Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2016-00482-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 23001-23-33-000-2016-00482-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 23001-23-33-000-2016-00482-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
4 de agosto de 2022
1
Radicado: 23001-23-33-000-2016-00482-01 (3395-2019)
Demandante: Martín Orlando Bolaños Moreno
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 23001-23-33-000-2016-00482-01 (3395-2019)
Demandante: MARTÍN ORLANDO BOLAÑOS MORENO
Demandada: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL1
Tema: Reliquidación pensión jubilación. Beneficiario régimen de
transición del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-142-2022
ASUNTO
La Subsección decide el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 3 de octubre de 2018 por el
Tribunal Administrativo de Córdoba que negó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Martín Orlando Bolaños Moreno en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20112, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones3
1. Declarar la nulidad total de las Resoluciones RDP001187 del 15 de enero
y RDP005855 del 20 de febrero, ambas de 2014, a través de las cuales la
entidad demandada negó una reliquidación pensional a favor del
demandante y desató de manera desfavorable un recurso de reposición
interpuesto contra dicha decisión, respectivamente.
2. Declarar la nulidad parcial de la Resolución 00548 del 13 de marzo de 1995
que reconoció una pensión de jubilación al libelista, en cuanto omitió incluir
el quinquenio y auxilio de localización devengado por aquel, desde el 1.º
de mayo de 1992 y hasta el 30 de abril de 1993.
3. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la UGPP reliquidar la
pensión de jubilación reconocida al señor Martín Orlando Bolaños Moreno,
para lo cual deberá establecer la base salarial de liquidación en una cuantía
del 75 % de los factores salariales devengados en el periodo del 1.º de
1
En adelante UGPP.
2
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
en adelante CPACA.
3
Folios 2 a 3.
2
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Demandante: Martín Orlando Bolaños Moreno
mayo de 1992 al 30 de abril de 1993, ello con la inclusión del quinquenio y
auxilio de localización.
4. Ordenar que el promedio del último año de servicio deberá ser actualizado
conforme al IPC vigente al 19 de noviembre de 1994 cuando el libelista
alcanzó los 55 años de edad; y como índice inicial, el vigente al 30 de abril
de 1993 a partir del cual se demostró el retiro del servicio.
5. Condenar a la demandada a dar cumplimiento a la sentencia y a efectuar
la actualización de las mesadas reliquidadas conforme el artículo 192 del
CPACA.
Fundamentos fácticos relevantes4
1. El señor Martín Orlando Bolaños Moreno nació el 19 de noviembre de 1939
y laboró al servicio del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria-INCORA
desde el 16 de marzo de 1964 hasta el 30 de abril de 1993.
2. A la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 (1.º de abril de
1994), el demandante contaba con más de 40 años de edad y más de 15
años de servicio, por lo que se hizo beneficiario del régimen de transición
de que trata su artículo 36.
3. Mediante Resolución 00548 del 13 de marzo de 1995, el subgerente
administrativo del INCORA otorgó una pensión de jubilación a favor del
libelista, en una suma de $219.048, efectiva a partir del 19 de noviembre
de 1994. Para el efecto, se indicó que se tendrían en cuenta los factores
salariales percibidos entre el 1.º de mayo de 1992 y el 30 de abril de 1993,
a saber: sueldo, prima de mayo, prima de noviembre, prima de vacaciones,
bonificación por servicios, bonificación quinquenal y auxilio de
alimentación.
4. El señor Bolaños Moreno elevó petición ante el FPS de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia en la cual instó la reliquidación de su pensión con
inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados, ello en virtud
de la jurisprudencia del Consejo de Estado.
5. La UGPP asumió las funciones de la referida entidad, y en consecuencia,
profirió la Resolución RDP001187 del 15 de enero de 2014, por medio de
la cual negó la solicitud de reliquidación pensional.
6. Contra la anterior decisión se interpuso recurso de reposición, el cual fue
desatado de manera desfavorable a través de la Resolución RDP005855
del 20 de febrero de 2014.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»5, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
4
Folios 3 a 4.
5
Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).
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Demandante: Martín Orlando Bolaños Moreno
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por las partes
se convierten en una eficiente guía para el decreto de las pruebas, las
alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos pertinentes. Por lo
dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo y preciso para
fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fechas de la audiencia inicial: 10 de abril de 2018 y 26 de abril del mismo
año.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:
«[…] INEPTA DEMANDA: La Unidad Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP. plantea la excepción
de inepta demanda por falla de los requisitos formales, alegando que no se
interpuso recurso de apelación en contra del acto administrativos el cual negó la
reliquidación de su pensión de vejez.
DECISIÓN: Se percata el Despacho que la parte demandante solicita la nulidad
de la Resolución N° 001187 de fecha 15 de enero de 2014, expedida por la
Subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales (f1. 14-15), contra la
cual procedían los recursos de reposición y de apelación; en la cual la parte actora
interpuso recurso de reposición decidido en la Resolución (fl. 16-18), tal y como
se lee a folio 76-78 del expediente; siendo de antemano la interposición de los
recursos obligatorios un requisito de procedibilidad que establece el CPACA en
el artículo 161, al señalar que cuando se pretenda la nulidad de un acto
administrativo particular deberán haberse ejercido y decidido los recursos que de
acuerdo con la ley fueren obligatorio, en este caso, el de apelación, con lo cual
no se puede entender agotada la reclamación administrativa por la no
interposición del recurso de ley obligatorio, lo que inicialmente podría llevar a una
ineptitud sustantiva de la demanda en el proceso de la referencia, sin embargo
en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia, y el amparo a un
sujeto de especial protección por ser el señor Martin Orlando Bolaños Moreno,
una persona de la tercera edad, pues a la fecha cuenta con 78 años de edad (fl.9)
dado que nació el 11 de noviembre de 1939, y por supuesto en armonía con el
derecho prestacional que se reclama, debe dársele una protección especial a la
misma […]
Así las cosas, se inaplicará el artículo 161 del CPACA y será estudiada la
pretensión de nulidad de las Resoluciones RDP 001187 y RDP 005855, junto con
las demás peticiones realizadas por la parte actora, si hay lugar a ello.
COSA JUZGADA: la parte demandada expone también como excepción previa
la cosa juzgada alegando que mediante Resolución Nº 00587 del 09 de junio de
2004, en cumplimiento de una conciliación judicial contenida en el acta de
conciliación 01 de abril de 2004, se efectuó una reliquidación a la pensión del
interesado, traen colación lo preceptuado en el artículo 66 de la Ley 446 de 1998
referente a los efectos que producen el acuerdo conciliatorio, el cual hace tránsito
a cosa juzgada y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo, por consiguiente,
consideran que no hay lugar a concebir una nueva reliquidación a la pensión de
vejez del demandante, a la cual le han hecho los reajustes anuales contemplados
en la Ley.
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Demandante: Martín Orlando Bolaños Moreno
DECISIÓN: se demuestra en el medio magnético incorporado a folio 71 se
encuentra Acta de Audiencia Pública Especial de Conciliación, dentro del proceso
ordinario laboral la cual se realizó el 1 de abril de 2004, donde se concilió por
valor de $15.419.170 sobre la reliquidación de la indexación que es sobre el 50%,
dejando en firme el valor de la pensión de jubilación, la parte demandante aceptó
la propuesta conciliatoria, pero el despacho desconoce el objeto y la causa de la
conciliación por lo que se le requerirá al Jugado Segundo Laboral del Circuito
Judicial de Montería, el expediente para poder saber las pretensiones de la cual
versaba el proceso, por lo cual se hará uso de la oportunidad probatoria reglada
en el artículo 180.6 del C.P.A.C.A. […]». (Folios 90 vuelto a 91 y grabación en
cd obrante a folio 93A).
Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos.
«[…] El accionado propone la excepción de prescripción trienal de las mesadas
pensionales, en tal sentido esta excepción pese a su carácter mixto, en criterio
de este Despacho debe analizarse en la sentencia, pues, su comprobación
depende de la existencia y reconocimiento del derecho a la reliquidación
solicitada.
COSA JUZGADA: la parte demandada expone también como excepción previa
la cosa juzgada alegando que mediante Resolución Nº 00587 del 09 de junio de
2004, en cumplimiento de una conciliación judicial contenida en el acta de
conciliación 01 de abril de 2004, se efectuó una reliquidación a la pensión del
interesado, traen colación lo preceptuado en el artículo 66 de la Ley 446 de 1998
referente a los efectos que producen el acuerdo conciliatorio, el cual hace tránsito
a cosa juzgada y el acta de conciliación presta mérito ejecutivo, por consiguiente,
consideran que no hay lugar a concebir una nueva reliquidación a la pensión de
vejez del demandante, a la cual le han hecho los reajustes anuales contemplados
en la Ley.
DECISIÓN: En audiencia inicial de fecha 10 de abril de 2018 se ordenó requerir
al Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial de Montería el expediente
contentivo de la conciliación de la que se predica se configura la cosa juzgada, la
cual es necesaria para poder conocer el objeto y la causa sobre las que dicho
proceso versaba y contrastarlo con el sub examine, no obstante, dicha prueba no
fue aportada. Por lo tanto, en consideración a lo expuesto por el H. Consejo de
Estado en Providencia del 2 de noviembre de 2016, dentro del proceso radicado
bajo el número 23.001.23.33.000.2014.00067-01, corresponde rechazar la
excepción propuesta y continuar la controversia hasta la etapa de sentencia,
momento en el cual el funcionario investido de la jurisdicción podrá volver a
efectuar el estudio de la existencia o no del fenómeno analizado. […]». (Folios
97 vuelto a 98 y grabación en cd visible a folio 103A).
Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] El problema jurídico consiste en determinar si hay lugar a declarar la nulidad
de los actos acusados y como consecuencia de ello si el actor tiene derecho a
que se le reliquide la pensión de jubilación, incluyendo las sumas devengadas por
concepto de quinquenio, y la suma devengada por concepto de auxilio de
localización, de igual modo habrá de analizarse cuál es el régimen de transición
de que es beneficiario el actor, de igual forma teniendo en cuenta que no existe
unificación entre las Altas Cortes frente a la forma de realizar la liquidación de la
pensión en cuanto a él régimen (sic) de transición habrá de establecerse si la
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Demandante: Martín Orlando Bolaños Moreno
misma será liquidada conforme al último año de servicios o conforme al promedio
de los últimos 10 años, de igual modo habrá de analizarse si el quinquenio y la
suma devengada por concepto de auxilio de localización son factores salariales.
[…]». (Folios 98 a 99 y grabación en cd que reposa a folio 103A).
Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.
SENTENCIA APELADA6
El a quo profirió sentencia escrita el 3 de octubre de 2018 en la cual negó las
pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes
consideraciones:
En primer lugar, hizo referencia al régimen de transición previsto en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993 para exponer que aquel garantiza la expectativa
legítima de quienes se encontraban próximos a cumplir los requisitos previstos
en las normas preexistentes respecto a la pensión de vejez.
Acto seguido, expuso que la Ley 33 de 1985 contenía el régimen pensional
general de los servidores públicos, vigente antes de la promulgación del
Sistema General de Pensiones. En este punto, recalcó que el parágrafo 2.º del
artículo 1.º de la mentada norma dispuso que dicho esquema no resultaría
aplicable a los trabajadores que al 29 de enero de 1985 hubieren cumplido 15
años continuos o discontinuos de servicio; quienes se encontrarían regidos por
las disposiciones anteriores respecto a la edad de jubilación.
Se remitió a lo preceptuado por la Ley 6ª de 1945 frente al derecho a la pensión
de jubilación, la cual exigía al trabajador 50 años de edad y 20 años de servicio
para adquirir el derecho económico. Aclaró que con la expedición del Decreto
Ley 3135 de 1968, aumentó el margen del requisito de la edad a 55 años,
excepto para quienes al 26 de diciembre de 1968 contaran con 18 años de
labor.
Efectuó un recuento jurisprudencial respecto a la interpretación que el Consejo
de Estado le ha dado a la conformación del IBL de las pensiones de jubilación
de los beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, para
señalar que con el proveído unificador del 28 de agosto de 2018 se determinó
que únicamente el tiempo de servicios y la edad fueron los aspectos sometidos
al tránsito normativo, mientras que los demás elementos seguirían rigiéndose
por las disposiciones del Sistema General de Pensiones.
En lo que respecta al sub lite indicó que toda vez que el libelista contaba con
más de 15 años de servicio al 13 de febrero de 1985, contados a partir del 16
de marzo de 1965, es dable afirmar que se hizo beneficiario del régimen de
transición de que trata el parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985, lo
cual significaba la posibilidad de aplicarle el esquema pensional contenido en
la Ley 6ª de 1945 y demás normas complementarias, únicamente en cuanto al
requisito de la edad.
De otro lado, manifestó que en lo relativo al tiempo de servicios y la tasa de
reemplazo se aplicaría lo previsto en la Ley 33 de 1985; y toda vez que el señor
Bolaños Moreno adquirió su estatus pensional en vigencia de la Ley 100 de
1993, el IBL y los factores salariales a tener en cuenta para su cálculo serían
6
Folios 220 a 227.
6
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Demandante: Martín Orlando Bolaños Moreno
los señalados en la última de las precitadas normas, en concordancia con lo
trazado por el Decreto 1158 de 1994.
En estos términos, arguyó que no resultaba procedente la inclusión de nuevos
factores salariales en el cálculo de su pensión de jubilación, tales como el
quinquenio y el auxilio de localización conforme lo instó la parte activa, pues
estos conceptos no se encuentran enlistados en el Decreto 1158 de 1994.
Por último, declaró probada las excepciones denominadas «indebida
interpretación del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993», «inexistencia de la obligación» y «buena fe». Asimismo, declaró
no probada el medio exceptivo de «prescripción trienal».
RECURSO DE APELACIÓN7
La parte demandante apeló la decisión reseñada anteriormente y requirió que
esta sea revocada para acceder a las pretensiones de la demanda. Las
razones en que se fundamenta su recurso son las siguientes:
Indicó que contrario a lo afirmado por el tribunal de primera instancia, la
relación laboral del libelista se ejecutó en vigencia del Decreto Ley 3135 de
1968 y culminó después de la promulgación de la Ley 33 de 1985, por lo que
adquirió el derecho a una pensión de jubilación el 16 de marzo de 1985, fecha
en la cual alcanzó 20 años de servicios.
Continuó su razonamiento al exponer que su beneficio pensional debía
reliquidarse conforme al régimen vigente al momento de completar el tiempo
de servicio o las semanas cotizadas, y no precisamente por encontrarse
inmerso dentro del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Por lo anterior,
solicitó que se incluyera el total por concepto de quinquenio, ya que este al
momento del cálculo de la prestación se fraccionó en una quinta parte, así
como también debía tenerse en cuenta la prima de localización para igual
efecto, al tratarse de emolumentos devengados como remuneración del
servicio.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Parte demandante8: reprodujo los argumentos expuestos en el recurso de
alzada.
La parte demandada y el ministerio público guardaron silencio en esta etapa
procesal, según constancia visible a folio 265 del expediente.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
7
Folios 230 a 232.
8
Índices 15 y 16 del historial de actuaciones de SAMAI.
7
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Demandante: Martín Orlando Bolaños Moreno
recurso de apelación, el cual en el presente caso únicamente fue formulado
por la parte demandante.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en
la siguiente pregunta:
¿El señor Martín Orlando Bolaños Moreno al ser beneficiario del régimen de
transición contenido en el parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985,
tiene derecho a la reliquidación de su pensión conforme a todos los factores
devengados en el último año de servicio?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: los beneficiarios del régimen
de transición contenido en el parágrafo 2.° del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985
únicamente tienen derecho a que se les aplique el requisito de edad contenido
en la norma anterior, como se explica a continuación:
El régimen de transición pensional consagrado en la Ley 33 de 1985
El artículo 1.° de la Ley 33 de 1985 reguló el régimen pensional de los
empleados oficiales, es decir, empleados públicos y trabajadores oficiales,
según el cual aquellos que hubiesen prestado 20 años de servicio, continuos
o discontinuos y cumpliesen 55 años de edad, tendrían derecho al pago de
una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75 % del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.
Del anterior régimen, se excluyó a aquellos empleados oficiales que
trabajaran en actividades que por su naturaleza justificaran una excepción
previamente determinada por la Ley o, a quienes disfrutaran de un régimen
especial en pensiones.
Por su parte, el artículo 3.º de la citada ley, modificado por el artículo 1.º de la
Ley 62 de 1985, indicó que la base de liquidación para los aportes
proporcionales a la remuneración del empleado oficial, estaría constituida por
los siguientes factores: «asignación básica; gastos de representación; primas
de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados;
horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o
realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio».
Asimismo, agregó que, en todo caso «[…] las pensiones de los empleados
oficiales de cualquier orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que
hayan servido de base para calcular los aportes […]».
Ahora bien, el parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985 creó un
régimen de transición según el cual:
i) quienes a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985 tuviesen 15
años de servicio al Estado tendrían derecho a la aplicación del requisito de
edad que regía en normas anteriores; y
ii) quienes tuviesen acreditados 20 años como empleados oficiales y se
encontrasen retirados del servicio en el momento en que entró a regir la citada
ley obtendrían la pensión de jubilación a los 50 años de edad en el caso de
las mujeres y 55 en el de los hombres, la cual se reconocería y pagaría de
conformidad con las normas vigentes a la fecha de retiro.
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Radicado: 23001-23-33-000-2016-00482-01 (3395-2019)
Demandante: Martín Orlando Bolaños Moreno
Según lo anterior, quienes al 13 de febrero de 1985 tuviesen 15 años de
servicio o más, tendrían como prerrogativa la posibilidad de pensionarse con
la edad prevista en la norma anterior; y quienes acreditaran 20 o más años de
servicio, estuvieran retirados y solo les faltare la edad para obtener el estatus
pensional, tendrían derecho a pensionarse con la norma que regía al
momento del retiro.
Respecto a la primera regla transicional contenida en la Ley 33 de 1985, debe
advertirse que la norma aplicable vigente antes de la citada era la Ley 6ª de
1945, que en su artículo 17 previó una pensión de jubilación para los
empleados oficiales equivalente a las dos terceras partes del promedio de los
sueldos devengados en el último año de servicio para quienes acreditaran 50
años de edad y 20 de servicio, continuos o discontinuos. Esta sería modificada
en primer lugar por el artículo 3.º de la Ley 65 de 1946, y posteriormente por
el artículo 4.º de la Ley 4ª de 1966, este último en el sentido de que la pensión
sería equivalente al 75 % del promedio mensual obtenido en el último año de
servicio.
En ese sentido, a partir de la Ley 4ª de 1966, los empleados oficiales tendrían
derecho a una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75 % del
promedio mensual de lo devengado en el último año de servicios, siempre que
cumplieran 50 años de edad y 20 de servicio al Estado.
Luego, el Decreto Ley 3135 de 1968, por el cual se previó la integración de la
seguridad social entre el sector público y el privado y se reguló el régimen
prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales, dispuso en su
artículo 27 que quienes sirvieran al Estado por 20 o más años, continuos o
discontinuos, y cumpliesen 55 años en el caso de los hombres y 50 en el de
las mujeres, tendrían derecho al pago de una pensión mensual vitalicia de
jubilación equivalente al 75 % del promedio de los salarios devengados en el
último año de servicio.
Se infiere que el Decreto Ley 3135 de 1968 únicamente modificó lo
concerniente a la edad para acceder al derecho pensional, respecto de los
hombres, quienes podrían obtener el estatus una vez cumplieran los 55 años
de edad, mientras que no hubo cambio respecto a la situación jurídica de las
mujeres.
Por consiguiente, la norma aplicable a los beneficiarios de la primera parte del
parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985 es el artículo 27 del Decreto
Ley 3135 de 1968, que previó que la edad para obtener el beneficio pensional,
se reitera, sería de 50 años para las mujeres y 55 para los hombres, por cuanto
esta era la norma pensional anterior.
Ahora bien, el conflicto se suscita en esclarecer si al demandante, quien se
hizo beneficiario del régimen de transición, como se explicará en el acápite
que subsigue, al que alude el artículo 1.° de la Ley 33 de 1985, se le debe
reliquidar su pensión de jubilación en virtud de la totalidad de los factores
salariales devengados por el causante durante su último año de servicio,
específicamente en lo que respecta al quinquenio y la prima de localización.
Aunado, se tiene que, en caso que se aplicara el régimen anterior en su
integridad, en virtud del principio de inescindibilidad de la norma, según esta
posición, las personas beneficiadas con la transición regulada en la primera
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Radicado: 23001-23-33-000-2016-00482-01 (3395-2019)
Demandante: Martín Orlando Bolaños Moreno
parte del parágrafo 2.º del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985 tendrían derecho
a pensionarse en los términos del Decreto 3135 de 1968, es decir, con 20
años de servicio al Estado ya fueran continuos o discontinuos; 55 años de
edad en el caso de los hombres y 50 en el de las mujeres; en cuantía
equivalente al 75 % del promedio de lo devengado durante el último año de
servicio; y para efectos de la liquidación se tendrían en cuenta aquellos
factores regulados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
No obstante, si bien esta Sección Segunda en sentencia del 4 de agosto de
2010 había unificado su posición9, en el sentido de indicar que al momento de
efectuar el reconocimiento pensional a favor del empleado, se deben tener en
cuenta, además de los factores mencionados, aquellos que constituyen
salario, independientemente de la denominación que reciban, es decir, los
«[…] que se cancelen de manera habitual como retribución directa del servicio […]»,
y no solamente los descritos en la norma antes mencionada, lo cierto es que
en proveído unificador del 28 agosto de 2018 fue modificada la precitada
postura para acoger el planteamiento de la Corte Constitucional, en cuya
jurisprudencia ha destacado la relación de correspondencia entre las
cotizaciones efectuadas durante la vida laboral al Sistema General de
Seguridad Social con la finalidad de no desconocer el principio de solidaridad
y sostenibilidad financiera en esta materia10.
En otros términos, el razonamiento de la sentencia del 4 de agosto de 2010
fue superado por la Sala Plena del Consejo de Estado a través de sentencia
de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 201811 cuando fijó como
subregla que los factores salariales a incluirse en el IBL para la pensión de
vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los cuales se efectuaron aportes o cotizaciones al sistema de
pensiones, al sostener que:
«[…] 101. A juicio de la Sala Plena, la tesis que adoptó la Sección Segunda de la
Corporación, en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, según la cual
el artículo 3 de la Ley 33 de 1985 no señalaba en forma taxativa los factores
salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos
estaban simplemente enunciados y no impedían la inclusión de otros conceptos
devengados por el trabajador durante el último año de servicio, va en contravía
del principio de solidaridad en materia de seguridad social. La inclusión de todos
los factores devengados por el servidor durante el último año de servicios fue una
tesis que adoptó la Sección Segunda a partir del sentido y alcance de las
expresiones “salario” y “factor salarial”, bajo el entendido que “constituyen salario
todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como
retribución por sus servicios” con fundamente, además, en los principios de
favorabilidad en materia laboral y progresividad; sin embargo, para esta Sala,
dicho criterio interpretativo traspasa la voluntad del legislador, el que, por virtud de
su libertad de configuración enlistó los factores que conforman la base de
liquidación pensional y a ellos es que se debe limitar dicha base.
102. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo considera que el tomar en
cuenta solo los factores sobre los que se han efectuado los aportes, no afecta las
finanzas del sistema ni pone en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la
pensión del resto de habitantes del territorio colombiano, cuya asegurabilidad
9
Consejo de estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, Radicación: 25000-23-25-
000-2006-07509-01(0112-09), Actor: Luis Mario Velandia.
10
En este sentido se puede consultar, entre otras, las sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015, la
SU-395 de 2017 y la SU-023 de 2018 de la Corte Constitucional.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018.
Expediente 2012-00143-01. Demandante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro.
10
Radicado: 23001-23-33-000-2016-00482-01 (3395-2019)
Demandante: Martín Orlando Bolaños Moreno
debe el Estado, en acatamiento de los principios constitucionales de universalidad
y eficiencia.
103. Por el contrario, con esta interpretación (i) se garantiza que la pensión de los
beneficiarios de la transición se liquide conforme a los factores sobre los cuales
se ha cotizado; (ii) se respeta la debida correspondencia que en un sistema de
contribución bipartita debe existir entre lo aportado y lo que el sistema retorna al
afiliado y (iii) se asegura la viabilidad financiera del sistema. […]».
De acuerdo con lo anterior, si bien la reciente sentencia a la que se alude se
pronunció sobre la forma en que debe aplicarse el régimen de transición
regulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la subregla allí contenida
sobre los factores salariales que se deben incluir en el IBL pensional debe ser
extendida al caso de las personas beneficiarias de la Ley 33 de 1985 porque,
precisamente, hace referencia directa a la forma en que debe interpretarse el
artículo 3.º ejusdem, modificado por la Ley 62 de 1985, esto es, a la taxatividad
de los factores computables en materia pensional.
El demandante es beneficiario del régimen de transición de la Ley 33 de
1985
En el sub examine se observa en primer lugar que el demandante laboró en
el liquidado Instituto Colombiano de la Reforma Agraria-INCORA desde el 16
de marzo de 1965 hasta el 30 de abril de 1993, fecha última en la que fue
retirado de la entidad cuando desempeñaba el cargo de asistente
administrativo, grado 10, en las oficinas de la regional Córdoba12.
De acuerdo con ello, se colige que el señor Bolaños Moreno al 13 de febrero
de 1985, fecha en que entró a regir la Ley 33 de 1985, había prestado sus
servicios por un término de 19 años, 11 meses y 27 días, razón por la cual se
encontraba cobijado por la primera parte del parágrafo 2.º del artículo 1.º de
la Ley 33 ejusdem, es decir, que por haber cumplido 15 años continuos o
discontinuos de servicio tenía derecho a que se le respetara la edad pensional
prevista en la norma anterior.
Quiere decir que el mentado ciudadano podía adquirir el estatus pensional a
los 55 años de edad, los cuales acreditó el 19 de noviembre de 1994, toda vez
que quedó evidenciado que nació el 19 de noviembre de 193913.
Ahora bien, tal y como se indicó, la nueva posición asumida por el Consejo de
Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 implica que,
como el régimen de transición regulado en el primer inciso del parágrafo 2.º
del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985 solo respetaba el requisito de edad de la
norma anterior, para el caso de los hombres estipulaba los 55 años previstos
por el Decreto Ley 3135 de 1968.
Pero en materia de factores salariales a incluir en la liquidación pensional, la
norma que regía la situación del señor Martín Orlando Bolaños Moreno era el
artículo 3.º de la Ley 33 de 1985, modificada por el artículo 1.º de la Ley 62
del mismo año, es decir, «asignación básica; gastos de representación;
primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y
feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo
12
Según certificado expedido por la coordinadora del grupo de gestión integral de entidades liquidadas,
el 1.º de abril de 2014, visible a folio 19.
13
Conforme se desprende de la parte motiva de la Resolución 00548 del 13 de marzo de 1995, proferida
por el INCORA, obrante a folio 9.
11
Radicado: 23001-23-33-000-2016-00482-01 (3395-2019)
Demandante: Martín Orlando Bolaños Moreno
suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio».
En relación con lo anterior, en el caso concreto se observa de la certificación
suscrita por la coordinadora del grupo de gestión integral de entidades
liquidadas14, el 1.º de abril de 2014, que el demandante devengó los siguientes
conceptos:
• Sueldo básico
• Auxilio de localización
• Auxilio de movilización
• Adición quinquenio
• Bonificación por servicios
• Prima de junio
• Prima de vacaciones
• Subsidio de alimentación
• Prima de diciembre
Ahora, el INCORA a través de Resolución 00548 del 13 de marzo de 199515
reconoció una pensión de jubilación al señor Martín Orlando Bolaños Moreno,
efectiva a partir del 19 de noviembre de 1994, ello en virtud de las prerrogativas
previstas en la Ley 33 de 1985, esto es, en una cuantía equivalente al 75 %
de los factores salariales devengados en el último año de servicio, con la
inclusión de la asignación básica, prima de mayo/92 proporcional 30 días,
prima de noviembre/92, prima de mayo/93 proporcional 150 días, prima de
vacaciones, bonificación por servicios prestados, bonificación quinquenal
proporcional 1 año, auxilio de transporte y auxilio de alimentación.
De manera posterior, la aludida prestación fue reliquidada mediante
Resolución 00587 del 9 de junio de 200416, en cumplimiento de un acuerdo
conciliatorio suscitado entre las partes ante el Juzgado Segundo Laboral del
Circuito de Montería. Para el efecto, la mesada pensional del libelista fue
ajustada desde el año 1999 en una suma de $189.471 y hasta el año 2004 por
un valor final de $276.046.
La UGPP por medio de la Resolución RDP001187 del 15 de enero de 201417
negó una solicitud de reliquidación pensional presentada por la parte activa el
18 de diciembre de 2013, en la cual instaba la inclusión de la totalidad de los
factores salariales percibidos en el último año de servicio. Al respecto, el ente
de previsión indicó que «[…] revisada la liquidación efectuada en la resolución No
00548 del 13 de marzo de 1995, esta se encuentra ajustada a Derecho toda vez que
se tuvieron en cuenta todos los factores salariales devengados en el último año de
servicios como lo son la PRIMA DE VACACIONES, AUXILIO DE TRANSPORTE,
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS, AUXILIO DE TRANSPORTE (sic),
ASIGNACIÓN BÁSICA. […]».
Por su parte, la Resolución RDP005855 del 20 de febrero de 201418 que
desató un recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión
administrativa y resolvió confirmarla en todas sus partes, expuso que «[…]
habrá de negarse la solicitud de reliquidación pensional elevada bajo el alcance
14
Folio 19.
15
Folios 9 a 10.
16
Folios 11 a 13.
17
Folios 14 a 15.
18
Folios 16 a 18.
12
Radicado: 23001-23-33-000-2016-00482-01 (3395-2019)
Demandante: Martín Orlando Bolaños Moreno
enunciativo de los elementos salariales devengados por el empleado público, porque
dicha petición no se encuentra en armonía con aquellos factores que, bajo
competencia constitucional y reglamentaria, han definido el Legislador o el Presidente
de la República; así mismo porque los elementos reclamador (sic) como base para la
reliquidación, no se encuentran debidamente enlistados dentro de los último (sic)
[…]».
Según lo expuesto, se evidencia que la pensión de jubilación del demandante
debía ceñirse al cómputo de los factores sobre los cuales aportó en el último
año de servicio a la caja de previsión, al ser beneficiario del régimen de
transición previsto en el parágrafo 2.º del artículo 1.° de la Ley 33, es decir,
con la inclusión de aquellos emolumentos previstos en el artículo 1.º de la Ley
62 de 1985, y no con la totalidad de los salarios devengados.
Ahora, la UGPP en la liquidación pensional efectuada al momento de
reconocer dicha prestación tuvo en cuenta la asignación básica, prima de
mayo/92 proporcional 30 días, prima de noviembre/92, prima de mayo/93
proporcional 150 días, prima de vacaciones, bonificación por servicios
prestados, bonificación quinquenal proporcional 1 año, auxilio de transporte y
auxilio de alimentación.
Respecto a la asignación básica y la bonificación por servicios prestados se
tiene que estos emolumentos efectivamente fueron percibidos por el
pensionado, sobre ellos se efectuaron los aportes a seguridad social y están
enunciados taxativamente en el 1.º de la Ley 62 de 1985.
Por su parte, en lo que atañe conceptos restantes incluido en el IBL, se
advierte que, pese a que aquellos no se encuentran enunciados taxativamente
en el artículo 1.º de la mentada ley, en criterio de esta Sala19, no es posible
desmejorar el derecho de quien demandó únicamente para obtener la
inclusión de otros factores salariales distintos a los ya reconocidos y
adicionalmente fue la propia entidad demandada la que lo computó en la
liquidación de la pensión.
Conforme a lo anotado en precedencia, se demostró que el demandante es
beneficiario del régimen de transición previsto en el parágrafo segundo del
artículo 1.º de la Ley 33 de 1985 y por tanto ese es el régimen que gobierna
su situación pensional en su integridad, no las previsiones de la Ley 100 de
1993 ni del Decreto 1045 de 1978, de allí que el demandante solicitó como
pretensión la reliquidación de su pensión con la inclusión de todos los factores
devengados en el último año de servicio.
Razones bajo las cuales no podrán tenerse en cuenta los factores instados en
la demanda y en el recurso de apelación, correspondientes al quinquenio y al
auxilio de localización pues estos no se encuentran enunciados en la Ley 62
de 1985, norma que define los factores a tener en cuenta para quienes sean
beneficiarios de la Ley 33 de 1985.
En conclusión: no es procedente la reliquidación de la pensión de jubilación
del demandante con el promedio de todo lo devengado en el último año de
servicio como lo deprecó en el libelo y la alzada, porque únicamente debían
incluirse los factores salariales de asignación básica y bonificación por
19
Al respecto, ver entre otras: (i) sentencia del 5 de noviembre de 2020. Radicación: 19001-23-33-000-
2013-00535-01 (3228-2015); (ii) sentencia del 6 de junio de 2019. Radicación número: 190012333000-
2014-00362-01 (0449-2016).
13
Radicado: 23001-23-33-000-2016-00482-01 (3395-2019)
Demandante: Martín Orlando Bolaños Moreno
servicios prestados, porque al ser beneficiario del régimen de transición
previsto en el parágrafo 2.° del artículo 1.º de la Ley 33 de 1985 solo tiene
derecho a los factores previstos en dicha norma y al artículo 1.º de la Ley 62
de 1985 del mismo año.
De igual manera y según lo previamente manifestado en cuanto al principio
de la non reformatio in pejus, no se modificará la pensión de jubilación del
libelista en cuanto a los factores denominados prima de mayo/92 proporcional
30 días, prima de noviembre/92, prima de mayo/93 proporcional 150 días,
prima de vacaciones, bonificación quinquenal proporcional 1 año, auxilio de
transporte y auxilio de alimentación, computados desde el reconocimiento
pensional.
Pronunciamiento sobre la solicitud de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado
Finalmente, en lo que respecta a la intervención efectuada por la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se observa que aquella solicitó emitir
por parte de esta Sala sentencia anticipada en cuanto al caso que nos suscita,
debido a la notoria imposibilidad de reliquidar la pensión del demandante con
la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados por aquel en
el último año de servicio, ello con ocasión de los lineamientos que han sido
desarrollados por la jurisprudencia de esta Sección Segunda y la Corte
Constitucional, los cuales han sido congruentes y reiterativos en exponer de
manera inexorable la improcedencia de la reliquidación pensional bajo los
términos instados en la demanda.
Al respecto, dadas las consideraciones expuestas ut supra, se informa que en
el sub lite serán denegadas las pretensiones de la demanda, tal como lo
consideró el a quo en su oportunidad y fue requerido por parte de la Agencia,
posición que además guarda asidero jurídico en la sentencia de unificación del
28 de agosto de 2018 de la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en punto a la interpretación del régimen de transición de la Ley 100 de
1993, que impide la reliquidación de la pensión de jubilación conforme la
totalidad de los factores salariales percibidos en el último año de servicio.
Asimismo, se informa que de conformidad con lo previsto en el artículo 182A
del CPACA, se configura la improcedencia de dictar sentencia anticipada,
habida cuenta de que la disposición en mención no la reguló en segunda
instancia, tal como ocurre en esta oportunidad.
Decisión de segunda instancia
Según se ha expuesto, se impone confirmar la sentencia apelada en cuanto
negó las pretensiones de la demanda, habida cuenta de que no prosperan los
argumentos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.
De la condena en costas
En lo que respecta a la condena en costas, pese a la posición adoptada por
esta Subsección en providencias del 7 de abril de 201620, en esta oportunidad
resulta necesario tener presente que la reclamación que se adelantó por la
20
Ver sentencias proferidas dentro de los números internos: 4492-2013, Demandante: María del Rosario
Mendoza Parra y 1291-2014, Demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
14
Radicado: 23001-23-33-000-2016-00482-01 (3395-2019)
Demandante: Martín Orlando Bolaños Moreno
parte demandante tiene como sustento la posición jurisprudencial asumida por
la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 4 de agosto de
2010, antes citada, la cual, como se vio, se varió con posterioridad y en el
transcurso de este proceso, por las providencias de Sala Plena del 28 de
agosto de 2018, razón por la cual se estima que, al haber actuado de buena
fe y al amparo de la confianza legítima surgida con ocasión del planteamiento
de las reglas que jurisprudencialmente se trazaron por el máximo órgano de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, no se debe imponer condena en
costas a la parte demandante, pues ello sería consecuencia del cambio
jurisprudencial ocurrido durante el curso del proceso proferido por la Sala
Plena del Consejo de Estado y en el cual se basó la parte demandante como
sustento jurisprudencial de sus pretensiones en este caso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 3 de octubre de 2018 proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba que negó las pretensiones de la demanda
que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
interpuso el señor Martín Orlando Bolaños Moreno contra la UGPP.
Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa
«SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
Sigue leyendo
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