Melisa. La postulación la hizo la Caja de Compensación Familiar Comfacor - Montería y el subsidio venció el 30 de junio de 2015.
Subrayó que el valor del subsidio fue consignado en el Banco Agrario el 13 de febrero de 2012, pero su desembolso no se hizo efectivo ante el incumplimiento de los constructores, de la Gobernación de Córdoba y de los demás participantes en el proyecto, hecho que no puede atribuírsele a Fonvivienda.
Resaltó que esa entidad siempre garantizó los recursos para la materialización del proyecto Villa Melisa, el cual no se terminó por el incumplimiento de las demás entidades.
Por lo anterior, señala que la accionante debe postularse en un proyecto de vivienda gratuita de conformidad con la normatividad actual vigente.
Aclaró que el caso de la señora Norledys del Carmen Martínez Galeano fue calificado como “apto con subsidio vencido” porque el dinero del subsidio fue restituido al Tesoro Nacional, al haberse renovado varias veces sin que dentro del término de vigencia el hogar beneficiario tramitara su cobro y movilización, de acuerdo a las instrucciones indicadas al respaldo de la carta de asignación entregada en el año 2011.
Expuso que para el proyecto se asignaron 1.869 subsidios familiares de vivienda correspondientes a la población vulnerable y 229 subsidios destinados a la población desplazada, para un total de 2.098 subsidios previstos para igual número de soluciones habitacionales, de las cuales 884 constituyen las etapas I, II, III, IV y V, y la etapa ejecutada contra escritura, que fueron certificadas por parte del FONADE como entidad supervisora.
Puso de presente que del total de 2098 viviendas, luego de cuatro años de haberse asignado los subsidios, solo se han legalizado 884 correspondientes al 42% de la totalidad del proyecto, situación que motivó a declarar el vencimiento de 787 subsidios asignados a través de la Bolsa de Esfuerzo Departamental, mediante Resolución 950 de 2011, considerando que no se había iniciado la construcción de ninguna de las 787 viviendas.
Para Fonvivienda, pese al tiempo transcurrido, la Gobernación de Córdoba, como oferente del proyecto, no ha cumplido con sus funciones, situación que ha impedido la legalización de la totalidad de los subsidios en tanto no se ha iniciado la construcción de todas las viviendas del proyecto y tampoco se han cumplido los compromisos pactados frente a las viviendas que están en ejecución.
Enfatizó en que a la fecha no existe ninguna posibilidad ni administrativa ni presupuestal, para que la parte accionante tenga acceso al subsidio familiar de vivienda del cual fue beneficiario, por cuanto los recursos no se encuentran a disposición de Fonvivienda porque fueron devueltos al Tesoro Nacional.
Indicó que tal situación no inhabilita al hogar de la accionante para postularse en las futuras convocatorias para la asignación de subsidios familiares de vivienda que realice Fonvivienda.
Advirtió que, en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional en relación con la protección a los desplazados, particularmente en los autos de seguimiento proferidos en los años 2009, 2010 y 2011, se establecieron nuevas condiciones y el procedimiento para la asignación de los recursos destinados a la adquisición de vivienda y se dio la apertura de convocatoria con sujeción a un nuevo procedimiento establecido en la Ley 1537 de 2012.
Destacó que, actualmente, para la asignación del subsidio, se encuentra en ejecución el programa de cien mil viviendas gratis, en el cual el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS selecciona a los hogares potencialmente beneficiarios para cada proyecto de vivienda y posteriormente Fonvivienda da apertura a las convocatorias para la postulación de los hogares escogidos. Ello significa que la convocatoria es para cada proyecto de vivienda y para los hogares seleccionados por el DPS. Aparte de eso se subsidia el valor total de la vivienda.
Finalmente, solicitó denegar las pretensiones de la demanda ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales de la accionante.
V.2. La Gobernación de Córdoba.
La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento de Córdoba señaló que conforme al artículo 51 del Decreto 2190 de 2009, la entidad encargada de renovar y/o prorrogar los subsidios de vivienda de interés social es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y con base en la citada disposición, ese ministerio, durante tres anualidades, ha emitido prórrogas sucesivas de la Resolución 950 de 2011, la última de ellas mediante Resolución Nº 0521 de 30 de junio de 2015, en la cual decidió vencer 778 subsidios.
Agrega que así lo han entendido el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia, que en eventos similares le ha ordenado que en un plazo de diez días prorrogue el subsidio otorgado mediante la Resolución Nº 950 de 2011.
V.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
El Jefe de la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicita desvincular a esa entidad de la acción de tutela por cuanto los hechos con base en los cuales se solicita el amparo son ajenos al ámbito de competencia de la Agencia.
Advierte que en la Carta Circular Nº 00-07 del 25 de julio de 2013, dirigida a los despachos judiciales del país se precisó que la notificación ordenada por el artículo 612 del Código General del Proceso “cumple la finalidad de una comunicación, mediante la cual la Agencia conoce de las demandas contra las entidades públicas y registra la información en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del estado, para determinar en qué proceso debe intervenir con base en los criterios establecidos, cuando lo considere pertinente o lo disponga el Consejo Directivo de la Entidad”.
V.4. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
La representante judicial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se opuso a la prosperidad de la tutela pues considera que hay falta legitimación por pasiva por cuanto el llamado a otorgar o rechazar los subsidios de vivienda es el Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda.
Manifiesta que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es el encargado de formular políticas en materia habitacional pero no de ejecutarlas, ni ejerce funciones de inspección, vigilancia y control sobre la materia.
Considera que la accionante tuvo tiempo suficiente para hacer efectivo el subsidio y no lo movilizó a pesar de haberse prorrogado en varias oportunidades “por lo que no tiene excusa de no haberlo hecho”.
Sostiene que el subsidio de la accionante perdió vigencia administrativa y presupuestal y esto impide revivirlo, pues los recursos fueron devueltos al Tesoro Nacional.
Argumenta que Fonvivienda no puede realizar ampliaciones de la vigencia del subsidio porque de acuerdo con el artículo 51 del Decreto 2190 de 2009 no tiene competencia para ello. Por lo anterior estima que la señora Norledys del Carmen Martínez Galeano debe volver a postularse en una nueva convocatoria que abra Fonvivienda.
VI. EL FALLO IMPUGNADO.
El 6 de julio de 2016 el Tribunal Administrativo de Córdoba, Sala Segunda de Decisión, amparó el derecho fundamental a la vivienda digna de la señora Norledys del Carmen Martínez Galeano y le ordenó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, que dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación del fallo, inicien las actuaciones administrativas necesarias para garantizar la prórroga o reactivación del subsidio que le había asignado a la accionante mediante la Resolución Nº 950 de 22 de noviembre de 2011.
Igualmente ordenó al departamento de Córdoba que, surtido el trámite anterior, adelante las gestiones pertinentes para asignar la vivienda a la accionante, con respeto por la orden de adjudicación que tenía desde la primera postulación para adquirir una vivienda en el proyecto “Urbanización Villa Melisa”.
El a quo fundamentó su decisión en que la señora Norledys del Carmen Martínez Galeano, el 21 de agosto de 2012, suscribió un contrato de promesa de compraventa con la Unión Temporal Villa Melisa, en el cual, con base en el artículo 59 del Decreto 2190 de 2009, autorizó el giro del monto del subsidio familiar de vivienda de manera directa a dicha Unión Temporal, la que, en tal virtud, tenía la obligación de tramitar el giro anticipado de los recursos ante el Fondo Nacional de Vivienda que serían aplicados al pago del inmueble, como se estableció en el parágrafo de la cláusula cuarta del citado contrato.
Señala que el subsidio familiar de vivienda se venció por causa no atribuible a la accionante ya que ella había autorizado el giro de los recursos a la Unión Temporal, quien debía realizar los trámites correspondientes. Agrega que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no incluyó el subsidio de la tutelante, dentro de aquellos que se prorrogaron en la Resolución 0521 del 30 de junio de 2015 porque no se ha culminado la ejecución del proyecto de viviendas, no por causa atribuible a ella.
Añade que la entidad oferente del proyecto no informó a la accionante sobre los inconvenientes frente a su ejecución, con el fin de evitar el vencimiento del subsidio, lo cual condujo a la violación del derecho a la vivienda digna de la señora Norledys del Carmen Martínez Galeano.
VII.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN.
VII.1. Impugnación de FONVIVIENDA
El apoderado judicial de Fonvivienda solicitó revocar el fallo de primera instancia porque esa entidad no ha violado los derechos fundamentales de la accionante.
Subrayó que la vigencia del subsidio no fue ampliada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio porque el proyecto Urbanización Villa Melisa presenta atrasos considerables que impedían materializarlo y, por ello, el valor del subsidio fue restituido a la Dirección del Tesoro Nacional, de tal forma que no hay posibilidad de obtener el retorno de esos recursos.
Señala que la accionante puede postularse para otras convocatorias en materia de vivienda, para lo cual debe acercarse a cualquier caja de compensación familiar.
Afirmó que no es Fonvivienda sino el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el que tiene competencia para prorrogar el subsidio familiar para la adquisición de vivienda nueva.
VII. 2. Impugnación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, impugnó el fallo de tutela porque considera que carece de competencia para resolver sobre la pretensión de la accionante, toda vez que a esa entidad no le corresponden funciones relacionadas con la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social, y que “mal puede abrogarse una competencia ya que estaría trasgrediendo el principio de legalidad”.
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA.
VIII.1. Competencia.
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por FONVIVIENDA y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, el 6 de julio de 2016, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
VIII.2. Cuestión Previa.
Ante la terminación de la gestión como Consejero del doctor Guillermo Vargas Ayala, el 31 de enero de 2017, la Sala Plena del Consejo de Estado encargó de las funciones del referido despacho al doctor Carlos Enrique Moreno Rubio, quien a partir de esa fecha integra la Sala que decide la presente acción de tutela.
VIII.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda y la Gobernación de Córdoba, vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad y a la vivienda digna, así como también del principio de la confianza legítima, de la señora Norledys del Carmen Martínez Galeano, porque no se prorrogó el subsidio de vivienda familiar otorgado mediante Resolución N° 0950 del 22 de noviembre de 2011, y cuya vigencia fue extendida en reiteradas ocasiones ante las demoras en la ejecución del proyecto por parte del oferente del mismo.
Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, se harán previamente algunos planteamientos respecto de: i) los derechos a la igualdad y a la vivienda digna; ii) el subsidio familiar de vivienda; y iii) el caso concreto.
VIII.4. Los derechos fundamentales a la Igualdad y a la vivienda digna.
El artículo 13 de la Constitución Política establece el derecho a la igualdad en los siguientes términos:
“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.
Establece dicha disposición el principio de igualdad material, conforme al cual el Estado está obligado a adoptar medidas en favor de los grupos marginados o que se encuentren en situación de debilidad manifiesta, entre otras razones, por su condición económica.
Uno de los mecanismos a través de los cuales se realiza la igualdad material es la implementación de medidas, como el subsidio familiar de vivienda, que permite a las personas de grupos vulnerables el acceso efectivo a una vivienda en condiciones dignas.
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-359 de 2013 señaló:
“6.4. La garantía efectiva del derecho fundamental a la vivienda digna en su faceta prestacional exige un desarrollo legal –decisión política- y una apropiación presupuestal. Requiere que el Estado desarrolle e implemente una política pública y que disponga los recursos necesarios para su materialización, lo cual supone su cumplimiento de forma progresiva. Esta faceta puede tornarse de inmediata observancia cuando se han creado las condiciones para que la persona exija del Estado el acatamiento de la obligación que tiene, por ejemplo en virtud de una ley, de ejecutar una prestación determinada. En este supuesto, el derecho a la vivienda digna permite su exigibilidad pronta por mecanismos constitucionales como la acción de tutela.
(…)
Reconociendo que el logro de la faceta prestacional de un derecho fundamental requiere de cuantiosos recursos públicos, las obligaciones que recaen sobre el Estado implican que ha de comprometerse, en la medida de los recursos disponibles, a obtener progresivamente la materialización plena del derecho, lo cual implica la adopción de medidas legislativas, administrativas y financieras, con la mayor oportunidad posible.
6.5. En este contexto, esta Corporación ha indicado que el derecho a la vivienda digna impone al Estado la carga de organizar, según sus posibilidades fiscales y de gestión, sistemas y procedimientos específicos que permitan atender oportuna y satisfactoriamente las necesidades de vivienda de la población. Conlleva el deber de proveer las condiciones adecuadas para dotarlas de un lugar digno para vivir con sus familias, al abrigo de las inclemencias ambientales y en la consecución de su proyecto de vida. Ha de regularse por el legislador y promoverse por el ejecutivo, al demandar un claro desarrollo legal previo. Involucra provisionar espacios mínimos, calidad de construcción, acceso a servicios públicos, áreas de recreación, vías de acceso y ambientes adecuados para la convivencia de las personas, al tiempo que la administración debe generar sistemas de financiación que permitan su adquisición acorde con el ingreso de la población, propendiendo por una oferta idónea y con énfasis en los grupos de mayor vulnerabilidad en los cuales aparezca un déficit de este servicio, correspondiendo cumplir una serie de requisitos para ser beneficiarios de un subsidio.
Las circunstancias de debilidad manifiesta en las que se encuentran los sujetos considerados de especial protección constitucional, acogen particular importancia en materia de implementación de una política social de vivienda. (…)
6.6. Precisamente, para desarrollar la política social y prioritaria de vivienda de los menos favorecidos, el Estado ha diseñado el mecanismo del subsidio familiar, como instrumento idóneo para su realización pronta y efectiva. Ha dicho esta Corporación que “las normas que regulan el subsidio establecen requisitos y condiciones especiales dirigidas a permitir la adquisición de una vivienda digna por personas de escasos recursos económicos, en desarrollo de los postulados previstos en el citado artículo 51 superior y como garantía de acceso de las personas postulantes, en condiciones de igualdad. El subsidio familiar de vivienda es un aporte estatal que se entrega por una sola vez al beneficiario, el cual puede estar representado en especie o en dinero y es asignado sin cargo de restitución, con prioridad a la población más vulnerable del país, que se halla en imposibilidad de acceder a una vivienda.””.
Para la ejecución de esta política el Gobierno Nacional creó el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, mediante Decreto 555 de 2003.
VIII.5. El subsidio familiar de vivienda.
La Ley 3 de 1991 define el subsidio familiar de vivienda como un “aporte estatal en dinero o en especie, que podrá aplicarse en lotes con servicio para programas de desarrollo de autoconstrucción, entre otros, otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto de facilitar el acceso a una solución de vivienda de interés social o de interés prioritario de las señaladas en el artículo 5° de la presente ley, sin cargo de restitución, siempre que beneficiario cumpla con las condiciones de ley.”
Podrán ser beneficiarios del subsidio familiar de vivienda los hogares que se postulen para recibirlo, por carecer de recursos suficientes para obtener una vivienda, mejorarla o habilitar legalmente los títulos de la misma, y cumplan los demás requisitos que señale la ley.
El título 3º del Decreto 2190 de 12 de junio de 2009, establece los mecanismos de acceso al subsidio familiar de vivienda y, en el artículo 49, señala:
“Procedimiento general de asignación de subsidios. Surtido el proceso de calificación de las postulaciones aceptables y configurados los listados de que trata el artículo 45 de este decreto, la entidad otorgante del caso efectuará la asignación de los subsidios, mediante la aplicación de los recursos disponibles a los postulantes que les corresponda, de acuerdo con el orden secuencial de las listas de postulantes calificados. La asignación incluirá las postulaciones correspondientes a las mejores calificaciones, hasta completar el total de los recursos disponibles para cada entidad otorgante, sin perjuicio, en el caso de las Cajas de Compensación Familiar, de lo establecido en el artículo 72 del presente decreto. (…)”.
Ahora bien, para efecto de resolver el problema jurídico que plantea la acción de tutela, es preciso resaltar que, una vez otorgado el subsidio familiar de vivienda, éste tiene una vigencia de seis (6) meses calendario, contados desde el primer día del mes siguiente a la fecha de publicación de la asignación, para los subsidios familiares de vivienda otorgados con cargo a los recursos del Presupuesto Nacional, como el asignado en este caso a la señora Norledys del Carmen Martínez Galeano.
Si los beneficiarios de tales subsidios, a la fecha de su vencimiento han suscrito promesa de compra venta de vivienda ya construida, en proceso de construcción, o un contrato de construcción de vivienda en sitio propio, la vigencia del mismo tendrá una prórroga automática de seis (6) meses, previa presentación de la solicitud respectiva.
Con todo, la vigencia de los subsidios familiares de vivienda otorgados con cargo a los recursos del Presupuesto Nacional podrá ser prorrogada mediante resolución expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Para hacer efectivo el desembolso o giro del subsidio, el artículo 2.1.1.1.1.5.1.1 del Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, que incorpora el artículo 58 del Decreto 2190 de 2009, establece:
ARTÍCULO 2.1.1.1.1.5.1.1. Giro de los recursos. Cuando no se hiciere uso de la facultad del giro anticipado del Subsidio Familiar de Vivienda de que tratan los artículos 2.1.1.1.1.5.1.2 y 2.1.1.1.1.5.1.3 de la presente sección, la entidad otorgante girará el valor del mismo en favor del oferente de la solución de vivienda previamente declarada elegible a la cual se aplicará, una vez se acredite la conclusión de la solución de vivienda. (…).
ARTÍCULO 2.1.1.1.1.5.1.2. Giro anticipado del subsidio. El beneficiario del subsidio familiar de vivienda podrá autorizar el giro anticipado del mismo a favor del oferente. Para proceder a ello, el oferente debe presentar ante la entidad otorgante o su operador, el certificado de elegibilidad del proyecto, las respectivas promesas de compraventa o los contratos previos para la adquisición del dominio, acreditar la constitución de un encargo fiduciario para la administración unificada de los recursos del subsidio o de una fiducia mercantil que administrará los recursos del subsidio a través de un patrimonio autónomo, el contrato que garantice la labor de interventoría, y una póliza que garantice a los beneficiarios del encargo fiduciario o del patrimonio autónomo la construcción de la solución de vivienda, así como la correcta inversión de los recursos desembolsados por concepto del subsidio familiar de vivienda, que debe cubrir el ciento por ciento (100%) del valor de los subsidios desembolsados por la entidad otorgante. El ciento por ciento (100%) del valor de los subsidios se desembolsará al encargo fiduciario o patrimonio autónomo que se constituya, y cuyos beneficiarios serán el hogar beneficiario de subsidio familiar de vivienda y la entidad otorgante del subsidio. El 80% de esta suma se girará al oferente en los términos establecidos mediante resolución por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En todos os casos, para el giro del veinte por ciento (20%) restante, la entidad otorgante del subsidio familiar de vivienda o el operador autorizado informará por escrito a la fiduciaria el cumplimiento de la totalidad de los requisitos señalados en el artículo 2.1.1.1.1.5.1.1 de la presente sección, según la modalidad de solución de vivienda de que se trate, para que esta proceda a girar los recursos, previa certificación del interventor avalada por la entidad supervisora. De este modo se entenderá legalizada la aplicación total del subsidio, conforme al procedimiento establecido mediante resolución por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. En ningún caso podrán destinarse los recursos del subsidio girado de manera anticipada para la construcción o terminación de las obras de urbanismo. Las condiciones particulares que debe cumplir la póliza, el aval bancario, el encargo fiduciario y la fiducia mercantil, y las referentes a la interventoría y la supervisión, para efectos del presente artículo, serán las establecidas mediante resolución por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (…)
Respecto de la función del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, establece:
ARTÍCULO 2.1.1.1.1.5.2.3. Supervisión y vigilancia de los recursos del subsidio. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y las entidades otorgantes podrán definir mecanismos para la supervisión y vigilancia del uso adecuado de los recursos del subsidio familiar de vivienda. (Decreto 2190 de 2009, art. 64).
VIII.6. El caso concreto
La señora Norledys del Carmen Martínez Galeano presentó acción de tutela en contra del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Vivienda, Fonvivienda, porque no continuó prorrogándose el subsidio familiar de vivienda que le fue asignado mediante Resolución número 0950 de 22 de noviembre de 2011, por valor de $11.783.200.oo, para la adquisición de una vivienda en el proyecto Urbanización Villa Melisa, por lo que éste perdió su vigencia el 30 de junio de 2015.
Tanto el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como Fonvivienda, manifiestan que el caso de la accionante está registrado como “apto con subsidio vencido”, ya que luego de renovarse en varias oportunidades, no se adelantó el trámite encaminado al giro del mismo.
De manera particular, Fonvivienda indica, en el escrito de impugnación, que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tomó la decisión de no incluirlo dentro de los subsidios que fueron prorrogados mediante la resolución Nº 521 del 30 de junio de 2015, porque el proyecto Urbanización Villa Melisa presenta atrasos considerables. Por lo anterior, agrega, se restituyó el valor del subsidio familiar de vivienda a la Dirección del Tesoro Nacional, con fundamento en al artículo 42, numeral 2, de la Resolución 019 de 2011.
Sostiene que Fonvivienda no es la entidad competente para ordenar la prórroga de los subsidios familiares para adquisición de vivienda nueva, sino que lo es el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por lo cual solicita se revoque la decisión que le ordena adoptar las medidas para asignar de nuevo el subsidio a la accionante.
De otra parte, el representante judicial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el escrito de impugnación, indica que esa entidad no tiene competencia para resolver sobre los subsidios familiares de vivienda, asunto que corresponde a Fonvivienda, por lo cual solicita revocar el fallo de primera instancia que amparó el derecho fundamental a la vivienda digna de la accionante.
Los anteriores argumentos no son de recibo para la Sala por las siguientes razones:
Como quedó establecido en el fallo de primera instancia y se indicó en precedencia, corresponde al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio disponer la prórroga de los subsidios familiares de vivienda a cargo del presupuesto Nacional, como el que fue otorgado a la señora Norledys del Carmen Martínez Galeano, entidad que no podía disponer la pérdida de vigencia del subsidio familiar, toda vez que la accionante había autorizado en el contrato de promesa de compraventa el giro anticipado del valor del subsidio al oferente.
En este orden de ideas, no era aplicable la causal para la restitución del subsidio contenida en el artículo 42, numeral 2, de la Resolución 019 de 2011, por cuanto la señora Norledys del Carmen Martínez Galeano adelantó las gestiones necesarias para aplicar el subsidio familiar de vivienda autorizando para ello el giro anticipado, en el parágrafo de la cláusula cuarta del contrato de promesa de compraventa, en el cual aparece consignado: “El prometiente comprador autoriza expresamente al prometiente vendedor para que por cuenta de aquellos reciba el Subsidio Familiar de Vivienda, con el fin de que esta suma sea aplicada al pago de la vivienda”
Así las cosas, la vulneración del derecho a la vivienda digna tiene su origen en la omisión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y territorio de prorrogar el subsidio que le había sido otorgado al accionante en la Resolución 950 de 2011, sin alguna razón atribuible a su conducta.
En efecto, el citado Ministerio, que es la autoridad encargada de expedir el acto administrativo de prórroga del subsidio, aceptó que no lo hizo porque el proyecto presentaba demora en su ejecución, situación fáctica totalmente ajena a la actuación de la señora Norledys del Carmen Martínez Galeano, quien adelantó todas las gestiones necesarias para que el mencionado subsidio de vivienda fuera cobrado por la entidad oferente y vendedora del inmueble.
No podía entonces el Ministerio, en aplicación del artículo 42 de la Resolución 019 de 2011, ordenar la restitución de los dineros a la entidad otorgante del subsidio, pues la accionante ya había autorizado el giro y dado así aplicación al subsidio.
En este orden, la Sala concluye que hubo vulneración del derecho a la vivienda de la señora Norledys del Carmen Martínez Galeano, toda vez que, sin justificación alguna, atribuible a su conducta, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, omitió declarar la prórroga del subsidio familiar de vivienda que le había sido otorgado.
Esta situación llevó a que la accionante no pudiera acceder a la vivienda para la cual había efectuado la postulación en la Urbanización Villa Melisa, no obstante haber cumplido con todos los requisitos para ello.
De otra parte, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la actuación de las autoridades accionadas que llevaron al desconocimiento de los derechos fundamentales de numerosas familias que habían realizado su postulación a una vivienda en el proyecto Villa Melisa en la sentencia T-526 de 2016, en la cual estableció efectos inter comunis a esa decisión, la cual impone acatar los criterios fijados por la Corte en ese evento y confirmar el amparo del derechos fundamental a la vivienda digna de la señora Norledys del Carmen Martínez Galeano.
En efecto, en la referida sentencia la Corte Constitucional determinó:
“9.4.2. Efecto inter comunis de la decisión y su alcance.
9.4.2.1. De igual modo, la Sala considera que conceder únicamente la protección de los derechos fundamentales invocados respecto de las demandantes, podría significar la vulneración de esas mismas garantías frente a demás personas que al igual que estas (i) recibieron un auxilio de vivienda para el proyecto Villa Melisa por la Resolución 950 de 2011, (ii) no se les prorrogó la Resolución 521 de 2015, (iii) no cuentan con otros recursos para acceder a una vivienda propia y (iv) mantienen las condiciones de vulnerabilidad que fueron la condición para el acceso a dicho subsidio.
Puntualmente, la protección que aquí se profiere respecto de los actores repercute directamente en el goce del derecho a la vivienda digna de quienes se encuentran en situaciones comunes o afines. Por una parte, la restauración del subsidio de vivienda en cabeza de los demandantes deriva en la redistribución inmediata de los recursos asignados y actualmente disponibles para el auxilio habitacional en cuestión, amén del cumplimiento pronto y eficaz de la orden judicial.
Colateralmente, esto repercutiría en la ejecución del presupuesto que continua vigente para el Proyecto Villa Melisa, en la medida que se alterarían los turnos de entrega de los auxilios y de las viviendas mismas. Esto también conlleva a someter a los demás beneficiarios a un mayor tiempo de espera, por cuanto las entidades demandadas deberán recobrar la disponibilidad del presupuesto que se restituyó al erario público, lo cual requiere un término considerable.
Por tanto, se hace necesario adoptar una medida adicional con el fin de que: (i) el amparo de los derechos a la vivienda digna de Candelaria Sepúlveda Pérez, Jairo Andrés Peña Sepúlveda y Nuris del Socorro Avilez Pacheco no perjudique de manera excesiva el acceso a la vivienda de los demás beneficiarios del subsidio; (ii) abarque a todos los favorecidos con el auxilio para ser parte del Proyecto Villa Melisa referidos en la Resolución 950 de 2011, de manera que tengan acceso efectivo a este, materializando el derecho a la vivienda en condiciones dignas.
Bajo esa línea de orientación, acogiendo el criterio que mejor protege el derecho fundamental invocado y atendiendo a razones de celeridad, seguridad jurídica y economía procesal, en esta oportunidad la Corte hará uso de la potestad de modular los efectos de esta sentencia, otorgándole a la presente providencia efectos inter comunis, que se aplicarán a todos los sujetos cuya situación particular se enmarca en los presupuestos anteriormente expuestos.
9.4.2.2. Al respecto, vale la pena aclarar que el alcance dado a esta decisión deberá verse reflejado en cualquier trámite judicial y administrativo en curso que los beneficiarios del subsidio de vivienda para el Programa Villa Melisa en Montería, referidos en la Resolución núm. 950 de 2011, a quienes no se les renovó en la Resolución núm. 521 de 2015, hubieran iniciado por los mismos hechos y con las mismas pretensiones.
En este orden de ideas, ya que se encuentran cobijados de manera categórica en la protección de su derecho a la vivienda digna, en las condiciones previstas por este fallo, se torna innecesario que promuevan nuevos trámites de cualquier índole para materializarlo. Luego, Fonvivienda no podrá excusar la negativa de restitución del subsidio y la ejecución del mismo respecto de dicho grupo de personas, con base en la existencia de otra decisión previa de un juez constitucional.
Por otra parte, teniendo en cuenta que el interés principal de la revisión es el de unificar la jurisprudencia y dar pautas en la defensa de los derechos fundamentales, todos los jueces de la jurisdicción constitucional están sujetos a la ratio decidendi que la Corte ha adoptado sobre este asunto. Así las cosas, se prevendrá a todos los jueces de la República, para que en los procesos instaurados ante la jurisdicción constitucional que se encuentren en curso y guarden relación con las partes, hechos y pretensiones identificadas en el punto 9.4.2 (Párrafo 1), brinden un trato igualitario y uniforme que asegure el goce efectivo del derecho fundamental a la vivienda digna en los términos referidos en esta providencia.
De manera complementaria, se requerirá a Fonvivienda, por ser la entidad que cuenta con la información de contacto de los beneficiarios del auxilio otorgado para el Proyecto Villa Melisa en la Resolución núm. 950 de 2011 y que no fue renovado por la Resolución núm. 521 de 2015, que les notifique esta providencia.
Por último, desde la asignación inicial de la subvención, han transcurrido 5 y 6 años, tiempo suficiente para que las particularidades y necesidades básicas de cada núcleo familiar, que determinan su nivel de vulnerabilidad, hayan variado.
En este sentido, se ordenará a Fonvivienda que articule el orden de distribución de los subsidios vivienda para el Programa Villa Melisa en Montería, otorgados en las Resoluciones 1438 de 2010, 1439 y 950 de 2011, de acuerdo con los criterios de priorización establecidos por el artículo 8 del Decreto 1921 de 2012, proferido por el Ministerio de Vivienda, Ambiente y Territorio y aquellos que fueron definidos por la convocatoria para el programa Proyecto Villa Melisa, en un lapso no mayor a tres meses contados a partir de la notificación de esta providencia. Ello sin perjuicio de los trámites que se encuentren avanzados, esto es, de los casos en lo que se haya asignado la vivienda -cuya construcción se encuentre finalizada- y ad portas de culminar el proceso de legalización y entrega material de la vivienda”.
Así las cosas, se confirmará la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Córdoba el 6 de julio de 2016 que amparó los derechos de la señora Norledys del Carmen Martínez Galeano y, con el fin de garantizar la protección del derecho conculcado en condiciones de igualdad, en virtud de los efectos inter comunis señalados de la sentencia T-526 de 2016, se modificarán los numerales segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el a quo, el 6 de julio de 2016, los cuales quedarán así:
SEGUNDO: SEGUNDO: ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Fondo Nacional de Vivienda que, de manera coordinada y dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de esta providencia, adelanten los trámites necesarios para otorgarle nuevamente vigencia al subsidio que le había sido asignado a la actora mediante la Resolución N° 0950 de 22 de noviembre de 2011, por el término de un (1) año o hasta el momento en que le sea entregada su casa propia y sea legalizado el subsidio.
TERCERO: ORDENAR a la Gobernación de Córdoba que: (i) dentro de los nueve (9) meses siguientes a la notificación de esta providencia HAGA ENTREGA a la señora Norledys del Carmen Martínez Galeano y su núcleo familiar de la solución de vivienda pactada en el Contrato de promesa de Compraventa con ella suscrito, de acuerdo al orden de adjudicación que tenía desde su primera postulación para adquirir una vivienda en el proyecto Urbanización Villa Melisa y, (ii) de resultar necesario, EJECUTE las actuaciones administrativas a que haya lugar para elevar el subsidio complementario a la actora, en caso de que el valor del subsidio otorgado por Fonvivienda no sea suficiente para cubrir el precio actual de la viviendas.
En mérito de los expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 6 de julio de 2016 por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que amparó el derecho a la vivienda digna de la señora Norledys del Carmen Martínez Galeano, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: MODIFICAR los numerales segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el a quo, el 6 de julio de 2016, los cuales quedarán así:
SEGUNDO: SEGUNDO: ORDENAR al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Fondo Nacional de Vivienda que, de manera coordinada y dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de esta providencia, adelanten los trámites necesarios para otorgarle nuevamente vigencia al subsidio que le había sido asignado a la actora mediante la Resolución N° 0950 de 22 de noviembre de 2011, por el término de un (1) año o hasta el momento en que le sea entregada su casa propia y sea legalizado el subsidio.
TERCERO: ORDENAR a la Gobernación de Córdoba que: (i) dentro de los nueve (9) meses siguientes a la notificación de esta providencia HAGA ENTREGA a la señora Norledys del Carmen Martínez Galeano y su núcleo familiar de la solución de vivienda pactada en el Contrato de promesa de Compraventa con ella suscrito, de acuerdo al orden de adjudicación que tenía desde su primera postulación para adquirir una vivienda en el proyecto Urbanización Villa Melisa y, (ii) de resultar necesario, EJECUTE las actuaciones administrativas a que haya lugar para elevar el subsidio complementario a la actora, en caso de que el valor del subsidio otorgado por Fonvivienda no sea suficiente para cubrir el precio actual de la viviendas.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMÍTASE el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO (E)
Cfr. Auto del 23 de junio de 2016, folio 33.
Por la cual se asignan 1985 subsidios familiares de vivienda urbana correspondientes al concurso de Esfuerzo Territorial Nacional.
Cfr. sentencias T-284A de 2012 y T-907 de 2010.
Cfr. sentencia T-675 de 2011. Además señaló: “Así se consolida un derecho a favor de un sujeto específico, […] como consecuencia del desarrollo legislativo o reglamentario de las cláusulas constitucionales, gracias en parte a que se ha superado el nivel de indeterminación del derecho a la vivienda digna. Esto se logra, entonces, a causa de la configuración específica de determinadas prestaciones en beneficio de las personas, por ejemplo mediante la creación e implementación de planes y programas que promueven la adquisición de vivienda propia; o mediante el otorgamiento de subsidios y apoyos de carácter técnico o financiero; o mediante la demarcación de un conjunto de prestaciones concretas a cargo de las entidades que tienen como función desarrollar la política pública en materia de vivienda.”
En la sentencia C-507 de 2008 la Corte señaló que la Constitución admite que la satisfacción plena de los derechos sociales exige una inversión considerable de recursos públicos con los cuales el Estado no cuenta de manera inmediata. Por ello, la satisfacción de los derechos sociales está sometida a una cierta gradualidad progresiva. Uno de los componentes del derecho a una vivienda digna es el de la protección ante los desalojos forzosos, Observación General número 7 del Comité de DESC (1997). Cfr. sentencias T-986A de 2012 y T-284A de 2012.
Cfr. sentencias C-299 de 2011, C-244 de 2011, T-363 de 2004, C-936 de 2003 y T-499 de 1995.
Por regla general el subsidio de vivienda se entrega a quienes se encuentren en situación de pobreza absoluta y se registran en los estratos uno y dos, atendiendo a criterios de focalización y con la financiación de la Nación y las entidades territoriales.
Inspirado fundamentalmente en los principios de dignidad humana y solidaridad social.
Cfr. sentencias T-1094 de 2012, C-057 de 2010, T-175 de 2008, T-040 de 2007, T-585 de 2006, T-831 de 2004 y T-791 de 2004.
Artículo 6 modificado por la Ley 1469 de 2011.
Que fue recogido por el artículo 2.1.1.1.1.4.2.3., del Decreto 1077 del 26 mayo de 2015.
Artículo 51 Decreto 9190 de 2009.
Otorgadas en las Resoluciones números 1438 de 2010, 1439 y 950 de 2011.
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